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Acá te presentamos la vieja receta neoliberal anunciada por el arquitecto de la colusión empresarial y nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la que la ultraderecha pretende reimpulsar la acumulación de riqueza, tal como lo hicieran sus antecesores en los años 80s.  Bajo el discurso del crecimiento, la eficiencia y la libertad para emprender, el arquitecto de la colusión de los pollos y futuro ministro de Hacienda de Kast anuncia una nueva ofensiva por reorganizar el Estado para que funcione, una vez más, como garante de la rentabilidad privada. El diagnóstico  Todo parte de una premisa clara: Chile crece poco porque el Estado “estorba”. Desde ahí se construye todo lo demás. Regulaciones, permisos, normas ambientales y planificación territorial aparecen descritas como una “maraña” que ahoga la inversión y a los privados. El problema, según esta mirada, no es la precariedad laboral, la concentración económica ni la desigualdad estructural, sino que el capital no puede reproducirse con la rapidez que quisiera. La reforma tributaria Quiroz anunció que en abril iniciará el trámite parlamentario para rebajar el impuesto corporativo desde el 27% al 23% (un punto por año) , compensada con créditos tributarios y un ajuste del gasto público, que significa menos impuestos a las empresas hoy, con la promesa de que el crecimiento futuro, ese que nunca llega a la mayoría, permitirá cuadrar las cuentas mañana. El Estado asume el costo inmediato, mientras el beneficio lo acapara el gran capital. El discurso del “equilibrio fiscal” y del “balance estructural” vuelve a aparecer como un imperativo moral, como en realidad ha sido con todos los gobiernos neoliberales hasta hoy.  Ajustar el gasto en USD $6.000 millones en 18 meses se presenta como una necesidad técnica, cuando en realidad es una decisión política que impacta directamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora . No se habla de quién paga ese ajuste, pero la experiencia indica que no será el gran empresariado, por supuesto. También se insiste en la exportación de servicios y en el llamado “conocimiento” como nueva frontera de desarrollo. Se promete empleo de calidad, competitividad y modernización, mientras se omite discutir bajo qué condiciones laborales, con qué niveles de sindicalización y quién captura el valor generado. El capital se globaliza mientras los trabajadores siguen precarizados. En el fondo, lo que se presenta como un giro “no marginal” es la profundización de un modelo conocido: desregulación, rebaja de impuestos al gran capital y un Estado reducido a facilitador de la inversión, también con un gran traspaso de recursos al sector privado vía subsidios .  Un proyecto que entiende el crecimiento como un fin en sí mismo, y no como una herramienta para garantizar bienestar. La pregunta que queda abierta no es si esta estrategia hará crecer la economía, sino a quienes le sirve realmente ese crecimiento y quién paga el costo. Caballo bueno repite: Liberar suelo para reactivar el negocio inmobiliario Iván Poduje, ministro de Vivienda de Kast. Lo que hoy se presenta como una solución audaz a la crisis habitacional tiene un nombre antiguo: liberar suelo para reactivar el negocio inmobiliario . Hacer cambios al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), luego de más de una década de intentos fallidos, responde a la urgencia del mercado por abaratar el principal taco de la industria:  la disponibilidad de más suelo   a bajo costo. Según los futuros mandamases del gobierno de Kast, el suelo se ha encarecido demasiado y hoy representa hasta un 35% del valor final de una vivienda. La respuesta no es discutir el modelo de ciudad ni la lógica especulativa que termina por inflar esos precios, sino poner más tierra en circulación, flexibilizar las normas urbanas y ambientales y acelerar los proyectos inmobiliarios.  El diagnóstico del futuro gobierno es claro: el problema es que se construye poco y lento, producto de la “maraña regulatoria”, repiten como loros. El PRMS 100 aparece así como carta bajo la manga, ya que   cerca de 9.600 hectáreas en comunas periféricas como: Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto que llevan años esperando ser urbanizadas, y por tanto, acrecentando su valor.  No por falta de interés en esos sectores, sino porque las normas, exigencias y trámites han hecho inviable el negocio para el privado, hasta ahora, ya que con el cambio de ciclo político, esas tierras vuelven a activarse como promesa de rentabilidad. Plano del PRMS 100 y zonas de ampliación en 10.000 ha aproximadamente Fuente: Memoria PRMS 100, MINVU El mensaje que plantea el futuro ministro de Hacienda y que baja a Vivienda es claro: menos regulación, más suelo y mayor densidad. Se anuncia así destrabar proyectos vía cambios administrativos, sin pasar por reformas legales, botando circulares, ajustando coeficientes y flexibilizando estándares.  Para ello, otra carta en la mano de los futuros ministros es la de reducir o simplificar el marco normativo en la industria de la construcción (OGUC) y algunos planes reguladores metropolitanos, para hacer carne el concepto de “Emergencia habitacional” y que los planes no se vean entorpecidos por la normativa actual. En definitiva, nada nuevo. Se trata de repetir la receta neoliberal impulsada por la ODEPLAN durante la dictadura -dirigida por Miguel Kast, tío del nuevo presidente- . No estamos ante grandes lumbreras intelectuales, sino más bien ante impulsos conservadores que buscan volver al pasado, sin tener en cuenta que el ciclo de crecimiento económico vivido durante los años 90s e inicios del 2000 fue más bien impulsado por factores externos, por lo cual cabe preguntarse si ello es posible en el contexto internacional actual. Lee acá “Memoria histórica: la ciudad segregada es una obra de la dictadura” Lee acá “A 52 años del golpe: Memoria histórica para entender el origen de la desigualdad actual Operación Sitio 2.0 o el nuevo abandono estatal El nuevo gobierno promete levantar hasta 100 mil viviendas por año, combinando subsidios, propiedad del suelo y autoconstrucción asistida, según el nuevo ministro de Vivienda, Iván Poduje, inspirada en la Operación Sitio de los años 60. Aunque el discurso apela a soluciones “más baratas” y “más rápidas”, es evidente que la táctica apunta nuevamente a cargar sobre las familias la construcción de sus viviendas, sin detallar cómo el Estado acompañará estos procesos de urbanización y construcción en los sitios urbanizados o por urbanizar. Revisión de conjuntos armónicos o nuevos guetos verticales La densificación aparece como otro eje central, y el nuevo gobierno plantea una revisión de los Conjuntos Armónicos, que son los conjuntos construidos bajo una misma línea de normativas, dando forma a espacios medianamente uniformes.  Se busca que las superficies predial mínimas bajen de 5.000 m2 a 2.500 m2 para así aumentar las densidades y los parámetros de habitantes por hectárea, reducir los tamaños promedio de familia y finalmente construir más unidades en los mismos terrenos.  No se habla de calidad urbana, servicios, espacios públicos o integración social. Se habla de eficiencia, de aprovechar mejor la tierra, de hacer calzar la ciudad con la lógica del negocio. Para el gran capital, el panorama es alentador. Menor costo de suelo, mayor volumen de proyectos y la posibilidad de bajar precios sin sacrificar márgenes.  Para el Estado, el rol es claro: destrabar, habilitar y permitir el correcto flujo de capital.  Para quienes necesitamos de solución habitacional o no podemos pagar arriendos usureros, la pregunta es si nos sentaremos a mirar, esperaremos migajas o haremos algo. Detrás del relato de emergencia habitacional del futuro gobierno se consolida una idea conocida: la ciudad como lugar de reinversión de los excedentes del capital, algo que también defendió y alimentó el progresismo con nuevas garantías a los bancos. El suelo está cada vez más lejos de ser un bien común y se reafirma como activo financiero. Y la planificación urbana, lejos de ser una herramienta para equilibrar intereses entre privados y ciudadanía, volviendo a ponerse al servicio de un modelo que prioriza el crecimiento del mercado por sobre el derecho a la ciudad. Lee acá “Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas”   Lee acá “4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria”   Lee acá “Radiografía al ahorro adicional (Glosa 9) o cómo las familias y el Estado sostienen el alza del precio del suelo para la vivienda” Lee acá “Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional”

El alcalde Luksic (UDI) convocó al concejo municipal para aprobar el traspaso de $558 millones para la nueva corporación municipal de Deporte y Cultura pese a no tener aún un plan de trabajo publicado y otros $1.175 millones para la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Oriente a la que Huechuraba ingresó en 2025, cuando traspasó $942 millones. Para este lunes 19 de enero el alcalde Luksic citó al concejo municipal para tratar 15 puntos. Entre ellos, se votarían dos temas que han sido polémicos a nivel local y cuya información fue presentada en comisión de concejo municipal el pasado miércoles 14 de enero:   - El traspaso de $558 millones  de recursos municipales a la nueva Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento Productivo.   - El traspaso de $1.175 millones  de recursos municipales a la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), de la cual Huechuraba es parte desde 2025, donde traspasó $942 millones.   Revisa la tabla de citación al concejo municipal acá   Las cifras de la nueva Corporación Municipal   La creación de la nueva corporación se aprobó en el concejo municipal el 22 de agosto de 2025; se constituyó legalmente el 30 de octubre de 2025; se aprobó el directorio el 17 de diciembre y ahora tiene pendiente aprobar la transferencia de recursos públicos para hacer funcionar la gestión privada de los recintos y servicios de deporte y cultura.   Según la información que el alcalde entregó a los concejales, la nueva corporación necesita que la municipalidad le traspase $558 millones para cubrir gastos operacionales para instalarse y ponerse en marcha (ver imagen). Pero lo que no ha sido aclarado es de dónde saldrán los otros $2.129 millones de gasto en personal de deporte y cultura , según detalla la presentación de la municipalidad (ver imagen).   Presupuesto Nueva Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento Productivo Fuente: Presentación Municipalidad de Huechuraba   Lee acá “ Privatización de servicios públicos en Huechuraba: Luksic (UDI) apura la creación de una Corporación Municipal para Deporte y Cultura”   Lee acá “Concesiones”, “arriendo de recintos” y “venta de entradas”: documento expone el “modelo de negocio” de la nueva Corporación Municipal de Huechuraba”     Aumento de recursos para la Asociación de Municipalidades por la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO)   La Asociación de Municipalidades por la Seguridad de la Zona Oriente se compone de las municipalidades de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Conchalí y Huechuraba, que se unió en 2025, donde aprobó el traspaso de $942 millones que hasta ahora no han sido rendidos detalladamente para evaluar su justificación.   Los ítems en los que se distribuyen los gastos para 2026 son: cuota anual ($38 millones), autopista segura (%43 millones), capacitaciones ($10 millones), gasto en personal ($766 millones) y arriendo de vehículos ($74 millones) por un total de $1.175 millones de pesos para gastar el 2026 .   En su presentación la Municipalidad señala un total de 28 participaciones en detenciones durante el 2025 (22 detenciones por patrulleros y 6 detenciones en apoyo a carabineros), además de datos que darían cuenta de una mayor cantidad de denuncias y mejoras en los tiempos de respuesta en relación al 2024.

