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Al elaborar el presupuesto de vivienda 2026, el MINVU propuso entregar 47 mil subsidios DS49 destinados a la vivienda social, cifra que la Dipres redujo a 25 mil. Durante la discusión presupuestaria, el Congreso acordó reponer 15 mil, alcanzando 40 mil subsidios para 2026; sin embargo, ahora el MINVU volvió a disminuir los subsidios por mandato de la Dipres y finalmente solo se entregarán 19 mil a nivel nacional, afectando el ritmo de los proyectos a nivel nacional. Reducción del gasto público en vivienda Al momento de elaborar el presupuesto de vivienda para el 2026, el Minvu propuso la entrega de 47 mil subsidios DS49, pero la Dipres los redujo a 25 mil; inmediatamente después, en el marco de la discusión del presupuesto 2026, el Congreso pegó el grito en el cielo y aprobó reponer 15 mil, alcanzando un total de 40 mil subsidios DS49 para el 2026. Pero ahora nos enteramos de que los subsidios volvieron a disminuir, y se entregarán solo 19 mil a nivel nacional. Esta reducción de subsidios DS49 ocurrió luego de indicaciones que la Dipres hizo al Minvu a la hora de confeccionar el calendario de llamados 2026, donde el Minvu señala que los 15 mil subsidios que no se repusieron como lo acordó el Congreso, podrían incluirse durante el año en caso de ser requeridos por los SERVIU y siempre que lo apruebe la Dipres. Si la Dipres de todas formas impuso reducir a más de la mitad el gasto en vivienda social respecto del 2025, ¿Por qué alguien podría pensar que los 15 mil subsidios recortados van a ser repuestos para proyectos de vivienda que puedan requerirlos? En última instancia, si son requeridos, la última palabra la tiene la misma Dipres. No hay que perder de vista el telón de fondo, que es el mandato neoliberal de reducir el gasto público. El problema para las familias sin casa Todo lo anterior quiere decir que los 50 mil subsidios para la vivienda social entregados en 2025, se redujeron a 19 mil para el 2026. Y ni siquiera se respetó el acuerdo alcanzado en el Congreso de un total de 40 mil subsidios. El ministerio de vivienda y el gobierno podrán decir lo que quieran, pero lo que se ve de facto es un recorte de más de la mitad de los recursos que se destinan a la vivienda social en Chile. Un broche de oro del gobierno de Boric con el pueblo trabajador, a quien decidió dar la espalda cada vez que tuvo la oportunidad. El recorte a la vivienda social con lupa De acuerdo al detalle del gasto en el DS49 para el año 2026, los 19 mil subsidios DS49, de los cuales solo 13.420 son para comités de vivienda, se distribuyen de la siguiente forma: Fuente: Circular N°5 Programa Habitacional del MINVU de 2026 Revisa acá la resolución completa del MINVU Lee acá "El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés" Lee acá "Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas" Retraso en los cierres de llamados a postulación 2026 La misma circular N°5 detalla la fecha de los cierres de los llamados a postulación de los distintos tipos de subsidio a la vivienda. Según el documento, en el caso del DS49 postulación colectiva, que aplica a los comités de vivienda, el primer cierre del 2026 sería recién la segunda semana de abril, lo que significa que recién en esa fecha se comenzarán a revisar los proyectos que logren postular desde febrero hasta ese entonces. Lo anterior quiere decir que los proyectos que quedaron pendientes de postular en 2025 y logren hacerlo a inicios de 2026, recién podrían tener una certeza del resultado de su postulación a partir de junio del presente año, pudiendo incluso retrasarse por varios meses, como ha ocurrido en varias ocasiones. Fuente: Circular N°5 Programa Habitacional del MINVU de 2026 De esta forma, si se observa de forma conjunta la reducción a menos de la mitad de los subsidios DS49 y la extensión del plazo de cierre de la postulación de proyectos DS49, se tiene como resultado inevitable una ralentización de la capacidad de producir vivienda social, que para las familias sin casa se traduce en tiempos de espera aún más extensos. Una fila que avanza poco y cada vez más lento, para resguardar el mandato neoliberal del equilibrio fiscal a través de un menor gasto público, y de no tocar el negocio inmobiliario. Llamado a glosa 26 ex glosa 10, o el traspaso del costo del aumento del precio del suelo a las familias sin casa La glosa 26 del presupuesto 2026 de vivienda es una vía para aumentar el monto del subsidio para cubrir el alza del precio del suelo, a condición de que las familias aumenten su ahorro para cubrir esa alza. Esto ha generado un filtro de acceso segregador entre los sectores más empobrecidos, donde quienes no logran aumentar su ahorro en hasta $8 millones de pesos, quedan fuera y deben volver al final de la lista de espera. Luego de pretender eliminar esta vía de acceso por haberla sobre utilizado y demostrar ser un fracaso al solo ser un sostén del negocio inmobiliario, el Minvu debió reponerla por acuerdo del Congreso. De esa forma, se incluye este instrumento bajo la glosa 26 del presupuesto 2026, con la finalidad de no dejar en el aire los proyectos que avanzaron bajo esa expectativa, y cuyas familias llevan años trabajando en esa dirección. Respecto a este tema, una reciente investigación del Pincoyazo expuso el aumento de recursos públicos y familiares destinados a cubrir la especulación con el precio del suelo a través de 61 proyectos de vivienda aprobados entre 2024 y 2025 a nivel nacional. Lee acá "Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda"

El 22 de enero la Muni de Quinta Normal ofreció 440 cupos a distribuir entre los 31 comités de la comuna para integrar dos proyectos de vivienda con la exigencia de ahorrar entre $3 y $4 millones de pesos hasta el 15 de marzo. La fórmula es distribuir hasta 20 cupos por cada comité, pero ¿qué pasará con las cientos de familias que no tienen esa capacidad de ahorro? ¿Se desarmarán las asambleas? ¿Qué harán sus dirigentes? ¿Es justo que sea el bolsillo lo que determine quién puede acceder a una vivienda? Los cupos que ofrece la Muni   Según fuentes municipales que prefirieron mantener el anonimato, el jueves 22 de enero el departamento de Vivienda de la Municipalidad de Quinta Normal convocó a los 31 comités de vivienda de la comuna a una reunión donde ofreció 440 cupos para integrar dos proyectos de vivienda social, distribuidos según un sistema de prelación definido por la propia municipalidad: 25% para la lista de familias que postulan individualmente y 75% cupos a repartir entre todos los comités.     Proyecto 1 – ENTRE PARQUES Carrascal 3334     Entidad Patrocinante Unión   - 600 viviendas totales - 308 cupos intermediados por la muni - 215 cupos bajo 40% en RSH - 93 cupos sobre 40% en RSH - Deptos de 55 m2 - 100 UF de ahorro por familia ($4 millones)     Proyecto 2 – BARRIO PARQUE DE QUINTA NORMAL Poeta Pedro Prado 1209/1319     Entidad Patrocinante Crear Asociados   - 804 viviendas en total - 132 cupos intermediados por la muni - 92 cupos bajo 40% en RSH - 40 cupos sobre 40% en RSH - Deptos de 54 m2 - 70 a 75 UF de ahorro por familia ($2,8 a $3 millones)     El proceso para postular   Durante la reunión a la que asistieron dirigentes de más de 20 comités de vivienda de la comuna, como condición para incluir cupos, la muni exigió a los dirigentes entregar los libros de socios de sus respectivos comités, a lo cual algunos accedieron, aun cuando eso pase a llevar la autonomía de la organización, y sin consultar previamente a sus asambleas.   Para usar los cupos las dirigencias deberán enviar un listado de 20 familias como máximo hasta la primera semana de febrero, y que incluya una carta de compromiso de cada familia comprometiéndose a reunir el ahorro hasta el 15 de marzo, según dijeron desde el municipio.     El papel de las dirigencias sociales y la destrucción de los comités   ¿Qué va a pasar con el resto de las familias que no podrán entrar a estos proyectos?, ¿seguirán existiendo esos comités? Y de ser así, ¿trabajarán para alcanzar una solución para todas las familias o se sentarán a esperar una nueva ola de cupos que nadie sabe cuándo podría llegar?      El resultado más probable es la división de los comités , o al menos su debilitamiento y por ende, quedar en un mal pie para luchar por una vivienda para todas las familias que componen las asambleas, quienes terminan poniéndose al final de la fila de espera que los gobiernos tanto defienden.     La causa del problema es la especulación con el precio del suelo   Que los proyectos DS49 destinados a los sectores más empobrecidos del país exijan cada vez más ahorro es porque el precio de los terrenos se infla cada vez más. Y lo que hace la política de vivienda es defender el negocio, traspasando parte de esa alza a las familias y también aumentando los recursos públicos que se traspasan a los privados.   Según una investigación reciente del Pincoyazo, a través del mecanismo que exige un aumento de ahorro familiar para comprar suelo más caro, entre 2024 y 2025 en Quinta Normal se aprobaron proyectos por un total de 1.127 viviendas con subsidio DS49, y en promedio, exigieron un ahorro adicional de $2,8 millones de pesos por familia en promedio.   Lee acá “Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda”   Este tipo de políticas que cuidan el negocio, generan un filtro en el acceso, dejando fuera a miles de familias que no tienen la capacidad de ahorrar $4 millones. Y por lo tanto, son políticas que no representan una alternativa de solución a la necesidad de la vivienda.     La prelación municipal quita protagonismo a los comités de vivienda   Tras el estallido de 2019, y más fuertemente con el Plan de Emergencia Habitacional creado en 2022, el Ministerio de Vivienda (MINVU) fortaleció el rol de los municipios como primera barrera de contención ante la lucha de los comités y movimientos populares por la vivienda . Un medio empleado fueron los “convenios de prelación” donde la muni es la que define la lista de espera de la comuna bajo los criterios que ella misma impone, desplazando el papel que juega la organización popular en alcanzar de forma directa una solución a la necesidad de la vivienda.   Que la posibilidad de acceder a una vivienda dependa de poder ahorrar $4 millones en un mes significa cerrar la puerta a gran parte de la población,  y ahí hay que preguntarse a quiénes sirven realmente las autoridades, porque este caso demuestra que la muni prefirió arreglar cupos a puertas cerradas con las empresas, y presionar a los comités a desarmarse e incluso entregar sus libros de socios como condición para postular, y para que solo una pequeña porción de ellos pueda meterse a un proyecto. Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria"

El Movimiento Solidario Vida Digna en la zona norte de Santiago ha dado un paso importante al alcanzar la promesa de compra de terreno. Terreno para la vivienda de 800 familias que hoy viven de allegadas, en un campamento o pagando arriendos que alcanzan hasta la mitad del ingreso. En este camino las personas que integran sus asambleas se han ido conociendo, han aprendido sobre la política de vivienda en Chile, a luchar por sus derechos históricamente negados y también a crear un espacio seguro para vivir. Todo eso es crear una comunidad organizada. Para quienes vivimos de nuestro trabajo, la organización popular es la única herramienta para avanzar a una vida digna, y para ello se requiere trabajo y mucho compromiso, más cuando la ley está hecha a la medida del negocio y no del bienestar de las familias trabajadoras.

