Buscar

El CAE es todo lo contrario a un derecho social, porque es un mecanismo para que los bancos se apropien del sueldo de los futuros trabajadores, en lo que sea que trabajen, y también para apropiarse de recursos públicos a través del pago de las garantías. Hoy los medios hablan mucho de los deudores y del famoso déficit fiscal, pero no dicen nada de quienes se benefician realmente.     El garrote del gobierno   Según datos de la Tesorería General de la República (TGR), hay 550.000 deudores del CAE   que se encuentran morosos  (no pagaron cuando debían).   De ese total, 1.800 personas (0,3%) tienen un sueldo bruto mensual superior a $5 millones, y otras 70.000 (12%) un sueldo mayor a $1,5 millones. Sobre este universo es que el gobierno decidió concentrar su ofensiva para exigir los cobros vía judicial.   Sobre la gran mayoría de deudores (88% del total), el gobierno anunció que serían notificados vía correo electrónico con una medida prejudicial para pedir que regularicen sus pagos, pero sin una definición de judicializar aún, por lo que no existirá una obligación de pago hoy, pero no porque legalmente no puedan hacerlo, sino por el costo político que eso podría involucrar (conflicto social).   Para quienes tienen un sueldo mayor a $5 millones, se inicia una acción judicial inmediata para ejecutar el pago de la deuda, y para quienes reciben un sueldo mayor a $1,5 millones y menor a $5 millones, una notificación para firmar un convenio de pago  bajo condiciones que incluyen un pie de un 10%, 15% o 20% del total de la deuda, más una cuota mensual por el 10% del saldo, dependiendo de la cantidad de cuotas que se definan.     Los efectos de la medida: ¿recaudar o disciplinar?   El ministro Quiroz ha dicho que la medida busca recaudar dinero, pero, ¿de qué depende cuánto logre recaudar?   De lograr los pagos de los 70.000 deudores que tienen un sueldo mayor a $1,5 millones (que son un 12% del total), se recaudarían hasta $738.000 millones, pero recién en decenas de años, por tanto, no es una vía que de forma directa esté ni cerca de resolver el problema del gasto público destinado a pagar el CAE , que es el principal argumento del gobierno para impulsar la ofensiva de cobros.   Este dato no es algo que se le escape al ministro neoliberal, más bien da luces de que los efectos que se buscan no son solo de recaudación sobre ese segmento, sino más importante aún, el disciplinamiento del resto de los deudores a través de la amenaza de que les caiga encima una demanda del Estado que pueda involucrar descuentos por planilla o embargos. Esta lógica fue la que expuso Quiroz hace unos días en un foro de la SOFOFA, resaltando que solo con el anuncio de cobros a los deudores, sin que todavía se concretaran, habían aumentado las personas que cada día firmaban un convenio de pago de su deuda.   El diseño político del CAE a la medida de los bancos   El principal problema del CAE  es que al Estado le sale cada vez más caro pagar las garantías de las deudas, y no solo porque un gran porcentaje no paga, por los motivos que sean, sino también porque las condiciones de pago (recompra, intereses, etc.) son absurdamente favorables a los bancos, inflando el valor total de la deuda.   Cuando alguien no paga la deuda, el banco cobra la garantía al Estado, quien paga a través de una recompra de la deuda , traspasando más dinero, además de pagar a la banca un subsidio a la tasa de interés  que es del 6% respecto del total de la deuda, para que esta quede en 2% para los deudores que sí pagan. Junto a esto, el Estado cubre también el diferencial de la cuota  de pago cuando esta supera el 10% del salario.   Según datos de la Fundación Sol, entre 2006 y 2023 el Estado ha pagado a los bancos $1,4 billones de pesos solo por sobreprecio de las deudas , por efecto de haber recomprado el 59% de los créditos emitidos. En ese periodo el Estado traspasó a los bancos un total de $5,8 billones de pesos por concepto de CAE.   Estas cifras demuestran que el problema de fondo con el CAE es haber metido a la banca en el financiamiento de la educación superior , porque amarra a las personas a una deuda por décadas, sin necesariamente existir condiciones materiales para sostenerla, porque la liberalización de la oferta educativa (carreras) no conversa con los tipos de trabajos que requiere la economía chilena, de baja calificación y bajos salarios, que es el problema mayor. Lee acá ¿Cómo funciona el cobro del CAE que Kast busca endurecer con descuentos por planilla? Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas

De aprobarse los dos proyectos ingresados al Congreso, las policías podrán revisar la ropa de los estudiantes y los colegios sus mochilas, junto con prohibir el uso de objetos que oculten el rostro y de cualquier vestimenta que a juicio de ellos promuevan conductas contrarias a la ley. También se castigará la interrupción de las clases y se impedirá el acceso a la gratuidad a quienes sean condenados por algún delito.     El detonante: una tragedia para manipular El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama a manos de un estudiante adherente a ideas fascistas, fue el hecho que usó el gobierno de Kast para dar un punto de giro en la agenda comunicacional que lo mantenía ahogado de críticas por el anuncio de un recorte del 3% al presupuesto en todos los ministerios del país, y que en Educación equivale a $524.000 millones de pesos. Tras ese asesinato, los medios hegemónicos comenzaron a difundir de manera irresponsable anuncios de nuevos ataques en distintos colegios del país, amplificando el miedo dentro de las comunidades educativas, incluyendo los sostenedores, que en algunos casos anunciaron la suspensión de clases. Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para el gobierno, quien aún no ha explicado las áreas que se verán afectadas por el millonario recorte, permitiéndole cambiar el foco de atención del debate, y llevárselo donde más le gusta a la ultraderecha, como es generar miedo y la necesidad de más represión, sin atender el problema de fondo, que es la salud mental deteriorada de las comunidades educativas.   La noticia: una agenda represiva La mañana de este martes 7 de abril, el gobierno de Kast envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan impulsar una serie de medidas represivas sobre las y los estudiantes del país, luego de una serie de eventos de violencia escolar que se han relevado en los medios de comunicación durante los últimos días.   1) Proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales - Establece nuevas agravantes con mayores penas a quienes cometan delitos sobre cualquier persona que integre la comunidad educativa , dentro o fuera del establecimiento, incluyendo actividades extracurriculares y el transporte público, incluyendo delitos contra la propiedad en el interior del establecimiento educacional.   Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación     2) Proyecto de Ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa - Permitir la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personal de los estudiantes.  Esta facultad deberá primero ser incorporada en el reglamento interno del establecimiento educacional, junto con el procedimiento que se seguirá para su ejecución.   - Permitir a la policía revisar las vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes , a través de un cambio al Código Procesal Penal, para lo cual bastará que el personal del establecimiento lo pida a partir de la simple sospecha de que se podría cometer algún delito.   - Obligar a los sostenedores a prohibir el uso de vestimentas que impidan la identificación facial y prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.   - Castigar la interrupción total o parcial de las clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar.   - Impide el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos  que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.   -  Permitir a los profesores tomar más medidas disciplinarias , sin detallar qué tipo de medidas, las cuales dependerán del reglamento interno del establecimiento.   Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación   Trámite de los proyectos de ley Los proyectos de ley en Chile deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado (poder legislativo). Para eso, pueden ingresar si trámite por cualquiera de las dos cámaras, donde son debatidos en las comisiones relacionadas al tema, y luego sometidas a votación en la sala (donde votan todos los diputados o senadores, dependiendo). En el caso de estos proyectos, el primero se comenzará a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y el segundo en la Comisión de Educación de la misma cámara. En el caso de que alguna de las dos cámaras apruebe algo distinto de lo aprobado inicialmente en la otra cámara, se constituye una comisión mixta con parlamentarios de ambas cámaras, quienes deben resolver diferencias. Por otro lado, es el presidente (Kast) quien define qué proyectos se tramitan en cada cámara, en base a los grados de urgencia que define para cada proyecto. En el caso de estos proyectos descritos, ambos tienen suma urgencia, por lo cual deberían ser resueltos en las próximas semanas si no existieran grandes diferencias, en un contexto de una oposición que es minoría, que está dividida y que, peor aún, hace años que se vistió de su oponente para defender las medidas represivas.   Posibles efectos de las leyes represivas En caso de ser aprobada, esta ley podría generar efectos en distintas direcciones. Por un lado, y de manera inmediata, transforma a los colegios en establecimientos carcelarios, donde se presume que las y los estudiantes son delincuentes, construyendo un ambiente hostil  que no es acorde al desarrollo de procesos educativos. Por otro lado, es muy posible que genere una alta derivación de conflictos hacia la Superintendencia de Educación (a través de denuncias)   y su posterior judicialización , por el hecho de que ante cada caso donde no exista acuerdo entre las partes ante cualquier controversia, el conflicto será derivado a la superintendencia y, en caso de no surgir acuerdo, a tribunales, generando una mayor carga sobre estas instituciones. En otras palabras, lejos de buscar resolver el problema de fondo como es la deteriorada salud mental de las comunidades educativas y del conjunto de la población, la mano dura generará más conflicto y desconfianza, extendiendo el problema en el tiempo, volviéndose ineficiente para el clima educacional -como ya lo demostró Aula Segura-, pero muy útil para el gobierno que busca concentrar la atención en un marco de seguridad, donde todo se enfrenta con represión. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Estudiantes denuncian baja dotación de profesoras/es y asistentes de la educación junto con problemas de infraestructura y falta de insumos básicos de higiene y seguridad. Ayer los docentes hicieron un paro por sueldos impagos y otros problemas que dan cuenta de la crisis de la educación pública en medio del anuncio de recortes del gobierno de Kast. Este miércoles 01 de abril las y los estudiantes del Liceo Multigénero Dra. Eloísa Díaz de Independencia se fueron a paro ante una serie de problemáticas que arrastran desde hace tiempo, y que el lunes 30 de marzo hicieron saber al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Independencia, sostenedor del establecimiento. Previamente, el martes 31 de marzo, el cuerpo docente realizó un paro por sueldos impagos de trabajadoras/es del Programa de Integración Escolar (PIE), baja dotación de profes y asistentes, lo cual genera sobrecarga laboral y problemas de salud mental, junto a problemas de infraestructura y ausencia de insumos básicos para los procesos educativos y también de higiene y seguridad dentro del establecimiento. El paro docente de ayer encontró una visita de la DAEM de Independencia, que si bien no trajo soluciones concretas, presionó al profesorado a deponer el paro ante los descuentos salariales que involucraría extenderlo. Ante este escenario, el estamento estudiantil solidarizó, al verse también directamente afectado por estos problemas que solo expresan la crisis de la educación pública en Chile. A continuación, reproducimos íntegramente la carta del Centro de Estudiantes Voces de Cambio: Carta al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)   Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes de parte del Centro de Estudiantes “Voces de Cambio” y comunidad educativa del Liceo Multigénero Dra. Eloisa Díaz Insunza. En particular, se ha evidenciado una falta significativa de personal, lo que ha repercutido directamente en la sobrecarga laboral de los funcionarios existentes y en la calidad del proceso educativo. Asimismo, se ha constatado una escasez de suministros básicos , tales como insumos de higiene en baños y material para asistentes de limpieza, como calzado, ropa adecuada o implementos básicos de aseo para resguardar su seguridad laboral. Falta de personal necesario para el funcionamiento y seguridad de la jornada de la tarde , además se requiere personal en el tercer piso, por resguardo de salud mental para nuestra comunidad, dado que el 3er piso es genesis para situaciones que atentan en contra de la integridad de las los les estudiantes y asistentes de la institución. Estas condiciones críticas afectan directamente a la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes, y asimismo la calidad de educación que se imparte dentro del establecimiento a falta de; docentes, profesores volante, asistentes en educación básica, inspectores de patio y asistentes PIE,  por que repercute directamente en el desarrollo de estudiantes diferenciales y en la falta de contención, desatando así situaciones que violentan a los mínimos asistentes presentes en la jornada escolar. Actualmente no contamos con materiales esenciales para la atención y resguardo para la comunidad tales como gasas, toallitas higiénicas, torulas de gasa, compresas frías, suero fisiológico, termometro, alcohol, alcohol gel, tegaderm, gel antica derm, pilas para el saturometro AA y AAA, entre otros elementos fundamentales. La falta de estos suministros pone en riesgo el bienestar de estudiantes y funcionarios al no poder responder de manera oportuna ante emergencias o necesidades básicas de salud.   Por lo anteriormente expuesto, solicitamos una respuesta formal a la brevedad, en la que se informen las causas de estas problemáticas y las medidas concretas que se adoptarán para su solución.   Esperando una pronta respuesta, se despide atentamente: Centro de estudiantes Voces De Cambio. Liceo Multigenero Dra. Eloisa Diaz Insunza. Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas

Las principales beneficiadas son las grandes mineras, pero en total, solo entre 2023 y 2024 por devolución del impuesto al diésel las empresas en Chile recuperaron más de $1 billón de pesos, que equivale a todo el recorte que Kast pretende hacer a los ministerios de Educación y Salud. El beneficio tributario a las empresas   Durante muchos años, empresas mineras, agrícolas, energéticas y de la construcción, entre otras, han tenido un beneficio donde el Estado les devuelve el 100% del gasto que tienen por impuesto al diésel para sus operaciones , siempre que no sean de transporte de carga. Entre 2023 y 2024, el Estado dejó de recaudar $1 billón de pesos que fueron devueltos a las empresas, siendo la gran minería la principal beneficiada. Esta cifra equivale a los recortes que el gobierno pretende hacer en Educación y Salud para 2026.   Esto demuestra que en Chile sí hay plata, a diferencia de lo que dice el gobierno de Kast, pero el problema es que se traspasa a la empresa privada, a través de distintos tipos de incentivos que solo aseguran sus ganancias (beneficios tributarios, subsidios, etc.).     Medidas para palear las alzas de la bencina   El jueves 26 de marzo el Congreso aprobó las medidas propuestas por el gobierno para congelar el precio de la parafina y del transporte público en Santiago por todo el 2026, y entregar un bono de $100.000 para propietarios de taxis y colectivos y transporte escolar por hasta seis meses.   Para financiar esta medida, el mismo proyecto de ley contenía un cambio al beneficio de devolución de impuestos al diésel para las industrias antes descritas. De esa forma, en vez de recuperar el 100% del impuesto al diésel para sus operaciones, estas empresas lo recuperarán parcialmente durante seis meses, según el siguiente escalafón de acuerdo a sus volúmenes de venta anual:   - Ingreso anual de hasta 2.400 UF = recupera hasta 80% - Ingreso anual de entre 2.400 a 6.000 UF = recupera 70% - Ingreso anual de entre 6.000 y 20.000 UF = recupera 52,5% - Ingreso anual mayor a 20.000 UF = recupera 31%   De esta forma, el gobierno pretende recaudar cerca de $120.000 millones de pesos para cubrir las medidas anunciadas. Es importante también precisar que la menor cantidad de dinero que las empresas podrán recuperar por impuesto al combustible será solo durante seis meses.   Según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la gran empresa sería la principal fuente de recaudación de esta medida, concentrando más del 90% de los cerca de $120.000 millones de pesos que se buscan recaudar para financiar las medidas.     El llanto de la gran minería   Con la medida aprobada en el Congreso, la gran minería pasará de recuperar el 100% del impuesto específico al diésel al 31% -solo por seis meses-. A pesar de sus millonarias ganancias, sus representantes -agrupados en el Consejo Minero- pegaron el grito en el cielo, reclamando que serán ellos quienes asuman el 74% de los $120.000 millones que se buscan recaudar, con lo cual perderían competitividad.   Solo entre cuatro de las principales empresas del gremio como son BHP, Antofagasta Minerals, Lundin Mining y Soquimic, acumularon $10 billones de pesos, lo que equivale a ocho veces el recorte que el gobierno pretende hacer a los ministerios de Educación, Vivienda y Salud juntos.   Ganancias de 3 grupos mineros 2025:   - BHP $6.200 millones de dólares - Antofagasta Minerals $3.150 millones de dólares - Lundin Mining $1.283 millones de dólares - SQM  $588 millones de dólares     La incoherencia del gobierno de reducir impuestos a la gran empresa   Esta medida si bien no dejó feliz a muchas industrias, deja en evidencia algo más profundo y relevante, que es el hecho de que en este escenario de aumento del costo de la vida no es coherente pretender bajar el impuesto a la gran empresa del 27% a 23% , porque se traducirá en todavía menos ingresos públicos para los próximos años , cuyo efecto será un menor gasto social y por ende, un mayor empobrecimiento, ¿y para qué? para asegurar las ganancias del gran capital. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá $200.000 millones de recortes anunciados en el MINVU son 4.000 viviendas menos Lee acá $517.000 millones de recorte al MINSAL equivale a 7 años del Plan Nacional del Cáncer

El anuncio consiste en limitar la gratuidad solo a estudiantes menores de 30 años, frenar la expansión hacia nuevos deciles de ingreso e impedir que nuevas universidades entren al sistema. Estas medidas forman parte de una primera ofensiva anti pueblo del nuevo gobierno, y si no encuentran resistencia en el movimiento estudiantil, serán solo el comienzo de nuevas ofensivas empobrecedoras. El recorte a la gratuidad universitaria   A dos días de iniciar su gobierno, Kast anunció una serie de medidas que apuntan a recortar el gasto público y dar mayores beneficios a la empresa privada para fomentar la inversión promoviendo mayores ganancias:   - Limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años.   - Frenar la expansión de la gratuidad a nuevos deciles de ingresos.   - Congelar el ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad.   Estas medidas forman parte de una primera ofensiva anti pueblo del nuevo gobierno, y si no encuentran resistencia en el movimiento estudiantil, serán solo el comienzo de nuevas ofensivas empobrecedoras. Cabe tener presente que estas medidas provienen de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, creada por el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Boric (ver propuestas 1, 2 y 3 del Informe Final ), y con las cuales se espera recortar un total de $592.000 millones de pesos al largo plazo. Según el informe, limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar la expansión del financiamiento son medidas que requieren la aprobación del Congreso, mientras que la reducción del gasto hacia nuevos deciles solo requiere una decisión del gobierno. El origen de la gratuidad universitaria   La gratuidad no nació porque los gobiernos fueran buena onda. Surgió como una respuesta del Estado ante el ciclo de movilizaciones 2011-2014, donde el movimiento estudiantil impugnó el sistema diseñado para fomentar la ganancia empresarial, exigiendo acceso gratuito y universal a la educación superior.   Si bien la gratuidad universitaria no desmontó el mercado de la educación, ya que consistió en traspasar recursos públicos a las empresas universitarias, sí permitió masificar el acceso a la educación superior de una porción importante de sectores populares que sin ella, no podrían acceder a la educación superior.   Inicialmente, cubrió el acceso del 40% más pobre de la población, según la Ficha de Protección Social (actual Registro Social de hogares), para luego ser extendida hasta el 60% más pobre.   Pero, ¿por qué la gratuidad nunca fue universal y cubrió a solo a una parte de la población?     La focalización de recursos como un pilar del modelo neoliberal   Durante la dictadura, cuando se instaló el modelo neoliberal en los años 80s, se redujo de forma abismante el gasto que hace el Estado para asegurar las necesidades básicas de la población, como salud, vivienda, pensiones y educación.   Esa reducción del gasto público se diseñó en base al principio de subsidiariedad, que consiste en que el Estado financia (vía subsidios) solo a los sectores más pobres que no pueden resolver sus necesidades en el mercado. Esto genera distorsiones, ya que muchas familias que no tienen dinero para cubrir sus necesidades quedan fuera de la cobertura estatal (que el gobierno llama “beneficios”), y se ven obligados a endeudarse justamente por efecto de esta reducción del gasto público.   Para hacer esto posible, desde los años 80s se han creado distintos instrumentos para medir la pobreza y categorizar a las familias en base a su capacidad de consumo. Hoy, este instrumento se llama Registro Social de Hogares.     Los centros de pensamiento de Kast contra la gratuidad   Los centros de pensamiento neoliberales que se alinean detrás de Kast no creen en la gratuidad universitaria como medio de acceso a la educación superior. Sí creen en volver al diseño original de la dictadura, basado en la idea de que el acceso al conocimiento dependa del bolsillo de las familias y no del interés académico ni la meritocracia, aunque hablen mucho de ella y solo sea un mito.   Desde algunos centros de pensamiento neoliberales, como Acción Educar   -de la cual el nuevo subsecretario de Educación del Mineduc, Daniel Rodríguez, era su director ejecutivo-, plantean que la gratuidad debe ser eliminada porque sale muy cara para el Estado, proponiendo en reemplazo un mix de copago, becas y créditos en base a los ingresos de las familias. O sea, que cada uno se salve como pueda. Lee acá   Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