Una de las nuevas líneas de alta tensión que propone el coordinador eléctrico para cubrir la necesidad de energía de los centros de datos atraviesa los cerros de Huechuraba desde la carretera San Martín hasta La Pincoya. Ganan los grandes capitales tecnológicos pero a costa la vida en los cerros. A inicios del 2023, el anuncio de una línea de 24 torres de alta tensión para alimentar el centro de datos de Amazon en Huechuraba fue la amenaza que se posó sobre nuestros cerros. Luego de bajarse ese proyecto, hoy la amenaza vuelve por la demanda energética creciente de los centros de datos a nivel nacional.   Para entender el problema, hay que partir por tener presente que existe un sistema eléctrico nacional, el cual alimenta de energía a todos los sectores productivos y residenciales del país y se compone de obras donde se genera la energía, la cual luego se transporta a través de las líneas de transmisión a lo largo de todo el país, para finalmente ser distribuida hasta los consumidores finales.   En diciembre de 2025 el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)  -que coordina el sistema eléctrico- publicó su “Propuesta Preliminar de Expansión de la Transmisión. Proceso de planificación de la transmisión 2026”   en donde se presentan una serie de obras sobre el Sistema Eléctrico Nacional, basadas en diagnósticos sobre la capacidad de generación, transmisión y la demanda energética para los próximos años.   Nuevas torres de alta tensión sobre los cerros de Huechuraba   Entre las obras propuestas por el CEN   está la ampliación de la Subestación Eléctrica Punta Verde  que contiene un “Nuevo Patio de 220 kV ” y una Nueva Línea llamada “Punta Verde – El Salto de 2x220 kV”.  Un patio es la zona donde se instalan los equipos que conectan las líneas de transmisión y la línea es la hilera de torres de alta tensión que transportan la energía.   El nuevo patio (punto amarillo en la imagen), se instalaría sobre el Cerro Punta Verde (ubicado en el límite de Huechuraba con Colina) y desde ella partiría la nueva línea (verde en la imagen) que atravesaría los cerros de Huechuraba para llegar a la Subestación El Salto, ubicada al final de Avenida Recoleta, como se advierte en la imagen de abajo. Vista aérea Línea 2x220 kV El Salto - Punta Verde. Fuente: CEN   Daño a una zona de alto valor natural   La construcción de esta nueva línea de transmisión de doble circuito de 220 kV y una extensión aproximada de 6 kilómetros , conllevaría la edificación de una serie de torres que afectarían directamente a la vida natural y comunitaria que vive y se desarrolla en los cerros de esta parte de la comuna.   Tanto es así que el propio Coordinador reconoce los factores de riesgo del proyecto al proponerse intervenir sobre una zona con uso de suelo de Preservación Ecológica  según el Plan Regulador Metropolitano, también considerada como Sitio Prioritario para la Biodiversidad   Colina - Lo Barnechea en la Estrategia Regional de Biodiversidad, porque alberga ecosistemas de bosque espinoso mediterráneo interior, con la presencia de especies como el algarrobo y chilca , ambas en estado vulnerable de conservación, y también y de bosque esclerófilo mediterráneo andino, con especies como el olivillo de la cordillera, guindilla, quillay y litre , en categoría de preocupación menos de conservación.   A estos daños habría que agregar la afectación sobre especies animales no consideradas, como la lagartija lemniscata y diversos tipos de aves , además del valor paisajístico, histórico-identitario y de esparcimiento de nuestros cerros.   La pregunta que debemos hacernos es ¿para qué necesitan construir esta nueva línea de transmisión? Aquí es donde entran los famosos centros de datos o data centers.   Lee acá “Amazon en Huechuraba: “Estos búnker de datos extraen territorio”     ¿Cómo funciona el sistema de transmisión de energía en la RM?   En su diagnóstico del sistema de transmisión a nivel nacional y zonal , el Coordinador analiza la potencia máxima  de los diversos transformadores de las líneas de transmisión, considerando la características y sensibilidades de cada zona del país.   En el caso de la Región Metropolitana, su Sistema de Transmisión Zonal   está compuesto por 250 tramos de líneas con una extensión de 742 km , donde predominan las líneas de tensión de 110 kV.   El Sistema Zonal recibe energía del Sistema Interconectado Central a través de 8 subestaciones  (S/E Alto Jahuel, S/E Chena, S/E Cerro Navia, S/E El Salto, S/E Los Almendros, S/E Buin, S/E Baja Cordillera y la nueva S/E Lo Campino) con 12 transformadores AT/AT que alimentan las líneas de subtransmisión  de 110 kV, las cuales se conectan, a su vez, con subestaciones de poder  110/12kV o 110/23 kV a través de arranques que reciben el nombre de Tap-Off o simplemente TAP. De estas últimas subestaciones sale uno o más alimentadores  que llevan la energía a los transformadores de distribución  de los cuales se alimenta la red de baja tensión que usamos en nuestros hogares.   En su diagnóstico   el Coordinador advierte de tres “sensibilidades” que afectarían al sistema :   1) Central Nueva Renca Fuera de Servicio   2) Contingencia ante salida de líneas de anillo de 110 kV de la Región Metropolitana     3) La incorporación de Data Centers y electromovilidad.   En base a esto se proyectan diversos escenarios, que indican que de los 12 transformadores AT/AT, 4 de ellos superarían el 85% de su capacidad nominal para el 2033 en el escenario más exigente.   El escenario que incorpora la demanda de los Data Centers durante los días de verano señala la reducción de la capacidad de las líneas eléctricas producto del calor y la sobrecarga de 4 de ellas (las 4 en la zona norte de la capital) para 2033; en tanto que el escenario con Data Centers durante los días de invierno aumentaría la sobrecarga de los transformadores AT/AT y 3 de ellos superarían el 100% de su capacidad para 2033.   En términos generales, el Coordinador concluye que “se observa una tendencia al aumento de las sobrecargas en varios elementos críticos entre los escenarios de 2025 y 2033. Esto sugiere que las condiciones de operación se vuelven más críticas en 2033, lo que se debe al resultado del crecimiento de la demanda eléctrica o cambios en la red”. Incluso en la propia justificación del proyecto Nueva Línea Punta Verde – El Salto 2x220 kV, se señala que se ha identificado que “al año 2033 los transformadores AT/AT de la región Metropolitana perderían su condición de suficiencia en los escenarios evaluados” , incluyendo los escenarios de cargabilidad (potencia máxima) impactada por los Data Centers. Fuente: CEN El impacto real de la energía que necesitan los centros de datos: una nebulosa   La presión de los Data Centers sobre el sistema eléctrico podría ser aún mayor que lo que diagnostica el coordinador eléctrico, pues estos no informan a las autoridades sobre su consumo real.   Un documento base para el análisis del sistema, como lo es la “Proyección de Demanda de Largo Plazo del Sistema Eléctrico Nacional Periodo 2025-2045” , no tiene los datos reales de consumo de los Data Centers pues estos no respondieron a la solicitud de información del Coordinador .   Entre aquellos que se negaron a informar se encuentran Ascenty Chile SpA, EdgeconneX Chile V SpA, Eléctrica Padre Hurtado SpA, Eléctrica Santa Teresa SpA, Equinix Chile SpA, Inversiones y Servicios Dataluna LTDA, Lo Espejo Data Center SpA, Odata Chile S.A., Sonda S.A., todas propietarias de Data Centers o vinculadas a su abastecimiento eléctrico. Aún con falta de información, se estima que, entre la electromovilidad, los Data Centers y el hidrógeno verde, aumente la demanda eléctrica de la zona central entre un 100 y un 164% para 2045.       El rol de las líneas de transmisión para los Data Centers y el lugar de Huechuraba en el sistema   Para evitar un colpaso del Sistema de Transmisión Metropolitano, entre otros factores por la demanda creciente de los Data Centers, es que se están presentando proyectos como los que afectarán a nuestros cerros. Y no lo ocultan.  El proyecto Ampliación en S/E Punta Verde Nuevo Patio 220 kV tiene por objetivo extender el proyecto S/E Seccionadora Punta Verde (que se edificará sobre el cerro del mismo nombre), el cual fue aprobado el año pasado explícitamente para abastecer el consumo eléctrico del proyecto “Datacenter Santiago Chile 4” de la empresa Ascenty en Quilicura (comuna donde esta empresa tiene 3 Data Centers más).   Desde dicha Subestación Punta verde partiría la línea Punta Verde que atravesaría los cerros Punta Verde, San Ignacio, Monte Poblete, Monte Buitre y La Región, para llegar a la Subestación El Salto, la cual también ha estado en la mira de los Centros de Datos .   Recordemos que actualmente se tramita un proyecto de Centro de Datos de Amazon Web Services en Guanaco Norte con Americo Vespucio, el cual, para poder operar todas sus fases, requiere de abastecimiento de alta tensión, el que sería proporcionado a través de una línea con 24 torres que partiría en la Subestación El Salto, afectando gravemente a los cerros La Región y Punta Mocha.   Si bien el rechazo de la comunidad logró que el proyecto de la Línea de Alta Tensión Huechuraba fuese desistido en su momento, sus titulares aún son propietarios de la zona del cerro por donde se proyectaba dicha línea, por lo que este puede retomarse en cualquier momento en la medida en que el Centro de Datos de Amazon avance.   Con nuestros cerros nuevamente bajo amenaza, se hace necesario seguir profundizando en la crítica hacia las infraestructuras y los diversos tipos de expoliación y saqueo que están detrás de tecnologías emergentes y negativamente disruptivas como la “Inteligencia Artificial” y su soporte material vital que son los Data Centers; unas moles sedientas de agua, electricidad y territorio.     La falacia de los Data Centers sustentables   A nivel mundial, la Agencia Internacional de Energía estima que para 2030 los Data Centers consumirán tanta electricidad como todo Japón y, por mucho que se nos hablen de “Data Centers sustentables” alimentados por “energías verdes”, esa es una falacia, como ha sostenido el propio Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, en un informe titulado El nexo entre el agua y la energía en donde concluyen que la transición energética se sostiene sobre cadenas de valor vinculadas a abusos a los derechos humanos, degradación ambiental y agotamiento de los recursos hídricos.   A lo anterior, sumemos el impacto que tiene sobre nuestros bolsillos, ya que en los países en donde los Data Centers ya están operando, los costos de su demanda energética los están pagando las personas comunes y corrientes cuando les llega la cuenta de la luz .   Y es que parece ser que la cuenta medioambiental, paisajística, identitaria, comunitaria y monetaria asociada al capitalismo tecnológico, quieren que siempre la terminemos pagando nosotros y nosotras. ¿Dejaremos que esto suceda?     Lee acá la columna de opinión “Matar y morir por un Iphone: extractivismo, minerales de sangre y explotación sin fin”

En una masiva asamblea, las autoridades rindieron cuentas de los avances del proyecto y comprometieron gestiones para postular en el primer llamado de 2026, en una jornada donde se relevó el trabajo organizado de las familias que ya cumple cinco años. El viernes 9 de enero se realizó una asamblea donde participaron las 808 familias del proyecto Comunidad Organizada El Guanaco  del Movimiento Solidario Vida Digna junto al director del SERVIU, Roberto Acosta, el encargado de vivienda de la Municipalidad de Huechuraba, Sergio Garrido, y la entidad patrocinante y constructora del proyecto, Concrecasa.   La jornada buscaba que las autoridades informaran los motivos del retraso de la postulación al subsidio, inicialmente comprometida para noviembre 2025, y detallaran los trámites pendientes con los plazos en que deben resolverse para postular en el primer llamado de 2026.     Los motivos del retraso de la postulación   Previo a la postulación, muchas familias debieron pedir préstamos formales e informales para alcanzar las 40 UF de ahorro que exige el proyecto, decisión que se tomó sin saber que la entidad patrocinante (empresa privada) no tenía resuelta la factibilidad técnica del proyecto (proyecto estructural, red sanitaria y eléctrica) y que no llegaría en los plazos,  por lo cual resultaba imposible postular en noviembre, desatando la rabia y frustración de las familias del movimiento.   Ante este escenario, y luego de no ejercer una fiscalización aguda sobre el trabajo de la empresa privada, el SERVIU comprometió mantener las condiciones de 2025 para un siguiente llamado a postulación del 2026, y así evitar un aumento de ahorro, siempre y cuando se lograra ingresar el proyecto, lo cual finalmente se logró el 14 de noviembre.     Los trámites pendientes para postular en febrero 2026   a) La DOM de Huechuraba debe aprobar el anteproyecto habitacional:  luego de rechazar una primera versión presentada por la entidad patrocinante en marzo de 2025, la Dirección de Obras Municipales tiene pendiente la aprobación de una nueva versión de anteproyecto, ingresada el 9 de diciembre de 2025, luego de que la entidad patrocinante atendiera una serie de observaciones realizadas por el organismo municipal.   Ante la urgencia de este trámite, Sergio Garrido, encargado de vivienda en representación del alcalde Luksic, dijo que el martes 20 de enero habrá una reunión con la DOM, el alcalde y el movimiento, donde se entregará una certeza sobre el anteproyecto habitacional.   b) La entidad patrocinante debe reingresar el proyecto al SERVIU:  luego de que el SERVIU hiciera observaciones al proyecto de vivienda ingresado en noviembre 2025, ahora la entidad patrocinante debe resolver esas observaciones y reingresarlo cuanto antes.     c) El SERVIU debe calificar el proyecto oportunamente:  Si la entidad patrocinante se demora mucho en resolver las observaciones o si la DOM de Huechuraba no aprueba el anteproyecto oportunamente, el proyecto podría no alcanzar a postular en el primer llamado 2026, comprometido para fines de febrero.   También corre riesgo el avance del proyecto si el SERVIU no lo califica a tiempo. En este sentido, el director dijo que “nosotros, en vez de tomarnos los treinta días (de plazo), nos vamos a tomar diez días para poder cerrar las observaciones. Si no podemos calificar en ese minuto, le vamos a enviar estas observaciones a la entidad para que rápidamente lo resuelvan y puedan volver a ingresar” .   El director resaltó la importancia del trámite que está en la DOM de Huechuraba. “Dependemos obviamente de una gestión que estamos trabajando en equipo con el municipio y que tiene que ver con la obtención del anteproyecto, porque sin el anteproyecto, insisto, todo esto que estamos conversando (postular en primer llamado 2026) no funciona” .   “Entre el 10 y el 15 de febrero, nosotros deberíamos tener este proyecto ya cerrado técnicamente en el SERVIU para que podamos postularlo (…) Hay un compromiso del ministro, y eso ya se lo planteé a la organización, de generar un último llamado regular terminando esta administración, que sería el último de febrero o en la primera semana de marzo”, agregó el director.     Lee acá “65 m2 y Ascensores: Presentan emblemático proyecto de vivienda de 800 familias del Movimiento Solidario Vida Digna en Huechuraba”     ¿Qué se viene ahora para el movimiento?   El próximo martes 20 de enero la mesa dirigencial del movimiento mantendrá una reunión con el alcalde Max Luksic, la directora de obras, Consuelo Rivera y el director del SERVIU, Roberto Acosta, donde se informará el estado de avance del anteproyecto habitacional que, de no estar aprobado para ese entonces, pone en riesgo la postulación al subsidio. Lee acá " 1.300 pobladores marchan en Huechuraba, San Joaquín y San Ramón: exigen cambiar prioridades del presupuesto 2026"

Los resultados de la PAES nos recuerdan cada año que nuestro sistema educacional está diseñado para reproducir la desigualdad social y generar una amplia masa de mano de obra barata. Quienes estudian, primero deben endeudarse, sin certeza de trabajar en lo que estudiaron, mientras los ricos concentran los mayores resultados y luego estudian con becas del Estado. ¿Cuál es la función del sistema educacional en Chile? ¿Busca desarrollar habilidades para todos por igual? ¿Necesita de grandes masas de trabajadores calificados para desarrollar procesos productivos complejos? ¿O es que en realidad el modelo de producción requiere mano de obra barata?   Al mirar los resultados no hay que equivocarse y asumir que los colegios con mejores puntajes entregan una mejor educación. Por el contrario, la brecha en los resultados demuestra la segregación de la sociedad, que es previa al proceso educativo . Esto se traduce en un sistema educativo que reproduce la segregación de clase social y discrimina en base a la capacidad de consumo de las familias.     Puntajes nacionales en la RM por comuna   De los 1.681 puntajes nacionales de la Región Metropolitana, 1.203 los concentran estudiantes de colegios particulares pagados (72% del total) a pesar de que del total de estudiantes que hay en Chile, estos colegios representaban solo el 10% de la matrícula al año 2024.   Estos altos puntajes también se concentran geográficamente en las comunas de altos ingresos, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (37% del total en la RM) , lo que da cuenta de un diseño de la ciudad que distribuye la vivienda y el estudio por condición de clase social.   Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE   Puntajes Nacionales por tipo de dependencia (toda la RM)   - Particulares pagados 1.203  (1.177 Matemáticas + 17 Historia + 9 Lectura) - Particulares subvencionados 316  (311 Matemáticas + 4 Historia + 1 Lectura) - Públicos (Municipal y SLEP) 162  (160 Matemáticas + 2 Historia) *1648 son de Matemáticas Nº1; 23 de Historia y 10 de Competencias Lectoras.   Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE     35 puntajes nacionales en Huechuraba: todos de colegios particulares pagados   La alta concentración de puntajes nacionales en las comunas del bario alto es brutal. Y a escala local, esa segregación también se reproduce dentro de muchas comunas, con barrios que se componen por los niveles de ingreso de los hogares, como es el caso de Huechuraba, donde los 35 puntajes nacionales se concentran en 5 colegios particulares pagados que, en promedio, tienen un costo de $5,6 millones de pesos al año por estudiante.   Pese a que los sectores compuestos por poblaciones de bajo ingreso representan cerca de la mitad de los habitantes de Huechuraba, de las 2.521 pruebas rendidas, 1.754 se concentran en colegios particulares pagados; 507 en subvencionados y solo 260 en el único colegio público con enseñanza media. Esto demuestra cómo la matrícula educacional de la comuna está orientada a las familias de altos ingresos, con un completo abandono de la educación pública.  Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE.     Puntajes por colegio de Huechuraba según prueba y tipo de dependencia   El Pincoyazo también sistematizó la mediana y los promedios de los puntajes que los estudiantes de cada colegio obtuvieron en la PAES, donde es posible ver con mayor detalle la brecha de los resultados entre colegios pagados, subvencionados y públicos de la comuna, identificando aspectos muy críticos en los sectores populares de la comuna.   Fuente: Elaboración propia en base a datos DEMRE.    Si miramos con lupa el resultado de los colegios subvencionados y el único público donde se rindió la PAES en Huechuraba -todos ubicados en el sector poblacional de la comuna-, vemos que de 767 pruebas rendidas, 391 ni siquiera alcanzaron los 450 puntos (51%), que es el mínimo que se exige para postular a una universidad.   Y aquí hay que detenerse un momento, no podemos mirar para el lado. Estos datos quieren decir que la mitad de los jóvenes de nuestras poblaciones que rinden la PAES no solo no tienen ninguna opción de estudiar en la universidad, sino que tampoco están desarrollando habilidades básicas para la vida, como es saber leer y entender lo que leen.   ¿Cuál es el futuro de la juventud popular?  ¿Quiénes piensan en la posibilidad de estudiar algo después del colegio y desarrollar nuevos horizontes en la vida a través de nuevas habilidades? ¿O es que desde siempre la certeza fue salir a buscar pega en lo que salga y solo pensar en llegar a fin de mes?   El problema no se trata de que todos estudien en la universidad, porque eso tampoco asegura nada, menos cuando cientos de miles terminan endeudados y sin trabajar en lo que estudiaron, muchas veces frustrados. El problema de fondo es que la posibilidad de estudiar no es para todos, y depende de dónde nacen las personas, salvo contadas excepciones, como bien muestran los números del sistema educacional.   Con estos mapas de datos, ¿alguien realmente cree en la meritocracia o en la ilusión de que en este país las personas valemos lo mismo? ¿Acaso la sociedad gasta lo mismo en educar a un estudiante de un colegio privado que de uno subvencionado y público?   Lee acá “Brecha de clase en resultados PAES 2026: privados sacan 167 puntos más en promedio que los públicos”     El papel de la infraestructura de los colegios en la “calidad educativa”   Las condiciones materiales de los colegios juegan un papel importante en el proceso educativo, y esa realidad material es extremadamente desigual entre los colegios públicos y privados.   No es lo mismo estar horas en salas de clase sin aislación térmica, hacinados, sin instrumentos pedagógicos para trabajar los contenidos, con baños en malas condiciones, plaga de ratones y mala alimentación, entre otras precariedades que tienen los colegios públicos a nivel nacional.   Durante el 2025, la principal demanda levantada por el movimiento estudiantil fue la mejora de la infraestructura educacional ante una precariedad extrema que expresa con claridad el abandono de la educación pública, donde justamente se educan los sectores más empobrecidos del país, enfrentando la represión como principal respuesta del Estado.   Leer acá   “Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?”

