Sobre la entrada de COP el 08 de octubre de 2026 Ayer jueves, alrededor de las 10:00 horas, mientras se desarrollaba un corta calle en el frontis de nuestro liceo, funcionarios de Control de Orden Público (COP) hicieron ingreso al establecimiento en un procedimiento totalmente violento que terminó con estudiantes detenidos y toda una comunidad educativa consternada por el nivel de violencia con que actuó carabineros. En medio de estos acontecimientos, se impartieron instrucciones contradictorias desde dirección, ya que mientras a algunos estudiantes se les indicaba que abandonaran el establecimiento por un despacho preventivo, a otros se les ordenaba ingresar a las salas de clases. Esa falta de claridad generó las condiciones propicias para que todos los estudiantes nos viéramos expuestos a una situación de total abuso de poder de parte de carabineros. Según los testimonios que pudimos recoger, el ingreso policial incluyó irrupciones en salas donde permanecían estudiantes junto a docentes, revisión aleatoria de mochilas, apertura forzoza de dependencias y quebradura de vidrios. También denunciamos actuaciones policiales que para estudiantes y profesores fueron percibidas como intimidantes y amenazantes, generando inseguridad en todos quienes nos encontrábamos en el establecimiento. Es necesario dejar algo claro, la existencia de flagrancia no suspende los derechos de quienes nos encontrábamos en el liceo, ni mucho menos nos convierte automáticamente en sospechosos. Tampoco esto justifica que se prescinda de los requisitos legales que deben regir cualquier procedimiento policial. Durante estos acontecimientos, 12 estudiantes en total terminaron en manos de carabineros, cinco habrían sido sacados de una sala luego de que funcionarios policíales quebraran una ventana para entrar, siendo trasladados a una comisaría para luego decirles que habían sido trasladados solo para un control preventivo de identidad, entre ellos incluso, un compañero que utiliza muletas. Otros siete compañeros fueron detenidos y entre los motivos señalados para sus detenciones se encontraría el arbitrario hecho de que los estudiantes llevaban la ropa un poco húmeda. Cabe preguntarse, ¿Desde cuándo tener un calcetín húmedo constituye, por sí solo, un fundamento suficiente para detener a una persona? ¿qué antecedentes concretos existían respecto de revisar a cada estudiante que se encontraba en el liceo? ¿qué participación individual se les atribuyó? Estas preguntas son importantes porque el procedimiento se escapa a todo lo que la ley establece. El artículo 12 de la Ley N.º 20.931 limita el control preventivo de identidad a personas mayores de 18 años. Por lo tanto, si los cinco estudiantes son menores de edad y el procedimiento realizado fue efectivamente un control preventivo, corresponde esclarecer por qué se recurrió a una facultad que no puede aplicarse a menores y más importante aún, dónde estaba la directora cuando a un compañero le revisaban hasta los calcetines para buscar una excusa y poder llevárselo detenido. A estos hechos se suma la situación de otro compañero del Centro de Estudiantes, que después de haber sido despachado, caminaba por las inmediaciones del liceo cuando habría sido interceptado por Carabineros, sin ningún motivo para ser detenido mas que estar mirando el procedimiento que ocurría en el frontis del liceo. Además, en el momento de su detención, su padre que había llegado a buscarlo, es tambien detenido por intentar defenderlo. Ambos fueron golpeados, roceados completamente de gas pimienta y pasaron toda la noche detenidos hasta hoy que fue su control de detencion en tribunales. No estamos hablando de hechos menores ni de una simple alteración de la jornada escolar, estamos hablando de estudiantes que terminaron privados de libertad, de un apoderado que habría resultado gravemente lesionado y de una comunidad educativa que debe preguntarse si sus integrantes cuentan efectivamente con condiciones de seguridad y protección. El único hecho que tenemos claridad en este momento, es que en los controles de detención que se hicieron hoy a tres de nuestros compañeros, se indicó en sus audiencias que fue la directora de nuestro liceo la encargada de permitir el ingreso de carabineros y todo lo que sucedió posteriormente. La directora de un establecimiento educacional no deja de ser responsable de sus deberes institucionales cuando ingresa Carabineros. Aunque la policía pueda actuar legalmente sin su autorización en determinadas circunstancias, eso no elimina la obligación de la dirección de velar por la seguridad de los estudiantes, coordinar respuestas ante situaciones de emergencia y actuar con diligencia frente a los riesgos que enfrenta la comunidad. Lo sucedido hoy nos obliga a cuestionar el sentido que está adquiriendo nuestro liceo como institución educativa. Un liceo no es simplemente un edificio en el que los estudiantes deben permanecer ordenados durante una determinada cantidad de horas. Es una institución cuya función pedagógica implica formar personas, promover el pensamiento crítico, enseñar a convivir, resolver conflictos y reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nuestros compañeros deben preocuparse más por no terminar detenidos que por asistir a sus clases? ¿Qué sentido tiene hablar de convivencia escolar si quienes deberían sentirse protegidos dentro de su establecimiento terminan viviendo sus salas de clases como espacios de incertidumbre? ¿Qué formación ciudadana podemos promover si, ante un conflicto, la respuesta institucional parece reducirse al despacho, el control y la intervención policial? Estamos viendo cómo el control ocupa el lugar de la formación y el sentido pedagógico del liceo comienza a vaciarse de contenido, y ese vaciamiento no se produce cuando se suspenden las clases, sino que ocurre cuando se pierde de vista que detrás de cada estudiante hay un proceso de formación. Ante estos hechos, también debemos preguntarnos qué papel le corresponde al conjunto de nuestra comunidad educativa. Hacemos un llamado a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados y funcionarios a no tratar estos acontecimientos como un problema aislado que afecta únicamente a quienes fueron detenidos, lo sucedido interpela a toda la comunidad, porque pone en cuestión las condiciones en las que estudiamos, trabajamos y ejercemos nuestros derechos dentro del establecimiento. No basta con cuestionarnos la situación, hay que hacer algo pronto, porque nuestro liceo está en decadencia y la responsabilidad es de quienes lo administran. Centro de Estudiantes Borgoñino Liceo Manuel Barros Borgoño

Nodo Pacífico tramita un centro de datos a solo 477 metros del Humedal Tranque El Piñeo, que incluye una tubería al mismo, 990.000 litros de combustible y una nueva red de torres de alta tensión para su propio consumo de energía, todo gracias a los cambios regulatorios realizados durante los gobiernos de Boric y Kast. Gracias a los cambios al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental realizado durante los gobiernos de Boric y Kast, el país se enfrenta a una avalancha de nuevos centros de datos, principalmente en la zona central, que buscan materializarse sin siquiera pasar por el proceso de evaluación ambiental. Esta vez la amenaza se cierne sobre San Antonio y el Humedal Tranque El Piñeo. El pasado 28 de septiembre, la empresa Nodo Pacífico SpA presentó una Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA para el proyecto denominado “Centro de Almacenamiento de Datos San Antonio”. Este contaría con 4 edificios, una capacidad de 70 MW y almacenaría 990.000 toneladas de diésel para alimentar 34 generadores de emergencia en caso de haber algún corte de suministro de la energía eléctrica. En su Consulta de Pertinencia la empresa sostiene que no afectaría al entorno natural y tampoco al Humedal Urbano Sistema de Lagunas de Llolleo–Ojos de Mar ubicado a 4,3 km del proyecto. Sin embargo, el proyecto se situará a 969 metros del Estero El Sauce y a 477 metros del Humedal Tranque El Piñeo (humedal H-05-55 del Inventario Nacional de Humedales). Además, el documento es explícito en sostener que “el abastecimiento de agua del Proyecto se realizará mediante la captación de aguas superficiales desde el Tranque El Piñeo, al amparo de derechos de aprovechamiento de aguas existentes, contemplándose la instalación de un sistema de captación y conducción hasta las instalaciones del Proyecto”. La empresa sostiene que la captación de aguas del Tranque sería “acotada”, pero no se presentan volúmenes ni posible impacto de esta sustracción ni de sus infraestructuras asociadas ni el Tranque ni en todo sistema ecológico e hidrográfico del que este es parte, incluyendo Humedal Urbano Sistema de Lagunas de Llolleo–Ojos de Mar. Distancia del Centro de Datos San Antonio con cuerpos de aguas: Fuente: Consulta de pertinencia ingresada por el titular. ¿Quienes están detrás? Actualmente, junto a los gigantes del Complejo Digital-Militar estadounidense como Amazon, Google, Microsoft u Oracle, un conjunto de actores extranjeros y nacionales busca posicionarse en Chile integrando inversiones en energías renovables y en infraestructuras altamente demandantes de esta, como los centros de datos. Este parece ser el caso. Nodo Pacífico SpA es una empresa de papel creada en julio 2026 por Inversiones JGU SpA, Asesorías e Inversiones Comendador Limitada y Land and Sea SpA. JGU SpA fue constituida por José Gabriel Undurraga Martínez socio del estudio Guerrero Olivos, mientras que Asesorías e Inversiones Comendador Limitada tiene como accionista mayoritario a Clemente José Pérez Errázuriz, ex miembro de la Democracia Cristiana, Subsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de Ricardo Lagos, presidente del Metro de Santiago durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, actual socio de Guerrero Olivos y director ejecutivo de Sustentable S.A. Sustentable S.A. consultora tiene como socios a los ex ministros Jorge Rodríguez Grossi, Hernán Felipe Errázuriz y a diversos directores de empresas, destacando Sonda (empresa que posee varios centros de datos en Chile). Fue precisamente Sustentable S.A. la consultora encargada de elaborar el documento que se presentó al Servicio de Evaluación Ambiental argumentando que no necesitaba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aún cuando extraerá agua de un humedal. En la tercera empresa está la clave: Land and Sea SpA es parte del grupo de empresas de Javier Lorenzo Campos Cárcamo, agrupadas bajo LAS Energy SpA. Esta compañía ha impulsado una serie de proyectos fotovoltaicos en alianza con Farmdo Energy Chile SpA, un joint venture del Grupo Farmdo (Farmdo Holdings Co., Ltd.), una compañía japonesa de propiedad de Masayuki Iwai especializada en granjas solares y plantas de energía solar y eólica. El nexo con el sector de las energías renovables tiene otra arista y es que Nodo Pacífico establece como representante legal a Jorge Humberto Leal Saldivia, de LAS Energy, pero en los correos de contacto se coloca a Susana Campos y Daniel Meneses, ambos del Grupo Solek, una compañía de origen checo con fuerte presencia en Chile y que ha enfrentado querellas por estafas según lo informado por El Desconcierto. Muchas de estas empresas se venden como “verdes”, aún cuando la cadena de suministro que hace posible su negocio requiera de la destrucción de salares, del extractivismo minero o de la devastación de la Amazonía (para la extracción de madera de balsa para las aspas de los aerogeneradores, por ejemplo). Este capitalismo verde pretende alimentar la enorme demanda de energía de los Centros de Datos, que también se venden como “verdes” o “sustentables”, aun cuando, para funcionar, requieran del saqueo hídrico como en Cerrillos o Quilicura, de destruir los ecosistemas de los cerros urbanos con líneas de alta tensión como en Renca-Quilicura o Huechuraba o, como en este caso, de poner un tubo sobre un humedal. ¿De dónde sale la energía para el centro de datos? Según la misma consulta de pertinencia ingresada por la empresa, “el suministro eléctrico del Proyecto considera su conexión a la Nueva S/E Llolleo, infraestructura correspondiente a una obra nueva del sistema de transmisión, incorporada al Plan de Expansión Anual de la Transmisión y cuya ejecución fue adjudicada por el Coordinador Eléctrico Nacional a Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A”, y que actualmente se encontraría en etapa de desarrollo. Ubicación del Centro de Datos San Antonio y su red eléctrica: Fuente: Consulta de pertinencia ingresada por el titular. “El área prevista para la Nueva S/E Llolleo se localiza próxima al sector de emplazamiento del Proyecto. La subestación reductora propia del Centro de Almacenamiento de Datos San Antonio se proyecta en el sector del predio más próximo a dicha infraestructura, con el objeto de minimizar la extensión requerida para la futura conexión eléctrica”, agrega el documento. Lo anterior, deja en evidencia que una gran cantidad de nuevas obras de transmisión eléctrica surgen para atender la necesidad de los nuevos centros de datos que de forma masiva buscan instalarse en Chile, y principalmente en la zona central, tal como lo exponen investigaciones previas del Pincoyazo. Lee también: Cerros de Renca en amenaza: Grupo Saesa pretende construir 28 torres de alta tensión para alimentar centros de datos El legado de Boric: Seis nuevos Centros de Datos podrían no evaluar impactos ambientales pese a almacenar cerca de 1.000 toneladas de combustible De Amazon al Gobierno de Piñera y Boric: La puerta giratoria de la ex ministra de Ciencias que elaboró el Plan Nacional de Data Centers