Primero actuó el complejo militar industrial para destruir y ahora viene el capital inmobiliario a “reconstruir”, junto a un nuevo sistema económico y social controlado vía inteligencia artificial que necesita acabar con la identidad del pueblo palestino para proyectarse en el tiempo. Desaparece así la ilusión liberal de un orden mundial basado en normas a partir de “Estados soberanos”. Estados Unidos eligió el Foro Económico Mundial de Davos -donde se reúne la elite política-empresarial capitalista- para presentar el “Plan Maestro de Gaza” con el que pretende hacer del genocidio del pueblo Palestino una oportunidad de negocios a través de la reconstrucción de la ciudad destruida, pero esta vez en forma de turismo de elite. “No existe ni existirá un plan B” dijo Jared Kushner, yerno del presidente adicto al solarium y maestro de ceremonias de la perversión capitalista. New Gaza o la destrucción creativa del capitalismo Presentado como un plan para la reconstrucción del territorio arrasado por Israel desde octubre del 2023, y apoyado con imágenes realizadas con inteligencia artificial, la propuesta de Trump no ofrece soluciones sobre habitabilidad post-guerra del pueblo palestino, ni una restauración de zonas agrícolas ni mucho menos la búsqueda de justicia ante los crímenes de guerra cometidos por la entidad sionista. Al contrario, Estados Unidos ofrece un polo de inversión inmobiliaria y tecnológica (IA) para atraer capitales norteamericanos a edificar un prototipo de ciudad como Las Vegas o Dubai sobre escombros y cadáveres. Masterplan of Gaza de EEUU “Soy una persona de bienes raíces de corazón y todo es cuestión de ubicación. Y me dije, mira este lugar en el mar, mira esta hermosa propiedad, lo que podría ser para tanta gente”, dijo el presidente naranja y principal representante del imperialismo. El plan, que es la segunda fase de la propuesta llevada adelante por Trump desde 2025 y que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, exuda imperialismo por todas partes: pretende construir extensas avenidas arboladas frente al mar, más de 100 mil viviendas, 200 centros educativos, 180 instalaciones culturales, y 75 centros médicos.  Según las láminas expuestas, la propuesta será capaz de crear 500.000 puestos de trabajo (presumiblemente mano de obra barata de otras latitudes o peor aún, los mismos gazatíes) durante los 3 años que dure su construcción, que considera el retiro de 60 millones de toneladas de escombros y la reubicación temporal de la totalidad de la población de Gaza durante la construcción de la distópica ciudad. Pensado en al menos cuatro fases, el plan de Trump comenzará con la reconstrucción total de la ciudad de Rafah, para luego, en su segunda y tercera fase, construir centros hoteleros, infraestructura vial y digital, junto con la edificación de campos de refugiados, en algún lugar de la franja, y así reconstruir la ciudad de Gaza como ciudad turística y polo de desarrollo tecnológico. Masterplan of Gaza de EEUU El prototipo de ciudad inteligente que el imperialismo quiere implementar  La propuesta gringa es clara, “ El plan pretende abordar una de las causas fundamentales de la insurgencia actual en Gaza: su diseño urbano", señala en la presentación de Davos. Tal como Napoleon III y su plan Haussman para la reurbanización de París luego de las olas revolucionarias, Trump y su yerno quieren reconfigurar la ciudad de gaza, donde las grandes avenidas o corredores puedan dominar el centro y el exterior de la ciudad, con barrios/ciudadelas segregadas entre centros de datos y campos de golf rodeadas por autopistas (en las que puede pasar un tanque o carro de combate).  El modelo de ciudad proyecta dos zonas que incluyen modelos productivos y gobernanza bajo procedimientos dirigidos por inteligencia artificial controladas por Israel. Para participar dentro de la ciudad inteligente, el proyecto presenta un modelo de tokenización, donde los palestinos deben entregar su propiedad para recibir una membresía permanente y acceso a una vivienda básica en las zonas residenciales.   La movilidad al interior de la ciudad estará controlada gracias a complejos sistemas de seguridad y control biométrico diseñados por Israel que seguirán cada paso de los futuros ciudadanos. El buen comportamiento de los ciudadanos es una preocupación enorme de la junta de paz, y cualquier vínculo con Hamas, o algún intento de organización distinta a las que son parte de la junta ejecutiva será sancionada con la expulsión permanente o la cárcel. Masterplan of Gaza. Fuente: Al Jazeera Turismo sobre los escombros y cadáveres de Gaza: Urbanismo imperialista El plan imperialista de reconstrucción de Gaza tiene bastante similitud con algunas ciudades como Las Vegas o Dubai. Ciudades que se organizan en base a un corredor central o lineal que permite recorrerlas de punta a punta, facilitando el tránsito ininterrumpido. Este modelo de ciudad norteamericana es altamente funcional y eficiente para el flujo de capital, y tiene como fin el desarrollo de un circuito de hoteles de lujo en toda la costa de Gaza  (colores rosados), elemento que unifica y da continuidad a las áreas agrícolas y residenciales (colores amarillo y verde), rematando en la punta sur con las áreas de infraestructura vial y aeroportuaria para sellar la frontera con Egipto. En este modelo, los palestinos deben entregar sus propiedades a la junta ejecutiva controlada por Trump como parte de pago para adquirir una membresía permanente (tokenización) en la futura ciudad pero excluidos, fragmentados y sin autonomía política, de lo contrario, serán expulsados y expropiados. En definitiva, un nuevo proceso de acumulación a partir del despojo que posibilitó el genocidio transmitido en vivo a todo el mundo. La futura ciudad se encargará de borrar toda manifestación de identidad Palestina, desde su arquitectura, centros religiosos y espacios de alto valor simbólico hasta su sistema educativo, pues este también tiene un apartado dentro del plan de reconstrucción de Gaza.  La propuesta se entiende como parte de una estrategia que busca acabar con la identidad de un pueblo, sometiéndolo a una forma de vida que le es ajena y que reconfigura las identidades culturales de una nación completa, primero bajo el peso de un urbanismo occidental que se piensa en función de los intereses de Estados Unidos e Israel, y luego bajo un sistema político que anula cualquier capacidad propia del pueblo palestino para tomar decisiones sobre su vida y el espacio que habita. Junta de la paz, el fideicomiso de Trump que administrará Gaza y reemplaza a la ONU Durante el Foro Económico celebrado en Davos, el régimen de Washington anunciaba la inauguración oficial del organismo y presentaba su carta fundacional donde se declaraba la misión y visión de la organización y las obligaciones de cada miembro dentro de la junta.  En su carta, no se hace en ningún momento mención a Gaza o al pueblo Palestino, esto hace pensar que esta junta, que inicialmente tiene una duración de 3 años para administrar Gaza y acabar con sus organizaciones políticas, entre ellas Hamas, pueda ser un prototipo para administrar futuras zonas arrasadas por la guerra y entregar al capital internacional y a Estados Unidos la administración de zonas en conflicto, paises o regiones . Elaboración propia en base a presentación de EEUU en Davos ¿Cómo funciona la Junta por la Paz? El organismo, que inicialmente agrupa a dos países de la región: Paraguay y Argentina, junto a reyes árabes y países como Hungría, Turquía y por supuesto, Israel, tiene una estructura jerárquica controlada por EEUU. La Junta de Paz  fue diseñada bajo estatutos privados que concentran todo el poder en una sola figura: el “presidente Trump”, nombrado de forma vitalicia.  Este puesto no está sujeto al voto de los miembros ni la rotación típica como sucede con otras instituciones internacionales que buscan venderse como democráticas, sino que otorga facultades para tomar decisiones unilateralmente, imponer iniciativas propias y vetar cualquier acción del resto de los miembros. O sea, poder duro y sin disfraz. Aunque su carta fundacional afirma “promover estabilidad” o “asegurar una paz duradera en zonas de conflicto”, los mecanismos internos revelan una lógica completamente opuesta: la selección arbitraria de miembros, el cobro de cuotas millonarias (mil millones de dólares para quienes no hayan sido invitados) para asegurar una membresía permanente y la subordinación de cualquier decisión a la voluntad del presidente, quien, según los estatutos, podría retener el cargo incluso después de dejar la Casa Blanca. Este diseño, que a todas luces es una organización privada internacional para multiplicar los capitales de los actores interesados en zonas de conflicto, tiene implicaciones profundas para la estructura del sistema internacional. En la práctica, se trata del intento de Trump y la administración de Washington de llevar adelante lo que declararon en su nueva doctrina Monroe, es decir, socavar el papel de las Naciones Unidas como articulador del multilateralismo. Lee acá “La nueva Doctrina Monroe: ¿Qué es la Estrategia Nacional de Seguridad de EEUU y cómo afecta a América Latina?” En suma, bajo la retórica de “paz duradera”, este nuevo organismo es parte de la ofensiva imperialista sobre los pueblos del mundo, en donde la estabilidad no se entiende como justicia social o posibilidades de desarrollo por parte de las naciones pobres con conflictos artificiales activos, sino como el mantenimiento del status quo favorable al imperialismo yanki.  La ofensiva imperialista ya está en marcha El llamado “Board of Peace” o Junta por la Paz, presentado con bombos y platillos en Davos, no es otra excentricidad personal de Donald Trump: es la consolidación institucional de una concepción del mundo donde la política internacional deja de ser un espacio de negociación entre pueblos soberanos y se convierte en una junta corporativa global,  muy al estilo empresarial que caracteriza a esta administración. Un club cerrado en el que un asiento permanente cuesta mil millones de dólares y cuya presidencia vitalicia recae en Trump. Bajo esta lógica, la democracia y la soberanía quedan reducidas a simples formalidades y los Estados actúan como intermediarios del gran capital después de la masacre. Los territorios en conflicto y sus poblaciones pasan a ser tratados como activos administrables, sujetos a planes de reestructuración, control y rentabilización.  Gaza aparece así como el primer laboratorio de este modelo.  No como un territorio con historia, identidad, derechos y autodeterminación, sino como un espacio a ser “optimizado”: vigilancia biométrica, economía digital completamente trazable, control social tecnocrático y programas de “reeducación” inspirados en el higienismo de los Emiratos Árabes Unidos. La ocupación se disfraza de modernización; el control, de reconstrucción, donde el urbanismo funciona como dispositivo de subyugación en la larga lucha contra el pueblo Palestino. En este esquema, Jared Kushner, el yerno de Trump, no es un mediador ni un actor diplomático, sino el gestor ideal, la perfecta mezcla entre sionismo y capital inmobiliario que logró traducir la causa palestina al lenguaje de los números, convertir la ocupación en una oportunidad de negocio y transformar la paz en un producto financiero.  El plan de Washington para Gaza no surge del derecho internacional ni de la historia del conflicto, sino del manual operativo de una empresa inmobiliaria, donde el territorio es una variable sólo en términos económicos y la población un costo a administrar. La certeza que guía es ideológica y económica: la convicción de que el destino de esa tierra ya está decidido, y que la única discusión legítima es cómo maximizar su rentabilidad.  En ese marco, la paz deja de ser un proceso de justicia y reparación para convertirse en un dispositivo de control, diseñado para garantizar estabilidad a los mercados, no dignidad a los pueblos.

A la opinión pública y a los compañeros del gremio: El paro nacional de repartidores convocados para este 01 de febrero surge de manera espontánea como expresión del malestar frente a las precarias condiciones laborales que enfrentamos : bajas tarifas, ausencia de contrato y reconocimiento laboral, falta de vacaciones y espacios de descanso, extensas jornadas de trabajo, largas distancias sin pago proporcional, sin cobertura de gastos como combustible, mantención del vehículo ni protección. Por estas razones, adherimos al paro de este domingo. Sin embargo, creemos que la movilización, si no está acompañada de organización permanente, corre el riesgo de diluirse. La lucha requiere reconocernos como trabajadores explotados, asumir que la huelga es una acción política y construir estructuras que sostengan y canalicen nuestras demandas en el tiempo. Sin organización, las empresas seguirán aprovechándose. La experiencia demuestra que los reclamos individuales no han logrado conquistar derechos , mientras que los empleadores sí cuentan con organizaciones y mecanismos de lobby para proteger sus intereses. Nosotros necesitamos lo mismo: unidad y organización. El gremio del delivery reúne a cientos de miles de trabajadores en Chile, y nuestra mayor fuerza es la unión . Un trabajador solo no es visible, un grupo pequeño concientiza; pero un sindicato fuerte puede cambiar la realidad. Por ello, desde Deliverys por Derechos consideramos imprescindible avanzar en la creación del primer Sindicato de Repartidores por Aplicaciones en Chile, e invitamos a todas y todos a ser parte de este proceso. Atentamente, Delivery por Derechos Unidad y justicia laboral. ¡Nunca más solos!

Por Sangre Roja A raíz de los últimos conflictos a nivel mundial, se ha instalado con fuerza en el debate público la idea de que vivimos una pugna decisiva entre democracia y autoritarismo. En ese marco, amplios sectores de las izquierdas liberales se han volcado a la defensa de la democracia, como si ese fuera el último bastión posible de la política popular. Sin embargo, si algo nos ha enseñado el siglo XX y los conflictos geopolíticos más recientes es que esta lectura no solo resulta insuficiente, sino también engañosa. No porque el autoritarismo no sea real, sino porque atribuye a la democracia liberal una función que, en rigor, nunca tuvo. Desde una perspectiva materialista, la democracia liberal no fue concebida para garantizar condiciones materiales mínimas y dignas de existencia. Su función histórica ha sido otra: otorgar legitimidad política al poder del Estado en una sociedad dividida en clases . En ese sentido, el Estado no es un proyecto de bienestar ni de igualdad sustantiva, sino una forma específica de organización del poder bajo el capitalismo. El Estado burgués no surge para resolver el conflicto social, sino para administrarlo . Su función central es impedir que el antagonismo entre clases se desborde y ponga en riesgo el orden existente. La democracia cumple aquí un papel clave: canaliza el conflicto, lo institucionaliza, lo vuelve gobernable. No elimina la desigualdad ni la explotación; las normaliza bajo la forma del consenso. Por eso es un error afirmar que la democracia “falló”. En rigor, la democracia liberal funciona exactamente como fue diseñada . Puede coexistir perfectamente con sueldos que no alcanzan, pensiones miserables, endeudamiento masivo, territorios abandonados y vidas precarizadas. La forma democrática se mantiene, mientras el contenido material se vacía: se vota, pero no se incide: No sobre la propiedad, ni sobre la riqueza socialmente producida, ni sobre el sentido del trabajo, ni sobre las condiciones reales de vida. Cuando la política renuncia a disputar la economía, la democracia se reduce a procedimiento. Se transforma en una vitrina institucional que legitima decisiones tomadas en otro lugar: en el mercado, en los grandes grupos económicos, en estructuras que no son electas ni controlables por la mayoría. Entonces, defender esa democracia, sin tocar la base material que la sostiene, es defender un orden que produce desigualdad como condición de funcionamiento . En este escenario, el autoritarismo no aparece como una anomalía externa ni como un “retroceso” inexplicable. Surge como herramienta, cuando el capitalismo ya no logra integrar a las mayorías mediante promesas de bienestar, recurre al orden fascista como sustituto . Cuando el consenso deja de funcionar, se impone la coerción. La “seguridad” reemplaza a los derechos; el control, a la inclusión. Capitalismo y autoritarismo, por lo tanto, no son opuestos naturales. El capitalismo puede funcionar perfectamente con derechos recortados, con protesta criminalizada y con territorios militarizados, mientras la acumulación continúe. Lo que se protege no es la democracia en abstracto, sino la propiedad, el mercado y el poder de los grandes capitales. Cuando la democracia ya no logra legitimar ese orden, el Estado endurece sus formas sin cambiar su función de clase. Aquí está el punto que el relato liberal evita: la disputa central no es democracia versus autoritarismo. Ese eje oculta el problema de fondo, la disputa real es capitalismo versus socialismo, no como consigna del pasado, sino como una pregunta concreta por la vida cotidiana: ¿quién controla la riqueza que producimos?, ¿para quién funciona el Estado?, ¿qué vidas se protegen y cuáles se sacrifican? El socialismo, en este sentido, no es una abstracción moral ni un ideal romántico, es la posibilidad de romper con un orden donde la economía manda sobre la vida , es la idea de que la riqueza social no puede seguir concentrándose en pocos mientras la mayoría sobrevive endeudada y precarizada, es disputar la propiedad, el trabajo y lo común como base de cualquier proyecto democrático real. Por eso, defender la democracia sin disputar el capitalismo es insuficiente. No porque la democracia sea irrelevante, sino porque, sin transformación material, queda reducida a un mecanismo de legitimación del poder burgués, siempre disponible para ser vaciado o endurecido según lo exija la acumulación . La pregunta del presente no es solo institucional: es estructural. O seguimos administrando un sistema que necesita desigualdad para existir, o construimos una alternativa que ponga la vida en el centro. Y esa alternativa, nos guste o no, se llama socialismo.

