Nueva Corporación Municipal de Huechuraba: ¿Quiénes administrarán los recintos y recursos públicos que serán privatizados?

Tras su polémica aprobación en el concejo municipal, la nueva Corporación Municipal de Deporte y Cultura debe constituirse en una asamblea de socios y elegir su directorio. Pero, ¿quiénes ocuparán esos cargos?, ¿quiénes los elegirán? y ¿por qué nadie consultó a los vecinos? Acá te explicamos cómo funciona el marco legal de toda esta maraña privatizadora.

Marco regulatorio y propuesta municipal

En nuestro país, las corporaciones municipales se rigen por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley Nº 20.500) y por el Código Civil para personas jurídicas de derecho privado. En ellas se establece que estas asociaciones corresponden a personas jurídicas sin fines de lucro, las que se financian con recursos públicos, donaciones privadas y la generación de recursos propios.

Asimismo, la ley también establece que las corporaciones son encabezadas por un Directorio, donde si bien tiene incidencia la máxima autoridad municipal, su gestión es independiente, o en lenguaje leguleyo, de derecho privado. Por lo tanto, quienes toman las decisiones dentro de la corporación es un Directorio compuesto por al menos 3 personas: un presidente, un secretario y un tesorero. Y según las necesidades, pueden incluirse uno o más directores.

En el caso de Huechuraba, la propuesta que presentó el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) al Concejo Municipal, detalla que esta Corporación la conformarán al menos 5 personas. De las cuales 2 serán designados en acuerdo con el Concejo Municipal y otros 2 serán electos por la Asamblea General de la Corporación, Sin embargo, la propuesta del alcalde no especifica quiénes serán las personas que compondrán ese Directorio. ¿Serán dirigentes sociales, funcionarios municipales, políticos profesionales o empresarios millonarios?

El Concejo Municipal y el vacío de información 

La creación de esta Corporación de Cultura, Deporte, Recreación y Fomento de Emprendedores, fue una de las tantas propuestas de la campaña electoral del Alcalde Luksic. Y aunque es un tema que se ha discutido en comisiones del Concejo Municipal que no son públicas, es bien poco lo que se ha dado a conocer a la población de manera abierta y solo se han difundido algunos contenidos días antes de ser aprobada la propuesta el 22 de agosto pasado.

El problema no ha sido solo la falta de claridad y transparencia del alcalde, sino también la pasividad que han mantenido las y los concejales frente a este tema, todos responsables en su medida de la desinformación sobre algo que debería ser motivo de debate comunal, más aún cuando se trata del traspaso de recintos públicos importantes y de cientos de millones cada año a una Corporación de derecho privado, los que si bien serán fiscalizados por el Concejo Municipal y la Contraloría de la República, las decisiones las tomarán por fuera de este, llevándose la pelota para la casa.

La pregunta sobre los recursos públicos que se le asignan a esta Corporación de derecho privado es muy importante, sobre todo pensando en lo que ha ocurrido en otras municipalidades donde, a través de corporaciones, se han malgastado recursos en sobresueldos y financiamiento ilegal de campañas políticas. Lamentablemente, estos casos sólo se han conocido una vez cometidos los millonarios fraudes, perjudicando a cientos de miles de vecinos. 

La privatización de la gestión de bienes y recursos públicos

Una de las claridades sobre las corporaciones municipales, es que su creación implica que esas áreas serán gestionadas por empresarios y no por las organizaciones sociales compuestas por vecinos, con el mito de que los privados son más eficientes que el Estado.

Que exista una Corporación privada, no implica necesariamente pagar por usar espacios que hoy son gratuitos, como las 7 canchas, el Centro Cultural o el Planetario. Pero sí implica que de una u otra forma se limitaría el uso por parte de la población, ya que según la propuesta que la alcaldía presentó al Concejo Municipal, estos espacios se podrían arrendar o concesionar para generar nuevos recursos.

Como vemos en el cuadro anterior presentado al Concejo Municipal, durante el primer y segundo año de funcionamiento de la Corporación, la Municipalidad entregará el 100% del financiamiento. Y al tercer año se espera que al menos el 20% de su presupuesto provenga de la generación de recursos propios (arriendos y patrocinios de marcas) o donaciones de entidades privadas (empresas), las que por supuesto, no son solo de buen cristiano.

