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Por Wido Contreras, poblador de Huechuraba y trabajador social. En la política contemporánea, la acusación se ha convertido en un artefacto de poder más eficaz que la prueba, más veloz que la justicia y más rentable que la verdad. No necesita sentencia ni cierre institucional: le basta con circular.  En un sistema comunicacional acelerado, fragmentado y emocional, la acusación ya no busca resolver un conflicto, sino instalar un marco, producir daño simbólico y disputar sentido.   El caso del llamado “Cartel de los Soles”, atribuido durante años al régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ilustra con crudeza este fenómeno. La acusación fue instalada con fuerza pero sin pruebas, amplificada globalmente y utilizada como argumento geopolítico y moral. Sin embargo, cuando el propio sistema judicial de EEUU comienza a retirar cargos y, por tanto, elementos centrales de esa narrativa, el impacto público es mínimo. El desmentido nunca circula con la misma intensidad que la denuncia. La sospecha permanece, incluso cuando la acusación se retira.   Este patrón no es exclusivo de la política internacional. Donald Trump ha construido gran parte de su capital político en una relación ambigua y conflictiva con los medios de comunicación: los acusa de mentir, de perseguirlo, de operar como enemigos del pueblo, mientras se alimenta permanentemente del conflicto que esa misma cobertura genera. Trump es, al mismo tiempo, víctima declarada y beneficiario estratégico del escándalo mediático. La acusación —hacia él o desde él— funciona como combustible permanente de visibilidad.   Esta lógica no es exclusiva de grandes potencias ni liderazgos autoritarios. Chile no está al margen de esta dinámica. El caso conocido como “Patito Verde” lo demuestra con claridad. Lo que comienza como una investigación relevante sobre redes de desinformación, uso de bots y manipulación digital en contexto electoral, termina rápidamente encapsulado en una crisis personalizada: nombres propios, declaraciones cruzadas, renuncias, réplicas. El fenómeno estructural —la existencia de operaciones comunicacionales coordinadas para distorsionar el debate democrático— queda en segundo plano, desplazado por el ritmo del escándalo.   Esta dinámica no opera en un vacío ni afecta a todos por igual. La capacidad de acusar, instalar sospechas y producir daño simbólico no es simplemente una consecuencia de la tecnología o de la velocidad informativa, sino de una estructura mediática marcada por profundas asimetrías. No todos los medios poseen el mismo alcance, la misma capacidad de convertir una denuncia en verdad social. La acusación, en este sentido, no es solo una práctica comunicacional, sino un recurso de poder, históricamente concentrado en determinados actores con mayor capacidad de definir qué conflictos importan, cuáles se amplifican y cuáles se disuelven en el ruido.   Aquí emerge un riesgo profundo para los medios de comunicación. No se trata solo de sesgos editoriales o errores puntuales, sino de una transformación más inquietante: la posibilidad de que los medios terminen reproduciendo la lógica que dicen combatir. Cuando la cobertura se organiza en torno al conflicto permanente, la acusación y la respuesta, la denuncia y la contra-denuncia, la deliberación democrática se empobrece y la complejidad se pierde.   Desde una mirada democrática, este fenómeno debería preocuparnos especialmente. No porque debamos proteger a los poderosos de la crítica —todo lo contrario—, sino porque una democracia sana necesita algo más que denuncias virales y condenas anticipadas. Necesita procesos, contexto, proporcionalidad y responsabilidad comunicacional. Cuando la acusación sustituye al debate, el espacio público se convierte en un tribunal emocional sin debido proceso.   El problema, entonces, no es solo quién acusa o a quién se acusa, sino el ecosistema que convierte la acusación en un fin en sí mismo. En ese escenario, la verdad deja de ser un horizonte común y pasa a ser un recurso táctico . La política se vacía de proyecto y se llena de ruido. La ciudadanía, lejos de empoderarse, queda atrapada entre narrativas enfrentadas que exigen adhesión emocional más que reflexión crítica.   Casos como el “Cartel de los Soles”, Donald Trump o Patito Verde no son anomalías aisladas. Son síntomas de un mismo malestar comunicacional: una esfera pública tensionada por la velocidad, la polarización y la lógica del espectáculo. Recuperar la densidad democrática del debate no implica silenciar denuncias, sino sostenerlas con rigor, contexto y responsabilidad.   Hoy, más que nunca, el desafío de los medios no es solo informar rápido, sino resistir la tentación de convertir cada conflicto en espectáculo . Porque cuando la acusación se vuelve permanente y la verdad circunstancial, lo que se erosiona no es la imagen de un actor político específico, sino la confianza misma en la democracia como espacio común.

Revisa acá los resultados recién publicados que muestran una vez más la lógica segregadora detrás del sistema educacional. Los colegios privados alcanzan puntajes en promedios muy por encima de los subvencionados y públicos, reflejando un sistema educacional que reproduce la segregación social. Cifras generales 308 mil personas se inscribieron para rendir la prueba en sus aplicaciones de invierno y regular 2025 . De ellas, el 15% no asistió a rendirla, quedando 231 mil habilitadas para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, dependiendo del puntaje alcanzado y del bolsillo necesario para sostener una carrera. La mayoría de las pruebas registró pequeñas alzas en sus puntajes promedio: Matemática 1 y Matemática 2 aumentaron 6 puntos; Competencia Lectora subió 13 puntos; Historia y Ciencias Sociales marcó un alza de 9 puntos. Pero a la hora de filtrar por tipo de dependencia de los colegios, los resultados son muy distintos, y la realidad desigual sale a relucir. Filtro de clase El Pincoyazo revisó los datos publicados por el DEMRE , identificando diferencias importantes entre estudiantes de colegios privados, subvencionados y públicos, tal como ocurre cada año. Entre las pruebas regulares de Lectura, Matemáticas 1 e Historia y Ciencias Sociales, la brecha entre colegios particulares pagados y colegios públicos alcanzó los 167 puntos en promedio , una diferencia brutal que refleja una desigualdad social que lejos de ser contenida es profundizada por el sistema educacional orientado a la ganancia privada. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. El periodo de postulación a los establecimientos de educación superior se extiende entre el lunes 5 de enero a las 9 horas, hasta el jueves 8 de enero a las 13 horas. Lee acá " Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?"

En diciembre de 2025, Estados Unidos presentó su nueva Estrategia Nacional de Seguridad (ENS), un documento que redefine los objetivos y medios para sostener su hegemonía mundial en caída, donde América Latina ocupa un lugar central, en un escenario internacional marcado por el ascenso de China. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Seguridad? “Para garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso, fuerte, rico y exitoso del mundo durante las próximas décadas, nuestro país necesita una estrategia coherente y centrada en sobre como actuamos con el resto del mundo. Y para hacerlo bien todos los estadounidenses deben saber que hacer y porqué debemos hacerlo.” (ENS 2025, p.1) La Estrategia de Seguridad Nacional  (ENS) es un instrumento político-militar mediante el cual el gobierno estadounidense define, ordena y legitima su acción en el escenario global. Aunque formalmente su publicación responde a un mandato legal, cada administración desarrolla su propio documento, lo que obliga al presidente a informar al Congreso sobre los intereses nacionales y las amenazas actuales.  Pero en la práctica, la ENS cumple una función mucho más importante: opera como la receta político-militar que guía el poder imperial estadounidense en cada etapa de su historia , una hoja de ruta que articula su política exterior, acción militar, diplomacia, coerción económica y control tecnológico.  En sus páginas se enlistan enemigos y aliados, se nombran zonas de influencia y se exponen los medios necesarios para preservar la hegemonía de Estados Unidos en el plano internacional, desde sanciones financieras hasta intervenciones militares. El plano interno y externo de la ENS En el plano interno, busca ordenar y coordinar un aparato estatal, alineando a las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el complejo industrial-militar y las agencias civiles, junto a sus élites, bajo los mismos márgenes estratégicos.  En el plano externo, actúa como un mensaje de advertencia y ordenamiento, dirigido a potencias rivales (China, Rusia, India, Brasil, etc.), gobiernos subordinados y regiones enteras del mundo, señalando los límites de lo que para Washington es tolerable y que podría ser duramente castigado. La base ideológica de la ENS Este documento no se agota en el plano declarativo. La Estrategia Nacional de Seguridad constituye la base ideológica y operativa de un entramado de estrategias de cada gobierno norteamericano , tales como: defensa nacional, postura nuclear, control de armas, seguridad tecnológica y las decisiones presupuestarias correspondientes que perpetúan la dominación de Estados Unidos en gran parte del mundo.  En esa línea, la ENS no se entiende como una propuesta para la seguridad colectiva ni como un aporte al orden internacional, si no como un mecanismo mediante el cual el país imperialista se guía para mantener su poder.  Su objetivo no es la “estabilidad global” ni la “paz entre los pueblos", sino la preservación de un orden donde Estados Unidos define las reglas, controla los recursos estratégicos y decide qué actores pueden o no ejercer soberanía sobre sus territorios y recursos naturales. Se caen las caretas: las verdaderas intenciones para preservar su hegemonía El documento hace una revisión de los últimos treinta años de la política exterior estadounidense. Sobre la política adoptada hacia el final de la Guerra Fría y el Antiterrorismo, cuestiona a los gobiernos anteriores por desgastarse en conflictos periféricos y por no tener la capacidad ni la determinación de controlar el crecimiento de China como actor global , acusándolos de complicidad o estupidez.  En esa línea, señala que sus versiones anteriores no eran lo suficientemente claras y honestas, y que en esta ocasión sería necesario transparentar las intenciones que el gobierno de Estados Unidos tiene hacia el mundo, declarando abiertamente que se utilizarán todos los medios a disposición para asegurar el dominio norteamericano a nivel global.  Aunque no los nombra explícitamente, la ENS critica a los organismos internacionales por menoscabar progresivamente el poderío estadounidense sobre el mundo , proponiendo desconfiar de esas estructuras y las deslegitima en tanto no son promotoras de los intereses estadounidenses.  Asimismo, reclama que sus alianzas europeas, asiáticas y del medio oriente deben hacerse cargo de su propia seguridad, aumentando el gasto en defensa , pasando del 2% del PIB al 5 % como requisito para seguir siendo una nación amiga de EEUU. Es decir, la ENS 2025, tal como una lista de deseos, establece una lista de las regiones que son prioridad para el objetivo mayor, poniendo en primer lugar al hemisferio occidental (América) , a la región indo-pacífico en segundo lugar y dejando a Europa y Oriente medio en último lugar, siempre y cuando logren aumentar su gasto en armamento y logren una independencia militar que no signifique arrastrar a la economía norteamericana hacia sus conflictos.  “El corolario de Trump a la Doctrina Monroe” o el porvenir de nuestro continente Durante el sábado 03 de Enero del 2026 gran parte del mundo despertaba con la noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, era capturado por tropas de élite luego de un bombardeo selectivo por parte del ejército de Estados Unidos, desplegado en cuatro distritos de Venezuela. Los medios de comunicación alineados con el imperialismo yankee rápidamente comenzaron a cubrir la noticia como un acto de liberación orquestado por Donald Trump desde Washington.  Una de las preguntas que surge es por qué la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 constituye un quiebre respecto de las anteriores y anuncia el porvenir de la región. La nueva ENS no solo declara las intenciones de Estados Unidos sobre el mundo, sino que consagra a América Latina como su espacio estratégico prioritario, anticipando un nuevo ciclo de injerencia sobre la región.  “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia en el hemisferio occidental y procurar nuestro acceso a zonas geográficas claves de la región. Negaremos con fuerza a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes para estados unidos o de poseer o controlar activos vitales en nuestro hemisferio.” (ENS 2025, p9) En el documento Trump y su gobierno definen los objetivos a alcanzar en la región y a quienes enfrentará (aunque nuevamente no los nombra, hace mención a enemigos no hemisféricos, es decir: China, Rusia, Irán, Etc.), y de paso cuál será su táctica: “Reclutar y expandir” , reclutar a presidentes y políticos serviles y entreguistas y expandir su presencia militar en dichos países amigos.  Excusándose en luchar contra la migración descontrolada y el narcotráfico, el documento expone con entusiasmo como el régimen de Trump está dispuesto a desplegar todo su arsenal sobre quienes no estén alineados con su política exterior, interfieran con los intereses yankees o mantengan relaciones comerciales con los enemigos no hemisféricos. Reclutar La ENS 2025 dicta que el gobierno norteamericano recompensará y alentará a todo gobierno, partido político o movimiento mientras se mantenga alineado con los principios y estrategias del régimen de Trump. Establece cuatro objetivos inmediatos: a) Un repliegue progresivo de todos los teatros militares que no representen un avance real en la concreción de sus intereses. b) Control de las rutas marítimas en todo el continente y control real sobre la migración ilegal hacia territorio estadounidense. c) Despliegue militar estratégico y silencioso en territorios con presencia de narcotraficantes. d) Conectar económica, diplomática y militarmente con zonas de relevancia estratégica. Con lo anterior se dibuja un claro escenario belicista en la región, con un despliegue militar por parte del régimen estadounidense a fin de asegurar su preeminencia absoluta en la región. Con la excusa del control migratorio y la lucha contra el narcotráfico, América Latina será escenario de nuevos conflictos que poco tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos del continente.  Expandir Desatando el contingente completo de inteligencia, Estados Unidos buscará identificar en la zona los recursos que le son estratégicos y así, con quien corresponda, volverse su principal socio comercial. Los yacimientos de tierras raras, de litio, de cobre, oro y petróleo, incluso los que aún no han sido descubiertos, deberán de una manera o de otra, pasar a manos estadounidenses.  El documento, indica que los competidores no hemisféricos han socavado la economía norteamericana al seducir a los mandatarios Latinoamericanos para volverse socios comerciales. Junto a lo anterior, el régimen nortamericano anuncia graves consecuencias para las economías que sigan manteniendo relaciones comerciales con sus enemigos y que dificulten el ingreso del mercado yankee en sus territorios. Pues asegurar la preeminencia económica en el continente es hoy una cuestión de prioridad nacional.  El imperialismo yankee, la policía del mundo Con todo lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad 2025 no ofrece a América Latina soluciones reales a sus conflictos de base ni menos una relación de cooperación o un horizonte de desarrollo hacia una mejor vida. Lo que propone es una relación de subyugación, en la que Estados Unidos se reserva el derecho de definir las reglas del juego: qué vínculos económicos son aceptables, quién controla los recursos estratégicos y qué gobiernos pueden ejercer soberanía sobre su propio territorio, como si fuera la FIFA del mundo.  Este retorno explícito a la Doctrina Monroe, actualizada al estilo Trump, consolida un modelo de dominación que combina presión política, coerción económica e intervención militar directa para asegurar los intereses de Washington. En este escenario, el ascenso de gobiernos de ultraderecha en el continente facilita y acelera el alineamiento con Estados Unidos . A cambio de financiamiento, protección política y respaldo internacional a sus agendas internas, estos gobiernos profundizan una subordinación estratégica que se traduce en mayor dependencia y pérdida de autonomía. El costo de este pacto lo pagan los pueblos de América Latina: saqueo sistemático de los recursos naturales, militarización de los territorios, criminalización de la migración y una injerencia permanente que anuncia un nuevo ciclo de conflictos, completamente ajeno a las necesidades reales de nuestros pueblos. La ENS 2025 deja en evidencia que la “prioridad en seguridad” de Estados Unidos vuelve a construirse sobre la inseguridad del resto del continente . La política imperial se presenta sin caretas: su objetivo no es la estabilidad regional ni el bienestar de sus pueblos, sino la preservación de su poder en el que América Latina es nuevamente concebida como patio trasero, zona de sacrificio y campo de disputa en la guerra global por la hegemonía entre las potencias.

