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Bolivia cumple tres semanas de bloqueo de las principales rutas, incluidas su capital, exigiendo aumentos salariales, detener las reformas neoliberales, retomar subvenciones al combustible y la renuncia del presidente Paz. De esta forma, el movimiento popular boliviano muestra la vigencia de la huelga general como herramienta de lucha de las y los trabajadores en contra de la precarización de la vida y la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El contexto geopolítico Desde que en noviembre de 2025 Rodrigo Paz asumió el gobierno en Bolivia, el país solo se ha convulsionado, luego de diversas medidas neoliberales adoptadas para achicar el Estado mediante la privatización de servicios sociales y empresas estatales, siguiendo los consejos de grandes empresarios bolivianos, trayendo aumentos en el costo de la vida brutales para la gran mayoría de la población. Para el pueblo boliviano esto no es nuevo ni casual, sino que responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos (EEUU) en un contexto de declive de la hegemonía de ese país y el avance hacia un mundo “multipolar” con el reacomodo de las áreas de influencia de las potencias regionales (Rusia, China, Irán). Esta agenda se expresa en distintos acuerdos con los gobiernos títeres de derecha en América Latina, con los que EEUU impulsa políticas neocoloniales para controlar los recursos naturales estratégicos y las cadenas de suministro, como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad. En Bolivia, a través de Rodrigo Paz, EEUU busca controlar la producción agroindustrial y la explotación del gas, recursos estratégicos en un contexto global convulsionado como el actual. Detonante del levantamiento popular El pasado 01 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un Paro General indefinido en apoyo a campesinos e indígenas que denunciaban que la Ley 1720 que se impulsaba en realidad era una contrarreforma agraria encubierta. Concretamente, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari (FDUTCLP-TK), acusan que la Ley 1720 que buscaba reformar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) beneficiaría a empresarios agroindustriales que buscan acaparar tierras indígenas y deforestar la selva. Durante las últimas semanas, a estas movilizaciones se han sumado más organizaciones, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (FEJUVE), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN). Reformas neoliberales, la causa de las protestas: El detonante de las protestas fue la promulgación de la Ley 1720 el pasado 8 de abril, impulsada por el senador y productor de soya, Branko Marincovic, denunciada como una contrarreforma agraria encubierta, ya que buscaba permitir que pequeños propietarios rurales reclasificaran sus tierras para acceder a créditos bancarios, utilizando sus terrenos como garantía. Esto implicaba que la tierra dejaba de ser inembargable para convertirse en un activo financiero ejecutable, facilitando el cambio del uso de suelo y la deforestación de la selva. Finalmente, la ley fue derogada el 13 de mayo, pero a esa altura las protestas habían escalado y exigían la renuncia del presidente. Esto se sumó al Decreto Supremo 5503 del 15 de diciembre que eliminó las subvenciones a los combustibles (aumentando el costo de la bencina un 80% y del diesel en 160%) y que también realizó una reforma tributaria para disminuir los impuestos por 15 años a las nuevas inversiones y congelar el salario mínimo. Si bien el 11 de enero de 2026 Paz llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), dos días más tarde el gobierno publicó el DS 5517 reafirmando la eliminación del subsidio a cambio de la exención del IVA para los combustibles importados. En febrero también estalló una polémica por la distribución de combustible en mal estado, dejando inutilizables más de cinco mil vehículos. Estos sucesos junto a las medidas del gobierno de Paz han provocado una nueva crisis económico-social, sumando la escasez de dólares y una inflación del 20% en 2025, tanto así que el mismo FMI ha proyectado una inflación que oscila entre el 14% y el 20% para el año 2026. Las movilizaciones populares y la respuesta del gobierno El 1 de mayo la COB declaró un Paro General indefinido exigiendo anular la reforma al INRA en apoyo a la demanda de la CSUTCB y aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Pero con el paso de los días, la demanda principal evolucionó a exigir la renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia. Quienes hoy apoyan a Rodrigo Paz, también han convocado movilizaciones en Santa Cruz y La Paz, alimentando la división del pueblo boliviano con actos racistas contra indígenas, obreros y campesinos. Los primeros días fueron bloqueadas las vías de acceso a La Paz, El Alto y Oruro, luego se sumaron Chuquisaca y Cochabamba, extendiéndose en las últimas semanas por todo el país con más de 40 puntos de bloqueo. Una de las acciones más relevantes fue la “Marcha por la Vida” que comenzó en Oruro el 12 de mayo y llegó a La Paz el 18 de mayo. A esta movilización el gobierno respondió con más represión y órdenes de captura contra Argollo de la COB, Justino Apaza de la FEJUVE y del expresidente Evo Morales, a quienes Paz acusa como responsables de las acciones para desestabilizar su gobierno. El sábado 16 de mayo Rodrigo Paz pudo quebrar un sector del movimiento popular y anunció un acuerdo con maestros de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, acordando mayor presupuesto para educación, siendo acusados de traición. En paralelo, el gobierno desplegó cerca de 3.500 policías y militares para desbloquear los accesos a la ciudad de La Paz y El Alto, con la excusa de habilitar un “Corredor Humanitario” para el paso de alimentos, oxígeno, medicinas y detener a los protagonistas de las protestas. El 20 de mayo, Paz anunció un cambio de gabinete y la creación de un consejo económico-social, buscando descomprimir el conflicto a través del juego comunicacional, incluyendo a fuerzas políticas que inicialmente no formaron parte de su gobierno pero que no tendrá mayores efectos sobre el conflicto. Neocolonialismo estadounidense y represión argentino-israelí Rodrigo Paz recibió asesoría durante su campaña de Nurmen-Parscale, consultora vinculada a Trump que también movió los hilos en las campañas de Milei en Argentina (2023) y Asfura en Honduras (2025), países que de forma casi calcada tomaron un giro geopolítico que incluyó emitir deuda con el FMI, retomar relaciones estrechas con Israel, permitieron la operación de Starlink y firmaron acuerdos comerciales en favor de EEUU. Parte de esta red salió a la luz recientemente a través del Hondurasgate. A ello se suma el hecho que Fernando Cerimedo, socio de Parscale y Trump, y que ya operó previamente en Argentina con Milei, es hoy uno de los principales asesores de Paz en Bolivia. Los gobiernos de ultraderecha títeres de EEUU e Israel también manifestaron su respaldo al gobierno de Paz, entre ellos, los de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y por supuesto, Estados Unidos. Aunque el gobierno descartó la privatización de empresas estratégicas, en reiteradas ocasiones ha declarado que al menos 17 empresas estatales se encuentran en quiebra, alimentando sospechas de posibles privatizaciones. De hecho, el 28 de abril se conoció un acuerdo con EEUU para atraer inversiones en servicios, energía y explotación de minerales raros como el litio y el oro para asegurar la cadena de suministro a dicho país, confirmando las sospechas. A la defensa de la pequeña propiedad campesina, del medio ambiente, los recursos naturales y la soberanía plurinacional, se suma la molestia por la negociación secreta de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US $3.300 millones, el que podría condicionarse a las reformas neoliberales de Paz. Asimismo, los movimientos populares denuncian que la ayuda humanitaria (supuestamente alimentos, medicinas y otros insumos) enviada en aviones Hércules C-130 por encargo del presidente argentino, Javier Milei, en realidad se trataría de elementos para reprimir las protestas enviadas por Israel y Argentina. Crisis diplomática con Colombia Este domingo 17 de mayo el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de X declaró que “Bolivia vive una insurrección popular”, ofreciendo como mediador a su gobierno para “buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana" y mostrando su apoyo al expresidente boliviano Evo Morales. Justificado en los dichos de Petro, el miércoles 20 de mayo el gobierno de Paz decidió expulsar a la embajadora de Colombia, Elizabeth García. En reciprocidad, el gobierno de Colombia expulsó al embajador de Bolivia Ariel Percy Molina Pimentel, aplicando el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

El Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso comparte su experiencia sobre el proceso de traspaso al SLEP y los problemas que enfrentaron: despidos masivos y cambios en las condiciones laborales se repiten a nivel nacional en un nuevo sistema amarrado al modelo neoliberal desde su concepción, y que hoy Kast busca frenar para conservar el sistema desigual de municipalización. La idea de realizar una entrevista al Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaìso, nace por querer conocer las experiencias de las organizaciones en sus procesos de lucha y defensa de la educación pública, algo importante en este momento en que el gobierno de Kast busca por todos lados profundizar el sistema de mercado implementado en dictadura, desprestigiando y desmantelando la educación pública. Una de las preocupaciones actuales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación municipal son los próximos traspasos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de los cuales hay poca información de su implementación y los problemas asociados, pero también de las experiencias de organización que se podrían replicar en los territorios que aún no viven el traspaso de la administración, en pos de defender sus intereses. La entrevista fue realizada en el mes de febrero de este año y participaron Michael Humaña y Catalina Schiappacasse, representantes del directorio del SUTE Valparaíso. Contexto político de recortes Hoy, ya instalado el gobierno de Kast, vemos cómo avanza su agenda anti pueblo. Por un lado, junto con impulsar medidas represivas que socavan el ambiente escolar, la ministra Arzola se prepara para detener la implementación de los nuevos Servicios Locales, respondiendo a las exigencias ideológicas y financieras de los municipios más ricos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dado impulso a una criminal reforma tributaria y un plan de recortes presupuestarios anti derechos sociales, golpeando con violencia a la educación pública, disminuyendo en $198 mil millones de pesos el presupuesto anual, lo que representa cerca de $3.000 millones menos por SLEP en promedio, o que se traduce en que: - Se suspenderán las inversiones en infraestructura escolar. - Se iniciarán procesos de fusión y cierre de establecimientos escolares. - Se instruirá a los SLEP a iniciar procesos de despidos masivos de docentes y asistentes de la Educación. Según las orientaciones de Hacienda, este ajuste presupuestario se pretende extender al menos hasta el 2031, tiempo suficiente para la debacle de la educación pública chilena, y posible gracias a una gestión neoliberal de Boric, que mientras contuvo al movimiento social, no hizo ningún cambio relevante en resguardo de la educación pública, como pudo ser una nueva ley de financiamiento basal y estratégico para robustecer el sistema a largo plazo. Hoy la agenda mercantil de los Chicago boys sigue tan vigente como antes y la posibilidad de detenerla solo depende de la fuerza que logre desarrollar el movimiento movimiento popular. Pregunta: ¿Cómo vivieron la experiencia del traspaso al SLEP? Me refiero a si sabían cómo se venía la mano con el traspaso, ¿se prepararon con tiempo?, ¿ya venían organizados o fue más bien sobre la marcha que se organizaron? Respuesta: Mira, como para tratar de ordenarlo esquemáticamente, lo voy a separar en al menos dos líneas fuerza: lo político y lo técnico. Porque esto tiene un tema político y un tema técnico que muchas veces pareciera que caminan por separado. En lo político, nosotros como SUTE Valparaíso, venimos participando de las discusiones antes de que se aprobara la ley, cuando empezaron los debates, incluso, cuando tenían otros nombres de antes que se llamaran SLEP. Tuvo dos momentos: en el gobierno de Bachelet cuando comienza la discusión y luego en el gobierno de Piñera, donde se amarran las discusiones. Ahí es donde se llegan a los acuerdos políticos de lo que va a ser la transición a la desmunicipalización. En este proceso participaron varios de los que hoy día son personeros del Ministerio de Educación, incluyendo el ministro de Educación de Boric (Nicolás Cataldo), como parte de los equipos asesores del gobierno de Bachelet. Estuvieron los equipos de Piñera también, de la Fundación Futuro. Bueno, ahí se zanjaron los acuerdos políticos que finalmente fueron llevados al Parlamento al momento de acordar la ley, el acuerdo de desmunicipalizar. Pero previo a esto, se había acordado lo que era la Ley de Inclusión de Bachelet, en donde uno de los acuerdos de amarra en esa ley fue que se acababa el copago que hacían las familias de los particulares subvencionados. La amarra que hicieron los privados fue que cada peso que fuera al sistema público es un peso que también se iría al sistema privado, amarras políticas que fueron quedando en las negociaciones previas al acuerdo de la desmunicipalización (traspaso a SLEP). El segundo acuerdo importante es que -entre los sectores políticos- se repartieron la administración de los servicios. Eso también es un acuerdo. De hecho, crean una comisión binominal, porque finalmente todo lo trabajaron en la lógica binominal entre equipos de expertos de Bachelet y Piñera. Pero además de acordar ese equipo de expertos, que es 50/50 entre los dos bloques, acordaron la repartija de las direcciones, la dirección ejecutiva de los servicios locales. Entonces parte importante de las negociaciones que se hacen previo a cada gobierno es cuántos servicios va a traspasar cada gobierno, porque finalmente es el presidente el que elige a los directores ejecutivos, independiente de que se tramiten por alta dirección pública (ADP). Pero además, los concursos de ADP sabemos que en Chile no son transparentes. Así, todo, todo, todo tiene que ver con la administración de las lucas, que finalmente van a administrar los servicios y está todo acordado binomialmente. Esto demuestra que se trata de un acuerdo totalmente antidemocrático, a espaldas de las demandas estudiantiles, ¿cierto?, de la vuelta de la educación al Estado y todo lo que significó el 2006, porque estas amarras vienen desde las peleas de los pingüinos en 2006, y finalmente con la desmunicipalización la escuela no vuelve al Estado, porque los servicios locales crean una tercerización similar a la de las corporaciones municipales. Por lo tanto se sigue tercerizando el servicio, no se cambia nada de la estructura de la educación pública, particularmente el financiamiento, que es lo que permite que la educación pública sea un fracaso y no salga adelante. En este caso, como se mantiene la lógica del voucher y la precarización financiera, sabemos que es una extensión del fracaso e incluso peor aún, porque en el caso de las municipalidades, los municipios por ley pueden todavía y podían inyectar los recursos propios. El servicio local no tiene recursos propios. Por lo tanto, si no tiene plata, no hay dónde sacar, así de simple. Los municipios sí lo podían hacer, generando deuda, con todo lo que hemos visto también que ha sido parte de la precarización, pero sí lo podían hacer. Hoy día no se puede. Esta precarización se sabía que vendría. Fue parte de las negociaciones de no tocar el sistema de financiamiento.Y cómo se nota esas negociaciones que este gobierno (Boric) teniendo la posibilidad de levantar y cambiar el sistema de financiamiento, no lo hizo. Entonces, todo eso es parte de los acuerdos políticos que fueron previos a la aprobación de la ley 21.040 como tal. Luego viene la bajada técnica, que es donde finalmente se terminan dando los delegados, cómo se instala el proceso de traspaso, que siempre es complejo porque finalmente la mayoría de los municipios tienen deuda. Por lo tanto, al momento de traspasar al sistema, nos encontramos primero con las deudas de los trabajadores, que vienen desde las deudas previsionales, Y un montón de otros ítems que se arrastran en negociaciones colectivas, que los alcaldes le inflan meses o un año antes del traspaso. Entonces, inflan negociaciones colectivas para ganar votos y después el sistema no es capaz de sostener esas negociaciones y, por lo tanto, cuando tú eres traspasado, después no te reconocen nada y ahí se cae, ¿cierto? Todo el trabajo de las peleas sindicales, porque los alcaldes han utilizado esto también como un caballito de batalla para negociar, sobre todo cuando se acercan los procesos electorales. Pregunta: Y ustedes como organización, ¿estuvieron haciendo un seguimiento? Por ejemplo, de lo que nos cuentas ahora del pago de las remuneraciones ¿Cómo participaban dentro de toda esta problemática que había? Respuesta: Nosotros, cuando nos tocó traspasar en Valpo, tuvimos seis meses para hacerlo, todo en seis meses. El municipio y el equipo de servicio local tuvieron que armarse e instalarse antes de recibir todo, más de 3.000 trabajadores, y más de 50 establecimientos de educación. Todo fue en seis meses. Hoy en día, ese plazo es de un año. Por lo tanto, permite hacer un poco mejor el proceso. Quedó instalado en un año y, de hecho, casi todos los servicios que se están instalando ahora, por ejemplo, se instalan un año previo, o sea, en enero del año anterior. En el caso del SLEP Mapocho por ejemplo (Huechuraba, Recoleta e Independencia), que se cambia en el 2028, en enero del 2027 ya deberían instalar la oficina ejecutiva, el director, el director ejecutivo y al menos un equipo base del SLEP. Y con los municipios, lo que se da es que el Estado no interviene mucho, por lo tanto, los municipios han traspasado lo que han querido. Y dentro de eso, por ejemplo, han traspasado sobredotación. O sea, funcionarios que son municipales, los han metido a educación, A los RBD de la escuela, los traspasan amarrados al nuevo sistema, lo que hace que el sistema se reviente y después haya excedente permanente de funcionarios. Eso es como parte de las malas prácticas de los alcaldes. En ese proceso no hay nadie que fiscalice. De hecho, durante el proceso de traspaso te encuentras con cambios en las condiciones laborales, o también mucha gente metida con sobresueldo. Todo eso es parte del proceso mafioso que se viene dando entre los alcaldes y el Estado y en donde nadie, nadie interviene. No hay un ente controlador que permita que eso no ocurra. Pregunta: Sería bueno si pudieras profundizar un poco en eso. ¿Qué pasa con la dotación? ¿Hay despidos? ¿Cómo se dan estos despidos? Respuesta: Dentro de la creación de la ley, está considerado la disminución de funcionarios. La ley 21.040 cuando se crea, se hace para administrar un sistema que represente menos del 30% de la educación del país, que es más o menos lo que hoy día representa la educación pública. De hecho, una de las bases de los acuerdos políticos de la creación de la ley, es el equilibrio financiero, y en la educación pública solo se puede dar cortando funcionarios o cerrando escuelas. No tenemos alternativa para hacer equilibrio financiero. Entonces ahí, de hecho hay una fórmula de cálculo que se presentó en la ley que todavía está vigente, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento de hoy en los jardines, esto puede ser cuando se calcula la cantidad de técnicos por educadora. Este es un modelo que no se entiende, que dice que por cada treinta y cinco estudiantes tiene que haber un profesor, y por cada dos profesores, un asistente de la educación. Eso no se sostiene con ningún criterio pedagógico. O sea, porque un profe, no le hace clase a treinta y cinco estudiantes. Son varios profes, distintas asignaturas, etc. Los asistentes no son asistentes de aula, sino que hay profesionales, técnicos y un montón de otros funcionarios. Entonces, ese criterio no se sostiene de ninguna manera, pero con ese criterio es que te dicen que hay sobredotación. Entonces, siempre va a haber sobredotación en la lógica técnica con la que ellos nominan. Además, hay otro elemento que utilizan de un cálculo que hizo la Universidad Católica hace ya como quince años, que decía que una escuela con menos de 200 estudiantes no se sostiene financieramente, Y como seguimos con la lógica del voucher, eso revienta. O sea, con escuelas de menos de 200 estudiantes, lo que hay que hacer es sacarle plata a otra escuela para poder sostener, ¿cierto?, pagando sueldos y hacer el equilibrio financiero. Entonces, en esa lógica siempre va a haber sobredotación. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Boric durante todo el proceso, en los distintos procesos de traspaso, fue intentar presionar a los alcaldes para despidos masivos. Finalmente los alcaldes, la mayoría, no lo ejecutaron, exceptuando este último año, en donde sí intentaron hacer despidos masivos en Curicó, en Talca, y en otras comunas. Pero anteriormente eso no había ocurrido de manera masiva. También lo intentaron hacer cuando se recibieron los primeros SLEP. De hecho, en Barrancas, fue uno de los que intentaron sacar a más de 200 funcionarios. En Colchagua, el año 2020 fueron 200 funcionarios. En Barrancas, las movilizaciones lograron frenarlo. En Colchagua lo hicieron mal técnicamente y tuvieron que devolver a los 200 funcionarios. Y, entonces ha habido una presión constante, pero que no ha sido tajante.Y eso ha permitido que en algunos lugares se retracten, y en otros, avancen. Creemos que ahora, y lo ha dicho el presidente electo, van a apretar mucho más el tema de la salida de gente o el excedente. Pero también han planteado que van a suspender el proceso. Ahora hay que ver, hay que ver bien desde dónde se van a agarrar, porque tampoco es llegar y por decreto, o sea, es una ley. Entonces tampoco el presidente puede por decreto suspender una instalación de una ley. Si hay herramientas que están dentro de la misma ley, que te dan momentos para revisiones o detener procesos que, por ejemplo, están viciados. El gobierno de Kast seguramente va a utilizar la artimaña de revisiones de los traspasos para detener los procesos, porque a ellos les interesa mantener la municipalización, por lo tanto, van a tratar de que esto no avance. Y como viene lleno de pifias, también tienen argumentos como para justificar suspensiones varias veces. En el caso de los jardines VTF, no ha sido drástico porque es una necesidad muy notoria a nivel del país. O sea, los jardines VTF reciben al 80% de los niños que requieren atención de esa edad, entonces no hay una alternativa fuera de los VTF. Y además se da que los VTF no dejan de ser VTF, por más que han intentado instaurar el lenguaje de que ya no existen los VTF en centros pasados, es mentira porque siguen siendo guías de referencia.Y siguen dependiendo de JUNJI, y no del servicio. Entonces, finalmente siguen dependiendo exclusivamente del mismo sostenedor, que en este caso es el ministerio, pero a través de JUNJI, ¿cierto?, que va determinando los coeficientes, y en donde podrían poner algún tipo de pero es con respecto al tema de la infraestructura, porque por ley se supone que los jardines debieran tener un reconocimiento oficial y en Chile serán el 20% o 30% de jardines que tendrán reconocimiento oficial, por tanto ahí se genera el choque entre lo que dice la ley y la realidad. Y la realidad significaría cerrar jardines infantiles y dejar sin atención a varios, miles de niños y niñas. Entonces, ahí se genera esa contradicción que, finalmente ha significado que no han tocado los VTF.

