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Alcalde y concejales de derecha alineados incluyeron al PPD y DC para dirigir la privatización de la cultura, el deporte y fomento productivo en Huechuraba, mientras concejales Román (PPD) y Plaza (PC) se abstuvieron, Hernández (FA) votó aislada por otros candidatos y Kaelín (PL) se inhabilitó por tener un familiar que trabaja en el área de deportes. En la sesión extraordinaria N°20 del 19 de noviembre de 2025, el concejo municipal aprobó la designación de dos puestos de cinco del directorio que estará a cargo de la nueva Corporación de Cultura y Deportes de Huechuraba.   Esta votación surge unos meses después de que el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) y el concejo municipal tomaran la decisión de   privatizar la gestión del deporte y cultura en Huechuraba bajo la figura de una corporación municipal , lo cual incluye a dos de los espacios más emblemáticos y valorados por la comunidad: el complejo deportivo Jorge Inostroza, más conocido como “7 Canchas”, y el Centro Cultural La Pincoya. Ambos recintos han ofrecido durante décadas servicios completamente gratuitos y abiertos a todo el público y ahora podrían ser objeto de restricciones de acceso. Lee acá " Avanza la privatización: Concejala PS dio quorum a Luksic para aprobar la Corporación Municipal de Cultura y Deporte en Huechuraba"     PPD y DC electas con votos de la derecha   Durante la votación, el alcalde Luksic (UDI) junto a los concejales Jorge Arancibia (REP), Fernando Pérez (RN) y Humberto Allendes (Evópoli) respaldaron las candidaturas de Natalia Piergentili (PPD) y Marigen Hornkohl (DC).   Pero, ¿por qué solo el alcalde y los concejales de derecha votaron alineados por estas dos candidatas que, al menos en teoría, responden a otro sector político? Y ¿por qué elegirlas a ellas y no a otras personas?     ¿Quién es Natalia Piergentili?   Ex presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), con cargos durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. En 2024, CIPER comprobó que, mientras ejercía como vicepresidenta del PPD, recibió al menos $3,8 millones en pagos por charlas a empresarios desde una sociedad de Zalaquett (UDI). Todo esto, cuando estalló el caso de las comidas privadas entre ministros del actual gobierno de Boric y representantes de distintos gremios empresariales en la casa del ex alcalde de Santiago.   En las comidas de Zalaquett participaban empresas y organizaciones gremiales, como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que agrupa a empresas industriales del país. En ese contexto, Piergentili dijo que asesoraba a un líder empresarial, cuya identidad mantuvo bajo reserva, y que los pagos se hacían a través de Zalaquett “para cuidarnos”.   Hoy Piergentili es Directora de Asuntos Públicos en Feedback , una agencia de comunicación estratégica que asesora a diversas empresas. Y saber a quién asesora Piergentili es información relevante para los vecinos de Huechuraba, porque ella será una de las 5 personas que llevarán las riendas de la cultura, el deporte y el fomento productivo en Huechuraba.     ¿Quién es Marigen Hornkohl?   Política de la Democracia Cristiana (DC) que fue ministra de Educación durante el gobierno de Lagos y de Agricultura durante el primer gobierno de Bachelet, donde también ejerció como embajadora de Chile en Alemania. Luego, fue designada como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el segundo gobierno de Bachelet. Previamente había trabajado también en cargos directivos y como asesora en los gobiernos de Frei y Aylwin.   Actualmente es rectora y presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes y también directora del Centro de Estudios Democracia y Comunidad , ligada a la DC, a quien presta asesorías parlamentarias .   De esta forma, Piergentili y Hornkohl se unen a Luksic, quien encabezará el directorio de la Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento, y cuya asamblea de socios deberá elegir a los otros dos integrantes del directorio. Lee acá " Nueva Corporación Municipal de Huechuraba: ¿Quiénes administrarán los recintos y recursos públicos que serán privatizados?"   Concejales de gobierno votan solos, se abstienen e inhabilitan   La concejala Fresia Hernández (FA)  votó a favor de David Cabedo y Carlos Cea.   Los concejales Genaro Román (PPD) y Bárbara Plaza (PC) se abstuvieron , argumentando ser coherentes con su anterior rechazo a la creación de esta Corporación Municipal, ya que esta busca la privatización de los servicios públicos.   La concejala María Elisa Kaelin (PL) se inhabilitó  para participar en la votación, debido a un posible conflicto de interés por tener familiares trabajando en una de las áreas que se privatizarán.

Luchadores de Barrancas, el Frente Popular y la 17 de Mayo ocuparon el edificio del gremio empresarial de la construcción denunciando cómo la empresa privada hace de la necesidad un negocio. Lee acá el petitorio de la Asamblea Nacional de Pobladores, en lo que fue un llamado nacional de protesta por vivienda digna. La mañana de este jueves 20 de noviembre, en el marco del llamado a movilización por vivienda de la Asamblea Nacional de Pobladores (ANAPO), un contingente de tres comités de vivienda realizó una acción de protesta en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), para denunciar cómo la empresa privada hace de la necesidad de cientos de miles de familias un negocio. Los pobladores de los comités Vivienda Digna - Frente Popular de Maipú y Luchadores de Barrancas de Cerro Navia, junto a la Cooperativa 17 de Mayo de esta misma comuna, ocuparon la sede gremial para leer declaraciones que junto con denunciar el problema plantean una serie de propuestas para resolverlo. Lee acá el petitorio completo de ANAPO: PETITORIO NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL DE POBLADORAS Y POBLADORES (ANAPO)      Principios 1. Independencia política:  Asumimos nuestra responsabilidad colectiva de resolver la necesidad de vivienda, por tanto, esta Asamblea no está al servicio de intereses electorales y rechazamos toda forma de estafa y engaño a los pobladores en lucha.   2. Luchar por la vía de los hechos:  Debemos luchar activamente para conquistar nuestras demandas, no aceptando los ritmos de la burocracia institucional. Sólo luchando defendemos y conquistamos. Solidarizamos y compartimos nuestras experiencias colectivas para luchar más y mejor. 3. Servir de todo corazón a nuestro pueblo y sus luchas:  Los dirigentes actuamos en servicio de nuestro pueblo y no por intereses personales de ningún tipo.   Petitorio 1. Garantizar suelos estatales para vivienda social:  que el Estado inicie un plan de expropiaciones o traspasos de suelos tanto fiscales como particulares, de “interés social” con factibilidad para uso habitacional en cada comuna, urbanos o rurales, y se haga cargo de habilitarlos con infraestructura básica (agua, alcantarillado, red eléctrica) para evitar la especulación inmobiliaria , priorizando los suelos en desuso o mal utilizados. La cantidad de suelos debe tener relación con la necesidad habitacional expresada en la cantidad de socios que conforman las organizaciones habitacionales de cada comuna, manteniendo como mínimo un 30% de su territorialidad dispuesta para vivienda social. Su localización debe considerar las redes de apoyo y conectividad a servicios. 2. Suspensión inmediata de los desalojos sin solución habitacional : que el Estado dé solución a las tomas y campamentos presentes en cada región, esto debe realizarse desde el inicio del gobierno entrante y dejar estipulada la solución habitacional a la brevedad. Lo anterior debe realizarse mediante el uso de las facultades legales que le otorga la ley 20.234, es decir, mediante la radicación y regularización de las tomas y campamentos. 3. Derogación inmediata de la ley de Usurpaciones N°21.633:  criminaliza la pobreza y la lucha organizada de pobladores y pobladoras, agudizando la crisis habitacional. 4. Habilitación inmediata de todos los servicios básicos a las tomas y campamentos:  independiente de su situación judicial - administrativa. 5. 80 m2 de vivienda social, como mínimo, con todas sus terminaciones:  las viviendas terminadas deben tener un mínimo de 80 m2 de espacio habitable para evitar el hacinamiento, sin incluir terrazas o logias (para el caso de departamentos). El tamaño de la vivienda debe adaptarse al número de personas que componen el Registro Social de Hogares (RSH) del/la postulante. 6. Plazo máximo para acceder a la solución habitacional de 5 años:  desde la formación de la organización habitacional hasta la entrega de la vivienda. 7. Eliminación del ahorro mínimo:  para familias sin capacidad real de ahorro, como adultos mayores, personas en situación de discapacidad o madres solteras, entre otros. Que el ahorro mínimo que establece actualmente el DS49 sea respetado, es decir, 10UF, todo el sobre ahorro y los premios asociados a este deben ser eliminados, pues fomentan la especulación y el negocio inmobiliario. Que el Estado fiscalice efectivamente la aplicación del DS49 en cuanto a que el ahorro mínimo sea aplicado, pues aunque se ahorre como mínimo 30UF al día de hoy, la calidad y cantidad de las viviendas sociales entregadas es deficiente. 8. Único requisito de postulación a la vivienda social: SER POBRE Y NO TENER VIVIENDA:  adaptar los requisitos del DS49 a las condiciones de las personas actuales, permitiendo la postulación de personas solas, sin núcleo familiar, que acrediten no tener vivienda propia y ser pobre (hasta el 90% en Registro Social de Hogares). Que el RSH se congele al momento de la conformación definitiva de la organización habitacional, es decir, cuando cierra sus cupos y se inscribe en Serviu, y no con posterioridad, pues la situación de las familias es cambiante y podría quedar excluido de la postulación colectiva.   9. Nueva Ley Habitacional para Viviendas Sociales:  que regule todos los aspectos de las necesidad habitacional del país en cuanto a viviendas sociales, para evitar estar a merced de las voluntades de los gobiernos de turno. Debe contemplar la regulación de todas, cada una, y diferenciadamente, las organizaciones afines a la vivienda social (Comités de Vivienda, Cooperativas de Vivienda, Tomas, Campamentos, Comités de Adelanto, Juntas de Vecinos, etc.). Debe contemplar el acompañamiento técnico por parte de cada institución involucrada, desde: la conformación de la organización de vivienda, inicio de obras, entrega de llaves, postventa, hasta expiración de cumplimiento de garantías (para vivienda y mejoramiento). 10. Creación de Empresa Estatal Constructora de Vivienda Social: con presencia nacional, participación vinculante de los beneficiarios del proyecto habitacional, que no esté orientada por el lucro , sino por la maximización de la calidad de vida de quienes optan al subsidio habitacional. 11. Censo habitacional real:  realizar a la brevedad un Censo Habitacional que contemple a personas en situación de calle, hacinadas, allegadas, arrendatarias, en Tomas y Campamentos, en situación habitacional irregular, y endeudadas, que contemple aspectos cualitativos y cuantitativos, que permita una comprensión multidimensional e integral del problema de la vivienda en Chile. 12. Partida presupuestaria habitacional 2026:  nos oponemos tajantemente a la especulación y el lucro por parte de las inmobiliarias y constructoras. En lo inmediato, la partida presupuestaria 2026 para vivienda, debe ajustarse al precio de mercado y a la plusvalía de los suelos en cada comuna, para evitar el desarraigo de las personas de sus redes de apoyo y acceso a servicios. 13. Subsidio de arriendo VINCULANTE y automático a proyecto habitacional definitivo:  para todos los socios de las organizaciones habitacionales desde el momento de su inscripción en el Libro de Socios, independiente de la vulnerabilidad RSH del/la postulante. Que contemple la TOTALIDAD DEL MONTO DE ARRIENDO más gastos comunes con una duración de la totalidad del tiempo que media entre su adhesión a la organización habitacional, hasta la consecución de la vivienda . Exigimos que el Estado fiscalice la correcta asignación de los subsidios. El subsidio de arriendo debe apuntar a desburocratizar los requisitos y no debe exigir acreditación de renta, asignaciones directas para casos relevantes (como violencia intra familiar (VIF), en situación de calle y otros), etc. 14. Capacitaciones gratuitas permanentes para dirigentes de la vivienda: capacitaciones presenciales, de frecuencia acorde a las necesidades, que privilegie los sectores rurales, urbanos periféricos y aislados, facilitando recursos, medios y capacidades para adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones habitacionales. Sus contenidos deben ser definidos por las partes interesadas, y no deben apuntar a la cooptación de las organizaciones ni sus dirigencias hacia políticas asistencialistas, burocráticas o electorales. Las y los dirigentes sociales y habitacionales rechazamos todo tipo de registro de habilitación, que pretenda validar desde el Estado y no desde la autonomía de las comunidades, sus dirigencias. 15. Unificación, bajo criterios técnicos fundados que apunten a la agilización de las soluciones habitacionales, por parte de Serviu y municipalidades:  a nivel nacional los criterios de información y trabajo del Serviu con las organizaciones habitacionales, y obligar a las municipalidades a participar activamente en los procesos desde la conformación de la organización hasta la adjudicación de los proyectos. 16. Equipamiento de los proyectos habitacionales:  debe contemplar parques para mascotas de acuerdo al catastro de cada organización, además, 10m2 de área verde por persona, junto con área infantil que incluya juegos, zonas para el esparcimiento y elementos para el desarrollo integral de las infancias. 17. Fin al sistema de puntuaciones:  el foco de las políticas públicas habitacionales debe ser la urgencia y agilización del acceso a la vivienda y no parches burocráticos como son el orden de prelación que sólo encubren el fracaso de las políticas habitacionales, dejando postergado a los de siempre. Si bien es necesario un orden respecto a la solución del problema habitacional, todas las personas tienen el mismo derecho a la vivienda, y debe ser atendido oportunamente, siendo el plazo máximo de espera, 5 años. 18. Fiscalización y combate a la corrupción:  fiscalizar efectivamente la corrupción al interior de las reparticiones públicas, que efectivamente las soluciones habitacionales sean adjudicadas para pobladores sin casa, y no para funcionarios públicos con una o más propiedades. 19. Periodo de restricción para venta o arriendo de 5 años:  en caso de no utilizarla, la vivienda debe ser reasignada por votación de la organización habitacional beneficiada, nuestro objetivo es construir barrios de forma colectiva. Esto debe llevarse adelante mediante la lista de espera elaborada por la misma organización habitacional. 20. Exención de impuestos y contribuciones:  en los proyectos habitacionales de vivienda social en todo el proceso del proyecto, tanto a Dirección de Obras Municipales como Servicio de Impuesto Interno, entre otros. 21. Creación de “Mesas de Gobernanza” a nivel regional: entre autoridades pertinentes y todas las organizaciones habitacionales, con el objetivo de dar solución definitiva al problema de la vivienda para el pueblo, tratando todas las temáticas respectivas en cuanto al análisis de la realidad poblacional, leyes, políticas, normas, etc., siendo vinculante cada una de las decisiones que sean acordadas, con especial atención a la voz de las organizaciones habitacionales.     Suscriben las organizaciones habitacionales:   1. Comité de Vivienda Resistencia Pobladora, Chillán, región del Ñuble 2. Comité de vivienda Valle Esperanza, Limache, región de Valparaíso 3. Federación Regional de Pobladores - FEREPO, región de Ñuble 4. Cooperativa de Vivienda 17 de Mayo, Cerro Navia, región Metropolitana 5. Organización comunitaria y comité habitacional Suyai, Campamento de Placilla, comuna de San Antonio, región de Valparaíso 6. Coordinadora 5’ Costa San Antonio del cerro Centinela, comuna de San Antonio, región de Valparaíso 7. Comité de Vivienda Fuerza Campesina del Malleco, comuna de Collipulli, región de la Araucanía 8. Comité de Vivienda Vicente Solís, comuna de Cerro Navia, región Metropolitana 9. Campamento Chile Sueña, comuna de Antofagasta, región de Antofagasta 10. Comité de Vivienda Fuerza Campesina, comuna de Coihueco, región de Ñuble 11. Comité de Vivienda San Andrés de la Chimba, Antofagasta 12. Comité de Vivienda América Unida 13. Campamento Dignidad, comuna de La Florida, Región Metropolitana 14. Comité Resistencia 17 de Mayo, comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana 15. Comité Vicente Solis, comuna de Cerro Navia, región Metropolitana