El sector poniente de Huechuraba tiene más de 2.000 nuevas viviendas en trámite de distintos segmentos sociales, pero su red de educación y salud pública está saturada. El único colegio público que existe no tiene enseñanza media, por lo que las gestiones por nuevos servicios públicos son una urgencia y se harán sentir cada vez más. El proyecto   A la vuelta de Guanaco con Pedro Fontova se tramita el crecimiento del proyecto inmobiliario Parque Undurraga en su segunda, tercera y cuarta etapa, cuyo tiempo se construcción se proyecta en 5 años.   El proyecto que está a cargo de la Inmobiliaria Parque Undurraga 2 SpA -que pertenece a la Inmobiliaria Aconcagua- comprende 3 condominios con 24 edificios totales (8 torres por cada uno) con una altura de 4 pisos, y que totaliza 360 departamentos y 384 estacionamientos. Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del proyecto   Evaluación ambiental   El proyecto se encuentra en evaluación ambiental, requisito previo a su construcción y que podría demorar algunos meses, dependiendo de cuántas observaciones realicen los organismos públicos con competencia en la evaluación.   Revisa acá el expediente de evaluación ambiental   De acuerdo a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente,  se puede pedir un proceso de participación ciudadana (PAC) donde la comunidad plantee observaciones al proyecto que luego la empresa debería responder.     Para eso se exigen 10 personas naturales o 2 personas jurídicas (organizaciones sociales) que hagan la petición al SEA en la misma plataforma, para lo cual hay plazo hasta el 15 de enero de 2026.   Las observaciones de este tipo de proyectos se hacen sobre sus efectos negativos sobre el medio ambiente, ya sean de tipo viales, por la sobrecarga de servicios públicos que puede traer o por los niveles de contaminación del aire en una zona saturada, como es la región Metropolitana, entre otros aspectos.     Falta de servicios públicos   Un aspecto crítico que vuelve a salir a flote con cada nuevo proyecto de vivienda que se tramita en el sector poniente de Huechuraba es la falta de servicios públicos que existen en ese sector.     Actualmente se encuentran en trámite y construcción más de dos mil nuevas viviendas en el sector poniente , lo cual profundizará la crisis de acceso a servicios públicos.   Por este motivo es que un papel clave que tendrá la nueva gestión municipal es en crear las condiciones para que el crecimiento de esta zona de la ciudad, se haga en condiciones dignas para sus habitantes.   Al no acceder a educación y salud en el entorno inmediato, los efectos de salir a buscarla lejos será un aumento del costo de la vida, aumento de la congestión vial, mayor exposición a inseguridad y desintegración social por la falta de espacios locales donde reproducir la vida.   Lee acá “Colapso de servicios públicos: Vida Digna exige nuevo colegio y consultorio para el sector de Guanaco en Huechuraba”   Lee acá “Inundación en Punta Mocha y la falta de servicios públicos en el sector poniente de Huechuraba”

En 2024 el edificio se ofreció a menos de la mitad del precio de tasación actual. Si el concejo municipal aprueba, significa destinar más de la mitad de los recursos anuales de la comuna en otro edificio municipal, en vez de priorizar otras urgencias como vivienda, salud o educación, que se verán afectadas los años siguientes por la deuda que se contraería con la Isapre Consalud de la Cámara Chilena de la Construcción.     Las motivaciones que estarían detrás de la compra   La ausencia de un recinto con servicios municipales en el sector poniente que ha crecido exponencialmente las últimas décadas producto de la desregulación inmobiliaria.   Recintos municipales en mal estado y que de todas formas requieren gasto para acondicionarse de forma adecuada.   El traspaso de recintos municipales a la corporación municipal significará menos espacio disponible para los funcionarios     La tasación por $34 mil millones de pesos   El Pincoyazo accedió al informe de tasación encargado por la Municipalidad de Huechuraba que pretende comprar un edificio a la Isapre Consalud -que pertenece la Cámara Chilena de la Construcción-, y que se mantiene abandonado hace cuatro años, desde la pandemia.   El edificio se ubica en Av. Pedro Fontova 6650, en la intersección con Av. El Sauce, y tiene 10.878 m2 construidos para uso de oficina, entre otras obras, dentro en un terreno de 22.497 m2.   Para dimensionar el costo total del edificio, avaluado en $34 mil millones de pesos, este equivale al 59% del Presupuesto Municipal del 2025 de $57 mil millones.   Revisa acá el informe de tasación del edificio     El mismo edificio fue ofertado en $15 mil millones por Consalud hace solo un año atrás, según consigna el medio The Clinic . Y aun cuando la cifra final se acerque a este monto -en caso de aprobarse-, equivale al 26% de los recursos anuales de la comuna, lo que representa un compromiso de pago que no podría resolverse de un solo acto, por lo cual requeriría de un asumir una deuda que podría solo traer problemas para la calidad de vida de la población.   Un compromiso de pago a cinco o diez años por este monto significa que por motivo de la deuda se terminaría pagando aún más, a causa de los intereses, para lo cual se necesitaría entregar otros bienes municipales en garantía al banco o entidad financiera que preste el dinero, o incluso al mismo vendedor del edificio, lo cual afectaría la caja del municipio para incurrir en gastos en otras áreas aún más urgentes de ser atendidas en los años siguientes, como es la vivienda, la salud y educación municipal.     Sin consulta vecinal, otra vez   Tal como ocurrió con la nueva corporación municipal que permitió privatizar la gestión de la cultura, el deporte y el fomento productivo en Huechuraba, esta iniciativa de compra de un nuevo edificio municipal tampoco ha sido sometida a una consulta vecinal, a pesar de que se trata de una cantidad muy alta de inversión, y que podría atar de manos al presupuesto municipal ante otras necesidades que requieren del gasto público.

Desde las calles de Buenos Aires presentamos el contenido de las reformas neoliberales del gobierno cuyo objetivo es resguardar el pago de la deuda externa que exige el FMI y fomentar la inversión extranjera, mientras el movimiento popular resiste sin lograr la fuerza suficiente para poner un freno y dar vuelta la tortilla. Prisionera de la deuda externa La deuda externa es tal vez el principal problema que desde hace décadas arrastra Argentina. Esta consiste en pedir dinero a fondos extranjeros (países, organismos internacionales o fondos de inversión) con altas tasas de interés que resultan difíciles de pagar, y que a medida que la situación empeora, se vuelve más difícil acceder a nuevos préstamos para cubrir las deudas previamente contraídas, y así, se reproduce un círculo vicioso diseñado para generar dependencia. Luego de décadas de gobiernos kirchneristas que opusieron resistencia a cumplir con las exigencias de repactación de la deuda externa, el país eligió a Milei, que en el discurso alentó el rechazo a la “casta política”, pero cuya apuesta no es otra que poner el pie en el acelerador en favor del capital financiero, impulsando una revolución capitalista para cumplir el mandato del FMI -dirigido por EEUU-, tal como ocurrió en Chile durante la dictadura de Pinochet, donde se adoptó una forma neoliberal que ningún país del continente conoció, al menos hasta hoy. Sin ir más lejos, recientemente Milei visitó EEUU en su búsqueda por reunir dólares para tapar los hoyos de la crisis, logrando un préstamo por US $20 mil millones, donde Trump exigió condiciones tales como la salida de China sobre distintas áreas de influencia en Argentina (5G, hidroeléctricas, energía nuclear, entre otros), además de intereses en dinero que solo agravan el problema.   La revolución capitalista de Milei Para cumplir el mandato de Washington, Milei lanzó una serie de reformas a través de la Ley de Bases , hoy dividida en varias leyes y que poco a poco avanzan en el Congreso con efectos empobrecedores sobre la mayoría trabajadora, además de realizar cambios vía decreto, saltándose el Congreso. La agenda de La Libertad Avanza consiste en buscar la máxima neoliberal de alcanzar el equilibrio fiscal (gastar menos de lo que entra), contener la inflación (reduciendo el poder de compra de la clase trabajadora) para fomentar la inversión y así generar crecimiento económico, pero para el gran capital. Para llevar adelante esta agenda el gobierno pretende reducir el gasto público vía recortes a programas sociales (28% entre 2023 y 2024); privatizar empresas estatales  (Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, entre otras), desindustrializar el país, reducir impuestos   a la ganancia privada y   refundar el sistema laboral y previsional  en favor de la empresa privada.   El empobrecimiento en cifras Según varias estimaciones, alrededor de 25 mil empresas han cerrado en solo dos años, perdiéndose más de 300 mil puestos de trabajo . La propia Unión Industrial Argentina -que apoyó a Milei- señaló que en 2025 la actividad industrial del país se redujo un 10% respecto de 2023, generando una crisis en la producción manufacturera nacional, la construcción y el comercio  -sectores que generan empleo-, mientras que con el discurso de la austeridad y los recortes sociales se financian las compras de aviones de guerra F-16 usados y sin armas. Esto se ve reflejado en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los cuales dicen que en la actualidad casi un 7% de los argentinos vive en la indigencia (3 millones de personas); entre un 35% y 50% en la pobreza (entre 20 y 30 millones de personas) , mientras los sectores medios profesionales han disminuido considerablemente sus ingresos. Pero siempre puede ser peor, ya que las reformas del gobierno buscan terminar con el financiamiento directo de áreas públicas como hospitales o universidades, para así cambiar a un sistema neoliberal de financiamiento de subsidios a la demanda (como en Chile) donde el mercado se regule solo, obligando a los servicios de salud y educación a autofinanciar parte de sus gastos.   La reforma laboral La reforma laboral propuesta por el gobierno es una verdadera revolución en favor del capital, ya que busca flexibilizar las condiciones y modalidades de trabajo a través de varias medidas: - Generar contratos a tiempo parcial y a plazo fijo (con un máximo de 12 horas diarias); - Crear contratos según la productividad del trabajador (no sueldos fijos); -  Vacaciones divididas en partes a gusto y necesidad del empleador; - Acordar salarios en moneda extranjera (como el dólar o las criptomonedas) o a cambio de alimentos y especias, tal como en los antiguos fundos y pulperías; - Bajar en un 3% el aporte del empleador al seguro de cesantía (hoy del 6%), reduciendo el flujo de la seguridad social y buscando que los trabajadores y el Estado la financien, para así resguardar las ganancias empresariales, con el objeto de atraer inversión.   Los trabajadores La Central General de Trabajadores (CGT) -organización gremial más grande del país ligada históricamente al peronismo-, si bien se ha opuesto a las reformas, parece estar dispuesta a ceder derechos adquiridos, siempre y cuando se mantengan las “cuotas solidarias” que permiten financiar la actividad sindical mediante descuentos a obreros afiliados y no afiliados. En cuanto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA)  – que agrupa a trabajadores públicos, estatales y de empresas privadas -, ha denunciado los acuerdos entre el gobierno y empresarios extractivistas-exportadores para pequeños aumentos salariales de forma unilateral, evitando negociar con los trabajadores y sindicatos. Asimismo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE)  convocó a un Paro Nacional este 9 de diciembre donde llamaron a defender y reafirmar sus derechos, servicios y bienestar para la comunidad. Por otro lado, sindicatos grandes como la histórica Unión Ferroviaria (con 103 años) ha presionado para que aumente la inversión y presupuesto para los ramales de trenes. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) , ha denunciado la pérdida de miles de puestos de trabajo por la disminución de obras públicas. Las movilizaciones contra la reforma laboral convocadas por estas y otras organizaciones han sido insuficientes para detener el cierre de miles de empresas (de comercio minorista) e industrias nacionales (textiles, frigoríficos, fábricas),  cuyos sindicatos están divididos entre trabajadores honestos que quieren luchar por una vida digna y quienes aún confían en Milei, sin tomar consciencia de que afectan a sus compañeros y al conjunto de familias. Más que avances económicos para todos, las reformas laborales de Milei están eliminando derechos sociales que costaron años de organización y sangre a los trabajadores , ya que fue mediante movilizaciones obreras y populares que las familias que viven de su trabajo consiguieron contratos, jornada de 8 horas, pago de salarios en dinero, días no laborales y vacaciones que los empresarios nunca entregaron por las buenas, sino que bajo la fuerza de la organización.     El movimiento piquetero Tras la crisis de diciembre de 2001, conocida como el “Argentinazo” provocada por el “corralito” y que derivó en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, surgió un movimiento ligado a las organizaciones territoriales de Argentina, llamadas “piqueteras”, las que mediante el bloqueo de rutas pudieron negociar con el gobierno para conseguir recursos y beneficios estatales para miles de familias sumidas en la cesantía. En la actualidad, el movimiento piquetero (diferente pero comparable con los “pobladores” de Chile) se ha diversificado. Por un lado, existen corrientes que responden a intereses del progresismo kirchnerista  y buscan posicionarse como una alternativa electoral. Allí se encuentran grupos como el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita , que han contribuido a reproducir el clientelismo característico de este sector del peronismo y de la relación Estado-sociedad que profundizó el país a partir de la crisis del 2001. También hay organizaciones autónomas y críticas del kirchnerismo, como el Frente Popular Darío Santillán  y la Federación de Organizaciones en Lucha , las que agrupan a piqueteros, sindicatos y estudiantes que en los últimos años han buscado crear un instrumento electoral de izquierda progresista  y que, en parte, integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) . Otras organizaciones apuestan por una perspectiva clasista, de acción directa y autogestión,  como la Federación de Organizaciones de Base (FOB) , que agrupa a comedores populares (ollas comunes), bachilleratos (para terminar la escuela), centros culturales y otros grupos independientes que se oponen a los recortes de Milei con sucesivas movilizaciones. Asimismo, mantienen una lucha activa contra el intento por privatizar el agua y a la “motosierra” de Milei en los servicios de salud, educación, obra pública y comedores populares. Hoy las organizaciones piqueteras están en alerta debido al recorte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , entregado a familias cuyos padres se encuentran cesantes o tienen un trabajo informal que no alcanza para llegar a fin de mes. También reclaman en contra del recorte de la Asignación Familiar (SUAF) , entregada a familias que tienen un contrato de trabajo pero que no les alcanza para cubrir sus gastos, recibiendo un bono por cada hijo menor de edad y por integrante con discapacidad permanente.     Los jubilados organizados: un nuevo actor Todos los miércoles de los últimos meses entre las 11 y las 17 horas, las y los jubilados se manifiestan contra los recortes sociales dando “una vuelta” a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, exigiendo pensiones dignas luego de trabajar toda una vida, momento en que se suman organizaciones estudiantiles, trabajadores, mujeres, piqueteros y también organizaciones políticas que buscan frenar los recortes sociales. Algo interesante de este ciclo de movilizaciones es el surgimiento y posible consolidación de un nuevo actor: los jubilados organizados, donde algunas corrientes buscan crear espacios permanentes para exigir lo que corresponde para tener una vejez digna  y hacerse escuchar frente al Gobierno, el Congreso y otras autoridades. Uno de estos grupos son los Jubilados Insurgentes , creado el 20 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, cuando un grupo de viejos amigos fue a la Plaza del Congreso a protestar en contra de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía Luis Caputo orientadas a desregular la economía, recortar las políticas sociales e inaugurar el “protocolo anti-piquetes” para enfrentar la primera manifestación en contra del gobierno de Milei. A las demandas de aumento de las pensiones, los Jubilados Insurgentes exigen la venta de medicamentos sin cargo (impuestos) y viviendas en comodato , debido a que a muchos les cuesta pagar un arriendo o ya se han convertido en allegados. Algunos sectores vinculados al anterior gobierno kirchnerista (hoy en la oposición), se han agrupado en Jubilados de Fuerza Patria , quienes se oponen a los recortes de pensiones y medicamentos, planteando crear un sindicato que les permita llevar su voz frente al Congreso y el Gobierno. Los jubilados, por un lado, exigen aumentar el monto de las pensiones, ya que debido a la inflación desatada durante estos dos años del gobierno han perdido poder de compra. Por otro lado, se oponen a la disminución de las pensiones para discapacitados, sumado a que para el año 2026 el gobierno planea eliminar al menos 155 mil pensiones de ese tipo. Mientras el gobierno les empobrece, los jubilados son testigo de casos de corrupción , como el “Caso Audios” , donde unos pocos empresarios y altos cargos estatales se benefician de coimas y sobreprecios de medicamentos. El esquema para defraudar al Estado es similar a los casos de colusión en Chile, pero en el caso de Argentina, funcionarios y directivos exigían porcentajes del 8% del pago a los proveedores para ganar una licitación, enriqueciéndose con los recursos que supuestamente estaban destinados a los jubilados y discapacitados más pobres.     Fragmentación del movimiento popular A pesar de que hay numerosas organizaciones en lucha, en las movilizaciones es posible observar la fragmentación de los movimientos sociales y de trabajadores, donde pese a tener un enemigo común, eso no se traduce en la capacidad de golpear de manera conjunta. Hoy las corrientes mayoritarias responden a la agenda electoral del kirchnerismo, otras pretenden generar una alternativa electoral de izquierda y algunas que buscan fortalecer las organizaciones populares mediante la acción directa y la autogestión. Muchas personas en Argentina esperan que la gente salga a la calle a luchar, teniendo esperanzas en que ocurra un estallido social como fue en Chile durante octubre de 2019. En ese sentido, nuestro país sigue ocupando un lugar importante en la memoria de los pueblos de América Latina, recordando, no solo la llegada de un presidente socialista como Salvador Allende (cuyo gobierno terminó con un golpe de Estado y la sangrienta dictadura de Pinochet), sino que también viendo con esperanza que el pueblo puede salir a luchar a las calles para buscar una vida más digna, donde es primordial estar organizados y preparados para ese momento . Pero lo anterior no ocurrirá en el corto plazo y sin represión, sino que mediante el empobrecimiento y la mano dura . Mientras tanto los sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales buscan detener las reformas que destruirán su fuerza negociadora y la legitimidad social que han construido durante años lucha.

