PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL: ¿PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS O LA BANCA Y LAS CONSTRUCTORAS?

El gobierno presentó un proyecto de ley para que las constructoras logren vender las más de 50 mil viviendas nuevas de entre 3.000 y 4.000 UF que mantienen en stock, sin uso, producto de las altas tasas de interés que imponen los bancos. En el discurso, la medida que forma parte del Plan de Emergencia Habitacional, busca beneficiar a los sectores medios, pero al revisar con más detalle, el foco apunta a traspasar recursos públicos para dinamizar el mercado financiero, ya que de los 50 mil subsidios y garantías de créditos hipotecarios que se entregarán, 45 mil podrán recibirlos personas o empresas que se dedican a comprar viviendas para destinarla al arriendo, lo cual, visto de forma más amplia, contribuye a que aumente aún más el precio de la vivienda en Chile.

Con la actual tasa de interés de 4,4%, un departamento de $130 millones con deuda a 30 años tiene un costo total de $240 millones. Eso quiere decir que casi la mitad del valor total que se termina pagando va para el banco en forma de deuda. Y como los bancos no quieren asumir mayores riesgos en los préstamos, suben la tasa de interés. Así, con esta medida del gobierno, parte de ese riesgo se traspasará al Estado, quien además del subsidio al dividendo, asumirá una garantía de la deuda por el 60% del costo total de la vivienda.

El proyecto de ley da rienda suelta a que, por ejemplo, un inversionista que tiene 100 viviendas pueda beneficiar sin realmente necesitarlo más que para seguir enriqueciéndose. Todo, con el argumento de cuidar la salud de los bancos y el sistema financiero, pero no de las familias sin casa.

Medidas como estas ponen en evidencia que el negocio inmobiliario, con bancos incluidos, es la causa de la crisis habitacional, que toma la forma de crisis de acceso a la vivienda producto de la deuda bancaria, donde la llamada clase media en realidad es un nicho endeudable, sin tener la certeza de poder sostener esa deuda a 30 o 40 años.