Macro-campamento de San Antonio: Avaricia de los dueños del terreno impide un acuerdo de compra

Los dueños del terreno piden 10 veces el precio al que lo compraron, y no acceden al valor 5 veces superior que ofrece el MINVU, el cual se pagaría a través de un crédito hipotecario asumido por las familias vía cooperativas de vivienda. El Pincoyazo se trasladó a San Antonio para conversar con sus protagonistas, los pobladores del cerro Centinela.

Principales hitos

Ante la larga ausencia de soluciones habitacionales, en octubre de 2019 comenzó a poblarse el cerro Centinela ubicado en el límite entre las comunas de Cartagena y San Antonio, y su expansión hasta el presente (más de 4 mil familias), como también la distribución de las casas y calles, dan cuenta de que aquí existieron voluntades públicas y privadas que avalaron el poblamiento.

En 2019, registros que circularon en prensa muestran a los dueños del terreno ofreciéndolo a los pobladores, señalando incluso que la responsabilidad de lotear recaería en el municipio, incentivándoles a seguir adelante, pero estableciendo un precio de compra en lo que hasta ese entonces era un basural.

Posteriormente, en septiembre de 2020 y ante la falta de acuerdo bajo las condiciones establecidas por los dueños, estos presentan una primera demanda, y posteriormente, en 2023, un recurso de protección con el que impulsaron, paso a paso, el desalojo, que finalmente sería dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en febrero de 2025.

En ese escenario, y ante la incapacidad del Estado por desalojar a cerca de 10 mil personas, y la crisis humanitaria que eso significaría, el Ministerio de Vivienda agiliza una mesa de trabajo con los dueños, proponiendo la fórmula de comprar el terreno bajo la figura de cooperativas de viviendas donde las familias cubrirían con una deuda la compra, pero la pelota sigue trabada, porque el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños.

Especulación con el precio del terreno

En 1997, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A compró las 260 hectáreas de suelo a 0,04 UF por metro cuadrado, pero la última oferta que presentaron al MINVU fue por 0,4 UF por metro cuadrado, lo que equivale a 10 veces el valor de compra original, sin haber invertido un solo peso en el terreno.

Por su parte, la tasación que hizo el MINVU establece un precio de 0,2 UF por metro cuadrado, que pese a ser 5 veces el valor por el que los dueños lo compraron en 1997, no les deja contentos.

En Chile hoy no existe una ley que regule el precio del suelo ante estas situaciones, lo que entrega más poder de negociación a quienes tienen recursos para comprar y dejar los terrenos sin uso durante varios años, lo que funciona como una barrera de acceso para los comités de vivienda, y por tanto crea un escenario de aparente ausencia de terrenos, cuando en realidad sí existen, pero están en reserva, en lo que podría definirse como un proceso de engorda de precios.

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La cooperativa de vivienda como opción de compra

Durante el proceso, el MINVU propuso como vía para destrabar el conflicto la posibilidad de que las familias pobladoras compren el terreno a través de la figura de las cooperativas de viviendas, ¿pero por qué?

La idea de la vía cooperativa surgió a partir de lo que permite el artículo 137 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), el cual dice que el dueño de un terreno puede venderlo sin hacerse cargo de los costos de urbanización asociados a lo que establezca el Plan Regulador Comunal, si es que el destinatario de los terrenos es una cooperativa de vivienda. Así, la responsabilidad de urbanización recae en las familias, quedando sujeto el traspaso del mismo a que se vayan concretando esas obras.

Esta figura responde a cómo funcionaban las cooperativas anteriormente a la dictadura, con una fuerte capacidad de gestión y construcción, ya que el artículo 136 de la misma LGUC, prohíbe a la Inmobiliaria San Antonio vender el terreno si no se hace cargo de construir una serie de obras de urbanización.

A partir de este camino posible, las familias pobladoras crearon 40 cooperativas agrupadas en una federación, para así hacer posible la compra del suelo.

Según Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda del cerro Centinela, "tenemos que poner un pie para entrar a la negociación, de manera particular. Luego esperar que se apruebe esta fórmula a través del Banco Estado, y posterior a eso ver el plazo y la cuota a través de un crédito hipotecario".

"Se ha hablado en un principio de $100 mil pesos mensual, pero se ha visto también la condición de las familias, ya que algunas no van a poder pagar eso todos los meses, y se está conversando entre $50 mil y $100 mil mensual, que puede ser a 10 o 15 años, y eso depende del Banco Estado", agregó el dirigente.

Hoy la pelota sigue trabada, y como el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños, estos han reactivado el desalojo, pidiendo a la Delegación Presidencial que ponga una fecha concreta al mismo, algo que de concretarse, desataría una crisis de proporciones, porque el Estado no tiene hoy la capacidad o más bien la voluntad de realizarlo a través de una solución alternativa para las familias.

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