Fortalecer la organización, la independencia de clase y la militancia popular. Desde Vida Digna compartimos algunas reflexiones sobre los resultados electorales de la primera vuelta y lo que se avecina, el papel del progresismo desde octubre 2019 hasta hoy, una evaluación crítica a los movimientos y organizaciones con vocación transformadora y también las tareas que creemos son fundamentales para fortalecer nuestros procesos de lucha y el movimiento popular, única garantía de una vida mejor. Los resultados electorales y el rol del progresismo La contundente victoria electoral de la derecha, pese a su división en cuatro candidaturas, es una nueva expresión -y no el inicio- de un periodo de retroceso del movimiento popular respecto de ciertos avances alcanzados durante el ciclo de luchas 2006-2019 , cuya contracara es la profundización de las políticas neoliberales, ahora reimpulsadas durante el actual gobierno de Boric, como fue profundizar el sistema de AFP -luego de anunciar su fin-; profundizar el control financiero en la producción de vivienda con recursos públicos -luego de anunciar más capacidades estatales y un freno a la especulación inmobiliaria-; extender el negocio de los herederos del dictador con la explotación del litio, renunciando a la creación de la empresa pública para esos fines; renunciar a la condonación del CAE en reemplazo de un nuevo modelo de financiamiento que busca resguardar el equilibrio fiscal, pero sobre todo el bienestar de los bancos; además de velar por el negocio en la salud con un perdonazo a las Isapres, y así un largo etcétera. Pero todo este camino de profundización neoliberal, luego de tomar prestadas las banderas que buscaban superar el agotado modelo de acumulación, tiene una dimensión que nos parece importante destacar, y que es tal vez el mayor daño del progresismo al movimiento popular, como también lo fue la concertación durante el retorno a la democracia: su rol desmovilizador . Porque una cosa es no tener mayoría parlamentaria para lograr cambios puntuales -excusa repetida por décadas-, pero otra muy distinta es acotar el espacio de disputa a quienes ejercen roles de representación popular, sea en el gobierno o en el Congreso, y mandar al resto para la casa, tal como ocurrió en el actual gobierno. Este rol ya había sido jugado durante noviembre de 2019, canalizando institucionalmente el conflicto social. Ambos momentos reflejan con claridad que suplantar el protagonismo popular, cuando éste toma vuelo, es la condición histórica para que el progresismo pueda gobernar, de lo contrario, quienes realmente concentran el poder, como son los empresarios, no le darían espacio al Frente Amplio. Todo esto, sólo deja a la población en una peor condición para defender sus intereses, y allana el camino al fascismo, lejos de contenerlo, cuyo surgimiento hoy se cimienta sobre el miedo que las clases dominantes tienen ante el auge de la clase trabajadora. Por todos estos elementos, creemos necesario posicionarnos críticamente frente al progresismo y no caer en su defensa ni ser el vagón de cola de su camino que ya pavimentó derrotas y retrocesos históricos, abriendo así también el camino a las ideas autoritarias y conservadoras, propias de las clases dominantes, pero que el progresismo decidió asumir como propias durante estos cuatro años de gobierno , criminalizando a sectores sociales que hace solo unos años lo llevaron a La Moneda -como ocurre con la política de desalojos masivos sin solución-. Asimismo, el progresismo fortaleció las fuerzas armadas y policías como ningún otro gobierno lo ha hecho, con más facultades y recursos, suponiendo que así se combate el crimen organizado y la crisis de seguridad, cuando en realidad su giro en esa dirección solo pavimentó un cambio en el foco que la propia población había puesto sobre las necesidades materiales , asociadas al aumento del costo de la vida, efecto del agotamiento del modelo. En este sentido, desde Vida Digna entendemos que los últimos resultados electorales son el voto de castigo de un pueblo al que le prometieron mucho, pero que no solo quedó en nada, sino que en el camino le pidieron irse a la casa a esperar una nueva Constitución y después por nuevas leyes. Y cómo esa estrategia volvió a fracasar,  el impulso impugnador se dio vuelta sobre el propio progresismo, quien pasó a ocupar el papel de guardián del modelo . Los hechos históricos recientes demuestran algo que no se debe perder de vista (por más miedo que genere un gobierno de Kast), que el progresismo y la ultra-derecha no representan dos proyectos de sociedad opuestos, sino más bien dos versiones distintas de cómo administrar la herencia neoliberal de la dictadura, uno con rostro humano y el otro con mano dura. Pero ninguno tiene una salida a la crisis .  El movimiento popular En primer lugar, creemos necesario hacer un llamado de atención sobre la debilidad de las organizaciones con vocación transformadora, y al menos relevar algunos aspectos sobre los que creemos se debe trabajar de forma urgente. Una causa común de la baja capacidad de incidir políticamente en la realidad, en sentido amplio, es la debilidad ideológica de quienes componemos los movimientos y organizaciones populares , lo cual acarrea efectos nocivos en distintas materias, como es una débil cultura militante, falta de herramientas para hacer lecturas contextualizadas de la realidad, dificultando aún más el diseño e implementación de planes de lucha y su desarrollo en el tiempo. Sin avanzar en estas materias, no tiene mucho sentido hoy poner el foco en la unidad entre las organizaciones que luchan, porque no habrá condiciones para sostenerla.  Con esto no estamos diciendo que no hay que unirse, sino que la unidad debe atender objetivos concretos, responder al ritmo de los procesos de recomposición, y no a la voracidad de los dirigentes de querer hacer crecer en número un determinado espacio, y menos aún levantar instancias de “unidad” únicamente en periodos electorales, de forma reactiva y a veces meramente instrumentalizadora. Este camino ya lo conocemos en la historia reciente y solo produce menos participación popular y desarticulación social, por lo que aún cuando prime la desesperación, no sirve como atajo a ningún lado. Y entonces, ¿qué hacer? Visto el momento que vive el país, desde el campo de los movimientos populares nuestra atención debe estar puesta no solo en recomponernos en base a desafíos que no son los mismos que hace diez años atrás, sino también en asumir un rol mucho más activo en fortalecer los espacios donde convive la población -y fomentar que estos se amplíen-, como son las juntas de vecinos, organizaciones deportivas, comités de vivienda, centros de estudiantes, sindicatos, entre muchas otras expresiones. Esto que puede parecer mantra repetido, hoy tiene otras connotaciones, porque serán estos espacios los que el fascismo buscará copar para crear esa base social con la que soñaba tanto Jaime Guzmán, donde los mismos sectores populares sean los precursores del desarme político de cualquier intento de transformación social, bajo las consignas de orden y seguridad. Esto representaría una derrota aún más profunda para quienes soñamos un mundo nuevo, porque el desafío actual no se trata solo de defender algunos avances sociales, sino de construir la fuerza social necesaria para alcanzar una vida digna. Para esto, se hace fundamental pensar la batalla ideológica como una tarea fundamental del momento político, junto al rearme de las organizaciones de base con autonomía de clase. Nuestro llamado es a salir del inmovilismo, profundizar la presencia en todo espacio social, a unirse a los movimientos populares que ya existen, disputar de todas las formas posibles las ideas conservadoras, no soltar la calle ni la organización social y hacer el llamado urgente a recuperar una cultura militante activa y que refleja lo que somos como pueblo. Lo que necesitamos en este momento son personas que militen en proyectos colectivos con perspectivas revolucionarias y, en ese sentido, que superemos los activismos y construcciones asistenciales sin perspectiva transformadora de largo plazo .  Es preciso desarrollar militancias populares comprometidas, constantes, disciplinadas y con una ética del cuidado colectivo, por ello, llamamos a quienes quieran transformar este orden injusto a que se unan a luchar por vida digna. ¡Con la fuerza de los territorios construimos comunidades organizadas para la vida digna! ¡Organizarse es comenzar a vencer! ¡Arriba los y las que luchan!

Esta mañana más de 400 pobladores marcharon por San Antonio luego de que la Corte Suprema diera 6 meses para desalojar a más de 1.000 familias que llevan 6 años años instalados en terrenos abandonados, cuyos dueños aprobaron el poblamiento y durante 4 años no ejercieron acciones, mientras el Ministerio de Vivienda se limita a observar cómo el derecho de propiedad se impone sobre la vida. Sentencia de la Corte Suprema (noviembre 2025) Los pobladores protestaron contra la reciente sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección de la Inmobiliaria Bellavista S.A. y Agrícola Alto Miramar Ltda, ordenando el desalojo de las más de 1.000 familias que desde fines de 2019 poblan terrenos que durante años estuvieron abandonados y usados como basural. Esta decisión del máximo tribunal del país revocó lo que había decidido previamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que las empresas apelaran la decisión que falló en su contra. Sentencia de la Corte de Apelaciones (agosto 2025) Previamente, en agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había rechazado el recurso de protección de las empresas dueñas de los terrenos, argumentando que la acción resultaba extemporánea por no haber actuado luego de cuatro años haberse enterado de la toma, mientras el recurso de protección debe interponerse máximo 30 días desde ocurrido o informado el acto. A lo anterior, la Corte agregó que "de los propios títulos de dominio acompañados por las actoras, singularizados a fojas 8.846 Nº 4.576 del año 2004 y a fojas 2.480 Nº 1.354 del año 1999, se desprenden múltiples subinscripciones que dan cuenta de transferencias, ventas y expropiaciones parciales de los lotes originales" , por lo cual no existía certeza de los deslindes y el dominio sobre los terrenos , cuya claridad no corresponde aclararse en el marco de una medida cautelar. Corrupción en el Poder Judicial Desde hace dos años se destapó una olla de corrupción al interior del Poder Judicial a partir del caso Hermosilla , y que lejos de enfriarse, no ha dejado de hervir, saliendo cada tanto una nueva arista relacionada a nombramientos de jueces a trato y fallos arreglados, y que ha tocado a casos judiciales de alta relevancia pública. Ante este escenario, durante la manifestación los pobladores del Campamento de Placilla señalaron que "tenemos la convicción de que las políticas de vivienda se deben actualizar. Nuestra resistencia es humanitaria por la vivienda, y hoy enfrentamos al gobierno de los desalojos y también a una justicia corrupta. No vamos a tolerar que destruyan las casas de nuestras familias, vamos a resistir y exigir la radicación" . Sin respuesta del Ministerio de Vivienda Las familias ya se habían movilizado el pasado jueves 6 de noviembre, formando una larga marcha que llegó hasta las oficinas del SERVIU y la Delegación Presidencial de San Antonio  para exigir una solución definitiva a la necesidad habitacional, sin alcanzar hasta hoy soluciones, pese a que forman parte del catastro del  Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda . Imagen del Campamento de Placilla. Fuente: MINVU Según datos del MINVU, los 256 campamentos que existían en la Región de Valparaíso en 2022 aumentaron a 374 en 2024 , lo que representa un aumento de un 46%, en una línea completamente contraria a la promesa de solución planteada en el Plan de Emergencia Habitacional, aprobado a fines de 2021 e impulsado desde el inicio del actual gobierno de Boric. Lee acá " Campamento de Placilla se moviliza para radicarse en terreno abandonado durante décadas"

Ante tanta información falsa que circula y busca negar la expropiación como una vía para solucionar la crisis habitacional, en el Pincoyazo te presentamos un resumen de cómo funcionan las reglas del juego que obligan al Estado a pagar el valor comercial del terreno. Hace unos días el gobierno anunció  que expropiará 110 hectáreas de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio, bajo el argumento de que se trata de una excepción por el hecho de que resulta materialmente imposible desalojar a 10 mil personas.   En este escenario, los medios hegemónicos han llenado su tribuna con voces que recriminan la expropiación como vía de solución, muchas veces difundiendo mentiras. Por eso es que desde el Pincoyazo decidimos poner la pelota al piso y comenzar por entender cómo funciona la expropiación, qué situaciones la justifican legalmente y cómo es el procedimiento.     ¿Qué significa expropiar un terreno hoy en Chile?   En primer lugar, es importante partir aclarando que la expropiación en Chile no consiste en quitar un terreno así nomás, sino que es un mecanismo que permite al Estado obligar al dueño a venderlo a un precio determinado por una tasación comercial.  O sea, siempre se paga por el terreno, y el precio lo definen tasadores y no el Estado.     ¿Qué leyes rigen las expropiaciones?   La ley de mayor rango en Chile es la Constitución Política de 1980 , creada en dictadura y aún vigente, la que establece el derecho de propiedad y las limitaciones al mismo, especificando bajo qué condiciones alguien puede verse obligado a vender su propiedad en función de una utilidad pública o interés social, o sea, a ser expropiado.   Para hacer efectivo este mandato general de la Constitución, existe el Decreto Ley 2.186 de 1978 , que define el procedimiento de las expropiaciones cualquiera sea la ley que la autorice y la institución que la aplique.   Por otro lado, la Ley 16.391 de 1965 que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, especifica algunos alcances, como su facultad para expropiar bajo ciertas condiciones y también acciones que debe aplicar el organismo.   A continuación, te presentamos lo más importante de cada una de estas leyes para tener un panorama más claro sobre cómo opera la expropiación de terrenos en Chile con fines de utilidad pública o interés social:    ¿Qué dice la Constitución Política de 1980?   - Artículo 19, numeral 21: “ Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad (…) sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional ,  calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.       A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.       La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión ”.     ¿Qué dice el Decreto Ley 2.186?   El DL 2.186 de 1978 aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, y aterriza la forma en que se aplica lo que dice la Constitución:   - Una vez que se inicie el estudio de expropiación, esta ley dice que el terreno no podrá ser objeto de transacciones comerciales ni de contratos que pudieran afectar la expropiación que el Estado evalúa realizar.   - En el proceso de estudio del terreno, el dueño no puede impedir al Estado acceder a información del mismo con el fin de trabar el procedimiento . Si lo hiciera, el Estado puede pedir el auxilio de la fuerza pública para obligarlo, allanar y descerrajar si fuera necesario.   - La entidad expropiante, en este caso el MINVU, determinará una comisión que deberá definir el monto de la indemnización por el terreno , en la cual no podrán participar profesionales del ministerio.   - Una vez publicado el decreto expropiatorio, el dueño del terreno tendrá 30 días de plazo para reclamarlo ante el juez , pudiendo pedir que se rechace, si lo justifica como inexpropiable; pidiendo que se expropie todo el terreno si es que la parte no expropiada no puede explotarse por sí sola; que se expropie otra porción del terreno distinta; o reclamar el monto de la indemnización.   - Si el Tribunal accede a alguna de las últimas tres reclamaciones del párrafo anterior, el MINVU -en este caso- deberá ajustar el decreto en un plazo de 90 días  incluyendo lo señalado o deberá poner fin a la expropiación.   - El juicio se tramita sin que se paralice la expropiación una vez que el expropiante (MINVU) pague el monto provisional definido , salvo que el juez de manera justificada así lo determine.   - Por otro lado, el MINVU puede desistir de la expropiación de forma unilateral, y para eso tiene de plazo hasta 30 días después de que el Tribunal determina el precio definitivo de la indemnización .     ¿Qué dice la Ley 16.391?   En materia de expropiaciones de terrenos para fines de vivienda y urbanización en sentido amplio, el MINVU debe aplicar lo establecido en la Ley 16.391 de 1965  que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y cuyos principales puntos a continuación se detallan:   - Los inmuebles que sean necesarios para los programas de remodelaciones e infraestructura que apruebe el MINVU, son de utilidad pública , por tanto, siguiendo lo que dice la Constitución, son expropiables.   - Son de utilidad pública -y por tanto expropiables- todos los terrenos que sean indispensables para ejecutar los programas  de construcción, alteración o reparación de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones del MINVU, incluyendo los inmuebles destinados a zonas de áreas verdes y parques industriales contempladas en los Planes Reguladores.   - Estos programas deberán ser aprobados por decretos supremos , que deberán ser publicados en el Diario Oficial”.   - Las expropiaciones se ordenarán mediante resolución  de los directores de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU), o previo informe favorable  de la División de Desarrollo Urbano (DDU) o de los SEREMI de Vivienda y Urbanismo.   - La tasación del terreno queda a cargo de una comisión creada por el MINVU y para los efectos de las expropiaciones que efectúe directamente el MINVU, el monto de la indemnización que se convenga con los interesados podrá ser reclamada.