Ricardo Camejo, Estudiante del Liceo 7 de Providencia. El Liceo N°7 Providencia Luisa Saavedra es un destacado establecimiento educacional mixto que ofrece una educación de excelencia académica, considerándose un liceo "emblemático" con más de 80 años de trayectoria. Sin embargo, hoy la realidad interna es sumamente compleja porque el recinto sigue arrastrando una deuda operacional de $37.421.053, según la Cuenta Pública (página 15). Al existir un déficit de tal magnitud, el sostenedor reduce al mínimo los gastos esenciales, afectando el dinero destinado a reparar las salas, los baños y mantener los espacios mínimos donde nos educamos a diario. Esta crisis de recursos se vuelve todavía más crítica con las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, específicamente con el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” y las exigencias del oficio N°16 del Ministerio de Hacienda. En vez de inyectar el financiamiento que falta, se busca imponer una agenda que desvía los escasos fondos públicos para meterlos a la fuerza en la implementación de tecnologías de vigilancia. Esto genera una contradicción enorme dentro de la comunidad, porque a lo largo de distintas generaciones los estudiantes hemos presentado solicitudes formales por las deficiencias estructurales de nuestro liceo. La respuesta de la dirección y de las autoridades siempre es la misma: nos dicen básicamente que no hay fondos disponibles para solucionar los problemas reales. La verdad es que esta normativa no trae soluciones: se enfoca solo en medidas policiales, y eso nos afecta directamente en el día a día y en cómo nos relacionamos dentro del liceo. Si este proyecto de ley se aprueba, lo que vamos a vivir es una lógica de control parecida a la de una cárcel. Esto rompe la convivencia entre todos nosotros, estudiantes, funcionarios y profesores por igual. La ley quiere reforzar cosas como revisar nuestras mochilas obligatoriamente o poner detectores de metales a la entrada. Con esto, nos tratan como si ya fuéramos delincuentes o sospechosos, antes de vernos como personas con derechos. Y así es imposible tener un diálogo sano y democrático, justo en el lugar donde pasamos gran parte de nuestra vida. Esta forma de basarlo todo en la sospecha termina separándonos mucho y perjudicando al liceo entero. En vez de cuidar espacios donde nos encontramos, nos apoyamos y confiamos entre todos, el sistema nos obliga a mirarnos con desconfianza. Al final, la vida escolar se convierte en algo marcado por la duda. Desde mi punto de vista, que se elija poner toda la atención en vigilarnos, controlarnos y revisarnos antes de ocuparse de lo que realmente urge para arreglar la educación pública demuestra de sobra que a los legisladores que aprobaron este proyecto no les importa nada la ética ni tienen empatía real por nadie. Es simplemente inaceptable que se estén gastando cantidades gigantescas de dinero solo para perseguirnos y tenernos vigilados dentro de nuestras propias salas de clases mientras nosotros tenemos que estudiar en condiciones que son realmente precarias y muy lejos de ser dignas, porque con esto queda más que claro que para el gobierno es mucho más fácil y preferible gastar recursos en vigilarnos que en asegurarnos una educación de verdad como corresponde. Y claro que esta forma de actuar basada nada más que en la represión no es ninguna coincidencia ni algo que haya pasado por casualidad ni mucho menos es algo nuevo de estas autoridades, porque en el fondo lo que realmente buscan al meter este tipo de control tan estricto parecido al de una cárcel es intentar callar y frenar al movimiento estudiantil, además de debilitar esa capacidad que siempre hemos tenido de organizarnos entre todos para salir a pelear y exigir lo que es justo, que es una educación pública digna y de calidad para todos. Ellos saben cómo funciona todo esto y saben perfectamente que si logran tener a todo el estudiantado controlado, vigilado y reprendido en su propio espacio de estudio vamos a tener muchas menos fuerzas y herramientas para unirnos entre nosotros y salir a reclamar por nuestros derechos, así que no es nada extraño que usen el miedo y la vigilancia como si fueran herramientas políticas para intentar frenar todas esas demandas que salen de la base y que son totalmente legítimas y necesarias para cambiar las cosas. Ante tanto control y las condiciones tan precarias que vivimos en los liceos, la comunidad educativa ha salido a manifestarse. Hemos visto movilizaciones, tomas de sala, empapelamientos en todo el recinto, asambleas continuas y faltazos masivos. Todo surge porque quienes formamos parte de esta comunidad no estamos dispuestos a aceptar una normativa que solo daña la convivencia y rompe lo que hemos construido con el paso del tiempo. Lo que corresponde hacer ahora frente a la presión que viene desde el Congreso es defender nuestra autonomía y trabajar de inmediato para fortalecer la organización estudiantil. Tenemos que reactivar todos los espacios de participación y construir desde la base, dejando atrás cualquier diferencia para centrarnos en proteger nuestro liceo por sobre cualquier otra cosa. Resulta fundamental avanzar junto a los docentes, tanto en las reuniones oficiales como en el trato cotidiano dentro del establecimiento. Ninguna autoridad actual o futura va a impedir que sigamos organizados y luchemos por lo que realmente nos corresponde. No tiene ningún sentido gastar recursos enormes en vigilancia y medidas de control mientras la infraestructura se deteriora, faltan materiales y no contamos con lo mínimo para estudiar con dignidad. A medida que crece el rechazo a este tipo de políticas, los estudiantes vamos a responder con más unión, mejor organización y defensa estricta de cada derecho que hemos logrado conseguir capacidad que siempre hemos tenido de organizarnos entre todos para salir a pelear y exigir lo que es justo, que es una educación pública digna y de calidad para todos. Lee acá: Las medidas represivas del Proyecto de Ley de "Escuelas Protegidas" Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? Lee acá: Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno

Por Julia Espinoza, vocera de la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida. Vecinas, vecinos: les escribo con rabia, pero con los datos en la mano. Porque esta vez no nos van a decir que exageramos. Cuando se discutió la Ley de Presupuesto 2026, el propio gobierno de Boric propuso un recorte de más del 50% en los subsidios del DS49. Fueron los parlamentarios —de oposición y de oficialismo— quienes repusieron la cifra y nos comprometieron 40.000 subsidios para las familias que llevamos años luchando por una vivienda digna. Cuarenta mil. Esa fue la palabra empeñada en el Parlamento, después de pelearla. Pero en febrero, antes de irse, el mismo gobierno de Boric firmó la Circular N°5 y dejó el marco en 19.587 subsidios, invocando la Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea: lo que el Congreso repuso por la puerta, el Ejecutivo lo recortó por la ventana. Tragamos. Y ahora, el 5 de mayo, el gobierno de Kast firma la Resolución N°685 y nos avisa, sin conferencia de prensa ni post en Instagram, que el llamado para comités este año será de 5.000 subsidios. Cinco mil. Para todo Chile. Saquen la cuenta conmigo: del compromiso original al cupo real, se perdió el 87,5%. Treinta y cinco mil familias quedaron en el aire entre dos gobiernos. Y acá en la Región Metropolitana, donde viven la mitad de las familias arrendatarias y allegadas del país y donde hay más de 100.000 familias en lista de espera, ¿saben cuántas viviendas ofrece el primer llamado individual? Entre 410 y 610. Menos que los socios de un comité grande de mi población. Nos dicen que el presupuesto del MINVU subió. Es cierto. Pero les explico lo que en mi comité aprendimos a fuerza de asambleas: esa plata no es para nosotras. Es para pagar deudas viejas. De los 3,6 billones de pesos del DS49, 3,595 billones ya estaban comprometidos antes de que asumiera Kast. Quedaron 5 mil millones de margen real. Entonces cuando el ministro Poduje sale a tronar contra el gobierno anterior por el recorte de febrero —y tiene razón en parte, no lo voy a negar—, yo le pregunto: ¿por qué el recorte de mayo, el suyo, no lo anunció en sus redes? ¿Por qué de 13.420 cupos para comités pasamos a 5.000 en silencio? Esa diferencia entre cómo se grita lo del otro y cómo se susurra lo propio, esa es la política habitacional de este gobierno. Vecinas: el campamento no es una elección. Es lo que queda cuando el Estado se hace el desentendido. Cada toma que va a aparecer este invierno a lo largo del país tiene nombre, RUT y número de comité. Son las 35 mil familias que este año esperaban su subsidio y no lo van a tener por efecto de los recortes. A las autoridades les digo una sola cosa, con el respeto que ustedes no nos tienen: No estamos inventando. Estamos leyendo. Los documentos son públicos. La Ley de Presupuesto, la Circular N°5, la Resolución N°685. Ahí están sus recortes. Y a mis vecinas: organicémonos. Porque si el subsidio no llega por la puerta de la oficina, va a llegar por la puerta del comité, de la reunión, de la asamblea. Como siempre ha sido. La vivienda no se mendiga. Se conquista. Lee acá: Alerta para los comités de vivienda: El gobierno reduce a menos de la mitad la entrega de subsidios (febrero) Lee acá: Nuevos recortes en vivienda: Gobierno reduce 8.420 subsidios DS49 a nivel nacional para 2026 (mayo)