Por Wido Contreras, poblador de Huechuraba y trabajador social. En la política contemporánea, la acusación se ha convertido en un artefacto de poder más eficaz que la prueba, más veloz que la justicia y más rentable que la verdad. No necesita sentencia ni cierre institucional: le basta con circular.  En un sistema comunicacional acelerado, fragmentado y emocional, la acusación ya no busca resolver un conflicto, sino instalar un marco, producir daño simbólico y disputar sentido.   El caso del llamado “Cartel de los Soles”, atribuido durante años al régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ilustra con crudeza este fenómeno. La acusación fue instalada con fuerza pero sin pruebas, amplificada globalmente y utilizada como argumento geopolítico y moral. Sin embargo, cuando el propio sistema judicial de EEUU comienza a retirar cargos y, por tanto, elementos centrales de esa narrativa, el impacto público es mínimo. El desmentido nunca circula con la misma intensidad que la denuncia. La sospecha permanece, incluso cuando la acusación se retira.   Este patrón no es exclusivo de la política internacional. Donald Trump ha construido gran parte de su capital político en una relación ambigua y conflictiva con los medios de comunicación: los acusa de mentir, de perseguirlo, de operar como enemigos del pueblo, mientras se alimenta permanentemente del conflicto que esa misma cobertura genera. Trump es, al mismo tiempo, víctima declarada y beneficiario estratégico del escándalo mediático. La acusación —hacia él o desde él— funciona como combustible permanente de visibilidad.   Esta lógica no es exclusiva de grandes potencias ni liderazgos autoritarios. Chile no está al margen de esta dinámica. El caso conocido como “Patito Verde” lo demuestra con claridad. Lo que comienza como una investigación relevante sobre redes de desinformación, uso de bots y manipulación digital en contexto electoral, termina rápidamente encapsulado en una crisis personalizada: nombres propios, declaraciones cruzadas, renuncias, réplicas. El fenómeno estructural —la existencia de operaciones comunicacionales coordinadas para distorsionar el debate democrático— queda en segundo plano, desplazado por el ritmo del escándalo.   Esta dinámica no opera en un vacío ni afecta a todos por igual. La capacidad de acusar, instalar sospechas y producir daño simbólico no es simplemente una consecuencia de la tecnología o de la velocidad informativa, sino de una estructura mediática marcada por profundas asimetrías. No todos los medios poseen el mismo alcance, la misma capacidad de convertir una denuncia en verdad social. La acusación, en este sentido, no es solo una práctica comunicacional, sino un recurso de poder, históricamente concentrado en determinados actores con mayor capacidad de definir qué conflictos importan, cuáles se amplifican y cuáles se disuelven en el ruido.   Aquí emerge un riesgo profundo para los medios de comunicación. No se trata solo de sesgos editoriales o errores puntuales, sino de una transformación más inquietante: la posibilidad de que los medios terminen reproduciendo la lógica que dicen combatir. Cuando la cobertura se organiza en torno al conflicto permanente, la acusación y la respuesta, la denuncia y la contra-denuncia, la deliberación democrática se empobrece y la complejidad se pierde.   Desde una mirada democrática, este fenómeno debería preocuparnos especialmente. No porque debamos proteger a los poderosos de la crítica —todo lo contrario—, sino porque una democracia sana necesita algo más que denuncias virales y condenas anticipadas. Necesita procesos, contexto, proporcionalidad y responsabilidad comunicacional. Cuando la acusación sustituye al debate, el espacio público se convierte en un tribunal emocional sin debido proceso.   El problema, entonces, no es solo quién acusa o a quién se acusa, sino el ecosistema que convierte la acusación en un fin en sí mismo. En ese escenario, la verdad deja de ser un horizonte común y pasa a ser un recurso táctico . La política se vacía de proyecto y se llena de ruido. La ciudadanía, lejos de empoderarse, queda atrapada entre narrativas enfrentadas que exigen adhesión emocional más que reflexión crítica.   Casos como el “Cartel de los Soles”, Donald Trump o Patito Verde no son anomalías aisladas. Son síntomas de un mismo malestar comunicacional: una esfera pública tensionada por la velocidad, la polarización y la lógica del espectáculo. Recuperar la densidad democrática del debate no implica silenciar denuncias, sino sostenerlas con rigor, contexto y responsabilidad.   Hoy, más que nunca, el desafío de los medios no es solo informar rápido, sino resistir la tentación de convertir cada conflicto en espectáculo . Porque cuando la acusación se vuelve permanente y la verdad circunstancial, lo que se erosiona no es la imagen de un actor político específico, sino la confianza misma en la democracia como espacio común.

Revisa acá los resultados recién publicados que muestran una vez más la lógica segregadora detrás del sistema educacional. Los colegios privados alcanzan puntajes en promedios muy por encima de los subvencionados y públicos, reflejando un sistema educacional que reproduce la segregación social. Cifras generales 308 mil personas se inscribieron para rendir la prueba en sus aplicaciones de invierno y regular 2025 . De ellas, el 15% no asistió a rendirla, quedando 231 mil habilitadas para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, dependiendo del puntaje alcanzado y del bolsillo necesario para sostener una carrera. La mayoría de las pruebas registró pequeñas alzas en sus puntajes promedio: Matemática 1 y Matemática 2 aumentaron 6 puntos; Competencia Lectora subió 13 puntos; Historia y Ciencias Sociales marcó un alza de 9 puntos. Pero a la hora de filtrar por tipo de dependencia de los colegios, los resultados son muy distintos, y la realidad desigual sale a relucir. Filtro de clase El Pincoyazo revisó los datos publicados por el DEMRE , identificando diferencias importantes entre estudiantes de colegios privados, subvencionados y públicos, tal como ocurre cada año. Entre las pruebas regulares de Lectura, Matemáticas 1 e Historia y Ciencias Sociales, la brecha entre colegios particulares pagados y colegios públicos alcanzó los 167 puntos en promedio , una diferencia brutal que refleja una desigualdad social que lejos de ser contenida es profundizada por el sistema educacional orientado a la ganancia privada. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. Fuente: elaboración propia en base a datos del DEMRE. El periodo de postulación a los establecimientos de educación superior se extiende entre el lunes 5 de enero a las 9 horas, hasta el jueves 8 de enero a las 13 horas. Lee acá " Historia de la privatización: ¿Quiénes son los verdaderos sicarios de la educación pública?"

En diciembre de 2025, Estados Unidos presentó su nueva Estrategia Nacional de Seguridad (ENS), un documento que redefine los objetivos y medios para sostener su hegemonía mundial en caída, donde América Latina ocupa un lugar central, en un escenario internacional marcado por el ascenso de China. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Seguridad? “Para garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso, fuerte, rico y exitoso del mundo durante las próximas décadas, nuestro país necesita una estrategia coherente y centrada en sobre como actuamos con el resto del mundo. Y para hacerlo bien todos los estadounidenses deben saber que hacer y porqué debemos hacerlo.” (ENS 2025, p.1) La Estrategia de Seguridad Nacional  (ENS) es un instrumento político-militar mediante el cual el gobierno estadounidense define, ordena y legitima su acción en el escenario global. Aunque formalmente su publicación responde a un mandato legal, cada administración desarrolla su propio documento, lo que obliga al presidente a informar al Congreso sobre los intereses nacionales y las amenazas actuales.  Pero en la práctica, la ENS cumple una función mucho más importante: opera como la receta político-militar que guía el poder imperial estadounidense en cada etapa de su historia , una hoja de ruta que articula su política exterior, acción militar, diplomacia, coerción económica y control tecnológico.  En sus páginas se enlistan enemigos y aliados, se nombran zonas de influencia y se exponen los medios necesarios para preservar la hegemonía de Estados Unidos en el plano internacional, desde sanciones financieras hasta intervenciones militares. El plano interno y externo de la ENS En el plano interno, busca ordenar y coordinar un aparato estatal, alineando a las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el complejo industrial-militar y las agencias civiles, junto a sus élites, bajo los mismos márgenes estratégicos.  En el plano externo, actúa como un mensaje de advertencia y ordenamiento, dirigido a potencias rivales (China, Rusia, India, Brasil, etc.), gobiernos subordinados y regiones enteras del mundo, señalando los límites de lo que para Washington es tolerable y que podría ser duramente castigado. La base ideológica de la ENS Este documento no se agota en el plano declarativo. La Estrategia Nacional de Seguridad constituye la base ideológica y operativa de un entramado de estrategias de cada gobierno norteamericano , tales como: defensa nacional, postura nuclear, control de armas, seguridad tecnológica y las decisiones presupuestarias correspondientes que perpetúan la dominación de Estados Unidos en gran parte del mundo.  En esa línea, la ENS no se entiende como una propuesta para la seguridad colectiva ni como un aporte al orden internacional, si no como un mecanismo mediante el cual el país imperialista se guía para mantener su poder.  Su objetivo no es la “estabilidad global” ni la “paz entre los pueblos", sino la preservación de un orden donde Estados Unidos define las reglas, controla los recursos estratégicos y decide qué actores pueden o no ejercer soberanía sobre sus territorios y recursos naturales. Se caen las caretas: las verdaderas intenciones para preservar su hegemonía El documento hace una revisión de los últimos treinta años de la política exterior estadounidense. Sobre la política adoptada hacia el final de la Guerra Fría y el Antiterrorismo, cuestiona a los gobiernos anteriores por desgastarse en conflictos periféricos y por no tener la capacidad ni la determinación de controlar el crecimiento de China como actor global , acusándolos de complicidad o estupidez.  En esa línea, señala que sus versiones anteriores no eran lo suficientemente claras y honestas, y que en esta ocasión sería necesario transparentar las intenciones que el gobierno de Estados Unidos tiene hacia el mundo, declarando abiertamente que se utilizarán todos los medios a disposición para asegurar el dominio norteamericano a nivel global.  Aunque no los nombra explícitamente, la ENS critica a los organismos internacionales por menoscabar progresivamente el poderío estadounidense sobre el mundo , proponiendo desconfiar de esas estructuras y las deslegitima en tanto no son promotoras de los intereses estadounidenses.  Asimismo, reclama que sus alianzas europeas, asiáticas y del medio oriente deben hacerse cargo de su propia seguridad, aumentando el gasto en defensa , pasando del 2% del PIB al 5 % como requisito para seguir siendo una nación amiga de EEUU. Es decir, la ENS 2025, tal como una lista de deseos, establece una lista de las regiones que son prioridad para el objetivo mayor, poniendo en primer lugar al hemisferio occidental (América) , a la región indo-pacífico en segundo lugar y dejando a Europa y Oriente medio en último lugar, siempre y cuando logren aumentar su gasto en armamento y logren una independencia militar que no signifique arrastrar a la economía norteamericana hacia sus conflictos.  “El corolario de Trump a la Doctrina Monroe” o el porvenir de nuestro continente Durante el sábado 03 de Enero del 2026 gran parte del mundo despertaba con la noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, era capturado por tropas de élite luego de un bombardeo selectivo por parte del ejército de Estados Unidos, desplegado en cuatro distritos de Venezuela. Los medios de comunicación alineados con el imperialismo yankee rápidamente comenzaron a cubrir la noticia como un acto de liberación orquestado por Donald Trump desde Washington.  Una de las preguntas que surge es por qué la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 constituye un quiebre respecto de las anteriores y anuncia el porvenir de la región. La nueva ENS no solo declara las intenciones de Estados Unidos sobre el mundo, sino que consagra a América Latina como su espacio estratégico prioritario, anticipando un nuevo ciclo de injerencia sobre la región.  “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia en el hemisferio occidental y procurar nuestro acceso a zonas geográficas claves de la región. Negaremos con fuerza a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes para estados unidos o de poseer o controlar activos vitales en nuestro hemisferio.” (ENS 2025, p9) En el documento Trump y su gobierno definen los objetivos a alcanzar en la región y a quienes enfrentará (aunque nuevamente no los nombra, hace mención a enemigos no hemisféricos, es decir: China, Rusia, Irán, Etc.), y de paso cuál será su táctica: “Reclutar y expandir” , reclutar a presidentes y políticos serviles y entreguistas y expandir su presencia militar en dichos países amigos.  Excusándose en luchar contra la migración descontrolada y el narcotráfico, el documento expone con entusiasmo como el régimen de Trump está dispuesto a desplegar todo su arsenal sobre quienes no estén alineados con su política exterior, interfieran con los intereses yankees o mantengan relaciones comerciales con los enemigos no hemisféricos. Reclutar La ENS 2025 dicta que el gobierno norteamericano recompensará y alentará a todo gobierno, partido político o movimiento mientras se mantenga alineado con los principios y estrategias del régimen de Trump. Establece cuatro objetivos inmediatos: a) Un repliegue progresivo de todos los teatros militares que no representen un avance real en la concreción de sus intereses. b) Control de las rutas marítimas en todo el continente y control real sobre la migración ilegal hacia territorio estadounidense. c) Despliegue militar estratégico y silencioso en territorios con presencia de narcotraficantes. d) Conectar económica, diplomática y militarmente con zonas de relevancia estratégica. Con lo anterior se dibuja un claro escenario belicista en la región, con un despliegue militar por parte del régimen estadounidense a fin de asegurar su preeminencia absoluta en la región. Con la excusa del control migratorio y la lucha contra el narcotráfico, América Latina será escenario de nuevos conflictos que poco tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos del continente.  Expandir Desatando el contingente completo de inteligencia, Estados Unidos buscará identificar en la zona los recursos que le son estratégicos y así, con quien corresponda, volverse su principal socio comercial. Los yacimientos de tierras raras, de litio, de cobre, oro y petróleo, incluso los que aún no han sido descubiertos, deberán de una manera o de otra, pasar a manos estadounidenses.  El documento, indica que los competidores no hemisféricos han socavado la economía norteamericana al seducir a los mandatarios Latinoamericanos para volverse socios comerciales. Junto a lo anterior, el régimen nortamericano anuncia graves consecuencias para las economías que sigan manteniendo relaciones comerciales con sus enemigos y que dificulten el ingreso del mercado yankee en sus territorios. Pues asegurar la preeminencia económica en el continente es hoy una cuestión de prioridad nacional.  El imperialismo yankee, la policía del mundo Con todo lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad 2025 no ofrece a América Latina soluciones reales a sus conflictos de base ni menos una relación de cooperación o un horizonte de desarrollo hacia una mejor vida. Lo que propone es una relación de subyugación, en la que Estados Unidos se reserva el derecho de definir las reglas del juego: qué vínculos económicos son aceptables, quién controla los recursos estratégicos y qué gobiernos pueden ejercer soberanía sobre su propio territorio, como si fuera la FIFA del mundo.  Este retorno explícito a la Doctrina Monroe, actualizada al estilo Trump, consolida un modelo de dominación que combina presión política, coerción económica e intervención militar directa para asegurar los intereses de Washington. En este escenario, el ascenso de gobiernos de ultraderecha en el continente facilita y acelera el alineamiento con Estados Unidos . A cambio de financiamiento, protección política y respaldo internacional a sus agendas internas, estos gobiernos profundizan una subordinación estratégica que se traduce en mayor dependencia y pérdida de autonomía. El costo de este pacto lo pagan los pueblos de América Latina: saqueo sistemático de los recursos naturales, militarización de los territorios, criminalización de la migración y una injerencia permanente que anuncia un nuevo ciclo de conflictos, completamente ajeno a las necesidades reales de nuestros pueblos. La ENS 2025 deja en evidencia que la “prioridad en seguridad” de Estados Unidos vuelve a construirse sobre la inseguridad del resto del continente . La política imperial se presenta sin caretas: su objetivo no es la estabilidad regional ni el bienestar de sus pueblos, sino la preservación de su poder en el que América Latina es nuevamente concebida como patio trasero, zona de sacrificio y campo de disputa en la guerra global por la hegemonía entre las potencias.

