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La humanidad se enfrenta al mayor de sus retos, una crisis medioambiental que ya está alterando las condiciones de vida de millones de personas y cuyo inevitable avance pone en riesgo las propias bases de la existencia humana y de una parte importante de las formas de vida no humana con las que compartimos el planeta.   Lo que es una emergencia global y debiese ser la principal preocupación y tema de discusión a nivel de Estados, en Chile no aparece como prioridad en la agenda de los candidatos presidenciales , no ocupa espacio en los matinales o noticieros y en las diversas encuestas ni siquiera está dentro de las 10 principales preocupaciones de la población (si es que optamos por creerle a la CEP, Pulso Ciudadano o la Cosa Nostra).   En el mejor de los casos, se habla del cambio climático cuando nos afecta algún evento extremo, dígase sequías, tornados, incendios, inundaciones u olas de calor, y la mención a las problemáticas ambientales solo entra (a la fuerza) cuando una comunidad se resiste a algún proyecto contaminante y logra mediatizarlo a punta de marchas y barricadas.   En la coyuntura actual, buena parte de candidatos presidenciales han integrado en sus programas de gobierno algunas promesas “medioambientales”, bastante generales, superficiales y débiles, en materia de gestión hídrica o de protección de la biodiversidad, las que van de la mano con otras “medidas ecológicas” que apuntan a desmantelar la institucionalidad ambiental , fomentar el extractivismo minero, pesquero y forestal, pero con el apellido de “sustentable”, avanzar en la “descarbonización” de la matriz energética y seguir impulsando el “hidrógeno verde”.   Es decir, lo más lejos que llegan las promesas de Jara, Matthei, Parisi, MEO o Mayne-Nycholls es a consolidar lo que se conoce como Capitalismo Verde, una forma de acumulación de capital mediante la mercantilización de la Naturaleza con el supuesto objetivo de salvarla, es decir, es la ficción de cambiarlo todo sin cambiar nada .   Respecto a esto último, las promesas ambientales de algunos de los candidatos se enmarcan dentro de lo que Breno Bringel y Maristella Svampa han conceptualizado como el Consenso de la Descarbonización : “un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza”.   Como ejemplo de lo anterior, en las últimas semanas se dio a conocer un informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, titulado El nexo entre el agua y la energía . En este se sostiene que, respecto a las “energías emergentes”, la transición energética se sostiene sobre cadenas de valor vinculadas a abusos a los derechos humanos, degradación ambiental y agotamiento de los recursos hídricos.     Así, por ejemplo, la fabricación de paneles solares y baterías requiere de la extracción de minerales, como el litio o el cobre, que demandan altas cantidades de agua y provocan vertidos tóxicos en las masas de agua; la fabricación de baterías, a partir de la extracción y refinado de níquel y cobalto, emite dióxido de azufre, lo que provoca lluvia ácida y contribuye al efecto invernadero; y el hidrógeno verde – impulsado y defendido por este gobierno – es también altamente demandante de agua. El informe es explícito en señalar que el llamado Triángulo del Litio podría convertirse en una “zona de sacrificio verde”, en donde se ven amenazados los ecosistemas altiplánicos de Chile, Bolivia y Argentina y las comunidades que allí habitan. En resumen, no existen las “energías limpias y verdes”, aunque esto le guste al programa de Matthei .   Por cierto, el Informe también advierte de los peligros ambientales derivados de los requerimientos hídricos y energéticos de los Centros de Datos necesarios para el funcionamiento de la Inteligencia Artificial, la cual aparece como solución mágica en los programas presidenciales sin mencionar sus costos ambientales (la locura del solucionismo tecnológico, como diría Evgeny Morozov).   En el caso de Jeanette Jara esto no extraña pues es continuidad de un gobierno en donde Aisén Etcheverry, ex ministra y ex alto cargo de Amazon, impulsó un Plan Nacional de Data Centers  en donde se habla de “data centers sustentables”, como si colocarle “sustentable” a algo cambiase su huella de extractivismo y contaminación. A propósito, en el programa de la candidata oficialista “Un Chile que cumple”, las palabras “sustentable”, “sostenible” y “sostenibilidad”, aparecen una cincuentena de veces, solo le faltó hablar de “contaminación sustentable”. Y es que el uso de estas palabras es una forma de blanqueo, marketing y devienen en cascarones vacíos. Como sostiene Andreu Escrivà ,   “se nos vende como sostenible lo que apenas es un poco de maquillaje”. Lee acá " De Amazon al Gobierno de Piñera y Boric: La puerta giratoria de la ex ministra de Ciencias que elaboró el Plan Nacional de Data Centers".   Siguiendo con los candidatos, mientras que Jara, Matthei, Parisi o Mayne-Nycholls integran cierto maquillaje verde en sus programas, en otros la ausencia es notoria, como en el caso de Kast . El candidato de extrema derecha neoliberal no solo carece de propuestas en materia de cambio climático o de resguardo de la biodiversidad sino que las pocas veces que habla de algo parecido al medio ambiente es para decir que lo “respetará” eliminando o modificando los permisos ambientales (que en otras oportunidades ha calificado de ideológicos) y que habrán facilidades regulatorias para el desarrollo energético con miras a industrias altamente demandantes como los Data Centers, a los cuales se les eliminarían los permisos actualmente exigidos.   En una vereda similar, Kaiser apuesta por un negacionismo a lo Trump definiendo al cambio climático como una “ideología” y “dogma globalista”, aun cuando existe desde hace bastante tiempo un evidente consenso científico   en cuanto a la existencia del cambio climático y a su origen antropogénico. En el año 2000 el Premio Nobel de Química Paul Crutzen propuso el concepto de Antropoceno para referirse a una nueva época geológica caracterizada por el impacto humano sobre los ecosistemas terrestres, desde entonces el concepto ha tenido varias derivadas como lo son el Capitaloceno, el Chthuluceno, el Piroceno o, la que más calzaría con Kaiser, el Idioceno , una época de ignorancia empoderada en donde “ los sapiens han puesto todo su empeño en culminar su gran obra maestra, autodestruirse, y están dispuestos a llevarse por delante todo lo que se anteponga en su camino”.   Por último, mención especial para Artés , quien sostiene que “entre el dilema de industrializar a la patria y el de remediar el problema ecológico, el Gobierno Patriótico Popular al que aspiramos los comunistas optará por la opción primera” . Sin palabras… o, más bien, mejor unas palabras de Vladímir Ilich Uliánov, Lenin: Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.     Punto de no retorno   Mientras el circo electoral entra en tierra derecha, las señales del colapso planetario se hacen cada vez más evidentes. El informe Global Tipping Points 2025  (Puntos de No Retorno) publicado hace unos días señala que, por primera vez, la humanidad ha alcanzado uno de los Puntos de No Retorno con la desaparición masiva de los arrecifes de coral de aguas cálidas . Un Punto de No Retorno, o Punto de Inflexión climático, es un umbral crítico que, al ser sobrepasado, origina cambios significativos y, generalmente, irreversibles en el sistema climático y ambiental del planeta.   En el caso de los arrecifes de coral, estos cubren menos del 1% de la superficie de los océanos pero de ellos depende un cuarto de toda la vida marina , ya que ahí encuentran refugio y alimento una gran variedad de peces, esponjas, moluscos, crustáceos y otras formas de vida, siendo uno de los ecosistemas más diversos y complejos que existen. Muchas comunidades humanas viven también de los arrecifes de coral y de sus ecosistemas, al ser fuente de alimento, ingresos por pesca y turismo y una barrera natural frente a los huracanes.   Se estima que la vida de mil millones de seres humanos depende de los arrecifes de coral, los mismos que hoy están muriendo producto del calentamiento de las aguas provocado por el cambio climático , a lo que hay que agregar el daño de las emisiones de gases de efecto invernadero que acidifican el mar, la explotación pesquera y la contaminación por residuos agrícolas, químicos e industriales.   Es una verdadera tragedia planetaria, pero, lamentablemente, esto está recién comenzando. El mismo informe indica que podríamos alcanzar pronto otros Puntos de No Retorno, incluyendo el deshielo de las capas polares , lo que aumentaría el nivel del mar impactando a cientos de millones de personas (incluyendo a Chile); la degradación del Amazonas , producto del aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que afectaría directamente a más de 100 millones de personas; y el colapso de corrientes oceánicas que regulan el clima planetario , como la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC) que aumentaría el frío de los inviernos en Europa, alteraría los monzones en la India y África y afectaría toda la producción agrícola mundial. Es gravísimo, pero no es una sorpresa, los científicos de todo el mundo lo vienen advirtiendo desde hace décadas.     Límites planetarios   Otro de los marcos de referencia para evaluar la estabilidad del plantea son los llamados Límites Planetarios , que se refieren a 9 procesos globales críticos que mantienen estable el sistema terrestre y que son afectados por las actividades humanas. Sobrepasar estos límites significaría cambios ambientales abruptos e irreversibles a gran escala que pondrían en riesgo a las sociedades humanas y la biosfera .   