Las 7 medidas tributarias del gobierno que desmantelarán el gasto público en Chile

De las 40 medidas que el gobierno anunció tramitar en un solo proyecto de ley hay al menos siete que representan cambios a la estructura del sistema tributario y que acá te explicamos en sencillo. Van en directo beneficio del gran empresariado y se traducirán en miles de millones de dólares menos al año para el gasto en derechos sociales que ya están siendo recortados desde cada ministerio.

El objetivo central del gobierno

El gobierno de Kast tiene como principal objetivo aumentar los niveles de crecimiento económico generando mejores condiciones para la inversión del gran capital, tanto para invertir como para retirar ganancias. Para eso definió una serie de medidas que van por distintos carriles, pero que, en términos generales, se enfrentan a la contradicción de reducir el gasto público sin aumentar los ingresos fiscales, sino que, incluso reduciéndolos, a través de una agenda de reducción de impuestos al gran capital.

En última instancia, esto refleja un problema estructural del capitalismo, como es la tendencia histórica a la disminución de la tasa de ganancia, hoy agravada por el aumento del precio del precio de las materias primas como el petróleo producto de la guerra imperialista de EEUU e Israel contra Irán.

El relato de la "emergencia"

El gobierno instaló la idea de una “emergencia” cuyo objetivo es ser una justificación para que la población acepte medidas extremas de empobrecimiento que bajo un escenario de “normalidad” no se justificarían.

Este relato tiene una bajada en distintas dimensiones de la vida social, y que busca desviar el foco de los problemas estructurales del modo de producción capitalista, que le son inherentes, buscando alimentar en la población una respuesta visceral a los problemas que enfrenta en la vida cotidiana a través de la agenda de seguridad.

1) Reducción del impuesto a la ganancia del gran capital

El gobierno pretende bajar el impuesto que pagan las grandes empresas del 27% al 23%, lo que significará más ganancias para ellas, pero cerca de $2.000 millones de dólares menos en ingresos fiscales cada año, por tanto, menos recursos para el gasto público del país.

Según el Ministerio de Hacienda, el 98,5% de las ganancias del capital en Chile se concentran en el 1% de contribuyentes de más altos ingresos (150.000 personas). Es a ellos a quienes beneficiaría la propuesta del gobierno.

Sobre los efectos en la recaudación fiscal, el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (2023) de Chile estima que cada punto de reducción del Impuesto de Primera Categoría eleva el PIB en 0,65% en 10 años, pero no logra compensar el impacto negativo y permanente en las finanzas públicas. O sea, condiciones para que el gran capital extraiga más ganancia y con menos recursos públicos para los años venideros.

2) Reintegración del sistema tributario

Hoy los dueños del gran capital deben pagar impuesto de 27% por la ganancia generada por sus empresas y también otro impuesto cuando deciden retirar parte de sus ganancias a sus cuentas personales, pero con un beneficio que les permite descontar el 65% de lo pagado en impuesto de la empresa al impuesto que pagan cuando retiran las ganancias hacia sus ingresos personales.

Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio, para que de nuevo el impuesto a las ganancias que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. Dicho en sencillo, que los dueños del gran capital paguen solo por el impuesto a la ganancia en sus empresas y nada por las ganancias que retiran hacia sus cuentas personales.

Este cambio se traduciría en cerca de $800 millones de dólares menos cada año en ingresos fiscales para destinar al gasto social, en beneficio del 1% más rico del país que concentra el 50% de toda la riqueza (patrimonio).

3) Eliminar el pago de contribuciones a adultos mayores

Actualmente en Chile pagan contribuciones (impuesto territorial) quienes poseen una propiedad cuyo avalúo fiscal supera los $57 millones de pesos, que equivale a menos del 30% del total de viviendas del país y que en 2024 recaudó un total de $2.800 millones de dólares que termina siendo la principal fuente de financiamiento de los municipios bajo el criterio de redistribución a través del Fondo Común Municipal, donde las comunas más ricas pagan más.

A esto se suma un beneficio tributario para los adultos mayores de ingresos medios: quienes tienen ingresos mensuales menores a $900 mil pesos no pagan contribuciones, mientras que quienes reciben entre ese monto y $2 millones de pesos mensual, deben pagar el 50% de las contribuciones.

Además, los adultos mayores que tienen ingresos mayores a $2 millones mensuales pero cuyas viviendas tienen un avalúo fiscal menor a $220 millones, tampoco pagan contribuciones.

De esa forma, los adultos mayores que efectivamente pagan contribuciones en Chile solo son un pequeño grupo de personas de altos ingresos y patrimonio (menos del 20% de adultos mayores propietarios), y es solo a ellos a quienes beneficiaría la propuesta del gobierno.