En el Presupuesto 2027 el Programa Habitacional del MINVU define 25.000 subsidios DS49 para la vivienda social, menos que los 40.000 aprobados en 2026 y que luego fueron recortados sin ser repuestos hasta hoy. Todo esto, mientras se pretenden gastar $2.000 millones de dólares en comprar deudas a los bancos para aumentar nuevos créditos. Este sábado se filtró el Presupuesto 2027 del Ministerio de Vivienda (MINVU) que el lunes presentaría al Congreso. A continuación exponemos una síntesis de cómo viene la mano para los comités de vivienda, que se rigen bajo el Decreto Supremo Nº49. La evolución del recorte que se extiende a 2027: La entrega de subsidios se define en el Programa Habitacional, que tiene la función de proyectar el gasto para proyectos que están en etapa de postular o prontos a postular, mientras que la transferencia de capital es el ítem que identifica el gasto a ejecutarse para el año del Presupuesto (2027 en este caso), destinado principalmente a proyectos en ejecución o entrega. En cuanto al Programa Habitacional, que es lo que importa a los comités que están a la espera del subsidio para avanzar luego al inicio de obras, la evolución de los recortes es la siguiente: 1) En septiembre 2025, al momento de elaborar el presupuesto de vivienda para el 2026, el MINVU propuso 47.000 subsidios DS49 (incluso menor a los 50.000 del 2025). 2) De 47.000 subsidios DS49, el Ministerio de Hacienda los redujo a 25.000. 3) En octubre, en el marco de la discusión del presupuesto 2026, el Congreso aprobó reponer 15 mil, alcanzando un total de 40.000 subsidios DS49 para el 2026. 4) En febrero 2026, el Ministerio de Hacienda volvió a recortar a 19.500 subsidios DS49. En ese momento, dijo que durante el año podrían reponerse. Hasta hoy eso no ha ocurrido. 5) Ahora, el Ministerio de Hacienda presenta un Presupuesto 2027 con 25.000 subsidios DS49. Sin haber repuesto nada de los 20.500 recortados durante 2026, manteniendo el umbral de subsidios recortados por el gobierno de Boric. Cabe precisar que el DS49 incluye proyectos de comités, individuales, cooperativas, arriendo, entre otras líneas. La trampa del cálculo del valor de los subsidios: A la hora de calcular el Presupuesto 2027, el gobierno de Kast reproduce una trampra, que consiste en calcular el valor promedio de subsidios DS49 en 1.161 UF por vivienda, cuando en la realidad esa cifra supera las 1.500 UF. Esto tiene un efecto comunicacional favorable al gobierno y perjudicial para las familias, porque los mismos 29 millones de UF dan una cantidad distintas de subsidios a entregar: hablan de 25.000 cuando en realidad ese monto no alcanzará para más de 19.400 si se calculan a 1.500 UF por vivienda. De esta forma, los 166.233 subsidios a entregar, en la práctica serán mucho menos. El gasto se concentra en arrastre y no en nuevas obras Un punto importante que señala el Presupuesto 2027, es que "los recursos contemplados en el Subtítulo 33 para el DS 49, modalidad colectiva, sólo cubren el pago de subsidios de obras terminadas, recepcionadas e inscritas a nombre de los beneficiarios. No se contemplan recursos en este Subtítulo para el financiamiento de avances de obras en dicha modalidad". En otras palabras, no habría certeza de recursos para proyectos prontos a iniciar obras o que se encuentran en ejecución. Los recortes al DS49 en la Región Metropolitana: A nivel de SERVIU RM, al comparar con el Presupuesto aprobado en 2026 el Fondo Solidario de Elección a la Vivienda (DS49) disminuye de 9,7 a 8,5 millones de UF (valor UF $41.000) entre Ley de Presupuesto 2026 y 2027 (antes de recortes). Esto significa una disminución importante de recursos que se traducirá en seguir extendiendo los tiempos de espera. Plan Poduje: 400.000 subsidios no son 400.000 viviendas En su campaña, el gobierno prometió 400.000 “soluciones habitacionales”, y acá está la trampa. Porque solución habitacional no es sinónimo de vivienda para las familias sin casa, sino también incluye subsidios de mejoramiento, que de acuerdo al Presupuesto presentado para 2027 parece ser una apuesta importante del gobierno con más de 70.000 subsidios, cuyo gasto es mucho menor a una vivienda nueva. Muestra cifras, pero no resuelve los problemas. Lee también: - Declaración de 50 organizaciones de lucha por la vivienda: ¡Devuelvan los recursos para las familias sin casa! - MINVU destinará $5.886 millones para construir iglesias mientras dice que no hay recursos para los comités de vivienda - 74 proyectos de vivienda social esperan recursos de Hacienda para iniciar obras - Salvataje a las constructoras: Gobierno amplía subsidio a la deuda para viviendas de hasta $245 millones que empresas no logran vender - Los recortes en vivienda que Poduje desmintió en vivo durante protesta de pobladores

Por una educación y vida digna: unidad y solidaridad de los que luchan Como jóvenes y estudiantes de la clase trabajadora conocemos de primera mano la crisis estructural del sistema educativo chileno, reconocemos cómo el modelo neoliberal ha buscado desmantelar paulatinamente la educación pública, poniéndola a competir, primero, entre las comunas ricas y pobres, luego implementando el modelo particular-subvencionado desviando así el financiamiento al privado y ahora recortando más recursos: precarizando a lxs trabajadorxs de la educación, dejando caer su infraestructura, destinando dinero en perseguir y criminalizar estudiantes y no en garantizar una educación digna que sea gratuita, de calidad, crítica, integral, con infraestructura adecuada, que tenga capacidad de atender nuestras necesidades para educarnos adecuadamente (alimentación, transporte, salud mental, etcétera) y que dignifique la labor de lxs trabajadorxs. Por eso, en estos momentos que inicia la tramitación del presupuesto general para el 2027 nos sumamos a los llamados de los distintos sectores en lucha para exigir que no se siga desfinanciando la educación ni ningún otro derecho social, por el contrario, que se destinen mayores recursos para que acceder a estos no sea más un privilegio ni se siga elevando el costo de vida para los hogares populares. Sabemos que este gobierno, abiertamente de los empresarios y los ricos (porque todos lo han sido en algún grado solo que lo disfrazan), está siendo coherente con la visión de su clase y hará todo lo posible por arrancar las victorias y conquistas históricas de la nuestra, por eso, es nuestro deber como jóvenes estar junto al pueblo que lucha para defender nuestros derechos en las calles, en los barrios, en las escuelas y en cualquier lugar, pero también ya no basta con reaccionar a la agenda de los de arriba. Invitamos a posicionar de nuevo el proyecto de la vida digna y la revolución como horizonte de la clase popular y trabajadora, a poner nuestros esfuerzos en reconstruir el tejido del pueblo organizado, poner nuestro ímpetu y chispa rebelde a disposición de todas las luchas, aportar en la creación de base y comunidades en nuestros liceos y poblaciones como formas de aportar a la construcción del poder popular. Finalmente, hoy saludamos a lxs que luchan por salud, vivienda, trabajo y educación como condiciones básicas para vivir y hacemos eco de las movilizaciones que se llevan a cabo en estos días: No más recortes en la atención primaria, por lo que estuvieron en paro lxs trabajadorxs de la salud organizadxs en CONFUSAM; Restitución y no más recortes de los subsidios de vivienda para los sectores más empobrecidos y freno a las modificaciones de la OGUC que impulsan más la especulación sobre el valor del suelo y que nuestrxs compañerxs del Movimiento Solidario Vida Digna salieron a denunciar; No más precarización de las condiciones laborales de lxs trabajadorxs, no más recortes en educación y respeto al legítimo ejercicio de la movilización social que sigue siendo fuertemente reprimida como sucedió hoy en el marco del paro por la educación. Fortalezcamos la unidad de la clase popular y trabajadora para hacer frente a este escenario. Hoy son lxs trabajadorxs, mañana seremos nosotrxs. Edúcate, organízate y rebélate

Las organizaciones y movimientos firmantes que agrupamos a miles de familias pobladoras sin casa nos declaramos en estado de alerta por el curso empobrecedor que sigue tomando la política de vivienda en Chile. Hoy somos testigos de una contradicción insostenible: mientras se recorta el gasto público, se reducen los ingresos fiscales por efecto de la megarreforma y se pretende excluir a miles de familias del DS49, el gobierno destina cada vez más recursos públicos para entregar garantías a los bancos e incluso comprarles deudas hipotecarias, todo para seguir aumentando el endeudamiento que sabemos no es posible de sostener a largo plazo. En otras palabras, con recursos públicos se alimenta una burbuja inmobiliaria. Las familias que nos organizamos en comités de vivienda no somos sujetos de crédito para los bancos, por lo que poner el foco del gasto público en subsidiar y garantizar deuda para viviendas de alto valor solo nos perjudica, porque se trata de viviendas que se usan para el arriendo y que terminan inflando el precio de todo el mercado, en vez de priorizar la necesidad de las familias sin casa. En vista de la urgencia habitacional que viven nuestras familias en un escenario de permanente aumento del costo de la vida, como movimientos de pobladores exigimos a los Ministerios de Vivienda y Hacienda: 1) Reponer los 20.500 subsidios recortados a la vivienda social (DS49) que habían sido aprobados por el Congreso, y así seleccionar todos los proyectos postulados a los SERVIU a nivel nacional y avanzar al inicio de obras. No hacerlo significa aumentar aún más el tiempo de espera de miles de familias cuyos proyectos ya cumplieron todos los requisitos para desarrollarse, retrasando también los que vienen detrás de ellos. 2) Aprobar un Presupuesto 2027 con al menos 50.000 subsidios DS49, lo que no es más que retomar el umbral de financiamiento previo a los recortes realizados al Presupuesto 2026 en este ítem, que es la vía de acceso orientada a la gran mayoría de familias trabajadoras de menores recursos, quienes no tenemos ninguna capacidad de acceso a un crédito. 3) No a los desalojos sin solución habitacional. Los campamentos son un efecto de la crisis y única respuesta posible de cada vez más familias. Exigimos que las órdenes prontas a ejecutarse incluyan solución a las familias, de lo contrario solo se criminaliza la pobreza y se traslada el problema de un lugar a otro. 4) Desistir del cambio al DS49 con que el MINVU busca excluir del subsidio a las familias que están entre el 70% y 90% del Registro Social de Hogares (RSH). Esto representa el abandono de un sector importante de la población que no tiene otra vía de acceso a una vivienda. 5) Desistir de los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, porque al aumentar la cantidad de viviendas que se puede construir en la ciudad, solo terminará aumentando el precio del suelo, limitando aún más el acceso a la vivienda, siendo esta medida algo que solo beneficia al negocio inmobiliario, y que de paso aumentará la presión sobre los servicios públicos que ya se encuentran saturados. 6) Tomar medidas que realmente permitan mejorar el acceso a la vivienda, que pasan por frenar la especulación del precio del suelo y de la vivienda, que es la verdadera causa de la crisis habitacional, y no limitarse a aumentar el gasto en garantías de crédito y subsidios que no incrementan la capacidad de producir viviendas para las familias sin casa, sino que solo apuntan a fomentar el endeudamiento para cubrir la ganancia privada de bancos y fondos de inversión. ¡VIVIENDA PARA VIVIR Y NO PARA ESPECULAR! Organizaciones firmantes: - Movimiento Solidario Vida Digna - Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores - Pintana Solidaria - Movimiento de Poblador@s en Lucha - Tejer - Sembrar - Movimiento de Pobladores Vivienda Digna - Coordinadora de Comités de Vivienda Santiago Centro - Movimiento de Pobladoras por el Hábitat de Peñalolén - Federación de Cooperativas de Vivienda por Propiedad Colectiva - Unión de Comités de Allegados de San Joaquín - Coordinadora de Allegados de Huechuraba - Coordinadora de Allegados Futura Esperanza de La Reina - 3° Coordinadora de Allegados de La Pintana - Plataforma Vecinal Renca - Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida - Independencia Solidaria - Movimiento La Comuna - Comité Santiago Histórico - Comité Por un Santiago Multicolor - Comité Comunidad Quinta Normal - Comité Memoria y Derecho de Las Condes - Comité Los Soñadores de Las Condes - Comité Nuevo Amanecer de Quinta Normal - Comité Alianza Yungay - Comité Trabajo y Esperanza - Comité Resistencia Pobladora Chillán - Comité Fuerza Campesina de Coihueco - Comité Luchadores y Luchadoras de Barrancas de Cerro Navia - Comité Julio Guerra Villa Olímpica - Comité Orlando Millas de San Miguel - Comité Orlando Millas 2 de San Miguel - Comité Nuestro Sueño Nuestra Casa de San Miguel - Comité Erika Martinez de San Miguel - Comité Juntos Por Un Sueño de San Miguel - Comité Un Nuevo Amanecer de San Miguel - Comité Todos por el Sueño de La Florida - Comité Mujeres Unidas de Puente Alto - Comité Peuma de Puente Alto - Comité Fuerza de Mujer de Puente Alto - Comité Sueño a Realidad de Puente Alto - Comité Mariano Latorre 2.0 de Puente Alto - Cooperativa Cerrada de Vivienda Ñuke Mapu - Cooperativa de Vivienda La Colmena - Cooperativa de Vivienda Fuego Nativo - Cooperativa de Vivienda La Ribera - Cooperativa de Vivienda feminista Simone de Beauvoir - Cooperativa de Vivienda Ayllu - Cooperativa de Vivienda 17 de mayo - Cooperativa de Vivienda Cabras del Cerro Lee también: MINVU destinará $5.886 millones para construir iglesias mientras dice que no hay recursos para los comités de vivienda Declaración de las Escuelas Comunitarias de Vida Digna ante el desmantelamiento de la educación pública 74 proyectos de vivienda social esperan recursos de Hacienda para iniciar obras Salvataje a las constructoras: Gobierno amplía subsidio a la deuda para viviendas de hasta $245 millones que empresas no logran vender Los recortes en vivienda que Poduje desmintió en vivo durante protesta de pobladores