Ante la crisis humanitaria que generaría el desalojo de 10 mil personas fijado para esta semana por la Corte de Apelaciones, el gobierno decidió usar la ficha de la expropiación, que implica pagar el precio de avalúo comercial del terreno, luego de la intransigencia de los dueños que pedían el doble, y con el que pretendían ganar 10 veces lo que gastaron en él. Esta tarde el gobierno anunció que expropiará 100 de las 215 hectáreas del macro campamento del cerro Centinela de San Antonio para que las familias agrupadas en las 40 cooperativas se radiquen en él, quienes contribuirán con el pago equivalente al valor del suelo para la urbanización del mismo, como parte de la radicación.   Paralelamente, se realizará un desalojo del terreno restante, para cuyas familias se proveerían albergues desde la Municipalidad de San Antonio.   Entre los fundamentos que llevaron al gobierno a tomar esta medida, según el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), está el hecho de que “un desalojo sin un plan habitacional que lo acompañe generará una grave crisis habitacional”.   “Usaremos todas las herramientas que nos permite la Constitución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. Esta es una herramienta que se ha usado en todos los gobiernos. Avanzaremos siendo respetuosos de lo que digan los tribunales, partiendo por el desalojo de los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional” , dijo Montes.   Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), dijo que “llegó un punto donde la adquisición de terreno mediante compra pactada con los dueños no llegaron a puerto porque el precio que se puso sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que las propias tasaciones arrojaron”. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), agregó que “como el precio solicitado está por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de usar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido usado por muchos gobiernos. Solo entre 2018 y 2025 se han usado esta herramienta en 258 oportunidades: 135 en la administración pasada y 133 en la actual gestión” .   Lee acá " Macro-campamento de San Antonio: Avaricia de los dueños del terreno impide un acuerdo de compra"   Expropiación con pago de valor comercial   Según informó el gobierno, el valor del terreno a pagar será el valor comercial, equivalente a $9 mil millones de pesos (0,23 UF por cada m2). En los próximos días se publicará en el Diario Oficial el decreto del plan de expropiación.   La forma de financiamiento será con pago del Estado del ítem de Asentamientos Precarios del MINVU, del presupuesto 2025, y que luego sería retribuida por las familias agrupadas en cooperativas, quienes pondrán una cuota equivalente al precio del terreno, según señaló el ministro. Si bien el gobierno no entregó detalles del proyecto habitacional, fuentes del campamento dicen que el plan consistiría en reubicar dentro de las 100 hectáreas a todas las familias del poblamiento.   El procedimiento de expropiación del terreno lo solicitó el SERVIU de Valparaíso, ante el inminente desalojo decretado por la Corte de Apelaciones de la misma región para este jueves 4 de diciembre, el cual se postergaría una vez exista respuesta de la corte, y se reúnan las condiciones materiales para realizarlo, como es el despliegue policial y los albergues necesarios. Revisa aquí el comunicado de prensa:   Desalojo de 115 hectáreas del macro-campamento   El gobierno anunció que será la corte quien primero conozca el contenido del plan de desalojo, que según la vocera de gobierno “dialoga con el proyecto habitacional, que consiste en despejar las zonas que no contemplan el proyecto de vivienda” .   En cuanto a las familias afectadas por el desalojo, el municipio de San Antonio dispondrá los albergues de forma previa al inicio del desalojo, según informaron.

Alcalde y concejales de derecha alineados incluyeron al PPD y DC para dirigir la privatización de la cultura, el deporte y fomento productivo en Huechuraba, mientras concejales Román (PPD) y Plaza (PC) se abstuvieron, Hernández (FA) votó aislada por otros candidatos y Kaelín (PL) se inhabilitó por tener un familiar que trabaja en el área de deportes. En la sesión extraordinaria N°20 del 19 de noviembre de 2025, el concejo municipal aprobó la designación de dos puestos de cinco del directorio que estará a cargo de la nueva Corporación de Cultura y Deportes de Huechuraba.   Esta votación surge unos meses después de que el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) y el concejo municipal tomaran la decisión de   privatizar la gestión del deporte y cultura en Huechuraba bajo la figura de una corporación municipal , lo cual incluye a dos de los espacios más emblemáticos y valorados por la comunidad: el complejo deportivo Jorge Inostroza, más conocido como “7 Canchas”, y el Centro Cultural La Pincoya. Ambos recintos han ofrecido durante décadas servicios completamente gratuitos y abiertos a todo el público y ahora podrían ser objeto de restricciones de acceso. Lee acá " Avanza la privatización: Concejala PS dio quorum a Luksic para aprobar la Corporación Municipal de Cultura y Deporte en Huechuraba"     PPD y DC electas con votos de la derecha   Durante la votación, el alcalde Luksic (UDI) junto a los concejales Jorge Arancibia (REP), Fernando Pérez (RN) y Humberto Allendes (Evópoli) respaldaron las candidaturas de Natalia Piergentili (PPD) y Marigen Hornkohl (DC).   Pero, ¿por qué solo el alcalde y los concejales de derecha votaron alineados por estas dos candidatas que, al menos en teoría, responden a otro sector político? Y ¿por qué elegirlas a ellas y no a otras personas?     ¿Quién es Natalia Piergentili?   Ex presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), con cargos durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. En 2024, CIPER comprobó que, mientras ejercía como vicepresidenta del PPD, recibió al menos $3,8 millones en pagos por charlas a empresarios desde una sociedad de Zalaquett (UDI). Todo esto, cuando estalló el caso de las comidas privadas entre ministros del actual gobierno de Boric y representantes de distintos gremios empresariales en la casa del ex alcalde de Santiago.   En las comidas de Zalaquett participaban empresas y organizaciones gremiales, como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que agrupa a empresas industriales del país. En ese contexto, Piergentili dijo que asesoraba a un líder empresarial, cuya identidad mantuvo bajo reserva, y que los pagos se hacían a través de Zalaquett “para cuidarnos”.   Hoy Piergentili es Directora de Asuntos Públicos en Feedback , una agencia de comunicación estratégica que asesora a diversas empresas. Y saber a quién asesora Piergentili es información relevante para los vecinos de Huechuraba, porque ella será una de las 5 personas que llevarán las riendas de la cultura, el deporte y el fomento productivo en Huechuraba.     ¿Quién es Marigen Hornkohl?   Política de la Democracia Cristiana (DC) que fue ministra de Educación durante el gobierno de Lagos y de Agricultura durante el primer gobierno de Bachelet, donde también ejerció como embajadora de Chile en Alemania. Luego, fue designada como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el segundo gobierno de Bachelet. Previamente había trabajado también en cargos directivos y como asesora en los gobiernos de Frei y Aylwin.   Actualmente es rectora y presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes y también directora del Centro de Estudios Democracia y Comunidad , ligada a la DC, a quien presta asesorías parlamentarias .   De esta forma, Piergentili y Hornkohl se unen a Luksic, quien encabezará el directorio de la Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento, y cuya asamblea de socios deberá elegir a los otros dos integrantes del directorio. Lee acá " Nueva Corporación Municipal de Huechuraba: ¿Quiénes administrarán los recintos y recursos públicos que serán privatizados?"   Concejales de gobierno votan solos, se abstienen e inhabilitan   La concejala Fresia Hernández (FA)  votó a favor de David Cabedo y Carlos Cea.   Los concejales Genaro Román (PPD) y Bárbara Plaza (PC) se abstuvieron , argumentando ser coherentes con su anterior rechazo a la creación de esta Corporación Municipal, ya que esta busca la privatización de los servicios públicos.   La concejala María Elisa Kaelin (PL) se inhabilitó  para participar en la votación, debido a un posible conflicto de interés por tener familiares trabajando en una de las áreas que se privatizarán.

Luchadores de Barrancas, el Frente Popular y la 17 de Mayo ocuparon el edificio del gremio empresarial de la construcción denunciando cómo la empresa privada hace de la necesidad un negocio. Lee acá el petitorio de la Asamblea Nacional de Pobladores, en lo que fue un llamado nacional de protesta por vivienda digna. La mañana de este jueves 20 de noviembre, en el marco del llamado a movilización por vivienda de la Asamblea Nacional de Pobladores (ANAPO), un contingente de tres comités de vivienda realizó una acción de protesta en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), para denunciar cómo la empresa privada hace de la necesidad de cientos de miles de familias un negocio. Los pobladores de los comités Vivienda Digna - Frente Popular de Maipú y Luchadores de Barrancas de Cerro Navia, junto a la Cooperativa 17 de Mayo de esta misma comuna, ocuparon la sede gremial para leer declaraciones que junto con denunciar el problema plantean una serie de propuestas para resolverlo. Lee acá el petitorio completo de ANAPO: PETITORIO NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL DE POBLADORAS Y POBLADORES (ANAPO)      Principios 1. Independencia política:  Asumimos nuestra responsabilidad colectiva de resolver la necesidad de vivienda, por tanto, esta Asamblea no está al servicio de intereses electorales y rechazamos toda forma de estafa y engaño a los pobladores en lucha.   2. Luchar por la vía de los hechos:  Debemos luchar activamente para conquistar nuestras demandas, no aceptando los ritmos de la burocracia institucional. Sólo luchando defendemos y conquistamos. Solidarizamos y compartimos nuestras experiencias colectivas para luchar más y mejor. 3. Servir de todo corazón a nuestro pueblo y sus luchas:  Los dirigentes actuamos en servicio de nuestro pueblo y no por intereses personales de ningún tipo.   Petitorio 1. Garantizar suelos estatales para vivienda social:  que el Estado inicie un plan de expropiaciones o traspasos de suelos tanto fiscales como particulares, de “interés social” con factibilidad para uso habitacional en cada comuna, urbanos o rurales, y se haga cargo de habilitarlos con infraestructura básica (agua, alcantarillado, red eléctrica) para evitar la especulación inmobiliaria , priorizando los suelos en desuso o mal utilizados. La cantidad de suelos debe tener relación con la necesidad habitacional expresada en la cantidad de socios que conforman las organizaciones habitacionales de cada comuna, manteniendo como mínimo un 30% de su territorialidad dispuesta para vivienda social. Su localización debe considerar las redes de apoyo y conectividad a servicios. 2. Suspensión inmediata de los desalojos sin solución habitacional : que el Estado dé solución a las tomas y campamentos presentes en cada región, esto debe realizarse desde el inicio del gobierno entrante y dejar estipulada la solución habitacional a la brevedad. Lo anterior debe realizarse mediante el uso de las facultades legales que le otorga la ley 20.234, es decir, mediante la radicación y regularización de las tomas y campamentos. 3. Derogación inmediata de la ley de Usurpaciones N°21.633:  criminaliza la pobreza y la lucha organizada de pobladores y pobladoras, agudizando la crisis habitacional. 4. Habilitación inmediata de todos los servicios básicos a las tomas y campamentos:  independiente de su situación judicial - administrativa. 5. 80 m2 de vivienda social, como mínimo, con todas sus terminaciones:  las viviendas terminadas deben tener un mínimo de 80 m2 de espacio habitable para evitar el hacinamiento, sin incluir terrazas o logias (para el caso de departamentos). El tamaño de la vivienda debe adaptarse al número de personas que componen el Registro Social de Hogares (RSH) del/la postulante. 6. Plazo máximo para acceder a la solución habitacional de 5 años:  desde la formación de la organización habitacional hasta la entrega de la vivienda. 7. Eliminación del ahorro mínimo:  para familias sin capacidad real de ahorro, como adultos mayores, personas en situación de discapacidad o madres solteras, entre otros. Que el ahorro mínimo que establece actualmente el DS49 sea respetado, es decir, 10UF, todo el sobre ahorro y los premios asociados a este deben ser eliminados, pues fomentan la especulación y el negocio inmobiliario. Que el Estado fiscalice efectivamente la aplicación del DS49 en cuanto a que el ahorro mínimo sea aplicado, pues aunque se ahorre como mínimo 30UF al día de hoy, la calidad y cantidad de las viviendas sociales entregadas es deficiente. 8. Único requisito de postulación a la vivienda social: SER POBRE Y NO TENER VIVIENDA:  adaptar los requisitos del DS49 a las condiciones de las personas actuales, permitiendo la postulación de personas solas, sin núcleo familiar, que acrediten no tener vivienda propia y ser pobre (hasta el 90% en Registro Social de Hogares). Que el RSH se congele al momento de la conformación definitiva de la organización habitacional, es decir, cuando cierra sus cupos y se inscribe en Serviu, y no con posterioridad, pues la situación de las familias es cambiante y podría quedar excluido de la postulación colectiva.   9. Nueva Ley Habitacional para Viviendas Sociales:  que regule todos los aspectos de las necesidad habitacional del país en cuanto a viviendas sociales, para evitar estar a merced de las voluntades de los gobiernos de turno. Debe contemplar la regulación de todas, cada una, y diferenciadamente, las organizaciones afines a la vivienda social (Comités de Vivienda, Cooperativas de Vivienda, Tomas, Campamentos, Comités de Adelanto, Juntas de Vecinos, etc.). Debe contemplar el acompañamiento técnico por parte de cada institución involucrada, desde: la conformación de la organización de vivienda, inicio de obras, entrega de llaves, postventa, hasta expiración de cumplimiento de garantías (para vivienda y mejoramiento). 10. Creación de Empresa Estatal Constructora de Vivienda Social: con presencia nacional, participación vinculante de los beneficiarios del proyecto habitacional, que no esté orientada por el lucro , sino por la maximización de la calidad de vida de quienes optan al subsidio habitacional. 11. Censo habitacional real:  realizar a la brevedad un Censo Habitacional que contemple a personas en situación de calle, hacinadas, allegadas, arrendatarias, en Tomas y Campamentos, en situación habitacional irregular, y endeudadas, que contemple aspectos cualitativos y cuantitativos, que permita una comprensión multidimensional e integral del problema de la vivienda en Chile. 12. Partida presupuestaria habitacional 2026:  nos oponemos tajantemente a la especulación y el lucro por parte de las inmobiliarias y constructoras. En lo inmediato, la partida presupuestaria 2026 para vivienda, debe ajustarse al precio de mercado y a la plusvalía de los suelos en cada comuna, para evitar el desarraigo de las personas de sus redes de apoyo y acceso a servicios. 13. Subsidio de arriendo VINCULANTE y automático a proyecto habitacional definitivo:  para todos los socios de las organizaciones habitacionales desde el momento de su inscripción en el Libro de Socios, independiente de la vulnerabilidad RSH del/la postulante. Que contemple la TOTALIDAD DEL MONTO DE ARRIENDO más gastos comunes con una duración de la totalidad del tiempo que media entre su adhesión a la organización habitacional, hasta la consecución de la vivienda . Exigimos que el Estado fiscalice la correcta asignación de los subsidios. El subsidio de arriendo debe apuntar a desburocratizar los requisitos y no debe exigir acreditación de renta, asignaciones directas para casos relevantes (como violencia intra familiar (VIF), en situación de calle y otros), etc. 14. Capacitaciones gratuitas permanentes para dirigentes de la vivienda: capacitaciones presenciales, de frecuencia acorde a las necesidades, que privilegie los sectores rurales, urbanos periféricos y aislados, facilitando recursos, medios y capacidades para adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones habitacionales. Sus contenidos deben ser definidos por las partes interesadas, y no deben apuntar a la cooptación de las organizaciones ni sus dirigencias hacia políticas asistencialistas, burocráticas o electorales. Las y los dirigentes sociales y habitacionales rechazamos todo tipo de registro de habilitación, que pretenda validar desde el Estado y no desde la autonomía de las comunidades, sus dirigencias. 15. Unificación, bajo criterios técnicos fundados que apunten a la agilización de las soluciones habitacionales, por parte de Serviu y municipalidades:  a nivel nacional los criterios de información y trabajo del Serviu con las organizaciones habitacionales, y obligar a las municipalidades a participar activamente en los procesos desde la conformación de la organización hasta la adjudicación de los proyectos. 16. Equipamiento de los proyectos habitacionales:  debe contemplar parques para mascotas de acuerdo al catastro de cada organización, además, 10m2 de área verde por persona, junto con área infantil que incluya juegos, zonas para el esparcimiento y elementos para el desarrollo integral de las infancias. 17. Fin al sistema de puntuaciones:  el foco de las políticas públicas habitacionales debe ser la urgencia y agilización del acceso a la vivienda y no parches burocráticos como son el orden de prelación que sólo encubren el fracaso de las políticas habitacionales, dejando postergado a los de siempre. Si bien es necesario un orden respecto a la solución del problema habitacional, todas las personas tienen el mismo derecho a la vivienda, y debe ser atendido oportunamente, siendo el plazo máximo de espera, 5 años. 18. Fiscalización y combate a la corrupción:  fiscalizar efectivamente la corrupción al interior de las reparticiones públicas, que efectivamente las soluciones habitacionales sean adjudicadas para pobladores sin casa, y no para funcionarios públicos con una o más propiedades. 19. Periodo de restricción para venta o arriendo de 5 años:  en caso de no utilizarla, la vivienda debe ser reasignada por votación de la organización habitacional beneficiada, nuestro objetivo es construir barrios de forma colectiva. Esto debe llevarse adelante mediante la lista de espera elaborada por la misma organización habitacional. 20. Exención de impuestos y contribuciones:  en los proyectos habitacionales de vivienda social en todo el proceso del proyecto, tanto a Dirección de Obras Municipales como Servicio de Impuesto Interno, entre otros. 21. Creación de “Mesas de Gobernanza” a nivel regional: entre autoridades pertinentes y todas las organizaciones habitacionales, con el objetivo de dar solución definitiva al problema de la vivienda para el pueblo, tratando todas las temáticas respectivas en cuanto al análisis de la realidad poblacional, leyes, políticas, normas, etc., siendo vinculante cada una de las decisiones que sean acordadas, con especial atención a la voz de las organizaciones habitacionales.     Suscriben las organizaciones habitacionales:   1. Comité de Vivienda Resistencia Pobladora, Chillán, región del Ñuble 2. Comité de vivienda Valle Esperanza, Limache, región de Valparaíso 3. Federación Regional de Pobladores - FEREPO, región de Ñuble 4. Cooperativa de Vivienda 17 de Mayo, Cerro Navia, región Metropolitana 5. Organización comunitaria y comité habitacional Suyai, Campamento de Placilla, comuna de San Antonio, región de Valparaíso 6. Coordinadora 5’ Costa San Antonio del cerro Centinela, comuna de San Antonio, región de Valparaíso 7. Comité de Vivienda Fuerza Campesina del Malleco, comuna de Collipulli, región de la Araucanía 8. Comité de Vivienda Vicente Solís, comuna de Cerro Navia, región Metropolitana 9. Campamento Chile Sueña, comuna de Antofagasta, región de Antofagasta 10. Comité de Vivienda Fuerza Campesina, comuna de Coihueco, región de Ñuble 11. Comité de Vivienda San Andrés de la Chimba, Antofagasta 12. Comité de Vivienda América Unida 13. Campamento Dignidad, comuna de La Florida, Región Metropolitana 14. Comité Resistencia 17 de Mayo, comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana 15. Comité Vicente Solis, comuna de Cerro Navia, región Metropolitana