Distintos comités de Santiago marcharon por la Alameda hacia el Ministerio de Vivienda para exigir avances en sus proyectos y medidas que apunten a resolver la crisis habitacional que vive el país. Lee acá el comunicado de las organizaciones convocantes del Viviendazo 2025.    Comunicado Público Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna, Tejer-Construir, Alianza Yungay y  Coordinadora por el Terreno Aldeas SOS. Nuestro país arrastra, desde hace décadas, una profunda y dolorosa crisis habitacional. Miles de familias, trabajadoras y pobladoras, vivimos en la precariedad, el hacinamiento y la incertidumbre, esperando una solución digna que el Estado aún no logra garantizar. Esta crisis se agrava día a día, mientras observamos cómo la esfera pública se inunda de una campaña electoral que, a menudo, ignora la urgencia de quienes no tienen un techo. En este contexto, las y los sin casa no podemos esperar más. La vivienda es un derecho fundamental, no un bien de mercado. Es por eso que hoy, las organizaciones firmantes nos unimos y alzamos la voz para exigir a las autoridades y a todos los actores políticos involucrados que pongan fin a la inercia y actúen con la urgencia que esta crisis demanda. Necesitamos acciones concretas que trasciendan los ciclos electorales y aseguren un futuro digno para nuestras familias y comunidades.   Nuestras exigencias: Avanzar en la conquista de nuestros derechos. Para avanzar de forma real y estructural hacia el derecho a la vivienda digna, exigimos:   Continuidad y mejora del Plan de Emergencia Habitacional (PEH):  El PHE debe ser fortalecido, desburocratizado y dotado de los recursos necesarios para acelerar la entrega de soluciones que cumplan con estándares de dignidad, pertinencia territorial y calidad para las miles de familias sin casa. Creación de una Ley General de Vivienda:  Es imperativo poner fin a la articulación de decretos fragmentados. Necesitamos un marco legal único y robusto que consagre la vivienda como un derecho social y establezca  obligaciones claras del Estado para su cumplimiento efectivo, garantizando la participación de las organizaciones sociales y comunidades en su elaboración. ¡Fin a la especulación inmobiliaria!  El valor del suelo no puede seguir a la deriva de las ganancias del mercado. No toleraremos que continúen existiendo miles de construcciones vacías, listas para la venta o la especulación, mientras miles de familias viven en campamentos, de allegados o pagando altos valores de arriendo. ¡El suelo debe cumplir una función social! Expropiación de terrenos en desuso y fin al "ahorro adicional":  Exigimos que el Estado utilice sus facultades para expropiar terrenos aptos que se encuentran abandonados o sin uso. Las familias no podemos seguir pagando los costos de la especulación inmobiliaria a través de exigencias de ahorro adicional inalcanzables (sobre los cuatro millones de pesos). No más sacrificio de las familias para pagar la ganancia de quienes especulan con la tierra. Fin a la criminalización de las tomas y a los desalojos:  La toma es una respuesta desesperada ante la desidia y abandono del Estado. Exigimos el cese inmediato de la criminalización de la lucha por la vivienda y de los desalojos sin soluciones habitacionales efectivas y dignas para las familias afectadas.   Las organizaciones de pobladores y pobladoras hemos demostrado que somos capaces de organizarnos y luchar para dar   soluciones desde nuestra base social, desde cada asamblea de nuestros comités de vivienda. Y que estamos movilizados/as y decididos/as  a conquistar nuestro derecho a vivir en barrios dignos y seguros. No somos un número más en las estadísticas; somos miles de familias trabajadoras que, día a día, con esfuerzo y dignidad, construimos este país. Aportamos a la economía y a la sociedad, sacrificándonos para ganar el pan, y es inaceptable que se nos niegue el derecho básico a un hogar digno. El Estado debe dejar de gestionar nuestra situación como una mera emergencia y empezar a reconocernos como sujetos de derecho que demandamos un cambio estructural en la política habitacional.   ¡La lucha nos dará lo que el Estado y los poderosos nos niegan! ¡Arriba las y los que luchan!   Martes 18 de noviembre del 2025   Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna   Tejer-Construir Alianza Yungay Coordinadora por el Terreno Aldeas SOS

Más de 350 trabajadores cumplen 12 días de huelga ante una constructora que ya ha sido multada por no pagar salarios y no cuidar la seguridad de los trabajadores, quienes denuncian nuevas irregularidades, la intransigencia de la empresa y la falta de fiscalización laboral, sanitaria y ambiental del Estado. Este viernes se cumplen 12 días de paralización de las obras de la central Hidroeléctrica Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío, luego de que la constructora China First Highway Engineering Co Ltda, a cargo de las obras, mantiene una serie de incumplimientos sobre derechos básicos de los trabajadores. Ante la intransigencia de la empresa a las demandas de sus trabajadores organizados en los sindicatos SINTEC-Chile y SITECO-Chile, El Pincoyazo revisó datos de la Dirección del Trabajo (DT), identificando que en solo seis meses la empresa ha recibido 8 multas por infringir la normativa laboral. 8 Multas cursadas por la Dirección del Trabajo: No pagar remuneraciones No suprimir factores de peligro en el trabajo No tener duchas con agua fría y caliente No llevar registro de asistencia y horas de trabajo en base a exigencias legales Nos disponer documentos necesarios para fiscalización y conciliación laboral (2) No asistir a citación de la DT (2) Nuevos incumplimientos laborales, de salud y ambientales Según informó Radio Biobío , el SINTEC-Chile denunció una serie de incumplimientos a distintas normativas, que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la obra en su conjunto, por lo cual demanda la fiscalización de los organismos públicos competentes, como es la misma DT, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Seremi de Salud del Biobío y el Ministerio de Energía. 1. Construcción fuera de norma técnica chilena : Se han instruido y ejecutado trabajos sin respetar las normas chilenas de diseño sísmico y estructural (NCh 430, NCh 433, NCh 2728). Se han levantado estructuras metálicas y de hormigón sin estabilidad ni refuerzo suficiente, según lo establecido en los planos originales aprobados. Trabajadores han denunciado la eliminación de armaduras y refuerzos, lo que genera riesgo de colapso parcial o total. 2. Fundaciones sobre terreno inadecuado : Parte de las obras se ejecutan sobre material inerte no rocoso, incumpliendo los estudios de suelo y las condiciones definidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°159/2016). Pudiendo ocasionar asentamientos diferenciales y fallas irreversibles. 3. Planta de hormigón no autorizada ni fiscalizada : La empresa mantiene una planta interna de producción de hormigón sin autorización ni control de calidad externo, infringiendo la RCA y el D.S. N°594/1999 del Minsal. No existen certificados de ensayo ni trazabilidad de materiales, situación que pone en duda la resistencia de los elementos estructurales. 4. Riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores : Se desarrollan faenas sin medidas de seguridad industrial adecuadas, sin cascos certificados, sin líneas de vida ni señalización. No se han implementado planes de emergencia, rutas de evacuación ni comités paritarios activos. Se incumple el artículo 184 bis del Código del Trabajo, que obliga a todo empleador a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. 5. Ausencia de fiscalización estatal efectiva : La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud no han realizado inspecciones integrales pese a las denuncias formales. Tampoco se han fiscalizado los compromisos sociales y ambientales contenidos en la RCA, lo que evidencia una omisión grave del deber de vigilancia del Estado. 6. Incumplimiento de acuerdos alcanzados en la Municipalidad de Santa Bárbara : En la reunión sostenida con el alcalde Cristián Oses Abuter, la empresa se comprometió a: ▪ Disponer buses de transporte seguros y permanentes para los trabajadores. ▪ Entregar una respuesta formal al petitorio sindical. ▪ Implementar medidas de seguridad y comunicación directa con los representantes laborales. Ninguno de estos compromisos fue cumplido. A la fecha, los trabajadores continúan expuestos a riesgos y sin respuesta oficial. 7. Desconocimiento y hostigamiento a los trabajadores organizados : La empresa ha emitido comunicados calificando de “ilegal” la paralización de funciones, en circunstancias de que dicha acción responde a incumplimientos graves de contrato y vulneraciones al derecho a la seguridad. Esta conducta constituye una práctica antisindical, prohibida por el artículo 485 del Código del Trabajo y los convenios internacionales de la OIT. Lee acá " Abuso empresarial en el Biobío: SINTEC paraliza indefinidamente obras de Central Hidroeléctrica Rucalhue"

Ninguna medida apunta a frenar la especulación con el precio del suelo. Todos coinciden en fomentar el endeudamiento. Kaiser busca privatizar terrenos públicos y que los SERVIU no compren suelo; Kast quiere reducir el DS49 y quitar la aislación térmica; Matthei propone dar más subsidios y garantías a los bancos mientras Jara busca fortalecer los SERVIU y crear empresas público-privadas. Este domingo se define quiénes pasarán a segunda vuelta en la elección de la próximo gobierno 2026-2030. Por eso es que un equipo del Pincoyazo revisó las propuestas programáticas en vivienda de las cuatro candidaturas con opciones de pasar a segunda vuelta, para analizar sus alcances y limitaciones. En términos generales, ninguna candidatura apunta a cambiar algún aspecto estructural del actual modelo de producción de vivienda basado en la política neoliberal. Y si bien los programas presidenciales nunca cumplen gran parte de sus medidas, sirven para identificar los proyectos políticos de cada sector. Las causas de la crisis habitacional son, principalmente: El control en manos privadas de grandes porciones de suelo urbano y la especulación que los dueños hacen con el precio de los terrenos. La ausencia de facultades para expropiar a precios justos en favor de la vivienda social. La falta de una constructora pública que permita construir en función de resolver la necesidad y no alimentar la ganancia privada. El gran traspaso de recursos públicos hacia los bancos y empresas en forma de subsidios y préstamos. Lee acá " Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional" A continuación, presentamos extractos de las principales medidas en materia de vivienda, las cuales no apuntan a la raíz del problema, pero sí dan luces de los énfasis que cada sector hace en función del segmento de la sociedad cuyos intereses representan. Kaiser: la apuesta más extrema por privatizarlo todo Privatizar terrenos públicos Facilitar la adquisición de terrenos fiscales por parte de inversores privados y ofrecer incentivos para el desarrollo de proyectos de vivienda.   Suspender la adquisición de nuevas propiedades y terrenos por parte del Fisco. Los recursos liberados se destinarán a la reducción del déficit fiscal y a otros sectores prioritarios del gobierno.   Desregular normas urbanas Propone una liberalización integral del mercado inmobiliario, eliminando las restricciones que obstaculizan la inversión privada, con lo cual pretende aumentar la oferta de viviendas y disminuir los precios.   Promover la construcción en altura y densificar áreas consolidadas a través de cambios a planes reguladores.   Eliminar impuestos a las empresas Eliminar el impuesto a la compra de viviendas, y también el pago de las contribuciones. Fomentar el mercado privado del arriendo Reducción de regulaciones sobre el arrendamiento para incentivar la oferta.   Promover la contratación de seguros de impago de arriendos y facilitar el acceso a estos seguros a través de convenios con aseguradoras.   Facilitar el acceso a financiación para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento.   Profundizar la construcción de vivienda privada Promover fondos de inversión inmobiliaria especializados en viviendas de bajo costo. Ofrecer incentivos fiscales y otros beneficios a las empresas y ONG que participen en la financiación y gestión de programas de vivienda transitoria. Kast: reducir el DS49 y apuntar a eliminar los comités de vivienda Si bien el programa de Kast es muy poco detallado en contenidos y dedica solo un párrafo para referirse a propuestas de vivienda, una reciente participación de Iván Poduje (integrante de su equipo programático) en un foro de la Cámara Chilena de la Construcción permite identificar con más detalle hacia dónde apunta su política. A continuación, compartimos extractos de la presentación del urbanista, del cual estos días se identifico su trabajo en red con trolls funcionales al Partido Republicano, según informó CIPER : Mientras no se extienda el Plan de Emergencia Habitacional, vamos a hacer 11 cambios a OGUC y PRM que permitan hacer operativo el concepto de la emergencia habitacional, permitiendo aumentar densidad y altura, y uso de norma supletoria para expandir límite urbano. Cambiar 5 guías normativas de programas DS49 y DS01, para reducir el nivel de detalle que tienen los proyectos (exigencias de calidad) que alargan los trámites en la DOM y SERVIU. 10 medidas para reducir los costos, postergando exigencias de aislación térmica (12% del valor), reducir cantidad de deptos DS49 , porque es más caro, más lento, es una caja que produce hacinamiento y mala vejez. Potenciar el único programa que creemos ha funcionado bien, que es el FOGAES, lo vamos a ampliar de 50 a 100 mil viviendas (garantías a los bancos para fomentar endeudamiento). Focalizar el subsidio para reducir la tasa de un 10 a un 5%, y también para reducir el dividendo , con lo que es la tasa pre-estallido, que es una tasa que permita a las familias postular a una tasa del 2,3% y no del 4% que hay hoy. Con eso, el monto del dividendo va a bajar de 2,5 millones a 2 millones, y el pie va a bajar también, masificando el acceso a la clase media a través de un programa DS2 , que va a incluir terrenos ( programa mi terreno , inspirado en operación sitio, con terrenos urbanizados y considerando habilitación de suelo para estos terrenos, exigiendo a las sanitarias que amplíen su territorio operacional con prorrateo tarifario y no cargo al proyecto). Propuesta para intervenir barrios críticos con problemas de seguridad y hacinamiento , tomando la idea de zonas de emergencia habitacional, aplicando todas las disposiciones que tiene el estado de catástrofe para agilizar permisos, agilizar inversiones sin necesitar tener un RS y doble toma de razón por la Contraloría, incluyendo una mayor cantidad de reparación de vivienda, subiendo a 100 mil al año. Matthei: entregar más garantía para los bancos La alicaída candidata de Chile Vamos tiene a cargo de su equipo el ex subsecretario del MINVU durante el segundo gobierno de Piñera, Guillermo Rolando, lo cual queda reflejado en el tipo de medidas propuestas, que junto con profundizar el actual modelo, mantiene un rol pasivo del Estado y. el protagonismo privado, pero sin apuntar a su reducción completa, como ocurre con Kaiser y Kast: Promesa de 400.000 nuevas viviendas:  ampliar el alcance de la política habitacional, incorporando a los sectores medios que hoy no tienen pie a subsidios ni créditos. Redefinir la vivienda de interés público hasta los 4.500 UF y un paquete de medidas: concretar más soluciones en los programas actuales de construcción, compra y arriendo, mejorar el acceso del crédito hipotecario, crear incentivos tributarios, aumentar la capacidad actual de construcción vía esquema de concesiones . Crear créditos con Pie Cero para que familias jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.   Implementar una garantía estatal tipo Fogape para que beneficiarios de subsidio y jóvenes accedan a crédito hipotecario, otorgando a los bancos doble garantía: propiedad y aval del Estado.   Ampliar los beneficios tributarios para créditos hipotecarios.   Eximir transitoriamente el IVA en primeras viviendas y daremos beneficios e incentivos al primer comprador.   Terminar con la "permisología" para la construcción: Dejar sin efecto leyes y normativas, como la llamada Ley del Ducto, con el fin de acelerar la construcción de viviendas, otorgar más permisos de edificación y disminuir los costos asociados a una mayor normativa.   Terrenos para vivienda: Priorizar los terrenos públicos en desuso para proyectos habitacionales y urbanos, mediante un registro público de suelos estatales. Impulsar proyectos mixtos a través de licitaciones, alianzas y herramientas como concesiones, arriendos y usufructos, potenciando el rol de Desarrollo País. Eliminar restricciones al uso de suelo en zonas centrales o con alta inversión urbana para evitar alzas de precios. Además, se intervendrán zonas condicionadas sin avances en vivienda social, habilitando terrenos con inversión pública, ajustes normativos y coordinación entre ministerios, municipios y empresas de servicios. Jara: potenciar capacidades de los SERVIU donde la empresa privada no renta El programa de Jara demuestra la continuidad del actual gobierno de Boric, e incluso en el papel, con medidas mucho menos atrevidas del programa que ofreció el frenteamplista en su campaña que, como ya sabemos, en su gran mayoría no se cumplieron: Fortalecerlos SERVIUs regionales: dar curso a aquellos donde no existe suficiente interés por parte del sector privado de manera que asuman con mayor propiedad la tarea de diseñar y construir todos aquellos proyectos habitacionales que su territorio les demande.   Aceleración de la Construcción de Viviendas mediante métodos industrializados.  Se impulsará un plan nacional para utilizar al máximo la capacidad instalada de producción de viviendas industrializadas.   Hipotecazo para jóvenes entre 25 y 40 años. La propuesta pretende resolver esa dificultad garantizando el acceso en propiedad a la vivienda de hasta $100 millones para los jóvenes en condiciones de pagar un dividendo de hasta $300.000 reajustables en UF.   Para ello, cambiar el sistema, facilitando el acceso al crédito hipotecario para jóvenes, premiando la capacidad de ahorro, mediante la constitución de programa de vivienda dotado de un fondo de garantía análoga al actual FOGAES, que permita a personas menores de 40 años la adquisición de viviendas nuevas y usadas cuyo valor no supere las 3.000 UF ; y mediante el otorgamiento del subsidio DS01 a los postulantes que ahorren mensualmente un monto de 5 UF mensuales por 3 años corridos, con lo que el Estado duplicará el monto ahorrado para el pie en hasta 180 UF.   El programa se compondrá de:   1. Fondo de Garantía Estatal Concursable operado por BancoEstado y abierto a la participación de cualquier banco que desee incorporarse al sistema y que garantizara con fondos estatales los montos prestados a este efecto;   2. Un subsidio para aportar como pie a la banca cuyo monto promedio debiera oscilar en torno a los $20 millones por operación;   3. Un mecanismo de financiamiento que aporte el 90% del valor solicitado a ser pagado en el plazo de 30 años;   4. Una tasa de interés fija que no supere el 3,5% anual en UF; y   5. Un mecanismo de evaluación de riesgo que pondere la presencia de un ahorro anual en una libreta de vivienda que, en el curso de dos años, registre sin discontinuidades un ahorro mínimo mensual supere las 8 UF.   Fortalecer al Fondo de Infraestructura S.A. permitiéndole gestionar proyectos habitacionales e inmobiliarios. Ampliar las modalidades de acceso a la vivienda con proyectos habitacionales gestionados por el Fondo de Infraestructura S.A., que actuará como una empresa inmobiliaria pública y que podrá desarrollar proyectos de gestión inmobiliaria y habitacional.   Crear Sociedades Mixtas, entre el Estado, instituciones y empresas públicas y privadas , cuyo patrimonio en suelo, sean estos urbanos o en áreas de crecimiento urbano que queden bajo los parámetros de los Planes Habitacionales Estratégicos, para ser utilizados en el crecimiento programado de esos territorios. Revisa los programas completos acá: Kaiser Kast Matthei Jara

