El Pincoyazo en la Argentina: Radiografía al empobrecimiento neoliberal de Milei

Desde las calles de Buenos Aires presentamos el contenido de las reformas neoliberales del gobierno cuyo objetivo es resguardar el pago de la deuda externa que exige el FMI y fomentar la inversión extranjera, mientras el movimiento popular resiste sin lograr la fuerza suficiente para poner un freno y dar vuelta la tortilla.

Prisionera de la deuda externa

La deuda externa es tal vez el principal problema que desde hace décadas arrastra Argentina. Esta consiste en pedir dinero a fondos extranjeros (países, organismos internacionales o fondos de inversión) con altas tasas de interés que resultan difíciles de pagar, y que a medida que la situación empeora, se vuelve más difícil acceder a nuevos préstamos para cubrir las deudas previamente contraídas, y así, se reproduce un círculo vicioso diseñado para generar dependencia.

Luego de décadas de gobiernos kirchneristas que opusieron resistencia a cumplir con las exigencias de repactación de la deuda externa, el país eligió a Milei, que en el discurso alentó el rechazo a la “casta política”, pero cuya apuesta no es otra que poner el pie en el acelerador en favor del capital financiero, impulsando una revolución capitalista para cumplir el mandato del FMI -dirigido por EEUU-, tal como ocurrió en Chile durante la dictadura de Pinochet, donde se adoptó una forma neoliberal que ningún país del continente conoció, al menos hasta hoy.

Sin ir más lejos, recientemente Milei visitó EEUU en su búsqueda por reunir dólares para tapar los hoyos de la crisis, logrando un préstamo por US $20 mil millones, donde Trump exigió condiciones tales como la salida de China sobre distintas áreas de influencia en Argentina (5G, hidroeléctricas, energía nuclear, entre otros), además de intereses en dinero que solo agravan el problema.

La revolución capitalista de Milei

Para cumplir el mandato de Washington, Milei lanzó una serie de reformas a través de la Ley de Bases, hoy dividida en varias leyes y que poco a poco avanzan en el Congreso con efectos empobrecedores sobre la mayoría trabajadora, además de realizar cambios vía decreto, saltándose el Congreso.

La agenda de La Libertad Avanza consiste en buscar la máxima neoliberal de alcanzar el equilibrio fiscal (gastar menos de lo que entra), contener la inflación (reduciendo el poder de compra de la clase trabajadora) para fomentar la inversión y así generar crecimiento económico, pero para el gran capital.

Para llevar adelante esta agenda el gobierno pretende reducir el gasto público vía recortes a programas sociales (28% entre 2023 y 2024); privatizar empresas estatales (Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, entre otras), desindustrializar el país, reducir impuestos a la ganancia privada y refundar el sistema laboral y previsional en favor de la empresa privada.

El empobrecimiento en cifras

Según varias estimaciones, alrededor de 25 mil empresas han cerrado en solo dos años, perdiéndose más de 300 mil puestos de trabajo. La propia Unión Industrial Argentina -que apoyó a Milei- señaló que en 2025 la actividad industrial del país se redujo un 10% respecto de 2023, generando una crisis en la producción manufacturera nacional, la construcción y el comercio -sectores que generan empleo-, mientras que con el discurso de la austeridad y los recortes sociales se financian las compras de aviones de guerra F-16 usados y sin armas.

Esto se ve reflejado en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los cuales dicen que en la actualidad casi un 7% de los argentinos vive en la indigencia (3 millones de personas); entre un 35% y 50% en la pobreza (entre 20 y 30 millones de personas), mientras los sectores medios profesionales han disminuido considerablemente sus ingresos.

Pero siempre puede ser peor, ya que las reformas del gobierno buscan terminar con el financiamiento directo de áreas públicas como hospitales o universidades, para así cambiar a un sistema neoliberal de financiamiento de subsidios a la demanda (como en Chile) donde el mercado se regule solo, obligando a los servicios de salud y educación a autofinanciar parte de sus gastos.

