Memoria, verdad y justicia: un deber pendiente

Por Observadores de Derechos Humanos Cascos Azules

Todas y cada una de nosotras y de nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer y evidenciar los dolorosos hechos ocurridos en aquel tiempo de oscuridad y horror que significó la dictadura cívico-militar. El Estado implementó una política de genocidio sistemático y prolongado que se tradujo en persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y, en última instancia, el exterminio de opositores políticos.

Han pasado 52 años y la falta de voluntad política, sumada a malas decisiones del Estado, han sido obstáculos graves para alcanzar una democracia plena. Aunque en los últimos días hemos visto ciertos avances, estos resultan insuficientes después de tantas décadas de espera.

Nuestro país ha aprendido muy poco de su historia. En los últimos años hemos presenciado el crecimiento del fascismo y, lo que es aún más preocupante, la ausencia de políticas sólidas de protección en materia de derechos humanos.

Hoy, Chile sigue siendo un país que ha perpetuado la injusticia, la impunidad y el sufrimiento, tanto de las víctimas de la dictadura como de aquellas del Estallido Social. Un país que ha disfrazado su democracia y que ha avanzado muy poco en materia de reparación.

Un país donde 3.227 personas fueron ejecutadas y 1.201 permanecen en condición de detenidos desaparecidos. No olvidemos a los 307 niños y niñas que fueron asesinados, dónde el menor era un lactante, las 200.000 personas que sufrieron el exilio, y un número indeterminado de  torturados y de prisioneros políticos.

En cuanto a justicia, las cifras son elocuentes: de 1.400 procesados, apenas 117 cumplen sentencia en Punta Peuco, y ninguno de ellos ha entregado información sobre el destino de las víctimas. La impunidad ha permitido que miles de victimarios caminen libremente por las calles, algunos incluso ocupando cargos políticos. Esto ha alimentado a grupos negacionistas que relativizan el golpe de Estado y justifican la tortura y el asesinato.

Como ciudadanía tenemos la obligación de comprometernos con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, de contribuir a una memoria social que rescate el valor de la vida, del diálogo y de la convivencia democrática. Valores que hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad.

Solo con memoria, verdad, justicia y dignidad podremos avanzar hacia la reparación y, quizás, hacia una verdadera reconciliación.

Rebelarse frente a la injusticia dignifica a las personas. Es la mejor manera de honrar a las víctimas y de honrar la vida.