Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional

Tras cuatro años del Plan de Emergencia Habitacional, la crisis continúa e incluso se ha intensificado: el nivel de los salarios está lejos de crecer al nivel que aumenta el precio de la vivienda en propiedad y en arriendo, forzando a más familias a vivir en un campamento. 

Ninguna de las medidas que contempló el Plan de Emergencia pusieron un freno a la especulación sobre el precio del suelo, principal causa de la crisis. En vez de equilibrar la balanza, el gobierno siguió el legado neoliberal traspasando los costos a las familias sin casa a través de exigir más ahorro como condición para entregar más recursos públicos vía subsidios a los especuladores, lo cual es insostenible en un contexto donde el costo de la vida aumenta de forma permanente (luz, agua, gas y comida).

Un segundo problema de fondo es que, en vez de priorizar la construcción de vivienda social, se profundizan las garantías que el Estado entrega a las constructoras en cada una de sus fases para asegurar el lucro:

1) Se aumentó el traspaso de recursos vía subsidios. De esta forma, la certeza de venta incluyó una garantía de precios más altos como incentivo para producir.

2) Se incrementó el traspaso de recursos vía préstamos a un 0% de interés como anticipos de obras, donde se va cerca de un tercio del presupuesto anual del MINVU.

3) Se ampliaron las garantías para que las constructoras accedan a créditos y se creó un nuevo subsidio para que más personas accedan a créditos hipotecarios, todo esto, porque las empresas tenían decenas de miles de viviendas sin vender y los bancos no estaban dispuestos a bajar su tasa de interés.

En el Congreso, tanto el gobierno como la oposición y los empresarios de la construcción han dejado claro que esta política tiene un acuerdo transversal y no cabe duda de que será extendida por cuatro años más. 

Como Movimiento Solidario Vida Digna tenemos muy claro que, si la extensión del Plan de Emergencia no incluye nuevas facultades que apunten a la raíz del problema, la crisis de acceso a la vivienda en Chile solo empeorará. 

Por eso, para que se construyan más viviendas, de forma oportuna y de mejor calidad para las familias sin casa, proponemos las siguientes medidas, entre otras posibles:

1) Poner un freno a la especulación inmobiliaria:

- Facultar a los SERVIU para obligar a que las empresas que posean terrenos por más de 3 hectáreas los vendan a precio de avalúo fiscal con el fin de destinar únicamente a la construcción de vivienda social. Porque sin medidas que intervengan la captura y concentración de la propiedad del suelo, no hay aumento de presupuesto que aguante.

- Establecer un porcentaje de recuperación de plusvalías a la venta de terrenos, entendida como una obligación que tendrán las empresas de entregar al Estado parte de sus ganancias por venta de suelo cuando esta se generó por efecto de la inversión pública, como podría ser la urbanización del entorno, la construcción de un metro o de otro tipo de bienes y servicios públicos que agregan valor al terreno. 

- Establecer un impuesto a la tenencia de terrenos sobre 3 hectáreas que, estando dentro de la ciudad, sus dueños dejan sin uso por largo tiempo, solo esperando que su valor aumente para así, en el futuro, vender o construir un proyecto después de que aumentó la necesidad de viviendas o de que el Estado invirtió en construir calles y servicios, porque este mecanismo también bloquea el acceso a terrenos y los encarece.

2) Poner fin a la glosa 10, por la que se traspasa el aumento del precio del suelo a las familias sin casa al imponerles ahorrar varios millones adicionales como exigencia para aumentar el monto de los subsidios. Esta medida, de la mano con el freno de la especulación, es fundamental para que los sectores más pobres no sigan quedando fuera de los proyectos cuando el SERVIU pide aumentar el ahorro.

3) Crear una empresa constructora de gestión pública-comunitaria para el desarrollo de vivienda y servicios públicos, en la cual las instancias de planificación, administración y ejecución cuenten con la participación e incidencia  de las comunidades y sus organizaciones para que su actividad no esté orientada por el lucro, sino para atender la necesidad de la población, permitiendo reorientar recursos que hoy cubren la ganancia privada para, de esta manera, construir más y mejores viviendas, disminuir los niveles de endeudamiento familiar, además de generar trabajo directo para las mismas familias y comunidades.

En esta vuelta en que se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y también el Presupuesto del MINVU 2026 que le seguirá dando soporte, es importante que los comités de vivienda y distintos movimientos populares del país seamos capaces de aunar posturas, articularnos y defender a través de distintas acciones el bienestar de nuestras familias por tener un techo donde vivir.

BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA NECESIDAD

¡LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA!

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