La humanidad se enfrenta al mayor de sus retos, una crisis medioambiental que ya está alterando las condiciones de vida de millones de personas y cuyo inevitable avance pone en riesgo las propias bases de la existencia humana y de una parte importante de las formas de vida no humana con las que compartimos el planeta.   Lo que es una emergencia global y debiese ser la principal preocupación y tema de discusión a nivel de Estados, en Chile no aparece como prioridad en la agenda de los candidatos presidenciales , no ocupa espacio en los matinales o noticieros y en las diversas encuestas ni siquiera está dentro de las 10 principales preocupaciones de la población (si es que optamos por creerle a la CEP, Pulso Ciudadano o la Cosa Nostra).   En el mejor de los casos, se habla del cambio climático cuando nos afecta algún evento extremo, dígase sequías, tornados, incendios, inundaciones u olas de calor, y la mención a las problemáticas ambientales solo entra (a la fuerza) cuando una comunidad se resiste a algún proyecto contaminante y logra mediatizarlo a punta de marchas y barricadas.   En la coyuntura actual, buena parte de candidatos presidenciales han integrado en sus programas de gobierno algunas promesas “medioambientales”, bastante generales, superficiales y débiles, en materia de gestión hídrica o de protección de la biodiversidad, las que van de la mano con otras “medidas ecológicas” que apuntan a desmantelar la institucionalidad ambiental , fomentar el extractivismo minero, pesquero y forestal, pero con el apellido de “sustentable”, avanzar en la “descarbonización” de la matriz energética y seguir impulsando el “hidrógeno verde”.   Es decir, lo más lejos que llegan las promesas de Jara, Matthei, Parisi, MEO o Mayne-Nycholls es a consolidar lo que se conoce como Capitalismo Verde, una forma de acumulación de capital mediante la mercantilización de la Naturaleza con el supuesto objetivo de salvarla, es decir, es la ficción de cambiarlo todo sin cambiar nada .   Respecto a esto último, las promesas ambientales de algunos de los candidatos se enmarcan dentro de lo que Breno Bringel y Maristella Svampa han conceptualizado como el Consenso de la Descarbonización : “un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza”.   Como ejemplo de lo anterior, en las últimas semanas se dio a conocer un informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, titulado El nexo entre el agua y la energía . En este se sostiene que, respecto a las “energías emergentes”, la transición energética se sostiene sobre cadenas de valor vinculadas a abusos a los derechos humanos, degradación ambiental y agotamiento de los recursos hídricos.     Así, por ejemplo, la fabricación de paneles solares y baterías requiere de la extracción de minerales, como el litio o el cobre, que demandan altas cantidades de agua y provocan vertidos tóxicos en las masas de agua; la fabricación de baterías, a partir de la extracción y refinado de níquel y cobalto, emite dióxido de azufre, lo que provoca lluvia ácida y contribuye al efecto invernadero; y el hidrógeno verde – impulsado y defendido por este gobierno – es también altamente demandante de agua. El informe es explícito en señalar que el llamado Triángulo del Litio podría convertirse en una “zona de sacrificio verde”, en donde se ven amenazados los ecosistemas altiplánicos de Chile, Bolivia y Argentina y las comunidades que allí habitan. En resumen, no existen las “energías limpias y verdes”, aunque esto le guste al programa de Matthei .   Por cierto, el Informe también advierte de los peligros ambientales derivados de los requerimientos hídricos y energéticos de los Centros de Datos necesarios para el funcionamiento de la Inteligencia Artificial, la cual aparece como solución mágica en los programas presidenciales sin mencionar sus costos ambientales (la locura del solucionismo tecnológico, como diría Evgeny Morozov).   En el caso de Jeanette Jara esto no extraña pues es continuidad de un gobierno en donde Aisén Etcheverry, ex ministra y ex alto cargo de Amazon, impulsó un Plan Nacional de Data Centers  en donde se habla de “data centers sustentables”, como si colocarle “sustentable” a algo cambiase su huella de extractivismo y contaminación. A propósito, en el programa de la candidata oficialista “Un Chile que cumple”, las palabras “sustentable”, “sostenible” y “sostenibilidad”, aparecen una cincuentena de veces, solo le faltó hablar de “contaminación sustentable”. Y es que el uso de estas palabras es una forma de blanqueo, marketing y devienen en cascarones vacíos. Como sostiene Andreu Escrivà ,   “se nos vende como sostenible lo que apenas es un poco de maquillaje”. Lee acá " De Amazon al Gobierno de Piñera y Boric: La puerta giratoria de la ex ministra de Ciencias que elaboró el Plan Nacional de Data Centers".   Siguiendo con los candidatos, mientras que Jara, Matthei, Parisi o Mayne-Nycholls integran cierto maquillaje verde en sus programas, en otros la ausencia es notoria, como en el caso de Kast . El candidato de extrema derecha neoliberal no solo carece de propuestas en materia de cambio climático o de resguardo de la biodiversidad sino que las pocas veces que habla de algo parecido al medio ambiente es para decir que lo “respetará” eliminando o modificando los permisos ambientales (que en otras oportunidades ha calificado de ideológicos) y que habrán facilidades regulatorias para el desarrollo energético con miras a industrias altamente demandantes como los Data Centers, a los cuales se les eliminarían los permisos actualmente exigidos.   En una vereda similar, Kaiser apuesta por un negacionismo a lo Trump definiendo al cambio climático como una “ideología” y “dogma globalista”, aun cuando existe desde hace bastante tiempo un evidente consenso científico   en cuanto a la existencia del cambio climático y a su origen antropogénico. En el año 2000 el Premio Nobel de Química Paul Crutzen propuso el concepto de Antropoceno para referirse a una nueva época geológica caracterizada por el impacto humano sobre los ecosistemas terrestres, desde entonces el concepto ha tenido varias derivadas como lo son el Capitaloceno, el Chthuluceno, el Piroceno o, la que más calzaría con Kaiser, el Idioceno , una época de ignorancia empoderada en donde “ los sapiens han puesto todo su empeño en culminar su gran obra maestra, autodestruirse, y están dispuestos a llevarse por delante todo lo que se anteponga en su camino”.   Por último, mención especial para Artés , quien sostiene que “entre el dilema de industrializar a la patria y el de remediar el problema ecológico, el Gobierno Patriótico Popular al que aspiramos los comunistas optará por la opción primera” . Sin palabras… o, más bien, mejor unas palabras de Vladímir Ilich Uliánov, Lenin: Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.     Punto de no retorno   Mientras el circo electoral entra en tierra derecha, las señales del colapso planetario se hacen cada vez más evidentes. El informe Global Tipping Points 2025  (Puntos de No Retorno) publicado hace unos días señala que, por primera vez, la humanidad ha alcanzado uno de los Puntos de No Retorno con la desaparición masiva de los arrecifes de coral de aguas cálidas . Un Punto de No Retorno, o Punto de Inflexión climático, es un umbral crítico que, al ser sobrepasado, origina cambios significativos y, generalmente, irreversibles en el sistema climático y ambiental del planeta.   En el caso de los arrecifes de coral, estos cubren menos del 1% de la superficie de los océanos pero de ellos depende un cuarto de toda la vida marina , ya que ahí encuentran refugio y alimento una gran variedad de peces, esponjas, moluscos, crustáceos y otras formas de vida, siendo uno de los ecosistemas más diversos y complejos que existen. Muchas comunidades humanas viven también de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas, al ser fuente de alimento, ingresos por pesca y turismo y una barrera natural frente a los huracanes.   Se estima que la vida de mil millones de seres humanos depende de los arrecifes de coral, los mismos que hoy están muriendo producto del calentamiento de las aguas provocado por el cambio climático , a lo que hay que agregar el daño de las emisiones de gases de efecto invernadero que acidifican el mar, la explotación pesquera y la contaminación por residuos agrícolas, químicos e industriales.   Es una verdadera tragedia planetaria, pero, lamentablemente, esto está recién comenzando. El mismo informe indica que podríamos alcanzar pronto otros Puntos de No Retorno, incluyendo el deshielo de las capas polares , lo que aumentaría el nivel del mar impactando a cientos de millones de personas (incluyendo a Chile); la degradación del Amazonas , producto del aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que afectaría directamente a más de 100 millones de personas; y el colapso de corrientes oceánicas que regulan el clima planetario , como la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) que aumentaría el frío de los inviernos en Europa, alteraría los monzones en la India y África y afectaría toda la producción agrícola mundial. Es gravísimo, pero no es una sorpresa, los científicos de todo el mundo lo vienen advirtiendo desde hace décadas.     Límites planetarios   Otro de los marcos de referencia para evaluar la estabilidad del plantea son los llamados Límites Planetarios , que se refieren a 9 procesos globales críticos que mantienen estable el sistema terrestre y que son afectados por las actividades humanas. Sobrepasar estos límites significaría cambios ambientales abruptos e irreversibles a gran escala que pondrían en riesgo a las sociedades humanas y la biosfera .   La mala noticia: hemos sobrepasado 7 de los 9 límites planetarios  y los principales responsables de la crisis, los países del Norte Global, no harán nada. Las cosas como son, el último Informe sobre la Brecha de Producción   es claro al respecto: a 10 años de los Acuerdos de París los países productores de combustibles fósiles no han disminuido sus actividades y planean producir para el 2030 un 120% más que el límite necesario para evitar que el calentamiento global supere los 1,5°. Los arrecifes de coral están condenados.   Al borde del precipicio: el no tomar en cuenta esta realidad convierte a los programas presidenciales en una mera colección de palabras. Y, aunque en realidad siempre es así, pues la cantidad de promesas cumplidas al terminar sus mandatos no llega ni al 50%, en este contexto tienen mayor probabilidad de esfumarse pues la realidad en la que las candidaturas basan sus promesas y en la que el pueblo basa sus expectativas, podría simplemente ser otra en el corto o mediano plazo . Inundaciones, olas de calor, aumento del nivel del mar (hay playas que ya están desapareciendo), migraciones climáticas (internas o trasnacionales), pérdida de cosechas, mega sequía, no están en los cálculos políticos pero se encuentran a la vuelta de la esquina.   Un ejemplo de lo anterior es la sequía. “Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco”, dijo el historiador Thomas Fuller, y la realidad es que los pozos ya están secándose. En un estudio publicado hace unas semanas en la revista Nature , se analiza cómo el calentamiento global originado por el ser humano perturba los ciclos hidrológicos, conduciendo a la escasez de agua dulce, lo que amenaza a numerosas poblaciones en todo el mundo. El estudio sostiene que, producto del cambio climático, algunas regiones como Argentina, África Oriental y Rusia tendrán climas más húmedos, mientras que otras como Sudáfrica, Australia y Chile, experimentarán un aumento persistente de la sequía, con la posibilidad real de un Día Cero, es decir, un momento en donde una ciudad se queda sin agua potable para sus habitantes .   Si a la megasequía le agregamos el mega-saqueo hídrico   de los dueños de Chile, como la familia Luksic, el panorama es sombrío. Hace poco las autoridades del Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer el Balance Hídrico Primavera 2025  en donde se vuelve a constatar un balance negativo de lluvias y acumulación de nieve durante este año, con 31 comunas bajo decreto de escasez y un abastecimiento de agua para el consumo humano asegurado hasta marzo de 2026. Ese es nuestro margen en la actualidad, 6 meses. ¿Y si en esos 6 meses no llueve? ¿Y si llegamos, en algún momento, a una situación en donde haya que racionar? ¿Quién tendrá prioridad: las comunidades o los centros de datos sin los cuales no pueden funcionar las IAs que todos los candidatos quieren imponer en el Estado?     El problema es el capitalismo   A estas alturas ya es un cliché decirlo, pero el problema es el capitalismo, un sistema de acumulación, explotación, apropiación y devastación para generar una ganancia infinita en un planeta de Naturaleza finita . De ahí que autores como Jason W. Moore nombren a esta era de la humanidad como Capitaloceno y de ahí, también, que las fuerzas políticas que forman parte de este sistema lo defiendan y lo promuevan, ya sea negando la crisis medioambiental o impulsando formas de acumulación “verde” con la fraseología de lo “sustentable”.   Y es que nadie dirá lo que hay que decir: que necesariamente el cambio climático y el colapso ecológico provocará sufrimientos y que cualquier tipo de intento de solución o de freno requerirá del esfuerzo y sacrificio de todos y todas, que habrán cosas que ya no podrán seguir siendo como antes, industrias y trabajos que deben dejar de existir, estilos de vida y de consumo que no son viables, productos de los que habrá que prescindir, desigualdades que hay que erradicar urgentemente, ideologías del crecimiento perpetuo que son insostenibles, países centrales y grandes empresas que deben ser confrontadas y cambios radicales en nuestras sociedades, la política y la economía que deben colocar a las comunidades y la vida en general por sobre la ganancia, el despilfarro y la muerte, en definitiva, que el capitalismo ya no puede existir. Y nadie lo dirá, no solo porque no lo creen, sino que también porque esto no da votos.   Ya está bastante claro que las soluciones no vendrán de ningún candidato, gobierno, Estado, cumbre internacional o una mágica solución tecnológica; la última esperanza humana está en las acciones que puedan ser desarrolladas desde la base social, desde las comunidades organizadas que defienden la vida.   Las campañas pasarán y en el verano las olas de calor, los incendios, las playas que desaparecen y las comunidades que viven en base a camiones aljibe nos recordarán – por un rato – que el clima está cambiando y que, probablemente, algo malo esté pasando. Quizás sea un buen momento para pensar en los corales y en su triste destino y que, si no actuamos ahora, los próximos en la lista, tal vez, seamos nosotros.