El sector poniente de Huechuraba tiene más de 2.000 nuevas viviendas en trámite de distintos segmentos sociales, pero su red de educación y salud pública está saturada. El único colegio público que existe no tiene enseñanza media, por lo que las gestiones por nuevos servicios públicos son una urgencia y se harán sentir cada vez más. El proyecto   A la vuelta de Guanaco con Pedro Fontova se tramita el crecimiento del proyecto inmobiliario Parque Undurraga en su segunda, tercera y cuarta etapa, cuyo tiempo se construcción se proyecta en 5 años.   El proyecto que está a cargo de la Inmobiliaria Parque Undurraga 2 SpA -que pertenece a la Inmobiliaria Aconcagua- comprende 3 condominios con 24 edificios totales (8 torres por cada uno) con una altura de 4 pisos, y que totaliza 360 departamentos y 384 estacionamientos. Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del proyecto   Evaluación ambiental   El proyecto se encuentra en evaluación ambiental, requisito previo a su construcción y que podría demorar algunos meses, dependiendo de cuántas observaciones realicen los organismos públicos con competencia en la evaluación.   Revisa acá el expediente de evaluación ambiental   De acuerdo a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente,  se puede pedir un proceso de participación ciudadana (PAC) donde la comunidad plantee observaciones al proyecto que luego la empresa debería responder.     Para eso se exigen 10 personas naturales o 2 personas jurídicas (organizaciones sociales) que hagan la petición al SEA en la misma plataforma, para lo cual hay plazo hasta el 15 de enero de 2026.   Las observaciones de este tipo de proyectos se hacen sobre sus efectos negativos sobre el medio ambiente, ya sean de tipo viales, por la sobrecarga de servicios públicos que puede traer o por los niveles de contaminación del aire en una zona saturada, como es la región Metropolitana, entre otros aspectos.     Falta de servicios públicos   Un aspecto crítico que vuelve a salir a flote con cada nuevo proyecto de vivienda que se tramita en el sector poniente de Huechuraba es la falta de servicios públicos que existen en ese sector.     Actualmente se encuentran en trámite y construcción más de dos mil nuevas viviendas en el sector poniente , lo cual profundizará la crisis de acceso a servicios públicos.   Por este motivo es que un papel clave que tendrá la nueva gestión municipal es en crear las condiciones para que el crecimiento de esta zona de la ciudad, se haga en condiciones dignas para sus habitantes.   Al no acceder a educación y salud en el entorno inmediato, los efectos de salir a buscarla lejos será un aumento del costo de la vida, aumento de la congestión vial, mayor exposición a inseguridad y desintegración social por la falta de espacios locales donde reproducir la vida.   Lee acá “Colapso de servicios públicos: Vida Digna exige nuevo colegio y consultorio para el sector de Guanaco en Huechuraba”   Lee acá “Inundación en Punta Mocha y la falta de servicios públicos en el sector poniente de Huechuraba”

En 2024 el edificio se ofreció a menos de la mitad del precio de tasación actual. Si el concejo municipal aprueba, significa destinar más de la mitad de los recursos anuales de la comuna en otro edificio municipal, en vez de priorizar otras urgencias como vivienda, salud o educación, que se verán afectadas los años siguientes por la deuda que se contraería con la Isapre Consalud de la Cámara Chilena de la Construcción.     Las motivaciones que estarían detrás de la compra   La ausencia de un recinto con servicios municipales en el sector poniente que ha crecido exponencialmente las últimas décadas producto de la desregulación inmobiliaria.   Recintos municipales en mal estado y que de todas formas requieren gasto para acondicionarse de forma adecuada.   El traspaso de recintos municipales a la corporación municipal significará menos espacio disponible para los funcionarios     La tasación por $34 mil millones de pesos   El Pincoyazo accedió al informe de tasación encargado por la Municipalidad de Huechuraba que pretende comprar un edificio a la Isapre Consalud -que pertenece la Cámara Chilena de la Construcción-, y que se mantiene abandonado hace cuatro años, desde la pandemia.   El edificio se ubica en Av. Pedro Fontova 6650, en la intersección con Av. El Sauce, y tiene 10.878 m2 construidos para uso de oficina, entre otras obras, dentro en un terreno de 22.497 m2.   Para dimensionar el costo total del edificio, avaluado en $34 mil millones de pesos, este equivale al 59% del Presupuesto Municipal del 2025 de $57 mil millones.   Revisa acá el informe de tasación del edificio     El mismo edificio fue ofertado en $15 mil millones por Consalud hace solo un año atrás, según consigna el medio The Clinic . Y aun cuando la cifra final se acerque a este monto -en caso de aprobarse-, equivale al 26% de los recursos anuales de la comuna, lo que representa un compromiso de pago que no podría resolverse de un solo acto, por lo cual requeriría de un asumir una deuda que podría solo traer problemas para la calidad de vida de la población.   Un compromiso de pago a cinco o diez años por este monto significa que por motivo de la deuda se terminaría pagando aún más, a causa de los intereses, para lo cual se necesitaría entregar otros bienes municipales en garantía al banco o entidad financiera que preste el dinero, o incluso al mismo vendedor del edificio, lo cual afectaría la caja del municipio para incurrir en gastos en otras áreas aún más urgentes de ser atendidas en los años siguientes, como es la vivienda, la salud y educación municipal.     Sin consulta vecinal, otra vez   Tal como ocurrió con la nueva corporación municipal que permitió privatizar la gestión de la cultura, el deporte y el fomento productivo en Huechuraba, esta iniciativa de compra de un nuevo edificio municipal tampoco ha sido sometida a una consulta vecinal, a pesar de que se trata de una cantidad muy alta de inversión, y que podría atar de manos al presupuesto municipal ante otras necesidades que requieren del gasto público.

Desde las calles de Buenos Aires presentamos el contenido de las reformas neoliberales del gobierno cuyo objetivo es resguardar el pago de la deuda externa que exige el FMI y fomentar la inversión extranjera, mientras el movimiento popular resiste sin lograr la fuerza suficiente para poner un freno y dar vuelta la tortilla. Prisionera de la deuda externa La deuda externa es tal vez el principal problema que desde hace décadas arrastra Argentina. Esta consiste en pedir dinero a fondos extranjeros (países, organismos internacionales o fondos de inversión) con altas tasas de interés que resultan difíciles de pagar, y que a medida que la situación empeora, se vuelve más difícil acceder a nuevos préstamos para cubrir las deudas previamente contraídas, y así, se reproduce un círculo vicioso diseñado para generar dependencia. Luego de décadas de gobiernos kirchneristas que opusieron resistencia a cumplir con las exigencias de repactación de la deuda externa, el país eligió a Milei, que en el discurso alentó el rechazo a la “casta política”, pero cuya apuesta no es otra que poner el pie en el acelerador en favor del capital financiero, impulsando una revolución capitalista para cumplir el mandato del FMI -dirigido por EEUU-, tal como ocurrió en Chile durante la dictadura de Pinochet, donde se adoptó una forma neoliberal que ningún país del continente conoció, al menos hasta hoy. Sin ir más lejos, recientemente Milei visitó EEUU en su búsqueda por reunir dólares para tapar los hoyos de la crisis, logrando un préstamo por US $20 mil millones, donde Trump exigió condiciones tales como la salida de China sobre distintas áreas de influencia en Argentina (5G, hidroeléctricas, energía nuclear, entre otros), además de intereses en dinero que solo agravan el problema.   La revolución capitalista de Milei Para cumplir el mandato de Washington, Milei lanzó una serie de reformas a través de la Ley de Bases , hoy dividida en varias leyes y que poco a poco avanzan en el Congreso con efectos empobrecedores sobre la mayoría trabajadora, además de realizar cambios vía decreto, saltándose el Congreso. La agenda de La Libertad Avanza consiste en buscar la máxima neoliberal de alcanzar el equilibrio fiscal (gastar menos de lo que entra), contener la inflación (reduciendo el poder de compra de la clase trabajadora) para fomentar la inversión y así generar crecimiento económico, pero para el gran capital. Para llevar adelante esta agenda el gobierno pretende reducir el gasto público vía recortes a programas sociales (28% entre 2023 y 2024); privatizar empresas estatales  (Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, entre otras), desindustrializar el país, reducir impuestos   a la ganancia privada y   refundar el sistema laboral y previsional  en favor de la empresa privada.   El empobrecimiento en cifras Según varias estimaciones, alrededor de 25 mil empresas han cerrado en solo dos años, perdiéndose más de 300 mil puestos de trabajo . La propia Unión Industrial Argentina -que apoyó a Milei- señaló que en 2025 la actividad industrial del país se redujo un 10% respecto de 2023, generando una crisis en la producción manufacturera nacional, la construcción y el comercio  -sectores que generan empleo-, mientras que con el discurso de la austeridad y los recortes sociales se financian las compras de aviones de guerra F-16 usados y sin armas. Esto se ve reflejado en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los cuales dicen que en la actualidad casi un 7% de los argentinos vive en la indigencia (3 millones de personas); entre un 35% y 50% en la pobreza (entre 20 y 30 millones de personas) , mientras los sectores medios profesionales han disminuido considerablemente sus ingresos. Pero siempre puede ser peor, ya que las reformas del gobierno buscan terminar con el financiamiento directo de áreas públicas como hospitales o universidades, para así cambiar a un sistema neoliberal de financiamiento de subsidios a la demanda (como en Chile) donde el mercado se regule solo, obligando a los servicios de salud y educación a autofinanciar parte de sus gastos.   La reforma laboral La reforma laboral propuesta por el gobierno es una verdadera revolución en favor del capital, ya que busca flexibilizar las condiciones y modalidades de trabajo a través de varias medidas: - Generar contratos a tiempo parcial y a plazo fijo (con un máximo de 12 horas diarias); - Crear contratos según la productividad del trabajador (no sueldos fijos); -  Vacaciones divididas en partes a gusto y necesidad del empleador; - Acordar salarios en moneda extranjera (como el dólar o las criptomonedas) o a cambio de alimentos y especias, tal como en los antiguos fundos y pulperías; - Bajar en un 3% el aporte del empleador al seguro de cesantía (hoy del 6%), reduciendo el flujo de la seguridad social y buscando que los trabajadores y el Estado la financien, para así resguardar las ganancias empresariales, con el objeto de atraer inversión.   Los trabajadores La Central General de Trabajadores (CGT) -organización gremial más grande del país ligada históricamente al peronismo-, si bien se ha opuesto a las reformas, parece estar dispuesta a ceder derechos adquiridos, siempre y cuando se mantengan las “cuotas solidarias” que permiten financiar la actividad sindical mediante descuentos a obreros afiliados y no afiliados. En cuanto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA)  – que agrupa a trabajadores públicos, estatales y de empresas privadas -, ha denunciado los acuerdos entre el gobierno y empresarios extractivistas-exportadores para pequeños aumentos salariales de forma unilateral, evitando negociar con los trabajadores y sindicatos. Asimismo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE)  convocó a un Paro Nacional este 9 de diciembre donde llamaron a defender y reafirmar sus derechos, servicios y bienestar para la comunidad. Por otro lado, sindicatos grandes como la histórica Unión Ferroviaria (con 103 años) ha presionado para que aumente la inversión y presupuesto para los ramales de trenes. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) , ha denunciado la pérdida de miles de puestos de trabajo por la disminución de obras públicas. Las movilizaciones contra la reforma laboral convocadas por estas y otras organizaciones han sido insuficientes para detener el cierre de miles de empresas (de comercio minorista) e industrias nacionales (textiles, frigoríficos, fábricas),  cuyos sindicatos están divididos entre trabajadores honestos que quieren luchar por una vida digna y quienes aún confían en Milei, sin tomar consciencia de que afectan a sus compañeros y al conjunto de familias. Más que avances económicos para todos, las reformas laborales de Milei están eliminando derechos sociales que costaron años de organización y sangre a los trabajadores , ya que fue mediante movilizaciones obreras y populares que las familias que viven de su trabajo consiguieron contratos, jornada de 8 horas, pago de salarios en dinero, días no laborales y vacaciones que los empresarios nunca entregaron por las buenas, sino que bajo la fuerza de la organización.     El movimiento piquetero Tras la crisis de diciembre de 2001, conocida como el “Argentinazo” provocada por el “corralito” y que derivó en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, surgió un movimiento ligado a las organizaciones territoriales de Argentina, llamadas “piqueteras”, las que mediante el bloqueo de rutas pudieron negociar con el gobierno para conseguir recursos y beneficios estatales para miles de familias sumidas en la cesantía. En la actualidad, el movimiento piquetero (diferente pero comparable con los “pobladores” de Chile) se ha diversificado. Por un lado, existen corrientes que responden a intereses del progresismo kirchnerista  y buscan posicionarse como una alternativa electoral. Allí se encuentran grupos como el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita , que han contribuido a reproducir el clientelismo característico de este sector del peronismo y de la relación Estado-sociedad que profundizó el país a partir de la crisis del 2001. También hay organizaciones autónomas y críticas del kirchnerismo, como el Frente Popular Darío Santillán  y la Federación de Organizaciones en Lucha , las que agrupan a piqueteros, sindicatos y estudiantes que en los últimos años han buscado crear un instrumento electoral de izquierda progresista  y que, en parte, integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) . Otras organizaciones apuestan por una perspectiva clasista, de acción directa y autogestión,  como la Federación de Organizaciones de Base (FOB) , que agrupa a comedores populares (ollas comunes), bachilleratos (para terminar la escuela), centros culturales y otros grupos independientes que se oponen a los recortes de Milei con sucesivas movilizaciones. Asimismo, mantienen una lucha activa contra el intento por privatizar el agua y a la “motosierra” de Milei en los servicios de salud, educación, obra pública y comedores populares. Hoy las organizaciones piqueteras están en alerta debido al recorte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , entregado a familias cuyos padres se encuentran cesantes o tienen un trabajo informal que no alcanza para llegar a fin de mes. También reclaman en contra del recorte de la Asignación Familiar (SUAF) , entregada a familias que tienen un contrato de trabajo pero que no les alcanza para cubrir sus gastos, recibiendo un bono por cada hijo menor de edad y por integrante con discapacidad permanente.     Los jubilados organizados: un nuevo actor Todos los miércoles de los últimos meses entre las 11 y las 17 horas, las y los jubilados se manifiestan contra los recortes sociales dando “una vuelta” a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, exigiendo pensiones dignas luego de trabajar toda una vida, momento en que se suman organizaciones estudiantiles, trabajadores, mujeres, piqueteros y también organizaciones políticas que buscan frenar los recortes sociales. Algo interesante de este ciclo de movilizaciones es el surgimiento y posible consolidación de un nuevo actor: los jubilados organizados, donde algunas corrientes buscan crear espacios permanentes para exigir lo que corresponde para tener una vejez digna  y hacerse escuchar frente al Gobierno, el Congreso y otras autoridades. Uno de estos grupos son los Jubilados Insurgentes , creado el 20 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, cuando un grupo de viejos amigos fue a la Plaza del Congreso a protestar en contra de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía Luis Caputo orientadas a desregular la economía, recortar las políticas sociales e inaugurar el “protocolo anti-piquetes” para enfrentar la primera manifestación en contra del gobierno de Milei. A las demandas de aumento de las pensiones, los Jubilados Insurgentes exigen la venta de medicamentos sin cargo (impuestos) y viviendas en comodato , debido a que a muchos les cuesta pagar un arriendo o ya se han convertido en allegados. Algunos sectores vinculados al anterior gobierno kirchnerista (hoy en la oposición), se han agrupado en Jubilados de Fuerza Patria , quienes se oponen a los recortes de pensiones y medicamentos, planteando crear un sindicato que les permita llevar su voz frente al Congreso y el Gobierno. Los jubilados, por un lado, exigen aumentar el monto de las pensiones, ya que debido a la inflación desatada durante estos dos años del gobierno han perdido poder de compra. Por otro lado, se oponen a la disminución de las pensiones para discapacitados, sumado a que para el año 2026 el gobierno planea eliminar al menos 155 mil pensiones de ese tipo. Mientras el gobierno les empobrece, los jubilados son testigo de casos de corrupción , como el “Caso Audios” , donde unos pocos empresarios y altos cargos estatales se benefician de coimas y sobreprecios de medicamentos. El esquema para defraudar al Estado es similar a los casos de colusión en Chile, pero en el caso de Argentina, funcionarios y directivos exigían porcentajes del 8% del pago a los proveedores para ganar una licitación, enriqueciéndose con los recursos que supuestamente estaban destinados a los jubilados y discapacitados más pobres.     Fragmentación del movimiento popular A pesar de que hay numerosas organizaciones en lucha, en las movilizaciones es posible observar la fragmentación de los movimientos sociales y de trabajadores, donde pese a tener un enemigo común, eso no se traduce en la capacidad de golpear de manera conjunta. Hoy las corrientes mayoritarias responden a la agenda electoral del kirchnerismo, otras pretenden generar una alternativa electoral de izquierda y algunas que buscan fortalecer las organizaciones populares mediante la acción directa y la autogestión. Muchas personas en Argentina esperan que la gente salga a la calle a luchar, teniendo esperanzas en que ocurra un estallido social como fue en Chile durante octubre de 2019. En ese sentido, nuestro país sigue ocupando un lugar importante en la memoria de los pueblos de América Latina, recordando, no solo la llegada de un presidente socialista como Salvador Allende (cuyo gobierno terminó con un golpe de Estado y la sangrienta dictadura de Pinochet), sino que también viendo con esperanza que el pueblo puede salir a luchar a las calles para buscar una vida más digna, donde es primordial estar organizados y preparados para ese momento . Pero lo anterior no ocurrirá en el corto plazo y sin represión, sino que mediante el empobrecimiento y la mano dura . Mientras tanto los sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales buscan detener las reformas que destruirán su fuerza negociadora y la legitimidad social que han construido durante años lucha.