Como jóvenes y educadores populares que nos organizamos por las infancias de nuestras poblaciones, no podemos quedarnos en silencio ante la grave situación que atraviesa el sistema educacional de nuestro país, el cual lleva largos años siendo desmantelado por efecto de un modelo de mercado, y que ahora se agrava por los recortes realizados sobre el Ministerio de Educación (Mineduc). Somos testigos de cómo cada vez más jardines y colegios no tienen las condiciones mínimas para funcionar, debiendo ser suplidas por las propias comunidades educativas, tanto familias como trabajadores y trabajadoras, desde materiales pedagógicos, mejoras básicas de infraestructuras y hasta el confort de los baños. Los efectos más graves del desmantelamiento de la educación recaen sobre la infancia, porque con más precariedad aumentan los problemas de convivencia escolar, de salud mental, y los procesos pedagógicos en general. Todo esto, sumado a los efectos generados por el uso de tecnología digital a temprana edad, nos llevará a ser testigos de cada vez más dificultades para desarrollar habilidades que son básicas para la vida. Justamente ante este problema es que surgen las Escuelas Comunitarias, como una respuesta colectiva para enfrentar los embates que se imponen sobre la población. Esta semana comienza la discusión por el Presupuesto 2027, y nos parece que todas las comunidades educativas y la población en general debemos ponerle atención e involucrarnos. No es justo ni va a ser sostenible que los recortes se extiendan en el tiempo, porque solo nos llevarán al cierre de jardines y colegios por no ser posible su funcionamiento. Pero ni siquiera un presupuesto sin recortes va a resolver el problema de fondo del sistema educacional. Por eso es que nos parece importante que como población en general comencemos a actuar, y dejemos de solo ser testigos y comentadores de la realidad. Porque ya no basta con criticar, hay que organizarse. Invitamos a la juventud a trabajar por la infancia de nuestras poblaciones, a compartir sus herramientas por un objetivo mayor, como es generar espacios de socialización y desarrollo de habilidades. Estos espacios no van a resolver la necesidad, pero van a permitir abrir una puerta para enfrentarla de forma colectiva. Una puerta donde muchas veces no existe perspectiva de futuro. ¡Únete a crear Comunidad Organizada por una Vida Digna! Escuela Comunitaria de Vida Digna Huechuraba Escuelita Comunitaria La Bandera Escuela Comunitaria Munay de San Joaquín

Bajo la pantalla de combatir el crimen organizado, el gobierno abrió la puerta a Estados Unidos para intervenir política y militarmente ante cualquier cosa que el imperio considere una amenaza. O sea, hacerse con el control de los recursos naturales y las cadenas de producción. Mientras se desarrollaba la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la Cancillería de Chile informó mediante un punto de prensa que dejaba atrás su posición de Estado observador y oficializaba su condición de miembro pleno del “Escudo de las Américas”, el club de 15 gobiernos títeres del agente naranja de Estados Unidos. ¿Qué es el “Escudo de las Américas"? Es una coalición de Estados creada y comandada por Estados Unidos (EEUU), que bajo la excusa de la cooperación contra el crimen organizado busca alinear a todo el continente americano bajo su Estrategia Nacional de Seguridad. Con la nueva colonia chilena, 15 son los países tutelados directamente por EEUU, quien ahora va a la caza de Brasil, Canadá y México, las tres economías más grandes del continente después del propio EEUU. Lee acá: La nueva Doctrina Monroe: ¿Qué es la Estrategia Nacional de Seguridad de EEUU y cómo afecta a América Latina? El objetivo geopolítico El objetivo de EEUU es ejercer un control político, económico y militar directo sobre el continente, buscando recuperar su hegemonía actualmente en decadencia, lo que representa una nueva ofensiva imperialista sobre el continente. Por un lado, EEUU busca alinear la política exterior de todos los países a su objetivo de expulsar del continente la influencia económica de China, a lo que se refiere como una amenaza a su seguridad nacional. El problema es que esa necesidad estadounidense no es una necesidad de los países latinoamericanos, al contrario. Incluso para las burguesías locales esto representa un problema, porque justamente es China el principal comprador de los que produce el continente, además de crecer cada vez más su inversión en obras de infraestructura energética, minera y portuaria, entre otras. Intervención militar de EEUU sobre Latinoamérica Desde el plano militar, necesario para ejercer el control, el Escudo de las Américas abre la puerta a la intervención militar directa de EEUU sobre los países miembros bajo la excusa de la cooperación contra el crimen organizado. De esta forma, se construye un marco legal para amplificar lo que EEUU siempre ha hecho de forma encubierta, como es intervenir sobre cualquier actor que no responda a sus intereses, tal como ocurrió recientemente con el cable submarino que buscaba construirse para conectar Chile con China. La invasión sobre Venezuela en enero 2026, que incluyó el secuestro de Nicolás Maduro e instalación de un gobierno tutelado, es la forma más clara de la táctica imperialista para este periodo en búsqueda de una nueva oleada de saqueo de recursos estratégicos, como es el petróleo, diversos minerales y la infraestructura de la inteligencia artificial. El anuncio del gobierno que omite lo importante “Chile ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional”, declaraba un comunicado de la Cancillería horas antes del punto de prensa que luego dio entre titubeos el ex gerente del grupo Luksic y actual canciller, Pérez-Mackenna. El gobierno de Kast puso el foco en el combate al crimen organizado transnacional, intercambio de información, capacitación policial y la coordinación fronteriza de las fuerzas armadas. Pero lo que no se informó en ese comunicado ni en el punto de prensa del canciller y Kast fue el pilar económico de la declaración conjunta, que aborda inversiones, minerales críticos, infraestructura digital y cadenas de suministro energético para el imperio. Previamente, el Departamento de Estado de Washington publicó un comunicado donde da cuenta de los compromisos a los que adscriben los Estados miembros de la organización, llamando la atención el siguiente compromiso: “Con este fin, declaramos conjuntamente nuestra intención de emprender las siguientes acciones, de conformidad con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales: Defender nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica; explorando mecanismos de evaluación de inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables; y promoviendo regulaciones para proveedores confiables de infraestructura digital, aplicadas sobre una base no discriminatoria. Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para las personas, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestras naciones es transparente y verificable.” Lee el documento oficial acá: "Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica" Nuevamente los gringos quieren quedarse con todo Todo lo anterior apunta en una sola dirección, y es que en el repliegue del imperio norteamericano producido por el exponencial crecimiento de China como potencia económica y militar, y el necesario control sobre el continente americano y sus riquezas requiere alinear a los gobiernos para poder llevar adelante su doctrina Monroe sin mayores resistencias y consolidar su control absoluto sobre las riquezas de la región. Bajo esta ecuación, la oligarquía representada por Kast estaría comprometiendo la base de la economía del siglo XXI solo a EEUU, capitalizando todos los recursos estratégicos que demanda la competencia imperialista. Es precisamente ahí donde aparece la verdadera dimensión del Escudo de las Américas, pues mientras el gobierno de Kast nos habla de cooperación, intercambio de información y combate al crimen organizado, la declaración que Chile suscribe habla también de inversiones, minerales críticos, infraestructura digital y cadenas de suministro. En otras palabras, mientras nos venden seguridad, se está construyendo también el marco político y económico para asegurar los recursos estratégicos que el imperio necesita para sostener su disputa con China. El problema entonces ya no es solamente si Chile comparte información con otros países, sino quién controla nuestras riquezas, quién decide sobre nuestras inversiones y para quién se construye la infraestructura estratégica del país.