Constructora a cargo de las obras viola derechos laborales e incumple reiteradamente los acuerdos generados con el sindicato, principal herramienta que tienen los trabajadores para defenderse del abuso empresarial en un proyecto de una transnacional china cuya inversión supera los $250 millones de dólares. Ante los constantes incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa constructora China First Highway Engineering Co Ltda a cargo de las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue, la base sindical del SINTEC-Chile   tomó la decisión de paralizar las faenas de manera indefinida, situación que se extiende desde el martes 5 de noviembre.   El miércoles 6 de noviembre, los trabajadores se desplegaron en una marcha por la comuna de Santa Bárbara, dirigiéndose a la municipalidad y a la gobernación, junto a cuatro comunidades mapuche de la zona, quienes también han sido afectadas por la intervención de la empresa en el territorio.    Las causas de la paralización   La empresa constructora a cargo de las obras de la central no ha respetado los acuerdos que se alcanzaron en la última reunión de negociación junto a la Directora Regional del Trabajo de la región del Biobío, además de incumplir las normas de Higiene y Seguridad, el buen ambiente laboral y las condiciones laborales de más de 350 trabajadores.   Los trabajadores denuncian que la empresa China First Highway Engineering Co Ltda no paga íntegramente los sueldos, mantiene salarios desiguales para las mismas funciones y se registran denuncias por mal trato laboral.   Capitales chinos detrás del proyecto   Las obras están a cargo de la constructora China First Highway Engineering Co Ltda , pero el mandante es Rucalhue Energía SpA , propiedad de China Internacional Water & Electric , a su vez subsidiaria de la transnacional China Three Georges Corporation .            Central hidroeléctrica Rucalhue   La central cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental   aprobado en 2016 y se ubica en el río Biobío, 50 km al suroriente de la ciudad de Los Ángeles y a 10 km de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. El poblado más cercano es Rucalhue, a 1 km de las obras.   Inicialmente fue operada por Atiaia Energía Spa, una empresa brasileña. Luego, el proyecto fue adquirido en 2018 por la empresa Rucalhue Energía Spa, propiedad de China International Water & Electric   (CWE), subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation.     La arista ambiental del proyecto   La central se levanta aguas debajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme con un embalse de un volumen de 7 millones de metros cúbicos, creados mediante la inundación de 139 hectáreas de terreno .   Durante el actual gobierno, en octubre de 2023, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) clasificó la central como un proyecto de “interés nacional”,  facilitando así la aprobación de los planes de manejo, ya que el proyecto requiere talar 392 naranjillos y 139 guindos santos, dos especies vegetales protegidas .     ¿Energía para quién?   El objetivo del proyecto es generar energía eléctrica para enviar (vender) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y así alimentar el consumo de energía de empresas y hogares.   Para hacerse una idea, 1 megavatio (MW) equivalente al consumo de entre 500 y 2.000 hogares. Rucalhue tendrá una capacidad de 90 megavatios (MW), o sea, permitiría generar el consumo de entre 45 mil y 180 mil hogares, pero en el río Biobío ya existían 4 centrales (Ralco, Pangue, Angostura y Palmucho), que en conjunto tienen una capacidad por más de 1.500 MW, equivalente al consumo de entre 750 mil y 3 millones de hogares.   En otras palabras, la demanda por energía y decisión de ejecutar este y otros proyectos a lo largo del país proviene de los sectores industriales y empresariales, y no para resolver la necesidad de energía eléctrica para los hogares.   Durante largos años se ha prometido una reducción de los precios de la luz, por ejemplo, para validar proyectos que en nombre de las energías renovables no terminan nunca por beneficiar a quienes viven de su trabajo, sino mejorar la eficiencia del modelo productivo orientado a extraer y exportar mercancías al extranjero, arrasando con territorios completos a cambio de sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.

Ante el fracaso de la política de vivienda, 1.050 familias poblaron un terreno que durante muchos años estuvo abandonado en San Antonio. Hoy se movilizaron al SERVIU para exigir una solución, en medio de un escenario de desalojos y sin soluciones luego de cuatro años de promesas de un Plan de Emergencia Habitacional que ha priorizado el negocio inmobiliario por sobre la dignidad humana. La mañana de este jueves 6 de noviembre, cientos de pobladoras y pobladores del Campamento Placilla de San Antonio formaron una larga marcha que llegó hasta las oficinas del SERVIU y la Delegación Presidencial de San Antonio para exigir una solución definitiva a la necesidad habitacional, como es radicarse en el terreno que desde el 23 de noviembre de 2019 comenzaron a poblar. El terreno es propiedad de la Inmobiliaria Bellavista de la familia Zegers , y durante décadas estuvo abandonado en un estado de deterioro. Por ello es que ante el fracaso de la política habitacional y la larga espera, las familias sin casa decidieron darle un uso ante una necesidad básica como es tener un lugar donde habitar. "Sabemos que nosotras y nosotros mismos pagamos con nuestro esfuerzo los privilegios de una minoría rica, y que hacemos engordar a los pocos dueños de los suelos, los mismos que hoy nos niegan una compra justa para aliviar nuestra necesidad y derecho de vivienda" , declararon los pobladores durante la manifestación. La crisis de acceso a la vivienda se profundiza sin soluciones Según el Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda , los 256 campamentos que existían en la Región de Valparaíso en 2022 aumentaron a 374 en 2024 , lo que representa un aumento de un 46%, en una línea completamente contraria a la promesa de solución planteada en el Plan de Emergencia Habitacional, aprobado a fines de 2021 e impulsado desde el inicio del actual gobierno de Boric. Poblamientos que conforman el Campamento de Placilla de San Antonio - Fuente: Catastro MINVU Campamentos de San Antonio - Fuente: Catastro MINVU El hecho de que a solo 2 kilómetros de distancia de este campamento se desarrolle la ampliación de uno de los puertos más grandes del continente, como es el Puerto de San Antonio, grafica con mucha claridad la desigualdad que genera el actual modelo económico del país, donde la ganancia privada se resguarda por sobre el bienestar de quienes producen la riqueza. Lee acá " Macro-campamento de San Antonio: Avaricia de los dueños del terreno impide un acuerdo de compra"

El Pincoyazo revisó los 61 proyectos de vivienda aprobados por el MINVU entre 2024 y 2025 que exigieron aumento de ahorro familiar de hasta $6 millones en promedio como condición para subir el monto de subsidios estatales y así cubrir el alza del precio del suelo. Entre los beneficiados está el Grupo Patio, cuyo terreno aumentó a casi el doble su valor en solo cuatro años y sin invertir un peso en él. Precio del suelo: la principal barrera para la construcción de vivienda social   Los subsidios que entregan los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para los comités de vivienda establecen un tope máximo para destinar a la compra del terreno de 300 UF para así no desfinanciar otras áreas, como la construcción misma. De esa forma, si el precio del terreno es mayor a esa 300 UF por familia, se descarta el terreno.    Durante muchos años esto ha causado que la gran mayoría de proyectos de vivienda social se construyeran en la periferia de la ciudad y con mal acceso a servicios públicos, y no porque no exista suelo disponible. En algunos momentos el Estado ha definido subsidios adicionales para cubrir esta brecha, pero a la larga, siempre han terminado siendo absorbidos por la especulación que hacen con los precios quienes controlan la propiedad del suelo en la ciudad.   En otras palabras, no poner un freno a la especulación del precio del suelo y, en su reemplazo, subsidiar esa brecha, ha sido la salida que dispuso el Estado para hacer viable algunos proyectos, como los 61 revisados en esta investigación.   ¿El problema? Que se hace a costa de empobrecer aún más la billetera familiar y fiscal, se excluye a los sectores más pobres que no tienen capacidad de ahorro, y al no atacar la causa, se termina convirtiendo en un incentivo para que las empresas aumenten el precio del suelo, profundizando la crisis.     La Glosa 9 de ahorro adicional   En vez de poner un freno a la especulación con el precio del suelo, durante el segundo gobierno de Piñera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) creó una glosa, que es una facultad de gasto definida en el Presupuesto (dura un año), y que en este caso consistió en que los SERVIU puedan aumentar el monto del subsidio para comprar terrenos más caros, siempre y cuando parte de ese costo lo asuman las familias a través de un mayor ahorro.   Esta política (glosa 12 inicialmente, luego glosa 10 y hasta 2025 glosa 9) no solo se mantuvo durante el actual gobierno de Boric, sino que también se intensificó.   Según datos del MINVU sistematizados por El Pincoyazo, solo entre abril de 2024 y abril de 2025 se aprobaron 61 proyectos por esta glosa , según el siguiente desglose:   De manera global, los subsidios regulares para estos 61 proyectos (8.723 viviendas) eran capaces de cubrir un total cercano a $96 mil millones de pesos por los 61 terrenos (estimando 300 UF máximo por subsidio para destinar al suelo), pero como los dueños esperan más ganancias y cuentan con un poder absoluto para imponer el precio, terminaron recibiendo $67 mil millones adicionales (+70%) , distribuidos en un 14% por mayor ahorro familiar y 86% por un aumento de los subsidios estatales, en promedio.   Las casi 9 mil familias que postularon por esta vía debieron desembolsar $2,5 millones de ahorro adicional en promedio, solo destinado a cubrir el precio del suelo, existiendo proyectos donde el ahorro adicional supera los $6 millones de pesos en promedio (las familias ahorran más o menos dependiendo del tramo que tengan en el Registro Social de Hogares).   Los $67 mil millones extra destinados a terreno no solo representan una forma de sostener la ganancia privada, sino también contribuye a profundizar la crisis de acceso a la vivienda, ya que se incentivan las alzas y también son miles de millones menos en caja para resolver la necesidad.   Este aumento en el costo del terreno significa que los cerca de $47 millones que cuesta una vivienda social por la vía regular en promedio, con la actual glosa 9 su precio aumentó a $55 millones , y toda esa diferencia se va directo al bolsillo del dueño del terreno. Cabe aclarar que esta estimación mantiene los mismos costos de construcción real señalados en estos proyectos, y que estos cambian dependiendo de la comuna y región.   Revisa aquí el detalle de costos de los 61 proyectos aprobados por glosa 9   *Valores son cifras promedio, ya que las familias ahorran más o menos dependiendo del tramo que tienen en el Registro Social de Hogares. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU. Ahorro adicional promedio por comuna de proyectos aprobados por el SERVIU RM vía Glosa 9 (2024-2025) Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU. El terreno del Grupo Patio en Peñalolén En una gran cantidad de casos, los dueños de los terrenos los compran para hacerlos engordar de precio, jugando con la necesidad de suelo, presionando por precios mayores, muchas veces sin haber invertido nada durante años, pero capturando la plusvalía que el terreno puede adquirir por tener nuevos atributos generados por la inversión de otros actores, como ocurre cuando se crea una estación de metro cerca u otro tipo de servicios gracias a la inversión del Estado.   Dentro de las compras de terrenos registradas por esta vía a los SERVIU, uno de los más caros fue el del proyecto habitacional Quebrada de Macul en Peñalolén (288 viviendas), cuya transacción benefició nada más ni nada menos que al Grupo Patio, el mismo que durante el segundo gobierno de Piñera se benefició del lobby de Luis   Hermosilla para que el Seremi de Vivienda destrabara en tiempo record los traspasos de tres terrenos que, en conjunto, son valorados en $10.372 millones, según informó CIPER . El Pincoyazo revisó en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago las escrituras de las últimas tres transacciones del terreno que el SERVIU compró al Grupo Patio, identificando un aumento de un 300% su valor de compra entre 2012 y 2024 , según el siguiente detalle:   En  2024 , el SERVIU adquirió el terreno (2,6 hectáreas) por $7.845 millones de pesos para las 288 familias que componen el proyecto ( 8 UF por cada m2 ).   En 2020  este mismo terreno había sido comprado por el Grupo Patio en 5 UF por cada m2  (previo a su subdivisión). Esto quiere decir que en cuatro años la tierra baldía generó una ganancia de $3.110 millones, solo por reservar e intermediar el traspaso.   En 2012 , la Inmobiliaria Paseo Peñalolén de la familia Saieh Guzmán había comprado el terreno a la Sociedad Inmobiliaria Mario Nervi y Compañía Limitada a un valor de 2 UF por m2 , embolsándose un 150% sobre el valor original de compra en solo 8 años y sin hacer nada ($9.085 millones a valor actual por todo el terreno de 7,5 hectáreas antes de subdividirse). Cabe tener presente que en 1987 el mismo terreno había sido avaluado en $4 millones, según consta en la escritura.   Este caso, en donde un terreno aumentó su valor en un 300% en 12 años pese a no haberse agregado a él un valor real por parte del dueño, como podría ser su urbanización, grafica muy bien una tendencia más generalizada en la ciudad neoliberal, que es la capacidad que tienen los grandes capitales de reservar porciones de ciudad, presionar por aumentar su precio y así aumentar su acumulación a costa del despojo de los recursos familiares y sociales.   Revisa acá las escrituras del terreno (2012, 2020 y 2024) Luego de estallar el caso Hermosilla en 2023 y que involucró como beneficiario final de las facturas falsas a los hermanos Jalaff -socios del Grupo Patio hasta ese entonces-, en 2024 hubo cambios en la propiedad, siendo sus principales accionistas: el matrimonio de Paola Luksic y Óscar Lería (26%); Eduardo Elberg (26%); Guillermo Harding (20%) y Gabriela Luksic (15%). Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. De esta forma, al no existir facultades para poner un límite al precio del suelo, la especulación sobre su valor se termina cubriendo con más recursos públicos y más empobrecimiento de las familias sin casa que en este caso, para cubrir la expectativa de ganancia del Grupo Patio, debieron aumentar su ahorro en $5,2 millones de pesos en promedio. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. El terreno de Carrascal en Quinta Normal Otro de los casos revisados en esta investigación fue el del terreno del proyecto Carrascal en Quinta Normal para 139 viviendas, en un sector con buena ubicación y cercano a la Municipalidad. Según el historial de transacciones:   En 2005 , Banco Santander-Chile registra un pagó de 2.690 UF por las 0,4 hectáreas que sumaban todos los terrenos antes de fusionarse en uno solo, ubicado en calle Radal 2166 a Santiago Leasing S.A ( 0,67 UF por m2, equivalente a $106 millones valor actual ).   Luego, en diciembre de 2009 , Oscar Azócar y Compañía Limitada pagó al Banco Santander-Chile 8.890 UF por todos los terrenos ( 2,2 UF por m2, equivalente a $351 millones actuales ), antes de fusionarse en el terreno actual. ¿El negocio? No producir nada, sino que solo esperar que la crisis habitacional se desarrolle.   En febrero de 2025 , el SERVIU firmó una promesa de compra por 83.985 UF por las mismas 0,4 hectáreas ( 21 UF por m2, equivalente a $3.317 millones ) para construir 139 viviendas. De esa forma, la empresa intermediaria se embolsó $2.966 millones por reservar el terreno durante 15 años. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago.   Para hacer posible la compra de este terreno, el SERVIU debió aumentar el subsidio a 72.227 UF ($2.853 millones) y las familias otras 11.758 UF ($464 millones). Eso significó que, en promedio, las 139 familias debieron aumentar su ahorro en $3,3 millones. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. Pago de terrenos con anticipos del SERVIU   Según la Glosa 6 del mismo Presupuesto MINVU 2025 , las empresas constructoras o entidades patrocinantes podrán pedir un préstamo al SERVIU para adquirir el terreno  a una tasa de un 0% de interés y que podrán devolver en un plazo de tres años.   En resumidas cuentas, esto quiere decir que además de cubrir el valor de especulación con más ahorro familiar y más subsidios estatales, la empresa privada a cargo de gestionar y construir el proyecto puede cubrir el gasto del terreno con un anticipo que le entrega el SERVIU. Si bien esto se carga al monto final del subsidio, representa dejar de disponer de recursos públicos para construir más viviendas o mejorar la calidad de estas para priorizar dar dinero fresco a la empresa privada, quien no asume el riesgo del proyecto (lo hace el Estado) ni tampoco tiene que pasar al banco un porcentaje de su ganancia.   El único ministerio que en Chile juega a ser un banco a través de estos mecanismos es el de vivienda, lo cual resulta una anomalía y un diseño de política pública completamente ineficiente para los fines últimos que, al menos en el papel, se supone que persigue el MINVU, como es asegurar el acceso a la vivienda a quienes no pueden hacerlo por la vía del mercado.   Lee acá “ Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas” Expulsión encubierta   Los defensores de la hasta ahora glosa 9 dicen que a través de ella las familias pueden acceder a terrenos en sus mismas comunas o cercanías, lo cual es cierto. La pregunta es quiénes y a qué costo.   Daniela Ocaranza es dirigenta del proyecto Pachamama que agrupa a 44 familias en Peñalolén  y que en promedio debieron aumentar su ahorro a $3,4 millones de pesos para acceder a un terreno en la comuna, a pesar de que alrededor hay decenas de hectáreas de suelo sin uso reservados para futuros proyectos privados, presos de la especulación, como es el caso de la Viña Cousiño.   Cuando al comité se le presenta la opción de aumentar el ahorro, Daniela dice que “fue muy duro para muchos ya que bastante de las familias se encontraban sin trabajo y con condiciones bien complejas . Nuestro proyecto son 44 familias de las cuales 12 son adultas mayores y asesoras del hogar que además tienen responsabilidades de menores. Muchas familias acudieron a prestamos entre amigos y familiares, y solo 3 o 4 pudieron optar a un crédito a través del banco, y otro par lo logró con las benditas pollas”.   Sobre la política de vivienda en Chile, la dirigenta plantea que “mientras no se entienda que la vivienda debe ser un derecho, como la educación y la salud, siempre vamos a estar en crisis.  El Estado hoy no tiene músculo para hacerse cargo de la crisis habitacional, ni como entidad patrocinante ni como constructora, no están capacitados”. Lee acá   “Lo Hermida por el Derecho a la Vivienda Digna” Al exigir un ahorro adicional en la mayoría de casos por varios millones, los proyectos que se aprueban por glosa 9 automáticamente dejan fuera del proceso al sector de la población que no tiene capacidad de ahorro o endeudamiento por tres, cinco o hasta ocho millones, lo que se traduce en mantenerse en el hacinamiento, irse a un campamento o seguir pagando arriendos que vacían gran parte del salario. La discusión del Presupuesto 2026   Actualmente, en la discusión del Presupuesto 2026 del MINVU, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda cuestionó que se siga extendiendo la glosa 9, pero por un tema de forma y no de fondo, argumentando que no se pueden asignar gastos que empiezan a ser permanentes bajo glosas diseñadas para gastos transitorios.   Por eso es que el Presupuesto del MINVU que presentó el gobierno no incluye esta glosa para el 2026, lo que generó el rechazo de algunos parlamentarios de gobierno en cuyos distritos hay comités de vivienda que se crearon especialmente para levantar sus proyectos con esta glosa.   En algunos casos, estos procesos han sido levantados por los propios municipios, a través de sus entidades patrocinantes, y si no se renueva la glosa, estos proyectos podrían quedar en el aire si el SERVIU no se saca del sombrero otro subsidio para tapar el hoyo.   Hasta la publicación de esta investigación, seguía pendiente la decisión de si la glosa 9 se reincorporaría al presupuesto bajo el acuerdo de que el próximo año se discutiera su incorporación al DS49, pero como la política neoliberal de vivienda sigue siendo un consenso por todos los sectores presentes en el Congreso, lo más probable es que se extienda sin que nadie plantee la necesidad de superarla.   El pasado 25 de octubre, los comités del Movimiento Solidario Vida Digna realizaron marchas en las comunas de Huechuraba, San Joaquín y San Ramón para exigir agilizar sus proyectos, pero también cambios en la política de vivienda.   Respecto a la glosa 9, desde Vida Digna   tienen una visión crítica. “ El problema de la glosa 9 es que, en vez de ponerse un freno a la especulación del precio del suelo, que hasta el ministro asume que es una de las causas de la crisis, el Estado ha ido creando mecanismos como este para reproducir el mismo modelo, y eso es un círculo vicioso” , dice Simón González, vocero del movimiento.   Lee acá el comunicado del Movimiento Solidario Vida Digna El rol de la organización popular   A nivel organizativo y del tejido vecinal, aumentar el ahorro para cubrir el precio del suelo muchas veces rompe las asambleas, ya que deja fuera del barco a quienes no pueden ahorrar o sostener un préstamo por ese monto, aun cuando una cantidad importante de familias que componen los comités se endeuda por vías informales para alcanzar el ahorro.   Ante estas opciones a veces tentadoras, las dirigencias sociales y en general los comités de vivienda tienen que ser capaces de cuestionarse estos caminos, porque aun cuando permitan una posibilidad, apuntan a su desarticulación, lo que se ve expresado muchas veces en cambios en las mismas condiciones de ahorro a medida que avanza el proceso, sin tener la capacidad de defenderse, justamente por efecto de esa desarticulación.   Más allá de la decisión que tomen los comités, es importante que estos temas sean informados y discutidos en las asambleas, y volverlos conscientes, porque al no entender el lugar que ocupan en el panorama más amplio del negocio que se crea con esta necesidad, los comités pueden terminar siendo instrumento de las mismas empresas para exigir más traspasos de recursos, o a extender eternamente una glosa para tapar el sol con un dedo, sin tocar el sistema y la desigualdad que reproduce.