La mala noticia: hemos sobrepasado 7 de los 9 límites planetarios  y los principales responsables de la crisis, los países del Norte Global, no harán nada. Las cosas como son, el último Informe sobre la Brecha de Producción   es claro al respecto: a 10 años de los Acuerdos de París los países productores de combustibles fósiles no han disminuido sus actividades y planean producir para el 2030 un 120% más que el límite necesario para evitar que el calentamiento global supere los 1,5°. Los arrecifes de coral están condenados.   Al borde del precipicio: el no tomar en cuenta esta realidad convierte a los programas presidenciales en una mera colección de palabras. Y, aunque en realidad siempre es así, pues la cantidad de promesas cumplidas al terminar sus mandatos no llega ni al 50%, en este contexto tienen mayor probabilidad de esfumarse pues la realidad en la que las candidaturas basan sus promesas y en la que el pueblo basa sus expectativas, podría simplemente ser otra en el corto o mediano plazo . Inundaciones, olas de calor, aumento del nivel del mar (hay playas que ya están desapareciendo), migraciones climáticas (internas o trasnacionales), pérdida de cosechas, mega sequía, no están en los cálculos políticos pero se encuentran a la vuelta de la esquina.   Un ejemplo de lo anterior es la sequía. “Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco”, dijo el historiador Thomas Fuller, y la realidad es que los pozos ya están secándose. En un estudio publicado hace unas semanas en la revista Nature , se analiza cómo el calentamiento global originado por el ser humano perturba los ciclos hidrológicos, conduciendo a la escasez de agua dulce, lo que amenaza a numerosas poblaciones en todo el mundo. El estudio sostiene que, producto del cambio climático, algunas regiones como Argentina, África Oriental y Rusia tendrán climas más húmedos, mientras que otras como Sudáfrica, Australia y Chile, experimentarán un aumento persistente de la sequía, con la posibilidad real de un Día Cero, es decir, un momento en donde una ciudad se queda sin agua potable para sus habitantes .   Si a la megasequía le agregamos el mega-saqueo hídrico   de los dueños de Chile, como la familia Luksic, el panorama es sombrío. Hace poco las autoridades del Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer el Balance Hídrico Primavera 2025  en donde se vuelve a constatar un balance negativo de lluvias y acumulación de nieve durante este año, con 31 comunas bajo decreto de escasez y un abastecimiento de agua para el consumo humano asegurado hasta marzo de 2026. Ese es nuestro margen en la actualidad, 6 meses. ¿Y si en esos 6 meses no llueve? ¿Y si llegamos, en algún momento, a una situación en donde haya que racionar? ¿Quién tendrá prioridad: las comunidades o los centros de datos sin los cuales no pueden funcionar las IAs que todos los candidatos quieren imponer en el Estado?     El problema es el capitalismo   A estas alturas ya es un cliché decirlo, pero el problema es el capitalismo, un sistema de acumulación, explotación, apropiación y devastación para generar una ganancia infinita en un planeta de Naturaleza finita . De ahí que autores como Jason W. Moore nombren a esta era de la humanidad como Capitaloceno y de ahí, también, que las fuerzas políticas que forman parte de este sistema lo defiendan y lo promuevan, ya sea negando la crisis medioambiental o impulsando formas de acumulación “verde” con la fraseología de lo “sustentable”.   Y es que nadie dirá lo que hay que decir: que necesariamente el cambio climático y el colapso ecológico provocará sufrimientos y que cualquier tipo de intento de solución o de freno requerirá del esfuerzo y sacrificio de todos y todas, que habrán cosas que ya no podrán seguir siendo como antes, industrias y trabajos que deben dejar de existir, estilos de vida y de consumo que no son viables, productos de los que habrá que prescindir, desigualdades que hay que erradicar urgentemente, ideologías del crecimiento perpetuo que son insostenibles, países centrales y grandes empresas que deben ser confrontadas y cambios radicales en nuestras sociedades, la política y la economía que deben colocar a las comunidades y la vida en general por sobre la ganancia, el despilfarro y la muerte, en definitiva, que el capitalismo ya no puede existir. Y nadie lo dirá, no solo porque no lo creen, sino que también porque esto no da votos.   Ya está bastante claro que las soluciones no vendrán de ningún candidato, gobierno, Estado, cumbre internacional o una mágica solución tecnológica; la última esperanza humana está en las acciones que puedan ser desarrolladas desde la base social, desde las comunidades organizadas que defienden la vida.   Las campañas pasarán y en el verano las olas de calor, los incendios, las playas que desaparecen y las comunidades que viven en base a camiones aljibe nos recordarán – por un rato – que el clima está cambiando y que, probablemente, algo malo esté pasando. Quizás sea un buen momento para pensar en los corales y en su triste destino y que, si no actuamos ahora, los próximos en la lista, tal vez, seamos nosotros.

Constructora a cargo de las obras viola derechos laborales e incumple reiteradamente los acuerdos generados con el sindicato, principal herramienta que tienen los trabajadores para defenderse del abuso empresarial en un proyecto de una transnacional china cuya inversión supera los $250 millones de dólares. Ante los constantes incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa constructora China First Highway Engineering Co Ltda a cargo de las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue, la base sindical del SINTEC-Chile   tomó la decisión de paralizar las faenas de manera indefinida, situación que se extiende desde el martes 5 de noviembre.   El miércoles 6 de noviembre, los trabajadores se desplegaron en una marcha por la comuna de Santa Bárbara, dirigiéndose a la municipalidad y a la gobernación, junto a cuatro comunidades mapuche de la zona, quienes también han sido afectadas por la intervención de la empresa en el territorio.    Las causas de la paralización   La empresa constructora a cargo de las obras de la central no ha respetado los acuerdos que se alcanzaron en la última reunión de negociación junto a la Directora Regional del Trabajo de la región del Biobío, además de incumplir las normas de Higiene y Seguridad, el buen ambiente laboral y las condiciones laborales de más de 350 trabajadores.   Los trabajadores denuncian que la empresa China First Highway Engineering Co Ltda no paga íntegramente los sueldos, mantiene salarios desiguales para las mismas funciones y se registran denuncias por mal trato laboral.   Capitales chinos detrás del proyecto   Las obras están a cargo de la constructora China First Highway Engineering Co Ltda , pero el mandante es Rucalhue Energía SpA , propiedad de China Internacional Water & Electric , a su vez subsidiaria de la transnacional China Three Georges Corporation .            Central hidroeléctrica Rucalhue   La central cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental   aprobado en 2016 y se ubica en el río Biobío, 50 km al suroriente de la ciudad de Los Ángeles y a 10 km de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. El poblado más cercano es Rucalhue, a 1 km de las obras.   Inicialmente fue operada por Atiaia Energía Spa, una empresa brasileña. Luego, el proyecto fue adquirido en 2018 por la empresa Rucalhue Energía Spa, propiedad de China International Water & Electric   (CWE), subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation.     La arista ambiental del proyecto   La central se levanta aguas debajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme con un embalse de un volumen de 7 millones de metros cúbicos, creados mediante la inundación de 139 hectáreas de terreno .   Durante el actual gobierno, en octubre de 2023, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) clasificó la central como un proyecto de “interés nacional”,  facilitando así la aprobación de los planes de manejo, ya que el proyecto requiere talar 392 naranjillos y 139 guindos santos, dos especies vegetales protegidas .     ¿Energía para quién?   El objetivo del proyecto es generar energía eléctrica para enviar (vender) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y así alimentar el consumo de energía de empresas y hogares.   Para hacerse una idea, 1 megavatio (MW) equivalente al consumo de entre 500 y 2.000 hogares. Rucalhue tendrá una capacidad de 90 megavatios (MW), o sea, permitiría generar el consumo de entre 45 mil y 180 mil hogares, pero en el río Biobío ya existían 4 centrales (Ralco, Pangue, Angostura y Palmucho), que en conjunto tienen una capacidad por más de 1.500 MW, equivalente al consumo de entre 750 mil y 3 millones de hogares.   En otras palabras, la demanda por energía y decisión de ejecutar este y otros proyectos a lo largo del país proviene de los sectores industriales y empresariales, y no para resolver la necesidad de energía eléctrica para los hogares.   Durante largos años se ha prometido una reducción de los precios de la luz, por ejemplo, para validar proyectos que en nombre de las energías renovables no terminan nunca por beneficiar a quienes viven de su trabajo, sino mejorar la eficiencia del modelo productivo orientado a extraer y exportar mercancías al extranjero, arrasando con territorios completos a cambio de sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.