Acá te presentamos la vieja receta neoliberal anunciada por el arquitecto de la colusión empresarial y nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la que la ultraderecha pretende reimpulsar la acumulación de riqueza, tal como lo hicieran sus antecesores en los años 80s.  Bajo el discurso del crecimiento, la eficiencia y la libertad para emprender, el arquitecto de la colusión de los pollos y futuro ministro de Hacienda de Kast anuncia una nueva ofensiva por reorganizar el Estado para que funcione, una vez más, como garante de la rentabilidad privada. El diagnóstico  Todo parte de una premisa clara: Chile crece poco porque el Estado “estorba”. Desde ahí se construye todo lo demás. Regulaciones, permisos, normas ambientales y planificación territorial aparecen descritas como una “maraña” que ahoga la inversión y a los privados. El problema, según esta mirada, no es la precariedad laboral, la concentración económica ni la desigualdad estructural, sino que el capital no puede reproducirse con la rapidez que quisiera. La reforma tributaria Quiroz anunció que en abril iniciará el trámite parlamentario para rebajar el impuesto corporativo desde el 27% al 23% (un punto por año) , compensada con créditos tributarios y un ajuste del gasto público, que significa menos impuestos a las empresas hoy, con la promesa de que el crecimiento futuro, ese que nunca llega a la mayoría, permitirá cuadrar las cuentas mañana. El Estado asume el costo inmediato, mientras el beneficio lo acapara el gran capital. El discurso del “equilibrio fiscal” y del “balance estructural” vuelve a aparecer como un imperativo moral, como en realidad ha sido con todos los gobiernos neoliberales hasta hoy.  Ajustar el gasto en USD $6.000 millones en 18 meses se presenta como una necesidad técnica, cuando en realidad es una decisión política que impacta directamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora . No se habla de quién paga ese ajuste, pero la experiencia indica que no será el gran empresariado, por supuesto. También se insiste en la exportación de servicios y en el llamado “conocimiento” como nueva frontera de desarrollo. Se promete empleo de calidad, competitividad y modernización, mientras se omite discutir bajo qué condiciones laborales, con qué niveles de sindicalización y quién captura el valor generado. El capital se globaliza mientras los trabajadores siguen precarizados. En el fondo, lo que se presenta como un giro “no marginal” es la profundización de un modelo conocido: desregulación, rebaja de impuestos al gran capital y un Estado reducido a facilitador de la inversión, también con un gran traspaso de recursos al sector privado vía subsidios .  Un proyecto que entiende el crecimiento como un fin en sí mismo, y no como una herramienta para garantizar bienestar. La pregunta que queda abierta no es si esta estrategia hará crecer la economía, sino a quienes le sirve realmente ese crecimiento y quién paga el costo. Caballo bueno repite: Liberar suelo para reactivar el negocio inmobiliario Iván Poduje, ministro de Vivienda de Kast. Lo que hoy se presenta como una solución audaz a la crisis habitacional tiene un nombre antiguo: liberar suelo para reactivar el negocio inmobiliario . Hacer cambios al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), luego de más de una década de intentos fallidos, responde a la urgencia del mercado por abaratar el principal taco de la industria:  la disponibilidad de más suelo   a bajo costo. Según los futuros mandamases del gobierno de Kast, el suelo se ha encarecido demasiado y hoy representa hasta un 35% del valor final de una vivienda. La respuesta no es discutir el modelo de ciudad ni la lógica especulativa que termina por inflar esos precios, sino poner más tierra en circulación, flexibilizar las normas urbanas y ambientales y acelerar los proyectos inmobiliarios.  El diagnóstico del futuro gobierno es claro: el problema es que se construye poco y lento, producto de la “maraña regulatoria”, repiten como loros. El PRMS 100 aparece así como carta bajo la manga, ya que   cerca de 9.600 hectáreas en comunas periféricas como: Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto que llevan años esperando ser urbanizadas, y por tanto, acrecentando su valor.  No por falta de interés en esos sectores, sino porque las normas, exigencias y trámites han hecho inviable el negocio para el privado, hasta ahora, ya que con el cambio de ciclo político, esas tierras vuelven a activarse como promesa de rentabilidad. Plano del PRMS 100 y zonas de ampliación en 10.000 ha aproximadamente Fuente: Memoria PRMS 100, MINVU El mensaje que plantea el futuro ministro de Hacienda y que baja a Vivienda es claro: menos regulación, más suelo y mayor densidad. Se anuncia así destrabar proyectos vía cambios administrativos, sin pasar por reformas legales, botando circulares, ajustando coeficientes y flexibilizando estándares.  Para ello, otra carta en la mano de los futuros ministros es la de reducir o simplificar el marco normativo en la industria de la construcción (OGUC) y algunos planes reguladores metropolitanos, para hacer carne el concepto de “Emergencia habitacional” y que los planes no se vean entorpecidos por la normativa actual. En definitiva, nada nuevo. Se trata de repetir la receta neoliberal impulsada por la ODEPLAN durante la dictadura -dirigida por Miguel Kast, tío del nuevo presidente- . No estamos ante grandes lumbreras intelectuales, sino más bien ante impulsos conservadores que buscan volver al pasado, sin tener en cuenta que el ciclo de crecimiento económico vivido durante los años 90s e inicios del 2000 fue más bien impulsado por factores externos, por lo cual cabe preguntarse si ello es posible en el contexto internacional actual. Lee acá “Memoria histórica: la ciudad segregada es una obra de la dictadura” Lee acá “A 52 años del golpe: Memoria histórica para entender el origen de la desigualdad actual Operación Sitio 2.0 o el nuevo abandono estatal El nuevo gobierno promete levantar hasta 100 mil viviendas por año, combinando subsidios, propiedad del suelo y autoconstrucción asistida, según el nuevo ministro de Vivienda, Iván Poduje, inspirada en la Operación Sitio de los años 60. Aunque el discurso apela a soluciones “más baratas” y “más rápidas”, es evidente que la táctica apunta nuevamente a cargar sobre las familias la construcción de sus viviendas, sin detallar cómo el Estado acompañará estos procesos de urbanización y construcción en los sitios urbanizados o por urbanizar. Revisión de conjuntos armónicos o nuevos guetos verticales La densificación aparece como otro eje central, y el nuevo gobierno plantea una revisión de los Conjuntos Armónicos, que son los conjuntos construidos bajo una misma línea de normativas, dando forma a espacios medianamente uniformes.  Se busca que las superficies predial mínimas bajen de 5.000 m2 a 2.500 m2 para así aumentar las densidades y los parámetros de habitantes por hectárea, reducir los tamaños promedio de familia y finalmente construir más unidades en los mismos terrenos.  No se habla de calidad urbana, servicios, espacios públicos o integración social. Se habla de eficiencia, de aprovechar mejor la tierra, de hacer calzar la ciudad con la lógica del negocio. Para el gran capital, el panorama es alentador. Menor costo de suelo, mayor volumen de proyectos y la posibilidad de bajar precios sin sacrificar márgenes.  Para el Estado, el rol es claro: destrabar, habilitar y permitir el correcto flujo de capital.  Para quienes necesitamos de solución habitacional o no podemos pagar arriendos usureros, la pregunta es si nos sentaremos a mirar, esperaremos migajas o haremos algo. Detrás del relato de emergencia habitacional del futuro gobierno se consolida una idea conocida: la ciudad como lugar de reinversión de los excedentes del capital, algo que también defendió y alimentó el progresismo con nuevas garantías a los bancos. El suelo está cada vez más lejos de ser un bien común y se reafirma como activo financiero. Y la planificación urbana, lejos de ser una herramienta para equilibrar intereses entre privados y ciudadanía, volviendo a ponerse al servicio de un modelo que prioriza el crecimiento del mercado por sobre el derecho a la ciudad. Lee acá “Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas”   Lee acá “4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria”   Lee acá “Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda” Lee acá “Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional”

El alcalde Luksic (UDI) convocó al concejo municipal para aprobar el traspaso de $558 millones para la nueva corporación municipal de Deporte y Cultura pese a no tener aún un plan de trabajo publicado y otros $1.175 millones para la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Oriente a la que Huechuraba ingresó en 2025, cuando traspasó $942 millones. Para este lunes 19 de enero el alcalde Luksic citó al concejo municipal para tratar 15 puntos. Entre ellos, se votarían dos temas que han sido polémicos a nivel local y cuya información fue presentada en comisión de concejo municipal el pasado miércoles 14 de enero:   - El traspaso de $558 millones  de recursos municipales a la nueva Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento Productivo.   - El traspaso de $1.175 millones  de recursos municipales a la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), de la cual Huechuraba es parte desde 2025, donde traspasó $942 millones.   Revisa la tabla de citación al concejo municipal acá   Las cifras de la nueva Corporación Municipal   La creación de la nueva corporación se aprobó en el concejo municipal el 22 de agosto de 2025; se constituyó legalmente el 30 de octubre de 2025; se aprobó el directorio el 17 de diciembre y ahora tiene pendiente aprobar la transferencia de recursos públicos para hacer funcionar la gestión privada de los recintos y servicios de deporte y cultura.   Según la información que el alcalde entregó a los concejales, la nueva corporación necesita que la municipalidad le traspase $558 millones para cubrir gastos operacionales para instalarse y ponerse en marcha (ver imagen). Pero lo que no ha sido aclarado es de dónde saldrán los otros $2.129 millones de gasto en personal de deporte y cultura , según detalla la presentación de la municipalidad (ver imagen).   Presupuesto Nueva Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento Productivo Fuente: Presentación Municipalidad de Huechuraba   Lee acá “ Privatización de servicios públicos en Huechuraba: Luksic (UDI) apura la creación de una Corporación Municipal para Deporte y Cultura”   Lee acá “Concesiones”, “arriendo de recintos” y “venta de entradas”: documento expone el “modelo de negocio” de la nueva Corporación Municipal de Huechuraba”     Aumento de recursos para la Asociación de Municipalidades por la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO)   La Asociación de Municipalidades por la Seguridad de la Zona Oriente se compone de las municipalidades de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Conchalí y Huechuraba, que se unió en 2025, donde aprobó el traspaso de $942 millones que hasta ahora no han sido rendidos detalladamente para evaluar su justificación.   Los ítems en los que se distribuyen los gastos para 2026 son: cuota anual ($38 millones), autopista segura (%43 millones), capacitaciones ($10 millones), gasto en personal ($766 millones) y arriendo de vehículos ($74 millones) por un total de $1.175 millones de pesos para gastar el 2026 .   En su presentación la Municipalidad señala un total de 28 participaciones en detenciones durante el 2025 (22 detenciones por patrulleros y 6 detenciones en apoyo a carabineros), además de datos que darían cuenta de una mayor cantidad de denuncias y mejoras en los tiempos de respuesta en relación al 2024.

