En esta columna, la Comunidad Tumbera del Mapocho reflexiona en torno a la construcción colonialista de Chile que invisibiliza la presencia afrodescendiente, indígena y mestiza en la construcción de la ciudad, invitando a reflexionar en torno al blanqueamiento cultural sobre el cual se ha cimentado pasivamente nuestra identidad.

Pérdida de gratuidad, PGU y subsidio de arriendo por cometer “delitos” relacionados a la protesta; mercantilizar la tierra indígena; mercantilizar la educación parvularia; retornar a la selección escolar; incentivar la deuda hipotecaria y desregular el suelo fueron las principales medidas anunciadas.

Bolivia cumple tres semanas de bloqueo de las principales rutas, incluidas su capital, exigiendo aumentos salariales, detener las reformas neoliberales, retomar subvenciones al combustible y la renuncia del presidente Paz. De esta forma, el movimiento popular boliviano muestra la vigencia de la huelga general como herramienta de lucha de las y los trabajadores en contra de la precarización de la vida y la injerencia de Estados Unidos en América Latina.

El Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso comparte su experiencia sobre el proceso de traspaso al SLEP y los problemas que enfrentaron: despidos masivos y cambios en las condiciones laborales se repiten a nivel nacional en un nuevo sistema amarrado al modelo neoliberal desde su concepción, y que hoy Kast busca frenar para conservar el sistema desigual de municipalización.

En esta columna, el estudiantes del Liceo 7 de Providencia, Ricardo Camejo, reflexiona sobre los efectos de la Ley “Escuelas Protegidas”, alertando que busca desintegrar a las comunidades educativas para así impedir que se fortalezca la organización de base que les permita defender sus intereses.

En esta columna, la vocera de la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida, Julia Espinoza, expone el conjunto de recortes realizados a la vivienda social: el Congreso aprobó 40.000 subsidios DS 49 para 2026, luego Boric los redujo a 19.587 y esta semana, el actual gobierno los dejó en solo 5.000, extendiendo el tiempo de la larga fila de espera de las familias sin casa.

No salió en la TV ni en las redes del ministro Poduje el llamado 2026 del MINVU que recorta en un 62% los recursos a la vivienda social. En la RM, el recorte es mayor en proporción, y se traduce que en vez de 2.360 familias, solo 590 recibirán un subsidio este año, aumentando los tiempos de espera de forma exponencial.

Mientras organiza la Fiesta de la Familia -conservadora- para el 16 de mayo en Huechuraba, Kast elimina los $515 millones de 41 centros familiares y digitales que gestiona la Fundación de las Familias en todo el país, que ya venían siendo recortados, cerrando espacios de talleres y contención comunitaria para personas de todas las edades.

En esta columna, la organización Resistencia Materna expone el contenido del Proyecto de Ley de Abandono Parental, el cual busca reconocer esta figura cuando existe un año de incumplimiento total de visitas o dos años intermitente, entre otras demandas que impulsan desde la organización de mujeres, y que este lunes retoma su discusión en el Congreso.

Durante su corta vigencia, esta declaración exenta obligaba a los centros educativos a incluir explícitamente en sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) principios y medidas de no discriminación e inclusión con perspectiva de género.

"Consideramos fundamental resguardar la continuidad de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación, entendiendo que estos son clave para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo".

El Ministerio de Hacienda envió una circular a todos los ministerios con directrices de cómo aplicar el recorte del gasto público entre 2027 y 2031. En Educación, llama a “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar: $1 billón de pesos menos que dejaría sin alimentación a los estudiantes de todo el país.

Decenas de trabajadores exigen el pago del sueldo de marzo y certeza por abril ante incumplimientos de la empresa Ecoverde, a cargo del subcontrato del servicio de guardias del Municipio de Huechuraba, cuyo contrato alcanza los $7.909 millones de pesos por 40 meses.