139 de 170 trabajadores del colegio debieron irse a huelga luego de que la empresa que controla 16 colegios particulares en Chile no accediera a un acuerdo por mejoras en las condiciones de trabajo. Acá te mostramos quién está detrás del colegio y cómo su fortuna se sostiene con la esclavitud infantil y la deforestación en África y un negocio mundial del subcontrato. El 29 de octubre el Sindicato de Trabajadores del Colegio San Francisco Javier de Huechuraba (particular) inició su huelga legal en el marco del proceso de negociación colectiva, luego de que la empresa no accediera a llegar a un acuerdo en la etapa de mediación que se extendió por dos meses.   El sindicato reúne a 139 de los 170 trabajadoras y trabajadores que tiene el colegio, lo que equivale a un 82% del total, dando cuenta de un alto nivel de representatividad.   Según el comunicado del sindicato, “mientras las mensualidades del colegio se han reajustado año a año, y se realizan notorias inversiones en infraestructura, no se valora el verdadero activo del colegio, que somos sus trabajadores y trabajadoras” .     El petitorio del sindicato   - Reajuste salarial real:  los porcentajes ofrecidos por la empresa en la mediación previa a la huelga están por debajo de los incrementos obtenidos en la negociación colectiva anterior en 2022. Esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.   - Bono de diciembre:  el monto propuesto por la empresa está por debajo del que se entrega por este mismo concepto en otros colegios (Dunalastair) que forman parte del conglomerado, desigualdad que la asamblea del sindicato no está dispuesta a aceptar.   - Extensión de beneficios:  el sindicato acepta que algunos beneficios se extiendan a trabajadores no sindicalizados, pero exige que algunos se mantengan de forma exclusiva con sus socios como efecto de la organización. De lo contrario, se incentiva a los trabajadores a salirse del sindicato al no haber diferenciar en organizarse, lo que representa una práctica antisindical.     Cognita Schools: la transnacional detrás del colegio   En 2019, el Colegio San Francisco Javier de Huechuraba , ubicado en el sector de Pedro Fontova, fue comprado por el conglomerado Cognita Chile, filial de Cognita Schools, una empresa transnacional de la educación controlada por la Jacobs Foundation  (suiza), de los herederos del empresario multimillonario Klaus J. Jacobs, fortuna levantada sobre la deforestación, la esclavitud infantil y el subcontrato (ver más abajo).   Cognita Schools  llegó a Chile en 2013, y desde entonces solo se ha expandido. Hasta hoy, controla los colegios Pumahue (7), Manquecura (3), Dunalastair (3), American British School, San Francisco Javier de Huechuraba y Greenland School, con más de 22 mil alumnos.   A nivel mundial, Cognita Schools imparte educación en más de 100 colegios que se expanden por Europa, Asia y América Latina, con más de 95 mil estudiantes.     Chocolate suizo con esclavitud infantil y deforestación de áreas protegidas   Klaus Johann Jacobs -origen alemán- fue uno de los principales empresarios del café y chocolate a nivel mundial durante el siglo 20.   Su compañía Barry Callebaut  (productor de chocolate), junto a Nestlé, Mars y Ferrero, ha estado involucrada en casos de trabajo forzado, esclavitud infantil  y deforestación  de áreas protegidas en Costa de Marfil y Ghana en África, como uno de los principales compradores de la extracción ilegal.   Esta violación a los derechos humanos es parte de las condiciones que sostienen la riqueza de esta empresa transnacional , recursos que luego se traspasan a la Fundación para que esta realice su acción filantrópica en el área de la educación, pero dirigida principalmente a los sectores de altos ingresos, a través de sus centros educacionales repartidos por el mundo.     El negocio del subcontrato masivo   Posteriormente, en 1992, y con la consolidación de la relocalización productiva a nivel mundial impulsada por el capital, que buscó abaratar los costos de la mano de obra y dar una ofensiva contra la organización sindical, Jacobs creó Adia Personnel Services, destinada a proveer trabajo subcontratado a otras empresas, que luego de fusionarse con Ecco en 1996, dio origen a Adecco.   Luego de absorber otras empresas en distintos lados del planeta,   Adecco  es una de las principales empresas de subcontrato a nivel mundial con más de 500 mil trabajadores bajo su intermediación, cuyas ganancias se sostienen en un modelo de precarización laboral, y que cuenta con gran presencia también en Chile.

“El Presupuesto del MINVU debe aumentar los recursos para la vivienda social y quitar recursos a los préstamos sin intereses que se hacen a las constructoras donde se va un tercio de todo el presupuesto ”, dijeron desde el Movimiento Solidario Vida Digna. Durante la mañana y tarde de este sábado, más de 1.300 pobladores marcharon en las comunas de Huechuraba, San Joaquín y San Ramón, agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna, para exigir al Ministerio de Vivienda que agilice sus proyectos y haga cambios en la extensión del Plan de Emergencia habitacional y el Presupuesto 2026, ambos temas que actualmente se discuten en el Congreso.     Agilizar proyectos de vivienda   Según el comunicado del movimiento, exigen al SERVIU “agilizar los procesos de compra de suelo y postulación al subsidio con los proyectos de Zona Sur (500 familias) y Guanaco en Huechuraba (808 familias)”. En este último, las familias ya cumplieron los requisitos, incluido un aumento de ahorro en 40 UF, y si el trabajo de la entidad patrocinante y el SERVIU no se agiliza, las familias no alcanzarían a postular este 2025, extendiendo la espera de un proceso que ya lleva cinco años de trabajo.   Luna Maturana, vocera del movimiento, dice que   “esto representaría un fracaso de la gestión actual que no estamos dispuestos a esperar que ocurra, y por eso nos declaramos en movilización activa hasta tener certezas” .   Ver acá el comunicado completo     Freno a la especulación con el precio del suelo   Actualmente el Congreso discute la extensión del Plan de Emergencia Habitacional cuya vigencia vence en diciembre de 2025, y que ha sido el hilo conductor del trabajo del ministerio los últimos cuatro años.   Según Norman Ríos, vocero de Vida Digna de San Ramón, “la causa de la crisis   no es que no haya dinero o terrenos, sino que cada vez se gastan más recursos públicos y se exige más ahorro a las familias para cubrir los precios inflados de los terrenos, lo que es imposible de sostener con sueldos estancados, mientras el costo de la vida solo aumenta”.   El pasado 07 de octubre, el propio ministro Montes señaló en el Senado que el costo del suelo en los proyectos de vivienda ha subido en promedio un 125% de 2018 hasta ahora. “Eso explica buena parte del crecimiento del costo de la vivienda pública” , dijo en ese entonces.   Por este motivo es que “la extensión del Plan de Emergencia Habitacional por 4 años más debe incluir un freno a los precios inflados que imponen los dueños del suelo, y para eso los SERVIU deben tener la facultad de expropiar terrenos a precio justo, sobre todo en zonas con altos niveles de hacinamiento” , agregó el vocero del movimiento.     Presupuesto 2026: giro en favor de la vivienda social   Otra de las causas de la protesta fue el Presupuesto 2026 del MINVU que se discute actualmente en el Congreso, que de aprobarse tal como fue presentado por el gobierno, reducirá a la mitad los subsidios DS49 en relación a los que se entregaron en 2025 (ver tabla).   Fuente: Presupuesto del MINVU 2026 .     Para Gloria Díaz, vocera de Vida Digna de San Joaquín, “esto significa que se retrasarán los tiempos de los comités que están buscando terreno, que tienen una promesa de compra por alguno o que están a la espera de postular, y eso afecta a nuestras familias pero también a otras miles por todo el país”.   “Nosotras creemos que se deben cambiar las prioridades, aumentando los recursos para la vivienda social y quitándole a los programas de endeudamiento y sobre todo quitar recursos a los préstamos sin intereses que hace el SERVIU a las constructoras donde se va un tercio de todo el presupuesto ”   agregó la vocera.   El aumento exponencial del dinero destinado como anticipos de obras y préstamos a las constructoras se debe a la dificultad de acceso al crédito que los bancos imponen a las empresas, y ha sido cuestionado por el propio ministro Montes. “Los préstamos son muy debatibles, porque no tiene intereses. ¿Por qué no recurrir al sistema financiero por estos préstamos? Si no tienen por qué ser hechos por el Estado . Hoy tenemos casi un tercio del presupuesto total para dar préstamos. ¿Es lógico que el MINVU deba darlos o debe combinarse otra alternativa?” , dijo el ministro en la misma sesión en el Senado.   Para 2026, En vivienda, el Presupuesto total del MINVU aumentó de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (+13%), mientras que el gasto en préstamos a las constructoras aumentó de $1,7 billones a $2,2 billones (+25%), siendo el mayor ítem de aumento.     Crear una constructora pública-comunitaria   La dependencia que tienen las constructoras sobre los préstamos y anticipos que hace el ministerio pone en tela de juicio la eficiencia del modelo de producción de vivienda completamente en manos del mercado, ya que junto con limitar la caja de la que disponen los SERVIU, extiende la espera de las familias al detener los proyectos cuando estos préstamos no llegan, como ocurrió este año en la RM, donde el SERVIU optó por priorizar el pago a obras en ejecución.   Por este motivo es que el Movimiento Solidario Vida Digna plantean la necesidad de “crear una constructora pública-comunitaria que potencie el protagonismo de las comunidades y que permita producir directamente vivienda para resolver la necesidad, dejando a un lado las empresas que en el camino se llevan un pedazo de la torta . Una constructora permitiría generar una mayor cantidad de trabajo y mejorar la calidad de las viviendas” , según el comunicado.   MARCHA HUECHURABA – 10 AM       MARCHA SAN JOAQUÍN – 17 PM         MARCHA SAN RAMÓN – 18 PM