30 mil estudiantes de colegios y universidades marcharon por Santiago para alzar su voz contra la agenda empobrecedora del gobierno de ultraderecha cuyo recorte de recursos profundizaría la crisis de la educación en todos sus niveles. ¿Cuánto logrará desmantelar el nuevo gobierno? ¿Será capaz el movimiento estudiantil de recomponer la fuerza suficiente para defender sus intereses? La mañana del martes el centro de la ciudad fue copado por cerca de 30 mil estudiantes secundarios y universitarios que se movilizaron desde distintos puntos de Santiago para buscar frenar el recorte de recursos en educación anunciado por el gobierno de $524.000 millones de pesos. Desde el Parque Almagro salió una columna de miles de secundarias y secundarios convocados por varios centros de estudiantes de distintos liceos de Santiago, mientras que por otro lado, otros miles se concentraron en el ex Congreso convocados por la ACES, la Red Solidaria de Estudiantes y la Confech. Ambas convocatorias se unieron en torno al metro Santa Ana sin llegar al ex Congreso, para luego salir a la Alameda en dirección a Plaza Dignidad, donde entre cada tanto, debieron enfrentar la represión de carabineros que continuamente buscó dispersar la marcha. Las causas de la movilización El gobierno de Kast anunció el recorte de $524.000 millones de pesos al Ministerio de Educación como parte de su política de shock neoliberal que también pretende recortar un 3% del presupuesto de todos los ministerios. El recorte equivale a las raciones de alimento por un año vía JUNAEB de un millón de estudiantes, o a un cuarto del gasto en personal de todos los SLEP del país durante un año. Esto quiere decir que sea por donde sea que el gobierno pretenda recortar, va a profundizar el desmantelamiento de la educación pública. Muchos colegios y liceos actualmente tienen problemas de falta de profesores, condiciones insalubres, problemas de infraestructura y también falta de insumos básicos para desarrollar los procesos educativos, por eso no es posible el silencio ante la idea de seguir empobreciendo la educación de la juventud popular. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá: Kast anuncia recorte a la gratuidad universitaria El origen de la educación neoliberal Luego de desarticular cualquier capacidad de resistencia, la dictadura inició el desmantelamiento del Estado Desarrollista, donde la educación ocupó un lugar importante en el modelo económico de industrialización orientada al consumo interno que hasta 1973 tenía el país, y que requería de trabajadores calificados para la producción industrial.  Tras eso, se privatizó la educación creando colegios privados que se sostienen con recursos públicos, traspasando la matrícula de colegios públicos hacia otros de tipo subvencionado que son controlados por congregaciones religiosas y empresas. Paralelamente, los colegios públicos que se mantuvieron se repartieron a la administración de los municipios, de acuerdo a la comuna en que se ubicaba cada uno, eliminando la gestión pública centralizada en el Ministerio de Educación, lo que hizo que los colegios ubicados en comunas pobres (la mayoría) fuera abandonado a la falta de financiamiento municipal. Lee acá Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Si bien la guerra detona el alza del petróleo, la causa de traspasar esos costos a la clase trabajadora es cuidar la ganancia de la gran empresa, a quienes se les busca rebajar los impuestos mientras se reduce el gasto público en miles de millones bajo el relato de la "emergencia". Acá te explicamos cómo funciona el mercado del combustible y el mecanismo que conteniene las alzas al que Kast dejará de destinar recursos. La noche del martes 23 de marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el gobierno dejará de destinar recursos al Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (MEPCO). De esa forma, se traspasará toda el alza del precio del petróleo a los consumidores finales, subiendo la gasolina en $370 y el diésel en $580 desde este jueves 25 de marzo , de un solo golpe. ¿Cómo afecta esta nueva alza?, ¿afecta a quienes no tienen automóvil?, ¿cómo funciona el mercado del combustible? y ¿quiénes lo controlan? Estas son las preguntas que a continuación buscaremos desarrollar. Aumento del costo de la vida Lo primero a tener claro es que esta alza no solo afecta a quienes usan automóvil, sino que a todos quienes vivimos en Chile, pero no a todos de la misma forma. Al subir el petróleo y sus derivados, suben todos los productos que requieren transporte de carga para ser producidos o distribuidos, lo que genera un alza generalizada de precios (inflación), o sea, un aumento general del costo de la vida que termina siendo mayor que la alza por sí sola, ya que lo único que no suben son los salarios. Esta alza se suma a una seguidilla de alzas en otras materias que han generado efectos similares, pero no tan de golpe, como ha sido los continuos aumentos en el precio de la luz, lo cual ha derivado en aumentos en el precio de los alimentos. Etapas de la producción de combustibles En la industria de los combustibles, se pueden identificar las siguientes etapas de producción: 1) extracción; 2) refinación; 3) distribución mayorista, que abarca el abastecimiento y transporte hacia grandes clientes y también a distribuidores minoristas; y 4) distribución minorista, que son quienes venden al consumidor final y por tanto, a quienes solemos identificar. Este mercado de distribución minorista está concentrado en tres empresas que también concentran una porción importante de la distribución mayorista: Copec, Enex y Aramco. Copec: pertenece al grupo Angelini a través de Empresas Copec, controla cerca del 59% del mercado, posee 700 estaciones de servicio en el país. Solo en 2025 tuvo ganancias por $780.000 millones de pesos. Enex (licencias de Shell): pertenece al grupo Luksic a través de Quiñenzo, controla cerca del 25% del mercado, posee 450 estaciones de servicio en el país, y solo en 2025 tuvo ganancias por $500.000 millones de pesos.   Aramco:  es la empresa petrolera más grande del mundo que pertenece a Arabia Saudita (monarquía). Llegó a Chile en 2023, comprando las estaciones de Petrobras, controlando el 14% del mercado con 180 estaciones de servicio a lo largo del país, y solo en 2025 tuvo ganancias por $84 billones de pesos (a nivel mundial).   Uso de los combustibles En Chile, la gasolina (en sus distintas variantes) es usada sólo por el sector transporte, principalmente terrestre, mientras que el diésel  tiene diversos usos en el sector industrial, comercial, generación eléctrica y transporte terrestre, marítimo y ferroviario.   ¿Cómo funciona el MEPCO? Hasta ahora, ante alzas mayores a $7 a la semana en los combustibles para uso de transporte, el Estado inyectaba recursos a través del MEPCO, o más bien, dejaba de recaudar impuestos, porque al subir el precio del petróleo, se bajaba el impuesto específico a sus derivados (combustibles y diésel) , y se fijaba un precio por una cantidad determinada de semanas donde el Estado aseguraba la estabilidad del precio (entre 4 y 21 semanas). De esta forma, ante la dependencia de las fuentes de energía fósiles como el petróleo, los precios se contenían con cargo fiscal, no es que se evitara el alza. En esta fórmula, los principales beneficiados han sido las empresas de transporte de carga , quienes además de pagar un precio mucho menos en comparación a cualquier persona, tienen el beneficio de luego pedir devoluciones del impuesto específico. Con la medida de Kast, serán los consumidores finales quienes cargarán por completo con el alza de los precios, no las empresas distribuidoras a nivel mayorista ni minorista , quienes se refugian justamente traspasando los precios al consumidor final, aun cuando estas gocen de buena salud, con millonarias ganancias cada año. Si bien la guerra detona el alza del precio del petróleo, traspasar esos costos a la clase trabajadora no es algo inevitable ni la única opción. Esta medida deja en evidencia que el objetivo es cuidar la ganancia de la gran empresa, a quienes se les busca rebajar los impuestos mientras se reduce el gasto público en miles de millones bajo el relato de la "emergencia", que busca que las población acepte medidas extraordinarias bajo esa justificación.