Hoy se anuncia esta medida, pero solo es el primer paso de una agenda mucho más amplia, que es eliminar el pago de contribuciones, y que representaría menos recaudación de recursos públicos por $2.800 millones de dólares por cada año, en base a lo recaudado en 2024.

Desde la propia derecha surge un plan b a esta medida, pero desde el misma matriz ideológica neoliberal: proponen un cambio en la forma de tasar los precios de las viviendas, anclándolos al valor de compra y no a la tasación del mercado, argumentando que el aumento del patrimonio (tasación) no necesariamente se acompaña de un aumento en el ingreso de las personas, aun cuando sean de altos ingresos (pobres abuelitos como los de Punta Peuco).

Pero esta lógica, además de ser falaz por no tener en cuenta que se considera avalúo fiscal y no comercial, también rompe el sentido del impuesto territorial, que es capturar al menos una pequeña parte de la plusvalía de las propiedades (por efecto de cambios al plan regulador o de la inversión en obras públicas como un metro) con el fin de redistribuirla a través del gasto público.

En otras palabras, a la misma clase que le gusta especular con el precio del suelo para enriquecerse, ahora quiere que el aumento de los precios del suelo no aplique para calcular los impuestos que deben pagar, pero solo para ellos y así abaratar el costo de mantención de sus mansiones.

4) La eliminación del IVA a la vivienda por 12 meses

Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a fines de 2025 habían 105 mil viviendas terminadas pero que no encontraban compradores. ¿Las causas? Según ellos, los altos costos de producción y la dificultad de acceder a crédito hipotecario por las altas tasas que cobran los bancos, a pesar de que hace solo un año comenzó a subsidiarse con recursos públicos esa misma tasa de interés para fomentar el endeudamiento.

A este reclamo, el gobierno de Kast propone eliminar el cobro del IVA (19%) a la vivienda durante 12 meses, con lo cual buscan promover el endeudamiento y así estimular el negocio inmobiliario para seguir construyendo, y probablemente en un año más, seguir reclamando por nuevas medidas que extiendan los beneficios.

Esta medida pro-empresa podría significar cerca de $600 millones de dólares menos en recaudación fiscal.

5) La ampliación del beneficio DFL2 a más de tres viviendas

El DFL2 es un mecanismo creado en 1959 que busca fomentar la compra de vivienda a través de incentivos tributarios, y se aplica en viviendas de hasta 140 m2. Sus principales beneficios son:

- Reducción del 50% del pago de contribuciones para las dos primeras viviendas compradas por hasta 10, 15 o 20 años, según el tamaño de la vivienda.

- Las dos primeras viviendas adquiridas y destinadas al arriendo no pagan el impuesto global complementario (altos ingresos de personas naturales).

- Ahorro de costos notariales y de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces por el 50%.

En un foro empresarial, recientemente Quiroz dijo que buscan extender el DFL2 a más de tres viviendas (desde 2010 se acotó a un máximo de 2 viviendas), con un tope de 90 m2 de superficie cada una, con un impuesto único de 5%.

Lejos de atender el acceso a la vivienda de las familias sin casa, un efecto de esta medida será un incremento del abusivo mercado del arriendo, el que contribuye al aumento al precio de las viviendas, ya que incentiva la compra de vivienda para quienes ya tienen una o dos propiedades.

6) Eliminación del impuesto de 10% a la venta de acciones con alta presencia bursátil

Desde septiembre de 2022, quienes venden acciones en el sistema financiero (grandes empresas) deben pagar un 10% por la ganancia que generan en sus transacciones. Este impuesto deben pagarlo solo quienes tienen alta presencia bursátil, que quiere decir que durante los últimos 45 de 180 días hábiles hayan transado más de 1.000 UF al día en la bolsa ($40.000.000 al día).

Esta medida, que fue aprobada para financiar la PGU, pretende ser eliminada por el gobierno de Kast, y significarían al menos $10 millones de dólares menos de recaudación cada año para derechos sociales, como la misma PGU -en base a lo recaudado en 2024, pese a que su proyección fue de recaudar $85 millones de dólares anuales-.

7) Subsidio o crédito tributario al empleo para trabajadores cercanos al salario mínimo

Quiroz anunció que se fomentará la contratación a través de un subsidio por el 15% del salario, destinado a sueldos por hasta un 50% por encima del salario mínimo, y que en caso de que el monto para esos fines no alcance, se hará a través de una devolución del impuesto de las empresas.

Todo esto se estima que significará un gasto público de $1.300 millones de dólares al año, con el fin de fomentar el trabajo formal, pero donde es el Estado quien asume el costo, y no las empresas.