Distintos comités de Santiago marcharon por la Alameda hacia el Ministerio de Vivienda para exigir avances en sus proyectos y medidas que apunten a resolver la crisis habitacional que vive el país. Lee acá el comunicado de las organizaciones convocantes del Viviendazo 2025.    Comunicado Público Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna, Tejer-Construir, Alianza Yungay y  Coordinadora por el Terreno Aldeas SOS. Nuestro país arrastra, desde hace décadas, una profunda y dolorosa crisis habitacional. Miles de familias, trabajadoras y pobladoras, vivimos en la precariedad, el hacinamiento y la incertidumbre, esperando una solución digna que el Estado aún no logra garantizar. Esta crisis se agrava día a día, mientras observamos cómo la esfera pública se inunda de una campaña electoral que, a menudo, ignora la urgencia de quienes no tienen un techo. En este contexto, las y los sin casa no podemos esperar más. La vivienda es un derecho fundamental, no un bien de mercado. Es por eso que hoy, las organizaciones firmantes nos unimos y alzamos la voz para exigir a las autoridades y a todos los actores políticos involucrados que pongan fin a la inercia y actúen con la urgencia que esta crisis demanda. Necesitamos acciones concretas que trasciendan los ciclos electorales y aseguren un futuro digno para nuestras familias y comunidades.   Nuestras exigencias: Avanzar en la conquista de nuestros derechos. Para avanzar de forma real y estructural hacia el derecho a la vivienda digna, exigimos:   Continuidad y mejora del Plan de Emergencia Habitacional (PEH):  El PHE debe ser fortalecido, desburocratizado y dotado de los recursos necesarios para acelerar la entrega de soluciones que cumplan con estándares de dignidad, pertinencia territorial y calidad para las miles de familias sin casa. Creación de una Ley General de Vivienda:  Es imperativo poner fin a la articulación de decretos fragmentados. Necesitamos un marco legal único y robusto que consagre la vivienda como un derecho social y establezca  obligaciones claras del Estado para su cumplimiento efectivo, garantizando la participación de las organizaciones sociales y comunidades en su elaboración. ¡Fin a la especulación inmobiliaria!  El valor del suelo no puede seguir a la deriva de las ganancias del mercado. No toleraremos que continúen existiendo miles de construcciones vacías, listas para la venta o la especulación, mientras miles de familias viven en campamentos, de allegados o pagando altos valores de arriendo. ¡El suelo debe cumplir una función social! Expropiación de terrenos en desuso y fin al "ahorro adicional":  Exigimos que el Estado utilice sus facultades para expropiar terrenos aptos que se encuentran abandonados o sin uso. Las familias no podemos seguir pagando los costos de la especulación inmobiliaria a través de exigencias de ahorro adicional inalcanzables (sobre los cuatro millones de pesos). No más sacrificio de las familias para pagar la ganancia de quienes especulan con la tierra. Fin a la criminalización de las tomas y a los desalojos:  La toma es una respuesta desesperada ante la desidia y abandono del Estado. Exigimos el cese inmediato de la criminalización de la lucha por la vivienda y de los desalojos sin soluciones habitacionales efectivas y dignas para las familias afectadas.   Las organizaciones de pobladores y pobladoras hemos demostrado que somos capaces de organizarnos y luchar para dar   soluciones desde nuestra base social, desde cada asamblea de nuestros comités de vivienda. Y que estamos movilizados/as y decididos/as  a conquistar nuestro derecho a vivir en barrios dignos y seguros. No somos un número más en las estadísticas; somos miles de familias trabajadoras que, día a día, con esfuerzo y dignidad, construimos este país. Aportamos a la economía y a la sociedad, sacrificándonos para ganar el pan, y es inaceptable que se nos niegue el derecho básico a un hogar digno. El Estado debe dejar de gestionar nuestra situación como una mera emergencia y empezar a reconocernos como sujetos de derecho que demandamos un cambio estructural en la política habitacional.   ¡La lucha nos dará lo que el Estado y los poderosos nos niegan! ¡Arriba las y los que luchan!   Martes 18 de noviembre del 2025   Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna   Tejer-Construir Alianza Yungay Coordinadora por el Terreno Aldeas SOS

Más de 350 trabajadores cumplen 12 días de huelga ante una constructora que ya ha sido multada por no pagar salarios y no cuidar la seguridad de los trabajadores, quienes denuncian nuevas irregularidades, la intransigencia de la empresa y la falta de fiscalización laboral, sanitaria y ambiental del Estado. Este viernes se cumplen 12 días de paralización de las obras de la central Hidroeléctrica Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío, luego de que la constructora China First Highway Engineering Co Ltda, a cargo de las obras, mantiene una serie de incumplimientos sobre derechos básicos de los trabajadores. Ante la intransigencia de la empresa a las demandas de sus trabajadores organizados en los sindicatos SINTEC-Chile y SITECO-Chile, El Pincoyazo revisó datos de la Dirección del Trabajo (DT), identificando que en solo seis meses la empresa ha recibido 8 multas por infringir la normativa laboral. 8 Multas cursadas por la Dirección del Trabajo: No pagar remuneraciones No suprimir factores de peligro en el trabajo No tener duchas con agua fría y caliente No llevar registro de asistencia y horas de trabajo en base a exigencias legales Nos disponer documentos necesarios para fiscalización y conciliación laboral (2) No asistir a citación de la DT (2) Nuevos incumplimientos laborales, de salud y ambientales Según informó Radio Biobío , el SINTEC-Chile denunció una serie de incumplimientos a distintas normativas, que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la obra en su conjunto, por lo cual demanda la fiscalización de los organismos públicos competentes, como es la misma DT, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Seremi de Salud del Biobío y el Ministerio de Energía. 1. Construcción fuera de norma técnica chilena : Se han instruido y ejecutado trabajos sin respetar las normas chilenas de diseño sísmico y estructural (NCh 430, NCh 433, NCh 2728). Se han levantado estructuras metálicas y de hormigón sin estabilidad ni refuerzo suficiente, según lo establecido en los planos originales aprobados. Trabajadores han denunciado la eliminación de armaduras y refuerzos, lo que genera riesgo de colapso parcial o total. 2. Fundaciones sobre terreno inadecuado : Parte de las obras se ejecutan sobre material inerte no rocoso, incumpliendo los estudios de suelo y las condiciones definidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°159/2016). Pudiendo ocasionar asentamientos diferenciales y fallas irreversibles. 3. Planta de hormigón no autorizada ni fiscalizada : La empresa mantiene una planta interna de producción de hormigón sin autorización ni control de calidad externo, infringiendo la RCA y el D.S. N°594/1999 del Minsal. No existen certificados de ensayo ni trazabilidad de materiales, situación que pone en duda la resistencia de los elementos estructurales. 4. Riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores : Se desarrollan faenas sin medidas de seguridad industrial adecuadas, sin cascos certificados, sin líneas de vida ni señalización. No se han implementado planes de emergencia, rutas de evacuación ni comités paritarios activos. Se incumple el artículo 184 bis del Código del Trabajo, que obliga a todo empleador a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. 5. Ausencia de fiscalización estatal efectiva : La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud no han realizado inspecciones integrales pese a las denuncias formales. Tampoco se han fiscalizado los compromisos sociales y ambientales contenidos en la RCA, lo que evidencia una omisión grave del deber de vigilancia del Estado. 6. Incumplimiento de acuerdos alcanzados en la Municipalidad de Santa Bárbara : En la reunión sostenida con el alcalde Cristián Oses Abuter, la empresa se comprometió a: ▪ Disponer buses de transporte seguros y permanentes para los trabajadores. ▪ Entregar una respuesta formal al petitorio sindical. ▪ Implementar medidas de seguridad y comunicación directa con los representantes laborales. Ninguno de estos compromisos fue cumplido. A la fecha, los trabajadores continúan expuestos a riesgos y sin respuesta oficial. 7. Desconocimiento y hostigamiento a los trabajadores organizados : La empresa ha emitido comunicados calificando de “ilegal” la paralización de funciones, en circunstancias de que dicha acción responde a incumplimientos graves de contrato y vulneraciones al derecho a la seguridad. Esta conducta constituye una práctica antisindical, prohibida por el artículo 485 del Código del Trabajo y los convenios internacionales de la OIT. Lee acá " Abuso empresarial en el Biobío: SINTEC paraliza indefinidamente obras de Central Hidroeléctrica Rucalhue"