Por Profesionales ConVocación Terminamos una carrera y nos dijeron que ahora venía el trabajo. Después apareció el diplomado. Luego el magíster. Más tarde una certificación. Una especialización. Un curso de actualización. Hoy, para muchos profesionales, estudiar ya no es una etapa de la vida: es una condición permanente para no quedar atrás. Nos convencieron de que mientras más estudiáramos, mejor nos iría. El problema es que Chile está llegando a un punto en que esa promesa empieza a mostrar sus límites. Durante el primer trimestre de 2026, el 41,5% de la fuerza laboral tenía educación superior técnica o profesional completa. Al mismo tiempo, el desempleo entre quienes contaban con formación universitaria alcanzó 8,9%, y distintas estimaciones sitúan el subempleo profesional en torno al 30%. Tenemos más profesionales que nunca. Y, sin embargo, una parte importante de ellos trabaja en puestos que no requieren aquello que estudió o directamente no encuentra un empleo acorde con su formación. Frente a esto, la respuesta habitual vuelve a recaer sobre la persona. ¿No encuentras trabajo? Mejora tu empleabilidad. ¿Tu carrera perdió valor? Especialízate. ¿No tienes las competencias que busca el mercado? Reconviértete. ¿Tu título ya no alcanza? Estudia otro. La contradicción es evidente: mientras el sistema no consigue aprovechar plenamente las capacidades profesionales que ya existen, seguimos diciéndoles a las personas que la solución consiste en acumular nuevas capacidades y nuevas credenciales. Así funciona una de las grandes trampas de nuestro modelo educativo: un problema estructural termina convertido en una responsabilidad individual. La formación continua nació para algo razonable. Los conocimientos cambian, las profesiones evolucionan y las personas necesitan actualizarse. Nadie podría cuestionar eso. El problema comienza cuando actualizarse deja de ser una posibilidad y se transforma en una obligación permanente para conservar el valor de un título que el propio mercado ha ido depreciando. En 2025, el postítulo fue el segmento de la educación superior que más creció: 30,4% en un solo año. La cifra puede leerse como un aumento de la especialización. Pero también puede leerse de otra manera: como la expansión de un mercado que vende nuevas credenciales a personas que necesitan diferenciarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿estamos estudiando para saber más o para parecer más empleables? No son necesariamente lo mismo. Cuando estudiar se convierte principalmente en una inversión individual para competir, el conocimiento deja de ser el centro. Lo importante pasa a ser el certificado que demuestra que tenemos determinado conocimiento. El resultado puede ser una carrera sin final. La licenciatura ya no basta. El diplomado tampoco. Entonces aparece el magíster. Después otra certificación. Y cuando todos tienen el mismo magíster, necesitamos otra especialización. No porque el conocimiento haya avanzado necesariamente al mismo ritmo, sino porque las credenciales necesitan seguir diferenciándonos. Esta lógica también tiene consecuencias sobre aquello que estudiamos. El mercado puede detectar rápidamente una oportunidad y convertirla en un programa educativo. Si existe demanda por inteligencia artificial, liderazgo, herramientas digitales, neurodiversidad o gestión, aparecerá una oferta dispuesta a satisfacerla. Pero los problemas más urgentes de una sociedad no siempre son los más rentables. Chile puede ofrecer decenas de alternativas para especializarse en nuevas herramientas de gestión y, al mismo tiempo, tener enormes dificultades para producir conocimiento acumulado sobre problemas como la pérdida de aprendizajes, la violencia escolar, el ausentismo, la segregación territorial o las dificultades de acceso a la vivienda. No es que esos problemas no interesen. Es que no siempre existe un mercado dispuesto a financiar su estudio con la misma velocidad. Ahí está una de las grandes discusiones que hemos evitado: ¿quién decide qué conocimiento vale la pena producir? Si la respuesta es exclusivamente el mercado, corremos el riesgo de terminar formando profesionales para responder a las oportunidades existentes, en lugar de desarrollar capacidades para enfrentar los problemas que como sociedad todavía no sabemos resolver. Y la contradicción es aún mayor si consideramos que Chile destina alrededor de 0,4% de su PIB a investigación y desarrollo, muy lejos del promedio de la OCDE. Tenemos una enorme cantidad de profesionales y una capacidad comparativamente pequeña para convertir ese capital humano en investigación y conocimiento colectivo. Entonces quizás el problema no sea que estudiamos demasiado. Quizás estudiamos demasiado solos. Cada profesional intentando mejorar su currículum. Cada trabajador intentando no quedar obsoleto. Cada persona pagando por una nueva certificación para mantenerse competitiva. Mientras tanto, discutimos poco sobre qué instituciones necesitamos para que ese conocimiento se comparta, se acumule y se ponga al servicio de problemas colectivos. La educación no debería ser una carrera infinita para demostrar que todavía valemos en el mercado. Estudiar debería permitirnos comprender mejor el mundo, desarrollar nuevas capacidades y participar en su transformación. Chile no necesita necesariamente menos profesionales. Necesita dejar de mirar a sus profesionales solamente como individuos que deben hacerse empleables y comenzar a mirarlos como una enorme capacidad colectiva todavía subutilizada. Porque si la única respuesta que tenemos frente a un mercado laboral que no utiliza nuestras capacidades es estudiar nuevamente, quizás el problema no está en cuánto nos falta estudiar. Quizás está en el tipo de sociedad que estamos construyendo con todo lo que ya sabemos. Conoce más de Profesionales ConVocación

Bajo la excusa de “financiar la casa propia” y reactivar la economía, el gobierno busca ampliar la cantidad de créditos que los bancos puedan entregar para expandir el negocio inmobiliario de viviendas de hasta 6.000 UF. Los riesgos los asume el Estado mientras se reduce el acceso a la vivienda por cualquier vía que no sea el endeudamiento para toda la vida. ¿Qué es el mercado de capitales? Es el lugar donde las empresas más grandes de la economía transan sus acciones para buscar mayor financiamiento y seguir creciendo. Básicamente el circuito donde los capitales financieros especulan con el futuro y en base al trabajo ajeno, ya que la compra y venta de acciones y deudas funciona como préstamos que se hacen a partir de la expectativa de obtener una ganancia en el futuro por efecto de un determinado negocio. El diagnóstico del problema La causa del problema es la brecha cada vez mayor entre el nivel de los salarios y el valor de la vivienda en el mercado: si en el año 2000 una persona debía gastar 3 a 4 años de sueldo para comprar una vivienda, esa cifra aumentó a 11 años de sueldo en 2024. Por esa razón (la concentración de la riqueza) los bancos no prestan más dinero, porque saben que es insostenible pagarlo, lo que se expresa en un aumento de las tasas de interés. Si lo pensamos, luego de adquirir una deuda hipotecaria, el valor real de la vivienda no se congela, porque sigue aumentando por los intereses de un préstamo a 30 años, volviéndose imposible de sostener para una gran parte de la población. Y no por decisión, sino por condiciones estructurales del sistema financiero que está orientado a la acumulación de capital. Un efecto de esta situación es que disminuye el porcentaje de la población que es propietaria de una vivienda: mientras en 2012 el 66% de los hogares era propietario, en 2022 esa cifra bajó al 57%, según datos de la OCDE expuestos por el gobierno. Pero y entonces, ¿quién posee el resto de la propiedad? Se concentra cada vez en un menor porcentaje de personas, pero sobre todo de empresas que invierten para arrendar, lo que a su vez reproduce el problema de aumentar el precio de la vivienda, al haber un comprador dispuesto a invertir en vivienda, pero no para habitarla. Las propuestas del gobierno En su reforma pro-bancos, el gobierno propone cuatro ejes. El principal, es el que tilda de “Acceso a la vivienda y fomento al ahorro”, que a continuación detallamos: a) Creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) Fondo de recursos públicos por $2.000 millones de dólares administrados por el Banco Estado, destinados a comprar créditos hipotecarios (deuda) en mano de los bancos. El fondo compraría deudas hipotecarias de primera vivienda por hasta 6.000 UF ($245 millones) a los bancos para que de esa forma estos puedan liberar dinero para entregar más créditos y reproducir el ciclo de acumulación de capital. Básicamente es el Estado quien asume el riesgo por no pago en un escenario cada vez más probable, donde el único que gana es el banco. Para incentivar el endeudamiento, se propone bajar el pie a pagar de un 20% al 10% del valor de la vivienda, donde el Estado asume un 3% del gasto a través de un subsidio, dejando a las personas a cargo del 7% restante. b) Incentivo para endeudarse vía Ahorro Voluntario con bonificación estatal El gobierno propone crear una cuenta de Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), a la cual propone reproducir la fórmula que existe en la cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (AFP), bonificando con un 15% del total ahorrado al año con un tope de 8 UTM anuales ($574.000) de aporte estatal, buscando incentivar el endeudamiento. La idea de esta cuenta de ahorro que administrarían los bancos -y no las personas-, es destinarla exclusivamente a la deuda por vivienda. De esa forma, la idea de “con mi plata no” que tanto agitó el Partido Republicano, vuelve a desvanecerse, al ser esta una figura que transfiere directamente parte del salario al sistema financiero. Una política de salvataje a la especulación financiera Junto a otras medidas, el gobierno busca aumentar la inversión para el negocio inmobiliario y reimpulsar un ciclo de acumulación. Desde el gobierno de Boric se crearon mecanismos para garantizar la deuda para la vivienda con los bancos para estimular el sistema financiero y encontrar compradores para las 100 mil viviendas construidas sin vender en ese entonces. Esta política fue hace poco extendida por Kast, aumentando el valor máximo de las viviendas a cubrir y el volumen de dinero público a destinar para esos fines. La nueva reforma al mercado de capitales va en la misma dirección, que es oxigenar la especulación inmobiliaria. El propio gobierno asumió que gran parte de las viviendas a las que se pretende encontrar un comprador son las decenas de miles que se encuentran construidas, pero sin vender, el mismo problema que atajó el gobierno de Boric hace dos años atrás, cuando pateó el problema hacia el futuro a costa de recursos públicos. Lee también: MINVU destinará $5.886 millones para construir iglesias mientras dice que no hay recursos para los comités de vivienda 74 proyectos de vivienda social esperan recursos de Hacienda para iniciar obras Salvataje a las constructoras: Gobierno amplía subsidio a la deuda para viviendas de hasta $245 millones que empresas no logran vender Los recortes en vivienda que Poduje desmintió en vivo durante protesta de pobladores

La instalación masiva de centros de datos en Santiago exige aumentar los niveles de transmisión de energía desde Valparaíso. Una de esas obras es la construcción de la Subestación Lo Campino con 28 torres de alta tensión que amenazan la vida que albergan los cerros de Renca. Proyecto Nueva Subestación Lo Campino Hasta ahora no hay mayor información pública de las obras que se pretenden construir, pero de acuerdo al decreto del Ministerio de Energía, el proyecto consistiría en la construcción de una subestación eléctrica, que es una infraestructura que busca conectar otros nodos que transmiten energía. En este caso, mediante el seccionamiento de tres líneas de alta tensión Cerro Navia – Nueva Lampa; Cerro Navia – Tap Libertadores y Cerro Navia – El Salto. A esto se agregaría la conexión a la Subestación Lo Campino de la Línea Tap Lo Boza – Lo Boza. Todas esas redes de transmisión de energía requerirían 28 torres de alta tensión, parte de las cuales se emplazarían en los cerros de Renca, según declaró la propia municipalidad en una declaración pública donde se opone al actual trazado del proyecto por sobreponerse al Parque Metropolitano Cerros de Renca, además de zonas residenciales de Renca y Quilicura. A nivel más general, el circuito de energía del que formaría parte Lo Campino se integraría al corredor Las Vegas – Cerro Navia (ver imagen), que se extiende por 78 km, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de energía transmitida desde la Región de Valparaíso hacia la Metropolitana, en particular por la construcción de nuevos centros de datos que aumentarán fuertemente el consumo de energía. Fuente: Vista aérea compuesta por la línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia. Coordinador Eléctrico Nacional. Plan de Expansión del Sistema de Transmisión (2022) El proyecto Subestación Lo Campino forma parte del Plan de Expansión de 2022 definido por el Ministerio de Energía, con el objetivo de ampliar la capacidad de transmisión de energía eléctrica a nivel nacional y zonal, fijado a través del Decreto Exento N°58 de 2024. Esta es una de las tres obras definidas para el Sistema Zonal D (zona central) del Plan de Expansión, que en marzo de 2025 fueron adjudicadas por el Coordinador Eléctrico Nacional dentro de un paquete más amplio de nueve obras. Grupo Saesa: capitales canadienses La empresa titular del proyecto de Subestación Lo Campino es Sociedad de Transmisión Austral S.A., filial del Grupo Saesa, controlado por dos fondos de inversión canadienses: Plan de Pensiones del Profesorado de Ontario y Alberta Investment Management, que controlan las empresas que componen el grupo. Saesa participa en la generación, transmisión y distribución de energía -o sea todo el sistema- entre las regiones del Biobío y Aysén, mientras que en la zona norte y centro del país solo tiene redes de transmisión, a las que se sumaría la Nueva Subestación Lo Campino. El objetivo: más energía para los centros de datos Según el Plan de Expansión de Transmisión del Coordinador Eléctrico Nacional, “el aumento de capacidad de la línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia permitirá incrementar las transferencias de energía hacia la Región Metropolitana de Santiago”, lo cual “adquiere especial relevancia considerando el crecimiento esperado de demanda y la incorporación progresiva de nuevos polos de consumo intensivo, particularmente aquellos asociados a Data Centers proyectados en el entorno norte y poniente de Santiago, incluidos desarrollos vinculados al sector Punta Verde, cuya conexión incrementará las necesidades de abastecimiento y flexibilidad operacional del sistema”. Proyección de centros de datos en la RM La Región Metropolitana es foco de la instalación masiva de centros de datos, infraestructuras de uso civil y militar, cuyo polo principal es la zona norte de Santiago. Según la consultora inmobiliaria GPS Property, para 2031 habría 18 proyectos comprometidos por un total de $2.370 millones de dólares, que se sumarían a los 37 centros de datos que existen actualmente en la RM. Recientemente, El Pincoyazo identificó seis nuevos centros de datos que buscan construirse en la RM (5) y Valparaíso (1), que pese a almacenar entre 511.000 y 995.000 litros de combustible frente a zonas pobladas, no deberán siquiera evaluar sus impactos ambientales gracias a un cambio al Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental realizado por el gobierno de Boric. Impacto sobre la biodiversidad de los cerros de Renca 839 hectáreas compone el cordón de cerros isla conformados por las cumbres de los cerros Renca, Colorado, Puntilla, Lo Ruíz, Cóndor, La Cruz y Las Perdicez. Estos cerros albergan una amplia biodiversidad, compuesta por matorral esclerófilo, aves y reptiles propios del territorio, como el cóndor y pequén, entre otros. La construcción de una subestación y sus torres de alta tensión requieren de remover altos volúmenes de suelo, que además de erosionarlo, invaden el ecosistema y generan contaminación del aire para la población local.

