Las principales beneficiadas son las grandes mineras, pero en total, solo entre 2023 y 2024 por devolución del impuesto al diésel las empresas en Chile recuperaron más de $1 billón de pesos, que equivale a todo el recorte que Kast pretende hacer a los ministerios de Educación y Salud.

Si bien la guerra detona el alza del petróleo, la causa de traspasar esos costos a la clase trabajadora es cuidar la ganancia de la gran empresa, a quienes se les busca rebajar los impuestos mientras se reduce el gasto público en miles de millones bajo el relato de la "emergencia". Acá te explicamos cómo funciona el mercado del combustible y el mecanismo que conteniene las alzas al que Kast dejará de destinar recursos.

Al continuo desmantelamiento de la red pública con falta de hospitales, profesionales e insumos médicos, el gobierno impone un recorte que equivale al sueldo anual de 17.000 médicos o al gasto total del Servicio de Salud Metropolitano Norte para 2026, del que depende el saturado Hospital San José, sin dar certezas de cómo es posible recortar tanto sin afectar la provisión de necesidades básicas.

No conforme con los 20.500 subsidios para la vivienda social recién recortados por el MINVU, el gobierno de Kast puso en marcha un recorte del 3% del presupuesto de todos los ministerios para este 2026, mientras pretende bajar los impuestos a los más ricos. Todo esto solo profundizará el problema de acceso a la vivienda.

El 22 de enero la Muni de Quinta Normal ofreció 440 cupos a distribuir entre los 31 comités de la comuna para integrar dos proyectos de vivienda con la exigencia de ahorrar entre $3 y $4 millones de pesos hasta el 15 de marzo. La fórmula es distribuir hasta 20 cupos por cada comité, pero ¿qué pasará con las cientos de familias que no tienen esa capacidad de ahorro? ¿Se desarmarán las asambleas? ¿Qué harán sus dirigentes? ¿Es justo que sea el bolsillo lo que determine quién pu

Acá te presentamos la vieja receta neoliberal anunciada por el arquitecto de la colusión empresarial y nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la que la ultraderecha pretende reimpulsar la acumulación de riqueza, tal como lo hicieran sus antecesores en los años 80s. 

El alcalde Luksic (UDI) convocó al concejo municipal para aprobar el traspaso de $558 millones para la nueva corporación municipal de Deporte y Cultura pese a no tener aún un plan de trabajo publicado y otros $1.175 millones para la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Oriente a la que Huechuraba ingresó en 2025, cuando traspasó $942 millones.

Una de las nuevas líneas de alta tensión que propone el coordinador eléctrico para cubrir la necesidad de energía de los centros de datos atraviesa los cerros de Huechuraba desde la carretera San Martín hasta La Pincoya. Ganan los grandes capitales tecnológicos pero a costa la vida en los cerros.

El sector poniente de Huechuraba tiene más de 2.000 nuevas viviendas en trámite pero su red de educación y salud pública está saturada. El único colegio público que existe no tiene enseñanza media, por lo que las gestiones por nuevos servicios públicos son una urgencia y se harán sentir cada vez más.

En 2024 el edificio se ofreció a menos de la mitad del precio de tasación actual. Si el concejo municipal aprueba, significa destinar más de la mitad de los recursos anuales de la comuna en otro edificio municipal, en vez de priorizar otras urgencias como vivienda, salud o educación, que se verán afectadas los años siguientes por la deuda que se contraería con la Isapre Consalud de la Cámara Chilena de la Construcción.

Esta mañana cerca de 400 pobladores marcharon por San Antonio luego de que la Corte Suprema diera 6 meses para desalojar a más de 1.000 familias que llevan 6 años años instalados en terrenos abandonados, cuyos dueños aprobaron el poblamiento y durante 4 años no ejercieron acciones, mientras el Ministerio de Vivienda se limita a observar cómo el derecho de propiedad se impone sobre la vida.

Ante tanta información falsa que circula y busca negar la expropiación como una vía para solucionar la crisis habitacional, en el Pincoyazo te presentamos un resumen de cómo funcionan las reglas del juego que obligan al Estado a pagar el valor comercial del terreno.

Ante la crisis humanitaria que generaría el desalojo de 10 mil personas fijado para esta semana por la Corte de Apelaciones, el gobierno decidió usar la ficha de la expropiación, que implica pagar el precio de avalúo comercial del terreno, luego de la intransigencia de los dueños que pedían el doble, y con el que pretendían ganar 10 veces lo que gastaron en él.

Alcalde y concejales de derecha alineados incluyeron al PPD y DC para dirigir la privatización de la cultura, el deporte y fomento productivo en Huechuraba, mientras concejales Román (PPD) y Plaza (PC) se abstuvieron, Hernández (FA) votó aislada por otros candidatos y Kaelín (PL) se inhabilitó por tener un familiar que trabaja en el área de deportes.

Luchadores de Barrancas, el Frente Popular y la 17 de Mayo ocuparon el edificio del gremio empresarial de la construcción denunciando cómo la empresa privada hace de la necesidad un negocio. Lee acá el petitorio de la Asamblea Nacional de Pobladores, en lo que fue un llamado nacional de protesta por vivienda digna.

Distintos comités de Santiago marcharon por la Alameda hacia el Ministerio de Vivienda para exigir avances en sus proyectos y medidas que apunten a resolver la crisis habitacional que vive el país. Lee acá el comunicado de las organizaciones convocantes.

Más de 350 trabajadores cumplen 12 días de huelga ante una constructora que ya ha sido multada por no pagar salarios y no cuidar la seguridad de los trabajadores, quienes denuncian nuevas irregularidades, la intransigencia de la empresa y la falta de fiscalización laboral, sanitaria y ambiental del Estado.

Ninguna medida apunta a frenar la especulación con el precio del suelo. Todos coinciden en fomentar el endeudamiento. Kaiser busca privatizar terrenos públicos y que los SERVIU no compren suelo; Kast quiere reducir el DS49 y quitar la aislación térmica; Matthei propone dar más subsidios y garantías a los bancos mientras Jara busca fortalecer los SERVIU y crear empresas público-privadas.

Constructora a cargo de las obras viola derechos laborales e incumple reiteradamente los acuerdos generados con el sindicato, principal herramienta que tienen los trabajadores para defenderse del abuso empresarial en un proyecto de una transnacional china cuya inversión supera los $250 millones de dólares.

Ante el fracaso de la política de vivienda, 1.050 familias poblaron un terreno que durante muchos años estuvo abandonado en San Antonio. Hoy se movilizaron al SERVIU para exigir una solución, en medio de un escenario de desalojos y sin soluciones luego de cuatro años de promesas de un Plan de Emergencia Habitacional que ha priorizado el negocio inmobiliario por sobre la dignidad humana.