Una de las nuevas líneas de alta tensión que propone el coordinador eléctrico para cubrir la necesidad de energía de los centros de datos atraviesa los cerros de Huechuraba desde la carretera San Martín hasta La Pincoya. Ganan los grandes capitales tecnológicos pero a costa la vida en los cerros. A inicios del 2023, el anuncio de una línea de 24 torres de alta tensión para alimentar el centro de datos de Amazon en Huechuraba fue la amenaza que se posó sobre nuestros cerros. Luego de bajarse ese proyecto, hoy la amenaza vuelve por la demanda energética creciente de los centros de datos a nivel nacional.   Para entender el problema, hay que partir por tener presente que existe un sistema eléctrico nacional, el cual alimenta de energía a todos los sectores productivos y residenciales del país y se compone de obras donde se genera la energía, la cual luego se transporta a través de las líneas de transmisión a lo largo de todo el país, para finalmente ser distribuida hasta los consumidores finales.   En diciembre de 2025 el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)  -que coordina el sistema eléctrico- publicó su “Propuesta Preliminar de Expansión de la Transmisión. Proceso de planificación de la transmisión 2026”   en donde se presentan una serie de obras sobre el Sistema Eléctrico Nacional, basadas en diagnósticos sobre la capacidad de generación, transmisión y la demanda energética para los próximos años.   Nuevas torres de alta tensión sobre los cerros de Huechuraba   Entre las obras propuestas por el CEN   está la ampliación de la Subestación Eléctrica Punta Verde  que contiene un “Nuevo Patio de 220 kV ” y una Nueva Línea llamada “Punta Verde – El Salto de 2x220 kV”.  Un patio es la zona donde se instalan los equipos que conectan las líneas de transmisión y la línea es la hilera de torres de alta tensión que transportan la energía.   El nuevo patio (punto amarillo en la imagen), se instalaría sobre el Cerro Punta Verde (ubicado en el límite de Huechuraba con Colina) y desde ella partiría la nueva línea (verde en la imagen) que atravesaría los cerros de Huechuraba para llegar a la Subestación El Salto, ubicada al final de Avenida Recoleta, como se advierte en la imagen de abajo. Vista aérea Línea 2x220 kV El Salto - Punta Verde. Fuente: CEN   Daño a una zona de alto valor natural   La construcción de esta nueva línea de transmisión de doble circuito de 220 kV y una extensión aproximada de 6 kilómetros , conllevaría la edificación de una serie de torres que afectarían directamente a la vida natural y comunitaria que vive y se desarrolla en los cerros de esta parte de la comuna.   Tanto es así que el propio Coordinador reconoce los factores de riesgo del proyecto al proponerse intervenir sobre una zona con uso de suelo de Preservación Ecológica  según el Plan Regulador Metropolitano, también considerada como Sitio Prioritario para la Biodiversidad   Colina - Lo Barnechea en la Estrategia Regional de Biodiversidad, porque alberga ecosistemas de bosque espinoso mediterráneo interior, con la presencia de especies como el algarrobo y chilca , ambas en estado vulnerable de conservación, y también y de bosque esclerófilo mediterráneo andino, con especies como el olivillo de la cordillera, guindilla, quillay y litre , en categoría de preocupación menos de conservación.   A estos daños habría que agregar la afectación sobre especies animales no consideradas, como la lagartija lemniscata y diversos tipos de aves , además del valor paisajístico, histórico-identitario y de esparcimiento de nuestros cerros.   La pregunta que debemos hacernos es ¿para qué necesitan construir esta nueva línea de transmisión? Aquí es donde entran los famosos centros de datos o data centers.   Lee acá “Amazon en Huechuraba: “Estos búnker de datos extraen territorio”     ¿Cómo funciona el sistema de transmisión de energía en la RM?   En su diagnóstico del sistema de transmisión a nivel nacional y zonal , el Coordinador analiza la potencia máxima  de los diversos transformadores de las líneas de transmisión, considerando la características y sensibilidades de cada zona del país.   En el caso de la Región Metropolitana, su Sistema de Transmisión Zonal   está compuesto por 250 tramos de líneas con una extensión de 742 km , donde predominan las líneas de tensión de 110 kV.   El Sistema Zonal recibe energía del Sistema Interconectado Central a través de 8 subestaciones  (S/E Alto Jahuel, S/E Chena, S/E Cerro Navia, S/E El Salto, S/E Los Almendros, S/E Buin, S/E Baja Cordillera y la nueva S/E Lo Campino) con 12 transformadores AT/AT que alimentan las líneas de subtransmisión  de 110 kV, las cuales se conectan, a su vez, con subestaciones de poder  110/12kV o 110/23 kV a través de arranques que reciben el nombre de Tap-Off o simplemente TAP. De estas últimas subestaciones sale uno o más alimentadores  que llevan la energía a los transformadores de distribución  de los cuales se alimenta la red de baja tensión que usamos en nuestros hogares.   En su diagnóstico   el Coordinador advierte de tres “sensibilidades” que afectarían al sistema :   1) Central Nueva Renca Fuera de Servicio   2) Contingencia ante salida de líneas de anillo de 110 kV de la Región Metropolitana     3) La incorporación de Data Centers y electromovilidad.   En base a esto se proyectan diversos escenarios, que indican que de los 12 transformadores AT/AT, 4 de ellos superarían el 85% de su capacidad nominal para el 2033 en el escenario más exigente.   El escenario que incorpora la demanda de los Data Centers durante los días de verano señala la reducción de la capacidad de las líneas eléctricas producto del calor y la sobrecarga de 4 de ellas (las 4 en la zona norte de la capital) para 2033; en tanto que el escenario con Data Centers durante los días de invierno aumentaría la sobrecarga de los transformadores AT/AT y 3 de ellos superarían el 100% de su capacidad para 2033.   En términos generales, el Coordinador concluye que “se observa una tendencia al aumento de las sobrecargas en varios elementos críticos entre los escenarios de 2025 y 2033. Esto sugiere que las condiciones de operación se vuelven más críticas en 2033, lo que se debe al resultado del crecimiento de la demanda eléctrica o cambios en la red”. Incluso en la propia justificación del proyecto Nueva Línea Punta Verde – El Salto 2x220 kV, se señala que se ha identificado que “al año 2033 los transformadores AT/AT de la región Metropolitana perderían su condición de suficiencia en los escenarios evaluados” , incluyendo los escenarios de cargabilidad (potencia máxima) impactada por los Data Centers. Fuente: CEN El impacto real de la energía que necesitan los centros de datos: una nebulosa   La presión de los Data Centers sobre el sistema eléctrico podría ser aún mayor que lo que diagnostica el coordinador eléctrico, pues estos no informan a las autoridades sobre su consumo real.   Un documento base para el análisis del sistema, como lo es la “Proyección de Demanda de Largo Plazo del Sistema Eléctrico Nacional Periodo 2025-2045” , no tiene los datos reales de consumo de los Data Centers pues estos no respondieron a la solicitud de información del Coordinador .   Entre aquellos que se negaron a informar se encuentran Ascenty Chile SpA, EdgeconneX Chile V SpA, Eléctrica Padre Hurtado SpA, Eléctrica Santa Teresa SpA, Equinix Chile SpA, Inversiones y Servicios Dataluna LTDA, Lo Espejo Data Center SpA, Odata Chile S.A., Sonda S.A., todas propietarias de Data Centers o vinculadas a su abastecimiento eléctrico. Aún con falta de información, se estima que, entre la electromovilidad, los Data Centers y el hidrógeno verde, aumente la demanda eléctrica de la zona central entre un 100 y un 164% para 2045.       El rol de las líneas de transmisión para los Data Centers y el lugar de Huechuraba en el sistema   Para evitar un colpaso del Sistema de Transmisión Metropolitano, entre otros factores por la demanda creciente de los Data Centers, es que se están presentando proyectos como los que afectarán a nuestros cerros. Y no lo ocultan.  El proyecto Ampliación en S/E Punta Verde Nuevo Patio 220 kV tiene por objetivo extender el proyecto S/E Seccionadora Punta Verde (que se edificará sobre el cerro del mismo nombre), el cual fue aprobado el año pasado explícitamente para abastecer el consumo eléctrico del proyecto “Datacenter Santiago Chile 4” de la empresa Ascenty en Quilicura (comuna donde esta empresa tiene 3 Data Centers más).   Desde dicha Subestación Punta verde partiría la línea Punta Verde que atravesaría los cerros Punta Verde, San Ignacio, Monte Poblete, Monte Buitre y La Región, para llegar a la Subestación El Salto, la cual también ha estado en la mira de los Centros de Datos .   Recordemos que actualmente se tramita un proyecto de Centro de Datos de Amazon Web Services en Guanaco Norte con Americo Vespucio, el cual, para poder operar todas sus fases, requiere de abastecimiento de alta tensión, el que sería proporcionado a través de una línea con 24 torres que partiría en la Subestación El Salto, afectando gravemente a los cerros La Región y Punta Mocha.   Si bien el rechazo de la comunidad logró que el proyecto de la Línea de Alta Tensión Huechuraba fuese desistido en su momento, sus titulares aún son propietarios de la zona del cerro por donde se proyectaba dicha línea, por lo que este puede retomarse en cualquier momento en la medida en que el Centro de Datos de Amazon avance.   Con nuestros cerros nuevamente bajo amenaza, se hace necesario seguir profundizando en la crítica hacia las infraestructuras y los diversos tipos de expoliación y saqueo que están detrás de tecnologías emergentes y negativamente disruptivas como la “Inteligencia Artificial” y su soporte material vital que son los Data Centers; unas moles sedientas de agua, electricidad y territorio.     La falacia de los Data Centers sustentables   A nivel mundial, la Agencia Internacional de Energía estima que para 2030 los Data Centers consumirán tanta electricidad como todo Japón y, por mucho que se nos hablen de “Data Centers sustentables” alimentados por “energías verdes”, esa es una falacia, como ha sostenido el propio Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, en un informe titulado El nexo entre el agua y la energía en donde concluyen que la transición energética se sostiene sobre cadenas de valor vinculadas a abusos a los derechos humanos, degradación ambiental y agotamiento de los recursos hídricos.   A lo anterior, sumemos el impacto que tiene sobre nuestros bolsillos, ya que en los países en donde los Data Centers ya están operando, los costos de su demanda energética los están pagando las personas comunes y corrientes cuando les llega la cuenta de la luz .   Y es que parece ser que la cuenta medioambiental, paisajística, identitaria, comunitaria y monetaria asociada al capitalismo tecnológico, quieren que siempre la terminemos pagando nosotros y nosotras. ¿Dejaremos que esto suceda?     Lee acá la columna de opinión “Matar y morir por un Iphone: extractivismo, minerales de sangre y explotación sin fin”

En una masiva asamblea, las autoridades rindieron cuentas de los avances del proyecto y comprometieron gestiones para postular en el primer llamado de 2026, en una jornada donde se relevó el trabajo organizado de las familias que ya cumple cinco años. El viernes 9 de enero se realizó una asamblea donde participaron las 808 familias del proyecto Comunidad Organizada El Guanaco  del Movimiento Solidario Vida Digna junto al director del SERVIU, Roberto Acosta, el encargado de vivienda de la Municipalidad de Huechuraba, Sergio Garrido, y la entidad patrocinante y constructora del proyecto, Concrecasa.   La jornada buscaba que las autoridades informaran los motivos del retraso de la postulación al subsidio, inicialmente comprometida para noviembre 2025, y detallaran los trámites pendientes con los plazos en que deben resolverse para postular en el primer llamado de 2026.     Los motivos del retraso de la postulación   Previo a la postulación, muchas familias debieron pedir préstamos formales e informales para alcanzar las 40 UF de ahorro que exige el proyecto, decisión que se tomó sin saber que la entidad patrocinante (empresa privada) no tenía resuelta la factibilidad técnica del proyecto (proyecto estructural, red sanitaria y eléctrica) y que no llegaría en los plazos,  por lo cual resultaba imposible postular en noviembre, desatando la rabia y frustración de las familias del movimiento.   Ante este escenario, y luego de no ejercer una fiscalización aguda sobre el trabajo de la empresa privada, el SERVIU comprometió mantener las condiciones de 2025 para un siguiente llamado a postulación del 2026, y así evitar un aumento de ahorro, siempre y cuando se lograra ingresar el proyecto, lo cual finalmente se logró el 14 de noviembre.     Los trámites pendientes para postular en febrero 2026   a) La DOM de Huechuraba debe aprobar el anteproyecto habitacional:  luego de rechazar una primera versión presentada por la entidad patrocinante en marzo de 2025, la Dirección de Obras Municipales tiene pendiente la aprobación de una nueva versión de anteproyecto, ingresada el 9 de diciembre de 2025, luego de que la entidad patrocinante atendiera una serie de observaciones realizadas por el organismo municipal.   Ante la urgencia de este trámite, Sergio Garrido, encargado de vivienda en representación del alcalde Luksic, dijo que el martes 20 de enero habrá una reunión con la DOM, el alcalde y el movimiento, donde se entregará una certeza sobre el anteproyecto habitacional.   b) La entidad patrocinante debe reingresar el proyecto al SERVIU:  luego de que el SERVIU hiciera observaciones al proyecto de vivienda ingresado en noviembre 2025, ahora la entidad patrocinante debe resolver esas observaciones y reingresarlo cuanto antes.     c) El SERVIU debe calificar el proyecto oportunamente:  Si la entidad patrocinante se demora mucho en resolver las observaciones o si la DOM de Huechuraba no aprueba el anteproyecto oportunamente, el proyecto podría no alcanzar a postular en el primer llamado 2026, comprometido para fines de febrero.   También corre riesgo el avance del proyecto si el SERVIU no lo califica a tiempo. En este sentido, el director dijo que “nosotros, en vez de tomarnos los treinta días (de plazo), nos vamos a tomar diez días para poder cerrar las observaciones. Si no podemos calificar en ese minuto, le vamos a enviar estas observaciones a la entidad para que rápidamente lo resuelvan y puedan volver a ingresar” .   El director resaltó la importancia del trámite que está en la DOM de Huechuraba. “Dependemos obviamente de una gestión que estamos trabajando en equipo con el municipio y que tiene que ver con la obtención del anteproyecto, porque sin el anteproyecto, insisto, todo esto que estamos conversando (postular en primer llamado 2026) no funciona” .   “Entre el 10 y el 15 de febrero, nosotros deberíamos tener este proyecto ya cerrado técnicamente en el SERVIU para que podamos postularlo (…) Hay un compromiso del ministro, y eso ya se lo planteé a la organización, de generar un último llamado regular terminando esta administración, que sería el último de febrero o en la primera semana de marzo”, agregó el director.     Lee acá “65 m2 y Ascensores: Presentan emblemático proyecto de vivienda de 800 familias del Movimiento Solidario Vida Digna en Huechuraba”     ¿Qué se viene ahora para el movimiento?   El próximo martes 20 de enero la mesa dirigencial del movimiento mantendrá una reunión con el alcalde Max Luksic, la directora de obras, Consuelo Rivera y el director del SERVIU, Roberto Acosta, donde se informará el estado de avance del anteproyecto habitacional que, de no estar aprobado para ese entonces, pone en riesgo la postulación al subsidio. Lee acá " 1.300 pobladores marchan en Huechuraba, San Joaquín y San Ramón: exigen cambiar prioridades del presupuesto 2026"