Los beneficios tributarios para las donaciones de empresarios

En el complejo entramado legal vinculado con la regulación de las Corporaciones Municipales, existe una serie de leyes que entregan beneficios tributarios a las empresas que realizan distintos tipos de donaciones, lo que requiere un análisis especial, ya que el incentivo para que una empresa realice una “donación” es la reducción del pago de impuestos al fisco, que significa menos recursos públicos para cubrir necesidades.

En primer lugar se encuentra la Ley Nº 20.675 sobre Donaciones con Fines Culturales, que modifica el artículo 8 de la Ley N° 18.985 sobre normas tributarias. Allí se establece que las instituciones culturales, como una Corporación, presentan proyectos a un Comité Calificador de Donaciones Culturales, y de ser aprobados, las empresas pueden escoger a cuál de ellas entregar aportes en dinero o especies.

Con esto obtienen una rebaja tributaria (pago de impuestos) entre el 35% y 50% de lo que “donaron”. En caso de que ese porcentaje supere el 2% de la renta líquida imponible (ingresos brutos, menos los costos y otros ajustes) o 20.000 UTM (Unidad Tributaria Mensual), correspondiente a alrededor de $1.385.300.000 (calculado según UTM de Octubre 2025 de $69.265), la empresa podrá declarar ese excedente como un gasto.

La Ley del Deporte Nº 19.712 (en los artículos del Párrafo Nº 5) también otorga franquicias tributarias similares para las donaciones a entidades deportivas sin fines de lucro, como lo será la Corporación Cultural, Deportiva, Recreativa y Fomento de Huechuraba. Una de las diferencias es que es el Instituto Nacional del Deporte el que aprueba los proyectos y organizaciones que pueden recibir donaciones deportivas. En esta circunstancia, la rebaja de impuestos no puede superar las 14.000 UTM, equivalente $969.710.000. Y en caso de que el monto sea superior, ese excedente la empresa también lo puede declarar como un gasto.

Otra norma que podría utilizarse, es la Ley Nº 19.885 sobre Donaciones Sociales que también permite a las empresas realizar aportes a asociaciones sin fines de lucro que tengan proyectos o programas sociales en las áreas de pobreza o discapacidad, como podría ocurrir con el área de desarrollo económico de la futura Corporación Municipal. Si bien las donaciones pueden ser mucho menores, en este caso si la rebaja de impuesto supera las 1.000 UTM, equivalentes a $69.265.0000, la diferencia se puede declarar como un gasto de la empresa.

Como vemos, si bien la creación de una Corporación permitiría captar recursos por concepto de arriendos o donaciones, la normativa le entrega bastantes beneficios tributarios a las empresas que donen. Por lo tanto, la “donación” que realizan se traduce en una franquicia tributaria, es decir, un incentivo económico para que las empresas accedan a realizar donaciones a cambio de una rebaja considerable de impuestos.

La privatización de la toma de decisiones

Finalmente, con la creación de una Corporación lo que se privatiza no es solo la gestión de los recintos y recursos públicos, sino también la toma de decisiones, ya que estas las tomarán personas que no necesariamente velarán por las necesidades de la población. Si no que en base a criterios basados en eficiencia económica en vez de sueldos dignos, en marketing en vez de necesidades de la población y en la recaudación de nuevos recursos cuando sus gestores privados se equivoquen o afecten la probidad pública.

Esto significa que las decisiones sobre el devenir de la Cultura y el Deporte comunal se le transfiere a un actor privado que no necesariamente está capacitado o basará sus acciones en base al bienestar común. Es decir, es el privado el que mediante la promoción cultural, deportiva o empresarial desarrolla toda su apuesta ideológica.

De acuerdo a la información a la que se ha podido acceder hasta hoy, con esta decisión lo único que queda claro es que la población y en particular las organizaciones sociales no han participado en ninguna decisión y posiblemente tampoco la tengan en el futuro. Lo más probable es que la población siga mirando las sedes y canchas en mal estado, mientras se traspasan miles de millones a una entidad privada que posiblemente en el futuro sea muy diferente a lo que hoy nos pintan.