Fortalecer la organización, la independencia de clase y la militancia popular. Desde Vida Digna compartimos algunas reflexiones sobre los resultados electorales de la primera vuelta y lo que se avecina, el papel del progresismo desde octubre 2019 hasta hoy, una evaluación crítica a los movimientos y organizaciones con vocación transformadora y también las tareas que creemos son fundamentales para fortalecer nuestros procesos de lucha y el movimiento popular, única garantía de una vida mejor. Los resultados electorales y el rol del progresismo La contundente victoria electoral de la derecha, pese a su división en cuatro candidaturas, es una nueva expresión -y no el inicio- de un periodo de retroceso del movimiento popular respecto de ciertos avances alcanzados durante el ciclo de luchas 2006-2019 , cuya contracara es la profundización de las políticas neoliberales, ahora reimpulsadas durante el actual gobierno de Boric, como fue profundizar el sistema de AFP -luego de anunciar su fin-; profundizar el control financiero en la producción de vivienda con recursos públicos -luego de anunciar más capacidades estatales y un freno a la especulación inmobiliaria-; extender el negocio de los herederos del dictador con la explotación del litio, renunciando a la creación de la empresa pública para esos fines; renunciar a la condonación del CAE en reemplazo de un nuevo modelo de financiamiento que busca resguardar el equilibrio fiscal, pero sobre todo el bienestar de los bancos; además de velar por el negocio en la salud con un perdonazo a las Isapres, y así un largo etcétera. Pero todo este camino de profundización neoliberal, luego de tomar prestadas las banderas que buscaban superar el agotado modelo de acumulación, tiene una dimensión que nos parece importante destacar, y que es tal vez el mayor daño del progresismo al movimiento popular, como también lo fue la concertación durante el retorno a la democracia: su rol desmovilizador . Porque una cosa es no tener mayoría parlamentaria para lograr cambios puntuales -excusa repetida por décadas-, pero otra muy distinta es acotar el espacio de disputa a quienes ejercen roles de representación popular, sea en el gobierno o en el Congreso, y mandar al resto para la casa, tal como ocurrió en el actual gobierno. Este rol ya había sido jugado durante noviembre de 2019, canalizando institucionalmente el conflicto social. Ambos momentos reflejan con claridad que suplantar el protagonismo popular, cuando éste toma vuelo, es la condición histórica para que el progresismo pueda gobernar, de lo contrario, quienes realmente concentran el poder, como son los empresarios, no le darían espacio al Frente Amplio. Todo esto, sólo deja a la población en una peor condición para defender sus intereses, y allana el camino al fascismo, lejos de contenerlo, cuyo surgimiento hoy se cimienta sobre el miedo que las clases dominantes tienen ante el auge de la clase trabajadora. Por todos estos elementos, creemos necesario posicionarnos críticamente frente al progresismo y no caer en su defensa ni ser el vagón de cola de su camino que ya pavimentó derrotas y retrocesos históricos, abriendo así también el camino a las ideas autoritarias y conservadoras, propias de las clases dominantes, pero que el progresismo decidió asumir como propias durante estos cuatro años de gobierno , criminalizando a sectores sociales que hace solo unos años lo llevaron a La Moneda -como ocurre con la política de desalojos masivos sin solución-. Asimismo, el progresismo fortaleció las fuerzas armadas y policías como ningún otro gobierno lo ha hecho, con más facultades y recursos, suponiendo que así se combate el crimen organizado y la crisis de seguridad, cuando en realidad su giro en esa dirección solo pavimentó un cambio en el foco que la propia población había puesto sobre las necesidades materiales , asociadas al aumento del costo de la vida, efecto del agotamiento del modelo. En este sentido, desde Vida Digna entendemos que los últimos resultados electorales son el voto de castigo de un pueblo al que le prometieron mucho, pero que no solo quedó en nada, sino que en el camino le pidieron irse a la casa a esperar una nueva Constitución y después por nuevas leyes. Y cómo esa estrategia volvió a fracasar,  el impulso impugnador se dio vuelta sobre el propio progresismo, quien pasó a ocupar el papel de guardián del modelo . Los hechos históricos recientes demuestran algo que no se debe perder de vista (por más miedo que genere un gobierno de Kast), que el progresismo y la ultra-derecha no representan dos proyectos de sociedad opuestos, sino más bien dos versiones distintas de cómo administrar la herencia neoliberal de la dictadura, uno con rostro humano y el otro con mano dura. Pero ninguno tiene una salida a la crisis .  El movimiento popular En primer lugar, creemos necesario hacer un llamado de atención sobre la debilidad de las organizaciones con vocación transformadora, y al menos relevar algunos aspectos sobre los que creemos se debe trabajar de forma urgente. Una causa común de la baja capacidad de incidir políticamente en la realidad, en sentido amplio, es la debilidad ideológica de quienes componemos los movimientos y organizaciones populares , lo cual acarrea efectos nocivos en distintas materias, como es una débil cultura militante, falta de herramientas para hacer lecturas contextualizadas de la realidad, dificultando aún más el diseño e implementación de planes de lucha y su desarrollo en el tiempo. Sin avanzar en estas materias, no tiene mucho sentido hoy poner el foco en la unidad entre las organizaciones que luchan, porque no habrá condiciones para sostenerla.  Con esto no estamos diciendo que no hay que unirse, sino que la unidad debe atender objetivos concretos, responder al ritmo de los procesos de recomposición, y no a la voracidad de los dirigentes de querer hacer crecer en número un determinado espacio, y menos aún levantar instancias de “unidad” únicamente en periodos electorales, de forma reactiva y a veces meramente instrumentalizadora. Este camino ya lo conocemos en la historia reciente y solo produce menos participación popular y desarticulación social, por lo que aún cuando prime la desesperación, no sirve como atajo a ningún lado. Y entonces, ¿qué hacer? Visto el momento que vive el país, desde el campo de los movimientos populares nuestra atención debe estar puesta no solo en recomponernos en base a desafíos que no son los mismos que hace diez años atrás, sino también en asumir un rol mucho más activo en fortalecer los espacios donde convive la población -y fomentar que estos se amplíen-, como son las juntas de vecinos, organizaciones deportivas, comités de vivienda, centros de estudiantes, sindicatos, entre muchas otras expresiones. Esto que puede parecer mantra repetido, hoy tiene otras connotaciones, porque serán estos espacios los que el fascismo buscará copar para crear esa base social con la que soñaba tanto Jaime Guzmán, donde los mismos sectores populares sean los precursores del desarme político de cualquier intento de transformación social, bajo las consignas de orden y seguridad. Esto representaría una derrota aún más profunda para quienes soñamos un mundo nuevo, porque el desafío actual no se trata solo de defender algunos avances sociales, sino de construir la fuerza social necesaria para alcanzar una vida digna. Para esto, se hace fundamental pensar la batalla ideológica como una tarea fundamental del momento político, junto al rearme de las organizaciones de base con autonomía de clase. Nuestro llamado es a salir del inmovilismo, profundizar la presencia en todo espacio social, a unirse a los movimientos populares que ya existen, disputar de todas las formas posibles las ideas conservadoras, no soltar la calle ni la organización social y hacer el llamado urgente a recuperar una cultura militante activa y que refleja lo que somos como pueblo. Lo que necesitamos en este momento son personas que militen en proyectos colectivos con perspectivas revolucionarias y, en ese sentido, que superemos los activismos y construcciones asistenciales sin perspectiva transformadora de largo plazo .  Es preciso desarrollar militancias populares comprometidas, constantes, disciplinadas y con una ética del cuidado colectivo, por ello, llamamos a quienes quieran transformar este orden injusto a que se unan a luchar por vida digna. ¡Con la fuerza de los territorios construimos comunidades organizadas para la vida digna! ¡Organizarse es comenzar a vencer! ¡Arriba los y las que luchan!