Los resultados de la PAES nos recuerdan cada año que nuestro sistema educacional está diseñado para reproducir la desigualdad social y generar una amplia masa de mano de obra barata. Quienes estudian, primero deben endeudarse, sin certeza de trabajar en lo que estudiaron, mientras los ricos concentran los mayores resultados y luego estudian con becas del Estado. ¿Cuál es la función del sistema educacional en Chile? ¿Busca desarrollar habilidades para todos por igual? ¿Necesita de grandes masas de trabajadores calificados para desarrollar procesos productivos complejos? ¿O es que en realidad el modelo de producción requiere mano de obra barata?   Al mirar los resultados no hay que equivocarse y asumir que los colegios con mejores puntajes entregan una mejor educación. Por el contrario, la brecha en los resultados demuestra la segregación de la sociedad, que es previa al proceso educativo . Esto se traduce en un sistema educativo que reproduce la segregación de clase social y discrimina en base a la capacidad de consumo de las familias.     Puntajes nacionales en la RM por comuna   De los 1.681 puntajes nacionales de la Región Metropolitana, 1.203 los concentran estudiantes de colegios particulares pagados (72% del total) a pesar de que del total de estudiantes que hay en Chile, estos colegios representaban solo el 10% de la matrícula al año 2024.   Estos altos puntajes también se concentran geográficamente en las comunas de altos ingresos, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (37% del total en la RM) , lo que da cuenta de un diseño de la ciudad que distribuye la vivienda y el estudio por condición de clase social.   Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE   Puntajes Nacionales por tipo de dependencia (toda la RM)   - Particulares pagados 1.203  (1.177 Matemáticas + 17 Historia + 9 Lectura) - Particulares subvencionados 316  (311 Matemáticas + 4 Historia + 1 Lectura) - Públicos (Municipal y SLEP) 162  (160 Matemáticas + 2 Historia) *1648 son de Matemáticas Nº1; 23 de Historia y 10 de Competencias Lectoras.   Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE     35 puntajes nacionales en Huechuraba: todos de colegios particulares pagados   La alta concentración de puntajes nacionales en las comunas del bario alto es brutal. Y a escala local, esa segregación también se reproduce dentro de muchas comunas, con barrios que se componen por los niveles de ingreso de los hogares, como es el caso de Huechuraba, donde los 35 puntajes nacionales se concentran en 5 colegios particulares pagados que, en promedio, tienen un costo de $5,6 millones de pesos al año por estudiante.   Pese a que los sectores compuestos por poblaciones de bajo ingreso representan cerca de la mitad de los habitantes de Huechuraba, de las 2.521 pruebas rendidas, 1.754 se concentran en colegios particulares pagados; 507 en subvencionados y solo 260 en el único colegio público con enseñanza media. Esto demuestra cómo la matrícula educacional de la comuna está orientada a las familias de altos ingresos, con un completo abandono de la educación pública.  Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE.     Puntajes por colegio de Huechuraba según prueba y tipo de dependencia   El Pincoyazo también sistematizó la mediana y los promedios de los puntajes que los estudiantes de cada colegio obtuvieron en la PAES, donde es posible ver con mayor detalle la brecha de los resultados entre colegios pagados, subvencionados y públicos de la comuna, identificando aspectos muy críticos en los sectores populares de la comuna.   Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE.    Si miramos con lupa el resultado de los colegios subvencionados y el único público donde se rindió la PAES en Huechuraba -todos ubicados en el sector poblacional de la comuna-, vemos que de 767 pruebas rendidas, 391 ni siquiera alcanzaron los 450 puntos (51%), que es el mínimo que se exige para postular a una universidad.   Y aquí hay que detenerse un momento, no podemos mirar para el lado. Estos datos quieren decir que la mitad de los jóvenes de nuestras poblaciones que rinden la PAES no solo no tienen ninguna opción de estudiar en la universidad, sino que tampoco están desarrollando habilidades básicas para la vida, como es saber leer y entender lo que leen.   ¿Cuál es el futuro de la juventud popular?  ¿Quiénes piensan en la posibilidad de estudiar algo después del colegio y desarrollar nuevos horizontes en la vida a través de nuevas habilidades? ¿O es que desde siempre la certeza fue salir a buscar pega en lo que salga y solo pensar en llegar a fin de mes?   El problema no se trata de que todos estudien en la universidad, porque eso tampoco asegura nada, menos cuando cientos de miles terminan endeudados y sin trabajar en lo que estudiaron, muchas veces frustrados. El problema de fondo es que la posibilidad de estudiar no es para todos, y depende de dónde nacen las personas, salvo contadas excepciones, como bien muestran los números del sistema educacional.   Con estos mapas de datos, ¿alguien realmente cree en la meritocracia o en la ilusión de que en este país las personas valemos lo mismo? ¿Acaso la sociedad gasta lo mismo en educar a un estudiante de un colegio privado que de uno subvencionado y público?   Lee acá “Brecha de clase en resultados PAES 2026: privados sacan 167 puntos más en promedio que los públicos”     El papel de la infraestructura de los colegios en la “calidad educativa”   Las condiciones materiales de los colegios juegan un papel importante en el proceso educativo, y esa realidad material es extremadamente desigual entre los colegios públicos y privados.   No es lo mismo estar horas en salas de clase sin aislación térmica, hacinados, sin instrumentos pedagógicos para trabajar los contenidos, con baños en malas condiciones, plaga de ratones y mala alimentación, entre otras precariedades que tienen los colegios públicos a nivel nacional.   Durante el 2025, la principal demanda levantada por el movimiento estudiantil fue la mejora de la infraestructura educacional ante una precariedad extrema que expresa con claridad el abandono de la educación pública, donde justamente se educan los sectores más empobrecidos del país, enfrentando la represión como principal respuesta del Estado.   Leer acá   “Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?”

Por Wido Contreras, poblador de Huechuraba y trabajador social. En la política contemporánea, la acusación se ha convertido en un artefacto de poder más eficaz que la prueba, más veloz que la justicia y más rentable que la verdad. No necesita sentencia ni cierre institucional: le basta con circular.  En un sistema comunicacional acelerado, fragmentado y emocional, la acusación ya no busca resolver un conflicto, sino instalar un marco, producir daño simbólico y disputar sentido.   El caso del llamado “Cartel de los Soles”, atribuido durante años al régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ilustra con crudeza este fenómeno. La acusación fue instalada con fuerza pero sin pruebas, amplificada globalmente y utilizada como argumento geopolítico y moral. Sin embargo, cuando el propio sistema judicial de EEUU comienza a retirar cargos y, por tanto, elementos centrales de esa narrativa, el impacto público es mínimo. El desmentido nunca circula con la misma intensidad que la denuncia. La sospecha permanece, incluso cuando la acusación se retira.   Este patrón no es exclusivo de la política internacional. Donald Trump ha construido gran parte de su capital político en una relación ambigua y conflictiva con los medios de comunicación: los acusa de mentir, de perseguirlo, de operar como enemigos del pueblo, mientras se alimenta permanentemente del conflicto que esa misma cobertura genera. Trump es, al mismo tiempo, víctima declarada y beneficiario estratégico del escándalo mediático. La acusación —hacia él o desde él— funciona como combustible permanente de visibilidad.   Esta lógica no es exclusiva de grandes potencias ni liderazgos autoritarios. Chile no está al margen de esta dinámica. El caso conocido como “Patito Verde” lo demuestra con claridad. Lo que comienza como una investigación relevante sobre redes de desinformación, uso de bots y manipulación digital en contexto electoral, termina rápidamente encapsulado en una crisis personalizada: nombres propios, declaraciones cruzadas, renuncias, réplicas. El fenómeno estructural —la existencia de operaciones comunicacionales coordinadas para distorsionar el debate democrático— queda en segundo plano, desplazado por el ritmo del escándalo.   Esta dinámica no opera en un vacío ni afecta a todos por igual. La capacidad de acusar, instalar sospechas y producir daño simbólico no es simplemente una consecuencia de la tecnología o de la velocidad informativa, sino de una estructura mediática marcada por profundas asimetrías. No todos los medios poseen el mismo alcance, la misma capacidad de convertir una denuncia en verdad social. La acusación, en este sentido, no es solo una práctica comunicacional, sino un recurso de poder, históricamente concentrado en determinados actores con mayor capacidad de definir qué conflictos importan, cuáles se amplifican y cuáles se disuelven en el ruido.   Aquí emerge un riesgo profundo para los medios de comunicación. No se trata solo de sesgos editoriales o errores puntuales, sino de una transformación más inquietante: la posibilidad de que los medios terminen reproduciendo la lógica que dicen combatir. Cuando la cobertura se organiza en torno al conflicto permanente, la acusación y la respuesta, la denuncia y la contra-denuncia, la deliberación democrática se empobrece y la complejidad se pierde.   Desde una mirada democrática, este fenómeno debería preocuparnos especialmente. No porque debamos proteger a los poderosos de la crítica —todo lo contrario—, sino porque una democracia sana necesita algo más que denuncias virales y condenas anticipadas. Necesita procesos, contexto, proporcionalidad y responsabilidad comunicacional. Cuando la acusación sustituye al debate, el espacio público se convierte en un tribunal emocional sin debido proceso.   El problema, entonces, no es solo quién acusa o a quién se acusa, sino el ecosistema que convierte la acusación en un fin en sí mismo. En ese escenario, la verdad deja de ser un horizonte común y pasa a ser un recurso táctico . La política se vacía de proyecto y se llena de ruido. La ciudadanía, lejos de empoderarse, queda atrapada entre narrativas enfrentadas que exigen adhesión emocional más que reflexión crítica.   Casos como el “Cartel de los Soles”, Donald Trump o Patito Verde no son anomalías aisladas. Son síntomas de un mismo malestar comunicacional: una esfera pública tensionada por la velocidad, la polarización y la lógica del espectáculo. Recuperar la densidad democrática del debate no implica silenciar denuncias, sino sostenerlas con rigor, contexto y responsabilidad.   Hoy, más que nunca, el desafío de los medios no es solo informar rápido, sino resistir la tentación de convertir cada conflicto en espectáculo . Porque cuando la acusación se vuelve permanente y la verdad circunstancial, lo que se erosiona no es la imagen de un actor político específico, sino la confianza misma en la democracia como espacio común.

Revisa acá los resultados recién publicados que muestran una vez más la lógica segregadora detrás del sistema educacional. Los colegios privados alcanzan puntajes en promedios muy por encima de los subvencionados y públicos, reflejando un sistema educacional que reproduce la segregación social. Cifras generales 308 mil personas se inscribieron para rendir la prueba en sus aplicaciones de invierno y regular 2025 . De ellas, el 15% no asistió a rendirla, quedando 231 mil habilitadas para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, dependiendo del puntaje alcanzado y del bolsillo necesario para sostener una carrera. La mayoría de las pruebas registró pequeñas alzas en sus puntajes promedio: Matemática 1 y Matemática 2 aumentaron 6 puntos; Competencia Lectora subió 13 puntos; Historia y Ciencias Sociales marcó un alza de 9 puntos. Pero a la hora de filtrar por tipo de dependencia de los colegios, los resultados son muy distintos, y la realidad desigual sale a relucir. Filtro de clase El Pincoyazo revisó los datos publicados por el DEMRE , identificando diferencias importantes entre estudiantes de colegios privados, subvencionados y públicos, tal como ocurre cada año. Entre las pruebas regulares de Lectura, Matemáticas 1 e Historia y Ciencias Sociales, la brecha entre colegios particulares pagados y colegios públicos alcanzó los 167 puntos en promedio , una diferencia brutal que refleja una desigualdad social que lejos de ser contenida es profundizada por el sistema educacional orientado a la ganancia privada. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. El periodo de postulación a los establecimientos de educación superior se extiende entre el lunes 5 de enero a las 9 horas, hasta el jueves 8 de enero a las 13 horas. Lee acá " Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?"

En diciembre de 2025, Estados Unidos presentó su nueva Estrategia Nacional de Seguridad (ENS), un documento que redefine los objetivos y medios para sostener su hegemonía mundial en caída, donde América Latina ocupa un lugar central, en un escenario internacional marcado por el ascenso de China. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Seguridad? “Para garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso, fuerte, rico y exitoso del mundo durante las próximas décadas, nuestro país necesita una estrategia coherente y centrada en sobre como actuamos con el resto del mundo. Y para hacerlo bien todos los estadounidenses deben saber que hacer y porqué debemos hacerlo.” (ENS 2025, p.1) La Estrategia de Seguridad Nacional  (ENS) es un instrumento político-militar mediante el cual el gobierno estadounidense define, ordena y legitima su acción en el escenario global. Aunque formalmente su publicación responde a un mandato legal, cada administración desarrolla su propio documento, lo que obliga al presidente a informar al Congreso sobre los intereses nacionales y las amenazas actuales.  Pero en la práctica, la ENS cumple una función mucho más importante: opera como la receta político-militar que guía el poder imperial estadounidense en cada etapa de su historia , una hoja de ruta que articula su política exterior, acción militar, diplomacia, coerción económica y control tecnológico.  En sus páginas se enlistan enemigos y aliados, se nombran zonas de influencia y se exponen los medios necesarios para preservar la hegemonía de Estados Unidos en el plano internacional, desde sanciones financieras hasta intervenciones militares. El plano interno y externo de la ENS En el plano interno, busca ordenar y coordinar un aparato estatal, alineando a las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el complejo industrial-militar y las agencias civiles, junto a sus élites, bajo los mismos márgenes estratégicos.  En el plano externo, actúa como un mensaje de advertencia y ordenamiento, dirigido a potencias rivales (China, Rusia, India, Brasil, etc.), gobiernos subordinados y regiones enteras del mundo, señalando los límites de lo que para Washington es tolerable y que podría ser duramente castigado. La base ideológica de la ENS Este documento no se agota en el plano declarativo. La Estrategia Nacional de Seguridad constituye la base ideológica y operativa de un entramado de estrategias de cada gobierno norteamericano , tales como: defensa nacional, postura nuclear, control de armas, seguridad tecnológica y las decisiones presupuestarias correspondientes que perpetúan la dominación de Estados Unidos en gran parte del mundo.  En esa línea, la ENS no se entiende como una propuesta para la seguridad colectiva ni como un aporte al orden internacional, si no como un mecanismo mediante el cual el país imperialista se guía para mantener su poder.  Su objetivo no es la “estabilidad global” ni la “paz entre los pueblos", sino la preservación de un orden donde Estados Unidos define las reglas, controla los recursos estratégicos y decide qué actores pueden o no ejercer soberanía sobre sus territorios y recursos naturales. Se caen las caretas: las verdaderas intenciones para preservar su hegemonía El documento hace una revisión de los últimos treinta años de la política exterior estadounidense. Sobre la política adoptada hacia el final de la Guerra Fría y el Antiterrorismo, cuestiona a los gobiernos anteriores por desgastarse en conflictos periféricos y por no tener la capacidad ni la determinación de controlar el crecimiento de China como actor global , acusándolos de complicidad o estupidez.  En esa línea, señala que sus versiones anteriores no eran lo suficientemente claras y honestas, y que en esta ocasión sería necesario transparentar las intenciones que el gobierno de Estados Unidos tiene hacia el mundo, declarando abiertamente que se utilizarán todos los medios a disposición para asegurar el dominio norteamericano a nivel global.  Aunque no los nombra explícitamente, la ENS critica a los organismos internacionales por menoscabar progresivamente el poderío estadounidense sobre el mundo , proponiendo desconfiar de esas estructuras y las deslegitima en tanto no son promotoras de los intereses estadounidenses.  Asimismo, reclama que sus alianzas europeas, asiáticas y del medio oriente deben hacerse cargo de su propia seguridad, aumentando el gasto en defensa , pasando del 2% del PIB al 5 % como requisito para seguir siendo una nación amiga de EEUU. Es decir, la ENS 2025, tal como una lista de deseos, establece una lista de las regiones que son prioridad para el objetivo mayor, poniendo en primer lugar al hemisferio occidental (América) , a la región indo-pacífico en segundo lugar y dejando a Europa y Oriente medio en último lugar, siempre y cuando logren aumentar su gasto en armamento y logren una independencia militar que no signifique arrastrar a la economía norteamericana hacia sus conflictos.  “El corolario de Trump a la Doctrina Monroe” o el porvenir de nuestro continente Durante el sábado 03 de Enero del 2026 gran parte del mundo despertaba con la noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, era capturado por tropas de élite luego de un bombardeo selectivo por parte del ejército de Estados Unidos, desplegado en cuatro distritos de Venezuela. Los medios de comunicación alineados con el imperialismo yankee rápidamente comenzaron a cubrir la noticia como un acto de liberación orquestado por Donald Trump desde Washington.  Una de las preguntas que surge es por qué la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 constituye un quiebre respecto de las anteriores y anuncia el porvenir de la región. La nueva ENS no solo declara las intenciones de Estados Unidos sobre el mundo, sino que consagra a América Latina como su espacio estratégico prioritario, anticipando un nuevo ciclo de injerencia sobre la región.  “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia en el hemisferio occidental y procurar nuestro acceso a zonas geográficas claves de la región. Negaremos con fuerza a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes para estados unidos o de poseer o controlar activos vitales en nuestro hemisferio.” (ENS 2025, p9) En el documento Trump y su gobierno definen los objetivos a alcanzar en la región y a quienes enfrentará (aunque nuevamente no los nombra, hace mención a enemigos no hemisféricos, es decir: China, Rusia, Irán, Etc.), y de paso cuál será su táctica: “Reclutar y expandir” , reclutar a presidentes y políticos serviles y entreguistas y expandir su presencia militar en dichos países amigos.  Excusándose en luchar contra la migración descontrolada y el narcotráfico, el documento expone con entusiasmo como el régimen de Trump está dispuesto a desplegar todo su arsenal sobre quienes no estén alineados con su política exterior, interfieran con los intereses yankees o mantengan relaciones comerciales con los enemigos no hemisféricos. Reclutar La ENS 2025 dicta que el gobierno norteamericano recompensará y alentará a todo gobierno, partido político o movimiento mientras se mantenga alineado con los principios y estrategias del régimen de Trump. Establece cuatro objetivos inmediatos: a) Un repliegue progresivo de todos los teatros militares que no representen un avance real en la concreción de sus intereses. b) Control de las rutas marítimas en todo el continente y control real sobre la migración ilegal hacia territorio estadounidense. c) Despliegue militar estratégico y silencioso en territorios con presencia de narcotraficantes. d) Conectar económica, diplomática y militarmente con zonas de relevancia estratégica. Con lo anterior se dibuja un claro escenario belicista en la región, con un despliegue militar por parte del régimen estadounidense a fin de asegurar su preeminencia absoluta en la región. Con la excusa del control migratorio y la lucha contra el narcotráfico, América Latina será escenario de nuevos conflictos que poco tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos del continente.  Expandir Desatando el contingente completo de inteligencia, Estados Unidos buscará identificar en la zona los recursos que le son estratégicos y así, con quien corresponda, volverse su principal socio comercial. Los yacimientos de tierras raras, de litio, de cobre, oro y petróleo, incluso los que aún no han sido descubiertos, deberán de una manera o de otra, pasar a manos estadounidenses.  El documento, indica que los competidores no hemisféricos han socavado la economía norteamericana al seducir a los mandatarios Latinoamericanos para volverse socios comerciales. Junto a lo anterior, el régimen nortamericano anuncia graves consecuencias para las economías que sigan manteniendo relaciones comerciales con sus enemigos y que dificulten el ingreso del mercado yankee en sus territorios. Pues asegurar la preeminencia económica en el continente es hoy una cuestión de prioridad nacional.  El imperialismo yankee, la policía del mundo Con todo lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad 2025 no ofrece a América Latina soluciones reales a sus conflictos de base ni menos una relación de cooperación o un horizonte de desarrollo hacia una mejor vida. Lo que propone es una relación de subyugación, en la que Estados Unidos se reserva el derecho de definir las reglas del juego: qué vínculos económicos son aceptables, quién controla los recursos estratégicos y qué gobiernos pueden ejercer soberanía sobre su propio territorio, como si fuera la FIFA del mundo.  Este retorno explícito a la Doctrina Monroe, actualizada al estilo Trump, consolida un modelo de dominación que combina presión política, coerción económica e intervención militar directa para asegurar los intereses de Washington. En este escenario, el ascenso de gobiernos de ultraderecha en el continente facilita y acelera el alineamiento con Estados Unidos . A cambio de financiamiento, protección política y respaldo internacional a sus agendas internas, estos gobiernos profundizan una subordinación estratégica que se traduce en mayor dependencia y pérdida de autonomía. El costo de este pacto lo pagan los pueblos de América Latina: saqueo sistemático de los recursos naturales, militarización de los territorios, criminalización de la migración y una injerencia permanente que anuncia un nuevo ciclo de conflictos, completamente ajeno a las necesidades reales de nuestros pueblos. La ENS 2025 deja en evidencia que la “prioridad en seguridad” de Estados Unidos vuelve a construirse sobre la inseguridad del resto del continente . La política imperial se presenta sin caretas: su objetivo no es la estabilidad regional ni el bienestar de sus pueblos, sino la preservación de su poder en el que América Latina es nuevamente concebida como patio trasero, zona de sacrificio y campo de disputa en la guerra global por la hegemonía entre las potencias.

El sector poniente de Huechuraba tiene más de 2.000 nuevas viviendas en trámite de distintos segmentos sociales, pero su red de educación y salud pública está saturada. El único colegio público que existe no tiene enseñanza media, por lo que las gestiones por nuevos servicios públicos son una urgencia y se harán sentir cada vez más. El proyecto   A la vuelta de Guanaco con Pedro Fontova se tramita el crecimiento del proyecto inmobiliario Parque Undurraga en su segunda, tercera y cuarta etapa, cuyo tiempo se construcción se proyecta en 5 años.   El proyecto que está a cargo de la Inmobiliaria Parque Undurraga 2 SpA -que pertenece a la Inmobiliaria Aconcagua- comprende 3 condominios con 24 edificios totales (8 torres por cada uno) con una altura de 4 pisos, y que totaliza 360 departamentos y 384 estacionamientos. Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del proyecto   Evaluación ambiental   El proyecto se encuentra en evaluación ambiental, requisito previo a su construcción y que podría demorar algunos meses, dependiendo de cuántas observaciones realicen los organismos públicos con competencia en la evaluación.   Revisa acá el expediente de evaluación ambiental   De acuerdo a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente,  se puede pedir un proceso de participación ciudadana (PAC) donde la comunidad plantee observaciones al proyecto que luego la empresa debería responder.     Para eso se exigen 10 personas naturales o 2 personas jurídicas (organizaciones sociales) que hagan la petición al SEA en la misma plataforma, para lo cual hay plazo hasta el 15 de enero de 2026.   Las observaciones de este tipo de proyectos se hacen sobre sus efectos negativos sobre el medio ambiente, ya sean de tipo viales, por la sobrecarga de servicios públicos que puede traer o por los niveles de contaminación del aire en una zona saturada, como es la región Metropolitana, entre otros aspectos.     Falta de servicios públicos   Un aspecto crítico que vuelve a salir a flote con cada nuevo proyecto de vivienda que se tramita en el sector poniente de Huechuraba es la falta de servicios públicos que existen en ese sector.     Actualmente se encuentran en trámite y construcción más de dos mil nuevas viviendas en el sector poniente , lo cual profundizará la crisis de acceso a servicios públicos.   Por este motivo es que un papel clave que tendrá la nueva gestión municipal es en crear las condiciones para que el crecimiento de esta zona de la ciudad, se haga en condiciones dignas para sus habitantes.   Al no acceder a educación y salud en el entorno inmediato, los efectos de salir a buscarla lejos será un aumento del costo de la vida, aumento de la congestión vial, mayor exposición a inseguridad y desintegración social por la falta de espacios locales donde reproducir la vida.   Lee acá “Colapso de servicios públicos: Vida Digna exige nuevo colegio y consultorio para el sector de Guanaco en Huechuraba”   Lee acá “Inundación en Punta Mocha y la falta de servicios públicos en el sector poniente de Huechuraba”

En 2024 el edificio se ofreció a menos de la mitad del precio de tasación actual. Si el concejo municipal aprueba, significa destinar más de la mitad de los recursos anuales de la comuna en otro edificio municipal, en vez de priorizar otras urgencias como vivienda, salud o educación, que se verán afectadas los años siguientes por la deuda que se contraería con la Isapre Consalud de la Cámara Chilena de la Construcción.     Las motivaciones que estarían detrás de la compra   La ausencia de un recinto con servicios municipales en el sector poniente que ha crecido exponencialmente las últimas décadas producto de la desregulación inmobiliaria.   Recintos municipales en mal estado y que de todas formas requieren gasto para acondicionarse de forma adecuada.   El traspaso de recintos municipales a la corporación municipal significará menos espacio disponible para los funcionarios     La tasación por $34 mil millones de pesos   El Pincoyazo accedió al informe de tasación encargado por la Municipalidad de Huechuraba que pretende comprar un edificio a la Isapre Consalud -que pertenece la Cámara Chilena de la Construcción-, y que se mantiene abandonado hace cuatro años, desde la pandemia.   El edificio se ubica en Av. Pedro Fontova 6650, en la intersección con Av. El Sauce, y tiene 10.878 m2 construidos para uso de oficina, entre otras obras, dentro en un terreno de 22.497 m2.   Para dimensionar el costo total del edificio, avaluado en $34 mil millones de pesos, este equivale al 59% del Presupuesto Municipal del 2025 de $57 mil millones.   Revisa acá el informe de tasación del edificio     El mismo edificio fue ofertado en $15 mil millones por Consalud hace solo un año atrás, según consigna el medio The Clinic . Y aun cuando la cifra final se acerque a este monto -en caso de aprobarse-, equivale al 26% de los recursos anuales de la comuna, lo que representa un compromiso de pago que no podría resolverse de un solo acto, por lo cual requeriría de un asumir una deuda que podría solo traer problemas para la calidad de vida de la población.   Un compromiso de pago a cinco o diez años por este monto significa que por motivo de la deuda se terminaría pagando aún más, a causa de los intereses, para lo cual se necesitaría entregar otros bienes municipales en garantía al banco o entidad financiera que preste el dinero, o incluso al mismo vendedor del edificio, lo cual afectaría la caja del municipio para incurrir en gastos en otras áreas aún más urgentes de ser atendidas en los años siguientes, como es la vivienda, la salud y educación municipal.     Sin consulta vecinal, otra vez   Tal como ocurrió con la nueva corporación municipal que permitió privatizar la gestión de la cultura, el deporte y el fomento productivo en Huechuraba, esta iniciativa de compra de un nuevo edificio municipal tampoco ha sido sometida a una consulta vecinal, a pesar de que se trata de una cantidad muy alta de inversión, y que podría atar de manos al presupuesto municipal ante otras necesidades que requieren del gasto público.