Ninguna medida apunta a frenar la especulación con el precio del suelo. Todos coinciden en fomentar el endeudamiento. Kaiser busca privatizar terrenos públicos y que los SERVIU no compren suelo; Kast quiere reducir el DS49 y quitar la aislación térmica; Matthei propone dar más subsidios y garantías a los bancos mientras Jara busca fortalecer los SERVIU y crear empresas público-privadas. Este domingo se define quiénes pasarán a segunda vuelta en la elección de la próximo gobierno 2026-2030. Por eso es que un equipo del Pincoyazo revisó las propuestas programáticas en vivienda de las cuatro candidaturas con opciones de pasar a segunda vuelta, para analizar sus alcances y limitaciones. En términos generales, ninguna candidatura apunta a cambiar algún aspecto estructural del actual modelo de producción de vivienda basado en la política neoliberal. Y si bien los programas presidenciales nunca cumplen gran parte de sus medidas, sirven para identificar los proyectos políticos de cada sector. Las causas de la crisis habitacional son, principalmente: El control en manos privadas de grandes porciones de suelo urbano y la especulación que los dueños hacen con el precio de los terrenos. La ausencia de facultades para expropiar a precios justos en favor de la vivienda social. La falta de una constructora pública que permita construir en función de resolver la necesidad y no alimentar la ganancia privada. El gran traspaso de recursos públicos hacia los bancos y empresas en forma de subsidios y préstamos. Lee acá " Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional" A continuación, presentamos extractos de las principales medidas en materia de vivienda, las cuales no apuntan a la raíz del problema, pero sí dan luces de los énfasis que cada sector hace en función del segmento de la sociedad cuyos intereses representan. Kaiser: la apuesta más extrema por privatizarlo todo Privatizar terrenos públicos Facilitar la adquisición de terrenos fiscales por parte de inversores privados y ofrecer incentivos para el desarrollo de proyectos de vivienda.   Suspender la adquisición de nuevas propiedades y terrenos por parte del Fisco. Los recursos liberados se destinarán a la reducción del déficit fiscal y a otros sectores prioritarios del gobierno.   Desregular normas urbanas Propone una liberalización integral del mercado inmobiliario, eliminando las restricciones que obstaculizan la inversión privada, con lo cual pretende aumentar la oferta de viviendas y disminuir los precios.   Promover la construcción en altura y densificar áreas consolidadas a través de cambios a planes reguladores.   Eliminar impuestos a las empresas Eliminar el impuesto a la compra de viviendas, y también el pago de las contribuciones. Fomentar el mercado privado del arriendo Reducción de regulaciones sobre el arrendamiento para incentivar la oferta.   Promover la contratación de seguros de impago de arriendos y facilitar el acceso a estos seguros a través de convenios con aseguradoras.   Facilitar el acceso a financiación para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento.   Profundizar la construcción de vivienda privada Promover fondos de inversión inmobiliaria especializados en viviendas de bajo costo. Ofrecer incentivos fiscales y otros beneficios a las empresas y ONG que participen en la financiación y gestión de programas de vivienda transitoria. Kast: reducir el DS49 y apuntar a eliminar los comités de vivienda Si bien el programa de Kast es muy poco detallado en contenidos y dedica solo un párrafo para referirse a propuestas de vivienda, una reciente participación de Iván Poduje (integrante de su equipo programático) en un foro de la Cámara Chilena de la Construcción permite identificar con más detalle hacia dónde apunta su política. A continuación, compartimos extractos de la presentación del urbanista, del cual estos días se identifico su trabajo en red con trolls funcionales al Partido Republicano, según informó CIPER : Mientras no se extienda el Plan de Emergencia Habitacional, vamos a hacer 11 cambios a OGUC y PRM que permitan hacer operativo el concepto de la emergencia habitacional, permitiendo aumentar densidad y altura, y uso de norma supletoria para expandir límite urbano. Cambiar 5 guías normativas de programas DS49 y DS01, para reducir el nivel de detalle que tienen los proyectos (exigencias de calidad) que alargan los trámites en la DOM y SERVIU. 10 medidas para reducir los costos, postergando exigencias de aislación térmica (12% del valor), reducir cantidad de deptos DS49 , porque es más caro, más lento, es una caja que produce hacinamiento y mala vejez. Potenciar el único programa que creemos ha funcionado bien, que es el FOGAES, lo vamos a ampliar de 50 a 100 mil viviendas (garantías a los bancos para fomentar endeudamiento). Focalizar el subsidio para reducir la tasa de un 10 a un 5%, y también para reducir el dividendo , con lo que es la tasa pre-estallido, que es una tasa que permita a las familias postular a una tasa del 2,3% y no del 4% que hay hoy. Con eso, el monto del dividendo va a bajar de 2,5 millones a 2 millones, y el pie va a bajar también, masificando el acceso a la clase media a través de un programa DS2 , que va a incluir terrenos ( programa mi terreno , inspirado en operación sitio, con terrenos urbanizados y considerando habilitación de suelo para estos terrenos, exigiendo a las sanitarias que amplíen su territorio operacional con prorrateo tarifario y no cargo al proyecto). Propuesta para intervenir barrios críticos con problemas de seguridad y hacinamiento , tomando la idea de zonas de emergencia habitacional, aplicando todas las disposiciones que tiene el estado de catástrofe para agilizar permisos, agilizar inversiones sin necesitar tener un RS y doble toma de razón por la Contraloría, incluyendo una mayor cantidad de reparación de vivienda, subiendo a 100 mil al año. Matthei: entregar más garantía para los bancos La alicaída candidata de Chile Vamos tiene a cargo de su equipo el ex subsecretario del MINVU durante el segundo gobierno de Piñera, Guillermo Rolando, lo cual queda reflejado en el tipo de medidas propuestas, que junto con profundizar el actual modelo, mantiene un rol pasivo del Estado y. el protagonismo privado, pero sin apuntar a su reducción completa, como ocurre con Kaiser y Kast: Promesa de 400.000 nuevas viviendas:  ampliar el alcance de la política habitacional, incorporando a los sectores medios que hoy no tienen pie a subsidios ni créditos. Redefinir la vivienda de interés público hasta los 4.500 UF y un paquete de medidas: concretar más soluciones en los programas actuales de construcción, compra y arriendo, mejorar el acceso del crédito hipotecario, crear incentivos tributarios, aumentar la capacidad actual de construcción vía esquema de concesiones . Crear créditos con Pie Cero para que familias jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.   Implementar una garantía estatal tipo Fogape para que beneficiarios de subsidio y jóvenes accedan a crédito hipotecario, otorgando a los bancos doble garantía: propiedad y aval del Estado.   Ampliar los beneficios tributarios para créditos hipotecarios.   Eximir transitoriamente el IVA en primeras viviendas y daremos beneficios e incentivos al primer comprador.   Terminar con la "permisología" para la construcción: Dejar sin efecto leyes y normativas, como la llamada Ley del Ducto, con el fin de acelerar la construcción de viviendas, otorgar más permisos de edificación y disminuir los costos asociados a una mayor normativa.   Terrenos para vivienda: Priorizar los terrenos públicos en desuso para proyectos habitacionales y urbanos, mediante un registro público de suelos estatales. Impulsar proyectos mixtos a través de licitaciones, alianzas y herramientas como concesiones, arriendos y usufructos, potenciando el rol de Desarrollo País. Eliminar restricciones al uso de suelo en zonas centrales o con alta inversión urbana para evitar alzas de precios. Además, se intervendrán zonas condicionadas sin avances en vivienda social, habilitando terrenos con inversión pública, ajustes normativos y coordinación entre ministerios, municipios y empresas de servicios. Jara: potenciar capacidades de los SERVIU donde la empresa privada no renta El programa de Jara demuestra la continuidad del actual gobierno de Boric, e incluso en el papel, con medidas mucho menos atrevidas del programa que ofreció el frenteamplista en su campaña que, como ya sabemos, en su gran mayoría no se cumplieron: Fortalecerlos SERVIUs regionales: dar curso a aquellos donde no existe suficiente interés por parte del sector privado de manera que asuman con mayor propiedad la tarea de diseñar y construir todos aquellos proyectos habitacionales que su territorio les demande.   Aceleración de la Construcción de Viviendas mediante métodos industrializados.  Se impulsará un plan nacional para utilizar al máximo la capacidad instalada de producción de viviendas industrializadas.   Hipotecazo para jóvenes entre 25 y 40 años. La propuesta pretende resolver esa dificultad garantizando el acceso en propiedad a la vivienda de hasta $100 millones para los jóvenes en condiciones de pagar un dividendo de hasta $300.000 reajustables en UF.   Para ello, cambiar el sistema, facilitando el acceso al crédito hipotecario para jóvenes, premiando la capacidad de ahorro, mediante la constitución de programa de vivienda dotado de un fondo de garantía análoga al actual FOGAES, que permita a personas menores de 40 años la adquisición de viviendas nuevas y usadas cuyo valor no supere las 3.000 UF ; y mediante el otorgamiento del subsidio DS01 a los postulantes que ahorren mensualmente un monto de 5 UF mensuales por 3 años corridos, con lo que el Estado duplicará el monto ahorrado para el pie en hasta 180 UF.   El programa se compondrá de:   1. Fondo de Garantía Estatal Concursable operado por BancoEstado y abierto a la participación de cualquier banco que desee incorporarse al sistema y que garantizara con fondos estatales los montos prestados a este efecto;   2. Un subsidio para aportar como pie a la banca cuyo monto promedio debiera oscilar en torno a los $20 millones por operación;   3. Un mecanismo de financiamiento que aporte el 90% del valor solicitado a ser pagado en el plazo de 30 años;   4. Una tasa de interés fija que no supere el 3,5% anual en UF; y   5. Un mecanismo de evaluación de riesgo que pondere la presencia de un ahorro anual en una libreta de vivienda que, en el curso de dos años, registre sin discontinuidades un ahorro mínimo mensual supere las 8 UF.   Fortalecer al Fondo de Infraestructura S.A. permitiéndole gestionar proyectos habitacionales e inmobiliarios. Ampliar las modalidades de acceso a la vivienda con proyectos habitacionales gestionados por el Fondo de Infraestructura S.A., que actuará como una empresa inmobiliaria pública y que podrá desarrollar proyectos de gestión inmobiliaria y habitacional.   Crear Sociedades Mixtas, entre el Estado, instituciones y empresas públicas y privadas , cuyo patrimonio en suelo, sean estos urbanos o en áreas de crecimiento urbano que queden bajo los parámetros de los Planes Habitacionales Estratégicos, para ser utilizados en el crecimiento programado de esos territorios. Revisa los programas completos acá: Kaiser Kast Matthei Jara

La humanidad se enfrenta al mayor de sus retos, una crisis medioambiental que ya está alterando las condiciones de vida de millones de personas y cuyo inevitable avance pone en riesgo las propias bases de la existencia humana y de una parte importante de las formas de vida no humana con las que compartimos el planeta.   Lo que es una emergencia global y debiese ser la principal preocupación y tema de discusión a nivel de Estados, en Chile no aparece como prioridad en la agenda de los candidatos presidenciales , no ocupa espacio en los matinales o noticieros y en las diversas encuestas ni siquiera está dentro de las 10 principales preocupaciones de la población (si es que optamos por creerle a la CEP, Pulso Ciudadano o la Cosa Nostra).   En el mejor de los casos, se habla del cambio climático cuando nos afecta algún evento extremo, dígase sequías, tornados, incendios, inundaciones u olas de calor, y la mención a las problemáticas ambientales solo entra (a la fuerza) cuando una comunidad se resiste a algún proyecto contaminante y logra mediatizarlo a punta de marchas y barricadas.   En la coyuntura actual, buena parte de candidatos presidenciales han integrado en sus programas de gobierno algunas promesas “medioambientales”, bastante generales, superficiales y débiles, en materia de gestión hídrica o de protección de la biodiversidad, las que van de la mano con otras “medidas ecológicas” que apuntan a desmantelar la institucionalidad ambiental , fomentar el extractivismo minero, pesquero y forestal, pero con el apellido de “sustentable”, avanzar en la “descarbonización” de la matriz energética y seguir impulsando el “hidrógeno verde”.   Es decir, lo más lejos que llegan las promesas de Jara, Matthei, Parisi, MEO o Mayne-Nycholls es a consolidar lo que se conoce como Capitalismo Verde, una forma de acumulación de capital mediante la mercantilización de la Naturaleza con el supuesto objetivo de salvarla, es decir, es la ficción de cambiarlo todo sin cambiar nada .   Respecto a esto último, las promesas ambientales de algunos de los candidatos se enmarcan dentro de lo que Breno Bringel y Maristella Svampa han conceptualizado como el Consenso de la Descarbonización : “un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza”.   Como ejemplo de lo anterior, en las últimas semanas se dio a conocer un informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, titulado El nexo entre el agua y la energía . En este se sostiene que, respecto a las “energías emergentes”, la transición energética se sostiene sobre cadenas de valor vinculadas a abusos a los derechos humanos, degradación ambiental y agotamiento de los recursos hídricos.     Así, por ejemplo, la fabricación de paneles solares y baterías requiere de la extracción de minerales, como el litio o el cobre, que demandan altas cantidades de agua y provocan vertidos tóxicos en las masas de agua; la fabricación de baterías, a partir de la extracción y refinado de níquel y cobalto, emite dióxido de azufre, lo que provoca lluvia ácida y contribuye al efecto invernadero; y el hidrógeno verde – impulsado y defendido por este gobierno – es también altamente demandante de agua. El informe es explícito en señalar que el llamado Triángulo del Litio podría convertirse en una “zona de sacrificio verde”, en donde se ven amenazados los ecosistemas altiplánicos de Chile, Bolivia y Argentina y las comunidades que allí habitan. En resumen, no existen las “energías limpias y verdes”, aunque esto le guste al programa de Matthei .   Por cierto, el Informe también advierte de los peligros ambientales derivados de los requerimientos hídricos y energéticos de los Centros de Datos necesarios para el funcionamiento de la Inteligencia Artificial, la cual aparece como solución mágica en los programas presidenciales sin mencionar sus costos ambientales (la locura del solucionismo tecnológico, como diría Evgeny Morozov).   En el caso de Jeanette Jara esto no extraña pues es continuidad de un gobierno en donde Aisén Etcheverry, ex ministra y ex alto cargo de Amazon, impulsó un Plan Nacional de Data Centers  en donde se habla de “data centers sustentables”, como si colocarle “sustentable” a algo cambiase su huella de extractivismo y contaminación. A propósito, en el programa de la candidata oficialista “Un Chile que cumple”, las palabras “sustentable”, “sostenible” y “sostenibilidad”, aparecen una cincuentena de veces, solo le faltó hablar de “contaminación sustentable”. Y es que el uso de estas palabras es una forma de blanqueo, marketing y devienen en cascarones vacíos. Como sostiene Andreu Escrivà ,   “se nos vende como sostenible lo que apenas es un poco de maquillaje”. Lee acá " De Amazon al Gobierno de Piñera y Boric: La puerta giratoria de la ex ministra de Ciencias que elaboró el Plan Nacional de Data Centers".   Siguiendo con los candidatos, mientras que Jara, Matthei, Parisi o Mayne-Nycholls integran cierto maquillaje verde en sus programas, en otros la ausencia es notoria, como en el caso de Kast . El candidato de extrema derecha neoliberal no solo carece de propuestas en materia de cambio climático o de resguardo de la biodiversidad sino que las pocas veces que habla de algo parecido al medio ambiente es para decir que lo “respetará” eliminando o modificando los permisos ambientales (que en otras oportunidades ha calificado de ideológicos) y que habrán facilidades regulatorias para el desarrollo energético con miras a industrias altamente demandantes como los Data Centers, a los cuales se les eliminarían los permisos actualmente exigidos.   En una vereda similar, Kaiser apuesta por un negacionismo a lo Trump definiendo al cambio climático como una “ideología” y “dogma globalista”, aun cuando existe desde hace bastante tiempo un evidente consenso científico   en cuanto a la existencia del cambio climático y a su origen antropogénico. En el año 2000 el Premio Nobel de Química Paul Crutzen propuso el concepto de Antropoceno para referirse a una nueva época geológica caracterizada por el impacto humano sobre los ecosistemas terrestres, desde entonces el concepto ha tenido varias derivadas como lo son el Capitaloceno, el Chthuluceno, el Piroceno o, la que más calzaría con Kaiser, el Idioceno , una época de ignorancia empoderada en donde “ los sapiens han puesto todo su empeño en culminar su gran obra maestra, autodestruirse, y están dispuestos a llevarse por delante todo lo que se anteponga en su camino”.   Por último, mención especial para Artés , quien sostiene que “entre el dilema de industrializar a la patria y el de remediar el problema ecológico, el Gobierno Patriótico Popular al que aspiramos los comunistas optará por la opción primera” . Sin palabras… o, más bien, mejor unas palabras de Vladímir Ilich Uliánov, Lenin: Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.     Punto de no retorno   Mientras el circo electoral entra en tierra derecha, las señales del colapso planetario se hacen cada vez más evidentes. El informe Global Tipping Points 2025  (Puntos de No Retorno) publicado hace unos días señala que, por primera vez, la humanidad ha alcanzado uno de los Puntos de No Retorno con la desaparición masiva de los arrecifes de coral de aguas cálidas . Un Punto de No Retorno, o Punto de Inflexión climático, es un umbral crítico que, al ser sobrepasado, origina cambios significativos y, generalmente, irreversibles en el sistema climático y ambiental del planeta.   En el caso de los arrecifes de coral, estos cubren menos del 1% de la superficie de los océanos pero de ellos depende un cuarto de toda la vida marina , ya que ahí encuentran refugio y alimento una gran variedad de peces, esponjas, moluscos, crustáceos y otras formas de vida, siendo uno de los ecosistemas más diversos y complejos que existen. Muchas comunidades humanas viven también de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas, al ser fuente de alimento, ingresos por pesca y turismo y una barrera natural frente a los huracanes.   Se estima que la vida de mil millones de seres humanos depende de los arrecifes de coral, los mismos que hoy están muriendo producto del calentamiento de las aguas provocado por el cambio climático , a lo que hay que agregar el daño de las emisiones de gases de efecto invernadero que acidifican el mar, la explotación pesquera y la contaminación por residuos agrícolas, químicos e industriales.   Es una verdadera tragedia planetaria, pero, lamentablemente, esto está recién comenzando. El mismo informe indica que podríamos alcanzar pronto otros Puntos de No Retorno, incluyendo el deshielo de las capas polares , lo que aumentaría el nivel del mar impactando a cientos de millones de personas (incluyendo a Chile); la degradación del Amazonas , producto del aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que afectaría directamente a más de 100 millones de personas; y el colapso de corrientes oceánicas que regulan el clima planetario , como la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) que aumentaría el frío de los inviernos en Europa, alteraría los monzones en la India y África y afectaría toda la producción agrícola mundial. Es gravísimo, pero no es una sorpresa, los científicos de todo el mundo lo vienen advirtiendo desde hace décadas.     Límites planetarios   Otro de los marcos de referencia para evaluar la estabilidad del plantea son los llamados Límites Planetarios , que se refieren a 9 procesos globales críticos que mantienen estable el sistema terrestre y que son afectados por las actividades humanas. Sobrepasar estos límites significaría cambios ambientales abruptos e irreversibles a gran escala que pondrían en riesgo a las sociedades humanas y la biosfera .   La mala noticia: hemos sobrepasado 7 de los 9 límites planetarios  y los principales responsables de la crisis, los países del Norte Global, no harán nada. Las cosas como son, el último Informe sobre la Brecha de Producción   es claro al respecto: a 10 años de los Acuerdos de París los países productores de combustibles fósiles no han disminuido sus actividades y planean producir para el 2030 un 120% más que el límite necesario para evitar que el calentamiento global supere los 1,5°. Los arrecifes de coral están condenados.   Al borde del precipicio: el no tomar en cuenta esta realidad convierte a los programas presidenciales en una mera colección de palabras. Y, aunque en realidad siempre es así, pues la cantidad de promesas cumplidas al terminar sus mandatos no llega ni al 50%, en este contexto tienen mayor probabilidad de esfumarse pues la realidad en la que las candidaturas basan sus promesas y en la que el pueblo basa sus expectativas, podría simplemente ser otra en el corto o mediano plazo . Inundaciones, olas de calor, aumento del nivel del mar (hay playas que ya están desapareciendo), migraciones climáticas (internas o trasnacionales), pérdida de cosechas, mega sequía, no están en los cálculos políticos pero se encuentran a la vuelta de la esquina.   Un ejemplo de lo anterior es la sequía. “Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco”, dijo el historiador Thomas Fuller, y la realidad es que los pozos ya están secándose. En un estudio publicado hace unas semanas en la revista Nature , se analiza cómo el calentamiento global originado por el ser humano perturba los ciclos hidrológicos, conduciendo a la escasez de agua dulce, lo que amenaza a numerosas poblaciones en todo el mundo. El estudio sostiene que, producto del cambio climático, algunas regiones como Argentina, África Oriental y Rusia tendrán climas más húmedos, mientras que otras como Sudáfrica, Australia y Chile, experimentarán un aumento persistente de la sequía, con la posibilidad real de un Día Cero, es decir, un momento en donde una ciudad se queda sin agua potable para sus habitantes .   Si a la megasequía le agregamos el mega-saqueo hídrico   de los dueños de Chile, como la familia Luksic, el panorama es sombrío. Hace poco las autoridades del Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer el Balance Hídrico Primavera 2025  en donde se vuelve a constatar un balance negativo de lluvias y acumulación de nieve durante este año, con 31 comunas bajo decreto de escasez y un abastecimiento de agua para el consumo humano asegurado hasta marzo de 2026. Ese es nuestro margen en la actualidad, 6 meses. ¿Y si en esos 6 meses no llueve? ¿Y si llegamos, en algún momento, a una situación en donde haya que racionar? ¿Quién tendrá prioridad: las comunidades o los centros de datos sin los cuales no pueden funcionar las IAs que todos los candidatos quieren imponer en el Estado?     El problema es el capitalismo   A estas alturas ya es un cliché decirlo, pero el problema es el capitalismo, un sistema de acumulación, explotación, apropiación y devastación para generar una ganancia infinita en un planeta de Naturaleza finita . De ahí que autores como Jason W. Moore nombren a esta era de la humanidad como Capitaloceno y de ahí, también, que las fuerzas políticas que forman parte de este sistema lo defiendan y lo promuevan, ya sea negando la crisis medioambiental o impulsando formas de acumulación “verde” con la fraseología de lo “sustentable”.   Y es que nadie dirá lo que hay que decir: que necesariamente el cambio climático y el colapso ecológico provocará sufrimientos y que cualquier tipo de intento de solución o de freno requerirá del esfuerzo y sacrificio de todos y todas, que habrán cosas que ya no podrán seguir siendo como antes, industrias y trabajos que deben dejar de existir, estilos de vida y de consumo que no son viables, productos de los que habrá que prescindir, desigualdades que hay que erradicar urgentemente, ideologías del crecimiento perpetuo que son insostenibles, países centrales y grandes empresas que deben ser confrontadas y cambios radicales en nuestras sociedades, la política y la economía que deben colocar a las comunidades y la vida en general por sobre la ganancia, el despilfarro y la muerte, en definitiva, que el capitalismo ya no puede existir. Y nadie lo dirá, no solo porque no lo creen, sino que también porque esto no da votos.   Ya está bastante claro que las soluciones no vendrán de ningún candidato, gobierno, Estado, cumbre internacional o una mágica solución tecnológica; la última esperanza humana está en las acciones que puedan ser desarrolladas desde la base social, desde las comunidades organizadas que defienden la vida.   Las campañas pasarán y en el verano las olas de calor, los incendios, las playas que desaparecen y las comunidades que viven en base a camiones aljibe nos recordarán – por un rato – que el clima está cambiando y que, probablemente, algo malo esté pasando. Quizás sea un buen momento para pensar en los corales y en su triste destino y que, si no actuamos ahora, los próximos en la lista, tal vez, seamos nosotros.