Luego de recortar 20.500 subsidios para comités de vivienda (DS49), por primera vez el MINVU incluye la figura de “Centros Comunitarios de Culto” como destino para financiar obras de equipamiento comunitario (DS27), destinando el mismo monto que a las obras de sedes de Juntas de Vecinos y Multicanchas. Según el llamado a concurso para proyectos de equipamiento comunitario vía DS27, el Ministerio de Vivienda destinará 143.800 UF ($5.886 millones) para financiar obras de culto (iglesias) por hasta 5.450 UF ($223 millones) cada una a lo largo del país. De acuerdo al mismo documento, estos recursos están dirigido “exclusivamente a organizaciones sociales funcionales vinculadas a instituciones religiosas”, estableciendo una discriminación respecto de otro tipo de organizaciones que no gozan de este privilegio. Esto quiere decir que solo en este llamado se destinarán recursos para construir más de 26 nuevas iglesias a lo largo del país, cuyo monto total a repartir equivale a construir cerca de 100 viviendas sociales. Todo esto, mientras la lista de espera de los comités de vivienda que esperan iniciar obras solo aumenta, alcanzando 74 proyectos a nivel nacional que agrupan a 8.569 familias sin casa. Como si esto fuera poco, el llamado permite a las organizaciones detrás de estas iglesias a no tener que presentar aportes adicionales al monto subsidiado por el MINVU, como sí deben hacerlo las juntas de vecinos u otras organizaciones funcionales, lo cual da cuenta de una discriminación que no parece tener una justificación. Para el MINVU, la justificación de por qué incluir a este tipo de organizaciones pasaría porque, “al igual que otras organizaciones comunitarias, desarrollan actividades en beneficio de la comunidad y requieren de infraestructura para el cumplimiento de sus fines”. El problema es que actualmente las organizaciones religiosas son, probablemente, el tipo de organización que goza de mayor infraestructura en buena parte de las poblaciones de Chile, por lo cual cabe preguntarse por qué no se destinan estos recursos hacia otro tipo de organizaciones sociales, o más importante aún, ¿qué justifica que se destinen estos recursos para construir más iglesias mientras se recorta el presupuesto para la vivienda social? A partir de esto, cabe preguntarse si lo que se busca es resolver una necesidad real y urgente o más bien crear una red clientelar que busca capturar votantes en un sector que se encuentra en auge durante las últimas décadas, como es particularmente el mundo evangélico. Revisa acá el llamado del MINVU para proyectos de equipamiento comunitario Lee también: Comunicado del Movimiento Solidario Vida Digna: No al recorte del gasto público en vivienda social: ¡Devuelvan los recursos ahora! Lee también: Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda Lee también: 74 proyectos de vivienda social esperan recursos de Hacienda para iniciar obras Lee también: Salvataje a las constructoras: Gobierno amplía subsidio a la deuda para viviendas de hasta $245 millones que empresas no logran vender Lee también: Nuevos recortes en vivienda: Gobierno reduce 8.420 subsidios DS49 a nivel nacional para 2026

Mientras aumenta el desempleo y vuelve a subir la bencina, la luz y los alimentos, 8.569 familias sin casa de todo el país esperan que el ministro Jorge Quiroz traspase recursos al Ministerio de Vivienda para seleccionar 74 proyectos que ya fueron calificados por los SERVIU y están en lista de espera. A esto se suma el anuncio de limitar el acceso vía comités de vivienda (DS49) a quienes están entre el 70% y 90% del Registro Social de Hogares. El pasado 09 de septiembre, el jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda, Carlos Huidobro, expuso en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados los programas que impulsa el MINVU para abordar la necesidad habitacional. Uno de los temas expuestos por el MINVU fueron las cifras de los proyectos de comités de vivienda que están a la espera de ser seleccionados, luego de ser calificados por el SERVIU, estando listos para avanzar hacia la etapa de construcción, pero que por los recortes realizados durante 2026 pasaron a formar parte de una lenta lista de espera. Son 74 proyectos a nivel nacional por un total de 8.589 familias a la espera de un techo, luego de cumplir todos los requisitos legales y de ahorro. La RM concentra el 49% con 4.183 familias en 27 proyectos que en algunos casos postularon hace un año atrás y todavía no son seleccionados. En algunos casos llevan un año esperando para ser seleccionados. Los recursos dependen de la aprobación del Ministerio de Hacienda, luego de que en febrero recortara 20.500 subsidios. En ese entonces, la circular del tijeretazo decía que estos recursos aprobados por el Congreso podrían reponerse si así lo aprobaba la Dirección de Presupuestos, a cargo del ministerio que encabeza Jorge Quiroz. El acceso a la vivienda para las familias más pobres del país se vuelve cada vez más difícil, porque mientras aumenta el costo de la vida, resulta materialmente imposible cumplir con los niveles de ahorro cada vez mayores por efecto de la especulación inmobiliaria. Proyectos postulados, seleccionados y no seleccionados (lista de espera) Fuente: MINVU. Cambios al Decreto Supremo (DS) 49 Otro de los puntos expuestos de importancia para los comités de vivienda fueron los cambios que el gobierno pretende hacer al DS 49, programa por el que postulan su proyecto los comités. El punto más grave es que buscan limitar el acceso a la vivienda vía comité a las familias que estén entre el 70% y 90% del Registro Social de Hogares (RSH), considerando que hoy personas de hasta el 90% más pobre del RSH pueden integrar un comité. Esta medida de empobrecimiento deja en evidencia el papel perverso del instrumento que mide la pobreza (RSH), donde miles de familias que con suerte llegan a fin de mes, terminan excluidas de probablemente la única vía posible de acceder a una vivienda, sin capacidad siquiera de endeudarse a 30 años. Esta exclusión ocurre porque el instrumento que mide la pobreza (RSH) estratifica a la población para luego focalizar el gasto de recursos públicos solo en el segmento más pobre, y luego de los recortes realizados, este segmento comienza a ser cada vez menor en proporción al total de la población. Y luego hacen gárgaras hablando de la supuesta clase media. Lámina de los cambios al DS49 que pretende impulsar el gobierno Fuente: MINVU Lee también: Comunicado del Movimiento Solidario Vida Digna: No al recorte del gasto público en vivienda social: ¡Devuelvan los recursos ahora! Lee también: Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda

El Pincoyazo revisó y mapeó las consultas de pertinencia de seis nuevos centros de datos que almacenarán entre 511 y 995 toneladas de combustible en las comunas de Puente Alto, Cerrillos, Lampa, Buin y Valparaíso. Gracias al cambio de reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental que hizo el gobierno de Boric, tienen la puerta abierta para no evaluar sus impactos ambientales a pesar de su alto consumo energético y representar un peligro latente para poblaciones aledañas. A pocos meses de pasar la posta, el gobierno de Boric hizo un cambio al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que incluyó una desregulación en favor de los centros de datos, cuya exigencia para ser evaluados ambientalmente pasó de 80 toneladas (80.000 litros) a 1.000 toneladas (1.000.000 litros) de combustible almacenado, necesario para dichas infraestructuras como energía de respaldo ante posibles emergencias del suministro eléctrico. El Pincoyazo revisó los proyectos que durante 2026 consultaron al Servicio de Evaluación Ambiental si debían evaluar sus impactos ambientales. Hasta agosto del año en curso, seis proyectos hicieron la consulta. Cada uno almacenará entre 511 y 990 toneladas de combustible diésel en las comunas de Puente Alto, Cerrillos, Lampa, Buin y Valparaíso. De todos ellos, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha respondido solo una consulta de pertinencia, la del proyecto “Habilitación Data Center Alto Jahuel”, diciendo que no debe evaluar los impactos ambientales por sus 990 toneladas de combustible que pretende almacenar, entre otros aspectos relevantes que no tampoco deberá informar gracias al cambio realizado durante el gobierno progresista. Pero esto es solo el comienzo de la instalación masiva de estas infraestructuras con uso civil y militar en nuestro país que es controlada por grandes capitales multinacionales. Según la consultora inmobiliaria GPS Property, para 2031 habría 18 proyectos comprometidos por un total de $2.370 millones de dólares, que se sumarían a los 37 centros de datos que existen actualmente en la RM. Luego de que el gobierno progresista publicara en diciembre de 2024 el Plan Nacional de Data Centers -cuyo Ministerio de Ciencias era encabezado por Aisén Etcheberry, ex funcionaria de Amazon-, los grandes capitales tecnológicos comenzaron a anunciar miles de millones de dólares en inversión para los próximos años en Chile, fomentado por una serie de desregulaciones en favor de esta industria, de un presidente que al asumir se declaraba como un gobierno ecológico. Centros de datos que ingresaron consultas de pertinencia en el SEA entre enero y septiembre 2026: Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Evaluación Ambiental. Cientos de miles de litros de combustible frente a poblaciones urbanas En base a los documentos presentados por las empresas, al menos dos de estos centros de datos se ubican a pocos metros de poblaciones urbanas, lo cual representa un peligro latente para miles de personas que nada podrán decir sobre la instalación de estas infraestructuras frente a sus viviendas: a) 756.000 litros de combustible a 250 metros de Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto: Fuente: elaboración propia en base a datos del SEA. b) 511.000 litros de combustible a menos de 50 metros de dos sectores de Valle Grande en la comuna de Lampa: Fuente: elaboración propia en base a datos del SEA. ¿Para qué se usan los centros de datos? Uno de los objetivos es la digitalización del Estado y su migración a la “nube” de Amazon, Oracle o Google, es decir, almacenar y ejecutar los datos de los servicios públicos en los Centros de Datos de empresas norteamericanas. Basta un vistazo a la plataforma de Ley de Lobby para observar cómo Amazon está operando para que los servicios públicos (y también las fuerzas armadas) migren a su nube y adquieran sus tecnologías de inteligencia artificial; las cuales requieren de Centros de Datos. El control y gestión de estas infraestructuras a nivel global es esencial para el imperialismo y constituye una nueva forma de dependencia y sometimiento de los Estados Latinoamericanos. Si los cables oceánicos que nos conectan con el mundo son de Google, si las conexiones satelitales las controla Starlink, si el Estado y los diversos servicios públicos comienzan a operar desde los Data Centers de Amazon, Google, Oracle o Microsoft, bastará con que los grandes capitales tecnológicos aprieten un botón y nos desconectarán, apagarán el Estado, nos dejarán en la oscuridad, si ya no lo estamos. Los efectos socio-ambientales Hasta 2025, el motivo por el que los data center debían evaluarse ambientalmente era almacenar más de 80 mil litros de combustible, pero al momento de desregular la construcción de esta infraestructura de la Inteligencia Artificial, desde el gobierno de Boric señalaron al medio LaBot que el almacenamiento de combustible no representaba un riesgo ambiental relevante. Y si bien concluyeron que se justificaría una nueva tipología que considere el consumo de agua, la inclusión de nuevos parámetros de evaluación ambiental requeriría un cambio legal, lo que equivale a lavarse las manos. Lee acá: De Amazon al Gobierno de Piñera y Boric: La puerta giratoria de la ex ministra de Ciencias que elaboró el Plan Nacional de Data Centers Si bien el alto consumo de agua es tal vez el problema más conocido de los centros de datos, no es el único. La demanda de energía eléctrica es también importante de considerar, porque una mayor cantidad de estos recintos requiere más producción, almacenamiento y transmisión de energía eléctrica, que es la que se usa de forma constante en los centros de datos, porque el diésel se almacena en caso de emergencia. La demanda energética es tal, que la propia Agencia Internacional de Energía estima que esta se duplicará para 2030, superando el consumo total de un país industrializado como Japón. Ante esta desregulación en favor del capital, cabe preguntarse si la solución sería aumentar las exigencias ambientales. Más trámites para aprobar el proyecto a veces permite acceder a más información sobre sus posibles efectos, pero no resuelven el problema de fondo, que es un modelo económico diseñado a la medida de la inversión extranjera, pero que no resuelve las necesidades de la población. Lee acá: Crisis climática: caminamos directo a la extinción pero los candidatos prefieren vendarse los ojos Los efectos al bolsillo de la población El aumento exponencial de la demanda de energía eléctrica no solo tiene efectos ambientales, también impacta sobre el bolsillo de la población. Así lo han experimentado otros países, por que al requerir más consumo de energía, los centros de datos provocan un aumento del precio de las cuentas de luz, ya que esa mayor demanda que llega de golpe, no puede ser absorbida por los sistemas eléctricos, los cuales requieren de una mayor infraestructura para responder a esa demanda, traspasando el costo de esa inversión a los consumidores. Tal como ocurrió en Virginia (EEUU), que por efecto de una alta concentración de centros de datos, los precios de la electricidad han aumentado hasta casi tres veces durante los últimos cinco años. En el caso de Chile, el sistema eléctrico ya presenta una capacidad limitada en su fase de almacenamiento y transmisión, y pese a que hay hartos proyectos en curso, la demanda de energía de los centros de datos parece ser mayor y más rápida, lo que anticipa que lo que ocurrió en Virginia podría repetirse en determinados territorios de Chile, particularmente en la Región Metropolitana. Desde una perspectiva más amplia, toda la industria de la inteligencia artificial -con centros de datos incluidos- representa no solo un reimpulso de acumulación de capital, sino también un pie en el acelerador hacia el colapso climático, porque ante la competencia capitalista, necesita la guerra, y para alimentar sus arsenales, necesita de más extracción de recursos. Visor de Centros de Datos Listado de proyectos de Centros de Datos: 1. Habilitación Data Center Alto Jahuel - Fecha de ingreso de consulta de pertinencia: 05 de mayo 2026 - Monto de inversión: $25 millones de dólares - Empresa Proponente: DC Terranova SPA - Empresa principal detrás del proyecto: Inversiones FR Ltda, cuyo representante legal es Felipe Fleischmann Ruiz, quien vendió la empresa de construcción de infraestructuras y data centers Fleischmann Chile S.A. a Dragados SA, filial del Grupo ACS, constructora multinacional con presencia en 68 países, presidida por Florentino Pérez (dueño del Real Madrid). El otro representante legal del proyecto es Álvaro Pipino Fontova, administrador de Inversiones Santa Cecilia, Family Office de José Yuraszeck, que es dueña de gran parte de los cerros de Huechuraba. - Ubicación: Camino a Guindo - Los Tilos N° 3810, Buin. - Almacenamiento de combustible declarado: 990 toneladas. - Estado de consulta: SEA dijo que no requiere evaluación ambiental. 2. Data Center Alto Jahuel Campus Sur - Fecha de ingreso de consulta de pertinencia: 29 de mayo 2026. - Monto de inversión: $20 millones de dólares. - Empresa Proponente: GR Huiña SPA. - Empresa principal detrás del proyecto: Grenergy Renovables S.A., multinacional española que opera en Europa, EEUU y Latinoamérica cuyo principal accionista es David Ruiz de Andrés, quien controla cerca del 50% de la compañía a través de su holding Daruan Group Holding. - Ubicación: Acceso Sur, cerca del Camino Los Tilos, Buin. - Almacenamiento de combustible declarado: 995 toneladas. - Estado de consulta: Pendiente de respuesta del SEA. 3. Campo de Datos Lampa - Fecha de ingreso de consulta de pertinencia: 13 de julio 2026 - Monto de inversión: $850 millones de dólares - Empresa Proponente: CI GMF II Chile DevCo I SpA. - Empresa principal detrás del proyecto: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), empresa danesa de gestión de fondos e inversión privada en infraestructura energética a escala global. - Ubicación: Avenida El Alfalfal Oriente, Parcela 10, lotes 1 al 5, comuna de Lampa. - Almacenamiento de combustible declarado: 511 toneladas. - Estado de consulta: Pendiente de respuesta del SEA. 4. Data Center Cerrillos - Fecha de ingreso de consulta de pertinencia: 29 de julio 2026 - Monto de inversión: $200 millones de dólares - Empresa Proponente: Inversiones y Servicios Data Luna Ltda. - Empresa principal detrás del proyecto: Google LLC, multinacional estadounidense, que opera a través de las sociedades pantalla constituidas en Delaware Zois LLC, Mizzenmaste LLC, Mesh Specialties Inc. y Massif LLC. - Ubicación: Camino a Lonquén N°9600. - Almacenamiento de combustible declarado: 696 toneladas. - Estado de consulta: Pendiente de respuesta del SEA. 5. Data Center La Polvora - Fecha de ingreso de consulta de pertinencia: 30 de julio 2026. - Monto de inversión: $25 millones de dólares. - Empresa Proponente: DCI La Polvora SpA. - Empresa principal detrás del proyecto: DCI Data Partners, es propiedad del estadounidense Collin Conlin Hamilton, este además es parte del negocio energético con Invierno Spa y en Verano Energy. Esta empresa también impulsa el proyecto Data Center San Felipe en el Valle del Aconcagua. - Ubicación: localidad de La Pólvora, comuna de Valparaíso, accesible desde Camino La Pólvora (Ruta 60 / VE-5V, Vía Expresa PREMVAL). - Almacenamiento de combustible declarado: 990 toneladas. - Estado de consulta: Pendiente de respuesta del SEA. 6. Centro de Almacenamiento de Datos Puente Alto - Fecha de ingreso de consulta de pertinencia: 31 de agosto 2026. - Monto de inversión: No detalla - Empresa Proponente: Inmobiliaria STPA SPA. - Empresa principal detrás del proyecto: muy probablemente Servicios Amazon Data Services Chile SpA, en base al rol de intermediaria en la primera etapa de los proyectos que ha jugado Inmobiliaria STPA SPA en los otros data center en Chile de la multinacional estadounidense. - Ubicación: Autopista Acceso Sur a Santiago (Tramo Santiago – Talca) N°2830. - Almacenamiento de combustible declarado: 756 toneladas. - Estado de consulta: Pendiente de respuesta del SEA.

Exigen al SLEP cumplir las condiciones del protocolo de traspaso: participar en la definición de dotación, resguardar tres horas para que jefaturas de curso atiendan a estudiantes y apoderados y realicen trabajo administrativo, además de dos horas para dirigentes gremiales de cada colegio, tareas fundamentales para garantizar la calidad educativa y las condiciones laborales. Luego de mantenerse en estado de alerta por falta de respuestas desde el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, dirigido por Paulina Retamales, el comunal Santiago del Colegio de Profesores decidió realizar un "paro de advertencia" este jueves 27 de agosto para exigir que se cumplan las condiciones pactadas en el protocolo de traspaso al SLEP, firmado en junio de 2025. La paralización se votó con un 72% de aprobación del comunal, correspondiente a 31 colegios donde se impuso la adhesión al paro. Asimismo, se informa que la alimentación JUNAEB seguirá estando disponible para los estudiantes que lo requieran. A continuación reproducimos íntegramente el comunicado de la Asamblea de Profesoras y Profesores del SLEP Santiago, compuesto por los 43 colegios públicos de la comuna: Santiago, 26 de agosto 2026 Estimados padres, madres y apoderados: Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes para informarles que el día jueves 27 de agosto nos sumaremos a la movilización convocada por la Asamblea de Profesoras y Profesores del Colegio de Profesores Chile Comunal Santiago, respetando la votación mayoritaria de las y los colegas de los 43 establecimientos de la comuna Como docentes entendemos y lamentamos los inconvenientes que esta medida puede causar en sus rutinas familiares y en la continuidad de las clases de sus hijos e hijas y solicitamos disculpas de antemano. Queremos enfatizar que nuestra labor está siempre orientada al bienestar de nuestros estudiantes; sin embargo, esta movilización busca resguardar y que se cumplan las condiciones laborales mínimas para el bienestar de quienes componemos cada comunidad educativa. Por mencionar algunas están: Tiempos adecuados de trabajo: Tres horas estipuladas en protocolo para jefaturas de curso, atención de estudiantes y apoderados, coordinación pedagógica y trabajo administrativo. Dos horas dirigentes gremiales quienes recogen las problemáticas del profesorado en cada uno de los 43 establecimientos y coordinación comunal en asambleas, ambas incluidas en protocolo de continuidad. Consideramos fundamental garantizar la calidad educativa que ustedes esperan y merecen para sus hijas e hijos. Cumplimiento de compromisos: Respeto por protocolo de continuidad acordados con las distintas autoridades, tales como la participación en procesos de predotación y dotación docente, momentos clave en las continuidades de trabajo para las y los profesores de la comuna, pago puntual de sueldos, sala cuna digna para menores de dos años y respuestas oportunas al profesorado. Quisiéramos indicar que en ningún momento el beneficio de JUNAEB se verá afectado para sus hijas e hijos, el cual estará disponible para quienes lo requieran. Agradecemos profundamente su comprensión en estos momentos complejos donde la unión de quienes trabajamos en la comuna y la comprensión de las comunidades educativas empatizando con nuestra problemática nos llevará a que se resuelva lo que la asamblea determinó como problemática sin respuesta a la fecha en el primer año de funcionamiento del Slep Santiago Centro. Atentamente Profesoras y Profesores del SLEP Santiago Centro Lee también: Profes y asistentes de la educación del SLEP Santiago en alerta por posibles despidos

Trabajadores de la educación de los 43 colegios públicos de Santiago denuncian que el SLEP no les ha asegurado la participación en el proceso que define la dotación, como exige el protocolo de traspaso, lo cual marca una alerta ante posibles despidos masivos en vista de los anuncios del propio director de Educación Pública que dice que la causa de los problemas del sistema sería la “sobredotación” de trabajadores, como si no existieran los recortes del gobierno. El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro administra 43 colegios públicos de la comuna, compuesto por más de 3.500 trabajadores, mayoritariamente profesores y asistentes, para sostener los procesos educativos de decenas de miles de estudiantes. Previo al traspaso de la Corporación Municipal de Santiago al SLEP Santiago Centro, las agrupaciones gremiales de la comuna conformaron la Multigremial de Trabajadores de la Educación Pública, compuesta por el Comunal de Santiago del Colegio de Profesores, la Asociación de Asistentes de la Educación (AFESA) y la Asociación Gremial de Profesionales no Docentes de Educación (APRONDE). Posibles despidos de trabajadores Según denuncian estas agrupaciones, el SLEP Santiago Centro no ha asegurado la participación de los trabajadores en las definiciones del proceso de pre-dotación, que se realiza con las direcciones, como tampoco del proceso de dotación, que se realiza con el sostenedor (SLEP). Todo esto, a pesar de que el artículo 42 transitorio de la Ley 21.040 dice que los SLEP deben mantener las condiciones pactadas en los acuerdos colectivos si estos fueron firmados al menos seis meses antes del traspaso, como sí ocurre, por ejemplo, con la última renovación del protocolo de acuerdo del comunal de Santiago del Colegio de Profesores, firmado el 16 de junio de 2025. Esto significa incertidumbre ante posibles despidos masivos de trabajadores y, por lo tanto, peores condiciones para sostener los procesos educativos, sin informar certezas sobre el financiamiento de las horas de trabajo en base a las necesidades de los establecimientos, sobre todo por un contexto nacional marcado por fuertes recortes a la educación pública impuestos por el actual gobierno. De manera más específica, los trabajadores señalan que el SLEP tampoco ha asegurado la continuidad de las 3 horas no lectivas de cada profesor/a jefe para reuniones con estudiantes, apoderados, equipos de aula, entre otras; las 2 horas para representantes gremiales de cada establecimiento y las 5 horas por PADEM para el desarrollo de redes disciplinares por cada coordinador/a y co-coordinador/a. Esto se podría traducir en una mayor sobre-carga laboral. Un problema actual en relación a la dotación también son los reemplazos que se requieren para cubrir licencias por menos de 15 días, los cuales se cubren dentro de los mismos establecimientos, aumentando la sobre-carga laboral, y muchas veces pasando a llevar el 65/35 de distribución horaria dentro y fuera del aula, según establece el común acuerdo. Desde el comunal de Santiago del Colegio de Profesores dicen que han solicitado que exista un staff de profesores en el SLEP que vayan a los establecimientos cuando se ausente un profesor, como ocurría con administraciones pasadas, lo cual no estaría ocurriendo, sumando otro factor a la sobre-carga laboral, y que muchas veces se traduce en la falta de profesores para realizar las clases. El “plan de dotaciones adecuadas” o despidos masivos En el documento de su Cuenta Pública 2026, la Dirección de Educación Pública encabezada por Pedro Larraín Aguirre dice que las escuelas públicas tienen una sobredotación de trabajadores, anunciando un plan de despidos masivos bajo el eufemismo de “implementar un plan de dotaciones adecuadas con el objetivo de promover una administración efectiva y eficiente de los recursos”. A este plan de recortes, el gobierno en su documento le llama “sostenibilidad del sistema”, lo que se traducirá en un mayor desmantelamiento de los colegios públicos y, por lo tanto, menos clases, trabajadores reventados, generando condiciones para el cierre de muchas escuelas. El actual director de Educación Pública, Pedro Larraín, parece el hombre idóneo para ejecutar el plan de ajuste del gobierno. Entre 2019 y 2025 fue director ejecutivo de la Fundación Belén Educa, también conocía en el profesorado como Fundación Belén Te Estruja, en referencia a la sobre-explotación que experimentan sus equipos de trabajo.

