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La fuga de estudiantes del sistema público hacia el particular subvencionado es efecto del diseño político del sistema educacional, que desmantela a los colegios públicos para alimentar la idea de que el Estado es ineficiente, cuando en realidad ha sido la política de todos los gobiernos el abandono de la escuela para traspasar los recursos hacia la empresa privada, que también incluye a la iglesia. Entre los años 80s y 90s, de la mano de la dictadura y luego de la concertación, se decide financiar los colegios públicos y a los particulares subvencionados en base a la cantidad de alumnos que asisten a clases, lo que no asegura una certeza de financiamiento en el tiempo, sobre todo de las escuelas públicas. También se establecen rebajas de impuestos para empresas que hagan donaciones a colegios, en la práctica a los subvencionados, y se permite que estos puedan seleccionar estudiantes y cobrar una mensualidad a las familias, profundizando así la competencia desigual con los colegios públicos. El resultado de las políticas neoliberales - Entre 1992 y 2010 cerraron 626 colegios municipales, mientras se crearon 2.091 nuevos colegios particulares subvencionados, según indica un estudio de la Fundación Sol. - La matrícula de los colegios públicos disminuyó en 548 mil estudiantes entre 2004 y 2013, mientras en colegios subvencionados aumentó en 363 mil alumnos en ese mismo periodo de tiempo, según datos del Ministerio de Educación. Todos estos datos son los resultados de un diseño político que generó un traspaso de matrícula hacia el sistema privado, lo que se traduce también en una mayor cantidad de recursos públicos traspasados a corporaciones religiosas y empresariales. En este escenario, las movilizaciones lejos de ser la causa de los problemas, como indican los voceros del sistema, en realidad reflejan ese fracaso, porque solo a través de ellas se ha logrado hacer visible las debilidades del sistema y la urgencia por transformarlo. Matrícula escolar por tipo de dependencia de los colegios en Chile entre 2004 y 2024 Fuente: elaboración propia en base a datos del Mineduc. Lee también: Estudiantes hoy, trabajadores mañana: el problema de la conciencia de clase Lee también: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Por Tomás Elgueta, trabajador de un liceo de adultos en la RM. Han pasado quince años desde las movilizaciones estudiantiles de 2011 y veinte desde la Revolución Pingüina del 2006. Mucho se ha escrito sobre esas generaciones: las marchas multitudinarias, las tomas de liceos, el cuestionamiento al modelo educativo y el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. Sin embargo, hay un aprendizaje de ese proceso que pareciera haberse ido perdiendo con el paso del tiempo y que hoy resulta más vigente y necesario que nunca. El mayor aporte del movimiento estudiantil, sobre todo secundario, no fue únicamente haber instalado la educación como un problema nacional y social. Fue comprender que un movimiento social no puede limitarse a reclamarle cosas al Estado, sino que debe ser capaz de elaborar políticamente un proyecto de sociedad. Parece una diferencia menor, pero no lo es. Durante mucho tiempo buena parte de la política chilena (incluyendo amplios sectores de la izquierda) terminó acostumbrándose a una lógica donde la principal tarea consistía en denunciar aquello que estaba mal y exigir que alguna autoridad de algún gobierno de turno lo solucionara. Se elaboraban petitorios, se negociaban reformas a puertas cerradas y se celebraban pequeñas “victorias” que, muchas veces, dejaban intactas las estructuras que habían dado origen a los problemas. En algún momento de 2011, siendo simples adolescentes, comenzamos a preguntarnos otra cosa: ¿Qué pasaría si, además de movilizarnos, nos dedicáramos a pensar la educación que necesitábamos realmente? Aquella pregunta cambió profundamente la manera de entender la política y calibramos de otra manera la brújula de nuestra lucha estudiantil. Las tomas dejaron de ser únicamente espacios de protesta para convertirse en lugares donde se discutía sobre pedagogía, democracia, organización comunitaria y, en algunos casos, incluso proyecto de país. Las asambleas dejaron de servir solamente para definir marchas y comenzaron a debatir qué significaba realmente una educación al servicio de las necesidades del pueblo. Extendimos puentes con profesores, trabajadores de la educación en general, organizaciones territoriales e incluso académicos, ya que comenzamos a entender que aquello no respondía únicamente a una necesidad de convocatoria o de “vernos” unidos; sino que buscamos construir colectivamente una propuesta capaz de disputar el sentido mismo de la educación. Quizás ese fue el más profundo aprendizaje de aquel ciclo político: comprender que una posición solo de resistencia nunca es suficiente. Porque resistir permite detener retrocesos, por supuesto que sí. Permite marcar una posición y manifestar que, desde ahí, no se da un paso más hacia atrás. Pero nos deja también en una constante posición mirando desde abajo hacia arriba. De la misma manera que solamente quedarnos en una posición peticionista, siempre tendrá un límite muy definido y, generalmente, permite “ganar” siempre menos de lo que se pide. Por eso, sólo elaborar propuestas políticas permite abrir nuevos futuros posibles. Lamentablemente, quince años después, esa discusión parece haber desaparecido de buena parte del debate político en la izquierda y público a nivel social. Vivimos un tiempo donde resulta mucho más sencillo reaccionar frente a la contingencia que construir nuevos horizontes compartidos. Cada derrota (generalmente dentro del campo institucional) encuentra rápidamente una explicación; cada avance de la extrema derecha genera nuevos diagnósticos; cada elección perdida termina convertida en un debate sobre estrategias comunicacionales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si seguimos siendo capaces de ofrecer un proyecto político que logre convocar más allá de quienes ya están convencidos. Con demasiada frecuencia terminamos encerrados en una especie de “corralito militante” donde hablamos entre nosotros, utilizando códigos que sólo nosotros comprendemos y celebrando “victorias” que únicamente nosotros consideramos importantes. Mientras tanto, la mayoría de las personas continúa enfrentando problemas mucho más inmediatos: llegar a fin de mes, cuidar a sus familias, sobrevivir a jornadas laborales interminables o intentar encontrar algún espacio de tranquilidad en medio de una vida cada vez más precarizada. No se trata de abandonar las grandes discusiones políticas. Se trata de volver a conectarlas con la experiencia cotidiana de las personas. Quizás allí exista otro de los aprendizajes que dejó el movimiento estudiantil de aquello años. La política nunca ocurrió solamente en las marchas ni en acciones específicas. También ocurría en las tomas y paros de los liceos, en los conversatorios levantados en conjunto con vecinos y espacios territoriales, en los proyectos colectivos como las bibliotecas populares, en los sindicatos que acompañaban y daban mil vueltas en formas de poder aportar a las luchas de los “chiquillos” como nos decían, y en cada espacio donde las personas comenzaban a reconocerse como parte de un problema común y, al mismo tiempo, como protagonistas de una solución colectiva. Durante demasiado tiempo subestimamos la potencia política de esos espacios. Pensamos que transformar la sociedad dependía casi exclusivamente de “conquistar el Estado”, cuando muchas veces olvidamos que ninguna transformación logra sostenerse si antes no ha construido una base política sostenible y una comunidad-pueblo organizado capaz de defender sus victorias, no a través de ser cooptado, sino que por mera convicción de los avances dados. Por eso hoy vale la pena recuperar una idea que entonces, en esos años convulsivos de movimiento estudiantil y social por la educación, parecía evidente: la educación no debía ser pensada ni “dirigida” únicamente desde el Estado a través de sus miles de instituciones, sino que son las propias comunidades educativas las que deben asumir un papel protagónico en la definición de sus proyectos, de sus formas de convivencia y de los sentidos que le dan al proceso educativo. Aquello que llamamos Control Comunitario desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en nuestra “Propuesta de la Educación que queremos” no fueron solamente propuestas escritas en un par de hojas de papel. Fueron la forma que tuvimos para hacer ver la manera distinta que teníamos de concebir la educación. Y tal vez eso también no sirvió en su momento para pensar la política más allá de la educación. Y quizás eso les falta hoy a los movimientos sociales, porque las transformaciones profundas difícilmente surgirán únicamente desde luchas desconectadas entre sí o desde las instituciones que las mismas luchas cuestionan. Menos si no existen comunidades organizadas capaces de sostener, defender y profundizar propuestas que vayan más allá de “pedirle” algo al Estado. Y todo eso exige volver a convencer a la gente de las necesidades que tenemos. Pero convencer no significa adoctrinar ni colonizar cada espacio social con nuestras propias organizaciones. Significa algo mucho más complejo y, al mismo tiempo, mucho más humilde: escuchar, dialogar, construir confianzas, compartir experiencias y demostrar, mediante prácticas concretas, que existen formas distintas de organizar la vida en común. Militar nunca debió reducirse a asistir a reuniones interminables o discutir documentos que pocas personas leerán. Militar también es sostener un club deportivo, organizar un taller en la población, acompañar a estudiantes que intentan terminar sus estudios, levantar una biblioteca popular, fortalecer un sindicato pequeño o simplemente ayudar a que exista comunidad allí donde el individualismo insiste en convertirnos en competidores permanentes. Quizás esa sea hoy una de las tareas políticas más urgentes. Volver a elaborar propuesta política para poder volver a proponer hacia el resto y desde ahí, volver a convencer. Hay que volver a mirar el pasado, no porque tenga todas las respuestas, sino porque hay movimientos sociales, como el estudiantil, que dejó una enseñanza que todavía conserva plena vigencia: las comunidades no transforman la realidad cuando protestan como único recurso, la transforman cuando son capaces de imaginar colectivamente un futuro distinto y organizarse para hacerlo posible. Lo que no seamos capaces de construir entre nosotros difícilmente será construido por otros. Y probablemente ahí siga estando el principal desafío político de nuestro tiempo. Lee también: Estudiantes hoy, trabajadores mañana: el problema de la conciencia de clase Lee también: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

El gobierno presentó un proyecto de ley que busca realizar cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para volver a la selección de estudiantes reflotando el mito del mérito individual en base al desempeño académico y la conducta de los estudiantes, permitiendo a los establecimientos hacer entrevistas y así discriminar por nivel socioeconómico o tipo de composición familiar. El pasado 23 de junio el gobierno de Kast presentó un proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El principal cambio busca implementar un sistema paralelo al actual, llamado “elección mutua” que consiste en que las postulaciones de las y los estudiantes puedan ser resueltas en última instancia por los colegios. O sea, de mutuo no tiene mucho. Los establecimientos que opten por este nuevo sistema podrán considerar diferentes variables, siendo una de las más nocivas para la equidad en educación la selección por “merito” de las y los estudiantes. La discriminación socioeconómica La ley dice que ”a partir de séptimo año de la educación general básica o el equivalente que determine la ley, los establecimientos educacionales podrán considerar también, el desempeño académico en la implementación del mecanismo de elección mutua”. Volver a seleccionar por desempeño académico es una historia conocida en nuestro país, aumenta la segregación social y genera que después de un tiempo, existan colegios para ricos y otros para pobres porque el desempeño académico depende de las oportunidades que tengan sus familias a lo largo de su vida, o sea, de las condiciones económicas y sociales. Por esta razón la selección es injusta considerando que no todos los estudiantes acceden a las mismas oportunidades. La discriminación familiar La ley también propone que “los establecimientos educacionales podrán implementar entrevistas con los padres y apoderados de sus postulantes, con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con el proyecto educativo”. Este cambio dejaría en manos de los centros educacionales la decisión de seleccionar a las y los estudiantes mediante las entrevistas a sus apoderados, ya que, la información recogida puede ser utilizada para discriminar por diferentes motivos, ya sea por orientación religiosa, familias monoparentales, estudios superiores que tengan los padres o madres, entre otros, generando una distinción al momento de ser seleccionado. Bajo las condiciones en que se desarrolla el sistema educativo en nuestro país, habría que preguntarse algo importante ¿por qué una gran cantidad de estudiantes postulan a unos pocos colegios? Simplemente porque no existe un compromiso real del Estado con mejorar la educación pública, con mejorar la calidad de los establecimientos del país, es algo que la mayoría de los gobiernos no se ha hecho cargo. Con SAE o sin SAE el problema seguirá estando ahí, ya que la oferta de los colegios de calidad es muy baja en comparación con la demanda de postulantes, y quienes siempre terminan pagando los costos son los sectores populares, dentro de un sistema diseñado para reproducir la desigualdad. Revisa acá el proyecto de ley completo Lee también: Brecha de clase en resultados PAES 2026: privados sacan 167 puntos más en promedio que los públicos Lee también: Estudiantes hoy, trabajadores mañana: el problema de la conciencia de clase Lee también: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Los $442 mil millones de pesos que adeudan los sectores de altos ingresos por contribuciones equivale a más de 100 veces lo que el gobierno embargó a 1.500 deudores del CAE durante junio de 2026. En Chile 8 de cada 10 personas propietarias de una vivienda no paga contribuciones. Ese 20% que sí paga, se concentra en el segmento de mayores ingresos, y es a ellos a quienes el gobierno busca cuidarles el bolsillo el eliminar el pago de contribuciones para los mayores de 65 años, y equivale a más de $200.000 millones de pesos menos al año para el Fondo Común Municipal, que por su lógica redistributiva, afectaría a los municipios más pobres. Entre los adultos mayores, más de un millón de adultos mayores no pagan contribuciones, mientras que otros 190.000 tienen rebajas, por lo que eliminar el pago de contribuciones a los adultos mayores beneficia solo al segmento de mayores ingresos. En cuanto a la deuda por no pago de contribuciones, todas las regiones del país registraron un aumento en la deuda mayores a 400% entre 2022 y 2025, según un informe de la consultora Colliers en base a datos de la Tesorería General de la República. Las Condes es la comuna donde más aumentó la deuda por el no pago de las contribuciones, pasando de $1.091 millones en 2022 a $20.044 millones en 2025, que representa un aumento de un 1.737% en solo tres años. Evolución del monto de la deuda de contribuciones en Chile (2022-2025) 2022: $63.039 (2,9%) 2023: $109.438 (4,3%) 2024: $186.542 (6,7%) 2025: $442.095 (14,3%) Los $442 mil millones de pesos que adeudan los sectores de altos ingresos por contribuciones equivale a más de 100 veces lo que el gobierno embargó a 1.500 deudores del CAE durante junio de 2026. Evolución del monto de la deuda de contribuciones en la RM (2022-2025) 2022: $22.506 2023: $40.007 2024: $71.727 2025: $192.255 Lee acá: Declaración del Movimiento de Deudores del CAE: Fin a los embargos y condonación de la deuda Lee acá: Los embargos por CAE hipotecan la vida de la clase trabajadora Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