Ante el fracaso de la política de vivienda, 1.050 familias poblaron un terreno que durante muchos años estuvo abandonado en San Antonio. Hoy se movilizaron al SERVIU para exigir una solución, en medio de un escenario de desalojos y sin soluciones luego de cuatro años de promesas de un Plan de Emergencia Habitacional que ha priorizado el negocio inmobiliario por sobre la dignidad humana. La mañana de este jueves 6 de noviembre, cientos de pobladoras y pobladores del Campamento Placilla de San Antonio formaron una larga marcha que llegó hasta las oficinas del SERVIU y la Delegación Presidencial de San Antonio para exigir una solución definitiva a la necesidad habitacional, como es radicarse en el terreno que desde el 23 de noviembre de 2019 comenzaron a poblar. El terreno es propiedad de la Inmobiliaria Bellavista de la familia Zegers , y durante décadas estuvo abandonado en un estado de deterioro. Por ello es que ante el fracaso de la política habitacional y la larga espera, las familias sin casa decidieron darle un uso ante una necesidad básica como es tener un lugar donde habitar. "Sabemos que nosotras y nosotros mismos pagamos con nuestro esfuerzo los privilegios de una minoría rica, y que hacemos engordar a los pocos dueños de los suelos, los mismos que hoy nos niegan una compra justa para aliviar nuestra necesidad y derecho de vivienda" , declararon los pobladores durante la manifestación. La crisis de acceso a la vivienda se profundiza sin soluciones Según el Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda , los 256 campamentos que existían en la Región de Valparaíso en 2022 aumentaron a 374 en 2024 , lo que representa un aumento de un 46%, en una línea completamente contraria a la promesa de solución planteada en el Plan de Emergencia Habitacional, aprobado a fines de 2021 e impulsado desde el inicio del actual gobierno de Boric. Poblamientos que conforman el Campamento de Placilla de San Antonio - Fuente: Catastro MINVU Campamentos de San Antonio - Fuente: Catastro MINVU El hecho de que a solo 2 kilómetros de distancia de este campamento se desarrolle la ampliación de uno de los puertos más grandes del continente, como es el Puerto de San Antonio, grafica con mucha claridad la desigualdad que genera el actual modelo económico del país, donde la ganancia privada se resguarda por sobre el bienestar de quienes producen la riqueza. Lee acá " Macro-campamento de San Antonio: Avaricia de los dueños del terreno impide un acuerdo de compra"

El Pincoyazo revisó los 61 proyectos de vivienda aprobados por el MINVU entre 2024 y 2025 que exigieron aumento de ahorro familiar de hasta $6 millones en promedio como condición para subir el monto de subsidios estatales y así cubrir el alza del precio del suelo. Entre los beneficiados está el Grupo Patio, cuyo terreno aumentó a casi el doble su valor en solo cuatro años y sin invertir un peso en él. Precio del suelo: la principal barrera para la construcción de vivienda social   Los subsidios que entregan los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para los comités de vivienda establecen un tope máximo para destinar a la compra del terreno de 300 UF para así no desfinanciar otras áreas, como la construcción misma. De esa forma, si el precio del terreno es mayor a esa 300 UF por familia, se descarta el terreno.    Durante muchos años esto ha causado que la gran mayoría de proyectos de vivienda social se construyeran en la periferia de la ciudad y con mal acceso a servicios públicos, y no porque no exista suelo disponible. En algunos momentos el Estado ha definido subsidios adicionales para cubrir esta brecha, pero a la larga, siempre han terminado siendo absorbidos por la especulación que hacen con los precios quienes controlan la propiedad del suelo en la ciudad.   En otras palabras, no poner un freno a la especulación del precio del suelo y, en su reemplazo, subsidiar esa brecha, ha sido la salida que dispuso el Estado para hacer viable algunos proyectos, como los 61 revisados en esta investigación.   ¿El problema? Que se hace a costa de empobrecer aún más la billetera familiar y fiscal, se excluye a los sectores más pobres que no tienen capacidad de ahorro, y al no atacar la causa, se termina convirtiendo en un incentivo para que las empresas aumenten el precio del suelo, profundizando la crisis.     La Glosa 9 de ahorro adicional   En vez de poner un freno a la especulación con el precio del suelo, durante el segundo gobierno de Piñera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) creó una glosa, que es una facultad de gasto definida en el Presupuesto (dura un año), y que en este caso consistió en que los SERVIU puedan aumentar el monto del subsidio para comprar terrenos más caros, siempre y cuando parte de ese costo lo asuman las familias a través de un mayor ahorro.   Esta política (glosa 12 inicialmente, luego glosa 10 y hasta 2025 glosa 9) no solo se mantuvo durante el actual gobierno de Boric, sino que también se intensificó.   Según datos del MINVU sistematizados por El Pincoyazo, solo entre abril de 2024 y abril de 2025 se aprobaron 61 proyectos por esta glosa , según el siguiente desglose:   De manera global, los subsidios regulares para estos 61 proyectos (8.723 viviendas) eran capaces de cubrir un total cercano a $96 mil millones de pesos por los 61 terrenos (estimando 300 UF máximo por subsidio para destinar al suelo), pero como los dueños esperan más ganancias y cuentan con un poder absoluto para imponer el precio, terminaron recibiendo $67 mil millones adicionales (+70%) , distribuidos en un 14% por mayor ahorro familiar y 86% por un aumento de los subsidios estatales, en promedio.   Las casi 9 mil familias que postularon por esta vía debieron desembolsar $2,5 millones de ahorro adicional en promedio, solo destinado a cubrir el precio del suelo, existiendo proyectos donde el ahorro adicional supera los $6 millones de pesos en promedio (las familias ahorran más o menos dependiendo del tramo que tengan en el Registro Social de Hogares).   Los $67 mil millones extra destinados a terreno no solo representan una forma de sostener la ganancia privada, sino también contribuye a profundizar la crisis de acceso a la vivienda, ya que se incentivan las alzas y también son miles de millones menos en caja para resolver la necesidad.   Este aumento en el costo del terreno significa que los cerca de $47 millones que cuesta una vivienda social por la vía regular en promedio, con la actual glosa 9 su precio aumentó a $55 millones , y toda esa diferencia se va directo al bolsillo del dueño del terreno. Cabe aclarar que esta estimación mantiene los mismos costos de construcción real señalados en estos proyectos, y que estos cambian dependiendo de la comuna y región.   Revisa aquí el detalle de costos de los 61 proyectos aprobados por glosa 9   *Valores son cifras promedio, ya que las familias ahorran más o menos dependiendo del tramo que tienen en el Registro Social de Hogares. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU. Ahorro adicional promedio por comuna de proyectos aprobados por el SERVIU RM vía Glosa 9 (2024-2025) Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU. El terreno del Grupo Patio en Peñalolén En una gran cantidad de casos, los dueños de los terrenos los compran para hacerlos engordar de precio, jugando con la necesidad de suelo, presionando por precios mayores, muchas veces sin haber invertido nada durante años, pero capturando la plusvalía que el terreno puede adquirir por tener nuevos atributos generados por la inversión de otros actores, como ocurre cuando se crea una estación de metro cerca u otro tipo de servicios gracias a la inversión del Estado.   Dentro de las compras de terrenos registradas por esta vía a los SERVIU, uno de los más caros fue el del proyecto habitacional Quebrada de Macul en Peñalolén (288 viviendas), cuya transacción benefició nada más ni nada menos que al Grupo Patio, el mismo que durante el segundo gobierno de Piñera se benefició del lobby de Luis   Hermosilla para que el Seremi de Vivienda destrabara en tiempo record los traspasos de tres terrenos que, en conjunto, son valorados en $10.372 millones, según informó CIPER . El Pincoyazo revisó en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago las escrituras de las últimas tres transacciones del terreno que el SERVIU compró al Grupo Patio, identificando un aumento de un 300% su valor de compra entre 2012 y 2024 , según el siguiente detalle:   En  2024 , el SERVIU adquirió el terreno (2,6 hectáreas) por $7.845 millones de pesos para las 288 familias que componen el proyecto ( 8 UF por cada m2 ).   En 2020  este mismo terreno había sido comprado por el Grupo Patio en 5 UF por cada m2  (previo a su subdivisión). Esto quiere decir que en cuatro años la tierra baldía generó una ganancia de $3.110 millones, solo por reservar e intermediar el traspaso.   En 2012 , la Inmobiliaria Paseo Peñalolén de la familia Saieh Guzmán había comprado el terreno a la Sociedad Inmobiliaria Mario Nervi y Compañía Limitada a un valor de 2 UF por m2 , embolsándose un 150% sobre el valor original de compra en solo 8 años y sin hacer nada ($9.085 millones a valor actual por todo el terreno de 7,5 hectáreas antes de subdividirse). Cabe tener presente que en 1987 el mismo terreno había sido avaluado en $4 millones, según consta en la escritura.   Este caso, en donde un terreno aumentó su valor en un 300% en 12 años pese a no haberse agregado a él un valor real por parte del dueño, como podría ser su urbanización, grafica muy bien una tendencia más generalizada en la ciudad neoliberal, que es la capacidad que tienen los grandes capitales de reservar porciones de ciudad, presionar por aumentar su precio y así aumentar su acumulación a costa del despojo de los recursos familiares y sociales.   Revisa acá las escrituras del terreno (2012, 2020 y 2024) Luego de estallar el caso Hermosilla en 2023 y que involucró como beneficiario final de las facturas falsas a los hermanos Jalaff -socios del Grupo Patio hasta ese entonces-, en 2024 hubo cambios en la propiedad, siendo sus principales accionistas: el matrimonio de Paola Luksic y Óscar Lería (26%); Eduardo Elberg (26%); Guillermo Harding (20%) y Gabriela Luksic (15%). Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. De esta forma, al no existir facultades para poner un límite al precio del suelo, la especulación sobre su valor se termina cubriendo con más recursos públicos y más empobrecimiento de las familias sin casa que en este caso, para cubrir la expectativa de ganancia del Grupo Patio, debieron aumentar su ahorro en $5,2 millones de pesos en promedio. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. El terreno de Carrascal en Quinta Normal Otro de los casos revisados en esta investigación fue el del terreno del proyecto Carrascal en Quinta Normal para 139 viviendas, en un sector con buena ubicación y cercano a la Municipalidad. Según el historial de transacciones:   En 2005 , Banco Santander-Chile registra un pagó de 2.690 UF por las 0,4 hectáreas que sumaban todos los terrenos antes de fusionarse en uno solo, ubicado en calle Radal 2166 a Santiago Leasing S.A ( 0,67 UF por m2, equivalente a $106 millones valor actual ).   Luego, en diciembre de 2009 , Oscar Azócar y Compañía Limitada pagó al Banco Santander-Chile 8.890 UF por todos los terrenos ( 2,2 UF por m2, equivalente a $351 millones actuales ), antes de fusionarse en el terreno actual. ¿El negocio? No producir nada, sino que solo esperar que la crisis habitacional se desarrolle.   