De aprobarse los dos proyectos ingresados al Congreso, las policías podrán revisar la ropa de los estudiantes y los colegios sus mochilas, junto con prohibir el uso de objetos que oculten el rostro y de cualquier vestimenta que a juicio de ellos promuevan conductas contrarias a la ley. También se castigará la interrupción de las clases y se impedirá el acceso a la gratuidad a quienes sean condenados por algún delito. El detonante: una tragedia para manipular El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama a manos de un estudiante adherente a ideas fascistas, fue el hecho que usó el gobierno de Kast para dar un punto de giro en la agenda comunicacional que lo mantenía ahogado de críticas por el anuncio de un recorte del 3% al presupuesto en todos los ministerios del país, y que en Educación equivale a $524.000 millones de pesos. Tras ese asesinato, los medios hegemónicos comenzaron a difundir de manera irresponsable anuncios de nuevos ataques en distintos colegios del país, amplificando el miedo dentro de las comunidades educativas, incluyendo los sostenedores, que en algunos casos anunciaron la suspensión de clases. Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para el gobierno, quien aún no ha explicado las áreas que se verán afectadas por el millonario recorte, permitiéndole cambiar el foco de atención del debate, y llevárselo donde más le gusta a la ultraderecha, como es generar miedo y la necesidad de más represión, sin atender el problema de fondo, que es la salud mental deteriorada de las comunidades educativas. La noticia: una agenda represiva La mañana de este martes 7 de abril, el gobierno de Kast envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan impulsar una serie de medidas represivas sobre las y los estudiantes del país, luego de una serie de eventos de violencia escolar que se han relevado en los medios de comunicación durante los últimos días. 1) Proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales - Establece nuevas agravantes con mayores penas a quienes cometan delitos sobre cualquier persona que integre la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento, incluyendo actividades extracurriculares y el transporte público, incluyendo delitos contra la propiedad en el interior del establecimiento educacional. Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación 2) Proyecto de Ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa - Permitir la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personal de los estudiantes. Esta facultad deberá primero ser incorporada en el reglamento interno del establecimiento educacional, junto con el procedimiento que se seguirá para su ejecución. - Permitir a la policía revisar las vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes, a través de un cambio al Código Procesal Penal, para lo cual bastará que el personal del establecimiento lo pida a partir de la simple sospecha de que se podría cometer algún delito. - Obligar a los sostenedores a prohibir el uso de vestimentas que impidan la identificación facial y prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley. - Castigar la interrupción total o parcial de las clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar. - Impide el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. - Permitir a los profesores tomar más medidas disciplinarias, sin detallar qué tipo de medidas, las cuales dependerán del reglamento interno del establecimiento. Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación Trámite de los proyectos de ley Los proyectos de ley en Chile deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado (poder legislativo). Para eso, pueden ingresar si trámite por cualquiera de las dos cámaras, donde son debatidos en las comisiones relacionadas al tema, y luego sometidas a votación en la sala (donde votan todos los diputados o senadores, dependiendo). En el caso de estos proyectos, el primero se comenzará a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y el segundo en la Comisión de Educación de la misma cámara. En el caso de que alguna de las dos cámaras apruebe algo distinto de lo aprobado inicialmente en la otra cámara, se constituye una comisión mixta con parlamentarios de ambas cámaras, quienes deben resolver diferencias. Por otro lado, es el presidente (Kast) quien define qué proyectos se tramitan en cada cámara, en base a los grados de urgencia que define para cada proyecto. En el caso de estos proyectos descritos, ambos tienen suma urgencia, por lo cual deberían ser resueltos en las próximas semanas si no existieran grandes diferencias, en un contexto de una oposición que es minoría, que está dividida y que, peor aún, hace años que se vistió de su oponente para defender las medidas represivas. Posibles efectos de las leyes represivas En caso de ser aprobada, esta ley podría generar efectos en distintas direcciones. Por un lado, y de manera inmediata, transforma a los colegios en establecimientos carcelarios, donde se presume que las y los estudiantes son delincuentes, construyendo un ambiente hostil que no es acorde al desarrollo de procesos educativos. Por otro lado, es muy posible que genere una alta derivación de conflictos hacia la Superintendencia de Educación (a través de denuncias) y su posterior judicialización, por el hecho de que ante cada caso donde no exista acuerdo entre las partes ante cualquier controversia, el conflicto será derivado a la superintendencia y, en caso de no surgir acuerdo, a tribunales, generando una mayor carga sobre estas instituciones. En otras palabras, lejos de buscar resolver el problema de fondo como es la deteriorada salud mental de las comunidades educativas y del conjunto de la población, la mano dura generará más conflicto y desconfianza, extendiendo el problema en el tiempo, volviéndose ineficiente para el clima educacional -como ya lo demostró Aula Segura-, pero muy útil para el gobierno que busca concentrar la atención en un marco de seguridad, donde todo se enfrenta con represión. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

“Queremos ser enfáticos en declarar que NO nos hemos sentido vulnerados, violentados ni amedrentados por los estudiantes” dijeron a través de una declaración que compartimos íntegramente, luego de que la movilización se enlodara con un tratamiento sensacionalista por parte de los medios hegemónicos sin poner el foco en sus causas, como son los problemas de infraestructura que hace años arrastra el liceo. Jueves 13 de agosto del 2026 DECLARACIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DEL LICEO AUGUSTO D’HALMAR RESPECTO DE LA CONTINGENCIA ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO A raíz de la contingencia que se ha desarrollado durante esta semana en el Liceo Augusto D’Halmar, y considerando la información que ha circulado a través de medios de comunicación y redes sociales, las funcionarias y los funcionarios que suscribimos esta declaración consideramos importante dar a conocer nuestra experiencia y percepción respecto del proceso que se ha desarrollado al interior del establecimiento. 1. Respecto de cómo se gestó la movilización La movilización estudiantil se originó a partir de una reunión del CODECU, instancia en la que los representantes de los distintos cursos manifestaron su descontento frente a diversas situaciones que se habían presentado durante el último tiempo en el liceo, especialmente aquellas relacionadas con las condiciones de infraestructura del establecimiento. En esta instancia, y mediante un proceso democrático, los representantes acordaron elaborar un petitorio dirigido a la Corporación de Educación, en su calidad de sostenedora, y a la Dirección del establecimiento. Una vez elaborado el documento, su contenido fue socializado y discutido en distintas instancias. Estas conversaciones permitieron recoger las opiniones de los estudiantes y retroalimentar el contenido del petitorio. Posteriormente, los representantes de cada curso validaron el documento antes de su envío, realizado el día 27 de julio, solicitando una respuesta en un plazo de cinco días hábiles. Las autoridades de la Corporación, conjuntamente con la Dirección del establecimiento, respondieron dentro del plazo solicitado. Una vez recibida la respuesta, los estudiantes volvieron a reunirse en CODECU para realizar una lectura y análisis colectivo del documento. Posteriormente, los representantes de cada curso tuvieron la responsabilidad de socializar el contenido de la respuesta con sus compañeros y compañeras, además de solicitarles su lectura individual. En este proceso, el Centro de Estudiantes fue enfático en señalar que su función sería representar la decisión que el estudiantado adoptara democráticamente respecto de la respuesta recibida. En la siguiente jornada, durante una nueva instancia de CODECU, se consultó a los representantes qué opinión habían recogido en sus respectivos cursos y cuáles eran las posibles formas de respuesta frente al documento recibido. Los representantes manifestaron su disconformidad con la respuesta y, posteriormente, 22 de los 24 cursos votaron a favor de realizar un paro de lápices. A continuación, el Centro de Estudiantes lideró una asamblea general en la que comunicó esta decisión a la comunidad estudiantil e informó que correspondía realizar una votación individual para validar o desestimar la propuesta. El viernes 7 de agosto se llevó a cabo dicha votación, organizada por el TRICEL, mediante voto secreto en urna y con un posterior conteo público. La papeleta contemplaba la pregunta: “¿Estás de acuerdo con un paro de lápices?”, con las alternativas SÍ y NO, además de una segunda pregunta destinada a determinar la duración de la movilización. El proceso concluyó con un 89,1 % de aprobación del estudiantado, determinándose que el paro de lápices tendría carácter indefinido y comenzaría el lunes 10 de agosto. 2. Respecto de cómo se ha desarrollado el paro de lápices Como funcionarios y funcionarias del establecimiento, hemos podido observar que durante las jornadas correspondientes a los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto se desarrollaron actividades organizadas mediante cronogramas y distintos espacios de trabajo. Las jornadas comenzaban con una asamblea general liderada por estudiantes voluntarios, provenientes de distintos espacios de representación y participación estudiantil, no exclusivamente del Centro de Estudiantes y CODECU. Desde un primer momento, en estas instancias se señaló que aquellos estudiantes que decidieran asistir a clases, ya fuera por razones de asistencia o en ejercicio de su derecho a la educación, tenían plena libertad para hacerlo. En concordancia con ello, los docentes se mantuvieron en sus respectivas aulas para atender a los estudiantes que decidieran participar de las clases. Asimismo, la sala PIE se mantuvo en funcionamiento, con sus educadoras y profesionales disponibles tanto para las sesiones programadas como para atender eventuales situaciones de desregulación de los estudiantes. Del mismo modo, se informó que quienes decidieran permanecer fuera de las aulas debían integrarse y participar activamente en alguna de las comisiones de trabajo organizadas por los propios estudiantes. Durante estas jornadas, como funcionarios y funcionarias, hemos observado a estudiantes dedicados a la limpieza, organización y mejoramiento de distintos espacios del establecimiento. Entre estas actividades se encuentran la limpieza profunda de pasillos, salas, casilleros y espacios comunes, así como el hermoseamiento y mejoramiento de jardines, baños, pasillos y otros sectores del liceo. Asimismo, los estudiantes trabajaron en la elaboración de carteles y pancartas destinados a expresar y visibilizar sus peticiones dentro del establecimiento. Junto con estas actividades, también se desarrollaron diversas instancias educativas, culturales, artísticas, deportivas y de convivencia. Entre ellas, hemos observado estudiantes de cursos mayores realizando actividades o clases para estudiantes más pequeños, espacios de convivencia entre el estudiantado, instancias de baile, presentaciones y tocatas de bandas, además de actividades deportivas, como torneos de fútbol. A partir de lo observado durante estas jornadas, podemos señalar que la paralización estudiantil se ha desarrollado de manera pacífica y sin manifestaciones de violencia, caracterizándose por un fuerte componente de organización, participación, construcción de comunidad, identidad y cuidado de los espacios que forman parte de la vida cotidiana del establecimiento. 3. Nuestra apreciación de la paralización como funcionarios y funcionarias Como funcionarias y funcionarios del Liceo Augusto D’Halmar, valoramos y agradecemos la transparencia con que se ha desarrollado el proceso, así como la organización, responsabilidad y proactividad demostradas por los estudiantes durante este periodo de paralización. Consideramos que, además de haberse desarrollado de manera pacífica, este proceso ha generado diversas instancias de participación, colaboración y encuentro que han contribuido al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de los vínculos dentro de la comunidad educativa. Como trabajadores y trabajadoras, hemos podido observar que los estudiantes que han liderado y coordinado los distintos espacios de la movilización han demostrado consideración y empatía hacia los demás integrantes de la comunidad. Durante el proceso, hemos sido consultados respecto de nuestras necesidades e inquietudes, con el propósito de facilitar el desarrollo de nuestras funciones y evitar que estas se vean afectadas. Asimismo, hemos observado diariamente una preocupación por el bienestar de sus compañeros y compañeras, procurando resguardar el correcto funcionamiento de las actividades, la seguridad y el desarrollo de la movilización, así como el bienestar de las distintas personas que integramos la comunidad educativa. Para finalizar, queremos ser enfáticos en declarar que NO nos hemos sentido vulnerados, violentados ni amedrentados por los estudiantes que participan de esta paralización, en ningún momento ni circunstancia. Hemos contado con la libertad y seguridad necesarias para desarrollar nuestras funciones en nuestro lugar de trabajo. Reiteramos, asimismo, nuestra valoración del carácter pacífico del proceso, de la apertura al diálogo y de las distintas iniciativas de participación, colaboración y construcción de comunidad que se han desarrollado durante estas jornadas. Esperamos que esta contingencia pueda resolverse de la mejor manera posible, resguardando en todo momento la integridad y el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa, y que podamos retomar prontamente el funcionamiento habitual de nuestras labores, manteniendo y fortaleciendo el espíritu de comunidad que ha caracterizado a nuestro establecimiento y que, durante estas jornadas, hemos visto expresarse de distintas maneras. Atentamente, Funcionarias y funcionarios del Liceo Augusto D’Halmar que adhieren a esta declaración, quienes representan una amplia mayoría del total de trabajadores y trabajadoras del establecimiento, sin considerar al Equipo de Gestión. Instagram: @trabajadoreslad

