Salvataje a las constructoras: Gobierno amplía subsidio a la deuda para viviendas de hasta $245 millones que empresas no logran vender

Las constructoras no logran vender decenas de miles de viviendas porque los bancos aumentan las exigencias de ingreso y suben la tasa de interés. ¿La solución neoliberal? Inyectar recursos públicos a las constructoras y bancos subsidiando la tasa de interés. Mecanismo creado por Boric y que ahora Kast aumenta de 50.000 a 80.000 subsidios y el monto tope de $160 a $245 millones por vivienda, estimado en $160.000 millones de gasto público y que fue aprobado por todos los partidos políticos.

En solo dos días la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica la ley 21.748 que estableció un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para adquirir viviendas nuevas, creado originalmente en 2025 durante el gobierno de Boric, y que opera de forma conjunta con una garantía estatal para la deuda hipotecaria FOGAES.

En simple, el subsidio a la tasa de interés cubre con recursos públicos la brecha de la tasa de interés que las personas no alcanzan a cubrir en base a sus ingresos, por las exigencias que imponen los bancos, y opera junto a una garantía estatal en caso de no pago de la deuda por el 50% del total de esta.

Desde su origen, el objetivo nunca ha sido resolver la falta de acceso a la vivienda sino más bien dinamizar el mercado financiero, logrando que las constructoras vendan su stock de vivienda que nadie puede comprar -inicialmente estimado en 100.000 viviendas producidas sin uso-, para lo cual requieren que los bancos presten el dinero, traspasando gran parte del riesgo por no pago al Estado a través de este subsidio a la tasa de interés.

Esta medida es un verdadero salvataje al negocio inmobiliario, que a la vez demuestra lo insostenible que es su modelo de negocio sin el Estado, porque lo que orienta las viviendas que se producen no es satisfacer la necesidad de un techo, sino la ganancia de las constructoras, quienes en este caso construyen para vender a segmentos que requieren tener altos ingresos, pero que no existen en la realidad social, al menos no en el volumen que la empresa privada define producir.

El lugar que ocupa la producción de viviendas en el capitalismo actual es principalmente el ser donde los capitalistas reinvierten sus excedentes para hacer que estos sigan creciendo. De esa forma, es la acumulación de capital la que define qué vivienda se produce, y bajo qué condiciones, en base a su expectativa de obtener la mayor ganancia posible, cuyo precio de venta no está alineado a los costos reales de producción ni al uso de las viviendas, sino en base a un valor especulativo.

Las medidas del proyecto de ley:

a) Amplía la cobertura del subsidio en 30 mil viviendas, con lo que el programa alcanza un total de 80 mil para este nuevo ciclo que se extiende.

b) Amplía el valor máximo de las propiedades susceptibles del beneficio de 4.000 a 6.000 Unidades de Fomento (UF), equivalente a aumentar de $160 a $245 millones actuales.

c) Amplía el plazo máximo en el cual se podrá solicitar el beneficio hasta el 31 de mayo de 2028.

d) Se precisan términos asociados al pago respectivo a las instituciones financieras consideradas en la ley. Se modifica la Ley N°21.543, que crea el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), específicamente lo relativo al Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva adecuando los cambios realizados por el proyecto de ley.

e) Se autoriza al Fisco a efectuar uno o más aportes fiscales al patrimonio del FOGAES, por un monto total de hasta 175 millones de dólares ($160.000 millones de pesos aprox.) a un plazo de 30 años.

¿Beneficio para la clase media?

Los diputados defendieron la medida diciendo que este es un beneficio para la clase media, que “es muy pobre para los bancos, pero muy rica para recibir un subsidio”. Pero vale la pena preguntarse, ¿estos subsidios terminan realmente llegando a la “clase media”? Y primero que todo, ¿quién es esa supuesta clase media?

Según el propio gobierno, para una vivienda de 5.000 UF, el ingreso necesario para acceder a este subsidio ahora baja de $4 millones a $3 millones mensuales. Esa sería la clase media para el gobierno, un porcentaje muy bajo de la población, considerando que solo el 11% de los trabajadores en Chile tiene un ingreso mensual superior a $1,5 millones, según datos de la Fundación Sol, por lo cual resulta marginal el segmento con sueldos superior a los $3 millones.

Continuamente escuchamos a políticos de distintos sectores hablar de la clase media, alimentando una idea que no se condice con la realidad material de la gran mayoría trabajadora que vive al mes, con altos niveles de deuda, y completamente dependiente de un trabajo que ni por cerca supera los $3 millones de pesos, que es lo que se requiere para acceder a un crédito para una vivienda por sobre las 4.000 UF ($160 millones), que tampoco está en el radar de las familias sin casa de este país.

Esto demuestra de forma muy clara que la idea de “clase media” en realidad es un recurso ideológico que busca negar la división de la sociedad en clases sociales y con altos niveles de desigualdad, como ocurre en Chile.