Hoy nos movilizamos porque luego de 4 años del Plan de Emergencia Habitacional, la crisis de acceso a la vivienda en Chile solo ha empeorado.   La causa del problema no es que no haya dinero o terrenos, sino que la construcción de vivienda depende de que las empresas aseguren primero sus ganancias, y esa ganancia se sostiene con más recursos públicos y con nuestros ahorros cada vez mayores, imposible de sostener con sueldos estancados mientras el costo de la vida solo aumenta.   AGILIZAR COMPRA DE SUELO Y POSTULACIÓN 2025   En primer lugar, exigimos al SERVIU agilizar los procesos de compra de suelo y postulación al subsidio, como ocurre con nuestros proyectos de Zona Sur (500 familias) Guanaco en Huechuraba (808 familias), respectivamente.   Nuestras familias no pueden extender la espera luego de reunir todos los requisitos, representaría un fracaso de la gestión actual que no estamos dispuestos a esperar que ocurra, y desde ya nos declaramos en movilización activa hasta tener certezas.   PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL   La extensión del Plan de Emergencia Habitacional por 4 años más debe incluir un freno a los precios inflados que imponen los dueños del suelo, y para eso los SERVIU deben tener la facultad de expropiar terrenos a precio justo, sobre todo en zonas con altos niveles de hacinamiento.   Es urgente también simplificar los procesos de habilitación normativa de los terrenos, que han demostrado ser igual de lentos que si no existiera el plan de emergencia.   PRESUPUESTO MINVU 2026   El Presupuesto 2026 del Ministerio de Vivienda que el gobierno presentó al Congreso reduce a la mitad los subsidios para la vivienda social, lo que hará retrasar todos los proyectos que no tienen subsidio asignado. Por eso es que se deben cambiar las prioridades, aumentando los recursos para la vivienda social y reducir el dinero para los programas de endeudamiento. La prioridad deben ser las familias sin casa y no el negocio de los bancos.   También se debe poner fin a los préstamos que los SERVIU hacen cada año a las constructoras sin cobrarles ningún interés, porque en eso se va un tercio de todo el presupuesto, todo para tapar el hoyo que dejan los bancos.   CONSTRUCTORA PÚBLICA-COMUNITARIA   Se debe crear una constructora pública-comunitaria que potencie el protagonismo de las comunidades y que permita producir directamente vivienda para resolver la necesidad, dejando a un lado las empresas que en el camino se llevan un pedazo de la torta. Una constructora permitiría generar una mayor cantidad de trabajo y mejorar la calidad de las viviendas, al no perseguir el lucro sino el bienestar de la población.   Hacemos un llamado a los comités de vivienda y movimientos de pobladores a nivel nacional, a retomar el camino de la movilización y no poner el foco en las próximas elecciones, porque más allá de quién salga presidente, para el 2026 la música se define estas semanas, y nuestros procesos no se están viendo favorecidos.     BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA NECESIDAD, ¡LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA!

Los proyectos de vivienda social que aún no han postulado al subsidio podrían ver estancados sus avances en 2026 por la baja de 25 mil subsidios DS49 menos que entregarán los SERVIU en comparación al 2025. ¿Competir por migajas o unirse por un objetivo común? Presupuesto MINVU 2026   Para el 2026, el Ministerio de Vivienda aumentará su presupuesto total de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (un billón es un millón de millones, difícil de dimensionar).   A pesar de que habrá más plata ($771 mil millones más), se entregará la mitad de subsidios DS49 de los que se entregaron en 2025 (ver imagen). Esto significa que se retrasarán proyectos de los comités que están buscando terreno, tienen una promesa de compra por alguno o están a la espera de postular.    Fuente: Presupuesto MINVU 2026.     Pero, si hay más plata, ¿por qué se entregarán menos subsidios que en 2025?   Principalmente por dos causas: 1) porque gran parte del presupuesto se va en compromisos de pago de años anteriores y 2) porque cada año se entrega más dinero a las constructoras en forma de préstamos (sin intereses) para comprar terrenos y construir vivienda.     Pagos de arrastre de años anteriores   Todos los años el presupuesto del MINVU incluye montos destinados a pagar compromisos hechos años anteriores, en ese sentido esto no es algo extraordinario, sobre todo si se considera que la construcción de proyectos de vivienda es un proceso de años.   Pero, aunque sea algo que pase todos los años, no quiere decir que sea bueno o que dé lo mismo, primero, porque quiere decir que las cifras de aumento de viviendas del Plan de Emergencia Habitacional en realidad fueron más porque se reventó la billetera pública que por un aumento de capacidad real de producir más viviendas .   Cada año la vivienda social sale más cara, ¿y para qué? Para sostener la ganancia privada. ¿A costa de qué? De recursos públicos y del aumento de ahorro familiar.     Préstamos sin intereses a las constructoras   La normativa en vivienda permite a los SERVIU hacer préstamos a las constructoras para que compren terrenos e inicien obras, a un 0% de interés con plazo de tres años para devolverlo,  tiempo que calza con la entrega de obras y cuando se transfiere el subsidio por la vivienda.   En otras palabras, las constructoras no asumen ningún riesgo por construir vivienda social, tienen de banco al SERVIU que no les cobra intereses y además les asegura la venta de su producto con los subsidios. Negocio redondo.   Para el 2026, el MINVU pretende aumentar el dinero en préstamos de $1,7 billones de pesos a $2,2 billones.  O sea, se destinarán $500 mil millones de pesos más que en 2025 en préstamos, tapando el hoyo que dejan los bancos por la tasa de interés que cobrarían.   Si existiera una constructora pública, estos $2,2 billones de pesos que se prestarán a las constructoras se podrían destinar a construir más de 50 mil viviendas sociales de forma directa , para atender la necesidad y no el negocio privado.   Lee acá “El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés”     El rol de las dirigencias   Ante este escenario de recorte de 25 mil subsidios DS49 menos a entregar en 2026, las dirigencias sociales deben preguntarse para dónde va la micro, quién la conduce y quién la financia.   Más allá de quién salga presidente, el 2026 podría ser un año de lentos avances si los comités se quedan sentados esperando que se cumplan las promesas de campaña , porque de manera más concreta, el presupuesto del MINVU ya dictó el ritmo, si es que se aprueba tal como está, y el foco está puesto en sostener las inversiones iniciadas, y no agilizar los proyectos que todavía no tienen subsidio asignado.   Esto representa un problema para todos los comités a nivel nacional, más allá de si sus proyectos van por la vía regular del DS49 o por alguna glosa particular. Y la contracción de los subsidios a entregarse podría forzar a la domesticación, que sería limitarse a competir con los otros comités, en vez de unirse y defender sus intereses de manera conjunta.   Lee acá   “Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional”

Para acceder a un terreno, 20 familias de Recoleta debieron aumentar su ahorro en hasta $4 millones. Tienen proyecto calificado por el SERVIU pero luego de seis meses, aún no se abre un llamado para postular, extendiendo la espera en el allegamiento. Fuerza Pobladora de Recoleta es un comité de 20 familias que nació el año 2023, en una comuna que por su lugar en la ciudad, dispone de pocos terrenos grandes para proyectos de vivienda social, y donde quienes tienen terrenos sin uso o disponibles para construir vivienda, suelen inflar sus precios de forma artificial.   Ante este escenario, surgió la opción de un terreno, pero siempre y cuando las familias estuvieran dispuestas a aumentar su ahorro. Eso llevó a que el comité decidiera ir por esa vía, ahorrando hasta $4 millones de pesos por familia, dependiendo del tramo que tienen en el Registro Social de Hogares.   Según las vecinas, desde inicios de este año que el proyecto está en condiciones de postular al subsidio, pero el SERVIU no ha vuelto a hacer llamados a postular por la vía que requiere este proyecto, que es la glosa 10 del Presupuesto , extendiendo la espera de las familias en el allegamiento y pagado arriendos que vacían el salario.     Glosa 10   En 2019, el segundo gobierno de Piñera creó la glosa 10 en el presupuesto del ministerio, la cual debe aprobarse cada año, al ser una atribución que dura solo un año y debe renovarse. Desde entonces, la glosa se aprobado todos los años, sin cuestionamientos del gobierno ni la oposición.   La glosa 10 apunta a cubrir los precios inflados de los terrenos en zonas bien ubicadas. Así, permite que el SERVIU aumente el monto del subsidio siempre y cuando las familias aumenten su ahorro.   En otras palabras, la especulación que el dueño hace sobre el precio del terreno es cubierta con el bolsillo de las familias sin casa y con un mayor traspaso de recursos públicos.     Familias en estado de alerta   Ante esta situación de retrasos en el proyecto y sin respuestas que den alguna certeza a las familias, el comité se encuentra en estado de alerta, y anuncian que si no hay respuestas se movilizarán para exigir que se cumplan los compromisos

Mientras hay quienes buscan desvirtuar el carácter del estallido, desde El Pincoyazo analizamos el detonante, las causas, los niveles de organización y la reacción constitucional que logró descomprimir el proceso para luego meter todo debajo de la alfombra. Al no haber un tejido mayor de organizaciones fuertes y articuladas en torno a un programa de transformaciones claro, la fuerza social no tuvo conducción, impidiendo poner el foco en resolver problemas materiales concretos por sobre las demandas de mayor "democracia". El detonante La dura represión ejercida contra el movimiento estudiantil que protestaba contra el alza del transporte público fue la gota que rebalsó el vaso. El 18 de octubre la protesta se extendió masivamente a las poblaciones y al día siguiente, a todo el país. El carácter de la protesta Desde El Pincoyazo observamos que, desde un comienzo, el elemento más transversal de la protesta fue su carácter anti-represivo , algo que se expresó muy claramente no solo en el enfrentamiento con las policías, sino también en el contenido de los cantos de la calle, lo cual no se detuvo ni siquiera con el despliegue de los militares desde el mismo 19 de octubre, cuando Piñera decreta Estado de excepción. A esto se sumó el posicionamiento de demandas asociadas a distintas áreas de la vida que, a nuestra visión, no surgieron de forma espontánea, en el sentido de que se trataba de demandas que ya se encontraban posicionadas como efecto del conflicto social previo, en particular las surgidas del movimiento feminista y del rechazo al sistema de AFP. Las causas Más de 30 años de abusos, robos de cuello y corbata y saqueo de nuestros recursos naturales, pero por sobre todo, no llegar a fin de mes , viviendo para trabajar y así poder pagar deudas para comer, estudiar, vestirse o tener salud. En otras palabras, el detonante abrió una olla a presión que expulsó una larga historia de injusticia. Quienes viven de sus privilegios, conscientes del lugar que ocupan, sintieron miedo. Tanto, que pidieron perdón en los matinales y prometieron compartir sus privilegios. Hasta hoy, nada de eso ha ocurrido, al contrario. La desigualdad se ha profundizado Bajos niveles de organización y articulación social Es importante recordar también que el escenario de impugnación generalizada abrió el paso a una oleada masiva de acciones directas, asociadas a tomas de terrenos, por la falta de soluciones del sistema político, pero sin que se haya observado algún tipo de planificación sobre el conjunto de las acciones, mucho menos algún tipo de intervención extranjera, como siguen repitiendo algunos interesados en defender sus privilegios. En ese sentido, observamos que existió una acción radical y simultánea en distintos lugares, pero sin un grado de coordinación ni articulación previo ni tampoco a partir de ellas. Y los espacios que intentaron aunar fuerza para generar algún tipo de conducción del proceso, no se acercaron ni por poco. Esa ausencia de un actor capaz de conducir el proceso, en el sentido de que las distintas expresiones sociales logren tomar decisiones de manera conjunta sobre qué hacer, cuándo y cómo, fue también un rasgo característico, tal vez explicado justamente por la ausencia de movimientos fuertes, pre-existentes al estallido, lo que se reafirma con la principal forma social surgida durante el proceso: las asambleas territoriales, donde las personas recién estaban "encontrándose" o "reconociéndose". La reacción A nuestro parecer, el pueblo de Chile se levantó contra el sistema de injusticias, pero más como un rechazo y hastío generalizado, y sin una vocación de transformar el sistema político. Eso fue identificado por los intelectuales que defienden el sistema de dominación, y esa incapacidad de posicionar una alternativa clara y concreta fue la puerta para decidir procesar institucionalmente el conflicto, tentando con entregar la Constitución de la dictadura. En este sentido es importante recordar que la demanda por una nueva Constitución no surgió como una demanda popular , sino más bien de pequeños sectores de la sociedad sobre-representados, generando división y desmovilización. En adelante, el pueblo quedó fuera de la mesa. ¿Aprendizajes? Es necesario mirar con ojos críticos el ciclo de protestas de 2019 porque sus causas no se han resuelto, simplemente se metieron debajo de la alfombra. Debemos fortalecer la organización de base y la articulación en distintos niveles, y no en administrar la pobreza a través de algún cargo en el Estado. En ese sentido, es importante identificar que la masividad, la fuerza, la disposición y la simpatía de las mayorías sobre un conjunto de ideas y demandas no fue suficiente. Al no haber un tejido mayor de organizaciones fuertes y articuladas en torno a un programa de transformaciones claro, la fuerza social no tuvo conducción, impidiendo poner el foco en resolver problemas materiales concretos por sobre las demandas de mayor "democracia".

Los dueños del terreno piden 10 veces el precio al que lo compraron, y no acceden al valor 5 veces superior que ofrece el MINVU, el cual se pagaría a través de un crédito hipotecario asumido por las familias vía cooperativas de vivienda. El Pincoyazo se trasladó a San Antonio para conversar con sus protagonistas, los pobladores del cerro Centinela. Principales hitos Ante la larga ausencia de soluciones habitacionales, en octubre de 2019 comenzó a poblarse el cerro Centinela ubicado en el límite entre las comunas de Cartagena y San Antonio, y su expansión hasta el presente (más de 4 mil familias), como también la distribución de las casas y calles, dan cuenta de que aquí existieron voluntades públicas y privadas que avalaron el poblamiento. En 2019, registros que circularon en prensa muestran a los dueños del terreno ofreciéndolo a los pobladores, señalando incluso que la responsabilidad de lotear recaería en el municipio, incentivándoles a seguir adelante, pero estableciendo un precio de compra en lo que hasta ese entonces era un basural. Posteriormente, en septiembre de 2020 y ante la falta de acuerdo bajo las condiciones establecidas por los dueños, estos presentan una primera demanda, y posteriormente, en 2023, un recurso de protección con el que impulsaron, paso a paso, el desalojo, que finalmente sería dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en febrero de 2025. En ese escenario, y ante la incapacidad del Estado por desalojar a cerca de 10 mil personas, y la crisis humanitaria que eso significaría, el Ministerio de Vivienda agiliza una mesa de trabajo con los dueños, proponiendo la fórmula de comprar el terreno bajo la figura de cooperativas de viviendas donde las familias cubrirían con una deuda la compra, pero la pelota sigue trabada, porque el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños. Especulación con el precio del terreno En 1997, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A compró las 260 hectáreas de suelo a 0,04 UF por metro cuadrado, pero la última oferta que presentaron al MINVU fue por 0,4 UF por metro cuadrado, lo que equivale a 10 veces el valor de compra original, sin haber invertido un solo peso en el terreno. Por su parte, la tasación que hizo el MINVU establece un precio de 0,2 UF por metro cuadrado, que pese a ser 5 veces el valor por el que los dueños lo compraron en 1997, no les deja contentos. En Chile hoy no existe una ley que regule el precio del suelo ante estas situaciones, lo que entrega más poder de negociación a quienes tienen recursos para comprar y dejar los terrenos sin uso durante varios años, lo que funciona como una barrera de acceso para los comités de vivienda, y por tanto crea un escenario de aparente ausencia de terrenos, cuando en realidad sí existen, pero están en reserva, en lo que podría definirse como un proceso de engorda de precios. Lee acá " Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas" La cooperativa de vivienda como opción de compra Durante el proceso, el MINVU propuso como vía para destrabar el conflicto la posibilidad de que las familias pobladoras compren el terreno a través de la figura de las cooperativas de viviendas, ¿pero por qué? La idea de la vía cooperativa surgió a partir de lo que permite el artículo 137 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), el cual dice que el dueño de un terreno puede venderlo sin hacerse cargo de los costos de urbanización asociados a lo que establezca el Plan Regulador Comunal, si es que el destinatario de los terrenos es una cooperativa de vivienda. Así, la responsabilidad de urbanización recae en las familias, quedando sujeto el traspaso del mismo a que se vayan concretando esas obras. Esta figura responde a cómo funcionaban las cooperativas anteriormente a la dictadura, con una fuerte capacidad de gestión y construcción, ya que el artículo 136 de la misma LGUC, prohíbe a la Inmobiliaria San Antonio vender el terreno si no se hace cargo de construir una serie de obras de urbanización. A partir de este camino posible, las familias pobladoras crearon 40 cooperativas agrupadas en una federación, para así hacer posible la compra del suelo. Según Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda del cerro Centinela , "tenemos que poner un pie para entrar a la negociación, de manera particular. Luego esperar que se apruebe esta fórmula a través del Banco Estado, y posterior a eso ver el plazo y la cuota a través de un crédito hipotecario" . "Se ha hablado en un principio de $100 mil pesos mensual, pero se ha visto también la condición de las familias, ya que algunas no van a poder pagar eso todos los meses, y se está conversando entre $50 mil y $100 mil mensual, que puede ser a 10 o 15 años, y eso depende del Banco Estado" , agregó el dirigente. Hoy la pelota sigue trabada, y como el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños, estos han reactivado el desalojo , pidiendo a la Delegación Presidencial que ponga una fecha concreta al mismo, algo que de concretarse, desataría una crisis de proporciones, porque el Estado no tiene hoy la capacidad o más bien la voluntad de realizarlo a través de una solución alternativa para las familias. Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria"