No salió en la TV ni en las redes del ministro Poduje el llamado 2026 del MINVU que recorta en un 62% los recursos a la vivienda social. En la RM, el recorte es mayor en proporción, y se traduce que en vez de 2.360 familias, solo unas 590 recibirán un subsidio este año, aumentando los tiempos de espera de forma exponencial. El 05 de mayo el Ministerio de Vivienda emitió la Resolución Nº 685 que llama a proceso de selección para la entrega de subsidios DS49 dirigidos a los comités de vivienda a nivel nacional. En términos generales, lo más importante del llamado es la reducción de recursos que se vuelve a hacer a las familias sin casa. Esta vez se reducen los 13.420 subsidios DS49 para comités anunciados en febrero a solo 5.000 para todo el 2026, lo que significa una reducción del 62%. Esta reducción de recursos, que hasta ahora ha pasado piola y que el ministro no ha anunciado en ningún live en sus redes sociales, se suma a los 20.000 subsidios DS 49 recortados al término del gobierno de Boric. En resumen, de 40.000 subsidios aprobados por el Congreso, entre Boric y Kast se redujeron a 5.000. En otras palabras, este año prácticamente no hay DS 49 para los comités de vivienda. La resolución también actualiza las fechas de cierre que tienen los proyectos para alcanzar a postular, luego de que durante los dos meses de gobierno se haya paralizado por completo el avance de los proyectos de vivienda a nivel nacional: inicialmente, el primer corte para postular sería en febrero, y luego se corrió a abril, sin que ninguna se realizara, dejando a todos los proyectos a la espera de ser calificados (no pueden ingresar a evaluación si no hay llamado publicado). Nuevas fechas de cierre de los procesos de selección (proyectos calificados): - 22 de mayo - 06 de agosto - 08 de octubre - 03 de diciembre El recorte del DS49 a nivel nacional El MINVU dispone de solo 6.364.440 UF ($255.000 millones de pesos), equivalente a cerca de 5.000 subsidios. Esta cifra equivale a solo el 38% de los 16.857.637 UF ($677.000 millones de pesos) anunciadas en febrero para este mismo ítem de gasto. El recorte del DS49 en la Región Metropolitana El MINVU dispuso para la RM de 768.371 UF ($30.000 millones de pesos), equivalente a cerca de 590 subsidios. Esta cifra equivale a solo el 25% de los 3.075.080 UF ($1,2 billones de pesos) anunciadas en febrero para este mismo ítem de gasto. Fuente: Resolución Nº 685 del MINVU Una aclaración metodológica: el llamado del DS49 detalla recursos en UF, pero no cantidad de subsidios. Para estimar esto último, se calculó en base al monto promedio en UF que consideró el programa habitacional publicado en febrero de este año, que si detalló unidades de subsidio y monto en UF (el mismo del recorte de más de 20 mil subsidios). Para la selección de los proyectos DS 49 (general), y en consideración de la baja cantidad de recursos disponibles, se establece un orden de prelación: 1) Primero, se priorizarán proyectos que incluyan asociación de familias a viviendas en nómina de proyectos seleccionados o beneficiados anteriormente (nómina de oferta); 2) Luego, se considerarán los proyectos calificados definitivamente por el SERVIU; 3) Finalmente, los proyectos con calificación condicionada, si es que existieran recursos disponibles. Esta prelación no es un dato menor, ya que considerando la baja cantidad de recursos dispuestos para todo el 2026, significa, para el caso de la RM, que los cerca de 590 subsidios dispuestos no alcanzarán a cubrir ni siquiera los 16 proyectos que ya postularon en septiembre y diciembre de 2025 y se encuentran pendientes de ser seleccionados, que en total alcanzan 2.000 familias que se encuentran a la espera, sin contar las familias que postulan a proyectos ya aprobados y que tienen cupos disponibles, que serían quienes tendrán la primera prioridad para entregarles el subsidio. De esta forma, los proyectos que se encuentran pendientes de ingresar al SERVIU para ser calificados, que son cerca de 50 para este año por un total de 9.000 familias, quedarían a la cola de todos los anteriores, por lo que si no se aumentan los recursos de manera importante, no tendrán ninguna posibilidad de recibir el financiamiento para iniciar obras durante el próximo año, aumentando de forma exponencial los tiempos de espera para las familias sin casa. En resumen, los cerca de 590 subsidios DS49 para la RM este 2026 no cubren ni el 25% de los que están a la espera desde el 2025. Así, para 2027 quedarían todavía 1.500 familias que ya postularon en 2025, más otras 9.000 familias cuyos comités están en condiciones de postular este 2026. Lee la Resolución completa acá

Mientras organiza la Fiesta de la Familia -conservadora- para el 16 de mayo en Huechuraba, Kast elimina los $515 millones de 52 centros familiares (12) y digitales (40) que gestiona la Fundación de las Familias en todo el país, que ya venían siendo recortados, según denuncian sus trabajadoras, cerrando espacios de talleres y contención comunitaria para personas de todas las edades. Contradicciones del Gobierno: organiza el festival de la familia mientras cierra 52 centros a nivel nacional Para la comunidad y trabajadoras afectadas hay una incoherencia en el relato del Gobierno, ya que mientras busca cerrar 52 centros familiares y digitales junto a sus programas a nivel nacional, anuncia la celebración de la Fiesta de las Familias en Huechuraba para el día sábado 16 de mayo, a pocas cuadras del Centro Recoleta. El cierre de los centros se alinea con la ideología conservadora de Kast, afirmando – en la “Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión” celebrada en febrero en Bruselas (Bélgica) – que creía en "la familia como lugar primario y último de nuestra existencia”, es decir, una familia nuclear (hombre-mujer), jerárquica y tradicional, desconociendo la existencia de familias monoparentales, homoparentales o a la comunidad como una forma de familia extendida sobre las redes de apoyo en la población. A diferencia de lo que creen Kast y sus seguidores, el centro familiar es un espacio que da seguridad a la comunidad de los alrededores, en un escenario de empobrecimiento y descomposición social con pocas alternativas de socialización, entrega servicios para la distracción y el ocio de las familias, siendo uno de los pocos espacios de uso comunitario integral del territorio, ya el resto son sedes netamente deportivas, sociales o vecinales. Historia Fundación de las Familias (FUNFA) Creada en 1990, integrando una de las 7 fundaciones de Presidencia, encargadas de la ejecución del trabajo de las Primeras Damas. Su trabajo se orienta a espacios comunitarios, redes de apoyo y articulación social. En el primer gobierno de Bachelet pasan a formar parte de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia (CSP), ya que la figura de Primera Dama no funcionaba. En 2022, con Irina Karamanos, la CSP finalizó sus funciones traspasando las fundaciones a distintos ministerios, y en el caso de la FUNFA pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESOF). Presupuesto y programas FUNFA ejecuta dos programas: el Programa Desarrollo Familiar (PDF) y el Programa Familia Digital (PFD), en su mayoría con trabajadoras del área social. Su presupuesto proviene de dos líneas: a) Programa Desarrollo Familiar: funcionan en los centros desde 1990, siendo financiado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG). En sus 36 años cuenta con 12 centros entre Antofagasta y Puerto Montt. Tiene un enfoque preventivo y comunitario, teniendo por objetivo “promover relaciones saludables basadas el buen trato, una adecuada organización de subsistemas familiares y presencia de redes de apoyo al interior de las familias en contextos de vulnerabilidad social”. b) Programa Familia Digital: ejecutado por la FUNDA como Programa Telecentros a partir del año 2016 y en 2018 pasa a llamarse PFD, siendo financiado por el MIDESOF. En la actualidad cuenta con 40 centros a nivel nacional, orientados a “hacia las familias, con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro, aprendizaje, inclusión y sobre todo una ventana para el acceso universal, libre y gratuito a los servicios y trámites digitales del Estado”. En estos centros funcionan el Programa Desarrollo Familiar y el Programa Familia Digital. A partir de la articulación y gestión territorial, las trabajadoras y la comunidad desarrollan actividades con apoyo de la municipalidad, corporación de deportes, Senda, OLN, entre otros, ampliando las actividades y talleres deportivos, culturales, familiares, comunitarios, etc. (estos espacios son autogestionados, no tiene financiamiento, es solo gestión territorial). Trabajadores y usuarios de los programas En el PDF trabajan en su mayoría trabajadoras del área social y en el PFD trabajan en su mayoría mujeres jefas de hogar. En total suman alrededor de 150 trabajadoras contratados y tienen un sindicato nacional. Durante 2025 el Centro Recoleta atendió a cerca de 1900 usuarios (individualizados), contándose infancias, mujeres, adultos mayores, etc., en su mayoría de Recoleta, pero también de otras comunas cercanas. Sirven como espacio de recreación para las familias, de apoyo emocional y psicológico en casos de salud mental, y es considerado un lugar seguro para mujeres e infancias. Los principales afectados serían las familias usuarios del Programa de Desarrollo Familiar (en Recoleta, no hay PFD, solo PDF), y la comunidad cercana al centro, debido a que el lugar abandonado y se convertiría en un foco más de inseguridad en la población. Recortes vienen desde el gobierno de Boric Al salir de Presidencia (tras la finalización de funciones de la CSP), ha tenido recortes de manera progresiva en ambas vías de financiamiento (MIDESOF y SERNAMEG). El cierre de la FUNFA se debe a una decisión de Estado y al desconocimiento del trabajo en el territorio y desde 2022 viene un recorte consecutivo del presupuesto durante cuatro años, lo cual a afectado la ejecución presupuestaria y programática. Según trascendió entre las trabajadoras, hubo una reunión entre la Dirección Ejecutiva, Jefaturas de Programas y MIDESOF (gobierno de Boric), donde la ministra Orellana manifestó que la FUNFA era una fundación que no servía y que ella no veía una pertinencia en los territorios, por ende, había que ir recordando el presupuesto hasta su propia disolución. Por cuestiones de costos no fue cerrada (indemnizaciones a trabajadores con Código del Trabajo), siendo muy caro y se mantuvo abierta, pero con un debilitamiento económico que afecto su funcionamiento. Desde diciembre de 2025 funciona con los recursos básicos para pagar salarios (150 aprox.) y servicios que son pagados a nivel central de la Fundación (luz, agua, internet). A partir de allí, los trabajadores y la comunidad financian materiales de aseo (papel higiénico, insumos limpieza, etc.) que no se han recibido desde diciembre, materiales para talleres, entre otros. Es decir, el camino ha sido debilitar la institución hasta el punto que se está hoy en día, que se busca cerrar.

Por Colectiva Resistencia Materna Hay ausencias que no se explican. Solo se sienten. Un niño espera. Una niña pregunta. Una madre responde lo que puede, como puede. “Está ocupado”, “no pudo venir”, “quizás la próxima semana”. Pero la próxima semana no llega. En Chile, el abandono parental no siempre se nombra, pero se vive todos los días. Y aunque el sistema ha avanzado en mecanismos para exigir el pago de pensiones de alimentos, hay una dimensión que sigue quedando fuera: la emocional. Ahí, en ese vacío, es donde se instala la lucha de la colectiva Resistencia Materna Chile. Las cifras son claras, pero no suficientes para dimensionar el problema. Investigaciones y reportajes de CIPER Chile han evidenciado que la gran mayoría de las deudas por pensión de alimentos en Chile presentan incumplimientos, reflejando una falla estructural en la corresponsabilidad parental. A esto se suma que más del 60% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Muchas de estas madres enfrentan mayores niveles de pobreza y sobrecarga laboral. La ausencia parental no es solo económica: también es afectiva y vincular. Y sin embargo, esa dimensión sigue sin una respuesta legal clara. Una ley que nace desde la experiencia Durante cuatro años, madres organizadas a través de Resistencia Materna Chile, levantaron testimonios, recopilaron antecedentes y trabajaron con profesionales en infancia para construir una propuesta concreta: el Proyecto de Ley de Abandono Parental (boletín 15.138-18). Impulsado junto a las diputadas Ana María Gazmuri, Ana María Bravo, Karol Cariola, Carolina Tello, entre otras parlamentarias y con el respaldo de la bancada feminista, el proyecto logró avanzar en 2022 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Dos años y siete meses de parálisis: la deuda del Senado con la niñez. La iniciativa legal no registra avances significativos desde finales de 2023, postergando una vez más la protección efectiva de las NNA. Este proyecto, lejos de lo que podría pensarse, no se trata de castigar indiscriminadamente ni de interferir en vínculos sanos. El enfoque es claro: proteger la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes (NNA). En términos concretos, el proyecto establece que: 1. Se reconoce el Abandono Parental cuando existe: 1 año de incumplimiento total de visitas o 2 años de incumplimiento intermitente. 2. Patria y potestad, quién haya perdido la RDR por abandono Parental no podrá administrar los bienes. 3. Indignidad para heredar, quien abandona no podrá heredar de los hijos e hijas que abandonó. 4. Salidas del País: quién haya perdido la RDR por abandono Parental será el tribunal quién dé la autorización sin mayor trámite. 5. Si el cuidador principal está con enfermedad terminal o fallece no podrá solicitar el cuidado personal y administrar los bienes a quien fue suspendida la RDR por abandono Parental. 6. Toda y todo condenado por VIF y ASI (abuso sexual infantil) contra el NNA perderá todo derecho a exigir RDR y cuidado personal. La propuesta NO tiene relación con la obstrucción del vínculo, al contrario, se busca aplicar cuando es el propio padre o madre quien decide no ejercer su rol. El abandono no siempre deja marcas visibles. Pero sí profundas. Psicólogos y especialistas en infancia coinciden en que la ausencia sostenida de una figura parental puede generar: sensación de rechazo, problemas de autoestima, dificultades en vínculos futuros, ansiedad o inseguridad emocional, entre otros. El problema no es solo que no estén. Es que aparecen y desaparecen. Y eso desestabiliza profundamente a los niños. Uno de los principales obstáculos que enfrenta el proyecto es la falta de patrocinio del Ejecutivo, clave para acelerar su tramitación. Pese a solicitudes reiteradas a instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Defensoría de la Niñez, no se ha otorgado respaldo. Sin urgencia legislativa, el proyecto permanece detenido. Quienes sostienen esta lucha no lo hacen desde espacios de poder. Son madres. Madres que trabajan, cuidan, organizan y además levantan incidencia política. Madres que —como ellas mismas dicen— lo hacen “desde sus propias violencias y sin recursos”. “Lo mínimo que esperamos es que se reconozca la urgencia. No estamos hablando de nosotras, estamos hablando de nuestros hijos e hijas”. ¿Puede existir derecho a ejercer paternidad o maternidad sin asumir responsabilidades básicas? Hoy, en Chile, la respuesta parece ser sí. Este proyecto busca cambiar eso. No desde el castigo, sino desde el CUIDADO. Porque crecer en incertidumbre también es una forma de violencia. Mientras el proyecto sigue en pausa en el Senado, miles de niños y niñas continúan creciendo en vínculos intermitentes, frágiles o inexistentes. Y entonces la pregunta deja de ser legislativa. Se vuelve profundamente humana: ¿Qué significa realmente estar presente en la vida de un hijo o hija?