Constructora a cargo de las obras viola derechos laborales e incumple reiteradamente los acuerdos generados con el sindicato, principal herramienta que tienen los trabajadores para defenderse del abuso empresarial en un proyecto de una transnacional china cuya inversión supera los $250 millones de dólares. Ante los constantes incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa constructora China First Highway Engineering Co Ltda a cargo de las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue, la base sindical del SINTEC-Chile   tomó la decisión de paralizar las faenas de manera indefinida, situación que se extiende desde el martes 5 de noviembre.   El miércoles 6 de noviembre, los trabajadores se desplegaron en una marcha por la comuna de Santa Bárbara, dirigiéndose a la municipalidad y a la gobernación, junto a cuatro comunidades mapuche de la zona, quienes también han sido afectadas por la intervención de la empresa en el territorio.    Las causas de la paralización   La empresa constructora a cargo de las obras de la central no ha respetado los acuerdos que se alcanzaron en la última reunión de negociación junto a la Directora Regional del Trabajo de la región del Biobío, además de incumplir las normas de Higiene y Seguridad, el buen ambiente laboral y las condiciones laborales de más de 350 trabajadores.   Los trabajadores denuncian que la empresa China First Highway Engineering Co Ltda no paga íntegramente los sueldos, mantiene salarios desiguales para las mismas funciones y se registran denuncias por mal trato laboral.   Capitales chinos detrás del proyecto   Las obras están a cargo de la constructora China First Highway Engineering Co Ltda , pero el mandante es Rucalhue Energía SpA , propiedad de China Internacional Water & Electric , a su vez subsidiaria de la transnacional China Three Georges Corporation .            Central hidroeléctrica Rucalhue   La central cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental   aprobado en 2016 y se ubica en el río Biobío, 50 km al suroriente de la ciudad de Los Ángeles y a 10 km de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. El poblado más cercano es Rucalhue, a 1 km de las obras.   Inicialmente fue operada por Atiaia Energía Spa, una empresa brasileña. Luego, el proyecto fue adquirido en 2018 por la empresa Rucalhue Energía Spa, propiedad de China International Water & Electric   (CWE), subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation.     La arista ambiental del proyecto   La central se levanta aguas debajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme con un embalse de un volumen de 7 millones de metros cúbicos, creados mediante la inundación de 139 hectáreas de terreno .   Durante el actual gobierno, en octubre de 2023, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) clasificó la central como un proyecto de “interés nacional”,  facilitando así la aprobación de los planes de manejo, ya que el proyecto requiere talar 392 naranjillos y 139 guindos santos, dos especies vegetales protegidas .     ¿Energía para quién?   El objetivo del proyecto es generar energía eléctrica para enviar (vender) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y así alimentar el consumo de energía de empresas y hogares.   Para hacerse una idea, 1 megavatio (MW) equivalente al consumo de entre 500 y 2.000 hogares. Rucalhue tendrá una capacidad de 90 megavatios (MW), o sea, permitiría generar el consumo de entre 45 mil y 180 mil hogares, pero en el río Biobío ya existían 4 centrales (Ralco, Pangue, Angostura y Palmucho), que en conjunto tienen una capacidad por más de 1.500 MW, equivalente al consumo de entre 750 mil y 3 millones de hogares.   En otras palabras, la demanda por energía y decisión de ejecutar este y otros proyectos a lo largo del país proviene de los sectores industriales y empresariales, y no para resolver la necesidad de energía eléctrica para los hogares.   Durante largos años se ha prometido una reducción de los precios de la luz, por ejemplo, para validar proyectos que en nombre de las energías renovables no terminan nunca por beneficiar a quienes viven de su trabajo, sino mejorar la eficiencia del modelo productivo orientado a extraer y exportar mercancías al extranjero, arrasando con territorios completos a cambio de sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.

Ante el fracaso de la política de vivienda, 1.050 familias poblaron un terreno que durante muchos años estuvo abandonado en San Antonio. Hoy se movilizaron al SERVIU para exigir una solución, en medio de un escenario de desalojos y sin soluciones luego de cuatro años de promesas de un Plan de Emergencia Habitacional que ha priorizado el negocio inmobiliario por sobre la dignidad humana. La mañana de este jueves 6 de noviembre, cientos de pobladoras y pobladores del Campamento Placilla de San Antonio formaron una larga marcha que llegó hasta las oficinas del SERVIU y la Delegación Presidencial de San Antonio para exigir una solución definitiva a la necesidad habitacional, como es radicarse en el terreno que desde el 23 de noviembre de 2019 comenzaron a poblar. El terreno es propiedad de la Inmobiliaria Bellavista de la familia Zegers , y durante décadas estuvo abandonado en un estado de deterioro. Por ello es que ante el fracaso de la política habitacional y la larga espera, las familias sin casa decidieron darle un uso ante una necesidad básica como es tener un lugar donde habitar. "Sabemos que nosotras y nosotros mismos pagamos con nuestro esfuerzo los privilegios de una minoría rica, y que hacemos engordar a los pocos dueños de los suelos, los mismos que hoy nos niegan una compra justa para aliviar nuestra necesidad y derecho de vivienda" , declararon los pobladores durante la manifestación. La crisis de acceso a la vivienda se profundiza sin soluciones Según el Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda , los 256 campamentos que existían en la Región de Valparaíso en 2022 aumentaron a 374 en 2024 , lo que representa un aumento de un 46%, en una línea completamente contraria a la promesa de solución planteada en el Plan de Emergencia Habitacional, aprobado a fines de 2021 e impulsado desde el inicio del actual gobierno de Boric. Poblamientos que conforman el Campamento de Placilla de San Antonio - Fuente: Catastro MINVU Campamentos de San Antonio - Fuente: Catastro MINVU El hecho de que a solo 2 kilómetros de distancia de este campamento se desarrolle la ampliación de uno de los puertos más grandes del continente, como es el Puerto de San Antonio, grafica con mucha claridad la desigualdad que genera el actual modelo económico del país, donde la ganancia privada se resguarda por sobre el bienestar de quienes producen la riqueza. Lee acá " Macro-campamento de San Antonio: Avaricia de los dueños del terreno impide un acuerdo de compra"

El Pincoyazo revisó los 61 proyectos de vivienda aprobados por el MINVU entre 2024 y 2025 que exigieron aumento de ahorro familiar de hasta $6 millones en promedio como condición para subir el monto de subsidios estatales y así cubrir el alza del precio del suelo. Entre los beneficiados está el Grupo Patio, cuyo terreno aumentó a casi el doble su valor en solo cuatro años y sin invertir un peso en él. Precio del suelo: la principal barrera para la construcción de vivienda social   Los subsidios que entregan los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para los comités de vivienda establecen un tope máximo para destinar a la compra del terreno de 300 UF para así no desfinanciar otras áreas, como la construcción misma. De esa forma, si el precio del terreno es mayor a esa 300 UF por familia, se descarta el terreno.    Durante muchos años esto ha causado que la gran mayoría de proyectos de vivienda social se construyeran en la periferia de la ciudad y con mal acceso a servicios públicos, y no porque no exista suelo disponible. En algunos momentos el Estado ha definido subsidios adicionales para cubrir esta brecha, pero a la larga, siempre han terminado siendo absorbidos por la especulación que hacen con los precios quienes controlan la propiedad del suelo en la ciudad.   En otras palabras, no poner un freno a la especulación del precio del suelo y, en su reemplazo, subsidiar esa brecha, ha sido la salida que dispuso el Estado para hacer viable algunos proyectos, como los 61 revisados en esta investigación.   ¿El problema? Que se hace a costa de empobrecer aún más la billetera familiar y fiscal, se excluye a los sectores más pobres que no tienen capacidad de ahorro, y al no atacar la causa, se termina convirtiendo en un incentivo para que las empresas aumenten el precio del suelo, profundizando la crisis.     La Glosa 9 de ahorro adicional   En vez de poner un freno a la especulación con el precio del suelo, durante el segundo gobierno de Piñera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) creó una glosa, que es una facultad de gasto definida en el Presupuesto (dura un año), y que en este caso consistió en que los SERVIU puedan aumentar el monto del subsidio para comprar terrenos más caros, siempre y cuando parte de ese costo lo asuman las familias a través de un mayor ahorro.   Esta política (glosa 12 inicialmente, luego glosa 10 y hasta 2025 glosa 9) no solo se mantuvo durante el actual gobierno de Boric, sino que también se intensificó.   Según datos del MINVU sistematizados por El Pincoyazo, solo entre abril de 2024 y abril de 2025 se aprobaron 61 proyectos por esta glosa , según el siguiente desglose:   De manera global, los subsidios regulares para estos 61 proyectos (8.723 viviendas) eran capaces de cubrir un total cercano a $96 mil millones de pesos por los 61 terrenos (estimando 300 UF máximo por subsidio para destinar al suelo), pero como los dueños esperan más ganancias y cuentan con un poder absoluto para imponer el precio, terminaron recibiendo $67 mil millones adicionales (+70%) , distribuidos en un 14% por mayor ahorro familiar y 86% por un aumento de los subsidios estatales, en promedio.   Las casi 9 mil familias que postularon por esta vía debieron desembolsar $2,5 millones de ahorro adicional en promedio, solo destinado a cubrir el precio del suelo, existiendo proyectos donde el ahorro adicional supera los $6 millones de pesos en promedio (las familias ahorran más o menos dependiendo del tramo que tengan en el Registro Social de Hogares).   Los $67 mil millones extra destinados a terreno no solo representan una forma de sostener la ganancia privada, sino también contribuye a profundizar la crisis de acceso a la vivienda, ya que se incentivan las alzas y también son miles de millones menos en caja para resolver la necesidad.   Este aumento en el costo del terreno significa que los cerca de $47 millones que cuesta una vivienda social por la vía regular en promedio, con la actual glosa 9 su precio aumentó a $55 millones , y toda esa diferencia se va directo al bolsillo del dueño del terreno. Cabe aclarar que esta estimación mantiene los mismos costos de construcción real señalados en estos proyectos, y que estos cambian dependiendo de la comuna y región.   Revisa aquí el detalle de costos de los 61 proyectos aprobados por glosa 9   *Valores son cifras promedio, ya que las familias ahorran más o menos dependiendo del tramo que tienen en el Registro Social de Hogares. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU. Ahorro adicional promedio por comuna de proyectos aprobados por el SERVIU RM vía Glosa 9 (2024-2025) Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU. El terreno del Grupo Patio en Peñalolén En una gran cantidad de casos, los dueños de los terrenos los compran para hacerlos engordar de precio, jugando con la necesidad de suelo, presionando por precios mayores, muchas veces sin haber invertido nada durante años, pero capturando la plusvalía que el terreno puede adquirir por tener nuevos atributos generados por la inversión de otros actores, como ocurre cuando se crea una estación de metro cerca u otro tipo de servicios gracias a la inversión del Estado.   Dentro de las compras de terrenos registradas por esta vía a los SERVIU, uno de los más caros fue el del proyecto habitacional Quebrada de Macul en Peñalolén (288 viviendas), cuya transacción benefició nada más ni nada menos que al Grupo Patio, el mismo que durante el segundo gobierno de Piñera se benefició del lobby de Luis   Hermosilla para que el Seremi de Vivienda destrabara en tiempo record los traspasos de tres terrenos que, en conjunto, son valorados en $10.372 millones, según informó CIPER . El Pincoyazo revisó en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago las escrituras de las últimas tres transacciones del terreno que el SERVIU compró al Grupo Patio, identificando un aumento de un 300% su valor de compra entre 2012 y 2024 , según el siguiente detalle:   En  2024 , el SERVIU adquirió el terreno (2,6 hectáreas) por $7.845 millones de pesos para las 288 familias que componen el proyecto ( 8 UF por cada m2 ).   En 2020  este mismo terreno había sido comprado por el Grupo Patio en 5 UF por cada m2  (previo a su subdivisión). Esto quiere decir que en cuatro años la tierra baldía generó una ganancia de $3.110 millones, solo por reservar e intermediar el traspaso.   En 2012 , la Inmobiliaria Paseo Peñalolén de la familia Saieh Guzmán había comprado el terreno a la Sociedad Inmobiliaria Mario Nervi y Compañía Limitada a un valor de 2 UF por m2 , embolsándose un 150% sobre el valor original de compra en solo 8 años y sin hacer nada ($9.085 millones a valor actual por todo el terreno de 7,5 hectáreas antes de subdividirse). Cabe tener presente que en 1987 el mismo terreno había sido avaluado en $4 millones, según consta en la escritura.   Este caso, en donde un terreno aumentó su valor en un 300% en 12 años pese a no haberse agregado a él un valor real por parte del dueño, como podría ser su urbanización, grafica muy bien una tendencia más generalizada en la ciudad neoliberal, que es la capacidad que tienen los grandes capitales de reservar porciones de ciudad, presionar por aumentar su precio y así aumentar su acumulación a costa del despojo de los recursos familiares y sociales.   Revisa acá las escrituras del terreno (2012, 2020 y 2024) Luego de estallar el caso Hermosilla en 2023 y que involucró como beneficiario final de las facturas falsas a los hermanos Jalaff -socios del Grupo Patio hasta ese entonces-, en 2024 hubo cambios en la propiedad, siendo sus principales accionistas: el matrimonio de Paola Luksic y Óscar Lería (26%); Eduardo Elberg (26%); Guillermo Harding (20%) y Gabriela Luksic (15%). Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. De esta forma, al no existir facultades para poner un límite al precio del suelo, la especulación sobre su valor se termina cubriendo con más recursos públicos y más empobrecimiento de las familias sin casa que en este caso, para cubrir la expectativa de ganancia del Grupo Patio, debieron aumentar su ahorro en $5,2 millones de pesos en promedio. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. El terreno de Carrascal en Quinta Normal Otro de los casos revisados en esta investigación fue el del terreno del proyecto Carrascal en Quinta Normal para 139 viviendas, en un sector con buena ubicación y cercano a la Municipalidad. Según el historial de transacciones:   En 2005 , Banco Santander-Chile registra un pagó de 2.690 UF por las 0,4 hectáreas que sumaban todos los terrenos antes de fusionarse en uno solo, ubicado en calle Radal 2166 a Santiago Leasing S.A ( 0,67 UF por m2, equivalente a $106 millones valor actual ).   Luego, en diciembre de 2009 , Oscar Azócar y Compañía Limitada pagó al Banco Santander-Chile 8.890 UF por todos los terrenos ( 2,2 UF por m2, equivalente a $351 millones actuales ), antes de fusionarse en el terreno actual. ¿El negocio? No producir nada, sino que solo esperar que la crisis habitacional se desarrolle.   En febrero de 2025 , el SERVIU firmó una promesa de compra por 83.985 UF por las mismas 0,4 hectáreas ( 21 UF por m2, equivalente a $3.317 millones ) para construir 139 viviendas. De esa forma, la empresa intermediaria se embolsó $2.966 millones por reservar el terreno durante 15 años. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago.   Para hacer posible la compra de este terreno, el SERVIU debió aumentar el subsidio a 72.227 UF ($2.853 millones) y las familias otras 11.758 UF ($464 millones). Eso significó que, en promedio, las 139 familias debieron aumentar su ahorro en $3,3 millones. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. Pago de terrenos con anticipos del SERVIU   Según la Glosa 6 del mismo Presupuesto MINVU 2025 , las empresas constructoras o entidades patrocinantes podrán pedir un préstamo al SERVIU para adquirir el terreno  a una tasa de un 0% de interés y que podrán devolver en un plazo de tres años.   En resumidas cuentas, esto quiere decir que además de cubrir el valor de especulación con más ahorro familiar y más subsidios estatales, la empresa privada a cargo de gestionar y construir el proyecto puede cubrir el gasto del terreno con un anticipo que le entrega el SERVIU. Si bien esto se carga al monto final del subsidio, representa dejar de disponer de recursos públicos para construir más viviendas o mejorar la calidad de estas para priorizar dar dinero fresco a la empresa privada, quien no asume el riesgo del proyecto (lo hace el Estado) ni tampoco tiene que pasar al banco un porcentaje de su ganancia.   El único ministerio que en Chile juega a ser un banco a través de estos mecanismos es el de vivienda, lo cual resulta una anomalía y un diseño de política pública completamente ineficiente para los fines últimos que, al menos en el papel, se supone que persigue el MINVU, como es asegurar el acceso a la vivienda a quienes no pueden hacerlo por la vía del mercado.   Lee acá “ Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas” Expulsión encubierta   Los defensores de la hasta ahora glosa 9 dicen que a través de ella las familias pueden acceder a terrenos en sus mismas comunas o cercanías, lo cual es cierto. La pregunta es quiénes y a qué costo.   Daniela Ocaranza es dirigenta del proyecto Pachamama que agrupa a 44 familias en Peñalolén  y que en promedio debieron aumentar su ahorro a $3,4 millones de pesos para acceder a un terreno en la comuna, a pesar de que alrededor hay decenas de hectáreas de suelo sin uso reservados para futuros proyectos privados, presos de la especulación, como es el caso de la Viña Cousiño.   Cuando al comité se le presenta la opción de aumentar el ahorro, Daniela dice que “fue muy duro para muchos ya que bastante de las familias se encontraban sin trabajo y con condiciones bien complejas . Nuestro proyecto son 44 familias de las cuales 12 son adultas mayores y asesoras del hogar que además tienen responsabilidades de menores. Muchas familias acudieron a prestamos entre amigos y familiares, y solo 3 o 4 pudieron optar a un crédito a través del banco, y otro par lo logró con las benditas pollas”.   Sobre la política de vivienda en Chile, la dirigenta plantea que “mientras no se entienda que la vivienda debe ser un derecho, como la educación y la salud, siempre vamos a estar en crisis.  El Estado hoy no tiene músculo para hacerse cargo de la crisis habitacional, ni como entidad patrocinante ni como constructora, no están capacitados”. Lee acá   “Lo Hermida por el Derecho a la Vivienda Digna” Al exigir un ahorro adicional en la mayoría de casos por varios millones, los proyectos que se aprueban por glosa 9 automáticamente dejan fuera del proceso al sector de la población que no tiene capacidad de ahorro o endeudamiento por tres, cinco o hasta ocho millones, lo que se traduce en mantenerse en el hacinamiento, irse a un campamento o seguir pagando arriendos que vacían gran parte del salario. La discusión del Presupuesto 2026   Actualmente, en la discusión del Presupuesto 2026 del MINVU, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda cuestionó que se siga extendiendo la glosa 9, pero por un tema de forma y no de fondo, argumentando que no se pueden asignar gastos que empiezan a ser permanentes bajo glosas diseñadas para gastos transitorios.   Por eso es que el Presupuesto del MINVU que presentó el gobierno no incluye esta glosa para el 2026, lo que generó el rechazo de algunos parlamentarios de gobierno en cuyos distritos hay comités de vivienda que se crearon especialmente para levantar sus proyectos con esta glosa.   En algunos casos, estos procesos han sido levantados por los propios municipios, a través de sus entidades patrocinantes, y si no se renueva la glosa, estos proyectos podrían quedar en el aire si el SERVIU no se saca del sombrero otro subsidio para tapar el hoyo.   Hasta la publicación de esta investigación, seguía pendiente la decisión de si la glosa 9 se reincorporaría al presupuesto bajo el acuerdo de que el próximo año se discutiera su incorporación al DS49, pero como la política neoliberal de vivienda sigue siendo un consenso por todos los sectores presentes en el Congreso, lo más probable es que se extienda sin que nadie plantee la necesidad de superarla.   El pasado 25 de octubre, los comités del Movimiento Solidario Vida Digna realizaron marchas en las comunas de Huechuraba, San Joaquín y San Ramón para exigir agilizar sus proyectos, pero también cambios en la política de vivienda.   Respecto a la glosa 9, desde Vida Digna   tienen una visión crítica. “ El problema de la glosa 9 es que, en vez de ponerse un freno a la especulación del precio del suelo, que hasta el ministro asume que es una de las causas de la crisis, el Estado ha ido creando mecanismos como este para reproducir el mismo modelo, y eso es un círculo vicioso” , dice Simón González, vocero del movimiento.   Lee acá el comunicado del Movimiento Solidario Vida Digna El rol de la organización popular   A nivel organizativo y del tejido vecinal, aumentar el ahorro para cubrir el precio del suelo muchas veces rompe las asambleas, ya que deja fuera del barco a quienes no pueden ahorrar o sostener un préstamo por ese monto, aun cuando una cantidad importante de familias que componen los comités se endeuda por vías informales para alcanzar el ahorro.   Ante estas opciones a veces tentadoras, las dirigencias sociales y en general los comités de vivienda tienen que ser capaces de cuestionarse estos caminos, porque aun cuando permitan una posibilidad, apuntan a su desarticulación, lo que se ve expresado muchas veces en cambios en las mismas condiciones de ahorro a medida que avanza el proceso, sin tener la capacidad de defenderse, justamente por efecto de esa desarticulación.   Más allá de la decisión que tomen los comités, es importante que estos temas sean informados y discutidos en las asambleas, y volverlos conscientes, porque al no entender el lugar que ocupan en el panorama más amplio del negocio que se crea con esta necesidad, los comités pueden terminar siendo instrumento de las mismas empresas para exigir más traspasos de recursos, o a extender eternamente una glosa para tapar el sol con un dedo, sin tocar el sistema y la desigualdad que reproduce.

139 de 170 trabajadores del colegio debieron irse a huelga luego de que la empresa que controla 16 colegios particulares en Chile no accediera a un acuerdo por mejoras en las condiciones de trabajo. Acá te mostramos quién está detrás del colegio y cómo su fortuna se sostiene con la esclavitud infantil y la deforestación en África y un negocio mundial del subcontrato. El 29 de octubre el Sindicato de Trabajadores del Colegio San Francisco Javier de Huechuraba (particular) inició su huelga legal en el marco del proceso de negociación colectiva, luego de que la empresa no accediera a llegar a un acuerdo en la etapa de mediación que se extendió por dos meses.   El sindicato reúne a 139 de los 170 trabajadoras y trabajadores que tiene el colegio, lo que equivale a un 82% del total, dando cuenta de un alto nivel de representatividad.   Según el comunicado del sindicato, “mientras las mensualidades del colegio se han reajustado año a año, y se realizan notorias inversiones en infraestructura, no se valora el verdadero activo del colegio, que somos sus trabajadores y trabajadoras” .     El petitorio del sindicato   - Reajuste salarial real:  los porcentajes ofrecidos por la empresa en la mediación previa a la huelga están por debajo de los incrementos obtenidos en la negociación colectiva anterior en 2022. Esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.   - Bono de diciembre:  el monto propuesto por la empresa está por debajo del que se entrega por este mismo concepto en otros colegios (Dunalastair) que forman parte del conglomerado, desigualdad que la asamblea del sindicato no está dispuesta a aceptar.   - Extensión de beneficios:  el sindicato acepta que algunos beneficios se extiendan a trabajadores no sindicalizados, pero exige que algunos se mantengan de forma exclusiva con sus socios como efecto de la organización. De lo contrario, se incentiva a los trabajadores a salirse del sindicato al no haber diferenciar en organizarse, lo que representa una práctica antisindical.     Cognita Schools: la transnacional detrás del colegio   En 2019, el Colegio San Francisco Javier de Huechuraba , ubicado en el sector de Pedro Fontova, fue comprado por el conglomerado Cognita Chile, filial de Cognita Schools, una empresa transnacional de la educación controlada por la Jacobs Foundation  (suiza), de los herederos del empresario multimillonario Klaus J. Jacobs, fortuna levantada sobre la deforestación, la esclavitud infantil y el subcontrato (ver más abajo).   Cognita Schools  llegó a Chile en 2013, y desde entonces solo se ha expandido. Hasta hoy, controla los colegios Pumahue (7), Manquecura (3), Dunalastair (3), American British School, San Francisco Javier de Huechuraba y Greenland School, con más de 22 mil alumnos.   A nivel mundial, Cognita Schools imparte educación en más de 100 colegios que se expanden por Europa, Asia y América Latina, con más de 95 mil estudiantes.     Chocolate suizo con esclavitud infantil y deforestación de áreas protegidas   Klaus Johann Jacobs -origen alemán- fue uno de los principales empresarios del café y chocolate a nivel mundial durante el siglo 20.   Su compañía Barry Callebaut  (productor de chocolate), junto a Nestlé, Mars y Ferrero, ha estado involucrada en casos de trabajo forzado, esclavitud infantil  y deforestación  de áreas protegidas en Costa de Marfil y Ghana en África, como uno de los principales compradores de la extracción ilegal.   Esta violación a los derechos humanos es parte de las condiciones que sostienen la riqueza de esta empresa transnacional , recursos que luego se traspasan a la Fundación para que esta realice su acción filantrópica en el área de la educación, pero dirigida principalmente a los sectores de altos ingresos, a través de sus centros educacionales repartidos por el mundo.     El negocio del subcontrato masivo   Posteriormente, en 1992, y con la consolidación de la relocalización productiva a nivel mundial impulsada por el capital, que buscó abaratar los costos de la mano de obra y dar una ofensiva contra la organización sindical, Jacobs creó Adia Personnel Services, destinada a proveer trabajo subcontratado a otras empresas, que luego de fusionarse con Ecco en 1996, dio origen a Adecco.   Luego de absorber otras empresas en distintos lados del planeta,   Adecco  es una de las principales empresas de subcontrato a nivel mundial con más de 500 mil trabajadores bajo su intermediación, cuyas ganancias se sostienen en un modelo de precarización laboral, y que cuenta con gran presencia también en Chile.