Esta mañana más de 400 pobladores marcharon por San Antonio luego de que la Corte Suprema diera 6 meses para desalojar a más de 1.000 familias que llevan 6 años años instalados en terrenos abandonados, cuyos dueños aprobaron el poblamiento y durante 4 años no ejercieron acciones, mientras el Ministerio de Vivienda se limita a observar cómo el derecho de propiedad se impone sobre la vida. Sentencia de la Corte Suprema (noviembre 2025) Los pobladores protestaron contra la reciente sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección de la Inmobiliaria Bellavista S.A. y Agrícola Alto Miramar Ltda, ordenando el desalojo de las más de 1.000 familias que desde fines de 2019 poblan terrenos que durante años estuvieron abandonados y usados como basural. Esta decisión del máximo tribunal del país revocó lo que había decidido previamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que las empresas apelaran la decisión que falló en su contra. Sentencia de la Corte de Apelaciones (agosto 2025) Previamente, en agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había rechazado el recurso de protección de las empresas dueñas de los terrenos, argumentando que la acción resultaba extemporánea por no haber actuado luego de cuatro años haberse enterado de la toma, mientras el recurso de protección debe interponerse máximo 30 días desde ocurrido o informado el acto. A lo anterior, la Corte agregó que "de los propios títulos de dominio acompañados por las actoras, singularizados a fojas 8.846 Nº 4.576 del año 2004 y a fojas 2.480 Nº 1.354 del año 1999, se desprenden múltiples subinscripciones que dan cuenta de transferencias, ventas y expropiaciones parciales de los lotes originales" , por lo cual no existía certeza de los deslindes y el dominio sobre los terrenos , cuya claridad no corresponde aclararse en el marco de una medida cautelar. Corrupción en el Poder Judicial Desde hace dos años se destapó una olla de corrupción al interior del Poder Judicial a partir del caso Hermosilla , y que lejos de enfriarse, no ha dejado de hervir, saliendo cada tanto una nueva arista relacionada a nombramientos de jueces a trato y fallos arreglados, y que ha tocado a casos judiciales de alta relevancia pública. Ante este escenario, durante la manifestación los pobladores del Campamento de Placilla señalaron que "tenemos la convicción de que las políticas de vivienda se deben actualizar. Nuestra resistencia es humanitaria por la vivienda, y hoy enfrentamos al gobierno de los desalojos y también a una justicia corrupta. No vamos a tolerar que destruyan las casas de nuestras familias, vamos a resistir y exigir la radicación" . Sin respuesta del Ministerio de Vivienda Las familias ya se habían movilizado el pasado jueves 6 de noviembre, formando una larga marcha que llegó hasta las oficinas del SERVIU y la Delegación Presidencial de San Antonio  para exigir una solución definitiva a la necesidad habitacional, sin alcanzar hasta hoy soluciones, pese a que forman parte del catastro del  Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda . Imagen del Campamento de Placilla. Fuente: MINVU Según datos del MINVU, los 256 campamentos que existían en la Región de Valparaíso en 2022 aumentaron a 374 en 2024 , lo que representa un aumento de un 46%, en una línea completamente contraria a la promesa de solución planteada en el Plan de Emergencia Habitacional, aprobado a fines de 2021 e impulsado desde el inicio del actual gobierno de Boric. Lee acá " Campamento de Placilla se moviliza para radicarse en terreno abandonado durante décadas"

Ante tanta información falsa que circula y busca negar la expropiación como una vía para solucionar la crisis habitacional, en el Pincoyazo te presentamos un resumen de cómo funcionan las reglas del juego que obligan al Estado a pagar el valor comercial del terreno. Hace unos días el gobierno anunció  que expropiará 110 hectáreas de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio, bajo el argumento de que se trata de una excepción por el hecho de que resulta materialmente imposible desalojar a 10 mil personas.   En este escenario, los medios hegemónicos han llenado su tribuna con voces que recriminan la expropiación como vía de solución, muchas veces difundiendo mentiras. Por eso es que desde el Pincoyazo decidimos poner la pelota al piso y comenzar por entender cómo funciona la expropiación, qué situaciones la justifican legalmente y cómo es el procedimiento.     ¿Qué significa expropiar un terreno hoy en Chile?   En primer lugar, es importante partir aclarando que la expropiación en Chile no consiste en quitar un terreno así nomás, sino que es un mecanismo que permite al Estado obligar al dueño a venderlo a un precio determinado por una tasación comercial.  O sea, siempre se paga por el terreno, y el precio lo definen tasadores y no el Estado.     ¿Qué leyes rigen las expropiaciones?   La ley de mayor rango en Chile es la Constitución Política de 1980 , creada en dictadura y aún vigente, la que establece el derecho de propiedad y las limitaciones al mismo, especificando bajo qué condiciones alguien puede verse obligado a vender su propiedad en función de una utilidad pública o interés social, o sea, a ser expropiado.   Para hacer efectivo este mandato general de la Constitución, existe el Decreto Ley 2.186 de 1978 , que define el procedimiento de las expropiaciones cualquiera sea la ley que la autorice y la institución que la aplique.   Por otro lado, la Ley 16.391 de 1965 que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, especifica algunos alcances, como su facultad para expropiar bajo ciertas condiciones y también acciones que debe aplicar el organismo.   A continuación, te presentamos lo más importante de cada una de estas leyes para tener un panorama más claro sobre cómo opera la expropiación de terrenos en Chile con fines de utilidad pública o interés social:    ¿Qué dice la Constitución Política de 1980?   - Artículo 19, numeral 21: “ Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad (…) sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional ,  calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.       A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.       La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión ”.     ¿Qué dice el Decreto Ley 2.186?   El DL 2.186 de 1978 aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, y aterriza la forma en que se aplica lo que dice la Constitución:   - Una vez que se inicie el estudio de expropiación, esta ley dice que el terreno no podrá ser objeto de transacciones comerciales ni de contratos que pudieran afectar la expropiación que el Estado evalúa realizar.   - En el proceso de estudio del terreno, el dueño no puede impedir al Estado acceder a información del mismo con el fin de trabar el procedimiento . Si lo hiciera, el Estado puede pedir el auxilio de la fuerza pública para obligarlo, allanar y descerrajar si fuera necesario.   - La entidad expropiante, en este caso el MINVU, determinará una comisión que deberá definir el monto de la indemnización por el terreno , en la cual no podrán participar profesionales del ministerio.   - Una vez publicado el decreto expropiatorio, el dueño del terreno tendrá 30 días de plazo para reclamarlo ante el juez , pudiendo pedir que se rechace, si lo justifica como inexpropiable; pidiendo que se expropie todo el terreno si es que la parte no expropiada no puede explotarse por sí sola; que se expropie otra porción del terreno distinta; o reclamar el monto de la indemnización.   - Si el Tribunal accede a alguna de las últimas tres reclamaciones del párrafo anterior, el MINVU -en este caso- deberá ajustar el decreto en un plazo de 90 días  incluyendo lo señalado o deberá poner fin a la expropiación.   - El juicio se tramita sin que se paralice la expropiación una vez que el expropiante (MINVU) pague el monto provisional definido , salvo que el juez de manera justificada así lo determine.   - Por otro lado, el MINVU puede desistir de la expropiación de forma unilateral, y para eso tiene de plazo hasta 30 días después de que el Tribunal determina el precio definitivo de la indemnización .     ¿Qué dice la Ley 16.391?   En materia de expropiaciones de terrenos para fines de vivienda y urbanización en sentido amplio, el MINVU debe aplicar lo establecido en la Ley 16.391 de 1965  que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y cuyos principales puntos a continuación se detallan:   - Los inmuebles que sean necesarios para los programas de remodelaciones e infraestructura que apruebe el MINVU, son de utilidad pública , por tanto, siguiendo lo que dice la Constitución, son expropiables.   - Son de utilidad pública -y por tanto expropiables- todos los terrenos que sean indispensables para ejecutar los programas  de construcción, alteración o reparación de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones del MINVU, incluyendo los inmuebles destinados a zonas de áreas verdes y parques industriales contempladas en los Planes Reguladores.   - Estos programas deberán ser aprobados por decretos supremos , que deberán ser publicados en el Diario Oficial”.   - Las expropiaciones se ordenarán mediante resolución  de los directores de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU), o previo informe favorable  de la División de Desarrollo Urbano (DDU) o de los SEREMI de Vivienda y Urbanismo.   - La tasación del terreno queda a cargo de una comisión creada por el MINVU y para los efectos de las expropiaciones que efectúe directamente el MINVU, el monto de la indemnización que se convenga con los interesados podrá ser reclamada.

Ante la crisis humanitaria que generaría el desalojo de 10 mil personas fijado para esta semana por la Corte de Apelaciones, el gobierno decidió usar la ficha de la expropiación, que implica pagar el precio de avalúo comercial del terreno, luego de la intransigencia de los dueños que pedían el doble, y con el que pretendían ganar 10 veces lo que gastaron en él. Esta tarde el gobierno anunció que expropiará 100 de las 215 hectáreas del macro campamento del cerro Centinela de San Antonio para que las familias agrupadas en las 40 cooperativas se radiquen en él, quienes contribuirán con el pago equivalente al valor del suelo para la urbanización del mismo, como parte de la radicación.   Paralelamente, se realizará un desalojo del terreno restante, para cuyas familias se proveerían albergues desde la Municipalidad de San Antonio.   Entre los fundamentos que llevaron al gobierno a tomar esta medida, según el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), está el hecho de que “un desalojo sin un plan habitacional que lo acompañe generará una grave crisis habitacional”.   “Usaremos todas las herramientas que nos permite la Constitución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. Esta es una herramienta que se ha usado en todos los gobiernos. Avanzaremos siendo respetuosos de lo que digan los tribunales, partiendo por el desalojo de los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional” , dijo Montes.   Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), dijo que “llegó un punto donde la adquisición de terreno mediante compra pactada con los dueños no llegaron a puerto porque el precio que se puso sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que las propias tasaciones arrojaron”. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), agregó que “como el precio solicitado está por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de usar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido usado por muchos gobiernos. Solo entre 2018 y 2025 se han usado esta herramienta en 258 oportunidades: 135 en la administración pasada y 133 en la actual gestión” .   Lee acá " Macro-campamento de San Antonio: Avaricia de los dueños del terreno impide un acuerdo de compra"   Expropiación con pago de valor comercial   Según informó el gobierno, el valor del terreno a pagar será el valor comercial, equivalente a $9 mil millones de pesos (0,23 UF por cada m2). En los próximos días se publicará en el Diario Oficial el decreto del plan de expropiación.   La forma de financiamiento será con pago del Estado del ítem de Asentamientos Precarios del MINVU, del presupuesto 2025, y que luego sería retribuida por las familias agrupadas en cooperativas, quienes pondrán una cuota equivalente al precio del terreno, según señaló el ministro. Si bien el gobierno no entregó detalles del proyecto habitacional, fuentes del campamento dicen que el plan consistiría en reubicar dentro de las 100 hectáreas a todas las familias del poblamiento.   El procedimiento de expropiación del terreno lo solicitó el SERVIU de Valparaíso, ante el inminente desalojo decretado por la Corte de Apelaciones de la misma región para este jueves 4 de diciembre, el cual se postergaría una vez exista respuesta de la corte, y se reúnan las condiciones materiales para realizarlo, como es el despliegue policial y los albergues necesarios. Revisa aquí el comunicado de prensa:   Desalojo de 115 hectáreas del macro-campamento   El gobierno anunció que será la corte quien primero conozca el contenido del plan de desalojo, que según la vocera de gobierno “dialoga con el proyecto habitacional, que consiste en despejar las zonas que no contemplan el proyecto de vivienda” .   En cuanto a las familias afectadas por el desalojo, el municipio de San Antonio dispondrá los albergues de forma previa al inicio del desalojo, según informaron.

Alcalde y concejales de derecha alineados incluyeron al PPD y DC para dirigir la privatización de la cultura, el deporte y fomento productivo en Huechuraba, mientras concejales Román (PPD) y Plaza (PC) se abstuvieron, Hernández (FA) votó aislada por otros candidatos y Kaelín (PL) se inhabilitó por tener un familiar que trabaja en el área de deportes. En la sesión extraordinaria N°20 del 19 de noviembre de 2025, el concejo municipal aprobó la designación de dos puestos de cinco del directorio que estará a cargo de la nueva Corporación de Cultura y Deportes de Huechuraba.   Esta votación surge unos meses después de que el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) y el concejo municipal tomaran la decisión de   privatizar la gestión del deporte y cultura en Huechuraba bajo la figura de una corporación municipal , lo cual incluye a dos de los espacios más emblemáticos y valorados por la comunidad: el complejo deportivo Jorge Inostroza, más conocido como “7 Canchas”, y el Centro Cultural La Pincoya. Ambos recintos han ofrecido durante décadas servicios completamente gratuitos y abiertos a todo el público y ahora podrían ser objeto de restricciones de acceso. Lee acá " Avanza la privatización: Concejala PS dio quorum a Luksic para aprobar la Corporación Municipal de Cultura y Deporte en Huechuraba"     PPD y DC electas con votos de la derecha   Durante la votación, el alcalde Luksic (UDI) junto a los concejales Jorge Arancibia (REP), Fernando Pérez (RN) y Humberto Allendes (Evópoli) respaldaron las candidaturas de Natalia Piergentili (PPD) y Marigen Hornkohl (DC).   Pero, ¿por qué solo el alcalde y los concejales de derecha votaron alineados por estas dos candidatas que, al menos en teoría, responden a otro sector político? Y ¿por qué elegirlas a ellas y no a otras personas?     ¿Quién es Natalia Piergentili?   Ex presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), con cargos durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. En 2024, CIPER comprobó que, mientras ejercía como vicepresidenta del PPD, recibió al menos $3,8 millones en pagos por charlas a empresarios desde una sociedad de Zalaquett (UDI). Todo esto, cuando estalló el caso de las comidas privadas entre ministros del actual gobierno de Boric y representantes de distintos gremios empresariales en la casa del ex alcalde de Santiago.   En las comidas de Zalaquett participaban empresas y organizaciones gremiales, como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que agrupa a empresas industriales del país. En ese contexto, Piergentili dijo que asesoraba a un líder empresarial, cuya identidad mantuvo bajo reserva, y que los pagos se hacían a través de Zalaquett “para cuidarnos”.   Hoy Piergentili es Directora de Asuntos Públicos en Feedback , una agencia de comunicación estratégica que asesora a diversas empresas. Y saber a quién asesora Piergentili es información relevante para los vecinos de Huechuraba, porque ella será una de las 5 personas que llevarán las riendas de la cultura, el deporte y el fomento productivo en Huechuraba.     ¿Quién es Marigen Hornkohl?   Política de la Democracia Cristiana (DC) que fue ministra de Educación durante el gobierno de Lagos y de Agricultura durante el primer gobierno de Bachelet, donde también ejerció como embajadora de Chile en Alemania. Luego, fue designada como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el segundo gobierno de Bachelet. Previamente había trabajado también en cargos directivos y como asesora en los gobiernos de Frei y Aylwin.   Actualmente es rectora y presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes y también directora del Centro de Estudios Democracia y Comunidad , ligada a la DC, a quien presta asesorías parlamentarias .   De esta forma, Piergentili y Hornkohl se unen a Luksic, quien encabezará el directorio de la Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento, y cuya asamblea de socios deberá elegir a los otros dos integrantes del directorio. Lee acá " Nueva Corporación Municipal de Huechuraba: ¿Quiénes administrarán los recintos y recursos públicos que serán privatizados?"   Concejales de gobierno votan solos, se abstienen e inhabilitan   La concejala Fresia Hernández (FA)  votó a favor de David Cabedo y Carlos Cea.   Los concejales Genaro Román (PPD) y Bárbara Plaza (PC) se abstuvieron , argumentando ser coherentes con su anterior rechazo a la creación de esta Corporación Municipal, ya que esta busca la privatización de los servicios públicos.   La concejala María Elisa Kaelin (PL) se inhabilitó  para participar en la votación, debido a un posible conflicto de interés por tener familiares trabajando en una de las áreas que se privatizarán.