Por Evan Fernandez, estudiante de 4º medio. La reciente derogación de la Circular N° 781 no significa solamente un cambio rutinario dentro del sistema educativo en Chile. Es, en la práctica que viven miles de estudiantes secundarios, una clara señal política y cultural sobre las prioridades ideológicas del Gobierno de turno dentro de los establecimientos educacionales. Durante su corta vigencia, esta declaración exenta obligaba a los centros educativos a incluir explícitamente en sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) principios y medidas de no discriminación e inclusión con perspectiva de género. La eliminación de esta circular por parte de la Superintendencia de Educación, este martes 28 de abril, a tan solo 5 meses de su publicación, evidencia algo fundamental: un abandono estructural hacia las niñeces y juventudes disidentes, al eliminar la claridad y la exigencia con la que se implementaban medidas para una convivencia escolar sana. La diversidad sexo-genérica, la cultura de la discriminación y la violencia de género en los colegios son una realidad que niños, niñas, niñes y adolescentes que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ viven día a día, en un país donde el término “inclusión” aún genera tensiones en las conversaciones. Esta derogación abre paso a que los establecimientos puedan decidir cómo y cuándo abordar un tema que hoy necesita garantías claras. No todas las comunidades educativas tienen la disposición de implementar estos valores en sus reglamentos: pueden simplemente omitirlos o incluso retroceder en ellos. Quienes más notarán estas diferencias, y serán también los más vulnerados, son quienes ya se encuentran en situaciones de mayor atropello, como los estudiantes transgénero, que ya no contarán con un marco normativo fundamental que les permita sentirse resguardados. Desde mi perspectiva como persona que forma parte de la comunidad trans, y que se relaciona diariamente con quienes viven estas mismas realidades, considero que la existencia de normas claras e inclusivas dentro del propio establecimiento escolar es fundamental para la validación de nuestra existencia en el espacio donde pasamos gran parte del día. No es la casa ni la calle: es el colegio, donde nos relacionamos con nuestros pares, donde desarrollamos nuestra identidad y donde deberíamos poder expresarnos con libertad. Por eso, es también el lugar donde se necesita validarnos y donde se debe asegurar un espacio inclusivo y libre de discriminación. El desafío como estudiantes queer ya no es solo confiar en que las leyes serán suficientes —cosa que nunca han sido—, sino también construir espacios verdaderamente seguros y respetuosos dentro de los establecimientos a los que asistimos diariamente. Al quedar la protección a libre elección de cada institución, dejará de ser un derecho garantizado y pasará a convertirse en un privilegio. Frente a esto, es nuestro deber y derecho fundamental organizarnos y movilizarnos para que estos retrocesos no pasen desapercibidos y para seguir avanzando hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo y libre de discriminación para todos los estudiantes, sin permitir que siga eliminando lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Revisa acá la Circular Nº781 que derogó la Superintendencia de Educación

Como Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana, manifestamos mediante el presente escrito nuestra postura frente al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, así como nuestra profunda preocupación ante las medidas de ajuste presupuestario que afectan al Ministerio de Educación. Este posicionamiento ha sido construido a partir de procesos participativos amplios: Consejos de Delegados de Curso, asambleas y comisiones internas. En estos espacios se han recogido diversas visiones del estudiantado, considerando la pluralidad de contextos, experiencias y proyectos educativos presentes en la educación pública. Desde esta construcción colectiva, reconocemos que las problemáticas de violencia en los espacios educativos son reales y requieren atención urgente. Sin embargo, consideramos que el enfoque del proyecto de ley resulta insuficiente y contraproducente, al centrarse principalmente en medidas de control, vigilancia y sanción, sin abordar de manera integral las causas estructurales que originan estas problemáticas, tales como la salud mental, las condiciones sociales, las tensiones en la convivencia escolar y la falta de espacios efectivos de participación estudiantil. En este sentido, existe una preocupación transversal en el estudiantado debido a que la iniciativa adopta un carácter punitivista que predomina, lo que no solo limita su efectividad, sino que puede profundizar las dinámicas de conflicto dentro de las comunidades educativas. Medidas como la revisión de mochilas, generan serios cuestionamientos respecto a su efectividad real y a sus implicancias en materia de derechos, instalando una lógica de desconfianza hacia el estudiantado y abriendo espacio a prácticas arbitrarias. Esta preocupación se ve acentuada por la falta de definiciones claras en el proyecto, particularmente en conceptos como el de “objeto peligroso”, así como por la ausencia de protocolos detallados que regulen su aplicación. Esto podría derivar a múltiples interpretaciones entre establecimientos y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la ampliación de facultades disciplinarias, sin criterios claros ni mecanismos efectivos de supervisión, genera inquietud frente a posibles abusos de poder o aplicaciones desiguales de sanciones. A esto se suma la falta de un enfoque inclusivo que considere adecuadamente a estudiantes con necesidades educativas especiales, neurodivergencias o contextos emocionales diversos, lo que podría profundizar situaciones de exclusión o discriminación. Por otra parte, medidas como la regulación de la vestimenta o la prohibición de interrupciones en el desarrollo de clases tensionan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la identidad personal y el derecho a la organización y manifestación estudiantil. Estas prácticas han sido históricamente formas legítimas de participación, especialmente ante la falta de canales institucionales efectivos, por lo que su restricción sin alternativas claras puede interpretarse como una forma de inhibición o criminalización de la participación. Del mismo modo, cuestionamos el carácter sancionatorio de medidas que afectan el acceso a beneficios educativos, entendiendo que la educación no debe ser utilizada como castigo, sino como una herramienta de inclusión y movilidad social. La posible pérdida de derechos asociados a la educación superior resulta desproporcionada y afecta con mayor fuerza a estudiantes en contextos de vulnerabilidad. En cuanto a la implementación, advertimos serias dificultades: falta de claridad en el financiamiento, sobrecarga para docentes y funcionarios, ausencia de personal especializado y limitaciones de infraestructura en numerosos establecimientos. Estas condiciones no solo dificultan la viabilidad del proyecto, sino que también pueden afectar el bienestar de las comunidades educativas. En términos generales, sostenemos que el proyecto, en su estado actual, podría debilitar la convivencia escolar, deteriorar las relaciones de confianza y desplazar el rol formativo de la educación hacia una lógica centrada en el control y la sanción. Frente a ello, como liceos organizados, planteamos la necesidad de evaluar su eliminación y avanzar hacia políticas públicas con un enfoque integral, formativo e inclusivo, que prioricen la salud mental, la mediación de conflictos, el acompañamiento psicosocial y la participación real del estudiantado. En paralelo, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a las medidas de ajuste fiscal impulsadas por el Presidente, particularmente aquellas que impactan directamente al Ministerio de Educación. Si bien reconocemos que la administración de los recursos públicos constituye un desafío relevante, consideramos que el enfoque adoptado resulta preocupante, al trasladar el costo del ajuste hacia un sistema educativo que ya enfrenta una crisis estructural sostenida en el tiempo. El recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación, en el marco de la Circular N°0012 del Ministerio de Hacienda, constituye una medida regresiva que no considera las condiciones actuales de la educación pública. La magnitud de esta reducción genera incertidumbre respecto a su impacto real, especialmente en áreas críticas como infraestructura, financiamiento de establecimientos, programas educativos y condiciones laborales de las comunidades escolares. Existe una preocupación transversal en el estudiantado respecto a la falta de información clara sobre la implementación de estos recortes, lo que abre espacio a decisiones discrecionales y potencialmente desiguales entre territorios y establecimientos. Esta falta de transparencia debilita la confianza en las instituciones y dificulta la planificación educativa. Esta situación se ve profundizada por la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, enmarcada en la elaboración del Presupuesto 2027, donde se plantea la evaluación, ajuste o eventual descontinuación de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación. Si bien estas medidas se presentan como procesos técnicos, advertimos que pueden traducirse en la disminución de derechos y oportunidades para miles de estudiantes, afectando directamente su acceso, permanencia y proyección educativa. Observamos una tensión entre estas políticas de ajuste y el principio de la educación como derecho social, desplazando el rol del Estado desde una lógica de garantía de derechos hacia una de administración restrictiva de recursos. En términos generales, sostenemos que estas medidas podrían profundizar la crisis de la educación pública, debilitando su capacidad de respuesta y afectando directamente a quienes dependen de ella como principal herramienta de desarrollo y movilidad social. Frente a este escenario, como liceos organizados planteamos la necesidad de avanzar hacia una política presupuestaria que sitúe a la educación pública como una prioridad estratégica del Estado, resguardando su financiamiento y fortaleciendo sus capacidades. En este sentido, consideramos fundamental manifestar una postura de rechazo ante la posibilidad de nuevos recortes al Ministerio de Educación, así como exigir transparencia respecto al impacto del ajuste ya implementado, particularmente en la distribución de recursos y los criterios utilizados. Asimismo, se vuelve necesario avanzar en mecanismos que permitan resguardar el financiamiento de la educación pública mediante herramientas presupuestarias específicas, asegurando recursos para establecimientos, especialmente aquellos en proceso de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública. Desde esta perspectiva, proponemos también la revisión de la estructura del gasto público, orientando una reasignación eficiente de recursos que no afecte directamente a los estudiantes, reduciendo gastos administrativos prescindibles y redirigiéndolos hacia áreas críticas del sistema educativo. Del mismo modo, resulta pertinente fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto, identificando programas con baja ejecución presupuestaria para redistribuir esos recursos hacia necesidades urgentes. Por otra parte, consideramos fundamental resguardar la continuidad de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación, entendiendo que estos son clave para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En este marco, se vuelve necesario que el Ministerio de Educación y el Presidente adopten una posición firme frente a medidas que impliquen su debilitamiento. Como estudiantes de la educación pública, reafirmamos que los desafíos del sistema educativo no se resuelven mediante el aumento de la vigilancia o la reducción de recursos, sino a través de más educación, más participación y mayor apoyo a las comunidades educativas. Hacemos un llamado a las autoridades a considerar de manera activa y vinculante la voz del estudiantado en la construcción de políticas públicas, entendiendo que somos parte fundamental de los espacios que estas buscan regular, y que cualquier transformación significativa debe construirse desde el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de realidades presentes en la educación pública. FIRMAN: ● Liceo 1 Javiera Carrera ● Instituto Nacional ● Liceo 4 Isaura Dinator ● Liceo Manuel Barros Borgoño ● Liceo Carmela Carvajal ● Liceo 7 José Toribio Medina ● Liceo Experimental Artístico ● Liceo Confederación Suiza ● Liceo de Aplicación ● Liceo José Victorino Lastarria Lee acá "Ley Escuelas Protegidas": Kast usa la tragedia en Calama para impulsar una agenda represiva en educación Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

El Ministerio de Hacienda envió una circular a todos los ministerios con directrices de cómo aplicar el recorte del gasto público entre 2027 y 2031. En Educación, llama a “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar: $1 billón de pesos menos que dejaría sin alimentación a los estudiantes de todo el país. El pasado 21 de abril el Ministerio de Hacienda envió la Circular Nº 16 a todos los ministerios del país, con la cual entrega directrices para llevar adelante el recorte del gasto público largamente anunciado por el gobierno de la ultraderecha. En él, se detalla que con motivo de la "estrechez fiscal" los ministerios y sus servicios deberán proyectar sus gastos en base a un criterio de restricción presupuestaria plurianual, congelando el gasto público del periodo 2027-2031 en base a lo ejecutado el año 2025. En el caso del Ministerio de Educación (Mineduc), se detalla una serie de programas que se llaman a "descontinuar" y otros a realizar "ajustes presupuestarios", que la misma circular exige que sean de al menos un 15% de cada presupuesto. De todos los organismos dependientes del Mineduc, el más afectado es la JUNAEB, puntualmente el Programa de Alimentación Escolar, cuyo gasto anual es de $1.062 millones de pesos ($1 billón de pesos), el cual Hacienda llama derechamente a dejar de financiar (ver imagen), lo cual significaría dejar sin alimentación a más de 1,4 millones de estudiantes de educación básica y media a nivel nacional. Lee acá la circular completa

140 trabajadores exigen el pago del sueldo de marzo y certeza por abril ante incumplimientos de la empresa Ecoverde, a cargo del subcontrato del servicio de guardias del Municipio de Huechuraba, cuyo contrato alcanza los $7.909 millones de pesos por 40 meses. ¿Qué está pasando con los guardias municipales subcontratados? No les han pagado el sueldo de marzo y siguen trabajando en la incertidumbre durante el mes de abril que ya se acerca a su fin. A los sueldos impagos se suman otros incumplimientos graves, como el no pago de cotizaciones previsionales y descuentos por planilla de compromisos con la caja de compensación que tampoco han sido pagados efectivamente por parte de la empresa, según denuncian los trabajadores. Esta acción de la empresa ha generado que familias no hayan podido pagar sus arriendos, comenzando a ser desalojados, según han denunciado los propios trabajadores, además de no tener cómo llegar a fin de mes para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación de sus familias, que en algunos casos ha sido cubierta por la solidaridad de compañeros y redes de apoyo.   Licitación por servicio de vigilancia en Huechuraba La contratación de la empresa consiste en prestar el "servicio de guardias para la vigilancia y control en dependencia de la Municipalidad de Huechuraba y en el área de Salud Municipal, proveyendo la dotación y distribución de guardias de seguridad, control de rondas y todos los turnos que se solicite para este servicio. Adicionalmente, la provisión de Sistema de Alarmas y Sistema de Control por circuito cerrado por televigilancia y casetas de guarda de seguridad". Según los datos de la licitación, inició el 31 de diciembre de 2022 y posteriormente fue ampliada hasta el 30 de abril de 2026, por un total de $7.909 millones de pesos. Según la misma fuente de información, el contrato se ha pagado en un 60% de todo el monto contratado, quedando pendiente un pago de $ 3.141 millones de pesos, por lo cual el municipio tendría mucho margen de acción para cursar multas pero también ejercer acciones legales, asociado al cobro de la garantía y exigir posibles indemnizaciones por incumplimientos legales, cuestión que también pueden llevar adelante los propios trabajadores. Las trabajadoras y trabajadores dicen que se les volvió a prometer el pago pendiente para hoy lunes 20 de abril, lo cual hasta el momento de esta publicación no ha ocurrido. De cumplirse, el municipio les planteó que continuarían los servicios con la empresa, a lo cual los trabajadores responden que no están de acuerdo, exigiendo que se ponga fin al contrato y se resguarde la seguridad laboral de quienes están pagando el pato.   Revisa acá el contrato con la Municipalidad de Huechuraba   Revisa acá la licitación con la Municipalidad de Huechuraba   Los 19 contratos con el Estado Según Mercado Público, Ecoverde registra 19 contratos donde presta servicios a distintos organismos públicos por un total de $18.748 millones de pesos.   De estos 19 contratos, 4 se mantienen en ejecución actualmente: -        Municipalidad de Huechuraba (servicio de vigilancia) $7.909.678.641   -        Municipalidad de Lo Barnechea (servicio de vigilancia) $2.246.810.353   -        Municipalidad de Cabrero (servicio de aseo) $ 936.000.000   -        Servicio de Salud del Reloncaví - Hospital de Puerto Montt (servicio de vigilancia) $ 524.160.052

$200.000 millones de pesos menos cada año es lo que le costaría al Estado eliminar el pago de contribuciones a 200 mil adultos mayores de altos patrimonios, incluido una gran parte de los ministros de gobierno. Acá te explicamos cómo funciona el pago de contribuciones y los efectos de esta medida que aún debe ser aprobada en el Congreso. Una expresión local de la crisis del capitalismo   Eliminar el pago de contribuciones a los sectores más ricos del país (hoy al 9% de adultos mayores de mayor patrimonio) solo tiene como fundamento el ser una medida auxiliar -de un paquete mayor de medidas- que busca recuperar la tasa de ganancia de quienes controlan los medios de producción en Chile.   Según el Ministerio de Hacienda, esta medida generaría que cada año dejarán de entrar $200.000 millones de pesos para el Estado, donde los principales afectados serán los municipios más pobres, ya que las contribuciones son la principal fuente de financiamiento municipal a través de un mecanismo de redistribución creado por la propia dictadura en 1979 para mantener la pobreza a raya, por lo que representa una erosión del propio modelo de dominación a la que quieren echar mano para resguardar la concentración de la riqueza.     ¿Quiénes pagan contribuciones actualmente por su vivienda?   En Chile deben pagar contribuciones (impuesto territorial) quienes poseen un terreno cuyo avalúo fiscal supera los $57 millones de pesos, lo que automáticamente deja fuera de esta obligación a cerca del 80% de propietarios de una vivienda, pertenecientes a las capas de ingreso bajo y medio del país. Hoy, solo 35 de cada 100 adultos mayores en Chile posee una vivienda, y para gran parte de ellos, hoy ya existen beneficios tributarios para librarlos del pago de contribuciones:  quienes tienen ingresos mensuales menores a $900 mil pesos no pagan contribuciones, mientras que quienes reciben entre ese monto y $2 millones de pesos mensual, deben pagar el 50% de las contribuciones, siempre que el avalúo fiscal de la vivienda sea menor a $220 millones (en ambos casos) y se destine a uso habitacional. De esa forma, los adultos mayores que efectivamente pagan contribuciones en Chile solo son un pequeño grupo de personas de altos ingresos y patrimonio, cercano a las 400 mil personas, que es el 9% de adultos mayores propietarios de una vivienda en Chile, y es solo a ellos a quienes beneficiaría la propuesta del gobierno.     ¿Cómo se calcula el pago de contribuciones?   El pago de contribuciones puede calcularse en base a distintas fórmulas dependiendo de algunas variables, pero en términos simples, termina siendo en torno al 1% del valor del avalúo fiscal de la propiedad, luego de descontar el valor del avalúo que queda libre del pago de contribuciones, que actualmente ronda los $57 millones de pesos.   A modo de ejemplo, a los $820 millones de avalúo fiscal de la propiedad del ministro Quiroz se le restan los $57 millones de avalúo exento, quedando un saldo de $763 millones, cuyo 1% alcanza casi los $8 millones de pesos, por tanto, lo que hasta hoy debe pagar cada año el ministro por concepto de impuesto territorial por su vivienda, y que dejaría de pagar si se aprueba la reforma que propone su gobierno.   Ante el rechazo de decenas de alcaldes de municipios que se verán afectados por esta medida, el gobierno anunció que les compensará con recursos públicos por $120.000 millones de pesos, pero, ¿de dónde saldrían estos recursos si se supone que el Estado está en quiebra o tiene una crisis de recursos y para peor, esta medida sigue disminuyendo esa recaudación de recursos públicos?   Lee acá: Las 7 medidas tributarias del gobierno que desmantelarán el gasto público en Chile   Los ministros que se beneficiarían con la reforma del gobierno   Jorge Quiroz (ministro de Hacienda) Edad: 64 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 820.210.629   José Francisco Pérez Mackenna (ministro de Relaciones Exteriores) Edad: 67 años Casa en Lo Barnechea Avalúo fiscal: $ 2.147.169.133   Fernando Barros Tocornal (ministro de Defensa) Edad: 68 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 1.217.153.343   Claudio Alvarado Andrade (ministro del Interior) Edad: 65 años Casa en Castro Avalúo fiscal: $ 450.000.400   José García Ruminot (ministro Secretaría General de la Presidencia) Edad: 70 años Casa en Temuco Avalúo fiscal: $ 173.489.337   Jaime Campos Quiroga (ministro de Agricultura) Edad: 72 años Casa en Providencia Avalúo fiscal: $ 332.611.495   María Catalina Parot Donoso (ministra de Bienes Nacionales) Edad: 69 años Casa en Lo Barnechea Avalúo fiscal: $ 384.188.752   Ministros que dejarían de pagar contribuciones en el futuro cercano   Ximena Lincolao Pilquian Edad: 57 años Casa en La Reina Avalúo fiscal: $ 123.815.929   Ximena Rincón González (ministra de Energía) Edad: 57 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 570.202.217   Francisco Undurraga Gazitúa (ministro de Cultura) Edad: 60 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 355.685.527   Iván Poduje Capdeville (ministro de Vivienda) Edad: 58 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 349.365.244   Daniel Mas Valdés (biministro de Economía y Minería) Edad: 55 años Casa en Lo Barnechea Avalúo fiscal: $ 800.188.207   María Trinidad Steinert Herrera (ministra de Seguridad) Edad: 54 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 144.493.899   Tomas Rau Binder (ministro del Trabajo) Edad: 52 años Casa en Colina Avalúo fiscal: $ 396.203.738   Louis De Grange Concha (ministro de Transporte) Edad: 52 años Casa en Las Condes Avalúo fiscal: $ 237.337.824

De las 40 medidas que el gobierno anunció tramitar en un solo proyecto de ley hay al menos siete que representan cambios a la estructura del sistema tributario y que acá te explicamos en sencillo. Van en directo beneficio del gran empresariado y se traducirán en miles de millones de dólares menos al año para el gasto en derechos sociales que ya están siendo recortados desde cada ministerio. El objetivo central del gobierno El gobierno de Kast tiene como principal objetivo aumentar los niveles de crecimiento económico generando mejores condiciones para la inversión del gran capital , tanto para invertir como para retirar ganancias. Para eso definió una serie de medidas que van por distintos carriles, pero que, en términos generales, se enfrentan a la contradicción de reducir el gasto público sin aumentar los ingresos fiscales, sino que, incluso reduciéndolos, a través de una agenda de reducción de impuestos al gran capital.   En última instancia, esto refleja   un problema estructural del capitalismo, como es la tendencia histórica a la disminución de la tasa de ganancia , hoy agravada por el aumento del precio del precio de las materias primas como el petróleo producto de la guerra imperialista de EEUU e Israel contra Irán. El relato de la "emergencia" El gobierno instaló la idea de una “emergencia” cuyo objetivo es ser una justificación para que la población acepte medidas extremas de empobrecimiento que bajo un escenario de “normalidad” no se justificarían.   Este relato tiene una bajada en distintas dimensiones de la vida social, y que busca desviar el foco de los problemas estructurales del modo de producción capitalista , que le son inherentes, buscando alimentar en la población una respuesta visceral a los problemas que enfrenta en la vida cotidiana a través de la agenda de seguridad.   1) Reducción del impuesto a la ganancia del gran capital El gobierno pretende bajar el impuesto que pagan las grandes empresas del 27% al 23%, lo que significará más ganancias para ellas, pero cerca de $2.000 millones de dólares menos en ingresos fiscales cada año , por tanto, menos recursos para el gasto público del país.   Según el Ministerio de Hacienda, el 98,5% de las ganancias del capital en Chile se concentran en el 1% de contribuyentes de más altos ingresos (150.000 personas). Es a ellos a quienes beneficiaría la propuesta del gobierno .   Sobre los efectos en la recaudación fiscal, el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (2023) de Chile estima que cada punto de reducción del Impuesto de Primera Categoría eleva el PIB en 0,65% en 10 años, pero no logra compensar el impacto negativo y permanente en las finanzas públicas . O sea, condiciones para que el gran capital extraiga más ganancia y con menos recursos públicos para los años venideros.     2) Reintegración del sistema tributario   Hoy los dueños del gran capital deben pagar impuesto de 27% por la ganancia generada por sus empresas y también otro impuesto cuando deciden retirar parte de sus ganancias a sus cuentas personales, pero con un beneficio que les permite descontar el 65% de lo pagado en impuesto de la empresa al impuesto que pagan cuando retiran las ganancias hacia sus ingresos personales.   Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio, para que de nuevo el impuesto a las ganancias que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. Dicho en sencillo, que los dueños del gran capital paguen solo por el impuesto a la ganancia en sus empresas y nada por las ganancias que retiran hacia sus cuentas personales.   Este cambio se traduciría en cerca de $800 millones de dólares menos cada año  en ingresos fiscales para destinar al gasto social, en beneficio del 1% más rico del país que concentra el 50% de toda la riqueza (patrimonio).     3) Eliminar el pago de contribuciones a adultos mayores   Actualmente en Chile pagan contribuciones (impuesto territorial) quienes poseen una propiedad cuyo avalúo fiscal supera los $57 millones de pesos, que equivale a menos del 30% del total de viviendas del país y que en 2024 recaudó un total de $2.800 millones de dólares que termina siendo la principal fuente de financiamiento de los municipios bajo el criterio de redistribución a través del Fondo Común Municipal, donde las comunas más ricas pagan más.   A esto se suma un beneficio tributario para los adultos mayores de ingresos medios y bajos: quienes tienen ingresos mensuales menores a $900 mil pesos no pagan contribuciones, mientras que quienes reciben entre ese monto y $2 millones de pesos mensual, deben pagar el 50% de las contribuciones, siempre que el avalúo fiscal de la vivienda sea menor a $220 millones (en ambos casos) y se destine a uso habitacional.   De esa forma, los adultos mayores que efectivamente pagan contribuciones en Chile solo son un pequeño grupo de personas de altos ingresos y patrimonio  (menos del 10% de adultos mayores propietarios), y es solo a ellos a quienes beneficiaría la propuesta del gobierno.   Hoy se anuncia esta medida, pero solo es el primer paso de una agenda mucho más amplia, que es eliminar el pago de contribuciones, y que representaría menos recaudación de recursos públicos por $2.800 millones de dólares por cada año, en base a lo recaudado en 2024.   Desde la propia derecha surge un plan b a esta medida, pero desde el misma matriz ideológica neoliberal: proponen un cambio en la forma de tasar los precios de las viviendas, anclándolos al valor de compra y no a la tasación del mercado, argumentando que el aumento del patrimonio (tasación) no necesariamente se acompaña de un aumento en el ingreso de las personas, aun cuando sean de altos ingresos (pobres abuelitos como los de Punta Peuco).   Pero esta lógica, además de ser falaz por no tener en cuenta que se considera avalúo fiscal y no comercial, también rompe el sentido del impuesto territorial, que es capturar al menos una pequeña parte de la plusvalía de las propiedades (por efecto de cambios al plan regulador o de la inversión en obras públicas como un metro) con el fin de redistribuirla a través del gasto público.   En otras palabras, a la misma clase que le gusta especular con el precio del suelo para enriquecerse, ahora quiere que el aumento de los precios del suelo no aplique para calcular los impuestos que deben pagar, pero solo para ellos y así abaratar el costo de mantención de sus mansiones.     4) La eliminación del IVA a la vivienda por 12 meses   Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a fines de 2025 habían 105 mil viviendas terminadas pero que no encontraban compradores. ¿Las causas? Según ellos, los altos costos de producción y la dificultad de acceder a crédito hipotecario por las altas tasas que cobran los bancos, a pesar de que hace solo un año comenzó a subsidiarse con recursos públicos esa misma tasa de interés para fomentar el endeudamiento.   A este reclamo, el gobierno de Kast propone eliminar el cobro del IVA (19%) a la vivienda durante 12 meses, con lo cual buscan promover el endeudamiento y así estimular el negocio inmobiliario para seguir construyendo, y probablemente en un año más, seguir reclamando por nuevas medidas que extiendan los beneficios.   Esta medida pro-empresa podría significar cerca de  $600 millones de dólares menos en recaudación fiscal.     5) La ampliación del beneficio DFL2 a más de tres viviendas   El DFL2 es un mecanismo creado en 1959 que busca fomentar la compra de vivienda a través de incentivos tributarios, y se aplica en viviendas de hasta 140 m2. Sus principales beneficios son:   - Reducción del 50% del pago de contribuciones para las dos primeras viviendas compradas por hasta 10, 15 o 20 años, según el tamaño de la vivienda.   - Las dos primeras viviendas adquiridas y destinadas al arriendo no pagan el impuesto global complementario (altos ingresos de personas naturales).   - Ahorro de costos notariales y de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces por el 50%.   En un foro empresarial, recientemente Quiroz dijo que buscan extender el DFL2 a más de tres viviendas  (desde 2010 se acotó a un máximo de 2 viviendas), con un tope de 90 m2 de superficie cada una, con un impuesto único de 5%.   Lejos de atender el acceso a la vivienda de las familias sin casa, un efecto de esta medida será un incremento del abusivo mercado del arriendo , el que contribuye al aumento al precio de las viviendas, ya que incentiva la compra de vivienda para quienes ya tienen una o dos propiedades.   6) Eliminación del impuesto de 10% a la venta de acciones con alta presencia bursátil   Desde septiembre de 2022, quienes venden acciones en el sistema financiero (grandes empresas) deben pagar un 10% por la ganancia que generan en sus transacciones. Este impuesto deben pagarlo solo quienes tienen alta presencia bursátil, que quiere decir que durante los últimos 45 de 180 días hábiles hayan transado más de 1.000 UF al día en la bolsa ($40.000.000 al día).   Esta medida, que fue aprobada para financiar la PGU, pretende ser eliminada por el gobierno de Kast, y significarían al menos $10 millones de dólares menos de recaudación cada año para derechos sociales , como la misma PGU -en base a lo recaudado en 2024, pese a que su proyección fue de recaudar $85 millones de dólares anuales-.     7) Subsidio o crédito tributario al empleo para trabajadores cercanos al salario mínimo   Quiroz anunció que se fomentará la contratación a través de un subsidio por el 15% del salario, destinado a sueldos por hasta un 50% por encima del salario mínimo, y que en caso de que el monto para esos fines no alcance, se hará a través de una devolución del impuesto de las empresas.   Todo esto se estima que significará un gasto público de $1.300 millones de dólares al año , con el fin de fomentar el trabajo formal, pero donde es el Estado quien asume el costo, y no las empresas.