"Exigimos el cese inmediato de los embargos impulsados por la Tesorería, que se devuelvan los sueldos que nos expropiaron y condonar la deuda educativa, no solo porque es injusta en su origen al buscar hipotecarnos la vida, sino porque sostenerla en el tiempo es materialmente imposible para la gran mayoría de las familias trabajadoras de este país.". Hoy estamos aquí para levantar la voz por los más de 500 mil trabajadores y trabajadoras de este país que no podemos pagar una deuda que nos obligaron a firmar para poder estudiar. Durante años nos vendieron la pomada de que seríamos los primeros profesionales de nuestras familias y viviríamos mejor, pero en realidad nos estaban condenando a quedar presos de una deuda que hipotecaría gran parte de nuestra vida y la de nuestras familias. El Crédito con Aval del Estado está diseñado para beneficiar a los bancos. Si fuera por ellos, ojalá no terminemos nunca de pagarlo, porque justamente ese es el negocio, ya que los intereses y reajustes en UF, y luego en UTM, cuando la deuda pasa a la Tesorería, solo inflan la deuda, haciendo que terminemos pagando incluso más del doble del arancel original que tiene una carrera. El CAE se diseñó sabiendo que a quienes fue dirigida la deuda, en su gran mayoría no tendríamos condiciones para pagarla. Pero no fue un error de cálculo, al contrario, fue un negocio, porque en realidad lo crearon para alimentar la caja de las instituciones de educación superior privadas que proliferaron por todos lados, y también para aumentar cada año el traspaso de recursos públicos hacia la banca. Hoy, a 20 años de la implementación del CAE, sabemos que cuando el 2006 y el 2011 decíamos que había que terminar con el lucro en la educación, teníamos toda la razón, porque hoy vemos que al Estado le ha salido mucho más caro meter a la banca en el sistema educacional, en vez de haber financiado directamente las instituciones públicas de educación superior. Nos decían que el objetivo era aumentar el acceso a la educación superior, pero fue una mentira, porque en realidad se hizo para bancarizarnos la vida. La deuda educativa dejó de ser únicamente un problema de quienes accedimos a la educación superior y, en su gran mayoría, nos convertimos en trabajadoras y trabajadores precarizados y endeudados. Sus efectos alcanzan también a las familias que nos sostuvieron y acompañaron durante ese proceso. No solo se ha visto restringida nuestra calidad de vida y la de nuestros hogares durante años, sino que además se ha instalado un discurso que busca responsabilizarnos individualmente por una problemática que es de carácter estructural. Distintos medios de comunicación y personeros de la política tradicional han intentado trasladar sobre nuestros hombros una culpa que no nos corresponde, porque este sistema de endeudamiento para acceder a la educación superior es imposible de sostener con los bajos sueldos que hay en este país. Como Movimiento de Deudores del CAE nos movilizamos para exigir 3 puntos centrales: Primero, exigimos el cese inmediato de los embargos impulsados por la Tesorería General de la República. Esta medida no solo resulta arbitraria e ilegal, sino que además refleja una política profundamente represiva hacia un amplio sector de la sociedad chilena. En lugar de ofrecer soluciones a un problema estructural de endeudamiento, el gobierno ha optado por profundizar la asfixia económica de miles de familias, agravando aún más una situación de precariedad que se arrastra desde hace años. En segundo lugar, exigimos que se devuelvan los sueldos que nos expropiaron de nuestras cuentas bancarias, porque son fruto de una acción ilegal, donde la Tesorería ha hecho un uso abusivo de sus facultades para arremeter contra trabajadoras y trabajadores endeudados, mientras condona miles de millones a empresas que no pagan sus impuestos. Por último, planteamos la necesidad de condonar la deuda educativa, no solo porque es injusta en su origen al buscar hipotecarnos la vida, sino porque sostenerla en el tiempo es materialmente imposible para la gran mayoría de las familias trabajadoras de este país. Como movimiento, creemos que debemos poner fin a este sistema que traspasa cada vez más recursos públicos a la banca, en lugar de invertir esos recursos en fortalecer un sistema de educación superior verdaderamente pública, y que responda a las necesidades de la población. Esta concentración es solo el primer paso de un proceso mucho más largo y que recién comienza, porque si bien no vamos a sacar a la banca de nuestra vida de un día para otro, sí depende de nosotros comenzar a dibujar ese camino. Y ese camino no lo vamos a recorrer solos. Debemos hacerlo junto a quienes hoy se endeudan para estudiar en universidades y centros de formación técnica, y también junto a los estudiantes secundarios, porque ellos son quienes mañana enfrentarán las consecuencias de este mismo modelo si no logramos transformarlo. Esto es importante, porque hoy estamos aquí no solo quienes somos trabajadoras y trabajadores endeudados, sino también estudiantes, que mañana deberán salir a trabajar igual que nosotros. Aquí nadie se va a salvar solo, porque ya vemos que esa no es una alternativa. Porque la única alternativa que tenemos quienes vivimos de nuestro trabajo es organizarnos para poner en el centro la dignidad de quienes habitamos este país. ¡Porque no hay pago justo en un sistema injusto! ¡No más lucro en la educación! ¡Arriba las que luchan! Lee acá: Los embargos por CAE hipotecan la vida de la clase trabajadora Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