Las constructoras no logran vender decenas de miles de viviendas porque los bancos aumentan las exigencias de ingreso y suben la tasa de interés. ¿La solución neoliberal? Inyectar recursos públicos a las constructoras y bancos subsidiando la tasa de interés. Mecanismo creado por Boric y que ahora Kast aumenta de 50.000 a 80.000 subsidios y el monto tope de $160 a $245 millones por vivienda, estimado en $160.000 millones de gasto público y que fue aprobado por todos los partidos políticos. En solo dos días la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica la ley 21.748 que estableció un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para adquirir viviendas nuevas, creado originalmente en 2025 durante el gobierno de Boric, y que opera de forma conjunta con una garantía estatal para la deuda hipotecaria FOGAES. En simple, el subsidio a la tasa de interés cubre con recursos públicos la brecha de la tasa de interés que las personas no alcanzan a cubrir en base a sus ingresos, por las exigencias que imponen los bancos, y opera junto a una garantía estatal en caso de no pago de la deuda por el 50% del total de esta. Desde su origen, el objetivo nunca ha sido resolver la falta de acceso a la vivienda sino más bien dinamizar el mercado financiero, logrando que las constructoras vendan su stock de vivienda que nadie puede comprar -inicialmente estimado en 100.000 viviendas producidas sin uso-, para lo cual requieren que los bancos presten el dinero, traspasando gran parte del riesgo por no pago al Estado a través de este subsidio a la tasa de interés. Esta medida es un verdadero salvataje al negocio inmobiliario, que a la vez demuestra lo insostenible que es su modelo de negocio sin el Estado, porque lo que orienta las viviendas que se producen no es satisfacer la necesidad de un techo, sino la ganancia de las constructoras, quienes en este caso construyen para vender a segmentos que requieren tener altos ingresos, pero que no existen en la realidad social, al menos no en el volumen que la empresa privada define producir. El lugar que ocupa la producción de viviendas en el capitalismo actual es principalmente el ser donde los capitalistas reinvierten sus excedentes para hacer que estos sigan creciendo. De esa forma, es la acumulación de capital la que define qué vivienda se produce, y bajo qué condiciones, en base a su expectativa de obtener la mayor ganancia posible, cuyo precio de venta no está alineado a los costos reales de producción ni al uso de las viviendas, sino en base a un valor especulativo. Las medidas del proyecto de ley: a) Amplía la cobertura del subsidio en 30 mil viviendas, con lo que el programa alcanza un total de 80 mil para este nuevo ciclo que se extiende. b) Amplía el valor máximo de las propiedades susceptibles del beneficio de 4.000 a 6.000 Unidades de Fomento (UF), equivalente a aumentar de $160 a $245 millones actuales. c) Amplía el plazo máximo en el cual se podrá solicitar el beneficio hasta el 31 de mayo de 2028. d) Se precisan términos asociados al pago respectivo a las instituciones financieras consideradas en la ley. Se modifica la Ley N°21.543, que crea el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), específicamente lo relativo al Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva adecuando los cambios realizados por el proyecto de ley. e) Se autoriza al Fisco a efectuar uno o más aportes fiscales al patrimonio del FOGAES, por un monto total de hasta 175 millones de dólares ($160.000 millones de pesos aprox.) a un plazo de 30 años. ¿Beneficio para la clase media? Los diputados defendieron la medida diciendo que este es un beneficio para la clase media, que “es muy pobre para los bancos, pero muy rica para recibir un subsidio”. Pero vale la pena preguntarse, ¿estos subsidios terminan realmente llegando a la “clase media”? Y primero que todo, ¿quién es esa supuesta clase media? Según el propio gobierno, para una vivienda de 5.000 UF, el ingreso necesario para acceder a este subsidio ahora baja de $4 millones a $3 millones mensuales. Esa sería la clase media para el gobierno, un porcentaje muy bajo de la población, considerando que solo el 11% de los trabajadores en Chile tiene un ingreso mensual superior a $1,5 millones, según datos de la Fundación Sol, por lo cual resulta marginal el segmento con sueldos superior a los $3 millones. Continuamente escuchamos a políticos de distintos sectores hablar de la clase media, alimentando una idea que no se condice con la realidad material de la gran mayoría trabajadora que vive al mes, con altos niveles de deuda, y completamente dependiente de un trabajo que ni por cerca supera los $3 millones de pesos, que es lo que se requiere para acceder a un crédito para una vivienda por sobre las 4.000 UF ($160 millones), que tampoco está en el radar de las familias sin casa de este país. Esto demuestra de forma muy clara que la idea de “clase media” en realidad es un recurso ideológico que busca negar la división de la sociedad en clases sociales y con altos niveles de desigualdad, como ocurre en Chile.

Las escuelas Las Canteras, Carlos Prats y Santiago Guayaquil podrían caer en la misma situación que vive el Centro Educacional el próximo año si no suben sus resultados en el SIMCE, según informó la directora de Educación de Huechuraba, Bárbara Soto, durante el Concejo Municipal del miércoles 05 de agosto. Todo esto, por efecto de un SIMCE que solo refleja la desigualdad social y que está siendo usada para cerrar colegios públicos, en vez de fortalecerlos. El pasado miércoles 05 de agosto, la directora de Educación de Huechuraba, Bárbara Soto, informó en el Concejo Municipal de la situación del Centro Educacional de Huechuraba, que si no sube el rendimiento del SIMCE este año, podría cerrar en 2027, según informó el Ministerio de Educación. Durante su exposición, surgió otra información que hasta ahora no se conocía públicamente, como es el hecho de que otros tres colegios municipales de la comuna podrían caer en ese mismo riesgo de cierre si no mejoran el puntaje SIMCE de este año: Escuela Las Canteras, Carlos Prats y Santiago Guayaquil. Estos tres colegios públicos tienen dos años de malas evaluaciones, a pesar de que algunos tuvieron mejoras en 2025. De esa forma, en base a lo que exige la ley que define cómo se evalúa el desempeño de los colegios, deben volver a presentar mejoras para no caer en la situación en que hoy se encuentra el Centro Educacional de Huechuraba, que es tener tres años de una evaluación de desempeño “insuficiente”. Lee acá Mineduc amenaza con cerrar el Centro Educacional Huechuraba si no sube puntaje SIMCE La Ley 20.529 dice que si un colegio mantiene cuatro años una evaluación “insuficiente”, será cerrado. Medición que se hace principalmente en base al SIMCE, que más que medir aprendizajes para mejorar, termina sepultando a los colegios, mayoritariamente públicos y con cada vez menos financiamiento en comparación a los colegios particulares. El Pincoyazo preguntó a la directora de Educación qué ocurrirá si estos colegios tienen una evaluación insuficiente este año, ¿el Municipio deberá activar el mismo plan que ahora realiza con el Centro Educacional Huechuraba en estos colegios para evitar el cierre? “Sí. La diferencia es que el próximo año habría más tiempo, desde marzo. El año pasado las insuficiencias reiteradas se informaron en abril”, dijo Bárbara Soto. Al preguntar sobre si cree que el sistema de evaluación a través del SIMCE es injusto y debería cambiarse o el problema es la calidad educacional a cargo de cada sostenedor, la directora respondió que “como sostenedor (municipio), asumimos plenamente la responsabilidad de mejorar los resultados cuando estos no son los esperados. Sin embargo, como docente, también me gustaría que la evaluación ampliara su mirada e incorporara otros factores que son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes y que reconozcan la identidad y los proyectos educativos de cada escuela”. El SIMCE: un sistema injusto El uso que se hace del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es injusto porque no da un lugar importante al contexto social y material en el que se estudia. Al estar diseñado para arrojar siempre un número de colegios mal evaluados para luego ser cerrados, el sistema termina criminalizando la educación pública y, en el fondo, la pobreza, porque los colegios públicos son los que concentran los estudiantes con peores condiciones materiales para estudiar, con mayores dificultades de aprendizaje y con mayor riesgo de deserción, y todo eso con mucho menos recursos que los colegios particulares subvencionados y sobre todo que los particulares pagados. Lee acá Avanza ley que facilita crear nuevos colegios subvencionados para seguir privatizando la educación escolar Al ser una prueba estandarizada, el SIMCE genera una serie de efectos negativos para los procesos de aprendizaje que terminan reproduciendo la desigualdad que mide en sus evaluaciones: - El SIMCE restringe los ámbitos de aprendizaje, ya que por la presión del resultado, los colegios tienden a concentrar los contenidos que se preguntan en la prueba. Esto se refleja, por ejemplo, en reforzamientos enfocados en lenguaje y matemáticas e incluso en ensayos del SIMCE, descuidando otras áreas y habilidades complejas que no mide el SIMCE, como es el pensamiento crítico, habilidades de expresión y la creatividad, entre otras. Todo esto, además, incentivado por mayores recursos a profesores y escuelas por buenos resultados SIMCE, al influir estos en la obtención de la “excelencia académica” (Ley 19.410). - El SIMCE genera presión psicológica sobre los estudiantes al traspasar en gran parte la responsabilidad del futuro del colegio en los resultados que obtengan de sus pruebas, afectando así la autoestima, la convivencia escolar y la dimensión socio-emocional de los estudiantes. - El SIMCE genera frustración y segrega a los estudiantes con dificultades para obtener un buen rendimiento o con necesidades educativas especiales que no siempre son atendidas, lo cual está directamente relacionado por las condiciones materiales de vida y estudio. Esto se traduce en frustración individual y social. - El SIMCE causa la estigmatización de las comunidades escolares con bajos rendimientos en la prueba, en este caso, incluso con la amenaza de cierre de los colegios, que en su gran mayoría son escuelas públicas precarias, fomentando la privatización de la matrícula por efecto del cierre y traslado de estudiantes hacia colegios particulares-subvencionados.. - El SIMCE no representa un aporte a los procesos pedagógicos. La evidencia empírica señala que el SIMCE se ha usado muy poco de manera formativa, y una parte importante de las comunidades educativas cree que el SIMCE no ofrece información pedagógicamente relevante. Lee también: Gobierno busca volver a la selección escolar para profundizar la segregación social Cómo la empresa privada y la iglesia se benefician del desmantelamiento de la educación pública Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? El traspaso a los SLEP: Cambia el sostenedor pero sigue intacto el modelo desigual Declaración pública de los Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana