Exigen al SLEP cumplir las condiciones del protocolo de traspaso: participar en la definición de dotación, resguardar tres horas para que jefaturas de curso atiendan a estudiantes y apoderados y realicen trabajo administrativo, además de dos horas para dirigentes gremiales de cada colegio, tareas fundamentales para garantizar la calidad educativa y las condiciones laborales. Luego de mantenerse en estado de alerta por falta de respuestas desde el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, dirigido por Paulina Retamales, el comunal Santiago del Colegio de Profesores decidió realizar un "paro de advertencia" este jueves 27 de agosto para exigir que se cumplan las condiciones pactadas en el protocolo de traspaso al SLEP, firmado en junio de 2025. La paralización se votó con un 72% de aprobación del comunal, correspondiente a 31 colegios donde se impuso la adhesión al paro. Asimismo, se informa que la alimentación JUNAEB seguirá estando disponible para los estudiantes que lo requieran. A continuación reproducimos íntegramente el comunicado de la Asamblea de Profesoras y Profesores del SLEP Santiago, compuesto por los 43 colegios públicos de la comuna: Santiago, 26 de agosto 2026 Estimados padres, madres y apoderados: Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes para informarles que el día jueves 27 de agosto nos sumaremos a la movilización convocada por la Asamblea de Profesoras y Profesores del Colegio de Profesores Chile Comunal Santiago, respetando la votación mayoritaria de las y los colegas de los 43 establecimientos de la comuna Como docentes entendemos y lamentamos los inconvenientes que esta medida puede causar en sus rutinas familiares y en la continuidad de las clases de sus hijos e hijas y solicitamos disculpas de antemano. Queremos enfatizar que nuestra labor está siempre orientada al bienestar de nuestros estudiantes; sin embargo, esta movilización busca resguardar y que se cumplan las condiciones laborales mínimas para el bienestar de quienes componemos cada comunidad educativa. Por mencionar algunas están: Tiempos adecuados de trabajo: Tres horas estipuladas en protocolo para jefaturas de curso, atención de estudiantes y apoderados, coordinación pedagógica y trabajo administrativo. Dos horas dirigentes gremiales quienes recogen las problemáticas del profesorado en cada uno de los 43 establecimientos y coordinación comunal en asambleas, ambas incluidas en protocolo de continuidad. Consideramos fundamental garantizar la calidad educativa que ustedes esperan y merecen para sus hijas e hijos. Cumplimiento de compromisos: Respeto por protocolo de continuidad acordados con las distintas autoridades, tales como la participación en procesos de predotación y dotación docente, momentos clave en las continuidades de trabajo para las y los profesores de la comuna, pago puntual de sueldos, sala cuna digna para menores de dos años y respuestas oportunas al profesorado. Quisiéramos indicar que en ningún momento el beneficio de JUNAEB se verá afectado para sus hijas e hijos, el cual estará disponible para quienes lo requieran. Agradecemos profundamente su comprensión en estos momentos complejos donde la unión de quienes trabajamos en la comuna y la comprensión de las comunidades educativas empatizando con nuestra problemática nos llevará a que se resuelva lo que la asamblea determinó como problemática sin respuesta a la fecha en el primer año de funcionamiento del Slep Santiago Centro. Atentamente Profesoras y Profesores del SLEP Santiago Centro Lee también: Profes y asistentes de la educación del SLEP Santiago en alerta por posibles despidos

Trabajadores de la educación de los 43 colegios públicos de Santiago denuncian que el SLEP no les ha asegurado la participación en el proceso que define la dotación, como exige el protocolo de traspaso, lo cual marca una alerta ante posibles despidos masivos en vista de los anuncios del propio director de Educación Pública que dice que la causa de los problemas del sistema sería la “sobredotación” de trabajadores, como si no existieran los recortes del gobierno. El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro administra 43 colegios públicos de la comuna, compuesto por más de 3.500 trabajadores, mayoritariamente profesores y asistentes, para sostener los procesos educativos de decenas de miles de estudiantes. Previo al traspaso de la Corporación Municipal de Santiago al SLEP Santiago Centro, las agrupaciones gremiales de la comuna conformaron la Multigremial de Trabajadores de la Educación Pública, compuesta por el Comunal de Santiago del Colegio de Profesores, la Asociación de Asistentes de la Educación (AFESA) y la Asociación Gremial de Profesionales no Docentes de Educación (APRONDE). Posibles despidos de trabajadores Según denuncian estas agrupaciones, el SLEP Santiago Centro no ha asegurado la participación de los trabajadores en las definiciones del proceso de pre-dotación, que se realiza con las direcciones, como tampoco del proceso de dotación, que se realiza con el sostenedor (SLEP). Todo esto, a pesar de que el artículo 42 transitorio de la Ley 21.040 dice que los SLEP deben mantener las condiciones pactadas en los acuerdos colectivos si estos fueron firmados al menos seis meses antes del traspaso, como sí ocurre, por ejemplo, con la última renovación del protocolo de acuerdo del comunal de Santiago del Colegio de Profesores, firmado el 16 de junio de 2025. Esto significa incertidumbre ante posibles despidos masivos de trabajadores y, por lo tanto, peores condiciones para sostener los procesos educativos, sin informar certezas sobre el financiamiento de las horas de trabajo en base a las necesidades de los establecimientos, sobre todo por un contexto nacional marcado por fuertes recortes a la educación pública impuestos por el actual gobierno. De manera más específica, los trabajadores señalan que el SLEP tampoco ha asegurado la continuidad de las 3 horas no lectivas de cada profesor/a jefe para reuniones con estudiantes, apoderados, equipos de aula, entre otras; las 2 horas para representantes gremiales de cada establecimiento y las 5 horas por PADEM para el desarrollo de redes disciplinares por cada coordinador/a y co-coordinador/a. Esto se podría traducir en una mayor sobre-carga laboral. Un problema actual en relación a la dotación también son los reemplazos que se requieren para cubrir licencias por menos de 15 días, los cuales se cubren dentro de los mismos establecimientos, aumentando la sobre-carga laboral, y muchas veces pasando a llevar el 65/35 de distribución horaria dentro y fuera del aula, según establece el común acuerdo. Desde el comunal de Santiago del Colegio de Profesores dicen que han solicitado que exista un staff de profesores en el SLEP que vayan a los establecimientos cuando se ausente un profesor, como ocurría con administraciones pasadas, lo cual no estaría ocurriendo, sumando otro factor a la sobre-carga laboral, y que muchas veces se traduce en la falta de profesores para realizar las clases. El “plan de dotaciones adecuadas” o despidos masivos En el documento de su Cuenta Pública 2026, la Dirección de Educación Pública encabezada por Pedro Larraín Aguirre dice que las escuelas públicas tienen una sobredotación de trabajadores, anunciando un plan de despidos masivos bajo el eufemismo de “implementar un plan de dotaciones adecuadas con el objetivo de promover una administración efectiva y eficiente de los recursos”. A este plan de recortes, el gobierno en su documento le llama “sostenibilidad del sistema”, lo que se traducirá en un mayor desmantelamiento de los colegios públicos y, por lo tanto, menos clases, trabajadores reventados, generando condiciones para el cierre de muchas escuelas. El actual director de Educación Pública, Pedro Larraín, parece el hombre idóneo para ejecutar el plan de ajuste del gobierno. Entre 2019 y 2025 fue director ejecutivo de la Fundación Belén Educa, también conocía en el profesorado como Fundación Belén Te Estruja, en referencia a la sobre-explotación que experimentan sus equipos de trabajo.

De aprobarse los dos proyectos ingresados al Congreso, las policías podrán revisar la ropa de los estudiantes y los colegios sus mochilas, junto con prohibir el uso de objetos que oculten el rostro y de cualquier vestimenta que a juicio de ellos promuevan conductas contrarias a la ley. También se castigará la interrupción de las clases y se impedirá el acceso a la gratuidad a quienes sean condenados por algún delito. El detonante: una tragedia para manipular El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama a manos de un estudiante adherente a ideas fascistas, fue el hecho que usó el gobierno de Kast para dar un punto de giro en la agenda comunicacional que lo mantenía ahogado de críticas por el anuncio de un recorte del 3% al presupuesto en todos los ministerios del país, y que en Educación equivale a $524.000 millones de pesos. Tras ese asesinato, los medios hegemónicos comenzaron a difundir de manera irresponsable anuncios de nuevos ataques en distintos colegios del país, amplificando el miedo dentro de las comunidades educativas, incluyendo los sostenedores, que en algunos casos anunciaron la suspensión de clases. Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para el gobierno, quien aún no ha explicado las áreas que se verán afectadas por el millonario recorte, permitiéndole cambiar el foco de atención del debate, y llevárselo donde más le gusta a la ultraderecha, como es generar miedo y la necesidad de más represión, sin atender el problema de fondo, que es la salud mental deteriorada de las comunidades educativas. La noticia: una agenda represiva La mañana de este martes 7 de abril, el gobierno de Kast envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan impulsar una serie de medidas represivas sobre las y los estudiantes del país, luego de una serie de eventos de violencia escolar que se han relevado en los medios de comunicación durante los últimos días. 1) Proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales - Establece nuevas agravantes con mayores penas a quienes cometan delitos sobre cualquier persona que integre la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento, incluyendo actividades extracurriculares y el transporte público, incluyendo delitos contra la propiedad en el interior del establecimiento educacional. Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación 2) Proyecto de Ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa - Permitir la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personal de los estudiantes. Esta facultad deberá primero ser incorporada en el reglamento interno del establecimiento educacional, junto con el procedimiento que se seguirá para su ejecución. - Permitir a la policía revisar las vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes, a través de un cambio al Código Procesal Penal, para lo cual bastará que el personal del establecimiento lo pida a partir de la simple sospecha de que se podría cometer algún delito. - Obligar a los sostenedores a prohibir el uso de vestimentas que impidan la identificación facial y prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley. - Castigar la interrupción total o parcial de las clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar. - Impide el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. - Permitir a los profesores tomar más medidas disciplinarias, sin detallar qué tipo de medidas, las cuales dependerán del reglamento interno del establecimiento. Mira acá el proyecto de ley completo y su expediente de tramitación Trámite de los proyectos de ley Los proyectos de ley en Chile deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado (poder legislativo). Para eso, pueden ingresar si trámite por cualquiera de las dos cámaras, donde son debatidos en las comisiones relacionadas al tema, y luego sometidas a votación en la sala (donde votan todos los diputados o senadores, dependiendo). En el caso de estos proyectos, el primero se comenzará a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y el segundo en la Comisión de Educación de la misma cámara. En el caso de que alguna de las dos cámaras apruebe algo distinto de lo aprobado inicialmente en la otra cámara, se constituye una comisión mixta con parlamentarios de ambas cámaras, quienes deben resolver diferencias. Por otro lado, es el presidente (Kast) quien define qué proyectos se tramitan en cada cámara, en base a los grados de urgencia que define para cada proyecto. En el caso de estos proyectos descritos, ambos tienen suma urgencia, por lo cual deberían ser resueltos en las próximas semanas si no existieran grandes diferencias, en un contexto de una oposición que es minoría, que está dividida y que, peor aún, hace años que se vistió de su oponente para defender las medidas represivas. Posibles efectos de las leyes represivas En caso de ser aprobada, esta ley podría generar efectos en distintas direcciones. Por un lado, y de manera inmediata, transforma a los colegios en establecimientos carcelarios, donde se presume que las y los estudiantes son delincuentes, construyendo un ambiente hostil que no es acorde al desarrollo de procesos educativos. Por otro lado, es muy posible que genere una alta derivación de conflictos hacia la Superintendencia de Educación (a través de denuncias) y su posterior judicialización, por el hecho de que ante cada caso donde no exista acuerdo entre las partes ante cualquier controversia, el conflicto será derivado a la superintendencia y, en caso de no surgir acuerdo, a tribunales, generando una mayor carga sobre estas instituciones. En otras palabras, lejos de buscar resolver el problema de fondo como es la deteriorada salud mental de las comunidades educativas y del conjunto de la población, la mano dura generará más conflicto y desconfianza, extendiendo el problema en el tiempo, volviéndose ineficiente para el clima educacional -como ya lo demostró Aula Segura-, pero muy útil para el gobierno que busca concentrar la atención en un marco de seguridad, donde todo se enfrenta con represión. Lee acá $524.000 millones de recorte al Mineduc equivale a 36.000 profesores menos en las aulas Lee acá Miles de estudiantes coparon la ciudad para protestar contra los recortes del gobierno Lee acá: La Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

“Queremos ser enfáticos en declarar que NO nos hemos sentido vulnerados, violentados ni amedrentados por los estudiantes” dijeron a través de una declaración que compartimos íntegramente, luego de que la movilización se enlodara con un tratamiento sensacionalista por parte de los medios hegemónicos sin poner el foco en sus causas, como son los problemas de infraestructura que hace años arrastra el liceo. Jueves 13 de agosto del 2026 DECLARACIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DEL LICEO AUGUSTO D’HALMAR RESPECTO DE LA CONTINGENCIA ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO A raíz de la contingencia que se ha desarrollado durante esta semana en el Liceo Augusto D’Halmar, y considerando la información que ha circulado a través de medios de comunicación y redes sociales, las funcionarias y los funcionarios que suscribimos esta declaración consideramos importante dar a conocer nuestra experiencia y percepción respecto del proceso que se ha desarrollado al interior del establecimiento. 1. Respecto de cómo se gestó la movilización La movilización estudiantil se originó a partir de una reunión del CODECU, instancia en la que los representantes de los distintos cursos manifestaron su descontento frente a diversas situaciones que se habían presentado durante el último tiempo en el liceo, especialmente aquellas relacionadas con las condiciones de infraestructura del establecimiento. En esta instancia, y mediante un proceso democrático, los representantes acordaron elaborar un petitorio dirigido a la Corporación de Educación, en su calidad de sostenedora, y a la Dirección del establecimiento. Una vez elaborado el documento, su contenido fue socializado y discutido en distintas instancias. Estas conversaciones permitieron recoger las opiniones de los estudiantes y retroalimentar el contenido del petitorio. Posteriormente, los representantes de cada curso validaron el documento antes de su envío, realizado el día 27 de julio, solicitando una respuesta en un plazo de cinco días hábiles. Las autoridades de la Corporación, conjuntamente con la Dirección del establecimiento, respondieron dentro del plazo solicitado. Una vez recibida la respuesta, los estudiantes volvieron a reunirse en CODECU para realizar una lectura y análisis colectivo del documento. Posteriormente, los representantes de cada curso tuvieron la responsabilidad de socializar el contenido de la respuesta con sus compañeros y compañeras, además de solicitarles su lectura individual. En este proceso, el Centro de Estudiantes fue enfático en señalar que su función sería representar la decisión que el estudiantado adoptara democráticamente respecto de la respuesta recibida. En la siguiente jornada, durante una nueva instancia de CODECU, se consultó a los representantes qué opinión habían recogido en sus respectivos cursos y cuáles eran las posibles formas de respuesta frente al documento recibido. Los representantes manifestaron su disconformidad con la respuesta y, posteriormente, 22 de los 24 cursos votaron a favor de realizar un paro de lápices. A continuación, el Centro de Estudiantes lideró una asamblea general en la que comunicó esta decisión a la comunidad estudiantil e informó que correspondía realizar una votación individual para validar o desestimar la propuesta. El viernes 7 de agosto se llevó a cabo dicha votación, organizada por el TRICEL, mediante voto secreto en urna y con un posterior conteo público. La papeleta contemplaba la pregunta: “¿Estás de acuerdo con un paro de lápices?”, con las alternativas SÍ y NO, además de una segunda pregunta destinada a determinar la duración de la movilización. El proceso concluyó con un 89,1 % de aprobación del estudiantado, determinándose que el paro de lápices tendría carácter indefinido y comenzaría el lunes 10 de agosto. 2. Respecto de cómo se ha desarrollado el paro de lápices Como funcionarios y funcionarias del establecimiento, hemos podido observar que durante las jornadas correspondientes a los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto se desarrollaron actividades organizadas mediante cronogramas y distintos espacios de trabajo. Las jornadas comenzaban con una asamblea general liderada por estudiantes voluntarios, provenientes de distintos espacios de representación y participación estudiantil, no exclusivamente del Centro de Estudiantes y CODECU. Desde un primer momento, en estas instancias se señaló que aquellos estudiantes que decidieran asistir a clases, ya fuera por razones de asistencia o en ejercicio de su derecho a la educación, tenían plena libertad para hacerlo. En concordancia con ello, los docentes se mantuvieron en sus respectivas aulas para atender a los estudiantes que decidieran participar de las clases. Asimismo, la sala PIE se mantuvo en funcionamiento, con sus educadoras y profesionales disponibles tanto para las sesiones programadas como para atender eventuales situaciones de desregulación de los estudiantes. Del mismo modo, se informó que quienes decidieran permanecer fuera de las aulas debían integrarse y participar activamente en alguna de las comisiones de trabajo organizadas por los propios estudiantes. Durante estas jornadas, como funcionarios y funcionarias, hemos observado a estudiantes dedicados a la limpieza, organización y mejoramiento de distintos espacios del establecimiento. Entre estas actividades se encuentran la limpieza profunda de pasillos, salas, casilleros y espacios comunes, así como el hermoseamiento y mejoramiento de jardines, baños, pasillos y otros sectores del liceo. Asimismo, los estudiantes trabajaron en la elaboración de carteles y pancartas destinados a expresar y visibilizar sus peticiones dentro del establecimiento. Junto con estas actividades, también se desarrollaron diversas instancias educativas, culturales, artísticas, deportivas y de convivencia. Entre ellas, hemos observado estudiantes de cursos mayores realizando actividades o clases para estudiantes más pequeños, espacios de convivencia entre el estudiantado, instancias de baile, presentaciones y tocatas de bandas, además de actividades deportivas, como torneos de fútbol. A partir de lo observado durante estas jornadas, podemos señalar que la paralización estudiantil se ha desarrollado de manera pacífica y sin manifestaciones de violencia, caracterizándose por un fuerte componente de organización, participación, construcción de comunidad, identidad y cuidado de los espacios que forman parte de la vida cotidiana del establecimiento. 3. Nuestra apreciación de la paralización como funcionarios y funcionarias Como funcionarias y funcionarios del Liceo Augusto D’Halmar, valoramos y agradecemos la transparencia con que se ha desarrollado el proceso, así como la organización, responsabilidad y proactividad demostradas por los estudiantes durante este periodo de paralización. Consideramos que, además de haberse desarrollado de manera pacífica, este proceso ha generado diversas instancias de participación, colaboración y encuentro que han contribuido al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de los vínculos dentro de la comunidad educativa. Como trabajadores y trabajadoras, hemos podido observar que los estudiantes que han liderado y coordinado los distintos espacios de la movilización han demostrado consideración y empatía hacia los demás integrantes de la comunidad. Durante el proceso, hemos sido consultados respecto de nuestras necesidades e inquietudes, con el propósito de facilitar el desarrollo de nuestras funciones y evitar que estas se vean afectadas. Asimismo, hemos observado diariamente una preocupación por el bienestar de sus compañeros y compañeras, procurando resguardar el correcto funcionamiento de las actividades, la seguridad y el desarrollo de la movilización, así como el bienestar de las distintas personas que integramos la comunidad educativa. Para finalizar, queremos ser enfáticos en declarar que NO nos hemos sentido vulnerados, violentados ni amedrentados por los estudiantes que participan de esta paralización, en ningún momento ni circunstancia. Hemos contado con la libertad y seguridad necesarias para desarrollar nuestras funciones en nuestro lugar de trabajo. Reiteramos, asimismo, nuestra valoración del carácter pacífico del proceso, de la apertura al diálogo y de las distintas iniciativas de participación, colaboración y construcción de comunidad que se han desarrollado durante estas jornadas. Esperamos que esta contingencia pueda resolverse de la mejor manera posible, resguardando en todo momento la integridad y el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa, y que podamos retomar prontamente el funcionamiento habitual de nuestras labores, manteniendo y fortaleciendo el espíritu de comunidad que ha caracterizado a nuestro establecimiento y que, durante estas jornadas, hemos visto expresarse de distintas maneras. Atentamente, Funcionarias y funcionarios del Liceo Augusto D’Halmar que adhieren a esta declaración, quienes representan una amplia mayoría del total de trabajadores y trabajadoras del establecimiento, sin considerar al Equipo de Gestión. Instagram: @trabajadoreslad

Las constructoras no logran vender decenas de miles de viviendas porque los bancos aumentan las exigencias de ingreso y suben la tasa de interés. ¿La solución neoliberal? Inyectar recursos públicos a las constructoras y bancos subsidiando la tasa de interés. Mecanismo creado por Boric y que ahora Kast aumenta de 50.000 a 80.000 subsidios y el monto tope de $160 a $245 millones por vivienda, estimado en $160.000 millones de gasto público y que fue aprobado por todos los partidos políticos. En solo dos días la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica la ley 21.748 que estableció un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para adquirir viviendas nuevas, creado originalmente en 2025 durante el gobierno de Boric, y que opera de forma conjunta con una garantía estatal para la deuda hipotecaria FOGAES. En simple, el subsidio a la tasa de interés cubre con recursos públicos la brecha de la tasa de interés que las personas no alcanzan a cubrir en base a sus ingresos, por las exigencias que imponen los bancos, y opera junto a una garantía estatal en caso de no pago de la deuda por el 50% del total de esta. Desde su origen, el objetivo nunca ha sido resolver la falta de acceso a la vivienda sino más bien dinamizar el mercado financiero, logrando que las constructoras vendan su stock de vivienda que nadie puede comprar -inicialmente estimado en 100.000 viviendas producidas sin uso-, para lo cual requieren que los bancos presten el dinero, traspasando gran parte del riesgo por no pago al Estado a través de este subsidio a la tasa de interés. Esta medida es un verdadero salvataje al negocio inmobiliario, que a la vez demuestra lo insostenible que es su modelo de negocio sin el Estado, porque lo que orienta las viviendas que se producen no es satisfacer la necesidad de un techo, sino la ganancia de las constructoras, quienes en este caso construyen para vender a segmentos que requieren tener altos ingresos, pero que no existen en la realidad social, al menos no en el volumen que la empresa privada define producir. El lugar que ocupa la producción de viviendas en el capitalismo actual es principalmente el ser donde los capitalistas reinvierten sus excedentes para hacer que estos sigan creciendo. De esa forma, es la acumulación de capital la que define qué vivienda se produce, y bajo qué condiciones, en base a su expectativa de obtener la mayor ganancia posible, cuyo precio de venta no está alineado a los costos reales de producción ni al uso de las viviendas, sino en base a un valor especulativo. Las medidas del proyecto de ley: a) Amplía la cobertura del subsidio en 30 mil viviendas, con lo que el programa alcanza un total de 80 mil para este nuevo ciclo que se extiende. b) Amplía el valor máximo de las propiedades susceptibles del beneficio de 4.000 a 6.000 Unidades de Fomento (UF), equivalente a aumentar de $160 a $245 millones actuales. c) Amplía el plazo máximo en el cual se podrá solicitar el beneficio hasta el 31 de mayo de 2028. d) Se precisan términos asociados al pago respectivo a las instituciones financieras consideradas en la ley. Se modifica la Ley N°21.543, que crea el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), específicamente lo relativo al Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva adecuando los cambios realizados por el proyecto de ley. e) Se autoriza al Fisco a efectuar uno o más aportes fiscales al patrimonio del FOGAES, por un monto total de hasta 175 millones de dólares ($160.000 millones de pesos aprox.) a un plazo de 30 años. ¿Beneficio para la clase media? Los diputados defendieron la medida diciendo que este es un beneficio para la clase media, que “es muy pobre para los bancos, pero muy rica para recibir un subsidio”. Pero vale la pena preguntarse, ¿estos subsidios terminan realmente llegando a la “clase media”? Y primero que todo, ¿quién es esa supuesta clase media? Según el propio gobierno, para una vivienda de 5.000 UF, el ingreso necesario para acceder a este subsidio ahora baja de $4 millones a $3 millones mensuales. Esa sería la clase media para el gobierno, un porcentaje muy bajo de la población, considerando que solo el 11% de los trabajadores en Chile tiene un ingreso mensual superior a $1,5 millones, según datos de la Fundación Sol, por lo cual resulta marginal el segmento con sueldos superior a los $3 millones. Continuamente escuchamos a políticos de distintos sectores hablar de la clase media, alimentando una idea que no se condice con la realidad material de la gran mayoría trabajadora que vive al mes, con altos niveles de deuda, y completamente dependiente de un trabajo que ni por cerca supera los $3 millones de pesos, que es lo que se requiere para acceder a un crédito para una vivienda por sobre las 4.000 UF ($160 millones), que tampoco está en el radar de las familias sin casa de este país. Esto demuestra de forma muy clara que la idea de “clase media” en realidad es un recurso ideológico que busca negar la división de la sociedad en clases sociales y con altos niveles de desigualdad, como ocurre en Chile.

Las escuelas Las Canteras, Carlos Prats y Santiago Guayaquil podrían caer en la misma situación que vive el Centro Educacional el próximo año si no suben sus resultados en el SIMCE, según informó la directora de Educación de Huechuraba, Bárbara Soto, durante el Concejo Municipal del miércoles 05 de agosto. Todo esto, por efecto de un SIMCE que solo refleja la desigualdad social y que está siendo usada para cerrar colegios públicos, en vez de fortalecerlos. El pasado miércoles 05 de agosto, la directora de Educación de Huechuraba, Bárbara Soto, informó en el Concejo Municipal de la situación del Centro Educacional de Huechuraba, que si no sube el rendimiento del SIMCE este año, podría cerrar en 2027, según informó el Ministerio de Educación. Durante su exposición, surgió otra información que hasta ahora no se conocía públicamente, como es el hecho de que otros tres colegios municipales de la comuna podrían caer en ese mismo riesgo de cierre si no mejoran el puntaje SIMCE de este año: Escuela Las Canteras, Carlos Prats y Santiago Guayaquil. Estos tres colegios públicos tienen dos años de malas evaluaciones, a pesar de que algunos tuvieron mejoras en 2025. De esa forma, en base a lo que exige la ley que define cómo se evalúa el desempeño de los colegios, deben volver a presentar mejoras para no caer en la situación en que hoy se encuentra el Centro Educacional de Huechuraba, que es tener tres años de una evaluación de desempeño “insuficiente”. Lee acá Mineduc amenaza con cerrar el Centro Educacional Huechuraba si no sube puntaje SIMCE La Ley 20.529 dice que si un colegio mantiene cuatro años una evaluación “insuficiente”, será cerrado. Medición que se hace principalmente en base al SIMCE, que más que medir aprendizajes para mejorar, termina sepultando a los colegios, mayoritariamente públicos y con cada vez menos financiamiento en comparación a los colegios particulares. El Pincoyazo preguntó a la directora de Educación qué ocurrirá si estos colegios tienen una evaluación insuficiente este año, ¿el Municipio deberá activar el mismo plan que ahora realiza con el Centro Educacional Huechuraba en estos colegios para evitar el cierre? “Sí. La diferencia es que el próximo año habría más tiempo, desde marzo. El año pasado las insuficiencias reiteradas se informaron en abril”, dijo Bárbara Soto. Al preguntar sobre si cree que el sistema de evaluación a través del SIMCE es injusto y debería cambiarse o el problema es la calidad educacional a cargo de cada sostenedor, la directora respondió que “como sostenedor (municipio), asumimos plenamente la responsabilidad de mejorar los resultados cuando estos no son los esperados. Sin embargo, como docente, también me gustaría que la evaluación ampliara su mirada e incorporara otros factores que son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes y que reconozcan la identidad y los proyectos educativos de cada escuela”. El SIMCE: un sistema injusto El uso que se hace del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es injusto porque no da un lugar importante al contexto social y material en el que se estudia. Al estar diseñado para arrojar siempre un número de colegios mal evaluados para luego ser cerrados, el sistema termina criminalizando la educación pública y, en el fondo, la pobreza, porque los colegios públicos son los que concentran los estudiantes con peores condiciones materiales para estudiar, con mayores dificultades de aprendizaje y con mayor riesgo de deserción, y todo eso con mucho menos recursos que los colegios particulares subvencionados y sobre todo que los particulares pagados. Lee acá Avanza ley que facilita crear nuevos colegios subvencionados para seguir privatizando la educación escolar Al ser una prueba estandarizada, el SIMCE genera una serie de efectos negativos para los procesos de aprendizaje que terminan reproduciendo la desigualdad que mide en sus evaluaciones: - El SIMCE restringe los ámbitos de aprendizaje, ya que por la presión del resultado, los colegios tienden a concentrar los contenidos que se preguntan en la prueba. Esto se refleja, por ejemplo, en reforzamientos enfocados en lenguaje y matemáticas e incluso en ensayos del SIMCE, descuidando otras áreas y habilidades complejas que no mide el SIMCE, como es el pensamiento crítico, habilidades de expresión y la creatividad, entre otras. Todo esto, además, incentivado por mayores recursos a profesores y escuelas por buenos resultados SIMCE, al influir estos en la obtención de la “excelencia académica” (Ley 19.410). - El SIMCE genera presión psicológica sobre los estudiantes al traspasar en gran parte la responsabilidad del futuro del colegio en los resultados que obtengan de sus pruebas, afectando así la autoestima, la convivencia escolar y la dimensión socio-emocional de los estudiantes. - El SIMCE genera frustración y segrega a los estudiantes con dificultades para obtener un buen rendimiento o con necesidades educativas especiales que no siempre son atendidas, lo cual está directamente relacionado por las condiciones materiales de vida y estudio. Esto se traduce en frustración individual y social. - El SIMCE causa la estigmatización de las comunidades escolares con bajos rendimientos en la prueba, en este caso, incluso con la amenaza de cierre de los colegios, que en su gran mayoría son escuelas públicas precarias, fomentando la privatización de la matrícula por efecto del cierre y traslado de estudiantes hacia colegios particulares-subvencionados.. - El SIMCE no representa un aporte a los procesos pedagógicos. La evidencia empírica señala que el SIMCE se ha usado muy poco de manera formativa, y una parte importante de las comunidades educativas cree que el SIMCE no ofrece información pedagógicamente relevante. Lee también: Gobierno busca volver a la selección escolar para profundizar la segregación social Cómo la empresa privada y la iglesia se benefician del desmantelamiento de la educación pública Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? El traspaso a los SLEP: Cambia el sostenedor pero sigue intacto el modelo desigual Declaración pública de los Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana

El diseño del gobierno es cerrar colegios públicos mal evaluados y transferir esa matrícula a nuevos colegios subvencionados que podrán crearse con menos exigencias. También vuelve a permitir mecanismos para lucrar vía arriendo de recintos, como se hizo en el pasado, e incluso que los SLEP deleguen la administración de sus colegios en entidades privadas. El proyecto que busca profundizar la privatización del sistema educacional está en la puerta del horno. Luego de una primera versión aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó con algunos cambios, que ahora deberán ser aprobados por el Senado. Si se rechazan, solo esos puntos van a una Comisión Mixta compuesta con parlamentarios de ambas cámaras, que deberá zanjar las diferencias. Con eso resuelto, se publica la ley. Contenido del proyecto de ley Permite que dueños de un colegio no tengan que ser dueños del inmueble y puedan arrendarlo, reabriendo un mecanismo que durante muchos años se usó para lucrar con recursos públicos. Se elimina el criterio de demanda insatisfecha para recibir subvención estatal, abriendo la puerta a cualquier empresa que quiera crear un colegio, sin que tenga que existir una falta de matrícula, además de un “territorio” que no está definido como comuna ni zona ni región, desregulando aún más el sistema. Se permite que colegios con desempeño “medio” o “alto” durante tres años consecutivos puedan tomar la administración de otros colegios con desempeño “medio-bajo” o “insuficiente” a través de un convenio que, si es bien evaluado luego de dos periodos, se pueda transferir la calidad de sostenedor (control del colegio) a título gratuito, permitiendo absorber y fusionar colegios. Se permite a los SLEP delegar la administración de sus establecimientos a una institución pública o privada a través de un convenio de forma temporal, lo cual hoy está acotado a entidades públicas como universidades, pero ahora ampliarlo a entes privados como fundaciones o gremios empresariales. Permite que colegios particulares pagados (10% de la matrícula total) puedan transferir la calidad de sostenedor a título gratuito, argumentando facilitar la profesionalización del servicio de congregaciones religiosas que buscan transferir el control de colegios a fundaciones relacionadas. Fija un beneficio tributario vía CORFO para que colegios compren el terreno donde operen sus establecimientos hasta diciembre de 2031, lo cual podría abrir la puerta a la compra de recintos públicos. Revisa acá el expediente del proyecto de ley El análisis: una ofensiva privatizadora Quienes defienden retomar abiertamente el lucro en la educación y, de forma más amplia, el sistema de mercado basado en la competencia desigual, desde hace años buscan que se facilite la creación de nuevos colegios subvencionados. La Ley de Inclusión de 2015 -post movilizaciones estudiantiles- prohibió el lucro (al menos abiertamente) y puso algunas exigencias a quienes buscan crear nuevos colegios subvencionados con recursos públicos, como es que primero exista una necesidad de cupos o matrículas que no está siendo cubierta y, por otro lado, que el sostenedor del colegio sea dueño del inmueble y no simple arrendatario, ya que este mecanismo se usó durante años para lucrar a través del pago inflado de arriendo con recursos públicos (subvenciones). De esta forma, para el gobierno la forma de “mejorar la calidad” es facilitar que haya más colegios privados que funcionan con recursos públicos, en vez de mejorar las condiciones en que funciona la educación pública. Este proyecto de ley se complementa con otras iniciativas, como es el cierre de colegios mal evaluados por bajo puntaje SIMCE, buscando traspasar la matrícula pública hacia el sistema privado. Esto queda muy claro cuando el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez -ex director de la fundación neoliberal Acción Educar-, dice que “existe una matrícula importante en establecimientos con desempeño “insuficiente” o “medio-bajo” en contextos en que no se pueden crear nuevos cupos. De esta forma, en estas comunas estamos condenando o forzando de manera innecesaria a los estudiantes a no poder acceder a establecimientos de mayor rendimiento, porque estos tienen restricciones para crecer”. Así, se obliga al Estado a tener que traspasar más recursos a privados que creen nuevos colegios pese a no haber falta de cobertura, en un contexto donde el mismo gobierno está reduciendo de forma brutal los ingresos públicos a través de su megarreforma en favor de las grandes empresas. Lee también: Mineduc amenaza con cerrar el Centro Educacional Huechuraba si no sube puntaje SIMCE Gobierno busca volver a la selección escolar para profundizar la segregación social Cómo la empresa privada y la iglesia se benefician del desmantelamiento de la educación pública Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública? El traspaso a los SLEP: Cambia el sostenedor pero sigue intacto el modelo desigual Declaración pública de los Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana

Por tener tres años consecutivos una evaluación “insuficiente”, el Mineduc informó que el colegio podría cerrar, traspasando injustamente la presión sobre los estudiantes, en vez de apoyar a la comunidad educativa, poniendo en riesgo el derecho a la educación de más de 700 niños y jóvenes de la comuna producto de un sistema que desmantela la educación pública para traspasar la matrícula a colegios privados que se financian con recursos del Estado. El anuncio de posible cierre El pasado miércoles 22 de julio, una comitiva del Ministerio de Educación (Mineduc) llegó hasta el Centro Educacional de Huechuraba (CEH) para exponer el complejo panorama de la escuela y hacer una advertencia: si el colegio no mejora los resultados del SIMCE de 2º medio, el Mineduc lo cerrará el próximo año. A continuación, te explicamos en detalle qué está pasando, qué resultados tiene el CEH, cómo funciona el sistema de evaluación de la calidad de los colegios y por qué su diseño termina desmantelando la educación pública en beneficio del sistema particular-subvencionado. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los colegios? La Ley 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación definió un ranking de colegios donde los resultados en el SIMCE influyen en un 70% de la evaluación de cada escuela, que puede ser de desempeño Alto (15% de mayor rendimiento), Medio (percentil 35 a 85), Medio-Bajo (percentil 12 a 35) o Insuficiente (12% de menor rendimiento). La ordenación del ranking establece que el 12% de las escuelas de más bajo rendimiento tendrán una evaluación "insuficiente", y después de cuatro años con evaluaciones “insuficientes”, perderán el reconocimiento ministerial y serán cerradas. Así, el sistema está diseñado para siempre arrojar un porcentaje de escuelas destinadas a ser cerradas. Por la condición desigual de recursos entre las escuelas públicas y privadas, los resultados muestran que, proporcionalmente, son muchas más las escuelas públicas que son mal evaluadas, generando una fuga masiva de matrícula de estudiantes hacia el sistema particular-subvencionado, diseñado a la medida de la empresa privada. Según datos de la Agencia de Calidad de la Educación, hasta el año 2019, y durante el primer ciclo de evaluación con este sistema, 218 escuelas habían sido categorizadas tres veces seguidas en el nivel "insuficiente", por lo que 218 escuelas tenían amenaza de cierre, afectando la matrícula de 39.000 estudiantes. De estas 218 escuelas en riesgo de cierre al 2019, el 75% eran escuelas municipales (164), poniendo en riesgo la matrícula de unos 30.000 estudiantes, una lista en la que no había un solo colegio particular-pagado. El Mineduc debe informar a la comunidad educativa Ante esta situación, los artículos 28 y 30 de la Ley 20.529 dicen que, ante cada evaluación de “insuficiente” de una escuela, la Agencia de la Calidad de la Educación deberá informar al Consejo Escolar y a los apoderados de ello, y cuando el colegio tiene una evaluación “insuficiente” por tres años consecutivos, el Mineduc deberá informar a cada apoderado de esta situación, entregando también un listado de los 30 colegios más cercanos que tengan una mejor evaluación, además de dar facilidades de transporte. Todo esto, como preámbulo del cierre del establecimiento definido en la misma ley. Al ser consultada por El Pincoyazo, desde la Dirección de Educación de Huechuraba dijeron que luego de recibir la información el 22 de julio desde el Mineduc, informaron a los estudiantes este martes 28 de julio, con quienes ya iniciaron una evaluación diagnóstica, y fijaron una reunión de apoderados para este jueves 30 de julio para informarles de la situación. Los resultados en el SIMCE del Centro Educacional de Huechuraba Explicado en simple, lo que el Mineduc exige al colegio es que en el SIMCE de Lectura y de Matemáticas el porcentaje de estudiantes con nivel de aprendizaje insuficiente no supere el 55% en ambas pruebas, según informaron desde la Dirección de Educación, lo cual no deja de ser un desafío importante en vista de que en la prueba de 2025 de Lectura ese porcentaje alcanzó el 68,6% y en Matemáticas el 74,4% (ver imagen). Si bien la urgencia hoy puede estar puesta en alcanzar un resultado que impida que el colegio cierre, no hay que perder de vista el problema de fondo y que se arrastra desde hace largos años, que es que 7 de cada 10 estudiantes no desarrolla aprendizajes elementales, básicos para la vida, en comprensión de lectura y matemáticas. Una realidad que no es solo del Centro Educacional de Huechuraba, sino de la mitad de la población del país, según un reciente estudio de la OCDE. Resultados SIMCE 2° Medio - Centro Educacional de Huechuraba Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación En otras palabras, la gestión del alcalde Max Luksic deberá movilizar recursos de manera extraordinaria para que los estudiantes que presentan mayores dificultades de aprendizaje logren alcanzar mejoras en su resultado. El Pincoyazo consultó a la Dirección de Educación sobre esta situación, quienes dijeron que esta semana iniciaron un plan complementario al que realiza el Mineduc, que consiste en fortalecer las capacidades del equipo docente y directivos, además del reforzamiento para estudiantes que presentan mayores brechas de aprendizaje, que incluyen cuatro evaluaciones previas al SIMCE (2º medio), buscando saber dónde focalizar el trabajo de estos tres meses que quedan. Por efecto de estos resultados, el CEH fue parte de los cientos de colegios elegidos por el Mineduc para incluir en sus visitas para evaluar y orientar su desempeño en los años 2025 y 2026, con el objetivo de mejorar en sus resultados. De esta forma, la presión por el destino de la escuela se traspasa injustamente sobre los hombros de los estudiantes de 2° medio que este año rinden el SIMCE, en vez de asegurar condiciones necesarias para fortalecer la educación pública de manera permanente. Calendario de pruebas SIMCE 2026: Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación. El SIMCE: Una medición injusta Al ser una prueba estandarizada, el SIMCE genera una serie de efectos negativos para los procesos de aprendizaje que terminan reproduciendo la desigualdad: - El SIMCE restringe los ámbitos de aprendizaje, ya que por la presión del resultado, los colegios tienden a concentrar los contenidos que se preguntan en la prueba. Esto se refleja, por ejemplo, en reforzamientos enfocados en lenguaje y matemáticas e incluso en ensayos del SIMCE, descuidando otras áreas y habilidades complejas que no mide el SIMCE, como es el pensamiento crítico, habilidades de expresión y la creatividad, entre otras. Todo esto, además, incentivado por mayores recursos a profesores y escuelas por buenos resultados SIMCE, al influir estos en la obtención de la “excelencia académica” (Ley 19.410). - El SIMCE genera presión psicológica sobre los estudiantes al traspasar en gran parte la responsabilidad del futuro del colegio en los resultados que obtengan de sus pruebas, afectando así la autoestima, la convivencia escolar y la dimensión socio-emocional de los estudiantes. - El SIMCE genera frustración y segrega a los estudiantes con dificultades para obtener un buen rendimiento o con necesidades educativas especiales que no siempre son atendidas, lo cual está directamente relacionado por las condiciones materiales de vida y estudio. Esto se traduce en frustración individual y social. - El SIMCE causa la estigmatización de las comunidades escolares con bajos rendimientos en la prueba, en este caso, incluso con la amenaza de cierre de los colegios, que en su gran mayoría son escuelas públicas precarias, fomentando la privatización de la matrícula por efecto del cierre y traslado de estudiantes hacia colegios particulares-subvencionados.. - El SIMCE no representa un aporte a los procesos pedagógicos. La evidencia empírica señala que el SIMCE se ha usado muy poco de manera formativa, y una parte importante de las comunidades educativas cree que el SIMCE no ofrece información pedagógicamente relevante. El cierre de escuelas atenta contra el derecho a la educación La política de cierre de escuelas se crea en base a supuestos que responsabilizan a las escuelas y sus profesores de los resultados en torno a un sistema de mercado que funciona en base a la competencia y bajo condiciones desiguales. Entre estos supuestos, además, se asume que la escuela es la única responsable de los resultados o que los estudiantes de las escuelas con bajos desempeño en las mediciones estarían mejor en otro colegio. Un colegio que cierra también traspasa la responsabilidad sobre el derecho a educarse que tienen las infancias a las familias, quitándole toda responsabilidad al Estado, quien se limita a limpiar el sistema para que la matrícula pública se dirija hacia el sistema privado, pero que se financia con recursos públicos. ¿Qué dice la experiencia sobre el cierre de colegios? Según investigaciones citadas en el Informe de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que en 2020 discutió un proyecto de ley para terminar con los cierres de escuelas pero que luego quedó a medio camino sin ser aprobado, la experiencia demuestra los siguientes efectos por el cierre de colegios: - La mayoría de los estudiantes transferidos se matricularon en escuelas que eran académicamente de bajo desempeño, similares a las escuelas de origen que fueron cerradas, siendo una minoría quienes logran acceder a establecimientos de alto desempeño (6% según De la Torre & Gwynne, 2009), al no tener alternativas de establecimientos cercanos de mejor desempeño. - Para el caso de Chile, un 12,4% de las familias cuyos hijos van a escuelas de desempeño deficiente no tiene establecimientos alternativos cercanos de mejor desempeño (Elacqua, 2012). - Una vez ocurrido el cierre de una escuela, se observa un descenso en el logro de aprendizaje en la escuela que recibe a estudiantes desplazados (De la Torre & Gwynne, 2009; Engberg, 2012). - Se registra una alta repitencia y abandono, y también obstáculos en la formación social de los estudiantes (Sunderman & Payne, 2009). 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En mayo de este año, se recortaron $430.000 millones de pesos para la vivienda social, equivalente a más de 5.000 subsidios, y un 62% menos de lo definido en febrero durante el gobierno de Boric, luego de aplicar también un recorte. Así, mientras los gobiernos pasan y se sacan la foto, miles de familias sin casa siguen engrosando la lista de espera. Esta mañana, cerca de mil pobladores de comités de distintas comunas de la RM se manifestaron fuera del Ministerio de Vivienda exigiendo reponer recursos para la vivienda social, que se aplican a través del Decreto Supremo N°49. Durante la protesta, el ministro Poduje desmintió que se hayan hecho recortes a la vivienda, señalando que estos fueron realizados durante el gobierno anterior. Pero al revisar las resoluciones del MINVU, es posible advertir que sí se han recortado recursos durante el actual gobierno: En mayo de 2026, a través de la Resolución N°685, el MINVU redujo de 16.857.637 UF a 6.364.440 UF el total destinado para la vivienda social DS49 (comités) a nivel nacional para todo el 2026. En simple, se recortaron $430.000 millones de pesos, que equivale a una reducción del 62%, y a cerca de 5.170 subsidios menos para las familias sin casa (estimando a 2.035 UF por subsidio, que es el monto promedio de los 3.180 subsidios otorgados en julio 2026). Si bien esta reducción responde a una planificación de gasto que puede ser aumentada, esto dependerá de la voluntad política del MINVU, pero por sobre todo del Ministerio de Hacienda, cuya directriz no va en esta dirección, sino en sentido contrario. Cabe precisar también que la tanda de recortes ordenadas desde el Ministerio de Hacienda, en el caso del MINVU alcanzó los $200.202 millones de pesos y se concentraron en reducir el gasto que se destina como préstamo a las constructoras a través del subtítulo 32, al que pueden acceder como anticipo y avance de obras en proyectos DS49 y DS19, y que lis últimos años ha ido en aumento, destinándose hasta un tercio de todo el presupuesto de Vivienda en este ítem. Pero para ser justos, Poduje tiene razón cuando dice que los recortes comenzaron con el gobierno anterior: - En octubre 2025, el gobierno de Boric proyectó para 2026 un 50% menos de subsidios DS49 respecto de lo ejecutado en 2025: bajando de 50.000 a 25.000 subsidios DS49 de su Programa Habitacional ($2,27 billones a $1,19 billones, estimando un monto de 1.120 y 1.160 UF por subsidio, muy por debajo del promedio recién aprobado de 2.035 UF por subsidio). - Posteriormente, durante la discusión en el Congreso, se acordó aumentar de manera transversal a 40.000 los subsidios DS49, pero terminó siendo solo para la foto y no desteñir la extensión del Plan de Emergencia Habitacional por cuatro años más, también aprobado con acuerdo transversal, porque luego Boric volvió a reducir los recursos para la vivienda social. - En febrero 2026, a través de la Circular N°5, el MINVU informó que por orden de la DIPRES los 40.000 subsidios DS49 aprobados por el Congreso se reducirían a solo 19.587 unidades, de los cuales 13.420 serían destinados a la línea regular de los comités de vivienda.

Entre sus medidas, el proyecto de ley busca aumentar de un mes a un año el periodo para calcular el promedio de 40 horas semanales y aumentar de 5 a 10 los días a compensar con descanso en reemplazo del pago efectivo de horas extra. Medidas que aumentan la productividad para el capital pero sin aumentar los salarios. El mismo día que la Cámara de Diputados ratificó 27 de 28 medidas de la megarreforma tributaria -quedando solo la retribución a los municipios pendientes de zanjarse en una comisión mixta-, el gobierno presentó otro proyecto de ley en favor del capital. El proyecto de ley que flexibiliza la distribución de la jornada laboral presenta cambios a cómo se calcula el promedio de 40 horas semanales, entre otras materias que a continuación detallamos: Extender de 4 a 16 semanas (1 a 4 meses) el periodo para calcular el promedio de 40 horas semanales de jornada laboral y extender de 4 a 52 semanas (1 mes a 1 año) para los trabajadores del turismo, manteniendo el límite máximo de hasta 45 horas ordinarias trabajadas por semana. Esto último (extender a 52 semanas el ciclo) también podrá aplicarse mediante negociación colectiva o pactos directos con sindicatos. Extender de 8 a 12 la cantidad máxima de domingos consecutivos a trabajar, por una vez al año, para los trabajadores de casinos de juego, hoteles, pubs, discotecas, restaurantes, clubes, bares y similares, y operadores de turismo. Durante el ciclo que se calcule el promedio de 40 horas, la mitad de las semanas no podrá trabajarse más de 40 horas semanales. A su vez, las 45 horas ordinarias semanales que como máximo pueden trabajarse, no podrán realizarse por más de 4 semanas consecutivas, y por 8 semanas para el caso del sector turismo y servicios anexos antes descritos. Aumentar la cantidad de días de descanso en reemplazo del pago en dinero de horas extras trabajadas, pasando de 5 a 10 días máximos a compensar al año, extendiendo también el tiempo en que pueden hacerse efectivas de 6 a 12 meses desde que fueron pactadas, junto con una serie de especificaciones sobre cómo operativizar estas medidas. Revisa acá el proyecto de ley completo Estas medidas apuntan a disminuir el costo de la mano de obra al intensificar el nivel de explotación en periodos de mayor productividad, por factores estacionales, pero sin aumentar el salario, incluso reemplazándolo por descanso en otro periodo de menor productividad. En otras palabras, estrujar más para obtener mayores ganancias pero por el mismo salario. Lee acá Cuenta Pública: Los anuncios que profundizarían el empobrecimiento de la población Lee acá Devolución de impuesto al diésel: Empresas se beneficiaron por equivalente a recortes en Educación y Salud

Luego de que el Estado chileno cerrara el caso dando impunidad al policía de civil en base a su único testimonio, familiares decidieron llevar el caso a una instancia internacional. Acá compartimos íntegramente el comunicado de la Coordinadora por la Derogación de la Ley Naín Retamal leído hoy en La Moneda. COMUNICADO DE LA COORDINADORA POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY NAÍN RETAMAL Y ORGANIZACIONES QUE SOLIDARIZAN ANTE EL INGRESO DEL CASO DE MAXI Y TOMÁS A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Como Coordinadora por la derogación de la Ley Naín Retamal, junto a las organizaciones abajo firmantes, declaramos lo siguiente: ● Informamos a la opinión pública, a nuestros amigxs y compañerxs, a las familias que buscan justicia, que con fecha 15 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado de Chile se encuentra en conocimiento del caso de Maximiliano Rodríguez y Tomás Pérez, el que se encuentra en etapa de admisibilidad, y que existe un plazo de 3 meses, ampliable por un mes más, para que el Estado de Chile se pronuncie respecto a la admisibilidad de nuestra solicitud, para que esta sea conocida por la Comisión. Así las cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene plazo hasta el día 15 de julio de 2026 para emitir su informe, o hasta el día 15 de agosto si solicita una extensión del plazo. ● Nuestra Coordinadora surge acompañando y visibilizando la lucha por justicia que han levantado las víctimas del gatillo fácil en Chile, política punitiva levantada por el Estado que ampara la impunidad de los ejecutores a través de la Ley Naín Retamal, toda vez que el Estado ha negado sistemáticamente el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. La impunidad se ha materializado victimizando a los asesinos y criminalizando a las reales víctimas. El sistema judicial ha cerrado investigaciones penales, mientras se niegan a dar cuenta de la realidad en nuestro territorio: EN CHILE LAS FUERZAS ARMADAS TIENEN LICENCIA PARA AGREDIR, MUTILAR Y ASESINAR EN LA MÁS ABSOLUTA IMPUNIDAD. ● El caso de Maxi y de Tomás se enmarca en este contexto de denegación de justicia; pese a que sus familias acudieron a la vía judicial, se querellaron contra los responsables de sus asesinatos, e interpusieron todos los recursos que el sistema permite, el Poder Judicial eligió permitir el cierre de este caso. Así las cosas, informamos a la opinión pública que CON FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2025, LAS FAMILIAS DE MAXIMILIANO Y DE TOMÁS DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE IMPLICA LA CONSTANTE DENEGACIÓN DE JUSTICIA POR PARTE DEL ESTADO DE CHILE, ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, encontrándose esta solicitud en trámite. ● Que denunciamos nuevamente el asesinato de Maxi y de Tomás, dos jovenes de 18 y 16 años, pobladores de la Juan Antonio Ríos en Independencia, que el día 20 de julio de 2023, mientras se encontraban caminando juntos por el sector del paso nivel de calle Balmaceda a la altura de Manuel Rodríguez, fueron asesinados de un disparo a quemarropa percutado por un Carabinero vestido de civil. La (in)justicia descansa sobre un relato criminalizador: se habla de un intento de asalto, aun cuando nadie quiso investigar; aun cuando el único testigo que queda de estos hechos, es el asesino; aun cuando no se quiso reconstituir escena; AÚN CUANDO LOS INFORMES DE AUTOPSIA SEÑALAN ENFÁTICAMENTE QUE LOS PROYECTILES QUE LES QUITARON LA VIDA INGRESARON POR EL COSTADO DEL TÓRAX Y POR LA ESPALDA DE MAXI Y DE TOMÁS, haciendo inviable la hipótesis de la legítima defensa del asesino, que fue levantada y defendida por la fiscalía. ● Denunciamos el blindaje sistemático que se otorga a las policías y a los medios de comunicación que han tildado a Maxi, a Tomás y a tantos otros jóvenes de delincuentes para encubrir el asesinato por parte de agentes del estado. NADA NI NADIE JUSTIFICARÁ JAMÁS EL HOMICIDIO DE NUESTROS JÓVENES EN MANOS DEL ESTADO Y SUS AGENTES. ● Desde el año 2023, hemos trabajado para denunciar la política de gatillo fácil promovida por el Ejecutivo, y hemos llegado a la profunda convicción de que nuestra necesidad de organizarnos nunca fue infundada. Aunque los temores que siempre tuvimos se siguen haciendo carne con nuevos casos cada día, sabemos que solo seguir trabajando unidxs puede ayudar a frenar la aplicación de esta ley, a ponerle un alto a la política represiva sistemática que se ha instaurado en nuestro país, y por, sobre todo, a que se establezcan las responsabilidades personales, políticas y estatales por los crímenes cometidos. ● Hoy, nuestro llamado es no solo a mantener este trabajo, si no que a fortalecerlo para seguir haciendo frente a las consecuencias de estas políticas nefastas que han marcado la impunidad de los asesinos y agresores no sólo de Maxi y de Tomás, sino también de Gustavo Gatica, Aníbal Villarroel y tantas otras víctimas de violaciones a los derechos humanos. La impunidad que pretende el estado de chile no contará ni con nuestro silencio ni con nuestra inacción. ● Esperamos que llegar hasta instancias internacionales sea la puerta de entrada no solo a la obtención de justicia para el caso de Maxi y de Tomás, si no también para todas las víctimas y para la derogación de la Ley Naín Retamal y su legado de violencia, represión e impunidad. Llamamos a que los organismos internacionales se pronuncien de manera tajante; la impunidad de las policías es una violación a los derechos humanos que no puede ser permitida ni tolerada. ● Invitamos a todas las organizaciones e individualidades comprometidas con la justicia y la dignidad a que nos acompañen en nuestra interpelación al Estado de Chile y nuestra búsqueda de justicia, y que participen del punto de prensa a realizarse el día 15 de julio a las 12:00 hrs, pues este día, se cumple el plazo para que Chile emita su primer informe en este proceso. ● Con dolor, pero también con amor y esperanza, les invitamos a conmemorar a Maxi y Tomás, en el tercer aniversario de su asesinato, con la alegría y cariño con que les recordamos, junto a sus familias y junto a la juventud pobladora en resistencia, en el Carnaval Nocturno del sábado 25 de julio a las 18.00 hrs, nos reuniremos en el espacio comunitario Trenza la Rio de la Población Juan Antonio Ríos de Independencia. ● Denunciamos y condenamos enérgicamente la avanzada represiva de la ultraderecha: proyectos como escuelas protegidas, registro nacional de vándalos y la modificación de la ley de responsabilidad penal adolescente rebajando la edad de imputabilidad no solo son contrarios a la normativa internacional en materia de derechos humanos e inconstitucionales, sino que también representan la ideología de sus artífices; discriminación, criminalización y medidas anti pueblo, que han sido la tónica de los últimos meses. VERDAD, JUSTICIA Y DEROGACIÓN EL ESTADO DEBE RESPONDER Coordinadora por la Derogación de la Ley Naín Retamal Organizaciones que declaran: Familia y amigxs de Maximiliano Rodríguez Rozas. Familia y amigxs de Tomás Pérez Villegas. Asamblea Pobladores de La Río. Movimiento Anti Represivo MAR. Brigada Muralista AnaLuisa. Comedor Popular Maximiliano Rodríguez. Partido de Trabajadores Revolucionarios - PTR.

La fuga de estudiantes del sistema público hacia el particular subvencionado es efecto del diseño político del sistema educacional, que desmantela a los colegios públicos para alimentar la idea de que el Estado es ineficiente, cuando en realidad ha sido la política de todos los gobiernos el abandono de la escuela para traspasar los recursos hacia la empresa privada, que también incluye a la iglesia. Entre los años 80s y 90s, de la mano de la dictadura y luego de la concertación, se decide financiar los colegios públicos y a los particulares subvencionados en base a la cantidad de alumnos que asisten a clases, lo que no asegura una certeza de financiamiento en el tiempo, sobre todo de las escuelas públicas. También se establecen rebajas de impuestos para empresas que hagan donaciones a colegios, en la práctica a los subvencionados, y se permite que estos puedan seleccionar estudiantes y cobrar una mensualidad a las familias, profundizando así la competencia desigual con los colegios públicos. El resultado de las políticas neoliberales - Entre 1992 y 2010 cerraron 626 colegios municipales, mientras se crearon 2.091 nuevos colegios particulares subvencionados, según indica un estudio de la Fundación Sol. - La matrícula de los colegios públicos disminuyó en 548 mil estudiantes entre 2004 y 2013, mientras en colegios subvencionados aumentó en 363 mil alumnos en ese mismo periodo de tiempo, según datos del Ministerio de Educación. Todos estos datos son los resultados de un diseño político que generó un traspaso de matrícula hacia el sistema privado, lo que se traduce también en una mayor cantidad de recursos públicos traspasados a corporaciones religiosas y empresariales. En este escenario, las movilizaciones lejos de ser la causa de los problemas, como indican los voceros del sistema, en realidad reflejan ese fracaso, porque solo a través de ellas se ha logrado hacer visible las debilidades del sistema y la urgencia por transformarlo. Matrícula escolar por tipo de dependencia de los colegios en Chile entre 2004 y 2024 Fuente: elaboración propia en base a datos del Mineduc. Lee también: Estudiantes hoy, trabajadores mañana: el problema de la conciencia de clase Lee también: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Por Tomás Elgueta, trabajador de un liceo de adultos en la RM. Han pasado quince años desde las movilizaciones estudiantiles de 2011 y veinte desde la Revolución Pingüina del 2006. Mucho se ha escrito sobre esas generaciones: las marchas multitudinarias, las tomas de liceos, el cuestionamiento al modelo educativo y el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. Sin embargo, hay un aprendizaje de ese proceso que pareciera haberse ido perdiendo con el paso del tiempo y que hoy resulta más vigente y necesario que nunca. El mayor aporte del movimiento estudiantil, sobre todo secundario, no fue únicamente haber instalado la educación como un problema nacional y social. Fue comprender que un movimiento social no puede limitarse a reclamarle cosas al Estado, sino que debe ser capaz de elaborar políticamente un proyecto de sociedad. Parece una diferencia menor, pero no lo es. Durante mucho tiempo buena parte de la política chilena (incluyendo amplios sectores de la izquierda) terminó acostumbrándose a una lógica donde la principal tarea consistía en denunciar aquello que estaba mal y exigir que alguna autoridad de algún gobierno de turno lo solucionara. Se elaboraban petitorios, se negociaban reformas a puertas cerradas y se celebraban pequeñas “victorias” que, muchas veces, dejaban intactas las estructuras que habían dado origen a los problemas. En algún momento de 2011, siendo simples adolescentes, comenzamos a preguntarnos otra cosa: ¿Qué pasaría si, además de movilizarnos, nos dedicáramos a pensar la educación que necesitábamos realmente? Aquella pregunta cambió profundamente la manera de entender la política y calibramos de otra manera la brújula de nuestra lucha estudiantil. Las tomas dejaron de ser únicamente espacios de protesta para convertirse en lugares donde se discutía sobre pedagogía, democracia, organización comunitaria y, en algunos casos, incluso proyecto de país. Las asambleas dejaron de servir solamente para definir marchas y comenzaron a debatir qué significaba realmente una educación al servicio de las necesidades del pueblo. Extendimos puentes con profesores, trabajadores de la educación en general, organizaciones territoriales e incluso académicos, ya que comenzamos a entender que aquello no respondía únicamente a una necesidad de convocatoria o de “vernos” unidos; sino que buscamos construir colectivamente una propuesta capaz de disputar el sentido mismo de la educación. Quizás ese fue el más profundo aprendizaje de aquel ciclo político: comprender que una posición solo de resistencia nunca es suficiente. Porque resistir permite detener retrocesos, por supuesto que sí. Permite marcar una posición y manifestar que, desde ahí, no se da un paso más hacia atrás. Pero nos deja también en una constante posición mirando desde abajo hacia arriba. De la misma manera que solamente quedarnos en una posición peticionista, siempre tendrá un límite muy definido y, generalmente, permite “ganar” siempre menos de lo que se pide. Por eso, sólo elaborar propuestas políticas permite abrir nuevos futuros posibles. Lamentablemente, quince años después, esa discusión parece haber desaparecido de buena parte del debate político en la izquierda y público a nivel social. Vivimos un tiempo donde resulta mucho más sencillo reaccionar frente a la contingencia que construir nuevos horizontes compartidos. Cada derrota (generalmente dentro del campo institucional) encuentra rápidamente una explicación; cada avance de la extrema derecha genera nuevos diagnósticos; cada elección perdida termina convertida en un debate sobre estrategias comunicacionales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si seguimos siendo capaces de ofrecer un proyecto político que logre convocar más allá de quienes ya están convencidos. Con demasiada frecuencia terminamos encerrados en una especie de “corralito militante” donde hablamos entre nosotros, utilizando códigos que sólo nosotros comprendemos y celebrando “victorias” que únicamente nosotros consideramos importantes. Mientras tanto, la mayoría de las personas continúa enfrentando problemas mucho más inmediatos: llegar a fin de mes, cuidar a sus familias, sobrevivir a jornadas laborales interminables o intentar encontrar algún espacio de tranquilidad en medio de una vida cada vez más precarizada. No se trata de abandonar las grandes discusiones políticas. Se trata de volver a conectarlas con la experiencia cotidiana de las personas. Quizás allí exista otro de los aprendizajes que dejó el movimiento estudiantil de aquello años. La política nunca ocurrió solamente en las marchas ni en acciones específicas. También ocurría en las tomas y paros de los liceos, en los conversatorios levantados en conjunto con vecinos y espacios territoriales, en los proyectos colectivos como las bibliotecas populares, en los sindicatos que acompañaban y daban mil vueltas en formas de poder aportar a las luchas de los “chiquillos” como nos decían, y en cada espacio donde las personas comenzaban a reconocerse como parte de un problema común y, al mismo tiempo, como protagonistas de una solución colectiva. Durante demasiado tiempo subestimamos la potencia política de esos espacios. Pensamos que transformar la sociedad dependía casi exclusivamente de “conquistar el Estado”, cuando muchas veces olvidamos que ninguna transformación logra sostenerse si antes no ha construido una base política sostenible y una comunidad-pueblo organizado capaz de defender sus victorias, no a través de ser cooptado, sino que por mera convicción de los avances dados. Por eso hoy vale la pena recuperar una idea que entonces, en esos años convulsivos de movimiento estudiantil y social por la educación, parecía evidente: la educación no debía ser pensada ni “dirigida” únicamente desde el Estado a través de sus miles de instituciones, sino que son las propias comunidades educativas las que deben asumir un papel protagónico en la definición de sus proyectos, de sus formas de convivencia y de los sentidos que le dan al proceso educativo. Aquello que llamamos Control Comunitario desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en nuestra “Propuesta de la Educación que queremos” no fueron solamente propuestas escritas en un par de hojas de papel. Fueron la forma que tuvimos para hacer ver la manera distinta que teníamos de concebir la educación. Y tal vez eso también no sirvió en su momento para pensar la política más allá de la educación. Y quizás eso les falta hoy a los movimientos sociales, porque las transformaciones profundas difícilmente surgirán únicamente desde luchas desconectadas entre sí o desde las instituciones que las mismas luchas cuestionan. Menos si no existen comunidades organizadas capaces de sostener, defender y profundizar propuestas que vayan más allá de “pedirle” algo al Estado. Y todo eso exige volver a convencer a la gente de las necesidades que tenemos. Pero convencer no significa adoctrinar ni colonizar cada espacio social con nuestras propias organizaciones. Significa algo mucho más complejo y, al mismo tiempo, mucho más humilde: escuchar, dialogar, construir confianzas, compartir experiencias y demostrar, mediante prácticas concretas, que existen formas distintas de organizar la vida en común. Militar nunca debió reducirse a asistir a reuniones interminables o discutir documentos que pocas personas leerán. Militar también es sostener un club deportivo, organizar un taller en la población, acompañar a estudiantes que intentan terminar sus estudios, levantar una biblioteca popular, fortalecer un sindicato pequeño o simplemente ayudar a que exista comunidad allí donde el individualismo insiste en convertirnos en competidores permanentes. Quizás esa sea hoy una de las tareas políticas más urgentes. Volver a elaborar propuesta política para poder volver a proponer hacia el resto y desde ahí, volver a convencer. Hay que volver a mirar el pasado, no porque tenga todas las respuestas, sino porque hay movimientos sociales, como el estudiantil, que dejó una enseñanza que todavía conserva plena vigencia: las comunidades no transforman la realidad cuando protestan como único recurso, la transforman cuando son capaces de imaginar colectivamente un futuro distinto y organizarse para hacerlo posible. Lo que no seamos capaces de construir entre nosotros difícilmente será construido por otros. Y probablemente ahí siga estando el principal desafío político de nuestro tiempo. Lee también: Estudiantes hoy, trabajadores mañana: el problema de la conciencia de clase Lee también: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

El gobierno presentó un proyecto de ley que busca realizar cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para volver a la selección de estudiantes reflotando el mito del mérito individual en base al desempeño académico y la conducta de los estudiantes, permitiendo a los establecimientos hacer entrevistas y así discriminar por nivel socioeconómico o tipo de composición familiar. El pasado 23 de junio el gobierno de Kast presentó un proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El principal cambio busca implementar un sistema paralelo al actual, llamado “elección mutua” que consiste en que las postulaciones de las y los estudiantes puedan ser resueltas en última instancia por los colegios. O sea, de mutuo no tiene mucho. Los establecimientos que opten por este nuevo sistema podrán considerar diferentes variables, siendo una de las más nocivas para la equidad en educación la selección por “merito” de las y los estudiantes. La discriminación socioeconómica La ley dice que ”a partir de séptimo año de la educación general básica o el equivalente que determine la ley, los establecimientos educacionales podrán considerar también, el desempeño académico en la implementación del mecanismo de elección mutua”. Volver a seleccionar por desempeño académico es una historia conocida en nuestro país, aumenta la segregación social y genera que después de un tiempo, existan colegios para ricos y otros para pobres porque el desempeño académico depende de las oportunidades que tengan sus familias a lo largo de su vida, o sea, de las condiciones económicas y sociales. Por esta razón la selección es injusta considerando que no todos los estudiantes acceden a las mismas oportunidades. La discriminación familiar La ley también propone que “los establecimientos educacionales podrán implementar entrevistas con los padres y apoderados de sus postulantes, con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con el proyecto educativo”. Este cambio dejaría en manos de los centros educacionales la decisión de seleccionar a las y los estudiantes mediante las entrevistas a sus apoderados, ya que, la información recogida puede ser utilizada para discriminar por diferentes motivos, ya sea por orientación religiosa, familias monoparentales, estudios superiores que tengan los padres o madres, entre otros, generando una distinción al momento de ser seleccionado. Bajo las condiciones en que se desarrolla el sistema educativo en nuestro país, habría que preguntarse algo importante ¿por qué una gran cantidad de estudiantes postulan a unos pocos colegios? Simplemente porque no existe un compromiso real del Estado con mejorar la educación pública, con mejorar la calidad de los establecimientos del país, es algo que la mayoría de los gobiernos no se ha hecho cargo. Con SAE o sin SAE el problema seguirá estando ahí, ya que la oferta de los colegios de calidad es muy baja en comparación con la demanda de postulantes, y quienes siempre terminan pagando los costos son los sectores populares, dentro de un sistema diseñado para reproducir la desigualdad. Revisa acá el proyecto de ley completo Lee también: Brecha de clase en resultados PAES 2026: privados sacan 167 puntos más en promedio que los públicos Lee también: Estudiantes hoy, trabajadores mañana: el problema de la conciencia de clase Lee también: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

Los $442 mil millones de pesos que adeudan los sectores de altos ingresos por contribuciones equivale a más de 100 veces lo que el gobierno embargó a 1.500 deudores del CAE durante junio de 2026. En Chile 8 de cada 10 personas propietarias de una vivienda no paga contribuciones. Ese 20% que sí paga, se concentra en el segmento de mayores ingresos, y es a ellos a quienes el gobierno busca cuidarles el bolsillo el eliminar el pago de contribuciones para los mayores de 65 años, y equivale a más de $200.000 millones de pesos menos al año para el Fondo Común Municipal, que por su lógica redistributiva, afectaría a los municipios más pobres. Entre los adultos mayores, más de un millón de adultos mayores no pagan contribuciones, mientras que otros 190.000 tienen rebajas, por lo que eliminar el pago de contribuciones a los adultos mayores beneficia solo al segmento de mayores ingresos. En cuanto a la deuda por no pago de contribuciones, todas las regiones del país registraron un aumento en la deuda mayores a 400% entre 2022 y 2025, según un informe de la consultora Colliers en base a datos de la Tesorería General de la República. Las Condes es la comuna donde más aumentó la deuda por el no pago de las contribuciones, pasando de $1.091 millones en 2022 a $20.044 millones en 2025, que representa un aumento de un 1.737% en solo tres años. Evolución del monto de la deuda de contribuciones en Chile (2022-2025) 2022: $63.039 (2,9%) 2023: $109.438 (4,3%) 2024: $186.542 (6,7%) 2025: $442.095 (14,3%) Los $442 mil millones de pesos que adeudan los sectores de altos ingresos por contribuciones equivale a más de 100 veces lo que el gobierno embargó a 1.500 deudores del CAE durante junio de 2026. Evolución del monto de la deuda de contribuciones en la RM (2022-2025) 2022: $22.506 2023: $40.007 2024: $71.727 2025: $192.255 Lee acá: Declaración del Movimiento de Deudores del CAE: Fin a los embargos y condonación de la deuda Lee acá: Los embargos por CAE hipotecan la vida de la clase trabajadora Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

"Exigimos el cese inmediato de los embargos impulsados por la Tesorería, que se devuelvan los sueldos que nos expropiaron y condonar la deuda educativa, no solo porque es injusta en su origen al buscar hipotecarnos la vida, sino porque sostenerla en el tiempo es materialmente imposible para la gran mayoría de las familias trabajadoras de este país.". Hoy estamos aquí para levantar la voz por los más de 500 mil trabajadores y trabajadoras de este país que no podemos pagar una deuda que nos obligaron a firmar para poder estudiar. Durante años nos vendieron la pomada de que seríamos los primeros profesionales de nuestras familias y viviríamos mejor, pero en realidad nos estaban condenando a quedar presos de una deuda que hipotecaría gran parte de nuestra vida y la de nuestras familias. El Crédito con Aval del Estado está diseñado para beneficiar a los bancos. Si fuera por ellos, ojalá no terminemos nunca de pagarlo, porque justamente ese es el negocio, ya que los intereses y reajustes en UF, y luego en UTM, cuando la deuda pasa a la Tesorería, solo inflan la deuda, haciendo que terminemos pagando incluso más del doble del arancel original que tiene una carrera. El CAE se diseñó sabiendo que a quienes fue dirigida la deuda, en su gran mayoría no tendríamos condiciones para pagarla. Pero no fue un error de cálculo, al contrario, fue un negocio, porque en realidad lo crearon para alimentar la caja de las instituciones de educación superior privadas que proliferaron por todos lados, y también para aumentar cada año el traspaso de recursos públicos hacia la banca. Hoy, a 20 años de la implementación del CAE, sabemos que cuando el 2006 y el 2011 decíamos que había que terminar con el lucro en la educación, teníamos toda la razón, porque hoy vemos que al Estado le ha salido mucho más caro meter a la banca en el sistema educacional, en vez de haber financiado directamente las instituciones públicas de educación superior. Nos decían que el objetivo era aumentar el acceso a la educación superior, pero fue una mentira, porque en realidad se hizo para bancarizarnos la vida. La deuda educativa dejó de ser únicamente un problema de quienes accedimos a la educación superior y, en su gran mayoría, nos convertimos en trabajadoras y trabajadores precarizados y endeudados. Sus efectos alcanzan también a las familias que nos sostuvieron y acompañaron durante ese proceso. No solo se ha visto restringida nuestra calidad de vida y la de nuestros hogares durante años, sino que además se ha instalado un discurso que busca responsabilizarnos individualmente por una problemática que es de carácter estructural. Distintos medios de comunicación y personeros de la política tradicional han intentado trasladar sobre nuestros hombros una culpa que no nos corresponde, porque este sistema de endeudamiento para acceder a la educación superior es imposible de sostener con los bajos sueldos que hay en este país. Como Movimiento de Deudores del CAE nos movilizamos para exigir 3 puntos centrales: Primero, exigimos el cese inmediato de los embargos impulsados por la Tesorería General de la República. Esta medida no solo resulta arbitraria e ilegal, sino que además refleja una política profundamente represiva hacia un amplio sector de la sociedad chilena. En lugar de ofrecer soluciones a un problema estructural de endeudamiento, el gobierno ha optado por profundizar la asfixia económica de miles de familias, agravando aún más una situación de precariedad que se arrastra desde hace años. En segundo lugar, exigimos que se devuelvan los sueldos que nos expropiaron de nuestras cuentas bancarias, porque son fruto de una acción ilegal, donde la Tesorería ha hecho un uso abusivo de sus facultades para arremeter contra trabajadoras y trabajadores endeudados, mientras condona miles de millones a empresas que no pagan sus impuestos. Por último, planteamos la necesidad de condonar la deuda educativa, no solo porque es injusta en su origen al buscar hipotecarnos la vida, sino porque sostenerla en el tiempo es materialmente imposible para la gran mayoría de las familias trabajadoras de este país. Como movimiento, creemos que debemos poner fin a este sistema que traspasa cada vez más recursos públicos a la banca, en lugar de invertir esos recursos en fortalecer un sistema de educación superior verdaderamente pública, y que responda a las necesidades de la población. Esta concentración es solo el primer paso de un proceso mucho más largo y que recién comienza, porque si bien no vamos a sacar a la banca de nuestra vida de un día para otro, sí depende de nosotros comenzar a dibujar ese camino. Y ese camino no lo vamos a recorrer solos. Debemos hacerlo junto a quienes hoy se endeudan para estudiar en universidades y centros de formación técnica, y también junto a los estudiantes secundarios, porque ellos son quienes mañana enfrentarán las consecuencias de este mismo modelo si no logramos transformarlo. Esto es importante, porque hoy estamos aquí no solo quienes somos trabajadoras y trabajadores endeudados, sino también estudiantes, que mañana deberán salir a trabajar igual que nosotros. Aquí nadie se va a salvar solo, porque ya vemos que esa no es una alternativa. Porque la única alternativa que tenemos quienes vivimos de nuestro trabajo es organizarnos para poner en el centro la dignidad de quienes habitamos este país. ¡Porque no hay pago justo en un sistema injusto! ¡No más lucro en la educación! ¡Arriba las que luchan! Lee acá: Los embargos por CAE hipotecan la vida de la clase trabajadora Lee acá: Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?

En un contexto marcado por los brutales recortes en Cultura y la expansión de proyectos extractivistas a lo largo del país, la compañía con 22 años de trayectoria reflexiona sobre el rol del arte como espacio de memoria y pensamiento crítico a propósito de su obra Mauro, con funciones hasta el domingo 28 de junio en Matucana 100, y acceso gratuito a organizaciones sociales que se inscriban con El Pincoyazo. En esta entrevista, Eduardo Luna Salazar -director y dramaturgo de La Familia Teatro- junto a Nicole Morales -actriz y productora de la compañía-, reflexionan sobre el rol del arte como espacio de memoria y pensamiento crítico, revisando su trayectoria, intereses y dificultades surgidas dentro del proceso de creativo y la difusión de sus creaciones. ¿Cómo nace esta compañía y la idea de abordar temas políticos en sus creaciones? Yo soy fundador de la compañía, entonces soy de los que lleva veintidós años. No somos tantos los que llevamos veintidós años; somos dos de los originales. Pero en la compañía hay gente que lleva dieciocho años, otros veinte, otros diez. El equipo ya está constituido por personas que llevan varios años trabajando juntas. Nacimos como compañía cuando éramos compañeros en la Universidad de Chile. Nuestro primer trabajo fue una especie de éxito que desarrollamos en una residencia en Balmaceda 1215. Era una adaptación de un cuento de Kafka llamado La condena. Hicimos un proceso de investigación sobre todas sus obras, especialmente sobre Carta al padre, y de ahí nació nuestro primer trabajo. Tampoco teníamos nombre cuando estrenamos esa primera obra. Los personajes eran dos hermanos de la familia Bendemann, así que las invitaciones se enviaron como La Familia Bendemann. Después entendimos que ese no podía ser el nombre definitivo de la compañía, no podíamos quedarnos en el primer proyecto. Entonces derivó en La Familia Teatro. A nadie le gustaba demasiado el nombre al principio, pero pensábamos que a los nombres se les daba sentido con el tiempo. Siempre tuvimos la idea de construir un proyecto a largo plazo. Queríamos una compañía que transitara por la historia del teatro chileno. Mirábamos mucho a compañías como referentes para desarrollar un trabajo permanente. Con los años el nombre empezó a tener más sentido. Hoy somos doce familias dentro de la compañía. Ya hay nuevas generaciones incorporándose. Tenemos hijas que han crecido dentro de este proyecto y que hoy también son actrices. Por eso la idea de familia nos representa mucho, pero entendida con todas sus fracturas, conflictos y dificultades. No desde una visión idealizada de la familia feliz, sino como una comunidad que aprende a apoyarse frente a los problemas. Respecto a los temas políticos, nosotros pasamos por tres etapas. La primera estuvo muy ligada a la literatura. Uno sale de la universidad con las referencias de su formación, y la escuela teatral chilena es muy eurocéntrica. Por eso nuestros primeros trabajos estaban basados en referentes europeos, como Kafka o autores alemanes. Después vino una segunda etapa más relacionada con los conflictos personales. Todos fuimos creciendo, aparecieron los traumas familiares, las tensiones propias de salir de casa de los padres, de construir una vida adulta. Empezamos a trabajar mucho desde el psicoanálisis y desde la relación entre el lenguaje y los conflictos personales. Hasta que en 2014 ocurrió algo que cambió profundamente nuestro trabajo. Yo sufrí un infarto a los veintinueve años. Tenía una hija de nueve años y lo único que pensaba era que podía dejarla sola. En ese contexto conocí la historia de Nicola Ravena, una niña que murió producto de una enfermedad muy compleja llamada xerodermia pigmentosa, un tipo de cáncer a la piel que le impedía exponerse a la luz solar, por lo que debía vivir prácticamente aislada y con su habitación protegida para evitar el ingreso de los rayos ultravioleta. Durante la campaña presidencial de 2005, el candidato Joaquín Lavín le prometió públicamente un supuesto traje desarrollado por la NASA que le permitiría salir y llevar una vida normal, promesa que nunca se cumplió y fue desmentida por la empresa. Su caso fue extremadamente mediático, la niña fue convertida en un símbolo, pero nunca se conoció realmente su voz. Nosotros nos preguntamos ¿qué pensaba una niña de 12 años que sabía que iba a morir?, más aún cuando ya había visto fallecer a su hermana por la misma enfermedad. Esa inquietud, sumada a la experiencia personal de enfrentar la cercanía de la muerte fue lo que dio origen a la obra Niña Astronauta. A partir de ese trabajo comenzamos a explorar historias reales de la memoria reciente chilena y a construir nuestras obras desde las experiencias humanas y los conflictos sociales del país. De ahí surgió una nueva etapa. Empezamos a rescatar historias chilenas y a trabajar directamente con comunidades. Luego vino Painecur, basada en el caso del sacrificio humano mapuche ocurrido tras el terremoto de 1960. Esa obra nos permitió profundizar nuestra relación con las comunidades indígenas y reflexionar sobre el racismo, la discriminación y la pérdida cultural. Más adelante llegamos a Mauro. Inicialmente estábamos investigando temas relacionados con la arqueoastronomía diaguita. En ese proceso conocimos el trabajo de Patricio Bustamante, quien fue uno de los primeros en alertar sobre las consecuencias de la construcción del tranque de relaves El Mauro. Ahí descubrimos que la construcción del tranque había destruido uno de los sitios arqueológicos diaguitas más importantes del país. Esto era relevante porque el pueblo diaguita fue reconocido oficialmente hace relativamente pocos años y todavía existe muy poco conocimiento sobre muchas de sus prácticas culturales. Lo que más nos impactó fue descubrir que la empresa encargada de rescatar el material arqueológico había invertido millones de dólares en excavaciones, pero gran parte de ese material terminó perdiéndose o desapareciendo. Incluso después del estreno de la obra nos encontramos con arqueólogos que habían participado en ese proceso y que reconocían el enorme nivel de desprolijidad que existió. A partir de ahí comenzamos a trabajar directamente con comunidades organizadas en defensa de Mauro. Nuestra idea inicial era hacer una obra sobre la memoria de una comunidad desplazada por la construcción del tranque. Sin embargo, durante la investigación nos dimos cuenta de que el conflicto seguía completamente vigente. Las decisiones sobre el territorio siguen tomándose constantemente. El tranque sigue creciendo y la influencia de la minera sobre la comunidad continúa siendo enorme. Existen incentivos económicos, dependencia laboral y una capacidad muy grande de intervenir en la vida cotidiana de las personas. También empezamos a observar algo que para nosotros fue fundamental: el conflicto no podía explicarse solamente a partir de la acción de la minera. También aparecían cuestiones profundamente humanas relacionadas con el dinero, el poder y la corrupción. Nos encontramos con casos de dirigentes y abogados que inicialmente defendieron a la comunidad y que posteriormente aceptaron millonarias compensaciones económicas. Nos pareció importante mostrar también esas contradicciones, porque forman parte de la realidad del conflicto. Uno de los aspectos más interesantes fue descubrir que esta no era simplemente una obra sobre minería. Era una obra sobre las zonas de sacrificio. Nos dimos cuenta de que las mismas dinámicas se repetían en distintos lugares del país. Cambian las industrias, pero los patrones son similares: desplazamiento de comunidades, destrucción de patrimonio cultural, contaminación ambiental y concentración de poder económico. Al principio estábamos hablando de un caso localizado en el norte de Chile, pero luego entendimos que la problemática era transversal. Lo mismo ocurre con los vertederos, las salmoneras, las forestales y muchas otras industrias extractivas presentes en el país. Por eso sentimos que era importante realizar la obra y también hacerla circular. Lo que ocurre en Mauro no es una excepción, sino una expresión de problemas que atraviesan a gran parte de Chile. Compañía La Familia Teatro ¿Qué les motiva a crear esta obra y qué buscan transmitir con ella? Nuestra principal motivación fue investigar el desplazamiento de una comunidad y la desaparición de un importante patrimonio arqueológico diaguita. Sin embargo, a medida que avanzamos en el proceso, la obra comenzó a abrir preguntas mucho más amplias. Nos interesó especialmente observar el componente humano presente en los movimientos sociales. Los liderazgos, los conflictos internos, las tensiones entre los distintos actores y la manera en que operan las organizaciones cuando enfrentan situaciones de presión. Muchos de nosotros veníamos de experiencias políticas diversas, desde sindicatos hasta organizaciones sociales y partidos políticos. Eso nos permitió reconocer dinámicas que ya habíamos visto anteriormente. Comenzamos a reflexionar sobre cómo la corrupción puede manifestarse de muchas formas. No solamente mediante el dinero, sino también a través del poder, la visibilidad pública o el deseo de protagonismo. También entendimos que la obra hablaba de algo mucho más amplio que la minería. Hablaba de un modelo de desarrollo basado en zonas de sacrificio. En distintos lugares del país encontramos comunidades que enfrentan problemas similares: contaminación, destrucción ambiental, pérdida de patrimonio cultural, racismo y desplazamiento de poblaciones completas en nombre del progreso económico. Lo que buscamos transmitir es precisamente esa realidad. Mostrar que estos conflictos no son aislados y que afectan a comunidades de norte a sur. Queremos generar reflexión sobre las consecuencias humanas, sociales y ambientales que tienen determinadas decisiones económicas y políticas. Además, creemos que el teatro puede transformarse en una herramienta para visibilizar problemáticas que muchas veces permanecen ocultas o que aparecen de manera fragmentada en los medios de comunicación. Escena de obra Mauro ¿A qué problemas o tensiones se vieron enfrentados durante el proceso de creación de esta obra? Ya sea de ideas preconcebidas o de cómo representar determinados aspectos del conflicto socioambiental por el relave. Nos enfrentamos a varias problemáticas durante todo el proceso. Una de las primeras tuvo relación con uno de los dirigentes con quienes trabajamos durante más de un año y medio. Él estaba siendo constantemente observado por Carabineros y por distintos organismos vinculados al conflicto. A medida que avanzábamos en la investigación comenzamos a notar que existía interés por saber quiénes éramos y por qué aparecíamos junto a él en distintos espacios públicos o en redes sociales. Vivimos situaciones como intervenciones telefónicas y distintos mecanismos de vigilancia que buscaban identificar el trabajo que estábamos realizando. También nos enfrentamos a dificultades dentro del propio mundo cultural. La minería destina una gran cantidad de recursos a actividades culturales y eso genera conflictos cuando aparece una obra crítica respecto de su actividad. Hubo espacios que inicialmente quisieron colaborar con nosotros y que luego se vieron obligados a retroceder cuando entendieron hacia dónde apuntaba la investigación. Incluso hubo una institución que nos había entregado una residencia artística y posteriormente decidió no asociar públicamente su imagen al proyecto porque recibía financiamiento de Minera Los Pelambres. Otro conflicto importante surgió con un teatro universitario que participaba como coproductor de la obra. En determinado momento apareció la discusión sobre cuánto nombrar directamente a la minera y a los distintos actores involucrados en el conflicto. Nosotros inicialmente nombrábamos a todas las personas y organizaciones involucradas. Sin embargo, surgieron debates respecto de las posibles consecuencias de hacerlo. Finalmente mantuvimos una postura basada en el rigor documental: toda la información utilizada en la obra debía estar respaldada por antecedentes verificables, publicaciones de prensa o procesos judiciales. Nos preocupamos especialmente de contrastar toda la información. Si mencionábamos a una autoridad política, a un dirigente o a una empresa, debía existir documentación pública que respaldara lo que estábamos diciendo. Después de la pandemia fuimos la primera compañía que reabrió los teatros. Sin embargo, muchas veces la promoción de la obra evitaba hablar del conflicto central que aborda. Se destaca que se trataba de una obra ambiental o que trataba ciertos temas secundarios, pero no se profundizaba en la crítica al modelo extractivista ni en el caso específico de Mauro. Posteriormente, cuando tuvimos nuevas temporadas, incluso hubo ocasiones en que prácticamente no existió difusión. Instituciones que contaban con equipos profesionales de comunicaciones optaron por no promover la obra. A esto se suma que gran parte de los festivales culturales del país reciben financiamiento directo o indirecto de empresas mineras. Las compañías mineras han desarrollado políticas muy activas de responsabilidad social empresarial y destinan recursos importantes a cultura, deporte y actividades comunitarias. Como consecuencia, muchos festivales o teatros se encuentran en una situación compleja al momento de programar una obra como Mauro. Aunque no reciban financiamiento directo de la minera involucrada, suelen depender de recursos provenientes de otras empresas del mismo sector. Eso ha hecho que la obra tenga muchas más presentaciones en el sur del país que en el norte, precisamente donde se encuentra el conflicto que retrata. Paradójicamente, nos ha resultado más fácil presentarnos en lugares donde existían autoridades o comunidades especialmente sensibles a los problemas ambientales, como Puerto Montt o Maullín afectados por la salmonicultura, que en zonas directamente vinculadas a la actividad minera. Por todas estas razones, Mauro ha sido probablemente la obra más difícil de circular dentro de nuestro repertorio. Aun así, hemos logrado realizar giras gracias a fondos públicos y a espacios culturales comprometidos con abrir lugar a distintas miradas. También sentimos que ciertos teatros con una historia importante dentro de las artes escénicas han permitido que la obra encuentre finalmente el espacio que merece para dialogar con el público. Escena de obra Painecur ¿Por qué creen que hoy es importante para la población acceder a este tipo de creaciones? Creemos que el teatro nació como una expresión popular. Antes incluso de hablar de teatro como disciplina, existían las teatralidades como una forma de encuentro entre las personas. Cuando el teatro se formalizó, siguió siendo un espacio abierto a toda la comunidad. Lo vemos en el teatro griego, donde asistía toda la población, o más tarde en la época de Shakespeare, donde también era una manifestación popular. Lo particular del teatro es que pone a personas reales frente a otras personas reales. Esa experiencia no ocurre igual en el cine ni en otros formatos. Esa presencia hace que sea mucho más fácil poner en diálogo una problemática humana con el público. En algún momento, muchas corrientes teatrales privilegiaron la experimentación del lenguaje escénico. Eso está bien y es necesario, pero muchas veces esa búsqueda terminó alejando al público porque las obras se volvieron demasiado herméticas. Se instaló la idea de que el teatro era una especie de alta cultura a la que no cualquiera podía acceder o comprender. Nosotros creemos que no hay que renunciar a la profundidad ni a la poesía, pero sí es importante que exista comunicación con el espectador. El teatro debe ser un espacio donde las personas puedan encontrarse con preguntas, emociones y reflexiones que dialoguen con su propia realidad. Por eso también valoramos experiencias como las de Bertolt Brecht, quien abrió el teatro a los trabajadores y a los sindicatos porque entendía que el arte debía ser una herramienta de reflexión para toda la sociedad. En Chile también existieron experiencias similares, con compañías que llevaron el teatro a sindicatos, fábricas y distintos espacios populares. Nosotros entendemos el teatro como un espacio de encuentro y de articulación de ideas. Hoy las personas tienen muchas formas de acceder a información o de reflexionar de manera individual: pueden leer, ver una serie o revisar redes sociales. El teatro propone algo diferente. Obliga a vivir una experiencia colectiva. Hace que personas que probablemente no se conocen compartan un mismo espacio y una misma historia. Para nosotros eso tiene un enorme valor político. Siempre intentamos que después de las funciones exista un conversatorio, un café o algún espacio donde la gente pueda quedarse conversando. No buscamos solamente que hablen de la obra; nos interesa que conversen entre ellos, que vuelvan a encontrarse con sus vecinos o con otras personas de su comunidad. Creemos que recuperar esos espacios de encuentro es fundamental en la actualidad. Históricamente el teatro también cumplía una función social muy importante. En distintas épocas servía para transmitir noticias, debatir acontecimientos o poner temas de interés público sobre la mesa. Nos interesa recuperar ese espíritu, que las personas salgan de una función con ganas de seguir hablando de lo que vieron. Por eso creemos que es importante que la población tenga acceso a este tipo de creaciones: porque generan encuentro, conversación, pensamiento crítico y reflexión colectiva sobre los problemas que vivimos como sociedad. Además, creemos que el teatro permite recuperar el encuentro entre las personas. Hoy existen muchos espacios para informarse o reflexionar de manera individual, pero el teatro obliga a vivir una experiencia colectiva, a compartir un mismo espacio con otros espectadores. Por eso, después de nuestras funciones siempre procuramos generar conversatorios o encuentros donde el público pueda conversar, no solo sobre la obra, sino también entre ellos. Para nosotros, volver a encontrarse con el vecino, intercambiar ideas y construir comunidad es, en sí mismo, un acto político. Recuperar ese espacio de diálogo es una de las funciones más importantes que puede cumplir el teatro en la actualidad. Hoy consumimos cientos de películas, series o contenidos que olvidamos rápidamente. El teatro, en cambio, por el hecho de ocurrir en vivo y compartir colectivamente, permanece por más tiempo en la memoria y en la conciencia de quienes lo experimentan. Escena de obra Painecur ¿Cómo creen que afectarán los recortes del gobierno en Cultura tanto a los trabajadores de las artes como a la población en general? Los recortes en Cultura afectarán directamente al mundo artístico y a la ciudadanía en general. Desde nuestra perspectiva, existe una mirada política que históricamente ha considerado a los trabajadores de las artes como un sector prescindible o incluso como personas que viven a costa del Estado. Esa visión ha instalado la idea de que la cultura no es una prioridad frente a otras necesidades del país, cuando en realidad cumple un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad crítica y democrática. Nos preocupa que el Ministerio de las Culturas haya sido uno de los más afectados por los recortes presupuestarios, porque eso tendrá consecuencias concretas: habrá menos producción de teatro, música, cine y otras expresiones artísticas, desaparecerán programas de apoyo y disminuirán las oportunidades para crear y difundir obras que abordan temas sociales o políticos. Es muy probable que producciones como Mauro, Painecur o Levita encuentren cada vez menos espacios para presentarse, mientras que se privilegiarán propuestas más comerciales, como musicales o historias de entretenimiento, porque serán las que puedan sostenerse económicamente. Creemos que el acceso a la cultura debería entenderse de la misma manera que el acceso a la educación o a la salud. Durante la pandemia quedó en evidencia que las personas recurrieron constantemente a la cultura para enfrentar el aislamiento: vimos películas y series, leímos libros, escuchamos música y consumimos distintas expresiones artísticas que ayudaron a sostener la salud mental de la población. Por eso pensamos que reducir el financiamiento cultural significa también limitar un derecho de las personas. Además, nos parece peligroso instalar la idea de que la cultura es un gasto prescindible. Si se acepta ese discurso, mañana podría decirse lo mismo de la educación, de la salud o de la vivienda. Son derechos que forman parte del bienestar de la sociedad y que no deberían evaluarse únicamente desde una lógica económica. También es importante recordar que los trabajadores de la cultura somos trabajadores como cualquier otro. Muchas veces se piensa solo en los actores conocidos, pero detrás de cada obra existe un ecosistema completo de personas: técnicos, diseñadores, iluminadores, sonidistas, productores, personal de aseo, de seguridad y muchos otros oficios que también dependen del desarrollo de la actividad cultural. La realidad es que el sector artístico vive una fuerte precarización laboral. Según los estudios que mencionamos, el ingreso promedio de quienes trabajan en las artes escénicas ronda los $400.000 mensuales, una cifra inferior al sueldo mínimo vigente. Además, la mayoría de nosotros se atiende por Fonasa, enfrenta el aumento del costo de la vida y sufre las mismas consecuencias que cualquier trabajador cuando sube el precio de la bencina, del pan o cuando se reducen los servicios públicos. Por eso creemos que los recortes en Cultura no afectan únicamente a los artistas. Impactan a miles de trabajadores y también a toda la población, que pierde espacios de encuentro, reflexión, participación y pensamiento crítico. Defender la cultura no es defender un privilegio, sino proteger un derecho que fortalece la vida democrática y el tejido social. Compañía La Familia Teatro

Según datos de la Tesorería, los embargos por deuda CAE avanzan en 3 grupos de deudores separados por nivel de ingresos, y tienen un objetivo principalmente disciplinario para regularizar la deuda vía convenios, que representa un 52% de lo recaudado en 2026, versus un 7% vía embargos. El martes 16 de junio la Tesorería General de la República (TGR) expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre los embargos realizados a deudores CAE. A continuación exponemos una breve síntesis de los datos expuestos por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda: Entre enero y mayo de 2026 la Tesorería ha recaudado un total de $59.225 millones de pesos, distribuidos en: 1) $30.818 millones vía nuevos convenios de pago, incluyendo pie y cuotas; 2) $20.208 millones vía compensaciones por operación renta y 3) $4.207 millones vía embargos a las cuentas bancarias de 1.535 personas. Según distribución de lo recaudado: los convenios representan el 52%; las compensaciones vía operación renta el 34% y los embargos de cuentas bancarias solo el 7% del total (en la exposición de la TGR no se informa a qué corresponde el 7% restante). Primer grupo: Hasta hoy, los embargos se habrían concentrado en 1.535 personas que tendrían un sueldo mayor a $5 millones (0,3% de los 565.263 deudores morosos), Según las cifras de la misma TGR (datos de ingresos corresponden al año tributario 2025). Segundo grupo: Después vendrán por los 90.933 deudores ya demandados para ser embargados con sueldos de entre $1,5 y $5 millones (16% del total de deudores morosos). Tercer grupo: Una posible tercera ronda de embargos, serían las 470.795 personas con deuda morosa que tienen un sueldo menor a $1,5 millones, que representan el 83% del total de deudores morosos, notificados en abril y mayo para que firmen convenios bajo amenaza, sin ser aún demandados de acuerdo a lo expuesto por la TGR. Este plan de embargos del gobierno tiene un objetivo principalmente disciplinario, y apunta a generar convenios a través del miedo. En particular en los segmentos con sueldos menores a $1,5 millones de pesos, que tienen menos patrimonio para embargar, pero sí un salario del cual poder sacar una tajada todos los meses durante largos años. ¿Quiere decir esto que los embargos no se expandirán hacia un segmento más amplio de deudores de ingresos menores a $3 millones de pesos? No. Eso depende de la voluntad política del gobierno y de los objetivos que persiga a través de esa decisión, y al menos por ahora, todo apunta que sí avanza en esa dirección. Lo que es claro, es que si lo que busca es recaudar dinero, no es una medida eficaz, porque la capacidad de pago disminuye a medida que avanza sobre segmentos más empobrecidos. Revisa acá la presentación de la TGR en la Comisión de Hacienda Lee acá Movimiento de deudores del CAE convoca a movilización nacional el 25 de junio