A 52 años del golpe: Memoria histórica para entender el origen de la desigualdad actual

Desde El Pincoyazo compartimos una lectura histórica del golpe de Estado, el papel de las violaciones a los derechos humanos, las principales transformaciones económicas de la dictadura y una reflexión sobre la importancia de fortalecer los circuitos de comunicación popular y la formación política dentro de las organizaciones sociales para aportar en la lucha por una vida digna para quienes creamos la riqueza del país.

El golpe de Estado del 73 dio inicio a una revolución capitalista que hasta el día de hoy define cómo se vive en Chile. El trabajo, la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, entre otras áreas de la vida, siguen ancladas a la forma de sociedad que se diseñó a partir de ese hecho, orientadas a hacer de todas las cosas un nicho de negocio a costa del empobrecimiento masivo.

Violaciones a los derechos humanos: un instrumento

La represión dictatorial se orientó, selectivamente, a perseguir y desaparecer a los opositores políticos y a las dirigencias del movimiento popular. Pero también a generar miedo en la población para impedir cualquier tipo de resistencia a la instalación de políticas empobrecedoras, necesarias para privatizar las empresas públicas y recursos naturales, ampliar los nichos de negocio en la vivienda, salud y educación, incentivar la inversión extranjera y asegurar la acumulación de riqueza a largo plazo.

Esta acción fue clave durante los primeros años de la dictadura. En ese sentido, las detenciones, torturas, desapariciones, fusilamientos y operaciones de guerra psicológica a través de los medios de comunicación deben entenderse como un instrumento que buscó generar las condiciones necesarias para instalar un nuevo modelo de sociedad, y no como un fin en sí mismo.

Algunas políticas empobrecedoras de la dictadura que siguen vigentes:

Privatización de empresas del Estado

Hasta 1982 la dictadura había privatizado cerca de 500 empresas del Estado de los distintos sectores de la economía (financiero, productivo y comercial). Pero cuando llegó la crisis de 1982, volvieron a refugiarse en el Estado, usándolo para salvar a los bancos y con ello a todo el sistema, para luego ser reprivatizados junto a otra serie de empresas públicas, como las de telecomunicaciones (CTC y ENTEL), energía (ENDESA), producción de acero (CAP) y transporte aéreo (LAN-Chile). Entre las pocas que se salvaron están CODELCO, ENAP y el Banco del Estado.

Con esto, se desmanteló casi por completo el rol activo del Estado en la economía surgido desde la crisis de 1930, para dar paso al Estado subsidiario, entregando el protagonismo de todas las esferas de la vida a la empresa privada, en un modelo que hasta hoy define la vida social y es causa de una desigualdad cada vez mayor.

Creación del Sistema de AFP

Se puso fin al sistema solidario de pensiones donde los trabajadores activos sostienen a los jubilados, cargando la promesa de futura pensión por completo a la capacidad de ahorro forzoso de cada trabajador a lo largo de su vida laboral, pero con el fin de traspasar esos recursos (10% del salario) hacia el sistema financiero, sirviendo de dinero fresco para inyectar a las grandes empresas, entre ellas, las recién privatizadas.

Subcontrato y debilitamiento sindical

En 1975 se abrió la puerta a la subcontratación y luego en 1979, con el Plan laboral, se permitió su uso en todas las áreas productivas, lo que apuntó a bajar el costo de la mano de obra pero también limitar la posibilidad de resistencia y, a largo plazo, de recomposición del movimiento sindical, acotando también el alcance de la negociación colectiva, de la huelga legal, que junto a la figura de libertad sindical, que solo fomenta la división entre los trabajadores para desintegrar a los sindicatos, sellaron el debilitamiento del poder de los trabajadores.

Privatización de la Educación

En educación escolar se creó un sistema de financiamiento en base a una subvención estatal por estudiante, que podrían recibir colegios municipales y privados, haciéndolos competir en condiciones desiguales, lo que inició un traspaso masivo de matrícula pública -y con ello de recursos- hacia el sistema privado.

Junto a esto, se traspasó la administración de los colegios desde el Estado central hacia los municipios y, en muchos casos, hacia corporaciones municipales, una forma de privatización encubierta que creó la misma dictadura, como también ocurrió con la salud.

En educación superior, se desarticuló la red de universidades públicas y se orientó a un funcionamiento mercantil, fomentando el negocio de las privadas, junto con crear un sistema de créditos para la educación universitaria y técnico profesional, dirigido a ampliar el mercado a través del endeudamiento de las familias. 