Luchadores de Barrancas, el Frente Popular y la 17 de Mayo ocuparon el edificio del gremio empresarial de la construcción denunciando cómo la empresa privada hace de la necesidad un negocio. Lee acá el petitorio de la Asamblea Nacional de Pobladores, en lo que fue un llamado nacional de protesta por vivienda digna. La mañana de este jueves 20 de noviembre, en el marco del llamado a movilización por vivienda de la Asamblea Nacional de Pobladores (ANAPO), un contingente de tres comités de vivienda realizó una acción de protesta en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), para denunciar cómo la empresa privada hace de la necesidad de cientos de miles de familias un negocio. Los pobladores de los comités Vivienda Digna - Frente Popular de Maipú y Luchadores de Barrancas de Cerro Navia, junto a la Cooperativa 17 de Mayo de esta misma comuna, ocuparon la sede gremial para leer declaraciones que junto con denunciar el problema plantean una serie de propuestas para resolverlo. Lee acá el petitorio completo de ANAPO: PETITORIO NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL DE POBLADORAS Y POBLADORES (ANAPO)      Principios 1. Independencia política:  Asumimos nuestra responsabilidad colectiva de resolver la necesidad de vivienda, por tanto, esta Asamblea no está al servicio de intereses electorales y rechazamos toda forma de estafa y engaño a los pobladores en lucha.   2. Luchar por la vía de los hechos:  Debemos luchar activamente para conquistar nuestras demandas, no aceptando los ritmos de la burocracia institucional. Sólo luchando defendemos y conquistamos. Solidarizamos y compartimos nuestras experiencias colectivas para luchar más y mejor. 3. Servir de todo corazón a nuestro pueblo y sus luchas:  Los dirigentes actuamos en servicio de nuestro pueblo y no por intereses personales de ningún tipo.   Petitorio 1. Garantizar suelos estatales para vivienda social:  que el Estado inicie un plan de expropiaciones o traspasos de suelos tanto fiscales como particulares, de “interés social” con factibilidad para uso habitacional en cada comuna, urbanos o rurales, y se haga cargo de habilitarlos con infraestructura básica (agua, alcantarillado, red eléctrica) para evitar la especulación inmobiliaria , priorizando los suelos en desuso o mal utilizados. La cantidad de suelos debe tener relación con la necesidad habitacional expresada en la cantidad de socios que conforman las organizaciones habitacionales de cada comuna, manteniendo como mínimo un 30% de su territorialidad dispuesta para vivienda social. Su localización debe considerar las redes de apoyo y conectividad a servicios. 2. Suspensión inmediata de los desalojos sin solución habitacional : que el Estado dé solución a las tomas y campamentos presentes en cada región, esto debe realizarse desde el inicio del gobierno entrante y dejar estipulada la solución habitacional a la brevedad. Lo anterior debe realizarse mediante el uso de las facultades legales que le otorga la ley 20.234, es decir, mediante la radicación y regularización de las tomas y campamentos. 3. Derogación inmediata de la ley de Usurpaciones N°21.633:  criminaliza la pobreza y la lucha organizada de pobladores y pobladoras, agudizando la crisis habitacional. 4. Habilitación inmediata de todos los servicios básicos a las tomas y campamentos:  independiente de su situación judicial - administrativa. 5. 80 m2 de vivienda social, como mínimo, con todas sus terminaciones:  las viviendas terminadas deben tener un mínimo de 80 m2 de espacio habitable para evitar el hacinamiento, sin incluir terrazas o logias (para el caso de departamentos). El tamaño de la vivienda debe adaptarse al número de personas que componen el Registro Social de Hogares (RSH) del/la postulante. 6. Plazo máximo para acceder a la solución habitacional de 5 años:  desde la formación de la organización habitacional hasta la entrega de la vivienda. 7. Eliminación del ahorro mínimo:  para familias sin capacidad real de ahorro, como adultos mayores, personas en situación de discapacidad o madres solteras, entre otros. Que el ahorro mínimo que establece actualmente el DS49 sea respetado, es decir, 10UF, todo el sobre ahorro y los premios asociados a este deben ser eliminados, pues fomentan la especulación y el negocio inmobiliario. Que el Estado fiscalice efectivamente la aplicación del DS49 en cuanto a que el ahorro mínimo sea aplicado, pues aunque se ahorre como mínimo 30UF al día de hoy, la calidad y cantidad de las viviendas sociales entregadas es deficiente. 8. Único requisito de postulación a la vivienda social: SER POBRE Y NO TENER VIVIENDA:  adaptar los requisitos del DS49 a las condiciones de las personas actuales, permitiendo la postulación de personas solas, sin núcleo familiar, que acrediten no tener vivienda propia y ser pobre (hasta el 90% en Registro Social de Hogares). Que el RSH se congele al momento de la conformación definitiva de la organización habitacional, es decir, cuando cierra sus cupos y se inscribe en Serviu, y no con posterioridad, pues la situación de las familias es cambiante y podría quedar excluido de la postulación colectiva.   9. Nueva Ley Habitacional para Viviendas Sociales:  que regule todos los aspectos de las necesidad habitacional del país en cuanto a viviendas sociales, para evitar estar a merced de las voluntades de los gobiernos de turno. Debe contemplar la regulación de todas, cada una, y diferenciadamente, las organizaciones afines a la vivienda social (Comités de Vivienda, Cooperativas de Vivienda, Tomas, Campamentos, Comités de Adelanto, Juntas de Vecinos, etc.). Debe contemplar el acompañamiento técnico por parte de cada institución involucrada, desde: la conformación de la organización de vivienda, inicio de obras, entrega de llaves, postventa, hasta expiración de cumplimiento de garantías (para vivienda y mejoramiento). 10. Creación de Empresa Estatal Constructora de Vivienda Social: con presencia nacional, participación vinculante de los beneficiarios del proyecto habitacional, que no esté orientada por el lucro , sino por la maximización de la calidad de vida de quienes optan al subsidio habitacional. 11. Censo habitacional real:  realizar a la brevedad un Censo Habitacional que contemple a personas en situación de calle, hacinadas, allegadas, arrendatarias, en Tomas y Campamentos, en situación habitacional irregular, y endeudadas, que contemple aspectos cualitativos y cuantitativos, que permita una comprensión multidimensional e integral del problema de la vivienda en Chile. 12. Partida presupuestaria habitacional 2026:  nos oponemos tajantemente a la especulación y el lucro por parte de las inmobiliarias y constructoras. En lo inmediato, la partida presupuestaria 2026 para vivienda, debe ajustarse al precio de mercado y a la plusvalía de los suelos en cada comuna, para evitar el desarraigo de las personas de sus redes de apoyo y acceso a servicios. 13. Subsidio de arriendo VINCULANTE y automático a proyecto habitacional definitivo:  para todos los socios de las organizaciones habitacionales desde el momento de su inscripción en el Libro de Socios, independiente de la vulnerabilidad RSH del/la postulante. Que contemple la TOTALIDAD DEL MONTO DE ARRIENDO más gastos comunes con una duración de la totalidad del tiempo que media entre su adhesión a la organización habitacional, hasta la consecución de la vivienda . Exigimos que el Estado fiscalice la correcta asignación de los subsidios. El subsidio de arriendo debe apuntar a desburocratizar los requisitos y no debe exigir acreditación de renta, asignaciones directas para casos relevantes (como violencia intra familiar (VIF), en situación de calle y otros), etc. 14. Capacitaciones gratuitas permanentes para dirigentes de la vivienda: capacitaciones presenciales, de frecuencia acorde a las necesidades, que privilegie los sectores rurales, urbanos periféricos y aislados, facilitando recursos, medios y capacidades para adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones habitacionales. Sus contenidos deben ser definidos por las partes interesadas, y no deben apuntar a la cooptación de las organizaciones ni sus dirigencias hacia políticas asistencialistas, burocráticas o electorales. Las y los dirigentes sociales y habitacionales rechazamos todo tipo de registro de habilitación, que pretenda validar desde el Estado y no desde la autonomía de las comunidades, sus dirigencias. 15. Unificación, bajo criterios técnicos fundados que apunten a la agilización de las soluciones habitacionales, por parte de Serviu y municipalidades:  a nivel nacional los criterios de información y trabajo del Serviu con las organizaciones habitacionales, y obligar a las municipalidades a participar activamente en los procesos desde la conformación de la organización hasta la adjudicación de los proyectos. 16. Equipamiento de los proyectos habitacionales:  debe contemplar parques para mascotas de acuerdo al catastro de cada organización, además, 10m2 de área verde por persona, junto con área infantil que incluya juegos, zonas para el esparcimiento y elementos para el desarrollo integral de las infancias. 17. Fin al sistema de puntuaciones:  el foco de las políticas públicas habitacionales debe ser la urgencia y agilización del acceso a la vivienda y no parches burocráticos como son el orden de prelación que sólo encubren el fracaso de las políticas habitacionales, dejando postergado a los de siempre. Si bien es necesario un orden respecto a la solución del problema habitacional, todas las personas tienen el mismo derecho a la vivienda, y debe ser atendido oportunamente, siendo el plazo máximo de espera, 5 años. 18. Fiscalización y combate a la corrupción:  fiscalizar efectivamente la corrupción al interior de las reparticiones públicas, que efectivamente las soluciones habitacionales sean adjudicadas para pobladores sin casa, y no para funcionarios públicos con una o más propiedades. 19. Periodo de restricción para venta o arriendo de 5 años:  en caso de no utilizarla, la vivienda debe ser reasignada por votación de la organización habitacional beneficiada, nuestro objetivo es construir barrios de forma colectiva. Esto debe llevarse adelante mediante la lista de espera elaborada por la misma organización habitacional. 20. Exención de impuestos y contribuciones:  en los proyectos habitacionales de vivienda social en todo el proceso del proyecto, tanto a Dirección de Obras Municipales como Servicio de Impuesto Interno, entre otros. 21. Creación de “Mesas de Gobernanza” a nivel regional: entre autoridades pertinentes y todas las organizaciones habitacionales, con el objetivo de dar solución definitiva al problema de la vivienda para el pueblo, tratando todas las temáticas respectivas en cuanto al análisis de la realidad poblacional, leyes, políticas, normas, etc., siendo vinculante cada una de las decisiones que sean acordadas, con especial atención a la voz de las organizaciones habitacionales.     Suscriben las organizaciones habitacionales:   1. Comité de Vivienda Resistencia Pobladora, Chillán, región del Ñuble 2. Comité de vivienda Valle Esperanza, Limache, región de Valparaíso 3. Federación Regional de Pobladores - FEREPO, región de Ñuble 4. Cooperativa de Vivienda 17 de Mayo, Cerro Navia, región Metropolitana 5. Organización comunitaria y comité habitacional Suyai, Campamento de Placilla, comuna de San Antonio, región de Valparaíso 6. Coordinadora 5’ Costa San Antonio del cerro Centinela, comuna de San Antonio, región de Valparaíso 7. Comité de Vivienda Fuerza Campesina del Malleco, comuna de Collipulli, región de la Araucanía 8. Comité de Vivienda Vicente Solís, comuna de Cerro Navia, región Metropolitana 9. Campamento Chile Sueña, comuna de Antofagasta, región de Antofagasta 10. Comité de Vivienda Fuerza Campesina, comuna de Coihueco, región de Ñuble 11. Comité de Vivienda San Andrés de la Chimba, Antofagasta 12. Comité de Vivienda América Unida 13. Campamento Dignidad, comuna de La Florida, Región Metropolitana 14. Comité Resistencia 17 de Mayo, comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana 15. Comité Vicente Solis, comuna de Cerro Navia, región Metropolitana

Distintos comités de Santiago marcharon por la Alameda hacia el Ministerio de Vivienda para exigir avances en sus proyectos y medidas que apunten a resolver la crisis habitacional que vive el país. Lee acá el comunicado de las organizaciones convocantes del Viviendazo 2025.    Comunicado Público Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna, Tejer-Construir, Alianza Yungay y  Coordinadora por el Terreno Aldeas SOS. Nuestro país arrastra, desde hace décadas, una profunda y dolorosa crisis habitacional. Miles de familias, trabajadoras y pobladoras, vivimos en la precariedad, el hacinamiento y la incertidumbre, esperando una solución digna que el Estado aún no logra garantizar. Esta crisis se agrava día a día, mientras observamos cómo la esfera pública se inunda de una campaña electoral que, a menudo, ignora la urgencia de quienes no tienen un techo. En este contexto, las y los sin casa no podemos esperar más. La vivienda es un derecho fundamental, no un bien de mercado. Es por eso que hoy, las organizaciones firmantes nos unimos y alzamos la voz para exigir a las autoridades y a todos los actores políticos involucrados que pongan fin a la inercia y actúen con la urgencia que esta crisis demanda. Necesitamos acciones concretas que trasciendan los ciclos electorales y aseguren un futuro digno para nuestras familias y comunidades.   Nuestras exigencias: Avanzar en la conquista de nuestros derechos. Para avanzar de forma real y estructural hacia el derecho a la vivienda digna, exigimos:   Continuidad y mejora del Plan de Emergencia Habitacional (PEH):  El PHE debe ser fortalecido, desburocratizado y dotado de los recursos necesarios para acelerar la entrega de soluciones que cumplan con estándares de dignidad, pertinencia territorial y calidad para las miles de familias sin casa. Creación de una Ley General de Vivienda:  Es imperativo poner fin a la articulación de decretos fragmentados. Necesitamos un marco legal único y robusto que consagre la vivienda como un derecho social y establezca  obligaciones claras del Estado para su cumplimiento efectivo, garantizando la participación de las organizaciones sociales y comunidades en su elaboración. ¡Fin a la especulación inmobiliaria!  El valor del suelo no puede seguir a la deriva de las ganancias del mercado. No toleraremos que continúen existiendo miles de construcciones vacías, listas para la venta o la especulación, mientras miles de familias viven en campamentos, de allegados o pagando altos valores de arriendo. ¡El suelo debe cumplir una función social! Expropiación de terrenos en desuso y fin al "ahorro adicional":  Exigimos que el Estado utilice sus facultades para expropiar terrenos aptos que se encuentran abandonados o sin uso. Las familias no podemos seguir pagando los costos de la especulación inmobiliaria a través de exigencias de ahorro adicional inalcanzables (sobre los cuatro millones de pesos). No más sacrificio de las familias para pagar la ganancia de quienes especulan con la tierra. Fin a la criminalización de las tomas y a los desalojos:  La toma es una respuesta desesperada ante la desidia y abandono del Estado. Exigimos el cese inmediato de la criminalización de la lucha por la vivienda y de los desalojos sin soluciones habitacionales efectivas y dignas para las familias afectadas.   Las organizaciones de pobladores y pobladoras hemos demostrado que somos capaces de organizarnos y luchar para dar   soluciones desde nuestra base social, desde cada asamblea de nuestros comités de vivienda. Y que estamos movilizados/as y decididos/as  a conquistar nuestro derecho a vivir en barrios dignos y seguros. No somos un número más en las estadísticas; somos miles de familias trabajadoras que, día a día, con esfuerzo y dignidad, construimos este país. Aportamos a la economía y a la sociedad, sacrificándonos para ganar el pan, y es inaceptable que se nos niegue el derecho básico a un hogar digno. El Estado debe dejar de gestionar nuestra situación como una mera emergencia y empezar a reconocernos como sujetos de derecho que demandamos un cambio estructural en la política habitacional.   ¡La lucha nos dará lo que el Estado y los poderosos nos niegan! ¡Arriba las y los que luchan!   Martes 18 de noviembre del 2025   Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna   Tejer-Construir Alianza Yungay Coordinadora por el Terreno Aldeas SOS