Desde las calles de Buenos Aires presentamos el contenido de las reformas neoliberales del gobierno cuyo objetivo es resguardar el pago de la deuda externa que exige el FMI y fomentar la inversión extranjera, mientras el movimiento popular resiste sin lograr la fuerza suficiente para poner un freno y dar vuelta la tortilla. Prisionera de la deuda externa La deuda externa es tal vez el principal problema que desde hace décadas arrastra Argentina. Esta consiste en pedir dinero a fondos extranjeros (países, organismos internacionales o fondos de inversión) con altas tasas de interés que resultan difíciles de pagar, y que a medida que la situación empeora, se vuelve más difícil acceder a nuevos préstamos para cubrir las deudas previamente contraídas, y así, se reproduce un círculo vicioso diseñado para generar dependencia. Luego de décadas de gobiernos kirchneristas que opusieron resistencia a cumplir con las exigencias de repactación de la deuda externa, el país eligió a Milei, que en el discurso alentó el rechazo a la “casta política”, pero cuya apuesta no es otra que poner el pie en el acelerador en favor del capital financiero, impulsando una revolución capitalista para cumplir el mandato del FMI -dirigido por EEUU-, tal como ocurrió en Chile durante la dictadura de Pinochet, donde se adoptó una forma neoliberal que ningún país del continente conoció, al menos hasta hoy. Sin ir más lejos, recientemente Milei visitó EEUU en su búsqueda por reunir dólares para tapar los hoyos de la crisis, logrando un préstamo por US $20 mil millones, donde Trump exigió condiciones tales como la salida de China sobre distintas áreas de influencia en Argentina (5G, hidroeléctricas, energía nuclear, entre otros), además de intereses en dinero que solo agravan el problema.   La revolución capitalista de Milei Para cumplir el mandato de Washington, Milei lanzó una serie de reformas a través de la Ley de Bases , hoy dividida en varias leyes y que poco a poco avanzan en el Congreso con efectos empobrecedores sobre la mayoría trabajadora, además de realizar cambios vía decreto, saltándose el Congreso. La agenda de La Libertad Avanza consiste en buscar la máxima neoliberal de alcanzar el equilibrio fiscal (gastar menos de lo que entra), contener la inflación (reduciendo el poder de compra de la clase trabajadora) para fomentar la inversión y así generar crecimiento económico, pero para el gran capital. Para llevar adelante esta agenda el gobierno pretende reducir el gasto público vía recortes a programas sociales (28% entre 2023 y 2024); privatizar empresas estatales  (Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, entre otras), desindustrializar el país, reducir impuestos   a la ganancia privada y   refundar el sistema laboral y previsional  en favor de la empresa privada.   El empobrecimiento en cifras Según varias estimaciones, alrededor de 25 mil empresas han cerrado en solo dos años, perdiéndose más de 300 mil puestos de trabajo . La propia Unión Industrial Argentina -que apoyó a Milei- señaló que en 2025 la actividad industrial del país se redujo un 10% respecto de 2023, generando una crisis en la producción manufacturera nacional, la construcción y el comercio  -sectores que generan empleo-, mientras que con el discurso de la austeridad y los recortes sociales se financian las compras de aviones de guerra F-16 usados y sin armas. Esto se ve reflejado en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los cuales dicen que en la actualidad casi un 7% de los argentinos vive en la indigencia (3 millones de personas); entre un 35% y 50% en la pobreza (entre 20 y 30 millones de personas) , mientras los sectores medios profesionales han disminuido considerablemente sus ingresos. Pero siempre puede ser peor, ya que las reformas del gobierno buscan terminar con el financiamiento directo de áreas públicas como hospitales o universidades, para así cambiar a un sistema neoliberal de financiamiento de subsidios a la demanda (como en Chile) donde el mercado se regule solo, obligando a los servicios de salud y educación a autofinanciar parte de sus gastos.   La reforma laboral La reforma laboral propuesta por el gobierno es una verdadera revolución en favor del capital, ya que busca flexibilizar las condiciones y modalidades de trabajo a través de varias medidas: - Generar contratos a tiempo parcial y a plazo fijo (con un máximo de 12 horas diarias); - Crear contratos según la productividad del trabajador (no sueldos fijos); -  Vacaciones divididas en partes a gusto y necesidad del empleador; - Acordar salarios en moneda extranjera (como el dólar o las criptomonedas) o a cambio de alimentos y especias, tal como en los antiguos fundos y pulperías; - Bajar en un 3% el aporte del empleador al seguro de cesantía (hoy del 6%), reduciendo el flujo de la seguridad social y buscando que los trabajadores y el Estado la financien, para así resguardar las ganancias empresariales, con el objeto de atraer inversión.   Los trabajadores La Central General de Trabajadores (CGT) -organización gremial más grande del país ligada históricamente al peronismo-, si bien se ha opuesto a las reformas, parece estar dispuesta a ceder derechos adquiridos, siempre y cuando se mantengan las “cuotas solidarias” que permiten financiar la actividad sindical mediante descuentos a obreros afiliados y no afiliados. En cuanto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA)  – que agrupa a trabajadores públicos, estatales y de empresas privadas -, ha denunciado los acuerdos entre el gobierno y empresarios extractivistas-exportadores para pequeños aumentos salariales de forma unilateral, evitando negociar con los trabajadores y sindicatos. Asimismo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE)  convocó a un Paro Nacional este 9 de diciembre donde llamaron a defender y reafirmar sus derechos, servicios y bienestar para la comunidad. Por otro lado, sindicatos grandes como la histórica Unión Ferroviaria (con 103 años) ha presionado para que aumente la inversión y presupuesto para los ramales de trenes. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) , ha denunciado la pérdida de miles de puestos de trabajo por la disminución de obras públicas. Las movilizaciones contra la reforma laboral convocadas por estas y otras organizaciones han sido insuficientes para detener el cierre de miles de empresas (de comercio minorista) e industrias nacionales (textiles, frigoríficos, fábricas),  cuyos sindicatos están divididos entre trabajadores honestos que quieren luchar por una vida digna y quienes aún confían en Milei, sin tomar consciencia de que afectan a sus compañeros y al conjunto de familias. Más que avances económicos para todos, las reformas laborales de Milei están eliminando derechos sociales que costaron años de organización y sangre a los trabajadores , ya que fue mediante movilizaciones obreras y populares que las familias que viven de su trabajo consiguieron contratos, jornada de 8 horas, pago de salarios en dinero, días no laborales y vacaciones que los empresarios nunca entregaron por las buenas, sino que bajo la fuerza de la organización.     El movimiento piquetero Tras la crisis de diciembre de 2001, conocida como el “Argentinazo” provocada por el “corralito” y que derivó en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, surgió un movimiento ligado a las organizaciones territoriales de Argentina, llamadas “piqueteras”, las que mediante el bloqueo de rutas pudieron negociar con el gobierno para conseguir recursos y beneficios estatales para miles de familias sumidas en la cesantía. En la actualidad, el movimiento piquetero (diferente pero comparable con los “pobladores” de Chile) se ha diversificado. Por un lado, existen corrientes que responden a intereses del progresismo kirchnerista  y buscan posicionarse como una alternativa electoral. Allí se encuentran grupos como el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita , que han contribuido a reproducir el clientelismo característico de este sector del peronismo y de la relación Estado-sociedad que profundizó el país a partir de la crisis del 2001. También hay organizaciones autónomas y críticas del kirchnerismo, como el Frente Popular Darío Santillán  y la Federación de Organizaciones en Lucha , las que agrupan a piqueteros, sindicatos y estudiantes que en los últimos años han buscado crear un instrumento electoral de izquierda progresista  y que, en parte, integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) . Otras organizaciones apuestan por una perspectiva clasista, de acción directa y autogestión,  como la Federación de Organizaciones de Base (FOB) , que agrupa a comedores populares (ollas comunes), bachilleratos (para terminar la escuela), centros culturales y otros grupos independientes que se oponen a los recortes de Milei con sucesivas movilizaciones. Asimismo, mantienen una lucha activa contra el intento por privatizar el agua y a la “motosierra” de Milei en los servicios de salud, educación, obra pública y comedores populares. Hoy las organizaciones piqueteras están en alerta debido al recorte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , entregado a familias cuyos padres se encuentran cesantes o tienen un trabajo informal que no alcanza para llegar a fin de mes. También reclaman en contra del recorte de la Asignación Familiar (SUAF) , entregada a familias que tienen un contrato de trabajo pero que no les alcanza para cubrir sus gastos, recibiendo un bono por cada hijo menor de edad y por integrante con discapacidad permanente.     Los jubilados organizados: un nuevo actor Todos los miércoles de los últimos meses entre las 11 y las 17 horas, las y los jubilados se manifiestan contra los recortes sociales dando “una vuelta” a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, exigiendo pensiones dignas luego de trabajar toda una vida, momento en que se suman organizaciones estudiantiles, trabajadores, mujeres, piqueteros y también organizaciones políticas que buscan frenar los recortes sociales. Algo interesante de este ciclo de movilizaciones es el surgimiento y posible consolidación de un nuevo actor: los jubilados organizados, donde algunas corrientes buscan crear espacios permanentes para exigir lo que corresponde para tener una vejez digna  y hacerse escuchar frente al Gobierno, el Congreso y otras autoridades. Uno de estos grupos son los Jubilados Insurgentes , creado el 20 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, cuando un grupo de viejos amigos fue a la Plaza del Congreso a protestar en contra de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía Luis Caputo orientadas a desregular la economía, recortar las políticas sociales e inaugurar el “protocolo anti-piquetes” para enfrentar la primera manifestación en contra del gobierno de Milei. A las demandas de aumento de las pensiones, los Jubilados Insurgentes exigen la venta de medicamentos sin cargo (impuestos) y viviendas en comodato , debido a que a muchos les cuesta pagar un arriendo o ya se han convertido en allegados. Algunos sectores vinculados al anterior gobierno kirchnerista (hoy en la oposición), se han agrupado en Jubilados de Fuerza Patria , quienes se oponen a los recortes de pensiones y medicamentos, planteando crear un sindicato que les permita llevar su voz frente al Congreso y el Gobierno. Los jubilados, por un lado, exigen aumentar el monto de las pensiones, ya que debido a la inflación desatada durante estos dos años del gobierno han perdido poder de compra. Por otro lado, se oponen a la disminución de las pensiones para discapacitados, sumado a que para el año 2026 el gobierno planea eliminar al menos 155 mil pensiones de ese tipo. Mientras el gobierno les empobrece, los jubilados son testigo de casos de corrupción , como el “Caso Audios” , donde unos pocos empresarios y altos cargos estatales se benefician de coimas y sobreprecios de medicamentos. El esquema para defraudar al Estado es similar a los casos de colusión en Chile, pero en el caso de Argentina, funcionarios y directivos exigían porcentajes del 8% del pago a los proveedores para ganar una licitación, enriqueciéndose con los recursos que supuestamente estaban destinados a los jubilados y discapacitados más pobres.     Fragmentación del movimiento popular A pesar de que hay numerosas organizaciones en lucha, en las movilizaciones es posible observar la fragmentación de los movimientos sociales y de trabajadores, donde pese a tener un enemigo común, eso no se traduce en la capacidad de golpear de manera conjunta. Hoy las corrientes mayoritarias responden a la agenda electoral del kirchnerismo, otras pretenden generar una alternativa electoral de izquierda y algunas que buscan fortalecer las organizaciones populares mediante la acción directa y la autogestión. Muchas personas en Argentina esperan que la gente salga a la calle a luchar, teniendo esperanzas en que ocurra un estallido social como fue en Chile durante octubre de 2019. En ese sentido, nuestro país sigue ocupando un lugar importante en la memoria de los pueblos de América Latina, recordando, no solo la llegada de un presidente socialista como Salvador Allende (cuyo gobierno terminó con un golpe de Estado y la sangrienta dictadura de Pinochet), sino que también viendo con esperanza que el pueblo puede salir a luchar a las calles para buscar una vida más digna, donde es primordial estar organizados y preparados para ese momento . Pero lo anterior no ocurrirá en el corto plazo y sin represión, sino que mediante el empobrecimiento y la mano dura . Mientras tanto los sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales buscan detener las reformas que destruirán su fuerza negociadora y la legitimidad social que han construido durante años lucha.