En febrero de 2025 , el SERVIU firmó una promesa de compra por 83.985 UF por las mismas 0,4 hectáreas ( 21 UF por m2, equivalente a $3.317 millones ) para construir 139 viviendas. De esa forma, la empresa intermediaria se embolsó $2.966 millones por reservar el terreno durante 15 años. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago.   Para hacer posible la compra de este terreno, el SERVIU debió aumentar el subsidio a 72.227 UF ($2.853 millones) y las familias otras 11.758 UF ($464 millones). Eso significó que, en promedio, las 139 familias debieron aumentar su ahorro en $3,3 millones. Fuente: Elaboración propia en base a escrituras obtenidas en el CBR de Santiago. Pago de terrenos con anticipos del SERVIU   Según la Glosa 6 del mismo Presupuesto MINVU 2025 , las empresas constructoras o entidades patrocinantes podrán pedir un préstamo al SERVIU para adquirir el terreno  a una tasa de un 0% de interés y que podrán devolver en un plazo de tres años.   En resumidas cuentas, esto quiere decir que además de cubrir el valor de especulación con más ahorro familiar y más subsidios estatales, la empresa privada a cargo de gestionar y construir el proyecto puede cubrir el gasto del terreno con un anticipo que le entrega el SERVIU. Si bien esto se carga al monto final del subsidio, representa dejar de disponer de recursos públicos para construir más viviendas o mejorar la calidad de estas para priorizar dar dinero fresco a la empresa privada, quien no asume el riesgo del proyecto (lo hace el Estado) ni tampoco tiene que pasar al banco un porcentaje de su ganancia.   El único ministerio que en Chile juega a ser un banco a través de estos mecanismos es el de vivienda, lo cual resulta una anomalía y un diseño de política pública completamente ineficiente para los fines últimos que, al menos en el papel, se supone que persigue el MINVU, como es asegurar el acceso a la vivienda a quienes no pueden hacerlo por la vía del mercado.   Lee acá “ Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas” Expulsión encubierta   Los defensores de la hasta ahora glosa 9 dicen que a través de ella las familias pueden acceder a terrenos en sus mismas comunas o cercanías, lo cual es cierto. La pregunta es quiénes y a qué costo.   Daniela Ocaranza es dirigenta del proyecto Pachamama que agrupa a 44 familias en Peñalolén  y que en promedio debieron aumentar su ahorro a $3,4 millones de pesos para acceder a un terreno en la comuna, a pesar de que alrededor hay decenas de hectáreas de suelo sin uso reservados para futuros proyectos privados, presos de la especulación, como es el caso de la Viña Cousiño.   Cuando al comité se le presenta la opción de aumentar el ahorro, Daniela dice que “fue muy duro para muchos ya que bastante de las familias se encontraban sin trabajo y con condiciones bien complejas . Nuestro proyecto son 44 familias de las cuales 12 son adultas mayores y asesoras del hogar que además tienen responsabilidades de menores. Muchas familias acudieron a prestamos entre amigos y familiares, y solo 3 o 4 pudieron optar a un crédito a través del banco, y otro par lo logró con las benditas pollas”.   Sobre la política de vivienda en Chile, la dirigenta plantea que “mientras no se entienda que la vivienda debe ser un derecho, como la educación y la salud, siempre vamos a estar en crisis.  El Estado hoy no tiene músculo para hacerse cargo de la crisis habitacional, ni como entidad patrocinante ni como constructora, no están capacitados”. Lee acá   “Lo Hermida por el Derecho a la Vivienda Digna” Al exigir un ahorro adicional en la mayoría de casos por varios millones, los proyectos que se aprueban por glosa 9 automáticamente dejan fuera del proceso al sector de la población que no tiene capacidad de ahorro o endeudamiento por tres, cinco o hasta ocho millones, lo que se traduce en mantenerse en el hacinamiento, irse a un campamento o seguir pagando arriendos que vacían gran parte del salario. La discusión del Presupuesto 2026   Actualmente, en la discusión del Presupuesto 2026 del MINVU, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda cuestionó que se siga extendiendo la glosa 9, pero por un tema de forma y no de fondo, argumentando que no se pueden asignar gastos que empiezan a ser permanentes bajo glosas diseñadas para gastos transitorios.   Por eso es que el Presupuesto del MINVU que presentó el gobierno no incluye esta glosa para el 2026, lo que generó el rechazo de algunos parlamentarios de gobierno en cuyos distritos hay comités de vivienda que se crearon especialmente para levantar sus proyectos con esta glosa.   En algunos casos, estos procesos han sido levantados por los propios municipios, a través de sus entidades patrocinantes, y si no se renueva la glosa, estos proyectos podrían quedar en el aire si el SERVIU no se saca del sombrero otro subsidio para tapar el hoyo.   Hasta la publicación de esta investigación, seguía pendiente la decisión de si la glosa 9 se reincorporaría al presupuesto bajo el acuerdo de que el próximo año se discutiera su incorporación al DS49, pero como la política neoliberal de vivienda sigue siendo un consenso por todos los sectores presentes en el Congreso, lo más probable es que se extienda sin que nadie plantee la necesidad de superarla.   El pasado 25 de octubre, los comités del Movimiento Solidario Vida Digna realizaron marchas en las comunas de Huechuraba, San Joaquín y San Ramón para exigir agilizar sus proyectos, pero también cambios en la política de vivienda.   Respecto a la glosa 9, desde Vida Digna   tienen una visión crítica. “ El problema de la glosa 9 es que, en vez de ponerse un freno a la especulación del precio del suelo, que hasta el ministro asume que es una de las causas de la crisis, el Estado ha ido creando mecanismos como este para reproducir el mismo modelo, y eso es un círculo vicioso” , dice Simón González, vocero del movimiento.   Lee acá el comunicado del Movimiento Solidario Vida Digna El rol de la organización popular   A nivel organizativo y del tejido vecinal, aumentar el ahorro para cubrir el precio del suelo muchas veces rompe las asambleas, ya que deja fuera del barco a quienes no pueden ahorrar o sostener un préstamo por ese monto, aun cuando una cantidad importante de familias que componen los comités se endeuda por vías informales para alcanzar el ahorro.   Ante estas opciones a veces tentadoras, las dirigencias sociales y en general los comités de vivienda tienen que ser capaces de cuestionarse estos caminos, porque aun cuando permitan una posibilidad, apuntan a su desarticulación, lo que se ve expresado muchas veces en cambios en las mismas condiciones de ahorro a medida que avanza el proceso, sin tener la capacidad de defenderse, justamente por efecto de esa desarticulación.   Más allá de la decisión que tomen los comités, es importante que estos temas sean informados y discutidos en las asambleas, y volverlos conscientes, porque al no entender el lugar que ocupan en el panorama más amplio del negocio que se crea con esta necesidad, los comités pueden terminar siendo instrumento de las mismas empresas para exigir más traspasos de recursos, o a extender eternamente una glosa para tapar el sol con un dedo, sin tocar el sistema y la desigualdad que reproduce.

139 de 170 trabajadores del colegio debieron irse a huelga luego de que la empresa que controla 16 colegios particulares en Chile no accediera a un acuerdo por mejoras en las condiciones de trabajo. Acá te mostramos quién está detrás del colegio y cómo su fortuna se sostiene con la esclavitud infantil y la deforestación en África y un negocio mundial del subcontrato. El 29 de octubre el Sindicato de Trabajadores del Colegio San Francisco Javier de Huechuraba (particular) inició su huelga legal en el marco del proceso de negociación colectiva, luego de que la empresa no accediera a llegar a un acuerdo en la etapa de mediación que se extendió por dos meses.   El sindicato reúne a 139 de los 170 trabajadoras y trabajadores que tiene el colegio, lo que equivale a un 82% del total, dando cuenta de un alto nivel de representatividad.   Según el comunicado del sindicato, “mientras las mensualidades del colegio se han reajustado año a año, y se realizan notorias inversiones en infraestructura, no se valora el verdadero activo del colegio, que somos sus trabajadores y trabajadoras” .     El petitorio del sindicato   - Reajuste salarial real:  los porcentajes ofrecidos por la empresa en la mediación previa a la huelga están por debajo de los incrementos obtenidos en la negociación colectiva anterior en 2022. Esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.   - Bono de diciembre:  el monto propuesto por la empresa está por debajo del que se entrega por este mismo concepto en otros colegios (Dunalastair) que forman parte del conglomerado, desigualdad que la asamblea del sindicato no está dispuesta a aceptar.   - Extensión de beneficios:  el sindicato acepta que algunos beneficios se extiendan a trabajadores no sindicalizados, pero exige que algunos se mantengan de forma exclusiva con sus socios como efecto de la organización. De lo contrario, se incentiva a los trabajadores a salirse del sindicato al no haber diferenciar en organizarse, lo que representa una práctica antisindical.     Cognita Schools: la transnacional detrás del colegio   En 2019, el Colegio San Francisco Javier de Huechuraba , ubicado en el sector de Pedro Fontova, fue comprado por el conglomerado Cognita Chile, filial de Cognita Schools, una empresa transnacional de la educación controlada por la Jacobs Foundation  (suiza), de los herederos del empresario multimillonario Klaus J. Jacobs, fortuna levantada sobre la deforestación, la esclavitud infantil y el subcontrato (ver más abajo).   Cognita Schools  llegó a Chile en 2013, y desde entonces solo se ha expandido. Hasta hoy, controla los colegios Pumahue (7), Manquecura (3), Dunalastair (3), American British School, San Francisco Javier de Huechuraba y Greenland School, con más de 22 mil alumnos.   A nivel mundial, Cognita Schools imparte educación en más de 100 colegios que se expanden por Europa, Asia y América Latina, con más de 95 mil estudiantes.     Chocolate suizo con esclavitud infantil y deforestación de áreas protegidas   Klaus Johann Jacobs -origen alemán- fue uno de los principales empresarios del café y chocolate a nivel mundial durante el siglo 20.   Su compañía Barry Callebaut  (productor de chocolate), junto a Nestlé, Mars y Ferrero, ha estado involucrada en casos de trabajo forzado, esclavitud infantil  y deforestación  de áreas protegidas en Costa de Marfil y Ghana en África, como uno de los principales compradores de la extracción ilegal.   Esta violación a los derechos humanos es parte de las condiciones que sostienen la riqueza de esta empresa transnacional , recursos que luego se traspasan a la Fundación para que esta realice su acción filantrópica en el área de la educación, pero dirigida principalmente a los sectores de altos ingresos, a través de sus centros educacionales repartidos por el mundo.     El negocio del subcontrato masivo   Posteriormente, en 1992, y con la consolidación de la relocalización productiva a nivel mundial impulsada por el capital, que buscó abaratar los costos de la mano de obra y dar una ofensiva contra la organización sindical, Jacobs creó Adia Personnel Services, destinada a proveer trabajo subcontratado a otras empresas, que luego de fusionarse con Ecco en 1996, dio origen a Adecco.   Luego de absorber otras empresas en distintos lados del planeta,   Adecco  es una de las principales empresas de subcontrato a nivel mundial con más de 500 mil trabajadores bajo su intermediación, cuyas ganancias se sostienen en un modelo de precarización laboral, y que cuenta con gran presencia también en Chile.