Privatización de la Salud

Desde 1979 la dictadura puso fin al sistema público de salud, abriendo paso a un gran mercado de salud privada a través de la creación de las Isapres (seguros) y clínicas (prestadores), que absorberían una gran cantidad de usuarios con capacidad de pago y endeudamiento, y cuyo negocio es alimentado a través de distintas formas de derivaciones desde el sistema público a las clínicas, que son mucho más caras, pero financiadas con recursos públicos.

El análisis a 52 años

Durante las últimas décadas han habido muchos procesos de lucha locales y nacionales por salud, trabajo, vivienda, educación y pensiones, y es importante mirarlas con ojo crítico para identificar sus aciertos y limitaciones.

En muchos ámbitos, las organizaciones populares han logrado alcanzar objetivos, pero principalmente respecto de sus demandas inmediatas y de forma parcial, como es acceder a una vivienda, a una carrera universitaria, a aumentar la cobertura de salud, los salarios y la pensión básica, aspectos que si bien son importantes, no son suficientes para vivir dignamente. En prácticamente todos estos casos, esos objetivos inmediatos no han sido acompañados de avances que realmente fisuren el modelo.

Aunque pueda sonar contradictorio, gran parte de las salidas que ha entregado el sistema político a los conflictos sociales desde entonces ha sido profundizando el modelo heredado de la dictadura, en el sentido de otorgar más recursos y garantías a la empresa privada para atender distintas demandas. Eso ha caracterizado al trabajo del Congreso a lo largo de todo el retorno a la democracia a la hora crear o cambiar leyes en temas como vivienda, salud, educación, trabajo y pensiones.

Esa continuidad histórica, más allá de qué sector político ha conseguido llegar a La Moneda o la mayoría parlamentaria, da cuenta de un acuerdo transversal por resguardar la salud del sistema político, pero sobre todo del modelo neoliberal, lo que luego fue reafirmado con el acuerdo del 15 de noviembre post estallido social, en particular con el rol jugado por el Frente Amplio.

Con esta reflexión no pretendemos cuestionar esos procesos de lucha, sino mirarlos desde una visión crítica para contribuir al fortalecimiento de los procesos actuales y futuros. Por eso es que, algo que nos parece importante evaluar es si a través de estos distintos procesos de lucha se ha logrado crear y fortalecer movimientos populares que trasciendan a un determinado conflicto.

Si bien abundan experiencias de diverso tipo, el panorama no es muy alentador visto en una perspectiva histórica más amplia, porque muchas veces esos movimientos han terminado siendo instrumentalizados, desviando el foco de su acción hacia distintos fines, y no solo electorales, lo que ha limitado sus alcances y, en muchos casos, los ha llevado a desaparecer de la historia.

Para avanzar hacia una vida digna es necesario fortalecer las distintas organizaciones que surgen desde el mundo popular. Y en ese trabajo, es fundamental mirar hacia atrás, entender cómo se diseñaron las políticas que hoy nos amarran a la pobreza material y a la exclusión política para contribuir a pensar en distintas formas que nos permitan transformarlas. Para esto es fundamental que los movimientos populares tengan larga vida, trasciendan a una determinada lucha y puedan madurar.

Junto a esto, es fundamental entender que la participación popular se da mediante la organización, el estudio, la planificación y la movilización, entre otras acciones que van mucho más allá de votar cada cuatro años. En ese sentido, es importante tomar el peso que tiene el modelo neoliberal en cuanto a que aún mantiene en el sentido común de la población la idea de que el voto es la principal herramienta para hacer cambios, y no el protagonismo de la misma mayoría organizada, pese a que tras cada elección la realidad material indica lo contrario, cambian los gobiernos y lo único que cambia realmente es la hora de invierno.

Para fortalecer el campo de las organizaciones populares hoy, también urge trabajar de manera más intensa en la formación política de ellas y en ampliar los canales y espacios de discusión honesta y fraterna de estas, un ejercicio en el que creemos hoy estamos al debe como pueblo, aislados en nuestras peleas inmediatas, pero sin mirar y pensar más allá lejos.

En esta tarea buscamos contribuir desde El Pincoyazo, alimentando el circuito de comunicación popular, dando tribuna a las voces que luchan, entregando herramientas para la formación dirigencial y poniendo sobre la mesa información y reflexiones que no siempre están a la mano, para así contribuir al debate informado en nuestras poblaciones y territorios.