El 31 de marzo el 2º Tribunal Ambiental falló a favor de Amazon y contra los vecinos de La Pincoya al negar que exista fraccionamiento entre el centro de datos y la línea eléctrica que requiere para operar y que se tramitan por separado. Esta investigación expone la red de empresas que allanan el camino a la multinacional comprando terrenos, tramitando permisos y desarrollando las mismas líneas eléctricas que requieren los centros de datos para operar, y que luego venden a Amazon. Tres años de evaluación ambiental al servicio de Amazon   En abril de 2023 un centenar de vecinos y vecinas de Huechuraba manifestó su rechazo  ante los representantes de la multinacional norteamericana Amazon Web Services respecto al proyecto de Centro de Almacenamiento de Datos (Data Center) que pretende instalarse en nuestra comuna, cuestionando fuertemente la relación que dicho proyecto tiene con otro proyecto denominado Línea de Alta Tensión Huechuraba, el que afectaría gravemente los cerros, el medioambiente, la salud y la identidad de quienes habitamos este territorio. Este rechazo se manifestó, también, en más de 40 observaciones que la comunidad organizada realizó al proyecto en el marco del Proceso de Participación Ciudadana que la propia comunidad exigió al Servicio de Evaluación Ambiental. A pesar de la negativa de la comunidad, las observaciones de la anterior administración municipal y las deficientes respuestas de Amazon a las observaciones, el Servicio de Evaluación Ambiental las consideró como correctamente atendidas y emitió una Resolución de Calificación Ambiental favorable al Centro de Datos (permiso ambiental).   Frente a esto, se interpusieron reclamaciones ante el propio Servicio de Evaluación Ambiental, primero, y luego en el Segundo Tribunal Ambiental, alegando que las observaciones de la comunidad no fueron debidamente consideradas y que el proyecto de Amazon debía rechazarse por estar directamente relacionado con el proyecto de Línea de Alta Tensión, lo que técnicamente se llama fraccionamiento de los proyectos.   Ahora, en abril de 2026, tres años después de las manifestaciones de la comunidad, el Segundo Tribunal Ambiental falló a favor del Servicio de Evaluación Ambiental y de Amazon, aunque lo más correcto sería decir que falló a favor del gobierno de Gabriel Boric, de Jose Kast, de Donald Trump y de todo un conjunto de actores y poderes que han logrado un consenso: Chile debe convertirse en un paraíso para los Centros de Datos y para la “Inteligencia Artificial”.     Fraccionamiento de la evaluación ambiental de los proyectos   Lo primero que hay que tener presente  es que se trata de dos proyectos distintos, con titulares distintos, pero que están estrechamente relacionados entre sí . El primer proyecto denominado Línea de Alta Tensión Huechuraba, cuyo titular es Eléctrica Huechuraba Spa, pretende la construcción de una línea de trasmisión eléctrica de alta tensión desde la Subestación El Salto (ubicada al final de Av. Recoleta) hasta un predio ubicado en Camino El Guanaco con Américo Vespucio, con una extensión de 3,96 kilómetros y 24 torres metálicas con soporte de hormigón que serían instaladas sobre los cerros de la comuna, con enormes impactos ambientales y sociales. El objetivo expreso de este proyecto – que se encuentra momentáneamente desistido - es abastecer de energía a un Centro de Almacenamiento de Datos.   El segundo proyecto es el denominado Centro de Almacenamiento de Datos Huechuraba, cuyo titular es Servicios Amazon Data Services Chile SpA (en adelante, Amazon) que se ubicará en el mismo predio de 10,9 hectáreas en Camino el Guanaco con Américo Vespucio y cuya energía será proporcionada por Eléctrica Huechuraba Spa (incluyendo alta tensión para las etapas 2 y 3 del proyecto), es decir, por el proyecto de Línea de Alta Tensión Huechuraba.   Así, como se observa, son dos proyectos distintos, de titulares distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados en cuanto, por un lado, la razón de ser de la Línea de Alta Tensión es proveer de energía a un centro de datos (el de Amazon) y, por otro, las etapas 2 y 3 del Centro de Almacenamiento de Datos requieren de alta tensión para funcionar (el proyecto de Línea de Alta Tensión).   Frente a esta situación la hipótesis que hemos sostenido es que se trata en realidad de un solo macro proyecto digital-energético pero que se ha subdividido en dos proyectos distintos para que, al ser evaluados por separado, los impactos ambientales del proyecto Línea de Alta Tensión no sean considerados al evaluar el proyecto de Centro de Almacenamiento de Datos y así este pueda obtener una aprobación ambiental favorable, lo que constituiría, en la práctica, una pre-aprobación también del proyecto de Línea de Alta Tensión. Esto es lo que se conoce como “Fraccionamiento” y es una de las observaciones más fuertes que la comunidad realizó.     El rol de los intermediarios locales   Algo importante de entender es cómo funciona la estrategia de desarrollo de estos proyectos de infraestructura de la IA del gran capital transnacional, que utiliza a intermediarios locales (empresas y lobistas) encargados de generar las condiciones para el desarrollo de los proyectos a través de la compra de terrenos, la tramitación de permisos ante las autoridades locales e incluso la construcción de líneas de alta tensión a través de empresas creadas para esos proyectos puntuales.   Para desenredar esto, de lo que tenemos que hablar es de Inversiones Santa Teresa, que pertenece a Rodrigo Álvarez y Pedro Vial, que agrupa a una serie de empresas dedicada al rubro energético (Eléctrica Santa Teresa, Eléctrica Padre Hurtado, Eléctrica Huechuraba, Proyecto Solar Lampa, etc.) e inmobiliario (Agrícola Santa Teresa, Inmobiliaria STPH, Inmobiliaria Santa Teresa Spa) enfocadas en generar las condiciones necesarias para la instalación de los centros de datos (Data Centers).   La empresa titular del proyecto de Línea de Alta Tensión es Eléctrica Huechuraba Spa, constituida en diciembre de 2021 por Rodrigo Álvarez Aravena , empresario de las telecomunicaciones, director ejecutivo de Telecanal y miembro del directorio de Anatel . también propietario de Eléctrica Santa Teresa Spa y Proyecto Solar Fotovoltaico Lampa SpA en la comuna de Lampa y Agrícola Santa Teresa Spa y de Eléctrica Padre Hurtado Spa en la comuna de Padre Hurtado.   En estas empresas Álvarez está asociado con Pedro Agustín Vial Valenzuela , quien es administrador y representante legal de Proyecto Solar Fotovoltaico Lampa SpA y ha actuado como gestor de Eléctrica Huechuraba y de Agrícola Santa Teresa. Vial, además, es propietario de Inmobiliaria STPH Spa, constituida en marzo de 2022 , la que ha adquirido terrenos en Lampa y Huechuraba.   Ambos, Álvarez y Vial, constituyeron en julio de 2022 la sociedad Santa Teresa Inversiones Corp , con sede en Florida, Estados Unidos. En su cuenta de Linkedin Pedro Vial señala que es parte de Inversiones Santa Teresa desde septiembre de 2021, dedicándose esta empresa al negocio inmobiliario y al desarrollo de los Data Center de Lampa, Huechuraba, Padre Hurtado y el Parque Industrial Don Melchor en La Pintana . Por su parte, la web de Data Center Dynamics (a cuyos eventos ha asistido Pedro Vial) reseña a Inversiones Santa Teresa como una compañía dedicada al desarrollo de Data Centers y al desarrollo de líneas eléctricas y subestaciones para Data Centers.     Por cierto, a fines de 2024 Agrícola Santa Teresa Spa de Álvarez e Inmobiliaria STPH de Vial se fusionaron , sumándose también al grupo Rodrigo Bloomfield , ex director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional entre 2019 y 2022.     El caso de Lampa   En Lampa el grupo posee terrenos a través de Inmobiliaria Santa Teresa Spa e Inmobiliaria STPH, tienen una línea de alta tensión y una subestación a través de Eléctrica Santa Teresa Spa y un proyecto de energía solar para inyectar energía a esta misma subestación a través del Proyecto Solar Fotovoltaico Lampa SpA.   En esta comuna, los señores Álvarez y Vial también han actuado como gestores de Scala Chile Data Centers SpA ante el alcalde en 2022, con el objeto de promocionar el centro de datos de Scala que sería aprobado posteriormente . Por cierto, Scala también tiene un Data Center probado en Huechuraba.     El caso de Padre Hurtado   En Padre Hurtado, se dio una situación similar a la de Amazon en Huechuraba. La idea era que el Centro de Almacenamiento de Datos obtuviese su energía de una línea de alta tensión propiedad de Eléctrica Padre Hurtado Spa y se instalara en los terrenos comprados por Inmobiliaria STPH Spa (rol 334-90, comuna de Padre Hurtado).   Lo primero no ha ocurrido pues el proyecto de Línea de Alta Tensión fue rechazado,   pero el negocio inmobiliario sí prosperó ya que Amazon adquirió los terrenos y su proyecto fue aprobado . Hay que decir que en el proceso de aprobación el Municipio de Padre Hurtado hizo observaciones bastante mínimas; quizás en algo influyó la reunión  que el 15 de diciembre de 2022 sostuvo el edil comunal con Rodrigo Álvarez y Pedro Vial quienes acudieron como “gestores” de Agrícola Santa Teresa Spa para “ presentar proyecto de Centro de Datos en la comuna que requiere ajuste en el PRC” . Resulta que el único proyecto de centro de datos en la comuna era el de Amazon, el que sería alimentado por una línea de alta tensión de una de las empresas del propio Rodrigo Álvarez y Pedro Vial y que se instalaría en un terreno adquirido en su momento por este último. La reunión, de acuerdo a lo que aparece en Infolobby, no fue para discutir la línea de alta tensión sino que el Centro de Datos, lo cual permite deducir que los señores Álvarez y Vial, operaron como gestores de Amazon, tal como en Lampa lo hicieron con Scala.   Luego de obtener la aprobación ambiental, Amazon adquirió Eléctrica Padre Hurtado Spa , con lo cual ahora pasa a operar en el ámbito energético en dicha comuna. En otras palabras, Amazon en Chile es también una empresa de transmisión de energía que provee sus centros de datos, gracias a la adquisición de Eléctrica Padre Hurtado Spa a las mismas personas que le gestionan la electricidad e intermedian terrenos para sus Centros de Datos, aunque, para la institucionalidad chilena no existe ningún vínculo entre ellos.  Y si replica este modelo, ¿será que también luego comprará la empresa que pretende proveer de energía su centro de datos en Huechuraba?     El caso de Huechuraba   Veamos cual ha sido la cronología de Inversiones Santa Teresa, a través de Eléctrica Huechuraba Spa e Inmobiliaria STPH Spa, y de Amazon en la comuna.   - Diciembre 2021:  Rodrigo Álvarez constituye Eléctrica Huechuraba Spa.   - Marzo 2022:  Pedro Vial constituye Inmobiliaria STPH Spa.   - Agosto 2022:  Inmobiliaria STPH adquiere los predios Sitio E Hijuela Poniente, Lote B9, Lote B3, Lote B4 y Lote B2 del Fundo el Guanaco (roles de avaluó 3130-113, 3131-12, 3131-3, 3131-4, 3131-12 respectivamente). Ubicados en Camino El Guanaco con Américo Vespucio.   - Septiembre de 2022:  se publica una nota en Economía y negocios de El Mercurio  en donde se reseña que en Vespucio con El Guanaco la empresa de Pedro Vial, Inversiones STPH, había adquirido un predio “con el fin de preparar el terreno para una data center que se espera sea operado por una compañía multinacional (…) que invertiría unos US$ 200 millones en su proyecto tecnológico ”, señalándose luego que , en cuanto a los próximos pasos del proyecto, Inversiones STPH – que se dedica a factibilizar y desarrollar terrenos para data center- sostuvo que se realizarán obras de urbanización y la ejecución de la parte eléctrica, “que pasa por las autorizaciones de conexión a las respectivas subestaciones eléctricas”.   La firma destacó que el terreno ya cuenta con un cliente final, “que corresponde a una empresa tecnológica de clase mundial, que está desarrollando su proyecto, que requerirá una inversión superior a los US$ 200 millones, y será un hito tanto para el sector en específico como también para la comuna de Huechuraba”.   - Diciembre 2022:  ingreso del Proyecto de Línea de Alta Tensión Huechuraba.   - Enero 2023:  ingreso del proyecto Centro de Almacenamiento de Datos Huechuraba.   - Enero 2023:  primera denuncia comunitaria en El Pincoyazo e inicio del proceso organizativo de la comunidad.   - Enero 2023:  se desiste el proyecto de Línea de Alta Tensión Huechuraba.   - Marzo 2023:  Inmobiliaria STPH adquiere el predio Reserva Cora número 3 del Proyecto de Parcelación  El Rosal (rol 3120-28), comuna de Huechuraba, que es gran parte el cerro Punta Mocha sobre la población La Pincoya para el desarrollo de las torres de alta tensión funcional al centro de datos.   - Julio 2023:  Servicios Amazon Data Services Chile compra a Inmobiliaria STPH Spa los predios Sitio E Hijuela Poniente, Lote B9, Lote B3, Lote B4 y Lote B2 del Fundo el Guanaco (roles de avaluó 3130-113, 3131-12, 3131-3, 3131-4, 3131-12 respectivamente), para el centro de datos.   - Julio de 2024:  el Servicio Evaluación Ambiental aprueba la Resolución de Calificación Ambiental del Centro de Almacenamiento de Datos de Amazon en Huechuraba. Un grupo de vecinos presentan un Recurso de Reclamación contra esta decisión.   - Agosto de 2024:  Inmobiliaria STPH de Pedro Vial se fusiona y es absorbida  por Agrícola Santa Teresa Spa de Rodrigo Álvarez.   - Septiembre de 2024:  el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza los recursos de los vecinos.   - Junio de 2025:  se presenta una reclamación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental por no haber considerado las observaciones de la comunidad acerca del proyecto de Centro de Datos.   - Abril 2026: el Segundo Tribunal Ambiental rechaza la reclamación.     Analicemos de inmediato un par de cosas. En agosto 2022 Inmobiliaria STPH adquiere los terrenos en Guanaco con Vespucio y un mes más tarde decían a la prensa que eran para un data center de una multinacional que invertiría más de 200 millones de dólares y que ellos ejecutarían la parte eléctrica. Esto es 3 meses antes de que se presentase el proyecto de Línea de Alta Tensión y 4 meses antes de que Amazon presentara su proyecto de Centro de Datos. Y, ¡qué casualidad!, justo los terrenos que Inmobiliaria STPH compró para un data center de una multinacional, son los mismos en donde se instalará la multinacional Amazon y donde llegaría la Línea de Alta Tensión de Eléctrica Huechuraba. Nº 2, Nº3, Nº4 y Nº12 son los terrenos que compró Amazon a la Inmobiliaria STPH para construir el centro de datos en Huechuraba.   Y también es una casualidad que el proyecto de Amazon contemple una inversión de 205 millones de dólares, justo lo mismo que decía la nota de El Mercurio. Como es evidente Vial y Álvarez trabajaban para Amazon desde mucho antes de presentar los proyectos. Es más, Amazon presenta su proyecto el 18 de enero de 2023 al Servicio de Evaluación Ambiental, pero, según el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la compra de los terrenos por parte de Amazon a Inmobiliaria STPH recién fue en julio 2023, es decir, cuando presentaron su proyecto lo hicieron sobre terrenos que no eran de ellos, sino de Inmobiliaria STPH, vinculada directamente a la empresa que les proporcionaría energía.   Ahora bien, en enero de 2023 Eléctrica Huechuraba desiste –por el momento– del proyecto de Línea de Alta Tensión, sin embargo, en marzo de 2023 Inmobiliaria STPH adquiere el predio rol 3120-28, que – ¡otra casualidad! – es justo por donde estaba proyectado que pasara la línea de alta tensión de Eléctrica Huechuraba. O sea, el proyecto está momentáneamente desistido, pero Inversiones Santa Teresa, Vial y Álvarez, ya tienen el terreno comprado .   Terreno comprado por Inmobiliaria STPH para construir las torres de alta tensión para alimentar de energía al centro de datos de Amazon.   La decisión del Segundo Tribunal Ambiental   A pesar de los evidentes vínculos y accionar conjunto entre estos actores en función de un mismo proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Segundo Tribunal Ambiental han fallado a favor de Amazon.   El Tribunal reconoce que el Centro de Datos de Amazon se construirá en tres etapas, “donde la primera etapa corresponde a la primera mitad del Edificio 1 y el campus, la segunda etapa a la segunda mitad del Edificio 1, y la tercera etapa al Edificio 2”. Y que la etapa 1 será alimentada por media tensión, mientras que las etapas 2 y 3 “serán abastecidas mediante línea de alta tensión que exista de acuerdo con la factibilidad técnica y económica que otorgue, en su momento, cualquier concesionario de infraestructura pública eléctrica”, o, como también se afirma, “será provista de una línea existente al momento de comenzar la operación de la segunda etapa del proyecto”, agregando que “la conexión de las etapas 2 y 3, esta se llevará a cabo en la subestación El Salto, a través de la Empresa Eléctrica Huechuraba”, para finalmente rechazar la reclamación argumentando que “ha quedado acreditado que entre ambos proyectos no existe una relación de interdependencia funcional que condicione su ejecución, pudiendo el Centro de Almacenamiento de Datos operar durante toda su vida útil mediante la infraestructura de media tensión actualmente disponible, sin depender de una iniciativa específica de transmisión eléctrica de alta tensión”.   Dejando de lado que, al parecer, el Tribunal no tiene idea lo que son los Centros de Datos de Hiperescala, lo que nos está diciendo es: 1) que este proyecto de 3 etapas solo tiene asegurada la energía para una de ellas y que las etapas 2 y 3 sacarán electricidad de una línea de alta tensión que existirá en el futuro. En otras palabras, se aprueba un proyecto que no tiene ningún tipo de certeza de abastecimiento eléctrico futuro; se le da así un cheque en blanco a Amazon. 2) La afirmación de la existencia de una “futura línea de alta tensión” puede provenir o de facultades adivinatorias inéditas de nuestras autoridades o de la existencia de un proyecto real de abastecimiento energético. Se trata de lo segundo y el Tribunal lo deja claro al afirmar que será Eléctrica Huechuraba la que estará a cargo de la conexión de las etapas 2 y 3. Y, ¡tremenda coincidencia otra vez!, esta empresa tiene un proyecto – por ahora desistido – de línea de alta tensión y ha adquirido los paños por donde este pasaría. 3) A estas alturas ya está clarísimo que el Centro de Datos de Amazon requiere de la Línea de Alta Tensión de Eléctrica Huechuraba para funcionar con todas sus etapas, ¿cómo se puede afirmar entonces que “no existe una relación de interdependencia funcional que condicione su ejecución” y que el Centro de Datos puede “operar durante toda su vida útil mediante la infraestructura de media tensión actualmente disponible”?   Ahora bien, hay otra afirmación importante que hace el Tribunal y es que sostiene que cualquier proyecto de Línea de Alta Tensión deberá someterse a su propio proceso de evaluación ambiental. La pregunta que surge entonces es si Amazon y el Estado piensan que podrán atravesar y destruir los cerros de Huechuraba sin la férrea oposición de los pobladores y pobladoras. La respuesta es simple: han aprobado un proyecto que jamás tendrá alta tensión, al menos no si pretenden pasar por encima de los cerros de La Pincoya. ¿La comunidad lo permitirá?   La proyección de la IA profundiza la crisis climática   Con cerca de 40 Centros de Datos operativos, una veintena más proyectados para los próximos años, un Plan Nacional  para su impulso, modificaciones reglamentarias  para que eviten pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, una guía  del propio Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar su instalación, un Estado que ha decidido migrar a la “nube” e implementar sistemas algorítmicos y unas necesidades pujantes de la IA, las cosas se ponen cuesta arriba para las comunidades que ven invadidos sus territorios y amenazados sus ecosistemas.   Todo esto se da en un contexto de crisis climática y ambiental donde diversas investigaciones académicas y periodísticas advierten de los nefastos impactos de los Centros de Datos en términos ambientales (por su alto consumo hídrico, energético , emisiones de GEI, extractivismo y usurpación territorial en todo su ciclo de vida), de alza en los precios de la electricidad y de los suelos, y resistencias  que se expanden por todo el mundo.   Las estrategias de los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o Amazon, para instalarse en nuestros territorios han sido variadas, especialmente para justificar su saqueo hídrico, lo que ha motivado valiosas resistencias como las de Mosacat en Cerrillos  o las de Resistencia Socioambiental en Quilicura . En el caso de Amazon en Huechuraba , la principal problemática ha sido la energética, algo no menor si tenemos en cuenta las proyecciones a nivel   nacional  y mundial   que colocan a los Centros de Datos como uno de los mayores impulsores de la demanda eléctrica. Considerando que la expansión de los Centros de Datos amenazará a diversas comunidades en los próximos años (advertencia particular para los habitantes de Puente Alto ), es necesario examinar cómo operan estos oligopolios tecnológicos, en este caso Amazon, y cómo la institucionalidad actúa en su favor, en muchos casos, de forma bastante irregular.   Un Estado al servicio de Amazon   La instalación de Amazon en Chile no ha surgido de la nada. En 2017 el gobierno de Michelle Bachelet suscribió un acuerdo de colaboración  con Amazon Web Services  que contemplaba, entre otras cosas, el apoyo al proceso de Modernización del Estado, convirtiéndose la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera InvestChile en el principal aliado de Amazon y de otros gigantes tecnológicos para la expansión de los Centros de Datos en el país.   El objetivo es la digitalización del Estado y su migración a la “nube” de Amazon, Oracle o Google, es decir, almacenar y ejecutar los servicios públicos en los Centros de Datos de empresas norteamericanas. Basta un vistazo a la plataforma de Ley de Lobby para observar cómo Amazon está operando para que los servicios públicos (y también las fuerzas armadas) migren a su nube y adquieran sus tecnologías de inteligencia artificial; las cuales requieren de Centros de Datos.   El propio Servicio de Evaluación Ambiental, mientras se tramitaba el Centro de Datos en Huechuraba y Padre Hurtado, se reunió con Amazon al menos en tres ocasiones ( 16 abril 2024 , 04 marzo 2025  y 2 5 marzo 2025 ) para discutir el uso de Inteligencia Artificial Generativa , arquitectura escalable en la nube, entre otras tecnologías, que, por cierto, también requieren de Centros de Datos, los mismos que este organismo se encontraba evaluando.   Ahora bien, con Bachelet se le abrieron las puertas a Amazon, pero fue con el gobierno de Gabriel Boric en donde Amazon logró su mayor cuota de poder y su gerenta de Políticas Públicas para América Latina, Aisén Etcheverry , se convirtió en ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, desde donde impulsó un Plan Nacional de Data Centers completamente favorable a la industria, para luego convertirse en la jefa de asesores del gobierno de Boric, el cargo más influyente en La Moneda.     El nuevo imperialismo y el germen de un sistema totalitario   Como vimos hace poco con el caso del “Cable Chino”, el control de las infraestructuras tecnológicas es objeto de disputa geopolítica y han devenido en una nueva forma de sometimiento y dependencia. El nuevo imperialismo es Tecnocapitalista y se sostiene sobre infraestructuras interconectadas a nivel planetario que, a su vez, requieren de una serie de “recursos” (naturaleza mercantilizada) ubicados en diversas geografías. De ahí la importancia del control del metabolismo social de las nuevas tecnologías, de todos los ciclos, componentes y cadenas propias de la acumulación tecnocapitalista; desde los minerales críticos necesarios para fabricar un iPhone, una GPU o un auto de Tesla, pasando por las fuentes de generación y transmisión energética y los recursos hídricos que mantienen en funcionamiento los Data Centers que albergan los servicios en la nube y la IA, hasta los cables submarinos de fibra óptica y los satélites por los que se transmiten los datos y permiten la conexión a internet.   El control y gestión de estas infraestructuras a nivel global es esencial para el imperialismo y constituye una nueva forma de dependencia y sometimiento de los Estados Latinoamericanos. Si los cables oceánicos que nos conectan con el mundo son de Google, si las conexiones satelitales las controla Starlink, si el Estado y los diversos servicios públicos comienzan a operar desde los Data Centers de Amazon, Google, Oracle o Microsoft, bastará con que las grandes tecnológicas aprieten un botón y nos desconectarán, apagarán el Estado, nos dejarán en la oscuridad.   Peor aún, al tiempo que este Estado comienza a depender cada vez más de las infraestructuras tecnológicas de Silicon Valley, en su interior es progresivamente desmantelado y sustituido por estos mismos poderes. La integración creciente de sistemas de toma de decisiones automatizadas o semi-automatizadas y el uso indiscriminado de Inteligencias Artificiales Generativas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot abren la puerta al sueño de los oligarcas tecnológicos de hacerse con el control del Estado, al tiempo que eternizan algorítmicamente en su interior las desigualdades, discriminaciones y sesgos de clase, raza, genero, edad, etc., en favor de los grupos dominantes.   Francesa Bria y Asma Mahlla nos advierten de la construcción –en marcha– de una soberanía privatizada en donde las grandes corporaciones tecnológicas están controlando la infraestructura de los Estados y sustituyendo la soberanía política por la soberanía de estos actores privados.   “Con la tecnología patriótica por bandera, una coalición de empresas, financiadores e ideólogos diseña una infraestructura planetaria de vigilancia, de coerción y de gobernanza sin rendición de cuentas. No es una metáfora. Es un sistema estratificado —plataformas en la nube, modelos de IA, redes financieras y de drones, sistemas orbitales— que conforma una infraestructura tecnopolítica integrada de control, lo que yo llamo la Pila Autoritaria. En su cúspide se hallan los exponentes más derechistas de Silicon Valley —Thiel, Musk, Andreessen, Sacks, Luckey y Karp—, cuyas inversiones se alinean con un proyecto político: la reconversión de la soberanía en un modelo de activos privados.” (Francesca Bria)   Esta Pila Autoritaria es un ejemplo de cómo el Tecnocapitalismo pretende sustituir la soberanía nacional, estatal y popular, reafirmando que nos encontramos en la última etapa del Capitalismo de la Vigilancia,  como sostiene Shoshana Zuboff, aquella en donde este disputa con el Estado la gobernanza sobre los comportamientos individuales y colectivos, desocializando a la sociedad y logrando un dominio sistémico.  En otras palabras, es la imposición de un sistema totalitario.   Defender nuestras aguas, nuestros ecosistemas, nuestros cerros, nuestras comunidades e identidad es fundamental. Los Centros de Datos son la punta del iceberg de la avanzada de un tipo de capitalismo que pretende controlarlo todo. Depende de nosotrxs si lo permitiremos o no. Por ahora seguimos diciendo: No a Amazon en Huechuraba! Lee acá: La lucha contra Amazon en Huechuraba Lee acá Amazon en Huechuraba: “Estos búnker de datos extraen territorio"

El CAE es todo lo contrario a un derecho social, porque es un mecanismo para que los bancos se apropien del sueldo de los futuros trabajadores, en lo que sea que trabajen, y también para apropiarse de recursos públicos a través del pago de las garantías. Hoy los medios hablan mucho de los deudores y del famoso déficit fiscal, pero no dicen nada de quienes se benefician realmente.     El garrote del gobierno   Según datos de la Tesorería General de la República (TGR), hay 550.000 deudores del CAE   que se encuentran morosos  (no pagaron cuando debían).   De ese total, 1.800 personas (0,3%) tienen un sueldo bruto mensual superior a $5 millones, y otras 70.000 (12%) un sueldo mayor a $1,5 millones. Sobre este universo es que el gobierno decidió concentrar su ofensiva para exigir los cobros vía judicial.   Sobre la gran mayoría de deudores (88% del total), el gobierno anunció que serían notificados vía correo electrónico con una medida prejudicial para pedir que regularicen sus pagos, pero sin una definición de judicializar aún, por lo que no existirá una obligación de pago hoy, pero no porque legalmente no puedan hacerlo, sino por el costo político que eso podría involucrar (conflicto social).   Para quienes tienen un sueldo mayor a $5 millones, se inicia una acción judicial inmediata para ejecutar el pago de la deuda, y para quienes reciben un sueldo mayor a $1,5 millones y menor a $5 millones, una notificación para firmar un convenio de pago  bajo condiciones que incluyen un pie de un 10%, 15% o 20% del total de la deuda, más una cuota mensual por el 10% del saldo, dependiendo de la cantidad de cuotas que se definan.     Los efectos de la medida: ¿recaudar o disciplinar?   El ministro Quiroz ha dicho que la medida busca recaudar dinero, pero, ¿de qué depende cuánto logre recaudar?   De lograr los pagos de los 70.000 deudores que tienen un sueldo mayor a $1,5 millones (que son un 12% del total), se recaudarían hasta $738.000 millones, pero recién en decenas de años, por tanto, no es una vía que de forma directa esté ni cerca de resolver el problema del gasto público destinado a pagar el CAE , que es el principal argumento del gobierno para impulsar la ofensiva de cobros.   Este dato no es algo que se le escape al ministro neoliberal, más bien da luces de que los efectos que se buscan no son solo de recaudación sobre ese segmento, sino más importante aún, el disciplinamiento del resto de los deudores a través de la amenaza de que les caiga encima una demanda del Estado que pueda involucrar descuentos por planilla o embargos. Esta lógica fue la que expuso Quiroz hace unos días en un foro de la SOFOFA, resaltando que solo con el anuncio de cobros a los deudores, sin que todavía se concretaran, habían aumentado las personas que cada día firmaban un convenio de pago de su deuda.   El diseño político del CAE a la medida de los bancos   El principal problema del CAE  es que al Estado le sale cada vez más caro pagar las garantías de las deudas, y no solo porque un gran porcentaje no paga, por los motivos que sean, sino también porque las condiciones de pago (recompra, intereses, etc.) son absurdamente favorables a los bancos, inflando el valor total de la deuda.   Cuando alguien no paga la deuda, el banco cobra la garantía al Estado, quien paga a través de una recompra de la deuda , traspasando más dinero, además de pagar a la banca un subsidio a la tasa de interés  que es del 6% respecto del total de la deuda, para que esta quede en 2% para los deudores que sí pagan. Junto a esto, el Estado cubre también el diferencial de la cuota  de pago cuando esta supera el 10% del salario.   Según datos de la Fundación Sol, entre 2006 y 2023 el Estado ha pagado a los bancos $1,4 billones de pesos solo por sobreprecio de las deudas , por efecto de haber recomprado el 59% de los créditos emitidos. En ese periodo el Estado traspasó a los bancos un total de $5,8 billones de pesos por concepto de CAE.   Estas cifras demuestran que el problema de fondo con el CAE es haber metido a la banca en el financiamiento de la educación superior , porque amarra a las personas a una deuda por décadas, sin necesariamente existir condiciones materiales para sostenerla, porque la liberalización de la oferta educativa (carreras) no conversa con los tipos de trabajos que requiere la economía chilena, de baja calificación y bajos salarios, que es el problema mayor. Lee acá ¿Cómo funciona el cobro del CAE que Kast busca endurecer con descuentos por planilla? Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas

De aprobarse los dos proyectos ingresados al Congreso, las policías podrán revisar la ropa de los estudiantes y los colegios sus mochilas, junto con prohibir el uso de objetos que oculten el rostro y de cualquier vestimenta que a juicio de ellos promuevan conductas contrarias a la ley. También se castigará la interrupción de las clases y se impedirá el acceso a la gratuidad a quienes sean condenados por algún delito.     El detonante: una tragedia para manipular El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama a manos de un estudiante adherente a ideas fascistas, fue el hecho que usó el gobierno de Kast para dar un punto de giro en la agenda comunicacional que lo mantenía ahogado de críticas por el anuncio de un recorte del 3% al presupuesto en todos los ministerios del país, y que en Educación equivale a $524.000 millones de pesos. Tras ese asesinato, los medios hegemónicos comenzaron a difundir de manera irresponsable anuncios de nuevos ataques en distintos colegios del país, amplificando el miedo dentro de las comunidades educativas, incluyendo los sostenedores, que en algunos casos anunciaron la suspensión de clases. Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para el gobierno, quien aún no ha explicado las áreas que se verán afectadas por el millonario recorte, permitiéndole cambiar el foco de atención del debate, y llevárselo donde más le gusta a la ultraderecha, como es generar miedo y la necesidad de más represión, sin atender el problema de fondo, que es la salud mental deteriorada de las comunidades educativas.   La noticia: una agenda represiva La mañana de este martes 7 de abril, el gobierno de Kast envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan impulsar una serie de medidas represivas sobre las y los estudiantes del país, luego de una serie de eventos de violencia escolar que se han relevado en los medios de comunicación durante los últimos días.   1) Proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales - Establece nuevas agravantes con mayores penas a quienes cometan delitos sobre cualquier persona que integre la comunidad educativa , dentro o fuera del establecimiento, incluyendo actividades extracurriculares y el transporte público, incluyendo delitos contra la propiedad en el interior del establecimiento educacional.   Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación     2) Proyecto de Ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa - Permitir la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personal de los estudiantes.  Esta facultad deberá primero ser incorporada en el reglamento interno del establecimiento educacional, junto con el procedimiento que se seguirá para su ejecución.   - Permitir a la policía revisar las vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes , a través de un cambio al Código Procesal Penal, para lo cual bastará que el personal del establecimiento lo pida a partir de la simple sospecha de que se podría cometer algún delito.   - Obligar a los sostenedores a prohibir el uso de vestimentas que impidan la identificación facial y prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.   - Castigar la interrupción total o parcial de las clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar.   - Impide el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos  que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.   -  Permitir a los profesores tomar más medidas disciplinarias , sin detallar qué tipo de medidas, las cuales dependerán del reglamento interno del establecimiento.   Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación   Trámite de los proyectos de ley Los proyectos de ley en Chile deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado (poder legislativo). Para eso, pueden ingresar si trámite por cualquiera de las dos cámaras, donde son debatidos en las comisiones relacionadas al tema, y luego sometidas a votación en la sala (donde votan todos los diputados o senadores, dependiendo). En el caso de estos proyectos, el primero se comenzará a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y el segundo en la Comisión de Educación de la misma cámara. En el caso de que alguna de las dos cámaras apruebe algo distinto de lo aprobado inicialmente en la otra cámara, se constituye una comisión mixta con parlamentarios de ambas cámaras, quienes deben resolver diferencias. Por otro lado, es el presidente (Kast) quien define qué proyectos se tramitan en cada cámara, en base a los grados de urgencia que define para cada proyecto. En el caso de estos proyectos descritos, ambos tienen suma urgencia, por lo cual deberían ser resueltos en las próximas semanas si no existieran grandes diferencias, en un contexto de una oposición que es minoría, que está dividida y que, peor aún, hace años que se vistió de su oponente para defender las medidas represivas.   Posibles efectos de las leyes represivas En caso de ser aprobada, esta ley podría generar efectos en distintas direcciones. Por un lado, y de manera inmediata, transforma a los colegios en establecimientos carcelarios, donde se presume que las y los estudiantes son delincuentes, construyendo un ambiente hostil  que no es acorde al desarrollo de procesos educativos. Por otro lado, es muy posible que genere una alta derivación de conflictos hacia la Superintendencia de Educación (a través de denuncias)   y su posterior judicialización , por el hecho de que ante cada caso donde no exista acuerdo entre las partes ante cualquier controversia, el conflicto será derivado a la superintendencia y, en caso de no surgir acuerdo, a tribunales, generando una mayor carga sobre estas instituciones. En otras palabras, lejos de buscar resolver el problema de fondo como es la deteriorada salud mental de las comunidades educativas y del conjunto de la población, la mano dura generará más conflicto y desconfianza, extendiendo el problema en el tiempo, volviéndose ineficiente para el clima educacional -como ya lo demostró Aula Segura-, pero muy útil para el gobierno que busca concentrar la atención en un marco de seguridad, donde todo se enfrenta con represión. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Estudiantes denuncian baja dotación de profesoras/es y asistentes de la educación junto con problemas de infraestructura y falta de insumos básicos de higiene y seguridad. Ayer los docentes hicieron un paro por sueldos impagos y otros problemas que dan cuenta de la crisis de la educación pública en medio del anuncio de recortes del gobierno de Kast. Este miércoles 01 de abril las y los estudiantes del Liceo Multigénero Dra. Eloísa Díaz de Independencia se fueron a paro ante una serie de problemáticas que arrastran desde hace tiempo, y que el lunes 30 de marzo hicieron saber al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Independencia, sostenedor del establecimiento. Previamente, el martes 31 de marzo, el cuerpo docente realizó un paro por sueldos impagos de trabajadoras/es del Programa de Integración Escolar (PIE), baja dotación de profes y asistentes, lo cual genera sobrecarga laboral y problemas de salud mental, junto a problemas de infraestructura y ausencia de insumos básicos para los procesos educativos y también de higiene y seguridad dentro del establecimiento. El paro docente de ayer encontró una visita de la DAEM de Independencia, que si bien no trajo soluciones concretas, presionó al profesorado a deponer el paro ante los descuentos salariales que involucraría extenderlo. Ante este escenario, el estamento estudiantil solidarizó, al verse también directamente afectado por estos problemas que solo expresan la crisis de la educación pública en Chile. A continuación, reproducimos íntegramente la carta del Centro de Estudiantes Voces de Cambio: Carta al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)   Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes de parte del Centro de Estudiantes “Voces de Cambio” y comunidad educativa del Liceo Multigénero Dra. Eloisa Díaz Insunza. En particular, se ha evidenciado una falta significativa de personal, lo que ha repercutido directamente en la sobrecarga laboral de los funcionarios existentes y en la calidad del proceso educativo. Asimismo, se ha constatado una escasez de suministros básicos , tales como insumos de higiene en baños y material para asistentes de limpieza, como calzado, ropa adecuada o implementos básicos de aseo para resguardar su seguridad laboral. Falta de personal necesario para el funcionamiento y seguridad de la jornada de la tarde , además se requiere personal en el tercer piso, por resguardo de salud mental para nuestra comunidad, dado que el 3er piso es genesis para situaciones que atentan en contra de la integridad de las los les estudiantes y asistentes de la institución. Estas condiciones críticas afectan directamente a la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes, y asimismo la calidad de educación que se imparte dentro del establecimiento a falta de; docentes, profesores volante, asistentes en educación básica, inspectores de patio y asistentes PIE,  por que repercute directamente en el desarrollo de estudiantes diferenciales y en la falta de contención, desatando así situaciones que violentan a los mínimos asistentes presentes en la jornada escolar. Actualmente no contamos con materiales esenciales para la atención y resguardo para la comunidad tales como gasas, toallitas higiénicas, torulas de gasa, compresas frías, suero fisiológico, termometro, alcohol, alcohol gel, tegaderm, gel antica derm, pilas para el saturometro AA y AAA, entre otros elementos fundamentales. La falta de estos suministros pone en riesgo el bienestar de estudiantes y funcionarios al no poder responder de manera oportuna ante emergencias o necesidades básicas de salud.   Por lo anteriormente expuesto, solicitamos una respuesta formal a la brevedad, en la que se informen las causas de estas problemáticas y las medidas concretas que se adoptarán para su solución.   Esperando una pronta respuesta, se despide atentamente: Centro de estudiantes Voces De Cambio. Liceo Multigenero Dra. Eloisa Diaz Insunza. Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas

Las principales beneficiadas son las grandes mineras, pero en total, solo entre 2023 y 2024 por devolución del impuesto al diésel las empresas en Chile recuperaron más de $1 billón de pesos, que equivale a todo el recorte que Kast pretende hacer a los ministerios de Educación y Salud. El beneficio tributario a las empresas   Durante muchos años, empresas mineras, agrícolas, energéticas y de la construcción, entre otras, han tenido un beneficio donde el Estado les devuelve el 100% del gasto que tienen por impuesto al diésel para sus operaciones , siempre que no sean de transporte de carga. Entre 2023 y 2024, el Estado dejó de recaudar $1 billón de pesos que fueron devueltos a las empresas, siendo la gran minería la principal beneficiada. Esta cifra equivale a los recortes que el gobierno pretende hacer en Educación y Salud para 2026.   Esto demuestra que en Chile sí hay plata, a diferencia de lo que dice el gobierno de Kast, pero el problema es que se traspasa a la empresa privada, a través de distintos tipos de incentivos que solo aseguran sus ganancias (beneficios tributarios, subsidios, etc.).     Medidas para palear las alzas de la bencina   El jueves 26 de marzo el Congreso aprobó las medidas propuestas por el gobierno para congelar el precio de la parafina y del transporte público en Santiago por todo el 2026, y entregar un bono de $100.000 para propietarios de taxis y colectivos y transporte escolar por hasta seis meses.   Para financiar esta medida, el mismo proyecto de ley contenía un cambio al beneficio de devolución de impuestos al diésel para las industrias antes descritas. De esa forma, en vez de recuperar el 100% del impuesto al diésel para sus operaciones, estas empresas lo recuperarán parcialmente durante seis meses, según el siguiente escalafón de acuerdo a sus volúmenes de venta anual:   - Ingreso anual de hasta 2.400 UF = recupera hasta 80% - Ingreso anual de entre 2.400 a 6.000 UF = recupera 70% - Ingreso anual de entre 6.000 y 20.000 UF = recupera 52,5% - Ingreso anual mayor a 20.000 UF = recupera 31%   De esta forma, el gobierno pretende recaudar cerca de $120.000 millones de pesos para cubrir las medidas anunciadas. Es importante también precisar que la menor cantidad de dinero que las empresas podrán recuperar por impuesto al combustible será solo durante seis meses.   Según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la gran empresa sería la principal fuente de recaudación de esta medida, concentrando más del 90% de los cerca de $120.000 millones de pesos que se buscan recaudar para financiar las medidas.     El llanto de la gran minería   Con la medida aprobada en el Congreso, la gran minería pasará de recuperar el 100% del impuesto específico al diésel al 31% -solo por seis meses-. A pesar de sus millonarias ganancias, sus representantes -agrupados en el Consejo Minero- pegaron el grito en el cielo, reclamando que serán ellos quienes asuman el 74% de los $120.000 millones que se buscan recaudar, con lo cual perderían competitividad.   Solo entre cuatro de las principales empresas del gremio como son BHP, Antofagasta Minerals, Lundin Mining y Soquimic, acumularon $10 billones de pesos, lo que equivale a ocho veces el recorte que el gobierno pretende hacer a los ministerios de Educación, Vivienda y Salud juntos.   Ganancias de 3 grupos mineros 2025:   - BHP $6.200 millones de dólares - Antofagasta Minerals $3.150 millones de dólares - Lundin Mining $1.283 millones de dólares - SQM  $588 millones de dólares     La incoherencia del gobierno de reducir impuestos a la gran empresa   Esta medida si bien no dejó feliz a muchas industrias, deja en evidencia algo más profundo y relevante, que es el hecho de que en este escenario de aumento del costo de la vida no es coherente pretender bajar el impuesto a la gran empresa del 27% a 23% , porque se traducirá en todavía menos ingresos públicos para los próximos años , cuyo efecto será un menor gasto social y por ende, un mayor empobrecimiento, ¿y para qué? para asegurar las ganancias del gran capital. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá $200.000 millones de recortes anunciados en el MINVU son 4.000 viviendas menos Lee acá $517.000 millones de recorte al MINSAL equivale a 7 años del Plan Nacional del Cáncer

El anuncio consiste en limitar la gratuidad solo a estudiantes menores de 30 años, frenar la expansión hacia nuevos deciles de ingreso e impedir que nuevas universidades entren al sistema. Estas medidas forman parte de una primera ofensiva anti pueblo del nuevo gobierno, y si no encuentran resistencia en el movimiento estudiantil, serán solo el comienzo de nuevas ofensivas empobrecedoras. El recorte a la gratuidad universitaria   A dos días de iniciar su gobierno, Kast anunció una serie de medidas que apuntan a recortar el gasto público y dar mayores beneficios a la empresa privada para fomentar la inversión promoviendo mayores ganancias:   - Limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años.   - Frenar la expansión de la gratuidad a nuevos deciles de ingresos.   - Congelar el ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad.   Estas medidas forman parte de una primera ofensiva anti pueblo del nuevo gobierno, y si no encuentran resistencia en el movimiento estudiantil, serán solo el comienzo de nuevas ofensivas empobrecedoras. Cabe tener presente que estas medidas provienen de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, creada por el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Boric (ver propuestas 1, 2 y 3 del Informe Final ), y con las cuales se espera recortar un total de $592.000 millones de pesos al largo plazo. Según el informe, limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar la expansión del financiamiento son medidas que requieren la aprobación del Congreso, mientras que la reducción del gasto hacia nuevos deciles solo requiere una decisión del gobierno. El origen de la gratuidad universitaria   La gratuidad no nació porque los gobiernos fueran buena onda. Surgió como una respuesta del Estado ante el ciclo de movilizaciones 2011-2014, donde el movimiento estudiantil impugnó el sistema diseñado para fomentar la ganancia empresarial, exigiendo acceso gratuito y universal a la educación superior.   Si bien la gratuidad universitaria no desmontó el mercado de la educación, ya que consistió en traspasar recursos públicos a las empresas universitarias, sí permitió masificar el acceso a la educación superior de una porción importante de sectores populares que sin ella, no podrían acceder a la educación superior.   Inicialmente, cubrió el acceso del 40% más pobre de la población, según la Ficha de Protección Social (actual Registro Social de hogares), para luego ser extendida hasta el 60% más pobre.   Pero, ¿por qué la gratuidad nunca fue universal y cubrió a solo a una parte de la población?     La focalización de recursos como un pilar del modelo neoliberal   Durante la dictadura, cuando se instaló el modelo neoliberal en los años 80s, se redujo de forma abismante el gasto que hace el Estado para asegurar las necesidades básicas de la población, como salud, vivienda, pensiones y educación.   Esa reducción del gasto público se diseñó en base al principio de subsidiariedad, que consiste en que el Estado financia (vía subsidios) solo a los sectores más pobres que no pueden resolver sus necesidades en el mercado. Esto genera distorsiones, ya que muchas familias que no tienen dinero para cubrir sus necesidades quedan fuera de la cobertura estatal (que el gobierno llama “beneficios”), y se ven obligados a endeudarse justamente por efecto de esta reducción del gasto público.   Para hacer esto posible, desde los años 80s se han creado distintos instrumentos para medir la pobreza y categorizar a las familias en base a su capacidad de consumo. Hoy, este instrumento se llama Registro Social de Hogares.     Los centros de pensamiento de Kast contra la gratuidad   Los centros de pensamiento neoliberales que se alinean detrás de Kast no creen en la gratuidad universitaria como medio de acceso a la educación superior. Sí creen en volver al diseño original de la dictadura, basado en la idea de que el acceso al conocimiento dependa del bolsillo de las familias y no del interés académico ni la meritocracia, aunque hablen mucho de ella y solo sea un mito.   Desde algunos centros de pensamiento neoliberales, como Acción Educar   -de la cual el nuevo subsecretario de Educación del Mineduc, Daniel Rodríguez, era su director ejecutivo-, plantean que la gratuidad debe ser eliminada porque sale muy cara para el Estado, proponiendo en reemplazo un mix de copago, becas y créditos en base a los ingresos de las familias. O sea, que cada uno se salve como pueda. Lee acá   Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

30 mil estudiantes de colegios y universidades marcharon por Santiago para alzar su voz contra la agenda empobrecedora del gobierno de ultraderecha cuyo recorte de recursos profundizaría la crisis de la educación en todos sus niveles. ¿Cuánto logrará desmantelar el nuevo gobierno? ¿Será capaz el movimiento estudiantil de recomponer la fuerza suficiente para defender sus intereses? La mañana del martes el centro de la ciudad fue copado por cerca de 30 mil estudiantes secundarios y universitarios que se movilizaron desde distintos puntos de Santiago para buscar frenar el recorte de recursos en educación anunciado por el gobierno de $524.000 millones de pesos. Desde el Parque Almagro salió una columna de miles de secundarias y secundarios convocados por varios centros de estudiantes de distintos liceos de Santiago, mientras que por otro lado, otros miles se concentraron en el ex Congreso convocados por la ACES, la Red Solidaria de Estudiantes y la Confech. Ambas convocatorias se unieron en torno al metro Santa Ana sin llegar al ex Congreso, para luego salir a la Alameda en dirección a Plaza Dignidad, donde entre cada tanto, debieron enfrentar la represión de carabineros que continuamente buscó dispersar la marcha. Las causas de la movilización El gobierno de Kast anunció el recorte de $524.000 millones de pesos al Ministerio de Educación como parte de su política de shock neoliberal que también pretende recortar un 3% del presupuesto de todos los ministerios. El recorte equivale a las raciones de alimento por un año vía JUNAEB de un millón de estudiantes, o a un cuarto del gasto en personal de todos los SLEP del país durante un año. Esto quiere decir que sea por donde sea que el gobierno pretenda recortar, va a profundizar el desmantelamiento de la educación pública. Muchos colegios y liceos actualmente tienen problemas de falta de profesores, condiciones insalubres, problemas de infraestructura y también falta de insumos básicos para desarrollar los procesos educativos, por eso no es posible el silencio ante la idea de seguir empobreciendo la educación de la juventud popular. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá: Kast anuncia recorte a la gratuidad universitaria El origen de la educación neoliberal Luego de desarticular cualquier capacidad de resistencia, la dictadura inició el desmantelamiento del Estado Desarrollista, donde la educación ocupó un lugar importante en el modelo económico de industrialización orientada al consumo interno que hasta 1973 tenía el país, y que requería de trabajadores calificados para la producción industrial.  Tras eso, se privatizó la educación creando colegios privados que se sostienen con recursos públicos, traspasando la matrícula de colegios públicos hacia otros de tipo subvencionado que son controlados por congregaciones religiosas y empresas. Paralelamente, los colegios públicos que se mantuvieron se repartieron a la administración de los municipios, de acuerdo a la comuna en que se ubicaba cada uno, eliminando la gestión pública centralizada en el Ministerio de Educación, lo que hizo que los colegios ubicados en comunas pobres (la mayoría) fuera abandonado a la falta de financiamiento municipal. Lee acá Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?