En un contexto marcado por los brutales recortes en Cultura y la expansión de proyectos extractivistas a lo largo del país, la compañía con 22 años de trayectoria reflexiona sobre el rol del arte como espacio de memoria y pensamiento crítico a propósito de su obra Mauro, con funciones hasta el domingo 28 de junio en Matucana 100, y acceso gratuito a organizaciones sociales que se inscriban con El Pincoyazo. En esta entrevista, Eduardo Luna Salazar -director y dramaturgo de La Familia Teatro- junto a Nicole Morales -actriz y productora de la compañía-, reflexionan sobre el rol del arte como espacio de memoria y pensamiento crítico, revisando su trayectoria, intereses y dificultades surgidas dentro del proceso de creativo y la difusión de sus creaciones. ¿Cómo nace esta compañía y la idea de abordar temas políticos en sus creaciones? Yo soy fundador de la compañía, entonces soy de los que lleva veintidós años. No somos tantos los que llevamos veintidós años; somos dos de los originales. Pero en la compañía hay gente que lleva dieciocho años, otros veinte, otros diez. El equipo ya está constituido por personas que llevan varios años trabajando juntas. Nacimos como compañía cuando éramos compañeros en la Universidad de Chile. Nuestro primer trabajo fue una especie de éxito que desarrollamos en una residencia en Balmaceda 1215. Era una adaptación de un cuento de Kafka llamado La condena. Hicimos un proceso de investigación sobre todas sus obras, especialmente sobre Carta al padre, y de ahí nació nuestro primer trabajo. Tampoco teníamos nombre cuando estrenamos esa primera obra. Los personajes eran dos hermanos de la familia Bendemann, así que las invitaciones se enviaron como La Familia Bendemann. Después entendimos que ese no podía ser el nombre definitivo de la compañía, no podíamos quedarnos en el primer proyecto. Entonces derivó en La Familia Teatro. A nadie le gustaba demasiado el nombre al principio, pero pensábamos que a los nombres se les daba sentido con el tiempo. Siempre tuvimos la idea de construir un proyecto a largo plazo. Queríamos una compañía que transitara por la historia del teatro chileno. Mirábamos mucho a compañías como referentes para desarrollar un trabajo permanente. Con los años el nombre empezó a tener más sentido. Hoy somos doce familias dentro de la compañía. Ya hay nuevas generaciones incorporándose. Tenemos hijas que han crecido dentro de este proyecto y que hoy también son actrices. Por eso la idea de familia nos representa mucho, pero entendida con todas sus fracturas, conflictos y dificultades. No desde una visión idealizada de la familia feliz, sino como una comunidad que aprende a apoyarse frente a los problemas. Respecto a los temas políticos, nosotros pasamos por tres etapas. La primera estuvo muy ligada a la literatura. Uno sale de la universidad con las referencias de su formación, y la escuela teatral chilena es muy eurocéntrica. Por eso nuestros primeros trabajos estaban basados en referentes europeos, como Kafka o autores alemanes. Después vino una segunda etapa más relacionada con los conflictos personales. Todos fuimos creciendo, aparecieron los traumas familiares, las tensiones propias de salir de casa de los padres, de construir una vida adulta. Empezamos a trabajar mucho desde el psicoanálisis y desde la relación entre el lenguaje y los conflictos personales. Hasta que en 2014 ocurrió algo que cambió profundamente nuestro trabajo. Yo sufrí un infarto a los veintinueve años. Tenía una hija de nueve años y lo único que pensaba era que podía dejarla sola. En ese contexto conocí la historia de Nicola Ravena, una niña que murió producto de una enfermedad muy compleja llamada xerodermia pigmentosa, un tipo de cáncer a la piel que le impedía exponerse a la luz solar, por lo que debía vivir prácticamente aislada y con su habitación protegida para evitar el ingreso de los rayos ultravioleta. Durante la campaña presidencial de 2005, el candidato Joaquín Lavín le prometió públicamente un supuesto traje desarrollado por la NASA que le permitiría salir y llevar una vida normal, promesa que nunca se cumplió y fue desmentida por la empresa. Su caso fue extremadamente mediático, la niña fue convertida en un símbolo, pero nunca se conoció realmente su voz. Nosotros nos preguntamos ¿qué pensaba una niña de 12 años que sabía que iba a morir?, más aún cuando ya había visto fallecer a su hermana por la misma enfermedad. Esa inquietud, sumada a la experiencia personal de enfrentar la cercanía de la muerte fue lo que dio origen a la obra Niña Astronauta. A partir de ese trabajo comenzamos a explorar historias reales de la memoria reciente chilena y a construir nuestras obras desde las experiencias humanas y los conflictos sociales del país. De ahí surgió una nueva etapa. Empezamos a rescatar historias chilenas y a trabajar directamente con comunidades. Luego vino Painecur, basada en el caso del sacrificio humano mapuche ocurrido tras el terremoto de 1960. Esa obra nos permitió profundizar nuestra relación con las comunidades indígenas y reflexionar sobre el racismo, la discriminación y la pérdida cultural. Más adelante llegamos a Mauro. Inicialmente estábamos investigando temas relacionados con la arqueoastronomía diaguita. En ese proceso conocimos el trabajo de Patricio Bustamante, quien fue uno de los primeros en alertar sobre las consecuencias de la construcción del tranque de relaves El Mauro. Ahí descubrimos que la construcción del tranque había destruido uno de los sitios arqueológicos diaguitas más importantes del país. Esto era relevante porque el pueblo diaguita fue reconocido oficialmente hace relativamente pocos años y todavía existe muy poco conocimiento sobre muchas de sus prácticas culturales. Lo que más nos impactó fue descubrir que la empresa encargada de rescatar el material arqueológico había invertido millones de dólares en excavaciones, pero gran parte de ese material terminó perdiéndose o desapareciendo. Incluso después del estreno de la obra nos encontramos con arqueólogos que habían participado en ese proceso y que reconocían el enorme nivel de desprolijidad que existió. A partir de ahí comenzamos a trabajar directamente con comunidades organizadas en defensa de Mauro. Nuestra idea inicial era hacer una obra sobre la memoria de una comunidad desplazada por la construcción del tranque. Sin embargo, durante la investigación nos dimos cuenta de que el conflicto seguía completamente vigente. Las decisiones sobre el territorio siguen tomándose constantemente. El tranque sigue creciendo y la influencia de la minera sobre la comunidad continúa siendo enorme. Existen incentivos económicos, dependencia laboral y una capacidad muy grande de intervenir en la vida cotidiana de las personas. También empezamos a observar algo que para nosotros fue fundamental: el conflicto no podía explicarse solamente a partir de la acción de la minera. También aparecían cuestiones profundamente humanas relacionadas con el dinero, el poder y la corrupción. Nos encontramos con casos de dirigentes y abogados que inicialmente defendieron a la comunidad y que posteriormente aceptaron millonarias compensaciones económicas. Nos pareció importante mostrar también esas contradicciones, porque forman parte de la realidad del conflicto. Uno de los aspectos más interesantes fue descubrir que esta no era simplemente una obra sobre minería. Era una obra sobre las zonas de sacrificio. Nos dimos cuenta de que las mismas dinámicas se repetían en distintos lugares del país. Cambian las industrias, pero los patrones son similares: desplazamiento de comunidades, destrucción de patrimonio cultural, contaminación ambiental y concentración de poder económico. Al principio estábamos hablando de un caso localizado en el norte de Chile, pero luego entendimos que la problemática era transversal. Lo mismo ocurre con los vertederos, las salmoneras, las forestales y muchas otras industrias extractivas presentes en el país. Por eso sentimos que era importante realizar la obra y también hacerla circular. Lo que ocurre en Mauro no es una excepción, sino una expresión de problemas que atraviesan a gran parte de Chile. Compañía La Familia Teatro ¿Qué les motiva a crear esta obra y qué buscan transmitir con ella? Nuestra principal motivación fue investigar el desplazamiento de una comunidad y la desaparición de un importante patrimonio arqueológico diaguita. Sin embargo, a medida que avanzamos en el proceso, la obra comenzó a abrir preguntas mucho más amplias. Nos interesó especialmente observar el componente humano presente en los movimientos sociales. Los liderazgos, los conflictos internos, las tensiones entre los distintos actores y la manera en que operan las organizaciones cuando enfrentan situaciones de presión. Muchos de nosotros veníamos de experiencias políticas diversas, desde sindicatos hasta organizaciones sociales y partidos políticos. Eso nos permitió reconocer dinámicas que ya habíamos visto anteriormente. Comenzamos a reflexionar sobre cómo la corrupción puede manifestarse de muchas formas. No solamente mediante el dinero, sino también a través del poder, la visibilidad pública o el deseo de protagonismo. También entendimos que la obra hablaba de algo mucho más amplio que la minería. Hablaba de un modelo de desarrollo basado en zonas de sacrificio. En distintos lugares del país encontramos comunidades que enfrentan problemas similares: contaminación, destrucción ambiental, pérdida de patrimonio cultural, racismo y desplazamiento de poblaciones completas en nombre del progreso económico. Lo que buscamos transmitir es precisamente esa realidad. Mostrar que estos conflictos no son aislados y que afectan a comunidades de norte a sur. Queremos generar reflexión sobre las consecuencias humanas, sociales y ambientales que tienen determinadas decisiones económicas y políticas. Además, creemos que el teatro puede transformarse en una herramienta para visibilizar problemáticas que muchas veces permanecen ocultas o que aparecen de manera fragmentada en los medios de comunicación. Escena de obra Mauro ¿A qué problemas o tensiones se vieron enfrentados durante el proceso de creación de esta obra? Ya sea de ideas preconcebidas o de cómo representar determinados aspectos del conflicto socioambiental por el relave. Nos enfrentamos a varias problemáticas durante todo el proceso. Una de las primeras tuvo relación con uno de los dirigentes con quienes trabajamos durante más de un año y medio. Él estaba siendo constantemente observado por Carabineros y por distintos organismos vinculados al conflicto. A medida que avanzábamos en la investigación comenzamos a notar que existía interés por saber quiénes éramos y por qué aparecíamos junto a él en distintos espacios públicos o en redes sociales. Vivimos situaciones como intervenciones telefónicas y distintos mecanismos de vigilancia que buscaban identificar el trabajo que estábamos realizando. También nos enfrentamos a dificultades dentro del propio mundo cultural. La minería destina una gran cantidad de recursos a actividades culturales y eso genera conflictos cuando aparece una obra crítica respecto de su actividad. Hubo espacios que inicialmente quisieron colaborar con nosotros y que luego se vieron obligados a retroceder cuando entendieron hacia dónde apuntaba la investigación. Incluso hubo una institución que nos había entregado una residencia artística y posteriormente decidió no asociar públicamente su imagen al proyecto porque recibía financiamiento de Minera Los Pelambres. Otro conflicto importante surgió con un teatro universitario que participaba como coproductor de la obra. En determinado momento apareció la discusión sobre cuánto nombrar directamente a la minera y a los distintos actores involucrados en el conflicto. Nosotros inicialmente nombrábamos a todas las personas y organizaciones involucradas. Sin embargo, surgieron debates respecto de las posibles consecuencias de hacerlo. Finalmente mantuvimos una postura basada en el rigor documental: toda la información utilizada en la obra debía estar respaldada por antecedentes verificables, publicaciones de prensa o procesos judiciales. Nos preocupamos especialmente de contrastar toda la información. Si mencionábamos a una autoridad política, a un dirigente o a una empresa, debía existir documentación pública que respaldara lo que estábamos diciendo. Después de la pandemia fuimos la primera compañía que reabrió los teatros. Sin embargo, muchas veces la promoción de la obra evitaba hablar del conflicto central que aborda. Se destaca que se trataba de una obra ambiental o que trataba ciertos temas secundarios, pero no se profundizaba en la crítica al modelo extractivista ni en el caso específico de Mauro. Posteriormente, cuando tuvimos nuevas temporadas, incluso hubo ocasiones en que prácticamente no existió difusión. Instituciones que contaban con equipos profesionales de comunicaciones optaron por no promover la obra. A esto se suma que gran parte de los festivales culturales del país reciben financiamiento directo o indirecto de empresas mineras. Las compañías mineras han desarrollado políticas muy activas de responsabilidad social empresarial y destinan recursos importantes a cultura, deporte y actividades comunitarias. Como consecuencia, muchos festivales o teatros se encuentran en una situación compleja al momento de programar una obra como Mauro. Aunque no reciban financiamiento directo de la minera involucrada, suelen depender de recursos provenientes de otras empresas del mismo sector. Eso ha hecho que la obra tenga muchas más presentaciones en el sur del país que en el norte, precisamente donde se encuentra el conflicto que retrata. Paradójicamente, nos ha resultado más fácil presentarnos en lugares donde existían autoridades o comunidades especialmente sensibles a los problemas ambientales, como Puerto Montt o Maullín afectados por la salmonicultura, que en zonas directamente vinculadas a la actividad minera. Por todas estas razones, Mauro ha sido probablemente la obra más difícil de circular dentro de nuestro repertorio. Aun así, hemos logrado realizar giras gracias a fondos públicos y a espacios culturales comprometidos con abrir lugar a distintas miradas. También sentimos que ciertos teatros con una historia importante dentro de las artes escénicas han permitido que la obra encuentre finalmente el espacio que merece para dialogar con el público. Escena de obra Painecur ¿Por qué creen que hoy es importante para la población acceder a este tipo de creaciones? Creemos que el teatro nació como una expresión popular. Antes incluso de hablar de teatro como disciplina, existían las teatralidades como una forma de encuentro entre las personas. Cuando el teatro se formalizó, siguió siendo un espacio abierto a toda la comunidad. Lo vemos en el teatro griego, donde asistía toda la población, o más tarde en la época de Shakespeare, donde también era una manifestación popular. Lo particular del teatro es que pone a personas reales frente a otras personas reales. Esa experiencia no ocurre igual en el cine ni en otros formatos. Esa presencia hace que sea mucho más fácil poner en diálogo una problemática humana con el público. En algún momento, muchas corrientes teatrales privilegiaron la experimentación del lenguaje escénico. Eso está bien y es necesario, pero muchas veces esa búsqueda terminó alejando al público porque las obras se volvieron demasiado herméticas. Se instaló la idea de que el teatro era una especie de alta cultura a la que no cualquiera podía acceder o comprender. Nosotros creemos que no hay que renunciar a la profundidad ni a la poesía, pero sí es importante que exista comunicación con el espectador. El teatro debe ser un espacio donde las personas puedan encontrarse con preguntas, emociones y reflexiones que dialoguen con su propia realidad. Por eso también valoramos experiencias como las de Bertolt Brecht, quien abrió el teatro a los trabajadores y a los sindicatos porque entendía que el arte debía ser una herramienta de reflexión para toda la sociedad. En Chile también existieron experiencias similares, con compañías que llevaron el teatro a sindicatos, fábricas y distintos espacios populares. Nosotros entendemos el teatro como un espacio de encuentro y de articulación de ideas. Hoy las personas tienen muchas formas de acceder a información o de reflexionar de manera individual: pueden leer, ver una serie o revisar redes sociales. El teatro propone algo diferente. Obliga a vivir una experiencia colectiva. Hace que personas que probablemente no se conocen compartan un mismo espacio y una misma historia. Para nosotros eso tiene un enorme valor político. Siempre intentamos que después de las funciones exista un conversatorio, un café o algún espacio donde la gente pueda quedarse conversando. No buscamos solamente que hablen de la obra; nos interesa que conversen entre ellos, que vuelvan a encontrarse con sus vecinos o con otras personas de su comunidad. Creemos que recuperar esos espacios de encuentro es fundamental en la actualidad. Históricamente el teatro también cumplía una función social muy importante. En distintas épocas servía para transmitir noticias, debatir acontecimientos o poner temas de interés público sobre la mesa. Nos interesa recuperar ese espíritu, que las personas salgan de una función con ganas de seguir hablando de lo que vieron. Por eso creemos que es importante que la población tenga acceso a este tipo de creaciones: porque generan encuentro, conversación, pensamiento crítico y reflexión colectiva sobre los problemas que vivimos como sociedad. Además, creemos que el teatro permite recuperar el encuentro entre las personas. Hoy existen muchos espacios para informarse o reflexionar de manera individual, pero el teatro obliga a vivir una experiencia colectiva, a compartir un mismo espacio con otros espectadores. Por eso, después de nuestras funciones siempre procuramos generar conversatorios o encuentros donde el público pueda conversar, no solo sobre la obra, sino también entre ellos. Para nosotros, volver a encontrarse con el vecino, intercambiar ideas y construir comunidad es, en sí mismo, un acto político. Recuperar ese espacio de diálogo es una de las funciones más importantes que puede cumplir el teatro en la actualidad. Hoy consumimos cientos de películas, series o contenidos que olvidamos rápidamente. El teatro, en cambio, por el hecho de ocurrir en vivo y compartir colectivamente, permanece por más tiempo en la memoria y en la conciencia de quienes lo experimentan. Escena de obra Painecur ¿Cómo creen que afectarán los recortes del gobierno en Cultura tanto a los trabajadores de las artes como a la población en general? Los recortes en Cultura afectarán directamente al mundo artístico y a la ciudadanía en general. Desde nuestra perspectiva, existe una mirada política que históricamente ha considerado a los trabajadores de las artes como un sector prescindible o incluso como personas que viven a costa del Estado. Esa visión ha instalado la idea de que la cultura no es una prioridad frente a otras necesidades del país, cuando en realidad cumple un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad crítica y democrática. Nos preocupa que el Ministerio de las Culturas haya sido uno de los más afectados por los recortes presupuestarios, porque eso tendrá consecuencias concretas: habrá menos producción de teatro, música, cine y otras expresiones artísticas, desaparecerán programas de apoyo y disminuirán las oportunidades para crear y difundir obras que abordan temas sociales o políticos. Es muy probable que producciones como Mauro, Painecur o Levita encuentren cada vez menos espacios para presentarse, mientras que se privilegiarán propuestas más comerciales, como musicales o historias de entretenimiento, porque serán las que puedan sostenerse económicamente. Creemos que el acceso a la cultura debería entenderse de la misma manera que el acceso a la educación o a la salud. Durante la pandemia quedó en evidencia que las personas recurrieron constantemente a la cultura para enfrentar el aislamiento: vimos películas y series, leímos libros, escuchamos música y consumimos distintas expresiones artísticas que ayudaron a sostener la salud mental de la población. Por eso pensamos que reducir el financiamiento cultural significa también limitar un derecho de las personas. Además, nos parece peligroso instalar la idea de que la cultura es un gasto prescindible. Si se acepta ese discurso, mañana podría decirse lo mismo de la educación, de la salud o de la vivienda. Son derechos que forman parte del bienestar de la sociedad y que no deberían evaluarse únicamente desde una lógica económica. También es importante recordar que los trabajadores de la cultura somos trabajadores como cualquier otro. Muchas veces se piensa solo en los actores conocidos, pero detrás de cada obra existe un ecosistema completo de personas: técnicos, diseñadores, iluminadores, sonidistas, productores, personal de aseo, de seguridad y muchos otros oficios que también dependen del desarrollo de la actividad cultural. La realidad es que el sector artístico vive una fuerte precarización laboral. Según los estudios que mencionamos, el ingreso promedio de quienes trabajan en las artes escénicas ronda los $400.000 mensuales, una cifra inferior al sueldo mínimo vigente. Además, la mayoría de nosotros se atiende por Fonasa, enfrenta el aumento del costo de la vida y sufre las mismas consecuencias que cualquier trabajador cuando sube el precio de la bencina, del pan o cuando se reducen los servicios públicos. Por eso creemos que los recortes en Cultura no afectan únicamente a los artistas. Impactan a miles de trabajadores y también a toda la población, que pierde espacios de encuentro, reflexión, participación y pensamiento crítico. Defender la cultura no es defender un privilegio, sino proteger un derecho que fortalece la vida democrática y el tejido social. Compañía La Familia Teatro

Según datos de la Tesorería, los embargos por deuda CAE avanzan en 3 grupos de deudores separados por nivel de ingresos, y tienen un objetivo principalmente disciplinario para regularizar la deuda vía convenios, que representa un 52% de lo recaudado en 2026, versus un 7% vía embargos. El martes 16 de junio la Tesorería General de la República (TGR) expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre los embargos realizados a deudores CAE. A continuación exponemos una breve síntesis de los datos expuestos por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda: Entre enero y mayo de 2026 la Tesorería ha recaudado un total de $59.225 millones de pesos, distribuidos en: 1) $30.818 millones vía nuevos convenios de pago, incluyendo pie y cuotas; 2) $20.208 millones vía compensaciones por operación renta y 3) $4.207 millones vía embargos a las cuentas bancarias de 1.535 personas. Según distribución de lo recaudado: los convenios representan el 52%; las compensaciones vía operación renta el 34% y los embargos de cuentas bancarias solo el 7% del total (en la exposición de la TGR no se informa a qué corresponde el 7% restante). Primer grupo: Hasta hoy, los embargos se habrían concentrado en 1.535 personas que tendrían un sueldo mayor a $5 millones (0,3% de los 565.263 deudores morosos), Según las cifras de la misma TGR (datos de ingresos corresponden al año tributario 2025). Segundo grupo: Después vendrán por los 90.933 deudores ya demandados para ser embargados con sueldos de entre $1,5 y $5 millones (16% del total de deudores morosos). Tercer grupo: Una posible tercera ronda de embargos, serían las 470.795 personas con deuda morosa que tienen un sueldo menor a $1,5 millones, que representan el 83% del total de deudores morosos, notificados en abril y mayo para que firmen convenios bajo amenaza, sin ser aún demandados de acuerdo a lo expuesto por la TGR. Este plan de embargos del gobierno tiene un objetivo principalmente disciplinario, y apunta a generar convenios a través del miedo. En particular en los segmentos con sueldos menores a $1,5 millones de pesos, que tienen menos patrimonio para embargar, pero sí un salario del cual poder sacar una tajada todos los meses durante largos años. ¿Quiere decir esto que los embargos no se expandirán hacia un segmento más amplio de deudores de ingresos menores a $3 millones de pesos? No. Eso depende de la voluntad política del gobierno y de los objetivos que persiga a través de esa decisión, y al menos por ahora, todo apunta que sí avanza en esa dirección. Lo que es claro, es que si lo que busca es recaudar dinero, no es una medida eficaz, porque la capacidad de pago disminuye a medida que avanza sobre segmentos más empobrecidos. Revisa acá la presentación de la TGR en la Comisión de Hacienda Lee acá Movimiento de deudores del CAE convoca a movilización nacional el 25 de junio