Por Diego Martínez, abogado. El gobierno de Kast ha anunciado que endurecerá las medidas para cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Y uno de estos mecanismos sería mediante descuentos por planilla, junto con publicar el nombre de los deudores. Una medida que afectará directamente al bolsillo de las familias trabajadoras. Ante eso cabe preguntarse, ¿cómo funciona hoy el cobro del CAE?   Actualmente si no pagas el CAE, los bancos asignan sus causas a estudios jurídicos para demandar a miles de deudores. Si por esa vía no consiguen el pago de la deuda, hacen efectiva la garantía del Estado, pasando este a ser el deudor. En definitiva, el banco no pierde, y el gasto que solo aumenta con los intereses se reparte entre el Estado y las familias.   Según datos de la Comisión Ingresa, hasta 2024 había 966 mil personas en etapa de pago del CAE, de los cuales 754 mil eran egresados y 212 mil desertores  de la carrera por la que se endeudaron.   Asimismo, según la Fundación Sol, entre 2006 y 2023, el Estado ha comprado 2.163.598 créditos a los bancos, equivalentes a $5,78 billones de pesos , lo que equivale al total de la deuda que existe por CAE en todos esos años, gracias a la recompra de créditos con recargo a la banca, quien está feliz con este mecanismo.     Las herramientas actuales   El único mecanismo legal que ha utilizado el Estado hasta ahora para cobrar la deuda es la retención de la devolución del impuesto a la renta para los trabajadores que emiten boletas de honorarios.   Generalmente son los bancos los que demandan, el Estado no lo hace probablemente por el costo que esto significaría, pero nada impide que esto pueda comenzar a ocurrir, tal como lo anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien instruyó a la Tesorería a poner en marcha juicios ejecutivos de cobro que se podría materializar en embargos para aquellos beneficiados de cada que tengan un sueldo bruto de $1.500.000 mensuales, a quien Quiroz tilda de “ricos”.   Lo importante a tener en consideración acá es que no se requiere de una ley nueva para ejecutar los cobros, basta con que Tesorería tome un rol más activo y comience a demandar a los deudores. Esto deja en evidencia que bastaba un cambio de la línea política de quienes estén en gobierno para que el estado tome un rol más activo en el cobro del CAE.     La amenaza de Kast: cobros por planilla para trabajadores dependientes   Este posible nuevo mecanismo de descuentos por planilla, que requiere aprobación del Congreso, sería aplicable a quienes egresaron con CAE y estén trabajando de forma dependiente  (con contrato), aun cuando no trabajen en lo que estudiaron, ya que la crisis del sistema de educación superior muestra mucha oferta de carreras y poca demanda laboral en ellas, carreras colapsadas, empleos precarizados o profesionales desempleados.   En muchos casos, a pesar de trabajar en lo que estudiaron, los sueldos no alcanzan para mantener a una familia, porque este sueldo lo define el mercado que cada vez valoriza menos un título y, en general, valora cada vez menos el trabajo.   Kast mintió para llegar al poder. Nos dijo expresamente que no iba a aplicar ninguna medida que implicará un retroceso en derechos sociales y hoy, a solo una semana de su asunción, vemos que ya echó a andar una ofensiva  empobrecedora que mientras pretende bajar los impuestos a los más ricos, busca limitar la gratuidad, recortar el gasto en muchas otras áreas además de educación, como salud y vivienda, lo cual solo empobrecerá aún más a la clase trabajadora.     La promesa de Boric de condonar el CAE   Ante esto cabe preguntarse, ¿cómo pasamos de un gobierno que nos prometió acabar con el CAE a uno que busca endurecer las medidas para su cobro?   El gobierno de Boric fracasó en la implementación de su programa. Nunca hubo una voluntad real de acabar con el CAE . Hubo una tardanza excesiva en presentar una propuesta para eliminarlo. Demoraron más de la mitad de su gobierno para presentar un proyecto como el Financiamiento para la Educación Superior (FES), que era muy distinto a lo que prometía en su programa, ya que de condonación universal pasaron a hablar de condonación acotada a quienes sí pagan su deuda.   La tibieza e indefinición del progresismo allanó el camino al escenario de regresión que nos enfrentamos hoy, ya que luego de que el FES se estancó en el Congreso, Kast anunció que no seguirá adelante con él.   Hoy un título no te asegura un trabajo ni un futuro, y mucho menos te va a asegurar estabilidad económica si sales endeudado apenas egresas, pero es injusto que estudiar solo sea una opción para quienes pueden pagarla. De esta forma, la farsa del CAE con Kast tendrá continuidad por al menos cuatro años más, dejando contento a los bancos a costa de un traspaso de recursos públicos cada vez mayor.

Al continuo desmantelamiento de la red pública con falta de hospitales, profesionales e insumos médicos, el gobierno impone un recorte que equivale al sueldo anual de 17.000 médicos o al gasto total del Servicio de Salud Metropolitano Norte para 2026, del que depende el saturado Hospital San José, sin dar certezas de cómo es posible recortar tanto sin afectar la provisión de necesidades básicas. Durante esta semana todos los ministerios del país han estado corriendo en círculo buscando identificar de dónde recortarán el 3% de su presupuesto para este año, que es la exigencia que hizo el Ministerio de Hacienda a través de la circular Nº12, dirigido por el hombre de las colusiones empresariales, Jorge Quiroz. Lee acá la Circular Nº12 que anuncia los recortes Para el caso del Ministerio de Salud, cuyo presupuesto total para 2026 es de $17,2 billones de pesos, un recorte del 3% equivale a $517.000 millones de pesos. Una cifra que representa un volumen altísimo de gasto, y que de donde sea que se recorte, generará efectos severos sobre el sistema de atención pública del país. Para dimensionar la envergadura del Plan de Ajuste Fiscal, compartimos algunos ejemplos de a cuántos recursos equivale el recorte de $517.000 millones para el Minsal: Recortar $517.000 millones equivale al gasto de 7 años del Plan Nacional del Cáncer, en base a lo aprobado para 2026. El recorte de $517.000 millones al Minsal equivale al sueldo anual de 17.000 médicos del sistema público, que ya se encuentra desmantelado. El recorte de $517.000 millones superaría a todo el gasto que el Estado hizo en Ley de Urgencia en 2025 ($342.000 millones traspasados a las clínicas). El recorte de $517.000 millones equivale a más que todo el gasto aprobado para el Servicio de Salud Metropolitano Norte para 2026, del que dependen los Hospitales San José y Roberto Del Río, entre otros. La crisis de la salud pública El desmantelamiento de la salud pública es uno de los problemas más sentidos por la población, ya que la ausencia de médicos y los cada vez más largos tiempos de espera para una atención muchas veces derivan en la muerte de miles de personas. Este desmantelamiento del sistema público no surge porque simplemente la gestión y labor profesional sea mala o peor que la privada, sino más bien por que cada vez se traspasan más recursos públicos al sistema privado a través de distintos mecanismos que, mientras aumentan las atenciones en la red privada, se desfinancia todo el sistema público, generándose un circulo vicioso en el que llevamos varias décadas. La ministra de Salud, May Chomalí -hermana del Arzobispo de Santiago Fernando Chomalí-, dijo que " Si es que tuviéramos una reducción que sí nos han solicitado y hemos estado conversando con el Ministerio de Hacienda, nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado producto de la reducción", pero a la hora de detallar cómo sería eso posible, no hay respuestas claras, como tampoco han existido desde ningún otro ministerio.

No conforme con la crisis de la educación pública y su desmantelamiento, Kast impone un recorte del 3% del presupuesto del Mineduc sin decir qué programas cortará. Esta cifra equivale a más que todo el gasto en infraestructura escolar pública que hizo el Estado entre 2022 y 2025, o a un millón Becas de Alimentación para la Educación Superior durante un año. Así, abre más camino a la fuga de matrículas hacia el sistema privado. Gobierno impone recortar 3% del presupuesto de todos los ministerios El Ministerio de Hacienda de Kast, a cargo del hombre de las colusiones, Jorge Quiroz, emitió la Circular Nº12 el pasado 13 de marzo, donde anuncia un Plan de Ajuste Fiscal que consiste en imponer un recorte del 3% a todos los presupuestos de los ministerios de forma inmediata , junto a un recorte de $1.000 millones de dólares a distribuir por distintos ministerios en función de las prioridades del gobierno. Según la circular de Hacienda, los servicios públicos tienen plazo hasta el viernes 20 de marzo para identificar los programas que podrían ser recortados, poniendo el foco, al menos en un inicio, en la contratación de bienes y servicios y en gasto en personal. Lee acá la Circular Nº12 que anuncia los recortes Para el caso del Ministerio de Educación (Mineduc), cuyo presupuesto total para 2026 es de $17,4 billones de pesos, un recorte del 3% equivale a quitar $524.000 millones de pesos  que fueron aprobados por el Congreso hace solo unos meses atrás. Para dimensionar la envergadura del recorte, compartimos algunos ejemplos de a cuántos recursos equivale el recorte de $524.000 millones para el Mineduc: - Recortar $524.000 millones equivale a más que todo el gasto en infraestructura escolar pública que hizo el Estado entre 2022 y 2025, que fue de $421.000 millones. - Recortar $524.000 millones equivale al 23% de todo el gasto en personal de los SLEP a nivel nacional para 2026, que incluye profesores, asistentes de la educación y demás funcionarios. - Recortar $524.000 millones equivale a un millón Becas de Alimentación para la Educación Superior, que es más que la cantidad de estudiantes que acceden a la tarjeta BAES cada año. La crisis de la educación pública Las principales demandas de los últimos ciclos de movilizaciones estudiantiles, y en particular, las movilizaciones secundarias, tienen un elemento común: la falta de financiamiento de la educación pública, fruto del largo proceso de desmantelamiento en beneficio del negocio privado. Los distintos problemas de infraestructura de los colegios, la falta de profesionales y de materiales básicos para llevar adelante los procesos educativos, entre otras demandas, son efecto de ese desmantelamiento, que no se da simplemente porque no existan recursos, sino porque el diseño de la política neoliberal dirige esos recursos hacia la empresa privada a través de distintos mecanismos, como es toda la red de subvenciones estatales a los colegios subvencionados. En vez de establecer nuevos ingresos fiscales a través de mayores impuestos al gran capital para mejorar las condiciones materiales de los establecimientos, el gobierno de Kast puso el foco en reducir el gasto público junto a reducir los impuestos al gran capital -por distintas vías-, lo cual profundizará el empobrecimiento de la población. Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? Lee acá: Kast anuncia recorte a la gratuidad universitaria