Tras cuatro años del Plan de Emergencia Habitacional, la crisis continúa e incluso se ha intensificado : el nivel de los salarios está lejos de crecer al nivel que aumenta el precio de la vivienda en propiedad y en arriendo, forzando a más familias a vivir en un campamento.  Ninguna de las medidas que contempló el Plan de Emergencia pusieron un freno a la especulación sobre el precio del suelo, principal causa de la crisis.  En vez de equilibrar la balanza, el gobierno siguió el legado neoliberal traspasando los costos a las familias sin casa a través de exigir más ahorro como condición para entregar más recursos públicos vía subsidios a los especuladores, lo cual es insostenible en un contexto donde el costo de la vida aumenta de forma permanente (luz, agua, gas y comida). Un segundo problema de fondo es que, en vez de priorizar la construcción de vivienda social,   se profundizan las garantías que el Estado entrega a las constructoras en cada una de sus fases para asegurar el lucro: 1) Se aumentó el traspaso de recursos vía subsidios. De esta forma, la certeza de venta incluyó una garantía de precios más altos como incentivo para producir. 2) Se incrementó el traspaso de recursos vía préstamos a un 0% de interés como anticipos de obras, donde se va cerca de un tercio del presupuesto anual del MINVU. 3) Se ampliaron las garantías para que las constructoras accedan a créditos y se creó un nuevo subsidio para que más personas accedan a créditos hipotecarios, todo esto, porque las empresas tenían decenas de miles de viviendas sin vender y los bancos no estaban dispuestos a bajar su tasa de interés. En el Congreso, tanto el gobierno como la oposición y los empresarios de la construcción han dejado claro que esta política tiene un acuerdo transversal y no cabe duda de que será extendida por cuatro años más.  Como Movimiento Solidario Vida Digna tenemos muy claro que, si la extensión del Plan de Emergencia no incluye nuevas facultades que apunten a la raíz del problema, la crisis de acceso a la vivienda en Chile solo empeorará.   Por eso, para que se construyan más viviendas, de forma oportuna y de mejor calidad para las familias sin casa, proponemos las siguientes medidas, entre otras posibles: 1) Poner un freno a la especulación inmobiliaria: - Facultar a los SERVIU para obligar a que las empresas que posean terrenos por más de 3 hectáreas los vendan a precio de avalúo fiscal con el fin de destinar únicamente a la construcción de vivienda social.  Porque sin medidas que intervengan la captura y concentración de la propiedad del suelo, no hay aumento de presupuesto que aguante. - Establecer un porcentaje de recuperación de plusvalías a la venta de terrenos, entendida como una obligación que tendrán las empresas de entregar al Estado parte de sus ganancias por venta de suelo cuando esta se generó por efecto de la inversión pública , como podría ser la urbanización del entorno, la construcción de un metro o de otro tipo de bienes y servicios públicos que agregan valor al terreno.  - Establecer un impuesto a la tenencia de terrenos sobre 3 hectáreas que, estando dentro de la ciudad, sus dueños dejan sin uso por largo tiempo, solo esperando que su valor aumente  para así, en el futuro, vender o construir un proyecto después de que aumentó la necesidad de viviendas o de que el Estado invirtió en construir calles y servicios, porque este mecanismo también bloquea el acceso a terrenos y los encarece. 2) Poner fin a la glosa 10, por la que se traspasa el aumento del precio del suelo a las familias   sin casa  al imponerles ahorrar varios millones adicionales como exigencia para aumentar el monto de los subsidios. Esta medida, de la mano con el freno de la especulación, es fundamental para que los sectores más pobres no sigan quedando fuera de los proyectos cuando el SERVIU pide aumentar el ahorro. 3) Crear una empresa constructora de gestión pública-comunitaria para el desarrollo de vivienda y servicios públicos , en la cual las instancias de planificación, administración y ejecución cuenten con la participación e incidencia  de las comunidades y sus organizaciones para que su actividad no esté orientada por el lucro, sino para atender la necesidad de la población, permitiendo reorientar recursos que hoy cubren la ganancia privada para, de esta manera, construir más y mejores viviendas, disminuir los niveles de endeudamiento familiar, además de generar trabajo directo para las mismas familias y comunidades. En esta vuelta en que se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y también el Presupuesto del MINVU 2026 que le seguirá dando soporte, es importante que los comités de vivienda y distintos movimientos populares del país seamos capaces de aunar posturas, articularnos y defender a través de distintas acciones el bienestar de nuestras familias por tener un techo donde vivir. BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA NECESIDAD ¡LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA! Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria" Lee acá " Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas"

Mientras se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y el Presupuesto 2026, el empresariado de la construcción instaló su pliego de peticiones a punta de noticias falsas que condicionaron el debate. Acá te presentamos sus demandas y por qué, en caso de aplicarse, solo profundizarían la crisis de acceso a la vivienda en Chile. De izquierda a derecha: Orlando Sillano, Slaven Razmilic y Carlos Marambio. Contexto Desde hace unas semanas se instaló la idea de que el Ministerio de Vivienda debía más de $1.000 millones de dólares a empresas de la construcción. Un título alarmante que nunca fue respaldado con datos, pero que de igual manera permitió al empresariado tomar la iniciativa y acorralar al ministerio, justo cuando inicia la discusión por el Presupuesto 2026 y también la extensión del Plan de Emergencia , que caduca en diciembre de 2025. ¿Su objetivo? Pedir más dinero al Estado para iniciar obras y que se bajen las exigencias de distintas normas urbanas para poder producir más y a menores costos, pero no para bajar el precio de la vivienda. A continuación presentamos una síntesis de las exposiciones de los principales gremios empresariales vinculados a la producción de vivienda en Chile y la respuesta del MINVU, desplegadas durante tres sesiones distintas de las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados (01 oct) y del Senado (30 sept y 07 oct) durante la última semana de septiembre e inicios de octubre de 2025.   Constructoras piden más dinero para anticipo de obras En su presentación ante la Comisión de Vivienda del Senado, el representante de la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS) y ex jefe de la División de Política Habitacional del MINVU en el segundo gobierno de Piñera, Carlos Marambio , planteó que el SERVIU RM no tenía deudas por obras ejecutadas (después de que en la prensa circuló la noticia toda una semana y sin datos de respaldo), pero sí que   se necesitaba que el Ministerio de Hacienda apruebe $312 mil millones de pesos extra   para cumplir los compromisos con que quedan en el año, y que consistirían en no retrasar las transferencias de dinero por anticipos, avances de obras y entrega de viviendas, además de acceso a préstamos a 0% de interés para proyectos DS19 (subsidios con deuda). Marambio agregó que los avances de obra de los proyectos DS49 (subsidios sin deuda) en la RM se estarían pagando vía confirming (que es una fórmula financiera donde un banco anticipa un pago futuro a una cierta tasa de interés) y no directamente con recursos SERVIU, “ lo que significa para el privado que tiene que pagar el costo financiero del confirming, pero a una tasa menor que un crédito porque el riesgo lo asume el SERVIU, entonces no es lo mismo que pedir un crédito, es una tasa más barata”. Asimismo, agregó que los proyectos DS19 que no han recibido préstamos del SERVIU, no tienen la opción de aplicar el confirming, por lo que en algunos casos, las empresas han decidido adelantar dineros del banco. En resumen, “se trata de anticipos, obras en ejecución y escrituración. La línea completa.   Y es importante aclarar que los $312 mil millones que nosotros declaramos no es deuda vencida sino lo que va a faltar en el año para ejecutar los compromisos del SERVIU . ¿Se entiende eso? No es que el MINVU deba $312 mil millones, sino que es lo que se requiere que se suplemente para finalizar el año ” , lo que equivale a un 32% del presupuesto anual del SERVIU RM. Pero, ¿cómo?, ¿las constructoras no tienen la capacidad de construir por medios propios sin depender del Estado?, ¿o sea que además de la entrega de subsidios dependen de préstamos a un 0% de interés del SERVIU para iniciar obras? Sí, tal como lo leíste. Un día antes, el 30 de septiembre, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y también ex funcionario del MINVU, Slaven Razmilic, dijo que “es importante tener presente que   tanto los anticipos para proyectos DS49 como los préstamos de enlace para DS19, en sus reglamentos, dicen que se entregarán sujeto a la disponibilidad presupuestaria, por tanto, si el ministerio no tiene disponibilidad presupuestaria, es razonable que no se entreguen . Sin embargo, el DS49, en su diseño, siempre consideró que iban a existir estos anticipos, y los actores así lo entienden. Por lo tanto, si no podemos entregarlos, la industria tampoco podrá avanzar en la ejecución de los programas". Inmediatamente, Razmilic agregó que es en este punto donde debe ponerse el foco a la hora de discutir sobre si extender o no el Plan de Emergencia . “Se debe pensar cuál es la factibilidad de que una siguiente administración, del color que sea, va a poder sostener un volumen de actividad coherente con las necesidades que tenemos. Y   si hoy no tenemos la capacidad de entregar anticipos y préstamos de enlace, vamos a observar una merma en las soluciones (viviendas)  a entregar en los próximos años” . Algo similar planteó Orlando Sillano , vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción -durante la misma jornada-, aludiendo a un estudio del gremio sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda en Chile en vista del aumento de los costos de producción. “En una vivienda DS49 el tema térmico significa 50 UF, y   es cierto que es mejor tener una vivienda aislada (térmicamente) , pero si no se puede pagar, a lo mejor hay que postergar eso. Hay que ser más realistas ”. En otras palabras, si el Estado no asegura el negocio, que las familias se caguen de frío. No es problema de los empresarios.   ¿Y no que la empresa privada era más eficiente? El fondo del reclamo de las empresas es pedir que el Estado no solo les asegure la compra de su producción vía subsidios, sino también que le asegure plata fresca para producir, y no solo ante avances de obra, sino incluso antes de iniciarlas (vía préstamos sin intereses y anticipos) . Un negocio redondo y sin riesgos. Y como el SERVIU RM detuvo la entrega de préstamos y anticipos para priorizar otros gastos, las empresas reclaman para que el Ministerio de Hacienda apruebe la entrega de plata extra antes que termine el año: $312 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 30% del presupuesto 2025 del SERVIU RM.   Fuente: Datos SERVIU RM   Fuente: Datos SERVIU RM     La respuesta del gobierno: asegurar más recursos a la empresa privada Un día después de que hablara el empresariado, el 02 de octubre, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, intentó sacarse las balas cuestionando las cifras que circulaban en la prensa de que el MINVU debía $1.000 millones de dólares a las constructoras, y las bajó a $130 millones de dólares, que es también menos de la mitad de los $312 millones de dólares que reclamaba el gremio empresarial. Ese mismo día, y acto seguido de una semana con amenazas de acusación constitucional sobre el ministro, el gobierno de Boric publicó el Presupuesto 2026, dando en el gusto a las constructoras y tapando aún más el hoyo que dejan los bancos. En vivienda, el Presupuesto total del MINVU aumentó de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (+13%), mientras que el gasto en préstamos a las constructoras aumentó de $1,7 billones a $2,2 billones (+25%), siendo el mayor ítem de aumento.   Fuente: Datos MINVU   Acá hay que detenerse un momento, y preguntarse, ¿por qué el gobierno cedió?  Si el propio SERVIU RM debió dejar de prestar dinero a las constructoras porque, según su director, “el déficit estructural nacional, que se arrastra de años anteriores, ha obligado a este Servicio a adoptar medidas de priorización presupuestaria” . A eso se suman las críticas hechas por el ministro Montes el 07 de octubre en el Senado. “¿Por qué no recurrir (las empresas) al sistema financiero para estos préstamos? Si no tiene por qué hacerlos el Estado. Hoy tenemos casi un tercio del presupuesto total para dar préstamos. Si tenemos el Banco del Estado, lo mínimo es que cumpla esas funciones”. ¿Entonces por qué el gobierno decidió apretar el pie en el acelerador en vez de redirigir las prioridades del gasto público hacia construir más vivienda sin deuda? El gobierno tiene la facultad de tomar esta decisión, porque prestar dinero sin intereses para que las constructoras inicien obras no es una obligación, sino una facultad (posibilidad), y siempre que exista caja para eso , y la caja del MINVU, y en particular del SERVIU RM, viene asfixiada desde hace rato, y la principal causa es que, para asegurar el negocio, el Estado ha debido gastar no solo cada vez más en prestar dinero sin intereses, sino también cada vez más dinero por cada subsidio que entrega, como se detallará más adelante. El problema de fondo de todo esto es el rol del Estado, diseñado principalmente para traspasar recursos a la empresa privada , lo que en el área de la vivienda se expresa en asegurar cada fase de la producción con dinero fresco y leyes a la medida, incluyendo el traspaso de subsidios y garantías de deuda a quienes más acumulan capital, como son los bancos (vía FOGAES y vía subsidio a la tasa de interés y garantía al dividendo).   Perspectiva histórica: más ganancia privada y menos vivienda social Sobre el costo de los subsidios, Razmilic dijo que “hoy estamos gastando cinco veces más para producir del orden de 30% menos”  que en los años 90s . Agregando que, si bien “ hemos aumentado los (montos en)  subsidios en promedio por vivienda en todos los gobiernos, también hay aumentos de costos. Suelo más caro, costos laborales y materiales más altos. Entonces ahí la pregunta es si podemos aumentar la producción con esos costos promedio, y sino, ¿qué podemos hacer para contener esos costos?”. Una salida es la vieja receta de desregular (ver dos capítulos más adelante).   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Hay tener presente que la mejora de los estándares mínimos para la vivienda social no fue producto de la buena voluntad de las empresas ni de los gobiernos, sino justamente porque la mala calidad de la vivienda rápidamente generó problemas, volviéndolas inhabitables, lo que también han implicado un gasto importante de recursos públicos a través de los programas de mejoramiento de la vivienda , que desde el año 2008 comenzaron a ocupar un porcentaje importante respecto del total del gasto en subsidios habitacionales (ver gráfico anterior).   El mercado de la vivienda por segmento Algo importante a tener presente es el lugar que ocupa la vivienda que se compra con subsidios del Estado, que durante los últimos 20 años superó el 50% del total de viviendas que se compraron cada año. Esto quiere decir que el negocio de la construcción de vivienda en Chile se sostiene en gran medida por el traspaso de recursos del Estado , ya que más de la mitad de las familias y personas que acceden a una vivienda en propiedad pueden hacerlo solo con el soporte del Estado, lo que da cuenta de la gran brecha entre los salarios y el precio de las viviendas.   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Estos datos también demuestran que sin el dinero del Estado para iniciar obras, finalizarlas y luego asegurar la compra, la empresa privada de la construcción no sería capaz de cubrir todo este nicho de negocio, que en realidad es la necesidad de millones de familias. Para usar de forma más eficientes esos recursos, el Estado podría una constructora pública-comunitaria,  que por la escala de producción y su poder de compra podría construir a menores costos que el sector privado, el que dejaría de ser competitivo, y orientar su producción para satisfacer la necesidad de las familias trabajadoras, y no para lucrar, además de generar mucho trabajo. Pero al parecer, este no es un objetivo ni para el gobierno ni la oposición.   Los objetivos de los empresarios de la construcción Ante este diagnóstico, la solución para el gremio es extender el Plan de Emergencia Habitacional, e incluso extender de forma ampliada y permanente algunas de sus facultades que hoy son acotadas a ciertos proyectos (vivienda subsidiada) y por una duración de cuatro años. La línea general que demanda la empresa de la construcción es desregular las normas urbanas, a través de: - Facilitar los cambios a los planes reguladores no solo en terrenos públicos , sino extenderlo a los privados para así aumentar la capacidad de producción sin incurrir en costos. - Extender como norma general la aprobación de permisos de edificación sin tener aprobado un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) , retrasando su exigencia al momento de la recepción final de obras. - Extender el límite de la ciudad para aumentar la superficie de suelo construible , cuando en realidad el problema no es la falta de suelo, sino su uso especulativo.     ¿Y el movimiento de pobladores? En este esquema de negocio, para los empresarios de la construcción los comités de vivienda pueden ser un instrumento útil, sobre todo si estos últimos acotan su rango de acción a pelear por su interés individual e inmediato, sin mirar a qué costo se consigue, ni cómo la forma en que se resuelve el problema afecta al conjunto de comités y, de forma más amplia, a las cientos de miles de familias sin un techo donde vivir. Ante la alarma por el retraso de los proyectos -que es una constante en el proceso con o sin Plan de Emergencia-, los comités tienen la obligación de movilizarse, pero si no identifican dónde se traba realmente la pelota, pueden terminar siendo presa de la empresa privada, como su punta de lanza para pedir más traspasos de dineros sin que se toque el modelo de acumulación, lo que a la larga permita por hacer más difícil el acceso a la vivienda. Tras cuatro años de Plan de Emergencia Habitacional, la forma en que se abordó la “crisis habitacional” fue empobreciendo aún más a las familias trabajadoras y excluyendo al sector más pobre de ellas al obligarlas a aumentar el ahorro adicional en varios millones de pesos para sostener la ganancia inmobiliaria por el aumento del precio del suelo, a través de la famosa glosa 10. En este contexto, los comités de vivienda tienen varios desafíos por delante: mejorar sus formas de organización, instruirse y unir sus demandas en espacios de articulación que les permita golpear la mesa bajo un paraguas mayor, porque la acción dispersa y reactiva está condenada a ser útil al capital.