“El Presupuesto del MINVU debe aumentar los recursos para la vivienda social y quitar recursos a los préstamos sin intereses que se hacen a las constructoras donde se va un tercio de todo el presupuesto ”, dijeron desde el Movimiento Solidario Vida Digna. Durante la mañana y tarde de este sábado, más de 1.300 pobladores marcharon en las comunas de Huechuraba, San Joaquín y San Ramón, agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna, para exigir al Ministerio de Vivienda que agilice sus proyectos y haga cambios en la extensión del Plan de Emergencia habitacional y el Presupuesto 2026, ambos temas que actualmente se discuten en el Congreso.     Agilizar proyectos de vivienda   Según el comunicado del movimiento, exigen al SERVIU “agilizar los procesos de compra de suelo y postulación al subsidio con los proyectos de Zona Sur (500 familias) y Guanaco en Huechuraba (808 familias)”. En este último, las familias ya cumplieron los requisitos, incluido un aumento de ahorro en 40 UF, y si el trabajo de la entidad patrocinante y el SERVIU no se agiliza, las familias no alcanzarían a postular este 2025, extendiendo la espera de un proceso que ya lleva cinco años de trabajo.   Luna Maturana, vocera del movimiento, dice que   “esto representaría un fracaso de la gestión actual que no estamos dispuestos a esperar que ocurra, y por eso nos declaramos en movilización activa hasta tener certezas” .   Ver acá el comunicado completo     Freno a la especulación con el precio del suelo   Actualmente el Congreso discute la extensión del Plan de Emergencia Habitacional cuya vigencia vence en diciembre de 2025, y que ha sido el hilo conductor del trabajo del ministerio los últimos cuatro años.   Según Norman Ríos, vocero de Vida Digna de San Ramón, “la causa de la crisis   no es que no haya dinero o terrenos, sino que cada vez se gastan más recursos públicos y se exige más ahorro a las familias para cubrir los precios inflados de los terrenos, lo que es imposible de sostener con sueldos estancados, mientras el costo de la vida solo aumenta”.   El pasado 07 de octubre, el propio ministro Montes señaló en el Senado que el costo del suelo en los proyectos de vivienda ha subido en promedio un 125% de 2018 hasta ahora. “Eso explica buena parte del crecimiento del costo de la vivienda pública” , dijo en ese entonces.   Por este motivo es que “la extensión del Plan de Emergencia Habitacional por 4 años más debe incluir un freno a los precios inflados que imponen los dueños del suelo, y para eso los SERVIU deben tener la facultad de expropiar terrenos a precio justo, sobre todo en zonas con altos niveles de hacinamiento” , agregó el vocero del movimiento.     Presupuesto 2026: giro en favor de la vivienda social   Otra de las causas de la protesta fue el Presupuesto 2026 del MINVU que se discute actualmente en el Congreso, que de aprobarse tal como fue presentado por el gobierno, reducirá a la mitad los subsidios DS49 en relación a los que se entregaron en 2025 (ver tabla).   Fuente: Presupuesto del MINVU 2026 .     Para Gloria Díaz, vocera de Vida Digna de San Joaquín, “esto significa que se retrasarán los tiempos de los comités que están buscando terreno, que tienen una promesa de compra por alguno o que están a la espera de postular, y eso afecta a nuestras familias pero también a otras miles por todo el país”.   “Nosotras creemos que se deben cambiar las prioridades, aumentando los recursos para la vivienda social y quitándole a los programas de endeudamiento y sobre todo quitar recursos a los préstamos sin intereses que hace el SERVIU a las constructoras donde se va un tercio de todo el presupuesto ”   agregó la vocera.   El aumento exponencial del dinero destinado como anticipos de obras y préstamos a las constructoras se debe a la dificultad de acceso al crédito que los bancos imponen a las empresas, y ha sido cuestionado por el propio ministro Montes. “Los préstamos son muy debatibles, porque no tiene intereses. ¿Por qué no recurrir al sistema financiero por estos préstamos? Si no tienen por qué ser hechos por el Estado . Hoy tenemos casi un tercio del presupuesto total para dar préstamos. ¿Es lógico que el MINVU deba darlos o debe combinarse otra alternativa?” , dijo el ministro en la misma sesión en el Senado.   Para 2026, En vivienda, el Presupuesto total del MINVU aumentó de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (+13%), mientras que el gasto en préstamos a las constructoras aumentó de $1,7 billones a $2,2 billones (+25%), siendo el mayor ítem de aumento.     Crear una constructora pública-comunitaria   La dependencia que tienen las constructoras sobre los préstamos y anticipos que hace el ministerio pone en tela de juicio la eficiencia del modelo de producción de vivienda completamente en manos del mercado, ya que junto con limitar la caja de la que disponen los SERVIU, extiende la espera de las familias al detener los proyectos cuando estos préstamos no llegan, como ocurrió este año en la RM, donde el SERVIU optó por priorizar el pago a obras en ejecución.   Por este motivo es que el Movimiento Solidario Vida Digna plantean la necesidad de “crear una constructora pública-comunitaria que potencie el protagonismo de las comunidades y que permita producir directamente vivienda para resolver la necesidad, dejando a un lado las empresas que en el camino se llevan un pedazo de la torta . Una constructora permitiría generar una mayor cantidad de trabajo y mejorar la calidad de las viviendas” , según el comunicado.   MARCHA HUECHURABA – 10 AM       MARCHA SAN JOAQUÍN – 17 PM         MARCHA SAN RAMÓN – 18 PM

Hoy nos movilizamos porque luego de 4 años del Plan de Emergencia Habitacional, la crisis de acceso a la vivienda en Chile solo ha empeorado.   La causa del problema no es que no haya dinero o terrenos, sino que la construcción de vivienda depende de que las empresas aseguren primero sus ganancias, y esa ganancia se sostiene con más recursos públicos y con nuestros ahorros cada vez mayores, imposible de sostener con sueldos estancados mientras el costo de la vida solo aumenta.   AGILIZAR COMPRA DE SUELO Y POSTULACIÓN 2025   En primer lugar, exigimos al SERVIU agilizar los procesos de compra de suelo y postulación al subsidio, como ocurre con nuestros proyectos de Zona Sur (500 familias) Guanaco en Huechuraba (808 familias), respectivamente.   Nuestras familias no pueden extender la espera luego de reunir todos los requisitos, representaría un fracaso de la gestión actual que no estamos dispuestos a esperar que ocurra, y desde ya nos declaramos en movilización activa hasta tener certezas.   PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL   La extensión del Plan de Emergencia Habitacional por 4 años más debe incluir un freno a los precios inflados que imponen los dueños del suelo, y para eso los SERVIU deben tener la facultad de expropiar terrenos a precio justo, sobre todo en zonas con altos niveles de hacinamiento.   Es urgente también simplificar los procesos de habilitación normativa de los terrenos, que han demostrado ser igual de lentos que si no existiera el plan de emergencia.   PRESUPUESTO MINVU 2026   El Presupuesto 2026 del Ministerio de Vivienda que el gobierno presentó al Congreso reduce a la mitad los subsidios para la vivienda social, lo que hará retrasar todos los proyectos que no tienen subsidio asignado. Por eso es que se deben cambiar las prioridades, aumentando los recursos para la vivienda social y reducir el dinero para los programas de endeudamiento. La prioridad deben ser las familias sin casa y no el negocio de los bancos.   También se debe poner fin a los préstamos que los SERVIU hacen cada año a las constructoras sin cobrarles ningún interés, porque en eso se va un tercio de todo el presupuesto, todo para tapar el hoyo que dejan los bancos.   CONSTRUCTORA PÚBLICA-COMUNITARIA   Se debe crear una constructora pública-comunitaria que potencie el protagonismo de las comunidades y que permita producir directamente vivienda para resolver la necesidad, dejando a un lado las empresas que en el camino se llevan un pedazo de la torta. Una constructora permitiría generar una mayor cantidad de trabajo y mejorar la calidad de las viviendas, al no perseguir el lucro sino el bienestar de la población.   Hacemos un llamado a los comités de vivienda y movimientos de pobladores a nivel nacional, a retomar el camino de la movilización y no poner el foco en las próximas elecciones, porque más allá de quién salga presidente, para el 2026 la música se define estas semanas, y nuestros procesos no se están viendo favorecidos.     BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA NECESIDAD, ¡LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA!