No conforme con los 20.500 subsidios para la vivienda social recién recortados por el MINVU, el gobierno de Kast puso en marcha un recorte del 3% del presupuesto de todos los ministerios para este 2026, mientras pretende bajar los impuestos a los más ricos. Todo esto solo profundizará el problema de acceso a la vivienda. El Ministerio de Hacienda de Kast, a cargo del hombre de las colusiones, Jorge Quiroz, emitió la Circular Nº12 el pasado 13 de marzo, donde anuncia un Plan de Ajuste Fiscal que consiste en imponer un recorte del 3% a todos los presupuestos de los ministerios de forma inmediata, junto a un recorte de $1.000 millones de dólares a distribuir por distintos ministerios en función de las prioridades del gobierno. Lee acá la Circular Nº12 que anuncia los recortes Para el caso del MINVU, cuyo presupuesto total en 2026 es de $6,6 billones de pesos, un recorte del 3% equivale a $200.000 millones de pesos, cifra a su vez equivalente a cerca de 4.000 viviendas sociales,  con un valor estimado de $50 millones de pesos, el cual cambia dependiendo de la zona geográfica. De acuerdo a lo informado a Emol por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), "significa recortar lo más posible todos los gastos que tenemos básicamente en bienes y servicios de consumo, es decir, luz, agua, gas, combustible, etcétera, y también ser muy cuidadosos con lo que se paga con el subtítulo 21. Esto es gasto en personal, donde si hay cargos vacantes, por ejemplo, no los vamos a poder reponer” . Si bien Ruminot agregó que “cada ministro está viendo cómo lo hace, dónde recorta, pero indudablemente sin afectar programas sociales, sin afectar servicios a la comunidad” , lo cierto es que ministerios con alto gasto público, como educación, salud y vivienda, no tienen espacio para reducir tanto el presupuesto sin afectar la provisión de necesidades básicas. En el caso del MINVU, el gasto en personal completo de todos sus organismos alcanza los $216.000 millones, mientras que el gasto en bienes y servicios no supera los $30.000 millones, lo que demuestra que un tijeretazo en estas áreas no será suficiente para cumplir con la meta impuesta.   Despilfarro de recursos en préstamos a las constructoras La única alternativa que tendría el MINVU de reducir el gasto a esta escala sin afectar a la población, sería reducir los $200.000 millones del subtítulo 32, correspondiente a anticipos y préstamos que realiza a las constructoras a plazo de tres años para devolver, y a una tasa de 0% de interés, y que para el 2026 alcanza los $2,2 billones de pesos aprobados. Entregar anticipos y préstamos a las constructoras que ejecutan proyectos con subsidios estatales es una facultad, pero no una obligación de los SERVIU, y depende de si tienen caja disponible para hacerlo. Por lo tanto, si el gobierno pretende apretar el cinturón, debería comenzar por ponerle fin a estos préstamos, y exigir que las empresas que quieren enriquecerse con recursos públicos al menos sean capaces de pedir créditos en el banco, como lo haría cualquier “emprendedor”.

¿Qué son los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)?, ¿cómo surgen?, ¿cuáles están funcionando y cuáles aún no?, ¿representan un cambio de fondo o solo de forma de la educación pública en Chile? Hablar de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) es hablar de cómo se administra la educación pública, pero para entender esto, primero es necesario un poco de historia. El proceso de municipalización de la educación pública Hasta antes del golpe de Estado de 1973, 8 de cada 10 estudiantes en Chile se educaba en una escuela pública bajo la tutela del Ministerio de Educación. Pero luego de que la dictadura creara la Constitución neoliberal de 1980 eso cambió. Junto con privatizar la educación, se traspasó el control de los colegios públicos a los municipios , descentralizando su administración y dejando a los colegios a la deriva de la situación económica de cada comuna. Esta fórmula de privatizar y municipalizar -bajo la figura de alcaldes designados a dedo por la dictadura-, generó que la gran mayoría de colegios públicos ubicados en comunas pobres fueran condenados al desmantelamiento de sus capacidades materiales, y a competir en condiciones desiguales con los colegios particulares subvencionados. Eso se tradujo en una fuga masiva de matrícula hacia los colegios particulares subvencionados , creados de forma masiva desde los años 80s, y que además pueden cobrar mensualidad a las familias y recibir donaciones empresariales. Cabe mencionar que la gran mayoría de estos colegios subvencionados están controlados por distintas congregaciones religiosas -principalmente católicas- y una amplia red de grupos empresariales, pero financiados con recursos públicos. Si hasta los años 70 el 80% de la población asistía a un colegio público, actualmente esa cifra no supera el 35%. Y mientras los sectores más ricos se mantienen en colegios de elite donde estudia el 10% del país, el desmantelamiento de la matrícula pública se explica por la creación de colegios subvencionados que fueron incentivados con recursos públicos, y que son quienes hoy concentran el 55% de la matrícula a nivel nacional. Este es el sector que Kast quiere hacer crecer aún más. Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? Durante todo este tiempo, la educación pública lejos de mejorar, siguió hundiéndose en la falta de recursos, lo que derivó en peores condiciones materiales para el estudio, y por consecuencia, en peores resultados académicos vía pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PAES, sumado al hecho de que quienes asisten al sistema público con los sectores más empobrecidos del país. El papel del movimiento estudiantil Durante los años 90, pero con más fuerza desde inicio de los años 2000, surgen oleadas de protestas del movimiento estudiantil secundario exigiendo -entre sus principales demandas- la desmunicipalización de la educación pública, siendo el año 2006 el momento más álgido, con una revolución pinguina que alcanzó una articulación nacional y que tuvo al gobierno de Bachelet contra las cuerdas durante varios meses , impugnando con fuerza el lucro en la educación y también la municipalización.   La respuesta del Estado neoliberal: desmunicipalizar sin tocar el modelo Para responder a esta demanda, y luego de años de tira y afloja, en 2017 se promulgó la Ley 21.040 a través de la cual se cambia el modelo de administración que hasta entonces era hiper descentralizado (345 municipios), y se crean 70 nuevos servicios locales que administrarán los colegios públicos a nivel nacional, es decir, la administración pasa desde las municipalidades a estos nuevos Servicios Locales de Educación Pública, más conocidos como SLEP. Fuente: Elaboración propia en base a información del Mineduc. Fuente: elaboración propia en base a información del Mineduc. Una mirada crítica El traspaso de la dependencia municipal hacia los SLEP es una reforma que cambia el sostenedor de los establecimientos, y si bien en el papel puede tener aspectos positivos en cuanto a salir de la hiper descentralización, mantiene intacto los elementos más estructurales de la educación de mercado, como es el sistema de financiamiento vía subsidio por igual a públicos y subvencionados , y que depende de la asistencia de las y los estudiantes, tal vez el mayor problema que tiene la educación pública, y que seguirá haciendo competir a colegios públicos con los particulares subvencionados en condiciones desiguales. A esto se suman serios problemas de gestión y financiamiento del sistema, que hace que muchas veces estos procesos de traspaso al SLEP sean el manto para despidos masivos y del empeoramiento en las condiciones laborales , por efecto de homogeneizar en base a un sistema que no asegura los recursos en función de las necesidades. En definitiva, el traspaso a los SLEP es un maquillaje que no está ni cerca de resolver la crisis de la educación pública en Chile, porque en realidad nunca fue diseñado para eso.

Presencia de ratones y baños en mal estado son parte de los problemas identificados a un día del ingreso a clases de las más de 2.300 estudiantes. El liceo fue traspasado junto a otros 42 recintos desde la Muni de Santiago hacia el SLEP Santiago Centro en enero 2026. Hoy 03 de marzo se difundieron imágenes y videos que demuestran serios problemas de mantenimiento de la infraestructura en el Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago: presencia de ratones además de baños y cocina en mal estado. Estas condiciones se dan a dos meses del traspaso de este y otros 42 colegios desde el Municipio de Santiago hacia el SLEP Santiago Centro, y luego de que este último anunciara recientemente la ejecución de obras de mantenimiento de todos los recintos de la comuna por un total de $700 millones de pesos, que al parecer no han sido realizadas o finalizadas aún. Según difundió el Centro de Estudiantes del Liceo 1, tanto ellas como el Centro de Padres y Apoderados y la dirección del liceo mantuvieron reuniones con el nuevo sostenedor donde manifestaron el malestar por estas condiciones deplorables. La respuesta del sostenedor (SLEP Santiago Centro) fue comprometerse a resolver los problemas durante esta semana. Esto quiere decir que el inicio de clases no cuenta con las condiciones materiales básicas que exige la normativa para que se realicen estas labores, siendo tarea de la Superintendencia de Educación fiscalizar y sancionar.

No al recorte del gasto público en vivienda social: ¡Devuelvan los recursos ahora! Ante el recorte de más de la mitad de los recursos destinados a la vivienda social a nivel nacional, hoy nos movilizamos las 1.700 familias que conformamos el Movimiento Solidario Vida Digna y que luchamos por el derecho a la vivienda desde las comunas de Huechuraba, San Joaquín, San Ramón, Conchalí, La Florida y Quinta Normal. Hoy interrumpimos nuestros trabajos para decirle con fuerza a los ministros de Hacienda y de Vivienda que repongan los más de 20.000 subsidios para la vivienda social (DS 49) que recortaron del Presupuesto 2026, justo después de ser aprobados por el Congreso.  No es justo que por los errores de cálculo en los ingresos públicos del Ministerio de Hacienda seamos los y las pobladoras quienes paguemos el pato, porque este recorte se traducirá en un aumento aún mayor de los tiempos de espera para las miles de familias sin casa.  Esta reducción significa que este año se entregarán sólo 2.360 subsidios para comités de vivienda en toda la RM, cifra que ni siquiera alcanza a cubrir los proyectos seleccionados en 2025 pendientes de ser financiados , generando una lista de espera indefinida para todos los proyectos que sean seleccionados en 2026, algo que no vamos a permitir. A todo esto se suma una feroz especulación con el precio del suelo que deja a gran parte de los comités de vivienda sin opción de terrenos , un problema que ningún gobierno ha querido resolver. Por el contrario, nos dicen que debemos aumentar el ahorro en hasta $8 millones de pesos, lo que excluye a la gran mayoría de las familias que vivimos de nuestro trabajo. Es importante denunciar que cada año el MINVU traspasa más dinero a las constructoras vía anticipos y préstamos a una tasa de 0% de interés para que inicien obras , una regalía que no tiene nadie y que representa un tercio de todo el presupuesto del ministerio.  Como movimiento exigimos que junto con la reposición de los 20.000 subsidios recortados, se priorice la construcción directa de vivienda social y sin deuda por sobre los préstamos destinados a garantizar el lucro de las constructoras.  El gasto público en vivienda, salud, educación y pensiones proviene de nuestro trabajo e impuestos: ¡no es un regalo! Por eso, exigimos que se deje de favorecer el negocio de las grandes empresas, se frene la especulación del precio del suelo y los recursos públicos sean para resolver las necesidades del pueblo trabajador.  Finalmente, hacemos un llamado a todos los comités de vivienda de la RM a encontrarnos este sábado 7 de marzo para informarnos, articularnos  y hacer crecer la fuerza del movimiento poblador que lucha por una vivienda digna.  ANTE EL RECORTE DEL GASTO PÚBLICO,  ¡ES LA HORA DE ORGANIZARSE Y LUCHAR! Lee también: Comunicado Movimiento Solidario Vida Digna: Marcha por la Vivienda en Huechuraba, San Joaquín y San Ramón Alerta para los comités de vivienda: El gobierno reduce a menos de la mitad la entrega de subsidios Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda

Al elaborar el presupuesto de vivienda 2026, el MINVU propuso entregar 47 mil subsidios DS49 destinados a la vivienda social, cifra que la Dipres redujo a 25 mil. Durante la discusión presupuestaria, el Congreso acordó reponer 15 mil, alcanzando 40 mil subsidios para 2026; sin embargo, ahora el MINVU volvió a disminuir los subsidios por mandato de la Dipres y finalmente solo se entregarán 19 mil a nivel nacional, afectando el ritmo de los proyectos a nivel nacional. Reducción del gasto público en vivienda Al momento de elaborar el presupuesto de vivienda para el 2026, el Minvu propuso la entrega de 47 mil subsidios DS49, pero la Dipres los redujo a 25 mil; inmediatamente después, en el marco de la discusión del presupuesto 2026, el Congreso pegó el grito en el cielo y aprobó reponer 15 mil, alcanzando un total de 40 mil subsidios DS49 para el 2026. Pero ahora nos enteramos de que los subsidios volvieron a disminuir, y se entregarán solo 19 mil a nivel nacional. Esta reducción de subsidios DS49 ocurrió luego de indicaciones que la Dipres hizo al Minvu a la hora de confeccionar el calendario de llamados 2026, donde el Minvu señala que los 15 mil subsidios que no se repusieron como lo acordó el Congreso, podrían incluirse durante el año en caso de ser requeridos por los SERVIU y siempre que lo apruebe la Dipres. Si la Dipres de todas formas impuso reducir a más de la mitad el gasto en vivienda social respecto del 2025, ¿Por qué alguien podría pensar que los 15 mil subsidios recortados van a ser repuestos para proyectos de vivienda que puedan requerirlos? En última instancia, si son requeridos, la última palabra la tiene la misma Dipres. No hay que perder de vista el telón de fondo, que es el mandato neoliberal de reducir el gasto público. El problema para las familias sin casa Todo lo anterior quiere decir que los 50 mil subsidios para la vivienda social entregados en 2025, se redujeron a 19 mil para el 2026. Y ni siquiera se respetó el acuerdo alcanzado en el Congreso de un total de 40 mil subsidios. El ministerio de vivienda y el gobierno podrán decir lo que quieran, pero lo que se ve de facto es un recorte de más de la mitad de los recursos que se destinan a la vivienda social en Chile. Un broche de oro del gobierno de Boric con el pueblo trabajador, a quien decidió dar la espalda cada vez que tuvo la oportunidad. El recorte a la vivienda social con lupa De acuerdo al detalle del gasto en el DS49 para el año 2026, los 19 mil subsidios DS49, de los cuales solo 13.420 son para comités de vivienda, se distribuyen de la siguiente forma: Fuente: Circular N°5 Programa Habitacional del MINVU de 2026 Revisa acá la resolución completa del MINVU Lee acá "El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés" Lee acá "Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas" Retraso en los cierres de llamados a postulación 2026 La misma circular N°5 detalla la fecha de los cierres de los llamados a postulación de los distintos tipos de subsidio a la vivienda. Según el documento, en el caso del DS49 postulación colectiva, que aplica a los comités de vivienda, el primer cierre del 2026 sería recién la segunda semana de abril, lo que significa que recién en esa fecha se comenzarán a revisar los proyectos que logren postular desde febrero hasta ese entonces. Lo anterior quiere decir que los proyectos que quedaron pendientes de postular en 2025 y logren hacerlo a inicios de 2026, recién podrían tener una certeza del resultado de su postulación a partir de junio del presente año, pudiendo incluso retrasarse por varios meses, como ha ocurrido en varias ocasiones. Fuente: Circular N°5 Programa Habitacional del MINVU de 2026 De esta forma, si se observa de forma conjunta la reducción a menos de la mitad de los subsidios DS49 y la extensión del plazo de cierre de la postulación de proyectos DS49, se tiene como resultado inevitable una ralentización de la capacidad de producir vivienda social, que para las familias sin casa se traduce en tiempos de espera aún más extensos. Una fila que avanza poco y cada vez más lento, para resguardar el mandato neoliberal del equilibrio fiscal a través de un menor gasto público, y de no tocar el negocio inmobiliario. Llamado a glosa 26 ex glosa 10, o el traspaso del costo del aumento del precio del suelo a las familias sin casa La glosa 26 del presupuesto 2026 de vivienda es una vía para aumentar el monto del subsidio para cubrir el alza del precio del suelo, a condición de que las familias aumenten su ahorro para cubrir esa alza. Esto ha generado un filtro de acceso segregador entre los sectores más empobrecidos, donde quienes no logran aumentar su ahorro en hasta $8 millones de pesos, quedan fuera y deben volver al final de la lista de espera. Luego de pretender eliminar esta vía de acceso por haberla sobre utilizado y demostrar ser un fracaso al solo ser un sostén del negocio inmobiliario, el Minvu debió reponerla por acuerdo del Congreso. De esa forma, se incluye este instrumento bajo la glosa 26 del presupuesto 2026, con la finalidad de no dejar en el aire los proyectos que avanzaron bajo esa expectativa, y cuyas familias llevan años trabajando en esa dirección. Respecto a este tema, una reciente investigación del Pincoyazo expuso el aumento de recursos públicos y familiares destinados a cubrir la especulación con el precio del suelo a través de 61 proyectos de vivienda aprobados entre 2024 y 2025 a nivel nacional. Lee acá "Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda"

El 22 de enero la Muni de Quinta Normal ofreció 440 cupos a distribuir entre los 31 comités de la comuna para integrar dos proyectos de vivienda con la exigencia de ahorrar entre $3 y $4 millones de pesos hasta el 15 de marzo. La fórmula es distribuir hasta 20 cupos por cada comité, pero ¿qué pasará con las cientos de familias que no tienen esa capacidad de ahorro? ¿Se desarmarán las asambleas? ¿Qué harán sus dirigentes? ¿Es justo que sea el bolsillo lo que determine quién puede acceder a una vivienda? Los cupos que ofrece la Muni   Según fuentes municipales que prefirieron mantener el anonimato, el jueves 22 de enero el departamento de Vivienda de la Municipalidad de Quinta Normal convocó a los 31 comités de vivienda de la comuna a una reunión donde ofreció 440 cupos para integrar dos proyectos de vivienda social, distribuidos según un sistema de prelación definido por la propia municipalidad: 25% para la lista de familias que postulan individualmente y 75% cupos a repartir entre todos los comités.     Proyecto 1 – ENTRE PARQUES Carrascal 3334     Entidad Patrocinante Unión   - 600 viviendas totales - 308 cupos intermediados por la muni - 215 cupos bajo 40% en RSH - 93 cupos sobre 40% en RSH - Deptos de 55 m2 - 100 UF de ahorro por familia ($4 millones)     Proyecto 2 – BARRIO PARQUE DE QUINTA NORMAL Poeta Pedro Prado 1209/1319     Entidad Patrocinante Crear Asociados   - 804 viviendas en total - 132 cupos intermediados por la muni - 92 cupos bajo 40% en RSH - 40 cupos sobre 40% en RSH - Deptos de 54 m2 - 70 a 75 UF de ahorro por familia ($2,8 a $3 millones)     El proceso para postular   Durante la reunión a la que asistieron dirigentes de más de 20 comités de vivienda de la comuna, como condición para incluir cupos, la muni exigió a los dirigentes entregar los libros de socios de sus respectivos comités, a lo cual algunos accedieron, aun cuando eso pase a llevar la autonomía de la organización, y sin consultar previamente a sus asambleas.   Para usar los cupos las dirigencias deberán enviar un listado de 20 familias como máximo hasta la primera semana de febrero, y que incluya una carta de compromiso de cada familia comprometiéndose a reunir el ahorro hasta el 15 de marzo, según dijeron desde el municipio.     El papel de las dirigencias sociales y la destrucción de los comités   ¿Qué va a pasar con el resto de las familias que no podrán entrar a estos proyectos?, ¿seguirán existiendo esos comités? Y de ser así, ¿trabajarán para alcanzar una solución para todas las familias o se sentarán a esperar una nueva ola de cupos que nadie sabe cuándo podría llegar?      El resultado más probable es la división de los comités , o al menos su debilitamiento y por ende, quedar en un mal pie para luchar por una vivienda para todas las familias que componen las asambleas, quienes terminan poniéndose al final de la fila de espera que los gobiernos tanto defienden.     La causa del problema es la especulación con el precio del suelo   Que los proyectos DS49 destinados a los sectores más empobrecidos del país exijan cada vez más ahorro es porque el precio de los terrenos se infla cada vez más. Y lo que hace la política de vivienda es defender el negocio, traspasando parte de esa alza a las familias y también aumentando los recursos públicos que se traspasan a los privados.   Según una investigación reciente del Pincoyazo, a través del mecanismo que exige un aumento de ahorro familiar para comprar suelo más caro, entre 2024 y 2025 en Quinta Normal se aprobaron proyectos por un total de 1.127 viviendas con subsidio DS49, y en promedio, exigieron un ahorro adicional de $2,8 millones de pesos por familia en promedio.   Lee acá “Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda”   Este tipo de políticas que cuidan el negocio, generan un filtro en el acceso, dejando fuera a miles de familias que no tienen la capacidad de ahorrar $4 millones. Y por lo tanto, son políticas que no representan una alternativa de solución a la necesidad de la vivienda.     La prelación municipal quita protagonismo a los comités de vivienda   Tras el estallido de 2019, y más fuertemente con el Plan de Emergencia Habitacional creado en 2022, el Ministerio de Vivienda (MINVU) fortaleció el rol de los municipios como primera barrera de contención ante la lucha de los comités y movimientos populares por la vivienda . Un medio empleado fueron los “convenios de prelación” donde la muni es la que define la lista de espera de la comuna bajo los criterios que ella misma impone, desplazando el papel que juega la organización popular en alcanzar de forma directa una solución a la necesidad de la vivienda.   Que la posibilidad de acceder a una vivienda dependa de poder ahorrar $4 millones en un mes significa cerrar la puerta a gran parte de la población,  y ahí hay que preguntarse a quiénes sirven realmente las autoridades, porque este caso demuestra que la muni prefirió arreglar cupos a puertas cerradas con las empresas, y presionar a los comités a desarmarse e incluso entregar sus libros de socios como condición para postular, y para que solo una pequeña porción de ellos pueda meterse a un proyecto. Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria"