La reforma laboral

La reforma laboral propuesta por el gobierno es una verdadera revolución en favor del capital, ya que busca flexibilizar las condiciones y modalidades de trabajo a través de varias medidas:

- Generar contratos a tiempo parcial y a plazo fijo (con un máximo de 12 horas diarias);

- Crear contratos según la productividad del trabajador (no sueldos fijos);

-  Vacaciones divididas en partes a gusto y necesidad del empleador;

- Acordar salarios en moneda extranjera (como el dólar o las criptomonedas) o a cambio de alimentos y especias, tal como en los antiguos fundos y pulperías;

- Bajar en un 3% el aporte del empleador al seguro de cesantía (hoy del 6%), reduciendo el flujo de la seguridad social y buscando que los trabajadores y el Estado la financien, para así resguardar las ganancias empresariales, con el objeto de atraer inversión.

Los trabajadores

La Central General de Trabajadores (CGT) -organización gremial más grande del país ligada históricamente al peronismo-, si bien se ha opuesto a las reformas, parece estar dispuesta a ceder derechos adquiridos, siempre y cuando se mantengan las “cuotas solidarias” que permiten financiar la actividad sindical mediante descuentos a obreros afiliados y no afiliados.

En cuanto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) – que agrupa a trabajadores públicos, estatales y de empresas privadas -, ha denunciado los acuerdos entre el gobierno y empresarios extractivistas-exportadores para pequeños aumentos salariales de forma unilateral, evitando negociar con los trabajadores y sindicatos. Asimismo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) convocó a un Paro Nacional este 9 de diciembre donde llamaron a defender y reafirmar sus derechos, servicios y bienestar para la comunidad.

Por otro lado, sindicatos grandes como la histórica Unión Ferroviaria (con 103 años) ha presionado para que aumente la inversión y presupuesto para los ramales de trenes. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), ha denunciado la pérdida de miles de puestos de trabajo por la disminución de obras públicas.

Las movilizaciones contra la reforma laboral convocadas por estas y otras organizaciones han sido insuficientes para detener el cierre de miles de empresas (de comercio minorista) e industrias nacionales (textiles, frigoríficos, fábricas), cuyos sindicatos están divididos entre trabajadores honestos que quieren luchar por una vida digna y quienes aún confían en Milei, sin tomar consciencia de que afectan a sus compañeros y al conjunto de familias.

Más que avances económicos para todos, las reformas laborales de Milei están eliminando derechos sociales que costaron años de organización y sangre a los trabajadores, ya que fue mediante movilizaciones obreras y populares que las familias que viven de su trabajo consiguieron contratos, jornada de 8 horas, pago de salarios en dinero, días no laborales y vacaciones que los empresarios nunca entregaron por las buenas, sino que bajo la fuerza de la organización.

El movimiento piquetero

Tras la crisis de diciembre de 2001, conocida como el “Argentinazo” provocada por el “corralito” y que derivó en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, surgió un movimiento ligado a las organizaciones territoriales de Argentina, llamadas “piqueteras”, las que mediante el bloqueo de rutas pudieron negociar con el gobierno para conseguir recursos y beneficios estatales para miles de familias sumidas en la cesantía.

En la actualidad, el movimiento piquetero (diferente pero comparable con los “pobladores” de Chile) se ha diversificado. Por un lado, existen corrientes que responden a intereses del progresismo kirchnerista y buscan posicionarse como una alternativa electoral. Allí se encuentran grupos como el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita, que han contribuido a reproducir el clientelismo característico de este sector del peronismo y de la relación Estado-sociedad que profundizó el país a partir de la crisis del 2001.

También hay organizaciones autónomas y críticas del kirchnerismo, como el Frente Popular Darío Santillán y la Federación de Organizaciones en Lucha, las que agrupan a piqueteros, sindicatos y estudiantes que en los últimos años han buscado crear un instrumento electoral de izquierda progresista y que, en parte, integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

Otras organizaciones apuestan por una perspectiva clasista, de acción directa y autogestión, como la Federación de Organizaciones de Base (FOB), que agrupa a comedores populares (ollas comunes), bachilleratos (para terminar la escuela), centros culturales y otros grupos independientes que se oponen a los recortes de Milei con sucesivas movilizaciones. Asimismo, mantienen una lucha activa contra el intento por privatizar el agua y a la “motosierra” de Milei en los servicios de salud, educación, obra pública y comedores populares.