Los proyectos de vivienda social que aún no han postulado al subsidio podrían ver estancados sus avances en 2026 por la baja de 25 mil subsidios DS49 menos que entregarán los SERVIU en comparación al 2025. ¿Competir por migajas o unirse por un objetivo común? Presupuesto MINVU 2026   Para el 2026, el Ministerio de Vivienda aumentará su presupuesto total de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (un billón es un millón de millones, difícil de dimensionar).   A pesar de que habrá más plata ($771 mil millones más), se entregará la mitad de subsidios DS49 de los que se entregaron en 2025 (ver imagen). Esto significa que se retrasarán proyectos de los comités que están buscando terreno, tienen una promesa de compra por alguno o están a la espera de postular.    Fuente: Presupuesto MINVU 2026.     Pero, si hay más plata, ¿por qué se entregarán menos subsidios que en 2025?   Principalmente por dos causas: 1) porque gran parte del presupuesto se va en compromisos de pago de años anteriores y 2) porque cada año se entrega más dinero a las constructoras en forma de préstamos (sin intereses) para comprar terrenos y construir vivienda.     Pagos de arrastre de años anteriores   Todos los años el presupuesto del MINVU incluye montos destinados a pagar compromisos hechos años anteriores, en ese sentido esto no es algo extraordinario, sobre todo si se considera que la construcción de proyectos de vivienda es un proceso de años.   Pero, aunque sea algo que pase todos los años, no quiere decir que sea bueno o que dé lo mismo, primero, porque quiere decir que las cifras de aumento de viviendas del Plan de Emergencia Habitacional en realidad fueron más porque se reventó la billetera pública que por un aumento de capacidad real de producir más viviendas .   Cada año la vivienda social sale más cara, ¿y para qué? Para sostener la ganancia privada. ¿A costa de qué? De recursos públicos y del aumento de ahorro familiar.     Préstamos sin intereses a las constructoras   La normativa en vivienda permite a los SERVIU hacer préstamos a las constructoras para que compren terrenos e inicien obras, a un 0% de interés con plazo de tres años para devolverlo,  tiempo que calza con la entrega de obras y cuando se transfiere el subsidio por la vivienda.   En otras palabras, las constructoras no asumen ningún riesgo por construir vivienda social, tienen de banco al SERVIU que no les cobra intereses y además les asegura la venta de su producto con los subsidios. Negocio redondo.   Para el 2026, el MINVU pretende aumentar el dinero en préstamos de $1,7 billones de pesos a $2,2 billones.  O sea, se destinarán $500 mil millones de pesos más que en 2025 en préstamos, tapando el hoyo que dejan los bancos por la tasa de interés que cobrarían.   Si existiera una constructora pública, estos $2,2 billones de pesos que se prestarán a las constructoras se podrían destinar a construir más de 50 mil viviendas sociales de forma directa , para atender la necesidad y no el negocio privado.   Lee acá “El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés”     El rol de las dirigencias   Ante este escenario de recorte de 25 mil subsidios DS49 menos a entregar en 2026, las dirigencias sociales deben preguntarse para dónde va la micro, quién la conduce y quién la financia.   Más allá de quién salga presidente, el 2026 podría ser un año de lentos avances si los comités se quedan sentados esperando que se cumplan las promesas de campaña , porque de manera más concreta, el presupuesto del MINVU ya dictó el ritmo, si es que se aprueba tal como está, y el foco está puesto en sostener las inversiones iniciadas, y no agilizar los proyectos que todavía no tienen subsidio asignado.   Esto representa un problema para todos los comités a nivel nacional, más allá de si sus proyectos van por la vía regular del DS49 o por alguna glosa particular. Y la contracción de los subsidios a entregarse podría forzar a la domesticación, que sería limitarse a competir con los otros comités, en vez de unirse y defender sus intereses de manera conjunta.   Lee acá   “Declaración del Movimiento Solidario Vida Digna ante la extensión del Plan de Emergencia Habitacional”

Para acceder a un terreno, 20 familias de Recoleta debieron aumentar su ahorro en hasta $4 millones. Tienen proyecto calificado por el SERVIU pero luego de seis meses, aún no se abre un llamado para postular, extendiendo la espera en el allegamiento. Fuerza Pobladora de Recoleta es un comité de 20 familias que nació el año 2023, en una comuna que por su lugar en la ciudad, dispone de pocos terrenos grandes para proyectos de vivienda social, y donde quienes tienen terrenos sin uso o disponibles para construir vivienda, suelen inflar sus precios de forma artificial.   Ante este escenario, surgió la opción de un terreno, pero siempre y cuando las familias estuvieran dispuestas a aumentar su ahorro. Eso llevó a que el comité decidiera ir por esa vía, ahorrando hasta $4 millones de pesos por familia, dependiendo del tramo que tienen en el Registro Social de Hogares.   Según las vecinas, desde inicios de este año que el proyecto está en condiciones de postular al subsidio, pero el SERVIU no ha vuelto a hacer llamados a postular por la vía que requiere este proyecto, que es la glosa 10 del Presupuesto , extendiendo la espera de las familias en el allegamiento y pagado arriendos que vacían el salario.     Glosa 10   En 2019, el segundo gobierno de Piñera creó la glosa 10 en el presupuesto del ministerio, la cual debe aprobarse cada año, al ser una atribución que dura solo un año y debe renovarse. Desde entonces, la glosa se aprobado todos los años, sin cuestionamientos del gobierno ni la oposición.   La glosa 10 apunta a cubrir los precios inflados de los terrenos en zonas bien ubicadas. Así, permite que el SERVIU aumente el monto del subsidio siempre y cuando las familias aumenten su ahorro.   En otras palabras, la especulación que el dueño hace sobre el precio del terreno es cubierta con el bolsillo de las familias sin casa y con un mayor traspaso de recursos públicos.     Familias en estado de alerta   Ante esta situación de retrasos en el proyecto y sin respuestas que den alguna certeza a las familias, el comité se encuentra en estado de alerta, y anuncian que si no hay respuestas se movilizarán para exigir que se cumplan los compromisos

Mientras hay quienes buscan desvirtuar el carácter del estallido, desde El Pincoyazo analizamos el detonante, las causas, los niveles de organización y la reacción constitucional que logró descomprimir el proceso para luego meter todo debajo de la alfombra. Al no haber un tejido mayor de organizaciones fuertes y articuladas en torno a un programa de transformaciones claro, la fuerza social no tuvo conducción, impidiendo poner el foco en resolver problemas materiales concretos por sobre las demandas de mayor "democracia". El detonante La dura represión ejercida contra el movimiento estudiantil que protestaba contra el alza del transporte público fue la gota que rebalsó el vaso. El 18 de octubre la protesta se extendió masivamente a las poblaciones y al día siguiente, a todo el país. El carácter de la protesta Desde El Pincoyazo observamos que, desde un comienzo, el elemento más transversal de la protesta fue su carácter anti-represivo , algo que se expresó muy claramente no solo en el enfrentamiento con las policías, sino también en el contenido de los cantos de la calle, lo cual no se detuvo ni siquiera con el despliegue de los militares desde el mismo 19 de octubre, cuando Piñera decreta Estado de excepción. A esto se sumó el posicionamiento de demandas asociadas a distintas áreas de la vida que, a nuestra visión, no surgieron de forma espontánea, en el sentido de que se trataba de demandas que ya se encontraban posicionadas como efecto del conflicto social previo, en particular las surgidas del movimiento feminista y del rechazo al sistema de AFP. Las causas Más de 30 años de abusos, robos de cuello y corbata y saqueo de nuestros recursos naturales, pero por sobre todo, no llegar a fin de mes , viviendo para trabajar y así poder pagar deudas para comer, estudiar, vestirse o tener salud. En otras palabras, el detonante abrió una olla a presión que expulsó una larga historia de injusticia. Quienes viven de sus privilegios, conscientes del lugar que ocupan, sintieron miedo. Tanto, que pidieron perdón en los matinales y prometieron compartir sus privilegios. Hasta hoy, nada de eso ha ocurrido, al contrario. La desigualdad se ha profundizado Bajos niveles de organización y articulación social Es importante recordar también que el escenario de impugnación generalizada abrió el paso a una oleada masiva de acciones directas, asociadas a tomas de terrenos, por la falta de soluciones del sistema político, pero sin que se haya observado algún tipo de planificación sobre el conjunto de las acciones, mucho menos algún tipo de intervención extranjera, como siguen repitiendo algunos interesados en defender sus privilegios. En ese sentido, observamos que existió una acción radical y simultánea en distintos lugares, pero sin un grado de coordinación ni articulación previo ni tampoco a partir de ellas. Y los espacios que intentaron aunar fuerza para generar algún tipo de conducción del proceso, no se acercaron ni por poco. Esa ausencia de un actor capaz de conducir el proceso, en el sentido de que las distintas expresiones sociales logren tomar decisiones de manera conjunta sobre qué hacer, cuándo y cómo, fue también un rasgo característico, tal vez explicado justamente por la ausencia de movimientos fuertes, pre-existentes al estallido, lo que se reafirma con la principal forma social surgida durante el proceso: las asambleas territoriales, donde las personas recién estaban "encontrándose" o "reconociéndose". La reacción A nuestro parecer, el pueblo de Chile se levantó contra el sistema de injusticias, pero más como un rechazo y hastío generalizado, y sin una vocación de transformar el sistema político. Eso fue identificado por los intelectuales que defienden el sistema de dominación, y esa incapacidad de posicionar una alternativa clara y concreta fue la puerta para decidir procesar institucionalmente el conflicto, tentando con entregar la Constitución de la dictadura. En este sentido es importante recordar que la demanda por una nueva Constitución no surgió como una demanda popular , sino más bien de pequeños sectores de la sociedad sobre-representados, generando división y desmovilización. En adelante, el pueblo quedó fuera de la mesa. ¿Aprendizajes? Es necesario mirar con ojos críticos el ciclo de protestas de 2019 porque sus causas no se han resuelto, simplemente se metieron debajo de la alfombra. Debemos fortalecer la organización de base y la articulación en distintos niveles, y no en administrar la pobreza a través de algún cargo en el Estado. En ese sentido, es importante identificar que la masividad, la fuerza, la disposición y la simpatía de las mayorías sobre un conjunto de ideas y demandas no fue suficiente. Al no haber un tejido mayor de organizaciones fuertes y articuladas en torno a un programa de transformaciones claro, la fuerza social no tuvo conducción, impidiendo poner el foco en resolver problemas materiales concretos por sobre las demandas de mayor "democracia".