El Movimiento Solidario Vida Digna en la zona norte de Santiago ha dado un paso importante al alcanzar la promesa de compra de terreno. Terreno para la vivienda de 800 familias que hoy viven de allegadas, en un campamento o pagando arriendos que alcanzan hasta la mitad del ingreso. En este camino las personas que integran sus asambleas se han ido conociendo, han aprendido sobre la política de vivienda en Chile, a luchar por sus derechos históricamente negados y también a crear un espacio seguro para vivir. Todo eso es crear una comunidad organizada. Para quienes vivimos de nuestro trabajo, la organización popular es la única herramienta para avanzar a una vida digna, y para ello se requiere trabajo y mucho compromiso, más cuando la ley está hecha a la medida del negocio y no del bienestar de las familias trabajadoras.

Primero actuó el complejo militar industrial para destruir y ahora viene el capital inmobiliario a “reconstruir”, junto a un nuevo sistema económico y social controlado vía inteligencia artificial que necesita acabar con la identidad del pueblo palestino para proyectarse en el tiempo. Desaparece así la ilusión liberal de un orden mundial basado en normas a partir de “Estados soberanos”. Estados Unidos eligió el Foro Económico Mundial de Davos -donde se reúne la elite política-empresarial capitalista- para presentar el “Plan Maestro de Gaza” con el que pretende hacer del genocidio del pueblo Palestino una oportunidad de negocios a través de la reconstrucción de la ciudad destruida, pero esta vez en forma de turismo de elite. “No existe ni existirá un plan B” dijo Jared Kushner, yerno del presidente adicto al solarium y maestro de ceremonias de la perversión capitalista. New Gaza o la destrucción creativa del capitalismo Presentado como un plan para la reconstrucción del territorio arrasado por Israel desde octubre del 2023, y apoyado con imágenes realizadas con inteligencia artificial, la propuesta de Trump no ofrece soluciones sobre habitabilidad post-guerra del pueblo palestino, ni una restauración de zonas agrícolas ni mucho menos la búsqueda de justicia ante los crímenes de guerra cometidos por la entidad sionista. Al contrario, Estados Unidos ofrece un polo de inversión inmobiliaria y tecnológica (IA) para atraer capitales norteamericanos a edificar un prototipo de ciudad como Las Vegas o Dubai sobre escombros y cadáveres. Masterplan of Gaza de EEUU “Soy una persona de bienes raíces de corazón y todo es cuestión de ubicación. Y me dije, mira este lugar en el mar, mira esta hermosa propiedad, lo que podría ser para tanta gente”, dijo el presidente naranja y principal representante del imperialismo. El plan, que es la segunda fase de la propuesta llevada adelante por Trump desde 2025 y que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, exuda imperialismo por todas partes: pretende construir extensas avenidas arboladas frente al mar, más de 100 mil viviendas, 200 centros educativos, 180 instalaciones culturales, y 75 centros médicos.  Según las láminas expuestas, la propuesta será capaz de crear 500.000 puestos de trabajo (presumiblemente mano de obra barata de otras latitudes o peor aún, los mismos gazatíes) durante los 3 años que dure su construcción, que considera el retiro de 60 millones de toneladas de escombros y la reubicación temporal de la totalidad de la población de Gaza durante la construcción de la distópica ciudad. Pensado en al menos cuatro fases, el plan de Trump comenzará con la reconstrucción total de la ciudad de Rafah, para luego, en su segunda y tercera fase, construir centros hoteleros, infraestructura vial y digital, junto con la edificación de campos de refugiados, en algún lugar de la franja, y así reconstruir la ciudad de Gaza como ciudad turística y polo de desarrollo tecnológico. Masterplan of Gaza de EEUU El prototipo de ciudad inteligente que el imperialismo quiere implementar  La propuesta gringa es clara, “ El plan pretende abordar una de las causas fundamentales de la insurgencia actual en Gaza: su diseño urbano", señala en la presentación de Davos. Tal como Napoleon III y su plan Haussman para la reurbanización de París luego de las olas revolucionarias, Trump y su yerno quieren reconfigurar la ciudad de gaza, donde las grandes avenidas o corredores puedan dominar el centro y el exterior de la ciudad, con barrios/ciudadelas segregadas entre centros de datos y campos de golf rodeadas por autopistas (en las que puede pasar un tanque o carro de combate).  El modelo de ciudad proyecta dos zonas que incluyen modelos productivos y gobernanza bajo procedimientos dirigidos por inteligencia artificial controladas por Israel. Para participar dentro de la ciudad inteligente, el proyecto presenta un modelo de tokenización, donde los palestinos deben entregar su propiedad para recibir una membresía permanente y acceso a una vivienda básica en las zonas residenciales.   La movilidad al interior de la ciudad estará controlada gracias a complejos sistemas de seguridad y control biométrico diseñados por Israel que seguirán cada paso de los futuros ciudadanos. El buen comportamiento de los ciudadanos es una preocupación enorme de la junta de paz, y cualquier vínculo con Hamas, o algún intento de organización distinta a las que son parte de la junta ejecutiva será sancionada con la expulsión permanente o la cárcel. Masterplan of Gaza. Fuente: Al Jazeera Turismo sobre los escombros y cadáveres de Gaza: Urbanismo imperialista El plan imperialista de reconstrucción de Gaza tiene bastante similitud con algunas ciudades como Las Vegas o Dubai. Ciudades que se organizan en base a un corredor central o lineal que permite recorrerlas de punta a punta, facilitando el tránsito ininterrumpido. Este modelo de ciudad norteamericana es altamente funcional y eficiente para el flujo de capital, y tiene como fin el desarrollo de un circuito de hoteles de lujo en toda la costa de Gaza  (colores rosados), elemento que unifica y da continuidad a las áreas agrícolas y residenciales (colores amarillo y verde), rematando en la punta sur con las áreas de infraestructura vial y aeroportuaria para sellar la frontera con Egipto. En este modelo, los palestinos deben entregar sus propiedades a la junta ejecutiva controlada por Trump como parte de pago para adquirir una membresía permanente (tokenización) en la futura ciudad pero excluidos, fragmentados y sin autonomía política, de lo contrario, serán expulsados y expropiados. En definitiva, un nuevo proceso de acumulación a partir del despojo que posibilitó el genocidio transmitido en vivo a todo el mundo. La futura ciudad se encargará de borrar toda manifestación de identidad Palestina, desde su arquitectura, centros religiosos y espacios de alto valor simbólico hasta su sistema educativo, pues este también tiene un apartado dentro del plan de reconstrucción de Gaza.  La propuesta se entiende como parte de una estrategia que busca acabar con la identidad de un pueblo, sometiéndolo a una forma de vida que le es ajena y que reconfigura las identidades culturales de una nación completa, primero bajo el peso de un urbanismo occidental que se piensa en función de los intereses de Estados Unidos e Israel, y luego bajo un sistema político que anula cualquier capacidad propia del pueblo palestino para tomar decisiones sobre su vida y el espacio que habita. Junta de la paz, el fideicomiso de Trump que administrará Gaza y reemplaza a la ONU Durante el Foro Económico celebrado en Davos, el régimen de Washington anunciaba la inauguración oficial del organismo y presentaba su carta fundacional donde se declaraba la misión y visión de la organización y las obligaciones de cada miembro dentro de la junta.  En su carta, no se hace en ningún momento mención a Gaza o al pueblo Palestino, esto hace pensar que esta junta, que inicialmente tiene una duración de 3 años para administrar Gaza y acabar con sus organizaciones políticas, entre ellas Hamas, pueda ser un prototipo para administrar futuras zonas arrasadas por la guerra y entregar al capital internacional y a Estados Unidos la administración de zonas en conflicto, paises o regiones . Elaboración propia en base a presentación de EEUU en Davos ¿Cómo funciona la Junta por la Paz? El organismo, que inicialmente agrupa a dos países de la región: Paraguay y Argentina, junto a reyes árabes y países como Hungría, Turquía y por supuesto, Israel, tiene una estructura jerárquica controlada por EEUU. La Junta de Paz  fue diseñada bajo estatutos privados que concentran todo el poder en una sola figura: el “presidente Trump”, nombrado de forma vitalicia.  Este puesto no está sujeto al voto de los miembros ni la rotación típica como sucede con otras instituciones internacionales que buscan venderse como democráticas, sino que otorga facultades para tomar decisiones unilateralmente, imponer iniciativas propias y vetar cualquier acción del resto de los miembros. O sea, poder duro y sin disfraz. Aunque su carta fundacional afirma “promover estabilidad” o “asegurar una paz duradera en zonas de conflicto”, los mecanismos internos revelan una lógica completamente opuesta: la selección arbitraria de miembros, el cobro de cuotas millonarias (mil millones de dólares para quienes no hayan sido invitados) para asegurar una membresía permanente y la subordinación de cualquier decisión a la voluntad del presidente, quien, según los estatutos, podría retener el cargo incluso después de dejar la Casa Blanca. Este diseño, que a todas luces es una organización privada internacional para multiplicar los capitales de los actores interesados en zonas de conflicto, tiene implicaciones profundas para la estructura del sistema internacional. En la práctica, se trata del intento de Trump y la administración de Washington de llevar adelante lo que declararon en su nueva doctrina Monroe, es decir, socavar el papel de las Naciones Unidas como articulador del multilateralismo. Lee acá “La nueva Doctrina Monroe: ¿Qué es la Estrategia Nacional de Seguridad de EEUU y cómo afecta a América Latina?” En suma, bajo la retórica de “paz duradera”, este nuevo organismo es parte de la ofensiva imperialista sobre los pueblos del mundo, en donde la estabilidad no se entiende como justicia social o posibilidades de desarrollo por parte de las naciones pobres con conflictos artificiales activos, sino como el mantenimiento del status quo favorable al imperialismo yanki.  La ofensiva imperialista ya está en marcha El llamado “Board of Peace” o Junta por la Paz, presentado con bombos y platillos en Davos, no es otra excentricidad personal de Donald Trump: es la consolidación institucional de una concepción del mundo donde la política internacional deja de ser un espacio de negociación entre pueblos soberanos y se convierte en una junta corporativa global,  muy al estilo empresarial que caracteriza a esta administración. Un club cerrado en el que un asiento permanente cuesta mil millones de dólares y cuya presidencia vitalicia recae en Trump. Bajo esta lógica, la democracia y la soberanía quedan reducidas a simples formalidades y los Estados actúan como intermediarios del gran capital después de la masacre. Los territorios en conflicto y sus poblaciones pasan a ser tratados como activos administrables, sujetos a planes de reestructuración, control y rentabilización.  Gaza aparece así como el primer laboratorio de este modelo.  No como un territorio con historia, identidad, derechos y autodeterminación, sino como un espacio a ser “optimizado”: vigilancia biométrica, economía digital completamente trazable, control social tecnocrático y programas de “reeducación” inspirados en el higienismo de los Emiratos Árabes Unidos. La ocupación se disfraza de modernización; el control, de reconstrucción, donde el urbanismo funciona como dispositivo de subyugación en la larga lucha contra el pueblo Palestino. En este esquema, Jared Kushner, el yerno de Trump, no es un mediador ni un actor diplomático, sino el gestor ideal, la perfecta mezcla entre sionismo y capital inmobiliario que logró traducir la causa palestina al lenguaje de los números, convertir la ocupación en una oportunidad de negocio y transformar la paz en un producto financiero.  El plan de Washington para Gaza no surge del derecho internacional ni de la historia del conflicto, sino del manual operativo de una empresa inmobiliaria, donde el territorio es una variable sólo en términos económicos y la población un costo a administrar. La certeza que guía es ideológica y económica: la convicción de que el destino de esa tierra ya está decidido, y que la única discusión legítima es cómo maximizar su rentabilidad.  En ese marco, la paz deja de ser un proceso de justicia y reparación para convertirse en un dispositivo de control, diseñado para garantizar estabilidad a los mercados, no dignidad a los pueblos.