Hoy las organizaciones piqueteras están en alerta debido al recorte de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entregado a familias cuyos padres se encuentran cesantes o tienen un trabajo informal que no alcanza para llegar a fin de mes. También reclaman en contra del recorte de la Asignación Familiar (SUAF), entregada a familias que tienen un contrato de trabajo pero que no les alcanza para cubrir sus gastos, recibiendo un bono por cada hijo menor de edad y por integrante con discapacidad permanente.

Los jubilados organizados: un nuevo actor

Todos los miércoles de los últimos meses entre las 11 y las 17 horas, las y los jubilados se manifiestan contra los recortes sociales dando “una vuelta” a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, exigiendo pensiones dignas luego de trabajar toda una vida, momento en que se suman organizaciones estudiantiles, trabajadores, mujeres, piqueteros y también organizaciones políticas que buscan frenar los recortes sociales.

Algo interesante de este ciclo de movilizaciones es el surgimiento y posible consolidación de un nuevo actor: los jubilados organizados, donde algunas corrientes buscan crear espacios permanentes para exigir lo que corresponde para tener una vejez digna y hacerse escuchar frente al Gobierno, el Congreso y otras autoridades.

Uno de estos grupos son los Jubilados Insurgentes, creado el 20 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, cuando un grupo de viejos amigos fue a la Plaza del Congreso a protestar en contra de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía Luis Caputo orientadas a desregular la economía, recortar las políticas sociales e inaugurar el “protocolo anti-piquetes” para enfrentar la primera manifestación en contra del gobierno de Milei.

A las demandas de aumento de las pensiones, los Jubilados Insurgentes exigen la venta de medicamentos sin cargo (impuestos) y viviendas en comodato, debido a que a muchos les cuesta pagar un arriendo o ya se han convertido en allegados.

Algunos sectores vinculados al anterior gobierno kirchnerista (hoy en la oposición), se han agrupado en Jubilados de Fuerza Patria, quienes se oponen a los recortes de pensiones y medicamentos, planteando crear un sindicato que les permita llevar su voz frente al Congreso y el Gobierno.

Los jubilados, por un lado, exigen aumentar el monto de las pensiones, ya que debido a la inflación desatada durante estos dos años del gobierno han perdido poder de compra. Por otro lado, se oponen a la disminución de las pensiones para discapacitados, sumado a que para el año 2026 el gobierno planea eliminar al menos 155 mil pensiones de ese tipo.

Mientras el gobierno les empobrece, los jubilados son testigo de casos de corrupción, como el “Caso Audios”, donde unos pocos empresarios y altos cargos estatales se benefician de coimas y sobreprecios de medicamentos. El esquema para defraudar al Estado es similar a los casos de colusión en Chile, pero en el caso de Argentina, funcionarios y directivos exigían porcentajes del 8% del pago a los proveedores para ganar una licitación, enriqueciéndose con los recursos que supuestamente estaban destinados a los jubilados y discapacitados más pobres.

Fragmentación del movimiento popular

A pesar de que hay numerosas organizaciones en lucha, en las movilizaciones es posible observar la fragmentación de los movimientos sociales y de trabajadores, donde pese a tener un enemigo común, eso no se traduce en la capacidad de golpear de manera conjunta.

Hoy las corrientes mayoritarias responden a la agenda electoral del kirchnerismo, otras pretenden generar una alternativa electoral de izquierda y algunas que buscan fortalecer las organizaciones populares mediante la acción directa y la autogestión.

Muchas personas en Argentina esperan que la gente salga a la calle a luchar, teniendo esperanzas en que ocurra un estallido social como fue en Chile durante octubre de 2019.

En ese sentido, nuestro país sigue ocupando un lugar importante en la memoria de los pueblos de América Latina, recordando, no solo la llegada de un presidente socialista como Salvador Allende (cuyo gobierno terminó con un golpe de Estado y la sangrienta dictadura de Pinochet), sino que también viendo con esperanza que el pueblo puede salir a luchar a las calles para buscar una vida más digna, donde es primordial estar organizados y preparados para ese momento.

Pero lo anterior no ocurrirá en el corto plazo y sin represión, sino que mediante el empobrecimiento y la mano dura. Mientras tanto los sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales buscan detener las reformas que destruirán su fuerza negociadora y la legitimidad social que han construido durante años lucha.