El problema de las precarias condiciones en las que estudiamos o para qué futuro estudiamos, no se va a resolver en el SLEP ni en el Mineduc, porque la orden de recortar los recursos viene de más arriba y apunta contra toda la clase trabajadora. Esto quiere decir que los problemas y necesidades que tenemos quienes hoy estudiamos, no los tenemos por el solo hecho de ser estudiantes, sino más bien por la clase social a la que pertenecemos, lo cual debemos tener muy presente a la hora de pensar qué educación y país queremos y cómo nos organizamos para ello. El actual momento político se caracteriza por una ofensiva del gran capital que consiste en aumentar los niveles de ganancia a costa del empobrecimiento masivo. Esto se materializa a través de distintas vías, como recortes al gasto público (salud, vivienda, educación, etc.), traspaso del alza de los combustibles a las familias trabajadoras, alzas en la cuenta de la luz y ahora también de los insumos para producir alimentos, y por efecto de todas estas, alzas en todo lo que consumimos, mientras nuestros salarios se mantienen estancados. El principal aspecto de la vida al cual hoy tenemos que poner atención es que nuestras familias tienen cada vez menos dinero para cubrir nuestras necesidades, para alimentarnos, pagar arriendo, medicamentos, cuentas, ropa, transporte, etc., sin ser la deuda una solución, porque ya estamos endeudados por una casa, por estudiar o para vestirnos, o porque simplemente no tenemos ingresos para acceder a un crédito que seguramente no tendremos cómo seguir pagando en 10 o 20 años con intereses. En este escenario de empobrecimiento, la angustia de cómo llegar a fin de mes obliga a nuestras familias a buscar una salida, donde la única opción para la gran mayoría es trabajar más horas o buscarse una segunda y hasta tercera pega. Eso que se llama sobreexplotación, es el principal mecanismo que usa el gran capital para reproducirse, y nos deja cada vez con menos tiempo y más angustias. Esta sobreexplotación es la causa de muchos problemas de salud mental, mientras el sistema nos dice que la responsabilidad es nuestra, que somos flojos o queremos todo gratis. ¿Quiénes somos los estudiantes y qué lugar ocupamos en la sociedad? El periodo de nuestra vida que lo pasamos en el colegio, en el centro de formación técnica o la universidad es una etapa en la vida, y en ese sentido como jóvenes populares siempre debemos luchar por estudiar en condiciones dignas, pero el problema de las precarias condiciones en las que estudiamos o para qué futuro estudiamos, no se van a resolver ni en el SLEP ni en el Mineduc, porque la orden viene de más arriba y apunta contra toda la clase trabajadora. Por eso nuestra mirada de la realidad no puede quedar encerrada. Esto quiere decir que los problemas y necesidades que tenemos quienes hoy estamos estudiando, no las tenemos por el solo hecho de ser estudiantes, sino más bien por la clase social a la que pertenecemos: un estudiante de un colegio particular pagado de Vitacura no vive los problemas de infraestructura o falta de insumos que vive un estudiante de un colegio público de cualquier población del país. Lo mismo aplica para la educación superior. Quienes estudiamos, no somos entes que nos prendemos al entrar al colegio y nos apagamos al salir. Tenemos toda una vida afuera, relaciones, necesidades, deseos, conflictos, etc. Esto que parece obvio, no lo es tanto cuando pensamos en el problema de cómo construimos organización estudiantil. ¿Es que acaso la organización estudiantil solo tiene que ocuparse de los problemas que tenemos en nuestro lugar de estudio? ¿Como estudiantes no tenemos nada que decir sobre cómo suben el precio de la comida, el transporte, la salud o la vivienda? ¿No tenemos nada que hacer ante el empobrecimiento de nuestras familias y vecinos, que también es el nuestro? Al menos vale la pena discutirlo y explorar formas de organización que vayan más allá del problema inmediato en la sala de clases. A lo largo de la historia, el movimiento estudiantil ha podido influir en la situación política nacional no solo a través de procesos de lucha por demandas educacionales, sino también desplegando la protesta contra el empeoramiento de las condiciones generales de vida. Basta recordar el detonante de la revuelta de 2019: el alza del transporte público en $30 pesos -dentro de un contexto específico-, que avivó la evasión masiva en los metros como principal método de protesta, recibiendo la simpatía del resto de la población, cuyo malestar siempre latente conectó con la irrupción secundaria. Desde El Pincoyazo creemos que hoy es necesario rescatar esta versatilidad que ha tenido el movimiento estudiantil a lo largo de la historia, pero no solo desde el plano de la protesta, sino también para reconstruir el tejido social más allá del lugar de estudio, creando espacios de trabajo y organización entre estudiantes y también junto a otros segmentos de la clase trabajadora. Y en ese proceso, discutir en conjunto qué tipo de educación y sociedad queremos para el futuro, y ya no solo protestar contra lo que nos pone enfrente el gobierno de turno.

Más de 500 personas se convocaron este lunes para organizarse ante los embargos iniciados por el gobierno, acordando defender la condonación de la deuda, poner fin a los embargos y restituir los ingresos expropiados. Este lunes 15 de junio se dieron cita más de 500 trabajadores y trabajadoras endeudadas por la educación en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santiago, para organizarse ante los embargos impulsados por el gobierno de Kast, que ha comenzado a desvalijar los ingresos de miles de familias. Principales objetivos Durante la jornada se decidió a mano alzada y por casi unanimidad avanzar en la lucha por una solución definitiva al problema, que es la condonación de la deuda educativa, junto con exigir el fin a los embargos injustos y la restitución de los dineros expropiados de las cuentas de las familias trabajadoras. Comisiones de trabajo También se decidió crear comisiones de trabajo para abordar distintas áreas en las que las personas afectadas por la deuda participarán de forma activa para defender sus intereses. Movilización nacional La asamblea acordó llamar a una movilización nacional para el próximo jueves 25 de junio, llamando a los afectados de todo el país a levantar asambleas de deudores y adoptar formas propias de organización para enfrentar la ofensiva empobrecedora del gobierno, que aplica mano dura a quienes viven de su trabajo, mientras sí condona las deudas tributarias de grandes empresas, a quienes además busca bajarle los impuestos. Debate interno Durante el curso de la asamblea se abrió un debate en torno a si es posible que exista una deuda justa, ante el planteamiento de la Coordinadora Nacional de Deudores CAE (otra organización que se hizo presente), quienes defienden la idea de humanizar la deuda, cuyo petitorio incluye la idea de pasar la deuda a pesos sin reajuste de UTM, acordar convenios flexibles con la Tesorería y pagar solamente la deuda por la que demandó el banco. Desde la asamblea surgieron voces que criticaron esta postura de la Coordinadora, por renunciar a defender el derecho a la educación al validar a la banca en su financiamiento, y por no considerar las condiciones usureras de los convenios de pago que hoy impone el gobierno a través de la Tesorería, los cuales no son posibles de sostener por el bolsillo de la gran mayoría de deudores, ya que están diseñados para seguir inflando la deuda, lo que significa que en el mejor de los casos el embargo solo se patea para el futuro. Tras someterse a votación, la asamblea rechazó de manera casi unánime la convocatoria a movilización de la Coordinadora, proponiendo en su reemplazo una jornada de protesta nacional por poner fin al endeudamiento en la educación, el fin de los embargos y la restitución de los ingresos expropiados. Lee acá: Cobro a deudores del CAE: una amenaza para disciplinar a la población Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Por Comunidad Tumbera del Mapocho “Avergonzado de si mismo, inferiorizado, el negro se coloca la mascara blanca” F. Fanon Al caminar por las calles de Santiago, nos encontramos con múltiples avenidas cuyos nombres muchas veces desconocemos, pero que parecen significativos para la historia de este territorio. Nombres como Pedro de Valdivia, calle Estado (antiguamente llamada la Calle del Rey), Alonso de Ovalle, Lord Cochrane, entre otros, resuenan en la memoria colectiva y se constituyen como iconos de la configuración de desarrollo de la ciudad que habitamos. Ante eso, hoy nos preguntamos ¿existen nombres invisibles que sostuvieron la construcción patrimonial que en este día se celebra? La construcción de ciudades está permeada y constituida por decisiones políticas que elaboran y determinan la narración que cada ciudad representa. Los personajes e hitos que se visibilizan y exaltan contribuyen a la construcción de un estado-nación sólido y regenerativo, sostenido por la necesidad permanente de identidad “estar dentro” y por tanto, elaborando de manera sistemática quien “está fuera”, dando origen, regeneración y continuidad al imaginario de lo marginado y segregado. Esta dualidad identidad-segregación se estructura como la columna vertebral que impone y determina la ciudad y sus formas, dando cuerpo urbano a lo que debemos ser “aspiramos” y lo que se necesita ocultar de nuestra historia “olvidamos”. Hoy identificamos como una necesidad interpelar lo que está adentro desde afuera, posicionando nombres y realidades que han estado históricamente segregadas. El relato de Chile se ha construido desde el olvido y la negación; el blanqueamiento constituye un dispositivo que se expande por los diversos discursos y lugares, modelando el entendimiento de nuestra identidad. En el marco del Día de los Patrimonios, queremos visibilizar el trabajo físico y material detrás de los símbolos del Estado chileno; construidos por manos trabajadoras, pobres, negras, cholas y muchas veces manos esclavas, porque sí, es necesario reconocer que en Chile hubo esclavitud y que la afrodescendencia ha sido y es parte de la historia de este territorio y hacerlo parte de los discursos oficiales. Intervención en el marco del Día de los Patrimonios 2026 No es aceptable que el expresidente Ricardo Lagos, el año 2000 y en el marco de la Conferencia Prepraratoria de Durban - Cumbre Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia - respondiera que no había afrodescendientes en el país “porque habían muerto de frío” (Huenchumil J., 2020). Este hecho resalta y devela como el negacionismo y la búsqueda de un relato blanqueado, desde la chilenización ha intentado borrar la presencia afro en nuestro territorio. Es bajo este contexto que buscamos contribuir a la visibilización de quienes están detrás de los símbolos levantados por el Estado chileno. Estas personas, que en muchas ocasiones y como forma de castigo, eran enviadas por sus amos y utilizadas como mano de obra forzada en la construcción de obras públicas de la ciudad de Santiago, especialmente durante el último tercio del siglo XVIII (González - Undurraga, 2013). Participaron en obras emblemáticas como el Puente Cal y Canto y los Tajamares de Santiago. Entre estas personas se encontraba Francisco, hombre negro esclavizado por Gaspar Herrera, quien fue llevado en 1773 a la cadena del Puente y azotado como forma de castigo (González - Undurraga, 2013). En estos espacios, además, funcionaban prisiones improvisadas conocidas como “la cadena”, donde eran destinadas tanto personas acusadas por delitos menores como personas enviadas por sus amos, quienes permanecían allí durante semanas o meses como sanción por lo que consideraban sus faltas. El Puente Cal y Canto, fue la primera gran obra del programa de “Rehabilitación de la Capital” impulsada por el corregidor Luis Manuel de Zañartu y se extendió entre 1767 y 1799. Mucha de la construcción patrimonial contiene en sus bases relatos silentes, de explotación e injusticia, que al institucionalizar el olvido e invisibilización como móvil, cristalizan una historia urbana sin memoria, una narrativa de lo que somos donde se enaltece y favorece a los de siempre, perpetuando un modelo donde algunos quedan dentro y otros fuera, nos preguntamos entonces ¿Cuál es el objetivo de esta negación? ¿Qué persigue la invisibilización histórica del Estado chileno? Por medio de esta omisión el Estado chileno busca mantener una imagen de nación blanca, occidental y homogénea. Al negar la presencia afrodescendiente, indígena o mestiza, se acerca simbólicamente a un ideal europeo de “civilización”. En las sociedades coloniales como la nuestra, la blancura se convierte en un símbolo de humanidad, progreso y razón, mientras que lo negro queda asociado a lo inferior, atrasado o bárbaro. La colonización como sostén de dominación, busca preservar de manera infinita una jerarquía racial y cultural, que mediante la omisión materializada en la invisibilización de la realización de construcciones coloniales por personas negras esclavizadas o la minimización de la presencia afrodescendiente en Santiago y otras ciudades del territorio, reforzando un imaginario nacional donde lo negro/afro es inexistente o ajeno a la identidad chilena. El/a sujeto/a colonizado/a internaliza esta lógica y busca ponerse la máscara, adoptando la cultura, el lenguaje y los valores del dominador para obtener reconocimiento. En nuestro caso, esto puede verse en la construcción histórica de una identidad nacional que ha privilegiado lo europeo, mientras niega o subordina nuestras raíces indígenas y africanas. La invisibilización funciona entonces, como violencia simbólica obligando a ciertos cuerpos y memorias a desaparecer para que la nación continúe en un imaginario blanco y moderno, dentro del marco patrimonial impuesto. Esta dualidad de segregación e integración presente en la ciudad, como representación del modelo, impacta no solo en lo material y económico, sino que también construye una subjetividad excluyente que refuerza constantemente el rechazo a aquello que no encaja en los marcos de la integración social. En este caso, se descarta la afrodescendencia dentro del territorio, promulgando un relato histórico blanco en favor de la aceptación dentro de la urbe, negando las manos que construyen, levantan y pavimentan las calles por donde camina el ciudadano. Esta fórmula estructural e instituida que da morfología a la manera en que construimos la ciudad y el patrimonio, se replica como un pulso que le da el ritmo a Santiago. En el presente es imposible negar la omisión de presencia de manos afrodescendientes y pobres en la construcción de cientos de espacios y mobiliarios públicos y privados, junto con la fuerte presencia afrodescendiente en labores de servicios y faenas precarizadas. Se trata de relatos que repiten la omisión, expulsión y racialización de los trabajos que levantan la ciudad y dan cuerpo al mal llamado desarrollo. Por estas razones desde la Comunidad Tumbera del Mapocho, buscamos por tercer año consecutivo, irrumpir en la festividad del Dia de los Patrimonios, con el horizonte de visibilizar estos relatos ocultos que nos constituyen como movimiento. Buscamos relevar la importancia del conocimiento masivo de la presencia afrodescendiente en el territorio, del cual muchos y muchas somos parte, y hacemos un llamado urgente a la problematización, el cuestionamiento y rechazo de toda práctica racista dentro del mismo. Consideramos que evidenciar la historia es un gran paso, puesto que permite comprender el germen racista que se expande a través de los relatos coloniales; y así mismo, esta búsqueda de información silenciada, nos permite entender quienes somos, que hemos obviado y cuales son los factores racistas y clasistas que componen nuestras concepciones de país y desde ahí configurar cómo podemos avanzar de manera concreta hacia formas de vida con una conciencia real y profunda del daño que generó y continúa generando el modelo colonizador del cual somos parte. Intervención en el marco del Día de los Patrimonios 2026 Referencias: -Fanon, F. (1974). Piel negra, máscaras blancas. Schapire. -Huenchumil J., P. (2020, junio 20). “Aquí no hay negros”: la desconocida historia del racismo del Estado contra los afrochilenos. Interferencia. https://interferencia.cl/articulos/aqui-no-hay-negros-la-desconocida-historia-del-racismo-del-estado-contra-los-afrochilenos -González-Undurraga, C. (2013). Una ciudad con esclavos y esclavas. I. “para un todo”: ocupaciones de esclavos y esclavas en la documentación judicial. En Esclavos y esclavas litigantes: justicia, esclavitud y prácticas judiciales en Santiago de Chile, 1770-1823 (pp. xx-xx). El Colegio de México.