A la opinión pública y a los compañeros del gremio: El paro nacional de repartidores convocados para este 01 de febrero surge de manera espontánea como expresión del malestar frente a las precarias condiciones laborales que enfrentamos : bajas tarifas, ausencia de contrato y reconocimiento laboral, falta de vacaciones y espacios de descanso, extensas jornadas de trabajo, largas distancias sin pago proporcional, sin cobertura de gastos como combustible, mantención del vehículo ni protección. Por estas razones, adherimos al paro de este domingo. Sin embargo, creemos que la movilización, si no está acompañada de organización permanente, corre el riesgo de diluirse. La lucha requiere reconocernos como trabajadores explotados, asumir que la huelga es una acción política y construir estructuras que sostengan y canalicen nuestras demandas en el tiempo. Sin organización, las empresas seguirán aprovechándose. La experiencia demuestra que los reclamos individuales no han logrado conquistar derechos , mientras que los empleadores sí cuentan con organizaciones y mecanismos de lobby para proteger sus intereses. Nosotros necesitamos lo mismo: unidad y organización. El gremio del delivery reúne a cientos de miles de trabajadores en Chile, y nuestra mayor fuerza es la unión . Un trabajador solo no es visible, un grupo pequeño concientiza; pero un sindicato fuerte puede cambiar la realidad. Por ello, desde Deliverys por Derechos consideramos imprescindible avanzar en la creación del primer Sindicato de Repartidores por Aplicaciones en Chile, e invitamos a todas y todos a ser parte de este proceso. Atentamente, Delivery por Derechos Unidad y justicia laboral. ¡Nunca más solos!

Por Sangre Roja A raíz de los últimos conflictos a nivel mundial, se ha instalado con fuerza en el debate público la idea de que vivimos una pugna decisiva entre democracia y autoritarismo. En ese marco, amplios sectores de las izquierdas liberales se han volcado a la defensa de la democracia, como si ese fuera el último bastión posible de la política popular. Sin embargo, si algo nos ha enseñado el siglo XX y los conflictos geopolíticos más recientes es que esta lectura no solo resulta insuficiente, sino también engañosa. No porque el autoritarismo no sea real, sino porque atribuye a la democracia liberal una función que, en rigor, nunca tuvo. Desde una perspectiva materialista, la democracia liberal no fue concebida para garantizar condiciones materiales mínimas y dignas de existencia. Su función histórica ha sido otra: otorgar legitimidad política al poder del Estado en una sociedad dividida en clases . En ese sentido, el Estado no es un proyecto de bienestar ni de igualdad sustantiva, sino una forma específica de organización del poder bajo el capitalismo. El Estado burgués no surge para resolver el conflicto social, sino para administrarlo . Su función central es impedir que el antagonismo entre clases se desborde y ponga en riesgo el orden existente. La democracia cumple aquí un papel clave: canaliza el conflicto, lo institucionaliza, lo vuelve gobernable. No elimina la desigualdad ni la explotación; las normaliza bajo la forma del consenso. Por eso es un error afirmar que la democracia “falló”. En rigor, la democracia liberal funciona exactamente como fue diseñada . Puede coexistir perfectamente con sueldos que no alcanzan, pensiones miserables, endeudamiento masivo, territorios abandonados y vidas precarizadas. La forma democrática se mantiene, mientras el contenido material se vacía: se vota, pero no se incide: No sobre la propiedad, ni sobre la riqueza socialmente producida, ni sobre el sentido del trabajo, ni sobre las condiciones reales de vida. Cuando la política renuncia a disputar la economía, la democracia se reduce a procedimiento. Se transforma en una vitrina institucional que legitima decisiones tomadas en otro lugar: en el mercado, en los grandes grupos económicos, en estructuras que no son electas ni controlables por la mayoría. Entonces, defender esa democracia, sin tocar la base material que la sostiene, es defender un orden que produce desigualdad como condición de funcionamiento . En este escenario, el autoritarismo no aparece como una anomalía externa ni como un “retroceso” inexplicable. Surge como herramienta, cuando el capitalismo ya no logra integrar a las mayorías mediante promesas de bienestar, recurre al orden fascista como sustituto . Cuando el consenso deja de funcionar, se impone la coerción. La “seguridad” reemplaza a los derechos; el control, a la inclusión. Capitalismo y autoritarismo, por lo tanto, no son opuestos naturales. El capitalismo puede funcionar perfectamente con derechos recortados, con protesta criminalizada y con territorios militarizados, mientras la acumulación continúe. Lo que se protege no es la democracia en abstracto, sino la propiedad, el mercado y el poder de los grandes capitales. Cuando la democracia ya no logra legitimar ese orden, el Estado endurece sus formas sin cambiar su función de clase. Aquí está el punto que el relato liberal evita: la disputa central no es democracia versus autoritarismo. Ese eje oculta el problema de fondo, la disputa real es capitalismo versus socialismo, no como consigna del pasado, sino como una pregunta concreta por la vida cotidiana: ¿quién controla la riqueza que producimos?, ¿para quién funciona el Estado?, ¿qué vidas se protegen y cuáles se sacrifican? El socialismo, en este sentido, no es una abstracción moral ni un ideal romántico, es la posibilidad de romper con un orden donde la economía manda sobre la vida , es la idea de que la riqueza social no puede seguir concentrándose en pocos mientras la mayoría sobrevive endeudada y precarizada, es disputar la propiedad, el trabajo y lo común como base de cualquier proyecto democrático real. Por eso, defender la democracia sin disputar el capitalismo es insuficiente. No porque la democracia sea irrelevante, sino porque, sin transformación material, queda reducida a un mecanismo de legitimación del poder burgués, siempre disponible para ser vaciado o endurecido según lo exija la acumulación . La pregunta del presente no es solo institucional: es estructural. O seguimos administrando un sistema que necesita desigualdad para existir, o construimos una alternativa que ponga la vida en el centro. Y esa alternativa, nos guste o no, se llama socialismo.