Fortalecer la organización, la independencia de clase y la militancia popular. Desde Vida Digna compartimos algunas reflexiones sobre los resultados electorales de la primera vuelta y lo que se avecina, el papel del progresismo desde octubre 2019 hasta hoy, una evaluación crítica a los movimientos y organizaciones con vocación transformadora y también las tareas que creemos son fundamentales para fortalecer nuestros procesos de lucha y el movimiento popular, única garantía de una vida mejor. Los resultados electorales y el rol del progresismo La contundente victoria electoral de la derecha, pese a su división en cuatro candidaturas, es una nueva expresión -y no el inicio- de un periodo de retroceso del movimiento popular respecto de ciertos avances alcanzados durante el ciclo de luchas 2006-2019 , cuya contracara es la profundización de las políticas neoliberales, ahora reimpulsadas durante el actual gobierno de Boric, como fue profundizar el sistema de AFP -luego de anunciar su fin-; profundizar el control financiero en la producción de vivienda con recursos públicos -luego de anunciar más capacidades estatales y un freno a la especulación inmobiliaria-; extender el negocio de los herederos del dictador con la explotación del litio, renunciando a la creación de la empresa pública para esos fines; renunciar a la condonación del CAE en reemplazo de un nuevo modelo de financiamiento que busca resguardar el equilibrio fiscal, pero sobre todo el bienestar de los bancos; además de velar por el negocio en la salud con un perdonazo a las Isapres, y así un largo etcétera. Pero todo este camino de profundización neoliberal, luego de tomar prestadas las banderas que buscaban superar el agotado modelo de acumulación, tiene una dimensión que nos parece importante destacar, y que es tal vez el mayor daño del progresismo al movimiento popular, como también lo fue la concertación durante el retorno a la democracia: su rol desmovilizador . Porque una cosa es no tener mayoría parlamentaria para lograr cambios puntuales -excusa repetida por décadas-, pero otra muy distinta es acotar el espacio de disputa a quienes ejercen roles de representación popular, sea en el gobierno o en el Congreso, y mandar al resto para la casa, tal como ocurrió en el actual gobierno. Este rol ya había sido jugado durante noviembre de 2019, canalizando institucionalmente el conflicto social. Ambos momentos reflejan con claridad que suplantar el protagonismo popular, cuando éste toma vuelo, es la condición histórica para que el progresismo pueda gobernar, de lo contrario, quienes realmente concentran el poder, como son los empresarios, no le darían espacio al Frente Amplio. Todo esto, sólo deja a la población en una peor condición para defender sus intereses, y allana el camino al fascismo, lejos de contenerlo, cuyo surgimiento hoy se cimienta sobre el miedo que las clases dominantes tienen ante el auge de la clase trabajadora. Por todos estos elementos, creemos necesario posicionarnos críticamente frente al progresismo y no caer en su defensa ni ser el vagón de cola de su camino que ya pavimentó derrotas y retrocesos históricos, abriendo así también el camino a las ideas autoritarias y conservadoras, propias de las clases dominantes, pero que el progresismo decidió asumir como propias durante estos cuatro años de gobierno , criminalizando a sectores sociales que hace solo unos años lo llevaron a La Moneda -como ocurre con la política de desalojos masivos sin solución-. Asimismo, el progresismo fortaleció las fuerzas armadas y policías como ningún otro gobierno lo ha hecho, con más facultades y recursos, suponiendo que así se combate el crimen organizado y la crisis de seguridad, cuando en realidad su giro en esa dirección solo pavimentó un cambio en el foco que la propia población había puesto sobre las necesidades materiales , asociadas al aumento del costo de la vida, efecto del agotamiento del modelo. En este sentido, desde Vida Digna entendemos que los últimos resultados electorales son el voto de castigo de un pueblo al que le prometieron mucho, pero que no solo quedó en nada, sino que en el camino le pidieron irse a la casa a esperar una nueva Constitución y después por nuevas leyes. Y cómo esa estrategia volvió a fracasar,  el impulso impugnador se dio vuelta sobre el propio progresismo, quien pasó a ocupar el papel de guardián del modelo . Los hechos históricos recientes demuestran algo que no se debe perder de vista (por más miedo que genere un gobierno de Kast), que el progresismo y la ultra-derecha no representan dos proyectos de sociedad opuestos, sino más bien dos versiones distintas de cómo administrar la herencia neoliberal de la dictadura, uno con rostro humano y el otro con mano dura. Pero ninguno tiene una salida a la crisis .  El movimiento popular En primer lugar, creemos necesario hacer un llamado de atención sobre la debilidad de las organizaciones con vocación transformadora, y al menos relevar algunos aspectos sobre los que creemos se debe trabajar de forma urgente. Una causa común de la baja capacidad de incidir políticamente en la realidad, en sentido amplio, es la debilidad ideológica de quienes componemos los movimientos y organizaciones populares , lo cual acarrea efectos nocivos en distintas materias, como es una débil cultura militante, falta de herramientas para hacer lecturas contextualizadas de la realidad, dificultando aún más el diseño e implementación de planes de lucha y su desarrollo en el tiempo. Sin avanzar en estas materias, no tiene mucho sentido hoy poner el foco en la unidad entre las organizaciones que luchan, porque no habrá condiciones para sostenerla.  Con esto no estamos diciendo que no hay que unirse, sino que la unidad debe atender objetivos concretos, responder al ritmo de los procesos de recomposición, y no a la voracidad de los dirigentes de querer hacer crecer en número un determinado espacio, y menos aún levantar instancias de “unidad” únicamente en periodos electorales, de forma reactiva y a veces meramente instrumentalizadora. Este camino ya lo conocemos en la historia reciente y solo produce menos participación popular y desarticulación social, por lo que aún cuando prime la desesperación, no sirve como atajo a ningún lado. Y entonces, ¿qué hacer? Visto el momento que vive el país, desde el campo de los movimientos populares nuestra atención debe estar puesta no solo en recomponernos en base a desafíos que no son los mismos que hace diez años atrás, sino también en asumir un rol mucho más activo en fortalecer los espacios donde convive la población -y fomentar que estos se amplíen-, como son las juntas de vecinos, organizaciones deportivas, comités de vivienda, centros de estudiantes, sindicatos, entre muchas otras expresiones. Esto que puede parecer mantra repetido, hoy tiene otras connotaciones, porque serán estos espacios los que el fascismo buscará copar para crear esa base social con la que soñaba tanto Jaime Guzmán, donde los mismos sectores populares sean los precursores del desarme político de cualquier intento de transformación social, bajo las consignas de orden y seguridad. Esto representaría una derrota aún más profunda para quienes soñamos un mundo nuevo, porque el desafío actual no se trata solo de defender algunos avances sociales, sino de construir la fuerza social necesaria para alcanzar una vida digna. Para esto, se hace fundamental pensar la batalla ideológica como una tarea fundamental del momento político, junto al rearme de las organizaciones de base con autonomía de clase. Nuestro llamado es a salir del inmovilismo, profundizar la presencia en todo espacio social, a unirse a los movimientos populares que ya existen, disputar de todas las formas posibles las ideas conservadoras, no soltar la calle ni la organización social y hacer el llamado urgente a recuperar una cultura militante activa y que refleja lo que somos como pueblo. Lo que necesitamos en este momento son personas que militen en proyectos colectivos con perspectivas revolucionarias y, en ese sentido, que superemos los activismos y construcciones asistenciales sin perspectiva transformadora de largo plazo .  Es preciso desarrollar militancias populares comprometidas, constantes, disciplinadas y con una ética del cuidado colectivo, por ello, llamamos a quienes quieran transformar este orden injusto a que se unan a luchar por vida digna. ¡Con la fuerza de los territorios construimos comunidades organizadas para la vida digna! ¡Organizarse es comenzar a vencer! ¡Arriba los y las que luchan!

Esta mañana más de 400 pobladores marcharon por San Antonio luego de que la Corte Suprema diera 6 meses para desalojar a más de 1.000 familias que llevan 6 años años instalados en terrenos abandonados, cuyos dueños aprobaron el poblamiento y durante 4 años no ejercieron acciones, mientras el Ministerio de Vivienda se limita a observar cómo el derecho de propiedad se impone sobre la vida. Sentencia de la Corte Suprema (noviembre 2025) Los pobladores protestaron contra la reciente sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección de la Inmobiliaria Bellavista S.A. y Agrícola Alto Miramar Ltda, ordenando el desalojo de las más de 1.000 familias que desde fines de 2019 poblan terrenos que durante años estuvieron abandonados y usados como basural. Esta decisión del máximo tribunal del país revocó lo que había decidido previamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que las empresas apelaran la decisión que falló en su contra. Sentencia de la Corte de Apelaciones (agosto 2025) Previamente, en agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había rechazado el recurso de protección de las empresas dueñas de los terrenos, argumentando que la acción resultaba extemporánea por no haber actuado luego de cuatro años haberse enterado de la toma, mientras el recurso de protección debe interponerse máximo 30 días desde ocurrido o informado el acto. A lo anterior, la Corte agregó que "de los propios títulos de dominio acompañados por las actoras, singularizados a fojas 8.846 Nº 4.576 del año 2004 y a fojas 2.480 Nº 1.354 del año 1999, se desprenden múltiples subinscripciones que dan cuenta de transferencias, ventas y expropiaciones parciales de los lotes originales" , por lo cual no existía certeza de los deslindes y el dominio sobre los terrenos , cuya claridad no corresponde aclararse en el marco de una medida cautelar. Corrupción en el Poder Judicial Desde hace dos años se destapó una olla de corrupción al interior del Poder Judicial a partir del caso Hermosilla , y que lejos de enfriarse, no ha dejado de hervir, saliendo cada tanto una nueva arista relacionada a nombramientos de jueces a trato y fallos arreglados, y que ha tocado a casos judiciales de alta relevancia pública. Ante este escenario, durante la manifestación los pobladores del Campamento de Placilla señalaron que "tenemos la convicción de que las políticas de vivienda se deben actualizar. Nuestra resistencia es humanitaria por la vivienda, y hoy enfrentamos al gobierno de los desalojos y también a una justicia corrupta. No vamos a tolerar que destruyan las casas de nuestras familias, vamos a resistir y exigir la radicación" . Sin respuesta del Ministerio de Vivienda Las familias ya se habían movilizado el pasado jueves 6 de noviembre, formando una larga marcha que llegó hasta las oficinas del SERVIU y la Delegación Presidencial de San Antonio  para exigir una solución definitiva a la necesidad habitacional, sin alcanzar hasta hoy soluciones, pese a que forman parte del catastro del  Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda . Imagen del Campamento de Placilla. Fuente: MINVU Según datos del MINVU, los 256 campamentos que existían en la Región de Valparaíso en 2022 aumentaron a 374 en 2024 , lo que representa un aumento de un 46%, en una línea completamente contraria a la promesa de solución planteada en el Plan de Emergencia Habitacional, aprobado a fines de 2021 e impulsado desde el inicio del actual gobierno de Boric. Lee acá " Campamento de Placilla se moviliza para radicarse en terreno abandonado durante décadas"

Ante tanta información falsa que circula y busca negar la expropiación como una vía para solucionar la crisis habitacional, en el Pincoyazo te presentamos un resumen de cómo funcionan las reglas del juego que obligan al Estado a pagar el valor comercial del terreno. Hace unos días el gobierno anunció  que expropiará 110 hectáreas de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio, bajo el argumento de que se trata de una excepción por el hecho de que resulta materialmente imposible desalojar a 10 mil personas.   En este escenario, los medios hegemónicos han llenado su tribuna con voces que recriminan la expropiación como vía de solución, muchas veces difundiendo mentiras. Por eso es que desde el Pincoyazo decidimos poner la pelota al piso y comenzar por entender cómo funciona la expropiación, qué situaciones la justifican legalmente y cómo es el procedimiento.     ¿Qué significa expropiar un terreno hoy en Chile?   En primer lugar, es importante partir aclarando que la expropiación en Chile no consiste en quitar un terreno así nomás, sino que es un mecanismo que permite al Estado obligar al dueño a venderlo a un precio determinado por una tasación comercial.  O sea, siempre se paga por el terreno, y el precio lo definen tasadores y no el Estado.     ¿Qué leyes rigen las expropiaciones?   La ley de mayor rango en Chile es la Constitución Política de 1980 , creada en dictadura y aún vigente, la que establece el derecho de propiedad y las limitaciones al mismo, especificando bajo qué condiciones alguien puede verse obligado a vender su propiedad en función de una utilidad pública o interés social, o sea, a ser expropiado.   Para hacer efectivo este mandato general de la Constitución, existe el Decreto Ley 2.186 de 1978 , que define el procedimiento de las expropiaciones cualquiera sea la ley que la autorice y la institución que la aplique.   Por otro lado, la Ley 16.391 de 1965 que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, especifica algunos alcances, como su facultad para expropiar bajo ciertas condiciones y también acciones que debe aplicar el organismo.   A continuación, te presentamos lo más importante de cada una de estas leyes para tener un panorama más claro sobre cómo opera la expropiación de terrenos en Chile con fines de utilidad pública o interés social:    ¿Qué dice la Constitución Política de 1980?   - Artículo 19, numeral 21: “ Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad (…) sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional ,  calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.       A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.       La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión ”.     ¿Qué dice el Decreto Ley 2.186?   El DL 2.186 de 1978 aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, y aterriza la forma en que se aplica lo que dice la Constitución:   - Una vez que se inicie el estudio de expropiación, esta ley dice que el terreno no podrá ser objeto de transacciones comerciales ni de contratos que pudieran afectar la expropiación que el Estado evalúa realizar.   - En el proceso de estudio del terreno, el dueño no puede impedir al Estado acceder a información del mismo con el fin de trabar el procedimiento . Si lo hiciera, el Estado puede pedir el auxilio de la fuerza pública para obligarlo, allanar y descerrajar si fuera necesario.   - La entidad expropiante, en este caso el MINVU, determinará una comisión que deberá definir el monto de la indemnización por el terreno , en la cual no podrán participar profesionales del ministerio.   - Una vez publicado el decreto expropiatorio, el dueño del terreno tendrá 30 días de plazo para reclamarlo ante el juez , pudiendo pedir que se rechace, si lo justifica como inexpropiable; pidiendo que se expropie todo el terreno si es que la parte no expropiada no puede explotarse por sí sola; que se expropie otra porción del terreno distinta; o reclamar el monto de la indemnización.   - Si el Tribunal accede a alguna de las últimas tres reclamaciones del párrafo anterior, el MINVU -en este caso- deberá ajustar el decreto en un plazo de 90 días  incluyendo lo señalado o deberá poner fin a la expropiación.   - El juicio se tramita sin que se paralice la expropiación una vez que el expropiante (MINVU) pague el monto provisional definido , salvo que el juez de manera justificada así lo determine.   - Por otro lado, el MINVU puede desistir de la expropiación de forma unilateral, y para eso tiene de plazo hasta 30 días después de que el Tribunal determina el precio definitivo de la indemnización .     ¿Qué dice la Ley 16.391?   En materia de expropiaciones de terrenos para fines de vivienda y urbanización en sentido amplio, el MINVU debe aplicar lo establecido en la Ley 16.391 de 1965  que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y cuyos principales puntos a continuación se detallan:   - Los inmuebles que sean necesarios para los programas de remodelaciones e infraestructura que apruebe el MINVU, son de utilidad pública , por tanto, siguiendo lo que dice la Constitución, son expropiables.   - Son de utilidad pública -y por tanto expropiables- todos los terrenos que sean indispensables para ejecutar los programas  de construcción, alteración o reparación de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones del MINVU, incluyendo los inmuebles destinados a zonas de áreas verdes y parques industriales contempladas en los Planes Reguladores.   - Estos programas deberán ser aprobados por decretos supremos , que deberán ser publicados en el Diario Oficial”.   - Las expropiaciones se ordenarán mediante resolución  de los directores de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU), o previo informe favorable  de la División de Desarrollo Urbano (DDU) o de los SEREMI de Vivienda y Urbanismo.   - La tasación del terreno queda a cargo de una comisión creada por el MINVU y para los efectos de las expropiaciones que efectúe directamente el MINVU, el monto de la indemnización que se convenga con los interesados podrá ser reclamada.