Pérdida de gratuidad, PGU y subsidio de arriendo por cometer “delitos” relacionados a la protesta; mercantilizar la tierra indígena; mercantilizar la educación parvularia; retornar a la selección escolar; incentivar la deuda hipotecaria y desregular el suelo fueron las principales medidas anunciadas. A continuación, extractos de las principales medidas anunciadas en la Cuenta Pública de este 2026: Proyecto de ley de registro de vándalos e incivilidades Doble sanción por delitos “En los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, que permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros. Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”. Doble sanción por incivilidades “De la misma manera, hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario. Estas conductas, también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales”. Proyecto de ley para aumentar el sueldo a carabineros “En las próximas semanas, ingresaremos un proyecto de ley, para mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos Carabineros, y asimismo, propondremos incorporar una asignación trimestral, que mejore las remuneraciones de nuestros policías, desplegados en barrios y calles de nuestras ciudades”. Proyecto de ley para mercantilizar la tierra indígena “Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena. Adicionalmente ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra. Para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles postular a subsidios habitacionales”. Defensa de los recortes al gasto público “Nuestro Gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos, que permiten que la situación no empeore aún más. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales”. Anuncio de subsidio por hijo de $30.000 “Vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita”. Expansión urbana para la vivienda “Queremos que Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios. Vamos a reducir la burocracia que explica casi dos tercios del tiempo de espera. Propondremos abrir los programas habitacionales a la clase media, elevando las postulaciones hasta las 4.000 UF con un fondo de garantía estatal. Impulsaremos, asimismo, una reforma al suelo urbano, a través de la Operación Sitio 2.0. Para lograrlo, traspasaremos más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales, hoy sin uso, para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales”. Proyecto de Ley de Escuelas Protegidas “Se desatendió el aprendizaje y se debilitaron valores esenciales como el respeto, el orden y la disciplina. La violencia ganó terreno en nuestras escuelas. Este año, en Calama, la inspectora María Victoria Reyes fue la víctima fatal del ataque de un estudiante armado. Por eso ingresamos al Congreso el proyecto Escuelas Protegidas, para que los establecimientos puedan prevenir y enfrentar la violencia”. Proyecto de Ley de Selección Escolar “Asimismo, devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder. Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo. Acercaremos las familias a las escuelas, daremos a los directores herramientas para volver a ser líderes pedagógicos y no meros administradores”. Sala Cuna Universal “Finalmente, en una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres, el próximo 15 de junio ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Para ello, impulsaremos un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”. Infraestructura para la Inteligencia Artificial “Seguiremos fortaleciendo la infraestructura crítica que requiere la economía de la inteligencia artificial: capacidad de cómputo, energía competitiva, conectividad, centros de datos y talento especializado. Nuestro desafío es claro: Chile debe pasar de exportar principalmente materias primas a capturar una mayor parte del valor que generan las cadenas tecnológicas del futuro. El objetivo es que la revolución de la inteligencia artificial no solo se consuma en Chile. Queremos que también se diseñe, se entrene, se construya y genere empleo desde Chile”. Inversión en puertos “Vamos también a expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio, con cerca de 2 mil millones de dólares, porque una mejor infraestructura portuaria es sinónimo de mejores empleos y mayor competitividad para Chile”. Reducción de ministerios “En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. Asimismo, convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios”.

Bolivia cumple tres semanas de bloqueo de las principales rutas, incluidas su capital, exigiendo aumentos salariales, detener las reformas neoliberales, retomar subvenciones al combustible y la renuncia del presidente Paz. De esta forma, el movimiento popular boliviano muestra la vigencia de la huelga general como herramienta de lucha de las y los trabajadores en contra de la precarización de la vida y la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El contexto geopolítico Desde que en noviembre de 2025 Rodrigo Paz asumió el gobierno en Bolivia, el país solo se ha convulsionado, luego de diversas medidas neoliberales adoptadas para achicar el Estado mediante la privatización de servicios sociales y empresas estatales, siguiendo los consejos de grandes empresarios bolivianos, trayendo aumentos en el costo de la vida brutales para la gran mayoría de la población. Para el pueblo boliviano esto no es nuevo ni casual, sino que responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos (EEUU) en un contexto de declive de la hegemonía de ese país y el avance hacia un mundo “multipolar” con el reacomodo de las áreas de influencia de las potencias regionales (Rusia, China, Irán). Esta agenda se expresa en distintos acuerdos con los gobiernos títeres de derecha en América Latina, con los que EEUU impulsa políticas neocoloniales para controlar los recursos naturales estratégicos y las cadenas de suministro, como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad. En Bolivia, a través de Rodrigo Paz, EEUU busca controlar la producción agroindustrial y la explotación del gas, recursos estratégicos en un contexto global convulsionado como el actual. Detonante del levantamiento popular El pasado 01 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un Paro General indefinido en apoyo a campesinos e indígenas que denunciaban que la Ley 1720 que se impulsaba en realidad era una contrarreforma agraria encubierta. Concretamente, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari (FDUTCLP-TK), acusan que la Ley 1720 que buscaba reformar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) beneficiaría a empresarios agroindustriales que buscan acaparar tierras indígenas y deforestar la selva. Durante las últimas semanas, a estas movilizaciones se han sumado más organizaciones, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (FEJUVE), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN). Reformas neoliberales, la causa de las protestas: El detonante de las protestas fue la promulgación de la Ley 1720 el pasado 8 de abril, impulsada por el senador y productor de soya, Branko Marincovic, denunciada como una contrarreforma agraria encubierta, ya que buscaba permitir que pequeños propietarios rurales reclasificaran sus tierras para acceder a créditos bancarios, utilizando sus terrenos como garantía. Esto implicaba que la tierra dejaba de ser inembargable para convertirse en un activo financiero ejecutable, facilitando el cambio del uso de suelo y la deforestación de la selva. Finalmente, la ley fue derogada el 13 de mayo, pero a esa altura las protestas habían escalado y exigían la renuncia del presidente. Esto se sumó al Decreto Supremo 5503 del 15 de diciembre que eliminó las subvenciones a los combustibles (aumentando el costo de la bencina un 80% y del diesel en 160%) y que también realizó una reforma tributaria para disminuir los impuestos por 15 años a las nuevas inversiones y congelar el salario mínimo. Si bien el 11 de enero de 2026 Paz llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), dos días más tarde el gobierno publicó el DS 5517 reafirmando la eliminación del subsidio a cambio de la exención del IVA para los combustibles importados. En febrero también estalló una polémica por la distribución de combustible en mal estado, dejando inutilizables más de cinco mil vehículos. Estos sucesos junto a las medidas del gobierno de Paz han provocado una nueva crisis económico-social, sumando la escasez de dólares y una inflación del 20% en 2025, tanto así que el mismo FMI ha proyectado una inflación que oscila entre el 14% y el 20% para el año 2026. Las movilizaciones populares y la respuesta del gobierno El 1 de mayo la COB declaró un Paro General indefinido exigiendo anular la reforma al INRA en apoyo a la demanda de la CSUTCB y aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Pero con el paso de los días, la demanda principal evolucionó a exigir la renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia. Quienes hoy apoyan a Rodrigo Paz, también han convocado movilizaciones en Santa Cruz y La Paz, alimentando la división del pueblo boliviano con actos racistas contra indígenas, obreros y campesinos. Los primeros días fueron bloqueadas las vías de acceso a La Paz, El Alto y Oruro, luego se sumaron Chuquisaca y Cochabamba, extendiéndose en las últimas semanas por todo el país con más de 40 puntos de bloqueo. Una de las acciones más relevantes fue la “Marcha por la Vida” que comenzó en Oruro el 12 de mayo y llegó a La Paz el 18 de mayo. A esta movilización el gobierno respondió con más represión y órdenes de captura contra Argollo de la COB, Justino Apaza de la FEJUVE y del expresidente Evo Morales, a quienes Paz acusa como responsables de las acciones para desestabilizar su gobierno. El sábado 16 de mayo Rodrigo Paz pudo quebrar un sector del movimiento popular y anunció un acuerdo con maestros de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, acordando mayor presupuesto para educación, siendo acusados de traición. En paralelo, el gobierno desplegó cerca de 3.500 policías y militares para desbloquear los accesos a la ciudad de La Paz y El Alto, con la excusa de habilitar un “Corredor Humanitario” para el paso de alimentos, oxígeno, medicinas y detener a los protagonistas de las protestas. El 20 de mayo, Paz anunció un cambio de gabinete y la creación de un consejo económico-social, buscando descomprimir el conflicto a través del juego comunicacional, incluyendo a fuerzas políticas que inicialmente no formaron parte de su gobierno pero que no tendrá mayores efectos sobre el conflicto. Neocolonialismo estadounidense y represión argentino-israelí Rodrigo Paz recibió asesoría durante su campaña de Nurmen-Parscale, consultora vinculada a Trump que también movió los hilos en las campañas de Milei en Argentina (2023) y Asfura en Honduras (2025), países que de forma casi calcada tomaron un giro geopolítico que incluyó emitir deuda con el FMI, retomar relaciones estrechas con Israel, permitieron la operación de Starlink y firmaron acuerdos comerciales en favor de EEUU. Parte de esta red salió a la luz recientemente a través del Hondurasgate. A ello se suma el hecho que Fernando Cerimedo, socio de Parscale y Trump, y que ya operó previamente en Argentina con Milei, es hoy uno de los principales asesores de Paz en Bolivia. Los gobiernos de ultraderecha títeres de EEUU e Israel también manifestaron su respaldo al gobierno de Paz, entre ellos, los de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y por supuesto, Estados Unidos. Aunque el gobierno descartó la privatización de empresas estratégicas, en reiteradas ocasiones ha declarado que al menos 17 empresas estatales se encuentran en quiebra, alimentando sospechas de posibles privatizaciones. De hecho, el 28 de abril se conoció un acuerdo con EEUU para atraer inversiones en servicios, energía y explotación de minerales raros como el litio y el oro para asegurar la cadena de suministro a dicho país, confirmando las sospechas. A la defensa de la pequeña propiedad campesina, del medio ambiente, los recursos naturales y la soberanía plurinacional, se suma la molestia por la negociación secreta de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US $3.300 millones, el que podría condicionarse a las reformas neoliberales de Paz. Asimismo, los movimientos populares denuncian que la ayuda humanitaria (supuestamente alimentos, medicinas y otros insumos) enviada en aviones Hércules C-130 por encargo del presidente argentino, Javier Milei, en realidad se trataría de elementos para reprimir las protestas enviadas por Israel y Argentina. Crisis diplomática con Colombia Este domingo 17 de mayo el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de X declaró que “Bolivia vive una insurrección popular”, ofreciendo como mediador a su gobierno para “buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana" y mostrando su apoyo al expresidente boliviano Evo Morales. Justificado en los dichos de Petro, el miércoles 20 de mayo el gobierno de Paz decidió expulsar a la embajadora de Colombia, Elizabeth García. En reciprocidad, el gobierno de Colombia expulsó al embajador de Bolivia Ariel Percy Molina Pimentel, aplicando el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

El Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso comparte su experiencia sobre el proceso de traspaso al SLEP y los problemas que enfrentaron: despidos masivos y cambios en las condiciones laborales se repiten a nivel nacional en un nuevo sistema amarrado al modelo neoliberal desde su concepción, y que hoy Kast busca frenar para conservar el sistema desigual de municipalización. La idea de realizar una entrevista al Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaìso, nace por querer conocer las experiencias de las organizaciones en sus procesos de lucha y defensa de la educación pública, algo importante en este momento en que el gobierno de Kast busca por todos lados profundizar el sistema de mercado implementado en dictadura, desprestigiando y desmantelando la educación pública. Una de las preocupaciones actuales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación municipal son los próximos traspasos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de los cuales hay poca información de su implementación y los problemas asociados, pero también de las experiencias de organización que se podrían replicar en los territorios que aún no viven el traspaso de la administración, en pos de defender sus intereses. La entrevista fue realizada en el mes de febrero de este año y participaron Michael Humaña y Catalina Schiappacasse, representantes del directorio del SUTE Valparaíso. Contexto político de recortes Hoy, ya instalado el gobierno de Kast, vemos cómo avanza su agenda anti pueblo. Por un lado, junto con impulsar medidas represivas que socavan el ambiente escolar, la ministra Arzola se prepara para detener la implementación de los nuevos Servicios Locales, respondiendo a las exigencias ideológicas y financieras de los municipios más ricos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dado impulso a una criminal reforma tributaria y un plan de recortes presupuestarios anti derechos sociales, golpeando con violencia a la educación pública, disminuyendo en $198 mil millones de pesos el presupuesto anual, lo que representa cerca de $3.000 millones menos por SLEP en promedio, o que se traduce en que: - Se suspenderán las inversiones en infraestructura escolar. - Se iniciarán procesos de fusión y cierre de establecimientos escolares. - Se instruirá a los SLEP a iniciar procesos de despidos masivos de docentes y asistentes de la Educación. Según las orientaciones de Hacienda, este ajuste presupuestario se pretende extender al menos hasta el 2031, tiempo suficiente para la debacle de la educación pública chilena, y posible gracias a una gestión neoliberal de Boric, que mientras contuvo al movimiento social, no hizo ningún cambio relevante en resguardo de la educación pública, como pudo ser una nueva ley de financiamiento basal y estratégico para robustecer el sistema a largo plazo. Hoy la agenda mercantil de los Chicago boys sigue tan vigente como antes y la posibilidad de detenerla solo depende de la fuerza que logre desarrollar el movimiento movimiento popular. Pregunta: ¿Cómo vivieron la experiencia del traspaso al SLEP? Me refiero a si sabían cómo se venía la mano con el traspaso, ¿se prepararon con tiempo?, ¿ya venían organizados o fue más bien sobre la marcha que se organizaron? Respuesta: Mira, como para tratar de ordenarlo esquemáticamente, lo voy a separar en al menos dos líneas fuerza: lo político y lo técnico. Porque esto tiene un tema político y un tema técnico que muchas veces pareciera que caminan por separado. En lo político, nosotros como SUTE Valparaíso, venimos participando de las discusiones antes de que se aprobara la ley, cuando empezaron los debates, incluso, cuando tenían otros nombres de antes que se llamaran SLEP. Tuvo dos momentos: en el gobierno de Bachelet cuando comienza la discusión y luego en el gobierno de Piñera, donde se amarran las discusiones. Ahí es donde se llegan a los acuerdos políticos de lo que va a ser la transición a la desmunicipalización. En este proceso participaron varios de los que hoy día son personeros del Ministerio de Educación, incluyendo el ministro de Educación de Boric (Nicolás Cataldo), como parte de los equipos asesores del gobierno de Bachelet. Estuvieron los equipos de Piñera también, de la Fundación Futuro. Bueno, ahí se zanjaron los acuerdos políticos que finalmente fueron llevados al Parlamento al momento de acordar la ley, el acuerdo de desmunicipalizar. Pero previo a esto, se había acordado lo que era la Ley de Inclusión de Bachelet, en donde uno de los acuerdos de amarra en esa ley fue que se acababa el copago que hacían las familias de los particulares subvencionados. La amarra que hicieron los privados fue que cada peso que fuera al sistema público es un peso que también se iría al sistema privado, amarras políticas que fueron quedando en las negociaciones previas al acuerdo de la desmunicipalización (traspaso a SLEP). El segundo acuerdo importante es que -entre los sectores políticos- se repartieron la administración de los servicios. Eso también es un acuerdo. De hecho, crean una comisión binominal, porque finalmente todo lo trabajaron en la lógica binominal entre equipos de expertos de Bachelet y Piñera. Pero además de acordar ese equipo de expertos, que es 50/50 entre los dos bloques, acordaron la repartija de las direcciones, la dirección ejecutiva de los servicios locales. Entonces parte importante de las negociaciones que se hacen previo a cada gobierno es cuántos servicios va a traspasar cada gobierno, porque finalmente es el presidente el que elige a los directores ejecutivos, independiente de que se tramiten por alta dirección pública (ADP). Pero además, los concursos de ADP sabemos que en Chile no son transparentes. Así, todo, todo, todo tiene que ver con la administración de las lucas, que finalmente van a administrar los servicios y está todo acordado binomialmente. Esto demuestra que se trata de un acuerdo totalmente antidemocrático, a espaldas de las demandas estudiantiles, ¿cierto?, de la vuelta de la educación al Estado y todo lo que significó el 2006, porque estas amarras vienen desde las peleas de los pingüinos en 2006, y finalmente con la desmunicipalización la escuela no vuelve al Estado, porque los servicios locales crean una tercerización similar a la de las corporaciones municipales. Por lo tanto se sigue tercerizando el servicio, no se cambia nada de la estructura de la educación pública, particularmente el financiamiento, que es lo que permite que la educación pública sea un fracaso y no salga adelante. En este caso, como se mantiene la lógica del voucher y la precarización financiera, sabemos que es una extensión del fracaso e incluso peor aún, porque en el caso de las municipalidades, los municipios por ley pueden todavía y podían inyectar los recursos propios. El servicio local no tiene recursos propios. Por lo tanto, si no tiene plata, no hay dónde sacar, así de simple. Los municipios sí lo podían hacer, generando deuda, con todo lo que hemos visto también que ha sido parte de la precarización, pero sí lo podían hacer. Hoy día no se puede. Esta precarización se sabía que vendría. Fue parte de las negociaciones de no tocar el sistema de financiamiento.Y cómo se nota esas negociaciones que este gobierno (Boric) teniendo la posibilidad de levantar y cambiar el sistema de financiamiento, no lo hizo. Entonces, todo eso es parte de los acuerdos políticos que fueron previos a la aprobación de la ley 21.040 como tal. Luego viene la bajada técnica, que es donde finalmente se terminan dando los delegados, cómo se instala el proceso de traspaso, que siempre es complejo porque finalmente la mayoría de los municipios tienen deuda. Por lo tanto, al momento de traspasar al sistema, nos encontramos primero con las deudas de los trabajadores, que vienen desde las deudas previsionales, Y un montón de otros ítems que se arrastran en negociaciones colectivas, que los alcaldes le inflan meses o un año antes del traspaso. Entonces, inflan negociaciones colectivas para ganar votos y después el sistema no es capaz de sostener esas negociaciones y, por lo tanto, cuando tú eres traspasado, después no te reconocen nada y ahí se cae, ¿cierto? Todo el trabajo de las peleas sindicales, porque los alcaldes han utilizado esto también como un caballito de batalla para negociar, sobre todo cuando se acercan los procesos electorales. Pregunta: Y ustedes como organización, ¿estuvieron haciendo un seguimiento? Por ejemplo, de lo que nos cuentas ahora del pago de las remuneraciones ¿Cómo participaban dentro de toda esta problemática que había? Respuesta: Nosotros, cuando nos tocó traspasar en Valpo, tuvimos seis meses para hacerlo, todo en seis meses. El municipio y el equipo de servicio local tuvieron que armarse e instalarse antes de recibir todo, más de 3.000 trabajadores, y más de 50 establecimientos de educación. Todo fue en seis meses. Hoy en día, ese plazo es de un año. Por lo tanto, permite hacer un poco mejor el proceso. Quedó instalado en un año y, de hecho, casi todos los servicios que se están instalando ahora, por ejemplo, se instalan un año previo, o sea, en enero del año anterior. En el caso del SLEP Mapocho por ejemplo (Huechuraba, Recoleta e Independencia), que se cambia en el 2028, en enero del 2027 ya deberían instalar la oficina ejecutiva, el director, el director ejecutivo y al menos un equipo base del SLEP. Y con los municipios, lo que se da es que el Estado no interviene mucho, por lo tanto, los municipios han traspasado lo que han querido. Y dentro de eso, por ejemplo, han traspasado sobredotación. O sea, funcionarios que son municipales, los han metido a educación, A los RBD de la escuela, los traspasan amarrados al nuevo sistema, lo que hace que el sistema se reviente y después haya excedente permanente de funcionarios. Eso es como parte de las malas prácticas de los alcaldes. En ese proceso no hay nadie que fiscalice. De hecho, durante el proceso de traspaso te encuentras con cambios en las condiciones laborales, o también mucha gente metida con sobresueldo. Todo eso es parte del proceso mafioso que se viene dando entre los alcaldes y el Estado y en donde nadie, nadie interviene. No hay un ente controlador que permita que eso no ocurra. Pregunta: Sería bueno si pudieras profundizar un poco en eso. ¿Qué pasa con la dotación? ¿Hay despidos? ¿Cómo se dan estos despidos? Respuesta: Dentro de la creación de la ley, está considerado la disminución de funcionarios. La ley 21.040 cuando se crea, se hace para administrar un sistema que represente menos del 30% de la educación del país, que es más o menos lo que hoy día representa la educación pública. De hecho, una de las bases de los acuerdos políticos de la creación de la ley, es el equilibrio financiero, y en la educación pública solo se puede dar cortando funcionarios o cerrando escuelas. No tenemos alternativa para hacer equilibrio financiero. Entonces ahí, de hecho hay una fórmula de cálculo que se presentó en la ley que todavía está vigente, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento de hoy en los jardines, esto puede ser cuando se calcula la cantidad de técnicos por educadora. Este es un modelo que no se entiende, que dice que por cada treinta y cinco estudiantes tiene que haber un profesor, y por cada dos profesores, un asistente de la educación. Eso no se sostiene con ningún criterio pedagógico. O sea, porque un profe, no le hace clase a treinta y cinco estudiantes. Son varios profes, distintas asignaturas, etc. Los asistentes no son asistentes de aula, sino que hay profesionales, técnicos y un montón de otros funcionarios. Entonces, ese criterio no se sostiene de ninguna manera, pero con ese criterio es que te dicen que hay sobredotación. Entonces, siempre va a haber sobredotación en la lógica técnica con la que ellos nominan. Además, hay otro elemento que utilizan de un cálculo que hizo la Universidad Católica hace ya como quince años, que decía que una escuela con menos de 200 estudiantes no se sostiene financieramente, Y como seguimos con la lógica del voucher, eso revienta. O sea, con escuelas de menos de 200 estudiantes, lo que hay que hacer es sacarle plata a otra escuela para poder sostener, ¿cierto?, pagando sueldos y hacer el equilibrio financiero. Entonces, en esa lógica siempre va a haber sobredotación. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Boric durante todo el proceso, en los distintos procesos de traspaso, fue intentar presionar a los alcaldes para despidos masivos. Finalmente los alcaldes, la mayoría, no lo ejecutaron, exceptuando este último año, en donde sí intentaron hacer despidos masivos en Curicó, en Talca, y en otras comunas. Pero anteriormente eso no había ocurrido de manera masiva. También lo intentaron hacer cuando se recibieron los primeros SLEP. De hecho, en Barrancas, fue uno de los que intentaron sacar a más de 200 funcionarios. En Colchagua, el año 2020 fueron 200 funcionarios. En Barrancas, las movilizaciones lograron frenarlo. En Colchagua lo hicieron mal técnicamente y tuvieron que devolver a los 200 funcionarios. Y, entonces ha habido una presión constante, pero que no ha sido tajante.Y eso ha permitido que en algunos lugares se retracten, y en otros, avancen. Creemos que ahora, y lo ha dicho el presidente electo, van a apretar mucho más el tema de la salida de gente o el excedente. Pero también han planteado que van a suspender el proceso. Ahora hay que ver, hay que ver bien desde dónde se van a agarrar, porque tampoco es llegar y por decreto, o sea, es una ley. Entonces tampoco el presidente puede por decreto suspender una instalación de una ley. Si hay herramientas que están dentro de la misma ley, que te dan momentos para revisiones o detener procesos que, por ejemplo, están viciados. El gobierno de Kast seguramente va a utilizar la artimaña de revisiones de los traspasos para detener los procesos, porque a ellos les interesa mantener la municipalización, por lo tanto, van a tratar de que esto no avance. Y como viene lleno de pifias, también tienen argumentos como para justificar suspensiones varias veces. En el caso de los jardines VTF, no ha sido drástico porque es una necesidad muy notoria a nivel del país. O sea, los jardines VTF reciben al 80% de los niños que requieren atención de esa edad, entonces no hay una alternativa fuera de los VTF. Y además se da que los VTF no dejan de ser VTF, por más que han intentado instaurar el lenguaje de que ya no existen los VTF en centros pasados, es mentira porque siguen siendo guías de referencia.Y siguen dependiendo de JUNJI, y no del servicio. Entonces, finalmente siguen dependiendo exclusivamente del mismo sostenedor, que en este caso es el ministerio, pero a través de JUNJI, ¿cierto?, que va determinando los coeficientes, y en donde podrían poner algún tipo de pero es con respecto al tema de la infraestructura, porque por ley se supone que los jardines debieran tener un reconocimiento oficial y en Chile serán el 20% o 30% de jardines que tendrán reconocimiento oficial, por tanto ahí se genera el choque entre lo que dice la ley y la realidad. Y la realidad significaría cerrar jardines infantiles y dejar sin atención a varios, miles de niños y niñas. Entonces, ahí se genera esa contradicción que, finalmente ha significado que no han tocado los VTF.

Ricardo Camejo, Estudiante del Liceo 7 de Providencia. El Liceo N°7 Providencia Luisa Saavedra es un destacado establecimiento educacional mixto que ofrece una educación de excelencia académica, considerándose un liceo "emblemático" con más de 80 años de trayectoria. Sin embargo, hoy la realidad interna es sumamente compleja porque el recinto sigue arrastrando una deuda operacional de $37.421.053, según la Cuenta Pública (página 15). Al existir un déficit de tal magnitud, el sostenedor reduce al mínimo los gastos esenciales, afectando el dinero destinado a reparar las salas, los baños y mantener los espacios mínimos donde nos educamos a diario. Esta crisis de recursos se vuelve todavía más crítica con las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, específicamente con el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” y las exigencias del oficio N°16 del Ministerio de Hacienda. En vez de inyectar el financiamiento que falta, se busca imponer una agenda que desvía los escasos fondos públicos para meterlos a la fuerza en la implementación de tecnologías de vigilancia. Esto genera una contradicción enorme dentro de la comunidad, porque a lo largo de distintas generaciones los estudiantes hemos presentado solicitudes formales por las deficiencias estructurales de nuestro liceo. La respuesta de la dirección y de las autoridades siempre es la misma: nos dicen básicamente que no hay fondos disponibles para solucionar los problemas reales. La verdad es que esta normativa no trae soluciones: se enfoca solo en medidas policiales, y eso nos afecta directamente en el día a día y en cómo nos relacionamos dentro del liceo. Si este proyecto de ley se aprueba, lo que vamos a vivir es una lógica de control parecida a la de una cárcel. Esto rompe la convivencia entre todos nosotros, estudiantes, funcionarios y profesores por igual. La ley quiere reforzar cosas como revisar nuestras mochilas obligatoriamente o poner detectores de metales a la entrada. Con esto, nos tratan como si ya fuéramos delincuentes o sospechosos, antes de vernos como personas con derechos. Y así es imposible tener un diálogo sano y democrático, justo en el lugar donde pasamos gran parte de nuestra vida. Esta forma de basarlo todo en la sospecha termina separándonos mucho y perjudicando al liceo entero. En vez de cuidar espacios donde nos encontramos, nos apoyamos y confiamos entre todos, el sistema nos obliga a mirarnos con desconfianza. Al final, la vida escolar se convierte en algo marcado por la duda. Desde mi punto de vista, que se elija poner toda la atención en vigilarnos, controlarnos y revisarnos antes de ocuparse de lo que realmente urge para arreglar la educación pública demuestra de sobra que a los legisladores que aprobaron este proyecto no les importa nada la ética ni tienen empatía real por nadie. Es simplemente inaceptable que se estén gastando cantidades gigantescas de dinero solo para perseguirnos y tenernos vigilados dentro de nuestras propias salas de clases mientras nosotros tenemos que estudiar en condiciones que son realmente precarias y muy lejos de ser dignas, porque con esto queda más que claro que para el gobierno es mucho más fácil y preferible gastar recursos en vigilarnos que en asegurarnos una educación de verdad como corresponde. Y claro que esta forma de actuar basada nada más que en la represión no es ninguna coincidencia ni algo que haya pasado por casualidad ni mucho menos es algo nuevo de estas autoridades, porque en el fondo lo que realmente buscan al meter este tipo de control tan estricto parecido al de una cárcel es intentar callar y frenar al movimiento estudiantil, además de debilitar esa capacidad que siempre hemos tenido de organizarnos entre todos para salir a pelear y exigir lo que es justo, que es una educación pública digna y de calidad para todos. Ellos saben cómo funciona todo esto y saben perfectamente que si logran tener a todo el estudiantado controlado, vigilado y reprendido en su propio espacio de estudio vamos a tener muchas menos fuerzas y herramientas para unirnos entre nosotros y salir a reclamar por nuestros derechos, así que no es nada extraño que usen el miedo y la vigilancia como si fueran herramientas políticas para intentar frenar todas esas demandas que salen de la base y que son totalmente legítimas y necesarias para cambiar las cosas. Ante tanto control y las condiciones tan precarias que vivimos en los liceos, la comunidad educativa ha salido a manifestarse. Hemos visto movilizaciones, tomas de sala, empapelamientos en todo el recinto, asambleas continuas y faltazos masivos. Todo surge porque quienes formamos parte de esta comunidad no estamos dispuestos a aceptar una normativa que solo daña la convivencia y rompe lo que hemos construido con el paso del tiempo. Lo que corresponde hacer ahora frente a la presión que viene desde el Congreso es defender nuestra autonomía y trabajar de inmediato para fortalecer la organización estudiantil. Tenemos que reactivar todos los espacios de participación y construir desde la base, dejando atrás cualquier diferencia para centrarnos en proteger nuestro liceo por sobre cualquier otra cosa. Resulta fundamental avanzar junto a los docentes, tanto en las reuniones oficiales como en el trato cotidiano dentro del establecimiento. Ninguna autoridad actual o futura va a impedir que sigamos organizados y luchemos por lo que realmente nos corresponde. No tiene ningún sentido gastar recursos enormes en vigilancia y medidas de control mientras la infraestructura se deteriora, faltan materiales y no contamos con lo mínimo para estudiar con dignidad. A medida que crece el rechazo a este tipo de políticas, los estudiantes vamos a responder con más unión, mejor organización y defensa estricta de cada derecho que hemos logrado conseguir capacidad que siempre hemos tenido de organizarnos entre todos para salir a pelear y exigir lo que es justo, que es una educación pública digna y de calidad para todos. Lee acá: Las medidas represivas del Proyecto de Ley de "Escuelas Protegidas" Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? Lee acá: Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno

Por Julia Espinoza, vocera de la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida. Vecinas, vecinos: les escribo con rabia, pero con los datos en la mano. Porque esta vez no nos van a decir que exageramos. Cuando se discutió la Ley de Presupuesto 2026, el propio gobierno de Boric propuso un recorte de más del 50% en los subsidios del DS49. Fueron los parlamentarios —de oposición y de oficialismo— quienes repusieron la cifra y nos comprometieron 40.000 subsidios para las familias que llevamos años luchando por una vivienda digna. Cuarenta mil. Esa fue la palabra empeñada en el Parlamento, después de pelearla. Pero en febrero, antes de irse, el mismo gobierno de Boric firmó la Circular N°5 y dejó el marco en 19.587 subsidios, invocando la Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea: lo que el Congreso repuso por la puerta, el Ejecutivo lo recortó por la ventana. Tragamos. Y ahora, el 5 de mayo, el gobierno de Kast firma la Resolución N°685 y nos avisa, sin conferencia de prensa ni post en Instagram, que el llamado para comités este año será de 5.000 subsidios. Cinco mil. Para todo Chile. Saquen la cuenta conmigo: del compromiso original al cupo real, se perdió el 87,5%. Treinta y cinco mil familias quedaron en el aire entre dos gobiernos. Y acá en la Región Metropolitana, donde viven la mitad de las familias arrendatarias y allegadas del país y donde hay más de 100.000 familias en lista de espera, ¿saben cuántas viviendas ofrece el primer llamado individual? Entre 410 y 610. Menos que los socios de un comité grande de mi población. Nos dicen que el presupuesto del MINVU subió. Es cierto. Pero les explico lo que en mi comité aprendimos a fuerza de asambleas: esa plata no es para nosotras. Es para pagar deudas viejas. De los 3,6 billones de pesos del DS49, 3,595 billones ya estaban comprometidos antes de que asumiera Kast. Quedaron 5 mil millones de margen real. Entonces cuando el ministro Poduje sale a tronar contra el gobierno anterior por el recorte de febrero —y tiene razón en parte, no lo voy a negar—, yo le pregunto: ¿por qué el recorte de mayo, el suyo, no lo anunció en sus redes? ¿Por qué de 13.420 cupos para comités pasamos a 5.000 en silencio? Esa diferencia entre cómo se grita lo del otro y cómo se susurra lo propio, esa es la política habitacional de este gobierno. Vecinas: el campamento no es una elección. Es lo que queda cuando el Estado se hace el desentendido. Cada toma que va a aparecer este invierno a lo largo del país tiene nombre, RUT y número de comité. Son las 35 mil familias que este año esperaban su subsidio y no lo van a tener por efecto de los recortes. A las autoridades les digo una sola cosa, con el respeto que ustedes no nos tienen: No estamos inventando. Estamos leyendo. Los documentos son públicos. La Ley de Presupuesto, la Circular N°5, la Resolución N°685. Ahí están sus recortes. Y a mis vecinas: organicémonos. Porque si el subsidio no llega por la puerta de la oficina, va a llegar por la puerta del comité, de la reunión, de la asamblea. Como siempre ha sido. La vivienda no se mendiga. Se conquista. Lee acá: Alerta para los comités de vivienda: El gobierno reduce a menos de la mitad la entrega de subsidios (febrero) Lee acá: Nuevos recortes en vivienda: Gobierno reduce 8.420 subsidios DS49 a nivel nacional para 2026 (mayo)

No salió en la TV ni en las redes del ministro Poduje el llamado 2026 del MINVU que recorta en un 62% los recursos a la vivienda social. En la RM, el recorte es mayor en proporción, y se traduce que en vez de 2.360 familias, solo unas 590 recibirán un subsidio este año, aumentando los tiempos de espera de forma exponencial. El 05 de mayo el Ministerio de Vivienda emitió la Resolución Nº 685 que llama a proceso de selección para la entrega de subsidios DS49 dirigidos a los comités de vivienda a nivel nacional. En términos generales, lo más importante del llamado es la reducción de recursos que se vuelve a hacer a las familias sin casa. Esta vez se reducen los 13.420 subsidios DS49 para comités anunciados en febrero a solo 5.000 para todo el 2026, lo que significa una reducción del 62%. Esta reducción de recursos, que hasta ahora ha pasado piola y que el ministro no ha anunciado en ningún live en sus redes sociales, se suma a los 20.000 subsidios DS 49 recortados al término del gobierno de Boric. En resumen, de 40.000 subsidios aprobados por el Congreso, entre Boric y Kast se redujeron a 5.000. En otras palabras, este año prácticamente no hay DS 49 para los comités de vivienda. La resolución también actualiza las fechas de cierre que tienen los proyectos para alcanzar a postular, luego de que durante los dos meses de gobierno se haya paralizado por completo el avance de los proyectos de vivienda a nivel nacional: inicialmente, el primer corte para postular sería en febrero, y luego se corrió a abril, sin que ninguna se realizara, dejando a todos los proyectos a la espera de ser calificados (no pueden ingresar a evaluación si no hay llamado publicado). Nuevas fechas de cierre de los procesos de selección (proyectos calificados): - 28 de mayo - 06 de agosto - 08 de octubre - 03 de diciembre El recorte del DS49 a nivel nacional El MINVU dispone de solo 6.364.440 UF ($255.000 millones de pesos), equivalente a cerca de 5.000 subsidios. Esta cifra equivale a solo el 38% de los 16.857.637 UF ($677.000 millones de pesos) anunciadas en febrero para este mismo ítem de gasto. El recorte del DS49 en la Región Metropolitana El MINVU dispuso para la RM de 768.371 UF ($30.000 millones de pesos), equivalente a cerca de 590 subsidios. Esta cifra equivale a solo el 25% de los 3.075.080 UF ($1,2 billones de pesos) anunciadas en febrero para este mismo ítem de gasto. Fuente: Resolución Nº 685 del MINVU Una aclaración metodológica: el llamado del DS49 detalla recursos en UF, pero no cantidad de subsidios. Para estimar esto último, se calculó en base al monto promedio en UF que consideró el programa habitacional publicado en febrero de este año, que si detalló unidades de subsidio y monto en UF (el mismo del recorte de más de 20 mil subsidios). Para la selección de los proyectos DS 49 (general), y en consideración de la baja cantidad de recursos disponibles, se establece un orden de prelación: 1) Primero, se priorizarán proyectos que incluyan asociación de familias a viviendas en nómina de proyectos seleccionados o beneficiados anteriormente (nómina de oferta); 2) Luego, se considerarán los proyectos calificados definitivamente por el SERVIU; 3) Finalmente, los proyectos con calificación condicionada, si es que existieran recursos disponibles. Esta prelación no es un dato menor, ya que considerando la baja cantidad de recursos dispuestos para todo el 2026, significa, para el caso de la RM, que los cerca de 590 subsidios dispuestos no alcanzarán a cubrir ni siquiera los 16 proyectos que ya postularon en septiembre y diciembre de 2025 y se encuentran pendientes de ser seleccionados, que en total alcanzan 2.000 familias que se encuentran a la espera, sin contar las familias que postulan a proyectos ya aprobados y que tienen cupos disponibles, que serían quienes tendrán la primera prioridad para entregarles el subsidio. De esta forma, los proyectos que se encuentran pendientes de ingresar al SERVIU para ser calificados, que son cerca de 50 para este año por un total de 9.000 familias, quedarían a la cola de todos los anteriores, por lo que si no se aumentan los recursos de manera importante, no tendrán ninguna posibilidad de recibir el financiamiento para iniciar obras durante el próximo año, aumentando de forma exponencial los tiempos de espera para las familias sin casa. En resumen, los cerca de 590 subsidios DS49 para la RM este 2026 no cubren ni el 25% de los que están a la espera desde el 2025. Así, para 2027 quedarían todavía 1.500 familias que ya postularon en 2025, más otras 9.000 familias cuyos comités están en condiciones de postular este 2026. Lee la Resolución completa acá

Mientras organiza la Fiesta de la Familia -conservadora- para el 16 de mayo en Huechuraba, Kast elimina los $515 millones de 52 centros familiares (12) y digitales (40) que gestiona la Fundación de las Familias en todo el país, que ya venían siendo recortados, según denuncian sus trabajadoras, cerrando espacios de talleres y contención comunitaria para personas de todas las edades. Contradicciones del Gobierno: organiza el festival de la familia mientras cierra 52 centros a nivel nacional Para la comunidad y trabajadoras afectadas hay una incoherencia en el relato del Gobierno, ya que mientras busca cerrar 52 centros familiares y digitales junto a sus programas a nivel nacional, anuncia la celebración de la Fiesta de las Familias en Huechuraba para el día sábado 16 de mayo, a pocas cuadras del Centro Recoleta. El cierre de los centros se alinea con la ideología conservadora de Kast, afirmando – en la “Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión” celebrada en febrero en Bruselas (Bélgica) – que creía en "la familia como lugar primario y último de nuestra existencia”, es decir, una familia nuclear (hombre-mujer), jerárquica y tradicional, desconociendo la existencia de familias monoparentales, homoparentales o a la comunidad como una forma de familia extendida sobre las redes de apoyo en la población. A diferencia de lo que creen Kast y sus seguidores, el centro familiar es un espacio que da seguridad a la comunidad de los alrededores, en un escenario de empobrecimiento y descomposición social con pocas alternativas de socialización, entrega servicios para la distracción y el ocio de las familias, siendo uno de los pocos espacios de uso comunitario integral del territorio, ya el resto son sedes netamente deportivas, sociales o vecinales. Historia Fundación de las Familias (FUNFA) Creada en 1990, integrando una de las 7 fundaciones de Presidencia, encargadas de la ejecución del trabajo de las Primeras Damas. Su trabajo se orienta a espacios comunitarios, redes de apoyo y articulación social. En el primer gobierno de Bachelet pasan a formar parte de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia (CSP), ya que la figura de Primera Dama no funcionaba. En 2022, con Irina Karamanos, la CSP finalizó sus funciones traspasando las fundaciones a distintos ministerios, y en el caso de la FUNFA pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESOF). Presupuesto y programas FUNFA ejecuta dos programas: el Programa Desarrollo Familiar (PDF) y el Programa Familia Digital (PFD), en su mayoría con trabajadoras del área social. Su presupuesto proviene de dos líneas: a) Programa Desarrollo Familiar: funcionan en los centros desde 1990, siendo financiado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG). En sus 36 años cuenta con 12 centros entre Antofagasta y Puerto Montt. Tiene un enfoque preventivo y comunitario, teniendo por objetivo “promover relaciones saludables basadas el buen trato, una adecuada organización de subsistemas familiares y presencia de redes de apoyo al interior de las familias en contextos de vulnerabilidad social”. b) Programa Familia Digital: ejecutado por la FUNDA como Programa Telecentros a partir del año 2016 y en 2018 pasa a llamarse PFD, siendo financiado por el MIDESOF. En la actualidad cuenta con 40 centros a nivel nacional, orientados a “hacia las familias, con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro, aprendizaje, inclusión y sobre todo una ventana para el acceso universal, libre y gratuito a los servicios y trámites digitales del Estado”. En estos centros funcionan el Programa Desarrollo Familiar y el Programa Familia Digital. A partir de la articulación y gestión territorial, las trabajadoras y la comunidad desarrollan actividades con apoyo de la municipalidad, corporación de deportes, Senda, OLN, entre otros, ampliando las actividades y talleres deportivos, culturales, familiares, comunitarios, etc. (estos espacios son autogestionados, no tiene financiamiento, es solo gestión territorial). Trabajadores y usuarios de los programas En el PDF trabajan en su mayoría trabajadoras del área social y en el PFD trabajan en su mayoría mujeres jefas de hogar. En total suman alrededor de 150 trabajadoras contratados y tienen un sindicato nacional. Durante 2025 el Centro Recoleta atendió a cerca de 1900 usuarios (individualizados), contándose infancias, mujeres, adultos mayores, etc., en su mayoría de Recoleta, pero también de otras comunas cercanas. Sirven como espacio de recreación para las familias, de apoyo emocional y psicológico en casos de salud mental, y es considerado un lugar seguro para mujeres e infancias. Los principales afectados serían las familias usuarios del Programa de Desarrollo Familiar (en Recoleta, no hay PFD, solo PDF), y la comunidad cercana al centro, debido a que el lugar abandonado y se convertiría en un foco más de inseguridad en la población. Recortes vienen desde el gobierno de Boric Al salir de Presidencia (tras la finalización de funciones de la CSP), ha tenido recortes de manera progresiva en ambas vías de financiamiento (MIDESOF y SERNAMEG). El cierre de la FUNFA se debe a una decisión de Estado y al desconocimiento del trabajo en el territorio y desde 2022 viene un recorte consecutivo del presupuesto durante cuatro años, lo cual a afectado la ejecución presupuestaria y programática. Según trascendió entre las trabajadoras, hubo una reunión entre la Dirección Ejecutiva, Jefaturas de Programas y MIDESOF (gobierno de Boric), donde la ministra Orellana manifestó que la FUNFA era una fundación que no servía y que ella no veía una pertinencia en los territorios, por ende, había que ir recordando el presupuesto hasta su propia disolución. Por cuestiones de costos no fue cerrada (indemnizaciones a trabajadores con Código del Trabajo), siendo muy caro y se mantuvo abierta, pero con un debilitamiento económico que afecto su funcionamiento. Desde diciembre de 2025 funciona con los recursos básicos para pagar salarios (150 aprox.) y servicios que son pagados a nivel central de la Fundación (luz, agua, internet). A partir de allí, los trabajadores y la comunidad financian materiales de aseo (papel higiénico, insumos limpieza, etc.) que no se han recibido desde diciembre, materiales para talleres, entre otros. Es decir, el camino ha sido debilitar la institución hasta el punto que se está hoy en día, que se busca cerrar.

