Por tener tres años consecutivos una evaluación “insuficiente”, el Mineduc informó que el colegio podría cerrar, traspasando injustamente la presión sobre los estudiantes, en vez de apoyar a la comunidad educativa, poniendo en riesgo el derecho a la educación de más de 700 niños y jóvenes de la comuna, producto de un sistema que desmantela la educación pública para traspasar la matrícula a colegios privados que se financian con recursos del Estado.

En mayo de este año, se recortaron $430.000 millones de pesos para la vivienda social, equivalente a más de 5.000 subsidios, y un 62% menos de lo definido en febrero durante el gobierno de Boric, luego de aplicar también un recorte. Así, mientras los gobiernos pasan y se sacan la foto, miles de familias sin casa siguen engrosando la lista de espera.

Entre sus medidas, el proyecto de ley busca aumentar de un mes a un año el periodo para calcular el promedio de 40 horas semanales y aumentar de 5 a 10 los días a compensar con descanso en reemplazo del pago efectivo de horas extra. Medidas que aumentan la productividad para el capital pero sin aumentar los salarios.

Luego de que el Estado chileno cerrara el caso dando impunidad al policía de civil en base a su único testimonio, familiares decidieron llevar el caso a una instancia internacional. Acá compartimos el comunicado de la Coordinbadora por la Derogación de la Ley Naín Retamal leído hoy en La Moneda.

La fuga de estudiantes del sistema público hacia el particular subvencionado es efecto del diseño político del sistema educacional, que desmantela a los colegios públicos para alimentar la idea de que el Estado es ineficiente, cuando en realidad ha sido la política de todos los gobiernos el abandono de la escuela para traspasar los recursos hacia la empresa privada, que también incluye a la iglesia.

En esta columna, Tomás Elgueta, trabajador de un Liceo de Adultos en la RM, reflexiona en torno al aporte del movimiento secundario del pasado reciente. “El mayor aporte no fue únicamente haber instalado la educación como un problema nacional y social. Fue comprender que un movimiento social no puede limitarse a reclamarle cosas al Estado, sino que debe ser capaz de elaborar políticamente un proyecto de sociedad”.

El gobierno presentó un proyecto de ley que busca realizar cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para volver a la selección de estudiantes reflotando el mito del mérito individual en base al desempeño académico y la conducta de los estudiantes, permitiendo a los establecimientos hacer entrevistas y así discriminar por nivel socioeconómico o tipo de composición familiar.

Los $442 mil millones de pesos que adeudan los sectores de altos ingresos por contribuciones equivale a más de 100 veces lo que el gobierno embargó a 1.500 deudores del CAE durante junio de 2026.

"Exigimos el cese inmediato de los embargos impulsados por la Tesorería, que se devuelvan los sueldos que nos expropiaron y condonar la deuda educativa, no solo porque es injusta en su origen al buscar hipotecarnos la vida, sino porque sostenerla en el tiempo es materialmente imposible para la gran mayoría de las familias trabajadoras de este país.".

En un contexto marcado por los brutales recortes en Cultura y la expansión de proyectos extractivistas a lo largo del país, la compañía con 22 años de trayectoria reflexiona sobre el rol del arte como espacio de memoria y pensamiento crítico a propósito de su obra Mauro, con funciones hasta el domingo 28 de junio en Matucana 100, y acceso gratuito a organizaciones sociales que se inscriban con El Pincoyazo.

Los problemas y necesidades que tenemos quienes hoy estudiamos, no los tenemos por el solo hecho de ser estudiantes, sino más bien por la clase social a la que pertenecemos, lo cual debemos tener muy presente a la hora de pensar qué educación y país queremos y cómo nos organizamos para ello.

Según datos de la Tesorería, los embargos por deuda CAE avanzan en 3 grupos de deudores separados por nivel de ingresos, y tienen un objetivo principalmente disciplinario para regularizar la deuda vía convenios, que representa un 52% de lo recaudado en 2026, versus un 7% vía embargos.

Más de 500 personas se convocaron este lunes para organizarse ante los embargos iniciados por el gobierno, acordando defender la condonación de la deuda, poner fin a los embargos y restituir los ingresos expropiados.

En esta columna, la Comunidad Tumbera del Mapocho reflexiona en torno a la construcción colonialista de Chile que invisibiliza la presencia afrodescendiente, indígena y mestiza en la construcción de la ciudad, invitando a reflexionar en torno al blanqueamiento cultural sobre el cual se ha cimentado pasivamente nuestra identidad.

Pérdida de gratuidad, PGU y subsidio de arriendo por cometer “delitos” relacionados a la protesta; mercantilizar la tierra indígena; mercantilizar la educación parvularia; retornar a la selección escolar; incentivar la deuda hipotecaria y desregular el suelo fueron las principales medidas anunciadas.

Bolivia cumple tres semanas de bloqueo de las principales rutas, incluidas su capital, exigiendo aumentos salariales, detener las reformas neoliberales, retomar subvenciones al combustible y la renuncia del presidente Paz. De esta forma, el movimiento popular boliviano muestra la vigencia de la huelga general como herramienta de lucha de las y los trabajadores en contra de la precarización de la vida y la injerencia de Estados Unidos en América Latina.

El Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso comparte su experiencia sobre el proceso de traspaso al SLEP y los problemas que enfrentaron: despidos masivos y cambios en las condiciones laborales se repiten a nivel nacional en un nuevo sistema amarrado al modelo neoliberal desde su concepción, y que hoy Kast busca frenar para conservar el sistema desigual de municipalización.

En esta columna, el estudiantes del Liceo 7 de Providencia, Ricardo Camejo, reflexiona sobre los efectos de la Ley “Escuelas Protegidas”, alertando que busca desintegrar a las comunidades educativas para así impedir que se fortalezca la organización de base que les permita defender sus intereses.

En esta columna, la vocera de la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida, Julia Espinoza, expone el conjunto de recortes realizados a la vivienda social: el Congreso aprobó 40.000 subsidios DS 49 para 2026, luego Boric los redujo a 19.587 y esta semana, el actual gobierno los dejó en solo 5.000, extendiendo el tiempo de la larga fila de espera de las familias sin casa.

No salió en la TV ni en las redes del ministro Poduje el llamado 2026 del MINVU que recorta en un 62% los recursos a la vivienda social. En la RM, el recorte es mayor en proporción, y se traduce que en vez de 2.360 familias, solo 590 recibirán un subsidio este año, aumentando los tiempos de espera de forma exponencial.

Mientras organiza la Fiesta de la Familia -conservadora- para el 16 de mayo en Huechuraba, Kast elimina los $515 millones de 41 centros familiares y digitales que gestiona la Fundación de las Familias en todo el país, que ya venían siendo recortados, cerrando espacios de talleres y contención comunitaria para personas de todas las edades.

En esta columna, la organización Resistencia Materna expone el contenido del Proyecto de Ley de Abandono Parental, el cual busca reconocer esta figura cuando existe un año de incumplimiento total de visitas o dos años intermitente, entre otras demandas que impulsan desde la organización de mujeres, y que este lunes retoma su discusión en el Congreso.

Durante su corta vigencia, esta declaración exenta obligaba a los centros educativos a incluir explícitamente en sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) principios y medidas de no discriminación e inclusión con perspectiva de género.