Los dueños del terreno piden 10 veces el precio al que lo compraron, y no acceden al valor 5 veces superior que ofrece el MINVU, el cual se pagaría a través de un crédito hipotecario asumido por las familias vía cooperativas de vivienda. El Pincoyazo se trasladó a San Antonio para conversar con sus protagonistas, los pobladores del cerro Centinela. Principales hitos Ante la larga ausencia de soluciones habitacionales, en octubre de 2019 comenzó a poblarse el cerro Centinela ubicado en el límite entre las comunas de Cartagena y San Antonio, y su expansión hasta el presente (más de 4 mil familias), como también la distribución de las casas y calles, dan cuenta de que aquí existieron voluntades públicas y privadas que avalaron el poblamiento. En 2019, registros que circularon en prensa muestran a los dueños del terreno ofreciéndolo a los pobladores, señalando incluso que la responsabilidad de lotear recaería en el municipio, incentivándoles a seguir adelante, pero estableciendo un precio de compra en lo que hasta ese entonces era un basural. Posteriormente, en septiembre de 2020 y ante la falta de acuerdo bajo las condiciones establecidas por los dueños, estos presentan una primera demanda, y posteriormente, en 2023, un recurso de protección con el que impulsaron, paso a paso, el desalojo, que finalmente sería dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en febrero de 2025. En ese escenario, y ante la incapacidad del Estado por desalojar a cerca de 10 mil personas, y la crisis humanitaria que eso significaría, el Ministerio de Vivienda agiliza una mesa de trabajo con los dueños, proponiendo la fórmula de comprar el terreno bajo la figura de cooperativas de viviendas donde las familias cubrirían con una deuda la compra, pero la pelota sigue trabada, porque el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños. Especulación con el precio del terreno En 1997, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A compró las 260 hectáreas de suelo a 0,04 UF por metro cuadrado, pero la última oferta que presentaron al MINVU fue por 0,4 UF por metro cuadrado, lo que equivale a 10 veces el valor de compra original, sin haber invertido un solo peso en el terreno. Por su parte, la tasación que hizo el MINVU establece un precio de 0,2 UF por metro cuadrado, que pese a ser 5 veces el valor por el que los dueños lo compraron en 1997, no les deja contentos. En Chile hoy no existe una ley que regule el precio del suelo ante estas situaciones, lo que entrega más poder de negociación a quienes tienen recursos para comprar y dejar los terrenos sin uso durante varios años, lo que funciona como una barrera de acceso para los comités de vivienda, y por tanto crea un escenario de aparente ausencia de terrenos, cuando en realidad sí existen, pero están en reserva, en lo que podría definirse como un proceso de engorda de precios. Lee acá " Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas" La cooperativa de vivienda como opción de compra Durante el proceso, el MINVU propuso como vía para destrabar el conflicto la posibilidad de que las familias pobladoras compren el terreno a través de la figura de las cooperativas de viviendas, ¿pero por qué? La idea de la vía cooperativa surgió a partir de lo que permite el artículo 137 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), el cual dice que el dueño de un terreno puede venderlo sin hacerse cargo de los costos de urbanización asociados a lo que establezca el Plan Regulador Comunal, si es que el destinatario de los terrenos es una cooperativa de vivienda. Así, la responsabilidad de urbanización recae en las familias, quedando sujeto el traspaso del mismo a que se vayan concretando esas obras. Esta figura responde a cómo funcionaban las cooperativas anteriormente a la dictadura, con una fuerte capacidad de gestión y construcción, ya que el artículo 136 de la misma LGUC, prohíbe a la Inmobiliaria San Antonio vender el terreno si no se hace cargo de construir una serie de obras de urbanización. A partir de este camino posible, las familias pobladoras crearon 40 cooperativas agrupadas en una federación, para así hacer posible la compra del suelo. Según Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda del cerro Centinela , "tenemos que poner un pie para entrar a la negociación, de manera particular. Luego esperar que se apruebe esta fórmula a través del Banco Estado, y posterior a eso ver el plazo y la cuota a través de un crédito hipotecario" . "Se ha hablado en un principio de $100 mil pesos mensual, pero se ha visto también la condición de las familias, ya que algunas no van a poder pagar eso todos los meses, y se está conversando entre $50 mil y $100 mil mensual, que puede ser a 10 o 15 años, y eso depende del Banco Estado" , agregó el dirigente. Hoy la pelota sigue trabada, y como el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños, estos han reactivado el desalojo , pidiendo a la Delegación Presidencial que ponga una fecha concreta al mismo, algo que de concretarse, desataría una crisis de proporciones, porque el Estado no tiene hoy la capacidad o más bien la voluntad de realizarlo a través de una solución alternativa para las familias. Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria"

Tras cuatro años del Plan de Emergencia Habitacional, la crisis continúa e incluso se ha intensificado : el nivel de los salarios está lejos de crecer al nivel que aumenta el precio de la vivienda en propiedad y en arriendo, forzando a más familias a vivir en un campamento.  Ninguna de las medidas que contempló el Plan de Emergencia pusieron un freno a la especulación sobre el precio del suelo, principal causa de la crisis.  En vez de equilibrar la balanza, el gobierno siguió el legado neoliberal traspasando los costos a las familias sin casa a través de exigir más ahorro como condición para entregar más recursos públicos vía subsidios a los especuladores, lo cual es insostenible en un contexto donde el costo de la vida aumenta de forma permanente (luz, agua, gas y comida). Un segundo problema de fondo es que, en vez de priorizar la construcción de vivienda social,   se profundizan las garantías que el Estado entrega a las constructoras en cada una de sus fases para asegurar el lucro: 1) Se aumentó el traspaso de recursos vía subsidios. De esta forma, la certeza de venta incluyó una garantía de precios más altos como incentivo para producir. 2) Se incrementó el traspaso de recursos vía préstamos a un 0% de interés como anticipos de obras, donde se va cerca de un tercio del presupuesto anual del MINVU. 3) Se ampliaron las garantías para que las constructoras accedan a créditos y se creó un nuevo subsidio para que más personas accedan a créditos hipotecarios, todo esto, porque las empresas tenían decenas de miles de viviendas sin vender y los bancos no estaban dispuestos a bajar su tasa de interés. En el Congreso, tanto el gobierno como la oposición y los empresarios de la construcción han dejado claro que esta política tiene un acuerdo transversal y no cabe duda de que será extendida por cuatro años más.  Como Movimiento Solidario Vida Digna tenemos muy claro que, si la extensión del Plan de Emergencia no incluye nuevas facultades que apunten a la raíz del problema, la crisis de acceso a la vivienda en Chile solo empeorará.   Por eso, para que se construyan más viviendas, de forma oportuna y de mejor calidad para las familias sin casa, proponemos las siguientes medidas, entre otras posibles: 1) Poner un freno a la especulación inmobiliaria: - Facultar a los SERVIU para obligar a que las empresas que posean terrenos por más de 3 hectáreas los vendan a precio de avalúo fiscal con el fin de destinar únicamente a la construcción de vivienda social.  Porque sin medidas que intervengan la captura y concentración de la propiedad del suelo, no hay aumento de presupuesto que aguante. - Establecer un porcentaje de recuperación de plusvalías a la venta de terrenos, entendida como una obligación que tendrán las empresas de entregar al Estado parte de sus ganancias por venta de suelo cuando esta se generó por efecto de la inversión pública , como podría ser la urbanización del entorno, la construcción de un metro o de otro tipo de bienes y servicios públicos que agregan valor al terreno.  - Establecer un impuesto a la tenencia de terrenos sobre 3 hectáreas que, estando dentro de la ciudad, sus dueños dejan sin uso por largo tiempo, solo esperando que su valor aumente  para así, en el futuro, vender o construir un proyecto después de que aumentó la necesidad de viviendas o de que el Estado invirtió en construir calles y servicios, porque este mecanismo también bloquea el acceso a terrenos y los encarece. 2) Poner fin a la glosa 10, por la que se traspasa el aumento del precio del suelo a las familias   sin casa  al imponerles ahorrar varios millones adicionales como exigencia para aumentar el monto de los subsidios. Esta medida, de la mano con el freno de la especulación, es fundamental para que los sectores más pobres no sigan quedando fuera de los proyectos cuando el SERVIU pide aumentar el ahorro. 3) Crear una empresa constructora de gestión pública-comunitaria para el desarrollo de vivienda y servicios públicos , en la cual las instancias de planificación, administración y ejecución cuenten con la participación e incidencia  de las comunidades y sus organizaciones para que su actividad no esté orientada por el lucro, sino para atender la necesidad de la población, permitiendo reorientar recursos que hoy cubren la ganancia privada para, de esta manera, construir más y mejores viviendas, disminuir los niveles de endeudamiento familiar, además de generar trabajo directo para las mismas familias y comunidades. En esta vuelta en que se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y también el Presupuesto del MINVU 2026 que le seguirá dando soporte, es importante que los comités de vivienda y distintos movimientos populares del país seamos capaces de aunar posturas, articularnos y defender a través de distintas acciones el bienestar de nuestras familias por tener un techo donde vivir. BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA NECESIDAD ¡LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA! Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria" Lee acá " Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas"