$200.000 millones de pesos menos cada año es lo que le costaría al Estado eliminar el pago de contribuciones a 200 mil adultos mayores de altos patrimonios, incluido una gran parte de los ministros de gobierno. Acá te explicamos cómo funciona el pago de contribuciones y los efectos de esta medida que aún debe ser aprobada en el Congreso.

De las 40 medidas que el gobierno anunció tramitar en un solo proyecto de ley hay al menos siete que representan cambios a la estructura del sistema tributario y que acá te explicamos en sencillo. Van en directo beneficio del gran empresariado y se traducirán en miles de millones de dólares menos al año para el gasto en derechos sociales que ya están siendo recortados desde cada ministerio.

El 31 de marzo el 2º Tribunal Ambiental falló a favor de Amazon y contra los vecinos de La Pincoya al negar que exista fraccionamiento entre el centro de datos y la línea eléctrica que requiere para operar y que se tramitan por separado. Esta investigación expone la red de empresas que allanan el camino a la multinacional comprando terrenos, tramitando permisos y desarrollando las mismas líneas eléctricas que requieren los centros de datos para operar, y que luego venden a Am

El CAE es todo lo contrario a un derecho social, porque es un mecanismo para que los bancos se apropien del sueldo de los futuros trabajadores, en lo que sea que trabajen, y también para apropiarse de recursos públicos a través del pago de las garantías. Hoy los medios hablan mucho de los deudores y del famoso déficit fiscal, pero no dicen nada de quienes se benefician realmente.

De aprobarse los dos proyectos ingresados al Congreso, las policías podrán revisar la ropa de los estudiantes y los colegios sus mochilas, junto con prohibir el uso de objetos que oculten el rostro y de cualquier vestimenta que a juicio de ellos promuevan conductas contrarias a la ley. También se castigará la interrupción de las clases y se impedirá el acceso a la gratuidad a quienes sean condenados por algún delito.

Estudiantes denuncian baja dotación de profesoras/es y asistentes de la educación junto con problemas de infraestructura y falta de insumos básicos de higiene y seguridad. Ayer los docentes hicieron un paro por sueldos impagos y otros problemas que dan cuenta de la crisis de la educación pública en medio del anuncio de recortes del gobierno de Kast.

Las principales beneficiadas son las grandes mineras, pero en total, solo entre 2023 y 2024 por devolución del impuesto al diésel las empresas en Chile recuperaron más de $1 billón de pesos, que equivale a todo el recorte que Kast pretende hacer a los ministerios de Educación y Salud.

30 mil estudiantes de colegios y universidades marcharon por Santiago para alzar su voz contra la agenda empobrecedora del gobierno de ultraderecha cuyo recorte de recursos profundizaría la crisis de la educación en todos sus niveles. ¿Cuánto logrará desmantelar el nuevo gobierno? ¿Será capaz el movimiento estudiantil de recomponer la fuerza suficiente para defender sus intereses?

Si bien la guerra detona el alza del petróleo, la causa de traspasar esos costos a la clase trabajadora es cuidar la ganancia de la gran empresa, a quienes se les busca rebajar los impuestos mientras se reduce el gasto público en miles de millones bajo el relato de la "emergencia". Acá te explicamos cómo funciona el mercado del combustible y el mecanismo que conteniene las alzas al que Kast dejará de destinar recursos.

Por Diego Martínez, abogado. El gobierno de Kast ha anunciado que endurecerá las medidas para cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Y uno de estos mecanismos sería mediante descuentos por planilla, junto con publicar el nombre de los deudores. Una medida que afectará directamente al bolsillo de las familias trabajadoras. Ante eso cabe preguntarse, ¿cómo funciona hoy el cobro del CAE? Actualmente si no pagas el CAE, los bancos asignan sus causas a estudios jurídicos p

Al continuo desmantelamiento de la red pública con falta de hospitales, profesionales e insumos médicos, el gobierno impone un recorte que equivale al sueldo anual de 17.000 médicos o al gasto total del Servicio de Salud Metropolitano Norte para 2026, del que depende el saturado Hospital San José, sin dar certezas de cómo es posible recortar tanto sin afectar la provisión de necesidades básicas.