Más de 350 trabajadores cumplen 12 días de huelga ante una constructora que ya ha sido multada por no pagar salarios y no cuidar la seguridad de los trabajadores, quienes denuncian nuevas irregularidades, la intransigencia de la empresa y la falta de fiscalización laboral, sanitaria y ambiental del Estado. Este viernes se cumplen 12 días de paralización de las obras de la central Hidroeléctrica Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío, luego de que la constructora China First Highway Engineering Co Ltda, a cargo de las obras, mantiene una serie de incumplimientos sobre derechos básicos de los trabajadores. Ante la intransigencia de la empresa a las demandas de sus trabajadores organizados en los sindicatos SINTEC-Chile y SITECO-Chile, El Pincoyazo revisó datos de la Dirección del Trabajo (DT), identificando que en solo seis meses la empresa ha recibido 8 multas por infringir la normativa laboral. 8 Multas cursadas por la Dirección del Trabajo: No pagar remuneraciones No suprimir factores de peligro en el trabajo No tener duchas con agua fría y caliente No llevar registro de asistencia y horas de trabajo en base a exigencias legales Nos disponer documentos necesarios para fiscalización y conciliación laboral (2) No asistir a citación de la DT (2) Nuevos incumplimientos laborales, de salud y ambientales Según informó Radio Biobío , el SINTEC-Chile denunció una serie de incumplimientos a distintas normativas, que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la obra en su conjunto, por lo cual demanda la fiscalización de los organismos públicos competentes, como es la misma DT, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Seremi de Salud del Biobío y el Ministerio de Energía. 1. Construcción fuera de norma técnica chilena : Se han instruido y ejecutado trabajos sin respetar las normas chilenas de diseño sísmico y estructural (NCh 430, NCh 433, NCh 2728). Se han levantado estructuras metálicas y de hormigón sin estabilidad ni refuerzo suficiente, según lo establecido en los planos originales aprobados. Trabajadores han denunciado la eliminación de armaduras y refuerzos, lo que genera riesgo de colapso parcial o total. 2. Fundaciones sobre terreno inadecuado : Parte de las obras se ejecutan sobre material inerte no rocoso, incumpliendo los estudios de suelo y las condiciones definidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°159/2016). Pudiendo ocasionar asentamientos diferenciales y fallas irreversibles. 3. Planta de hormigón no autorizada ni fiscalizada : La empresa mantiene una planta interna de producción de hormigón sin autorización ni control de calidad externo, infringiendo la RCA y el D.S. N°594/1999 del Minsal. No existen certificados de ensayo ni trazabilidad de materiales, situación que pone en duda la resistencia de los elementos estructurales. 4. Riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores : Se desarrollan faenas sin medidas de seguridad industrial adecuadas, sin cascos certificados, sin líneas de vida ni señalización. No se han implementado planes de emergencia, rutas de evacuación ni comités paritarios activos. Se incumple el artículo 184 bis del Código del Trabajo, que obliga a todo empleador a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. 5. Ausencia de fiscalización estatal efectiva : La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud no han realizado inspecciones integrales pese a las denuncias formales. Tampoco se han fiscalizado los compromisos sociales y ambientales contenidos en la RCA, lo que evidencia una omisión grave del deber de vigilancia del Estado. 6. Incumplimiento de acuerdos alcanzados en la Municipalidad de Santa Bárbara : En la reunión sostenida con el alcalde Cristián Oses Abuter, la empresa se comprometió a: ▪ Disponer buses de transporte seguros y permanentes para los trabajadores. ▪ Entregar una respuesta formal al petitorio sindical. ▪ Implementar medidas de seguridad y comunicación directa con los representantes laborales. Ninguno de estos compromisos fue cumplido. A la fecha, los trabajadores continúan expuestos a riesgos y sin respuesta oficial. 7. Desconocimiento y hostigamiento a los trabajadores organizados : La empresa ha emitido comunicados calificando de “ilegal” la paralización de funciones, en circunstancias de que dicha acción responde a incumplimientos graves de contrato y vulneraciones al derecho a la seguridad. Esta conducta constituye una práctica antisindical, prohibida por el artículo 485 del Código del Trabajo y los convenios internacionales de la OIT. Lee acá " Abuso empresarial en el Biobío: SINTEC paraliza indefinidamente obras de Central Hidroeléctrica Rucalhue"

Ninguna medida apunta a frenar la especulación con el precio del suelo. Todos coinciden en fomentar el endeudamiento. Kaiser busca privatizar terrenos públicos y que los SERVIU no compren suelo; Kast quiere reducir el DS49 y quitar la aislación térmica; Matthei propone dar más subsidios y garantías a los bancos mientras Jara busca fortalecer los SERVIU y crear empresas público-privadas. Este domingo se define quiénes pasarán a segunda vuelta en la elección de la próximo gobierno 2026-2030. Por eso es que un equipo del Pincoyazo revisó las propuestas programáticas en vivienda de las cuatro candidaturas con opciones de pasar a segunda vuelta, para analizar sus alcances y limitaciones. En términos generales, ninguna candidatura apunta a cambiar algún aspecto estructural del actual modelo de producción de vivienda basado en la política neoliberal. Y si bien los programas presidenciales nunca cumplen gran parte de sus medidas, sirven para identificar los proyectos políticos de cada sector. Las causas de la crisis habitacional son, principalmente: El control en manos privadas de grandes porciones de suelo urbano y la especulación que los dueños hacen con el precio de los terrenos. La ausencia de facultades para expropiar a precios justos en favor de la vivienda social. La falta de una constructora pública que permita construir en función de resolver la necesidad y no alimentar la ganancia privada. El gran traspaso de recursos públicos hacia los bancos y empresas en forma de subsidios y préstamos. Lee acá " Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional" A continuación, presentamos extractos de las principales medidas en materia de vivienda, las cuales no apuntan a la raíz del problema, pero sí dan luces de los énfasis que cada sector hace en función del segmento de la sociedad cuyos intereses representan. Kaiser: la apuesta más extrema por privatizarlo todo Privatizar terrenos públicos Facilitar la adquisición de terrenos fiscales por parte de inversores privados y ofrecer incentivos para el desarrollo de proyectos de vivienda.   Suspender la adquisición de nuevas propiedades y terrenos por parte del Fisco. Los recursos liberados se destinarán a la reducción del déficit fiscal y a otros sectores prioritarios del gobierno.   Desregular normas urbanas Propone una liberalización integral del mercado inmobiliario, eliminando las restricciones que obstaculizan la inversión privada, con lo cual pretende aumentar la oferta de viviendas y disminuir los precios.   Promover la construcción en altura y densificar áreas consolidadas a través de cambios a planes reguladores.   Eliminar impuestos a las empresas Eliminar el impuesto a la compra de viviendas, y también el pago de las contribuciones. Fomentar el mercado privado del arriendo Reducción de regulaciones sobre el arrendamiento para incentivar la oferta.   Promover la contratación de seguros de impago de arriendos y facilitar el acceso a estos seguros a través de convenios con aseguradoras.   Facilitar el acceso a financiación para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento.   Profundizar la construcción de vivienda privada Promover fondos de inversión inmobiliaria especializados en viviendas de bajo costo. Ofrecer incentivos fiscales y otros beneficios a las empresas y ONG que participen en la financiación y gestión de programas de vivienda transitoria. Kast: reducir el DS49 y apuntar a eliminar los comités de vivienda Si bien el programa de Kast es muy poco detallado en contenidos y dedica solo un párrafo para referirse a propuestas de vivienda, una reciente participación de Iván Poduje (integrante de su equipo programático) en un foro de la Cámara Chilena de la Construcción permite identificar con más detalle hacia dónde apunta su política. A continuación, compartimos extractos de la presentación del urbanista, del cual estos días se identifico su trabajo en red con trolls funcionales al Partido Republicano, según informó CIPER : Mientras no se extienda el Plan de Emergencia Habitacional, vamos a hacer 11 cambios a OGUC y PRM que permitan hacer operativo el concepto de la emergencia habitacional, permitiendo aumentar densidad y altura, y uso de norma supletoria para expandir límite urbano. Cambiar 5 guías normativas de programas DS49 y DS01, para reducir el nivel de detalle que tienen los proyectos (exigencias de calidad) que alargan los trámites en la DOM y SERVIU. 10 medidas para reducir los costos, postergando exigencias de aislación térmica (12% del valor), reducir cantidad de deptos DS49 , porque es más caro, más lento, es una caja que produce hacinamiento y mala vejez. Potenciar el único programa que creemos ha funcionado bien, que es el FOGAES, lo vamos a ampliar de 50 a 100 mil viviendas (garantías a los bancos para fomentar endeudamiento). Focalizar el subsidio para reducir la tasa de un 10 a un 5%, y también para reducir el dividendo , con lo que es la tasa pre-estallido, que es una tasa que permita a las familias postular a una tasa del 2,3% y no del 4% que hay hoy. Con eso, el monto del dividendo va a bajar de 2,5 millones a 2 millones, y el pie va a bajar también, masificando el acceso a la clase media a través de un programa DS2 , que va a incluir terrenos ( programa mi terreno , inspirado en operación sitio, con terrenos urbanizados y considerando habilitación de suelo para estos terrenos, exigiendo a las sanitarias que amplíen su territorio operacional con prorrateo tarifario y no cargo al proyecto). Propuesta para intervenir barrios críticos con problemas de seguridad y hacinamiento , tomando la idea de zonas de emergencia habitacional, aplicando todas las disposiciones que tiene el estado de catástrofe para agilizar permisos, agilizar inversiones sin necesitar tener un RS y doble toma de razón por la Contraloría, incluyendo una mayor cantidad de reparación de vivienda, subiendo a 100 mil al año. Matthei: entregar más garantía para los bancos La alicaída candidata de Chile Vamos tiene a cargo de su equipo el ex subsecretario del MINVU durante el segundo gobierno de Piñera, Guillermo Rolando, lo cual queda reflejado en el tipo de medidas propuestas, que junto con profundizar el actual modelo, mantiene un rol pasivo del Estado y. el protagonismo privado, pero sin apuntar a su reducción completa, como ocurre con Kaiser y Kast: Promesa de 400.000 nuevas viviendas:  ampliar el alcance de la política habitacional, incorporando a los sectores medios que hoy no tienen pie a subsidios ni créditos. Redefinir la vivienda de interés público hasta los 4.500 UF y un paquete de medidas: concretar más soluciones en los programas actuales de construcción, compra y arriendo, mejorar el acceso del crédito hipotecario, crear incentivos tributarios, aumentar la capacidad actual de construcción vía esquema de concesiones . Crear créditos con Pie Cero para que familias jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.   Implementar una garantía estatal tipo Fogape para que beneficiarios de subsidio y jóvenes accedan a crédito hipotecario, otorgando a los bancos doble garantía: propiedad y aval del Estado.   Ampliar los beneficios tributarios para créditos hipotecarios.   Eximir transitoriamente el IVA en primeras viviendas y daremos beneficios e incentivos al primer comprador.   Terminar con la "permisología" para la construcción: Dejar sin efecto leyes y normativas, como la llamada Ley del Ducto, con el fin de acelerar la construcción de viviendas, otorgar más permisos de edificación y disminuir los costos asociados a una mayor normativa.   Terrenos para vivienda: Priorizar los terrenos públicos en desuso para proyectos habitacionales y urbanos, mediante un registro público de suelos estatales. Impulsar proyectos mixtos a través de licitaciones, alianzas y herramientas como concesiones, arriendos y usufructos, potenciando el rol de Desarrollo País. Eliminar restricciones al uso de suelo en zonas centrales o con alta inversión urbana para evitar alzas de precios. Además, se intervendrán zonas condicionadas sin avances en vivienda social, habilitando terrenos con inversión pública, ajustes normativos y coordinación entre ministerios, municipios y empresas de servicios. Jara: potenciar capacidades de los SERVIU donde la empresa privada no renta El programa de Jara demuestra la continuidad del actual gobierno de Boric, e incluso en el papel, con medidas mucho menos atrevidas del programa que ofreció el frenteamplista en su campaña que, como ya sabemos, en su gran mayoría no se cumplieron: Fortalecerlos SERVIUs regionales: dar curso a aquellos donde no existe suficiente interés por parte del sector privado de manera que asuman con mayor propiedad la tarea de diseñar y construir todos aquellos proyectos habitacionales que su territorio les demande.   Aceleración de la Construcción de Viviendas mediante métodos industrializados.  Se impulsará un plan nacional para utilizar al máximo la capacidad instalada de producción de viviendas industrializadas.   Hipotecazo para jóvenes entre 25 y 40 años. La propuesta pretende resolver esa dificultad garantizando el acceso en propiedad a la vivienda de hasta $100 millones para los jóvenes en condiciones de pagar un dividendo de hasta $300.000 reajustables en UF.   Para ello, cambiar el sistema, facilitando el acceso al crédito hipotecario para jóvenes, premiando la capacidad de ahorro, mediante la constitución de programa de vivienda dotado de un fondo de garantía análoga al actual FOGAES, que permita a personas menores de 40 años la adquisición de viviendas nuevas y usadas cuyo valor no supere las 3.000 UF ; y mediante el otorgamiento del subsidio DS01 a los postulantes que ahorren mensualmente un monto de 5 UF mensuales por 3 años corridos, con lo que el Estado duplicará el monto ahorrado para el pie en hasta 180 UF.   El programa se compondrá de:   1. Fondo de Garantía Estatal Concursable operado por BancoEstado y abierto a la participación de cualquier banco que desee incorporarse al sistema y que garantizara con fondos estatales los montos prestados a este efecto;   2. Un subsidio para aportar como pie a la banca cuyo monto promedio debiera oscilar en torno a los $20 millones por operación;   3. Un mecanismo de financiamiento que aporte el 90% del valor solicitado a ser pagado en el plazo de 30 años;   4. Una tasa de interés fija que no supere el 3,5% anual en UF; y   5. Un mecanismo de evaluación de riesgo que pondere la presencia de un ahorro anual en una libreta de vivienda que, en el curso de dos años, registre sin discontinuidades un ahorro mínimo mensual supere las 8 UF.   Fortalecer al Fondo de Infraestructura S.A. permitiéndole gestionar proyectos habitacionales e inmobiliarios. Ampliar las modalidades de acceso a la vivienda con proyectos habitacionales gestionados por el Fondo de Infraestructura S.A., que actuará como una empresa inmobiliaria pública y que podrá desarrollar proyectos de gestión inmobiliaria y habitacional.   Crear Sociedades Mixtas, entre el Estado, instituciones y empresas públicas y privadas , cuyo patrimonio en suelo, sean estos urbanos o en áreas de crecimiento urbano que queden bajo los parámetros de los Planes Habitacionales Estratégicos, para ser utilizados en el crecimiento programado de esos territorios. Revisa los programas completos acá: Kaiser Kast Matthei Jara