Por Matías Rodríguez, sociólogo pincoyano. Un hallazgo que sacude Camino casi todos los días con mi hija por el casco histórico de Huechuraba. Ella está en pre-kínder y muchas veces hacemos juntos el trayecto entre el colegio, la plaza y la casa. Una tarde, mientras avanzábamos por la vereda, noté una pequeña bolsa transparente con restos blancos en su interior y la cara de Pablo Escobar estampada . Al principio pensé que era basura, pero la repetición me golpeó: no era la primera vez que veía algo así. Desde pequeño conocí casas donde se traficaba, plazas ocupadas por consumo de alcohol y drogas, adultos apropiándose de espacios que deberían ser recreativos para niñas, niños y adolescentes. Pero verlo ahora, al alcance de la mano de mi hija, lo vuelve mucho más brutal. ¿Y si ella la hubiera recogido? ¿Y si otro niño pensara que se trata de un dulce? Estas bolsas aparecen en distintas calles, plazas y paraderos de nuestra población: la Plaza Cívica, el skatepark y los accesos más transitados. Ya no es un hecho aislado. La droga ha dejado de estar oculta: hoy se muestra sin pudor en el espacio público, a plena luz del día, al alcance de cualquiera.   Riesgo inmediato y normalización El peligro físico es evidente: un niño puede tener contacto directo con restos de droga, inhalarla o incluso ingerirla accidentalmente. Pero existe otro riesgo, menos visible y más profundo: la normalización. Si estas bolsas siguen apareciendo y nadie actúa, si la comunidad y las autoridades no reaccionan, nuestra infancia terminará aprendiendo a convivir con la droga como parte natural del paisaje urbano. Que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan viendo estos residuos en plazas y veredas es un recordatorio silencioso de que el narcotráfico ya se insertó en la vida cotidiana.   La desigualdad detrás de cada bolsa En Chile, cerca del 24% de la población son menores de 18 años —unos 4,5 millones— y de ellos, dos de cada cinco vive en pobreza multidimensional, con carencias en educación, salud, vivienda y entorno (UNICEF, 2025). Estas condiciones hacen que los riesgos no se distribuyan de manera equitativa: la infancia en territorios vulnerables convive con basurales, falta de luminarias, espacios públicos deteriorados… y ahora también con la huella del narco en cada vereda. Cada bolsa abandonada es más que un desecho: es un indicio. Señala microtráfico, consumo abierto y transacciones que ocurren a metros de colegios, multicanchas y ferias libres. El narcotráfico se instala no solo en la esquina o en la casa deshabitada, sino también en la vida cotidiana de nuestras poblaciones, transformando la cultura barrial de los espacios públicos en un foco de riesgo para quienes habitamos en ella. Huechuraba no es ajena a este fenómeno. Y como en muchas otras comunas de la Región Metropolitana, el narcotráfico aprovecha vulnerabilidades estructurales para desplegarse: pasajes estrechos, calles oscuras, veredas deterioradas y por sobre todo la pobreza, expresión de la desigualdad territorial. El narcotráfico se consolidó en Chile desde la dictadura , aprovechando el acceso a precursores químicos del Ejército y la cercanía de actores ligados al poder; incluso los hijos del dictador mantuvieron vínculos con narcotraficantes. Esta inserción temprana estableció un patrón de expansión que apuntó a desarticular el tejido social de las poblaciones, dejando huellas que hoy vemos en nuestras plazas y veredas. Lee acá "Los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes" (CIPER)   La puerta de entrada hacia nuestras infancias Según el XV Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (SENDA, 2025) , 2 de cada 10 escolares reconoce haber consumido marihuana en el último año. Además, se observa un aumento en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre mujeres escolares, llegando incluso a superar a los hombres en algunas categorías. La normalización no es solo visual: es también conductual. En 2024, más de 300 adolescentes de la Región Metropolitana ingresaron a programas de tratamiento de SENDA. No hablamos de casos aislados, sino de una generación entera que necesita respuestas concretas y sostenidas.   Un llamado desde nuestras veredas Me preocupa que mi hija, y cualquier niño o niña de esta comuna, crezca normalizando la droga en todos lados. Me niego a aceptar que las bolsas con droga se vuelvan parte del paisaje urbano, como si fueran simples papeles de helado tirados en la calle. Propongo algo sencillo pero poderoso: no miremos hacia otro lado . Denunciemos. Avisemos. Conversemos en la junta de vecinos, en el colegio, en la feria. Exijamos que la Municipalidad actúe con rapidez. Involucrémonos como comunidad.

Tras su polémica aprobación en el concejo municipal, la nueva Corporación Municipal de Deporte y Cultura debe constituirse en una asamblea de socios y elegir su directorio. Pero, ¿quiénes ocuparán esos cargos?, ¿quiénes los elegirán? y ¿por qué nadie consultó a los vecinos? Acá te explicamos cómo funciona el marco legal de toda esta maraña privatizadora. Marco regulatorio y propuesta municipal En nuestro país, las corporaciones municipales se rigen por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley Nº 20.500) y por el Código Civil para personas jurídicas de derecho privado . En ellas se establece que estas asociaciones corresponden a personas jurídicas sin fines de lucro, las que se financian con recursos públicos, donaciones privadas y la generación de recursos propios. Asimismo, la ley también establece que las corporaciones son encabezadas por un Directorio , donde si bien tiene incidencia la máxima autoridad municipal, su gestión es independiente, o en lenguaje leguleyo, de derecho privado. Por lo tanto, quienes toman las decisiones dentro de la corporación es un Directorio compuesto por al menos 3 personas: un presidente, un secretario y un tesorero. Y según las necesidades, pueden incluirse uno o más directores. En el caso de Huechuraba, la propuesta que presentó el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) al Concejo Municipal, detalla que esta Corporación la conformarán al menos 5 personas. De las cuales 2 serán designados en acuerdo con el Concejo Municipal y otros 2 serán electos por la Asamblea General de la Corporación, Sin embargo, la propuesta del alcalde no especifica quiénes serán las personas que compondrán ese Directorio.  ¿Serán dirigentes sociales, funcionarios municipales, políticos profesionales o empresarios millonarios? El Concejo Municipal y el vacío de información  La creación de esta Corporación de Cultura, Deporte, Recreación y Fomento de Emprendedores, fue una de las tantas propuestas de la campaña electoral del Alcalde Luksic. Y aunque es un tema que se ha discutido en comisiones del Concejo Municipal que no son públicas, es bien poco lo que se ha dado a conocer a la población de manera abierta y solo se han difundido algunos contenidos días antes de ser aprobada la propuesta el 22 de agosto pasado. El problema no ha sido solo la falta de claridad y transparencia del alcalde, sino también la pasividad que han mantenido las y los concejales frente a este tema, todos responsables en su medida de la desinformación sobre algo que debería ser motivo de debate comunal,  más aún cuando se trata del traspaso de recintos públicos importantes y de cientos de millones cada año a una Corporación de derecho privado, los que si bien serán fiscalizados por el Concejo Municipal y la Contraloría de la República, las decisiones las tomarán por fuera de este, llevándose la pelota para la casa. La pregunta sobre los recursos públicos que se le asignan a esta Corporación de derecho privado es muy importante, sobre todo pensando en lo que ha ocurrido en otras municipalidades donde, a través de corporaciones, se han malgastado recursos en sobresueldos y financiamiento ilegal de campañas políticas. Lamentablemente, estos casos sólo se han conocido una vez cometidos los millonarios fraudes, perjudicando a cientos de miles de vecinos.  La privatización de la gestión de bienes y recursos públicos Una de las claridades sobre las corporaciones municipales, es que su creación implica que esas áreas serán gestionadas por empresarios y no por las organizaciones sociales compuestas por vecinos, con el mito de que los privados son más eficientes que el Estado. Que exista una Corporación privada, no implica necesariamente pagar por usar espacios que hoy son gratuitos, como las 7 canchas, el Centro Cultural o el Planetario. Pero sí implica que de una u otra forma se limitaría el uso por parte de la población, ya que según la propuesta que la alcaldía presentó al Concejo Municipal, estos espacios se podrían arrendar o concesionar para generar nuevos recursos. Como vemos en el cuadro anterior presentado al Concejo Municipal, durante el primer y segundo año de funcionamiento de la Corporación, la Municipalidad entregará el 100% del financiamiento. Y al tercer año se espera que al menos el 20% de su presupuesto provenga de la generación de recursos propios (arriendos y patrocinios de marcas) o donaciones de entidades privadas (empresas) , las que por supuesto, no son solo de buen cristiano. Los beneficios tributarios para las donaciones de empresarios En el complejo entramado legal vinculado con la regulación de las Corporaciones Municipales, existe una serie de leyes que entregan beneficios tributarios a las empresas que realizan distintos tipos de donaciones, lo que requiere un análisis especial, ya que el incentivo para que una empresa realice una “donación” es la reducción del pago de impuestos al fisco, que significa menos recursos públicos para cubrir necesidades. En primer lugar se encuentra la Ley Nº 20.675 sobre Donaciones con Fines Culturales , que modifica el artículo 8 de la Ley N° 18.985 sobre normas tributarias. Allí se establece que las instituciones culturales, como una Corporación, presentan proyectos a un Comité Calificador de Donaciones Culturales, y de ser aprobados, las empresas pueden escoger a cuál de ellas entregar aportes en dinero o especies. Con esto obtienen una rebaja tributaria (pago de impuestos) entre el 35% y 50% de lo que “donaron”. En caso de que ese porcentaje supere el 2% de la renta líquida imponible (ingresos brutos, menos los costos y otros ajustes) o 20.000 UTM (Unidad Tributaria Mensual), correspondiente a alrededor de $1.385.300.000 (calculado según UTM de Octubre 2025 de $69.265), la empresa podrá declarar ese excedente como un gasto. La Ley del Deporte Nº 19.712  (en los artículos del Párrafo Nº 5) también otorga franquicias tributarias similares para las donaciones a entidades deportivas sin fines de lucro, como lo será la Corporación Cultural, Deportiva, Recreativa y Fomento de Huechuraba. Una de las diferencias es que es el Instituto Nacional del Deporte el que aprueba los proyectos y organizaciones que pueden recibir donaciones deportivas. En esta circunstancia, la rebaja de impuestos no puede superar las 14.000 UTM, equivalente $969.710.000. Y en caso de que el monto sea superior, ese excedente la empresa también lo puede declarar como un gasto. Otra norma que podría utilizarse, es la Ley Nº 19.885 sobre Donaciones Sociales  que también permite a las empresas realizar aportes a asociaciones sin fines de lucro que tengan proyectos o programas sociales en las áreas de pobreza o discapacidad, como podría ocurrir con el área de desarrollo económico de la futura Corporación Municipal. Si bien las donaciones pueden ser mucho menores, en este caso si la rebaja de impuesto supera las 1.000 UTM, equivalentes a $69.265.0000, la diferencia se puede declarar como un gasto de la empresa. Como vemos, si bien la creación de una Corporación permitiría captar recursos por concepto de arriendos o donaciones, la normativa le entrega bastantes beneficios tributarios a las empresas que donen. Por lo tanto, la “donación” que realizan se traduce en una franquicia tributaria, es decir, un incentivo económico para que las empresas accedan a realizar donaciones a cambio de una rebaja considerable de impuestos. La privatización de la toma de decisiones Finalmente, con la creación de una Corporación lo que se privatiza no es solo la gestión de los recintos y recursos públicos, sino también la toma de decisiones , ya que estas las tomarán personas que no necesariamente velarán por las necesidades de la población. Si no que en base a criterios basados en eficiencia económica en vez de sueldos dignos, en marketing en vez de necesidades de la población y en la recaudación de nuevos recursos cuando sus gestores privados se equivoquen o afecten la probidad pública. Esto significa que las decisiones sobre el devenir de la Cultura y el Deporte comunal se le transfiere a un actor privado que no necesariamente está capacitado o basará sus acciones en base al bienestar común. Es decir, es el privado el que mediante la promoción cultural, deportiva o empresarial desarrolla toda su apuesta ideológica. De acuerdo a la información a la que se ha podido acceder hasta hoy, con esta decisión lo único que queda claro es que la población y en particular las organizaciones sociales no han participado en ninguna decisión y posiblemente tampoco la tengan en el futuro. Lo más probable es que la población siga mirando las sedes y canchas en mal estado, mientras se traspasan miles de millones a una entidad privada que posiblemente en el futuro sea muy diferente a lo que hoy nos pintan.