Por Colectiva Resistencia Materna Hay ausencias que no se explican. Solo se sienten. Un niño espera. Una niña pregunta. Una madre responde lo que puede, como puede. “Está ocupado”, “no pudo venir”, “quizás la próxima semana”. Pero la próxima semana no llega. En Chile, el abandono parental no siempre se nombra, pero se vive todos los días. Y aunque el sistema ha avanzado en mecanismos para exigir el pago de pensiones de alimentos, hay una dimensión que sigue quedando fuera: la emocional. Ahí, en ese vacío, es donde se instala la lucha de la colectiva Resistencia Materna Chile. Las cifras son claras, pero no suficientes para dimensionar el problema. Investigaciones y reportajes de CIPER Chile han evidenciado que la gran mayoría de las deudas por pensión de alimentos en Chile presentan incumplimientos, reflejando una falla estructural en la corresponsabilidad parental. A esto se suma que más del 60% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Muchas de estas madres enfrentan mayores niveles de pobreza y sobrecarga laboral. La ausencia parental no es solo económica: también es afectiva y vincular. Y sin embargo, esa dimensión sigue sin una respuesta legal clara. Una ley que nace desde la experiencia Durante cuatro años, madres organizadas a través de Resistencia Materna Chile, levantaron testimonios, recopilaron antecedentes y trabajaron con profesionales en infancia para construir una propuesta concreta: el Proyecto de Ley de Abandono Parental (boletín 15.138-18). Impulsado junto a las diputadas Ana María Gazmuri, Ana María Bravo, Karol Cariola, Carolina Tello, entre otras parlamentarias y con el respaldo de la bancada feminista, el proyecto logró avanzar en 2022 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Dos años y siete meses de parálisis: la deuda del Senado con la niñez. La iniciativa legal no registra avances significativos desde finales de 2023, postergando una vez más la protección efectiva de las NNA. Este proyecto, lejos de lo que podría pensarse, no se trata de castigar indiscriminadamente ni de interferir en vínculos sanos. El enfoque es claro: proteger la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes (NNA). En términos concretos, el proyecto establece que: 1. Se reconoce el Abandono Parental cuando existe: 1 año de incumplimiento total de visitas o 2 años de incumplimiento intermitente. 2. Patria y potestad, quién haya perdido la RDR por abandono Parental no podrá administrar los bienes. 3. Indignidad para heredar, quien abandona no podrá heredar de los hijos e hijas que abandonó. 4. Salidas del País: quién haya perdido la RDR por abandono Parental será el tribunal quién dé la autorización sin mayor trámite. 5. Si el cuidador principal está con enfermedad terminal o fallece no podrá solicitar el cuidado personal y administrar los bienes a quien fue suspendida la RDR por abandono Parental. 6. Toda y todo condenado por VIF y ASI (abuso sexual infantil) contra el NNA perderá todo derecho a exigir RDR y cuidado personal. La propuesta NO tiene relación con la obstrucción del vínculo, al contrario, se busca aplicar cuando es el propio padre o madre quien decide no ejercer su rol. El abandono no siempre deja marcas visibles. Pero sí profundas. Psicólogos y especialistas en infancia coinciden en que la ausencia sostenida de una figura parental puede generar: sensación de rechazo, problemas de autoestima, dificultades en vínculos futuros, ansiedad o inseguridad emocional, entre otros. El problema no es solo que no estén. Es que aparecen y desaparecen. Y eso desestabiliza profundamente a los niños. Uno de los principales obstáculos que enfrenta el proyecto es la falta de patrocinio del Ejecutivo, clave para acelerar su tramitación. Pese a solicitudes reiteradas a instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Defensoría de la Niñez, no se ha otorgado respaldo. Sin urgencia legislativa, el proyecto permanece detenido. Quienes sostienen esta lucha no lo hacen desde espacios de poder. Son madres. Madres que trabajan, cuidan, organizan y además levantan incidencia política. Madres que —como ellas mismas dicen— lo hacen “desde sus propias violencias y sin recursos”. “Lo mínimo que esperamos es que se reconozca la urgencia. No estamos hablando de nosotras, estamos hablando de nuestros hijos e hijas”. ¿Puede existir derecho a ejercer paternidad o maternidad sin asumir responsabilidades básicas? Hoy, en Chile, la respuesta parece ser sí. Este proyecto busca cambiar eso. No desde el castigo, sino desde el CUIDADO. Porque crecer en incertidumbre también es una forma de violencia. Mientras el proyecto sigue en pausa en el Senado, miles de niños y niñas continúan creciendo en vínculos intermitentes, frágiles o inexistentes. Y entonces la pregunta deja de ser legislativa. Se vuelve profundamente humana: ¿Qué significa realmente estar presente en la vida de un hijo o hija?

Por Evan Fernandez, estudiante de 4º medio. La reciente derogación de la Circular N° 781 no significa solamente un cambio rutinario dentro del sistema educativo en Chile. Es, en la práctica que viven miles de estudiantes secundarios, una clara señal política y cultural sobre las prioridades ideológicas del Gobierno de turno dentro de los establecimientos educacionales. Durante su corta vigencia, esta declaración exenta obligaba a los centros educativos a incluir explícitamente en sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) principios y medidas de no discriminación e inclusión con perspectiva de género. La eliminación de esta circular por parte de la Superintendencia de Educación, este martes 28 de abril, a tan solo 5 meses de su publicación, evidencia algo fundamental: un abandono estructural hacia las niñeces y juventudes disidentes, al eliminar la claridad y la exigencia con la que se implementaban medidas para una convivencia escolar sana. La diversidad sexo-genérica, la cultura de la discriminación y la violencia de género en los colegios son una realidad que niños, niñas, niñes y adolescentes que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ viven día a día, en un país donde el término “inclusión” aún genera tensiones en las conversaciones. Esta derogación abre paso a que los establecimientos puedan decidir cómo y cuándo abordar un tema que hoy necesita garantías claras. No todas las comunidades educativas tienen la disposición de implementar estos valores en sus reglamentos: pueden simplemente omitirlos o incluso retroceder en ellos. Quienes más notarán estas diferencias, y serán también los más vulnerados, son quienes ya se encuentran en situaciones de mayor atropello, como los estudiantes transgénero, que ya no contarán con un marco normativo fundamental que les permita sentirse resguardados. Desde mi perspectiva como persona que forma parte de la comunidad trans, y que se relaciona diariamente con quienes viven estas mismas realidades, considero que la existencia de normas claras e inclusivas dentro del propio establecimiento escolar es fundamental para la validación de nuestra existencia en el espacio donde pasamos gran parte del día. No es la casa ni la calle: es el colegio, donde nos relacionamos con nuestros pares, donde desarrollamos nuestra identidad y donde deberíamos poder expresarnos con libertad. Por eso, es también el lugar donde se necesita validarnos y donde se debe asegurar un espacio inclusivo y libre de discriminación. El desafío como estudiantes queer ya no es solo confiar en que las leyes serán suficientes —cosa que nunca han sido—, sino también construir espacios verdaderamente seguros y respetuosos dentro de los establecimientos a los que asistimos diariamente. Al quedar la protección a libre elección de cada institución, dejará de ser un derecho garantizado y pasará a convertirse en un privilegio. Frente a esto, es nuestro deber y derecho fundamental organizarnos y movilizarnos para que estos retrocesos no pasen desapercibidos y para seguir avanzando hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo y libre de discriminación para todos los estudiantes, sin permitir que siga eliminando lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Revisa acá la Circular Nº781 que derogó la Superintendencia de Educación

Como Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana, manifestamos mediante el presente escrito nuestra postura frente al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, así como nuestra profunda preocupación ante las medidas de ajuste presupuestario que afectan al Ministerio de Educación. Este posicionamiento ha sido construido a partir de procesos participativos amplios: Consejos de Delegados de Curso, asambleas y comisiones internas. En estos espacios se han recogido diversas visiones del estudiantado, considerando la pluralidad de contextos, experiencias y proyectos educativos presentes en la educación pública. Desde esta construcción colectiva, reconocemos que las problemáticas de violencia en los espacios educativos son reales y requieren atención urgente. Sin embargo, consideramos que el enfoque del proyecto de ley resulta insuficiente y contraproducente, al centrarse principalmente en medidas de control, vigilancia y sanción, sin abordar de manera integral las causas estructurales que originan estas problemáticas, tales como la salud mental, las condiciones sociales, las tensiones en la convivencia escolar y la falta de espacios efectivos de participación estudiantil. En este sentido, existe una preocupación transversal en el estudiantado debido a que la iniciativa adopta un carácter punitivista que predomina, lo que no solo limita su efectividad, sino que puede profundizar las dinámicas de conflicto dentro de las comunidades educativas. Medidas como la revisión de mochilas, generan serios cuestionamientos respecto a su efectividad real y a sus implicancias en materia de derechos, instalando una lógica de desconfianza hacia el estudiantado y abriendo espacio a prácticas arbitrarias. Esta preocupación se ve acentuada por la falta de definiciones claras en el proyecto, particularmente en conceptos como el de “objeto peligroso”, así como por la ausencia de protocolos detallados que regulen su aplicación. Esto podría derivar a múltiples interpretaciones entre establecimientos y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la ampliación de facultades disciplinarias, sin criterios claros ni mecanismos efectivos de supervisión, genera inquietud frente a posibles abusos de poder o aplicaciones desiguales de sanciones. A esto se suma la falta de un enfoque inclusivo que considere adecuadamente a estudiantes con necesidades educativas especiales, neurodivergencias o contextos emocionales diversos, lo que podría profundizar situaciones de exclusión o discriminación. Por otra parte, medidas como la regulación de la vestimenta o la prohibición de interrupciones en el desarrollo de clases tensionan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la identidad personal y el derecho a la organización y manifestación estudiantil. Estas prácticas han sido históricamente formas legítimas de participación, especialmente ante la falta de canales institucionales efectivos, por lo que su restricción sin alternativas claras puede interpretarse como una forma de inhibición o criminalización de la participación. Del mismo modo, cuestionamos el carácter sancionatorio de medidas que afectan el acceso a beneficios educativos, entendiendo que la educación no debe ser utilizada como castigo, sino como una herramienta de inclusión y movilidad social. La posible pérdida de derechos asociados a la educación superior resulta desproporcionada y afecta con mayor fuerza a estudiantes en contextos de vulnerabilidad. En cuanto a la implementación, advertimos serias dificultades: falta de claridad en el financiamiento, sobrecarga para docentes y funcionarios, ausencia de personal especializado y limitaciones de infraestructura en numerosos establecimientos. Estas condiciones no solo dificultan la viabilidad del proyecto, sino que también pueden afectar el bienestar de las comunidades educativas. En términos generales, sostenemos que el proyecto, en su estado actual, podría debilitar la convivencia escolar, deteriorar las relaciones de confianza y desplazar el rol formativo de la educación hacia una lógica centrada en el control y la sanción. Frente a ello, como liceos organizados, planteamos la necesidad de evaluar su eliminación y avanzar hacia políticas públicas con un enfoque integral, formativo e inclusivo, que prioricen la salud mental, la mediación de conflictos, el acompañamiento psicosocial y la participación real del estudiantado. En paralelo, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a las medidas de ajuste fiscal impulsadas por el Presidente, particularmente aquellas que impactan directamente al Ministerio de Educación. Si bien reconocemos que la administración de los recursos públicos constituye un desafío relevante, consideramos que el enfoque adoptado resulta preocupante, al trasladar el costo del ajuste hacia un sistema educativo que ya enfrenta una crisis estructural sostenida en el tiempo. El recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación, en el marco de la Circular N°0012 del Ministerio de Hacienda, constituye una medida regresiva que no considera las condiciones actuales de la educación pública. La magnitud de esta reducción genera incertidumbre respecto a su impacto real, especialmente en áreas críticas como infraestructura, financiamiento de establecimientos, programas educativos y condiciones laborales de las comunidades escolares. Existe una preocupación transversal en el estudiantado respecto a la falta de información clara sobre la implementación de estos recortes, lo que abre espacio a decisiones discrecionales y potencialmente desiguales entre territorios y establecimientos. Esta falta de transparencia debilita la confianza en las instituciones y dificulta la planificación educativa. Esta situación se ve profundizada por la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, enmarcada en la elaboración del Presupuesto 2027, donde se plantea la evaluación, ajuste o eventual descontinuación de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación. Si bien estas medidas se presentan como procesos técnicos, advertimos que pueden traducirse en la disminución de derechos y oportunidades para miles de estudiantes, afectando directamente su acceso, permanencia y proyección educativa. Observamos una tensión entre estas políticas de ajuste y el principio de la educación como derecho social, desplazando el rol del Estado desde una lógica de garantía de derechos hacia una de administración restrictiva de recursos. En términos generales, sostenemos que estas medidas podrían profundizar la crisis de la educación pública, debilitando su capacidad de respuesta y afectando directamente a quienes dependen de ella como principal herramienta de desarrollo y movilidad social. Frente a este escenario, como liceos organizados planteamos la necesidad de avanzar hacia una política presupuestaria que sitúe a la educación pública como una prioridad estratégica del Estado, resguardando su financiamiento y fortaleciendo sus capacidades. En este sentido, consideramos fundamental manifestar una postura de rechazo ante la posibilidad de nuevos recortes al Ministerio de Educación, así como exigir transparencia respecto al impacto del ajuste ya implementado, particularmente en la distribución de recursos y los criterios utilizados. Asimismo, se vuelve necesario avanzar en mecanismos que permitan resguardar el financiamiento de la educación pública mediante herramientas presupuestarias específicas, asegurando recursos para establecimientos, especialmente aquellos en proceso de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública. Desde esta perspectiva, proponemos también la revisión de la estructura del gasto público, orientando una reasignación eficiente de recursos que no afecte directamente a los estudiantes, reduciendo gastos administrativos prescindibles y redirigiéndolos hacia áreas críticas del sistema educativo. Del mismo modo, resulta pertinente fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto, identificando programas con baja ejecución presupuestaria para redistribuir esos recursos hacia necesidades urgentes. Por otra parte, consideramos fundamental resguardar la continuidad de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación, entendiendo que estos son clave para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En este marco, se vuelve necesario que el Ministerio de Educación y el Presidente adopten una posición firme frente a medidas que impliquen su debilitamiento. Como estudiantes de la educación pública, reafirmamos que los desafíos del sistema educativo no se resuelven mediante el aumento de la vigilancia o la reducción de recursos, sino a través de más educación, más participación y mayor apoyo a las comunidades educativas. Hacemos un llamado a las autoridades a considerar de manera activa y vinculante la voz del estudiantado en la construcción de políticas públicas, entendiendo que somos parte fundamental de los espacios que estas buscan regular, y que cualquier transformación significativa debe construirse desde el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de realidades presentes en la educación pública. FIRMAN: ● Liceo 1 Javiera Carrera ● Instituto Nacional ● Liceo 4 Isaura Dinator ● Liceo Manuel Barros Borgoño ● Liceo Carmela Carvajal ● Liceo 7 José Toribio Medina ● Liceo Experimental Artístico ● Liceo Confederación Suiza ● Liceo de Aplicación ● Liceo José Victorino Lastarria Lee acá "Ley Escuelas Protegidas": Kast usa la tragedia en Calama para impulsar una agenda represiva en educación Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?