Filtro de clase y segregación: Pruebas estandarizadas en educación siguen fracasando

¿Existe la meritocracia en Chile? ¿Es el sistema educacional realmente un medio para surgir? ¿la posibilidad de tener una vida digna depende solo de nuestro esfuerzo individual?... Todos estos han sido mitos que durante décadas nos han hecho creer, pero al mirar la realidad, parece que algo más se esconde…

Las pruebas estandarizadas ponen a competir a grupos de personas que viven condiciones muy distintas. Mientras en algunos hogares el hacinamiento impide tener espacio para estudiar, otros destinan millones no solo para tener mayor infraestructura y profesionales que les atiendan, sino también para no mezclarse y seguir reproduciendo el circuito cerrado de contactos.

Mientras el Centro Educacional Huechuraba (público) promedia 593 puntos, el Pumahue (particular pagado) promedia 793 puntos. ¿La diferencia? Este último cobra $800 mil pesos solo para entrar al local, más una matrícula de $500 mil pesos y una mensualidad de $420 mil pesos.

$5,5 millones al año que equivalen a todo un sueldo mínimo. Un verdadero filtro de clase, segregando de acuerdo al lugar de origen, mientras el discurso oficial continúa hablando de meritocracia.

Pero a nivel nacional la cosa no es muy distinta. De los 100 colegios con mejores puntajes en la PAES, 98 son particulares pagados, 1 subvencionado y 1 municipal, a pesar de que menos del 10% de los estudiantes del país asiste a un colegio particular pagado. En otras palabras, una pequeña minoría concentra los buenos resultados y puede acceder a una universidad de calidad, reproduciendo la desigualdad y sin atender las verdaderas necesidades del país.

Estos resultados no cambian a lo largo de los años, mostrando que la lógica de evaluaciones estandarizadas, como la PAES y el SIMCE son un rotundo fracaso, y solo reflejan la profunda desigualdad social de nuestra comuna y país.

Es fundamental que el Estado se preocupe por fortalecer la Educación Pública en vez de destinar esos recursos vía subsidio a quienes hacen de la educación un negocio, y así garantizar una educación de mejor calidad en nuestras propias poblaciones, derecho que en este momento sólo ejercen quienes pueden pasar por caja.