Mientras se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y el Presupuesto 2026, el empresariado de la construcción instaló su pliego de peticiones a punta de noticias falsas que condicionaron el debate. Acá te presentamos sus demandas y por qué, en caso de aplicarse, solo profundizarían la crisis de acceso a la vivienda en Chile. De izquierda a derecha: Orlando Sillano, Slaven Razmilic y Carlos Marambio. Contexto Desde hace unas semanas se instaló la idea de que el Ministerio de Vivienda debía más de $1.000 millones de dólares a empresas de la construcción. Un título alarmante que nunca fue respaldado con datos, pero que de igual manera permitió al empresariado tomar la iniciativa y acorralar al ministerio, justo cuando inicia la discusión por el Presupuesto 2026 y también la extensión del Plan de Emergencia , que caduca en diciembre de 2025. ¿Su objetivo? Pedir más dinero al Estado para iniciar obras y que se bajen las exigencias de distintas normas urbanas para poder producir más y a menores costos, pero no para bajar el precio de la vivienda. A continuación presentamos una síntesis de las exposiciones de los principales gremios empresariales vinculados a la producción de vivienda en Chile y la respuesta del MINVU, desplegadas durante tres sesiones distintas de las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados (01 oct) y del Senado (30 sept y 07 oct) durante la última semana de septiembre e inicios de octubre de 2025.   Constructoras piden más dinero para anticipo de obras En su presentación ante la Comisión de Vivienda del Senado, el representante de la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS) y ex jefe de la División de Política Habitacional del MINVU en el segundo gobierno de Piñera, Carlos Marambio , planteó que el SERVIU RM no tenía deudas por obras ejecutadas (después de que en la prensa circuló la noticia toda una semana y sin datos de respaldo), pero sí que   se necesitaba que el Ministerio de Hacienda apruebe $312 mil millones de pesos extra   para cumplir los compromisos con que quedan en el año, y que consistirían en no retrasar las transferencias de dinero por anticipos, avances de obras y entrega de viviendas, además de acceso a préstamos a 0% de interés para proyectos DS19 (subsidios con deuda). Marambio agregó que los avances de obra de los proyectos DS49 (subsidios sin deuda) en la RM se estarían pagando vía confirming (que es una fórmula financiera donde un banco anticipa un pago futuro a una cierta tasa de interés) y no directamente con recursos SERVIU, “ lo que significa para el privado que tiene que pagar el costo financiero del confirming, pero a una tasa menor que un crédito porque el riesgo lo asume el SERVIU, entonces no es lo mismo que pedir un crédito, es una tasa más barata”. Asimismo, agregó que los proyectos DS19 que no han recibido préstamos del SERVIU, no tienen la opción de aplicar el confirming, por lo que en algunos casos, las empresas han decidido adelantar dineros del banco. En resumen, “se trata de anticipos, obras en ejecución y escrituración. La línea completa.   Y es importante aclarar que los $312 mil millones que nosotros declaramos no es deuda vencida sino lo que va a faltar en el año para ejecutar los compromisos del SERVIU . ¿Se entiende eso? No es que el MINVU deba $312 mil millones, sino que es lo que se requiere que se suplemente para finalizar el año ” , lo que equivale a un 32% del presupuesto anual del SERVIU RM. Pero, ¿cómo?, ¿las constructoras no tienen la capacidad de construir por medios propios sin depender del Estado?, ¿o sea que además de la entrega de subsidios dependen de préstamos a un 0% de interés del SERVIU para iniciar obras? Sí, tal como lo leíste. Un día antes, el 30 de septiembre, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y también ex funcionario del MINVU, Slaven Razmilic, dijo que “es importante tener presente que   tanto los anticipos para proyectos DS49 como los préstamos de enlace para DS19, en sus reglamentos, dicen que se entregarán sujeto a la disponibilidad presupuestaria, por tanto, si el ministerio no tiene disponibilidad presupuestaria, es razonable que no se entreguen . Sin embargo, el DS49, en su diseño, siempre consideró que iban a existir estos anticipos, y los actores así lo entienden. Por lo tanto, si no podemos entregarlos, la industria tampoco podrá avanzar en la ejecución de los programas". Inmediatamente, Razmilic agregó que es en este punto donde debe ponerse el foco a la hora de discutir sobre si extender o no el Plan de Emergencia . “Se debe pensar cuál es la factibilidad de que una siguiente administración, del color que sea, va a poder sostener un volumen de actividad coherente con las necesidades que tenemos. Y   si hoy no tenemos la capacidad de entregar anticipos y préstamos de enlace, vamos a observar una merma en las soluciones (viviendas)  a entregar en los próximos años” . Algo similar planteó Orlando Sillano , vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción -durante la misma jornada-, aludiendo a un estudio del gremio sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda en Chile en vista del aumento de los costos de producción. “En una vivienda DS49 el tema térmico significa 50 UF, y   es cierto que es mejor tener una vivienda aislada (térmicamente) , pero si no se puede pagar, a lo mejor hay que postergar eso. Hay que ser más realistas ”. En otras palabras, si el Estado no asegura el negocio, que las familias se caguen de frío. No es problema de los empresarios.   ¿Y no que la empresa privada era más eficiente? El fondo del reclamo de las empresas es pedir que el Estado no solo les asegure la compra de su producción vía subsidios, sino también que le asegure plata fresca para producir, y no solo ante avances de obra, sino incluso antes de iniciarlas (vía préstamos sin intereses y anticipos) . Un negocio redondo y sin riesgos. Y como el SERVIU RM detuvo la entrega de préstamos y anticipos para priorizar otros gastos, las empresas reclaman para que el Ministerio de Hacienda apruebe la entrega de plata extra antes que termine el año: $312 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 30% del presupuesto 2025 del SERVIU RM.   Fuente: Datos SERVIU RM   Fuente: Datos SERVIU RM     La respuesta del gobierno: asegurar más recursos a la empresa privada Un día después de que hablara el empresariado, el 02 de octubre, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, intentó sacarse las balas cuestionando las cifras que circulaban en la prensa de que el MINVU debía $1.000 millones de dólares a las constructoras, y las bajó a $130 millones de dólares, que es también menos de la mitad de los $312 millones de dólares que reclamaba el gremio empresarial. Ese mismo día, y acto seguido de una semana con amenazas de acusación constitucional sobre el ministro, el gobierno de Boric publicó el Presupuesto 2026, dando en el gusto a las constructoras y tapando aún más el hoyo que dejan los bancos. En vivienda, el Presupuesto total del MINVU aumentó de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (+13%), mientras que el gasto en préstamos a las constructoras aumentó de $1,7 billones a $2,2 billones (+25%), siendo el mayor ítem de aumento.   Fuente: Datos MINVU   Acá hay que detenerse un momento, y preguntarse, ¿por qué el gobierno cedió?  Si el propio SERVIU RM debió dejar de prestar dinero a las constructoras porque, según su director, “el déficit estructural nacional, que se arrastra de años anteriores, ha obligado a este Servicio a adoptar medidas de priorización presupuestaria” . A eso se suman las críticas hechas por el ministro Montes el 07 de octubre en el Senado. “¿Por qué no recurrir (las empresas) al sistema financiero para estos préstamos? Si no tiene por qué hacerlos el Estado. Hoy tenemos casi un tercio del presupuesto total para dar préstamos. Si tenemos el Banco del Estado, lo mínimo es que cumpla esas funciones”. ¿Entonces por qué el gobierno decidió apretar el pie en el acelerador en vez de redirigir las prioridades del gasto público hacia construir más vivienda sin deuda? El gobierno tiene la facultad de tomar esta decisión, porque prestar dinero sin intereses para que las constructoras inicien obras no es una obligación, sino una facultad (posibilidad), y siempre que exista caja para eso , y la caja del MINVU, y en particular del SERVIU RM, viene asfixiada desde hace rato, y la principal causa es que, para asegurar el negocio, el Estado ha debido gastar no solo cada vez más en prestar dinero sin intereses, sino también cada vez más dinero por cada subsidio que entrega, como se detallará más adelante. El problema de fondo de todo esto es el rol del Estado, diseñado principalmente para traspasar recursos a la empresa privada , lo que en el área de la vivienda se expresa en asegurar cada fase de la producción con dinero fresco y leyes a la medida, incluyendo el traspaso de subsidios y garantías de deuda a quienes más acumulan capital, como son los bancos (vía FOGAES y vía subsidio a la tasa de interés y garantía al dividendo).   Perspectiva histórica: más ganancia privada y menos vivienda social Sobre el costo de los subsidios, Razmilic dijo que “hoy estamos gastando cinco veces más para producir del orden de 30% menos”  que en los años 90s . Agregando que, si bien “ hemos aumentado los (montos en)  subsidios en promedio por vivienda en todos los gobiernos, también hay aumentos de costos. Suelo más caro, costos laborales y materiales más altos. Entonces ahí la pregunta es si podemos aumentar la producción con esos costos promedio, y sino, ¿qué podemos hacer para contener esos costos?”. Una salida es la vieja receta de desregular (ver dos capítulos más adelante).   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Hay tener presente que la mejora de los estándares mínimos para la vivienda social no fue producto de la buena voluntad de las empresas ni de los gobiernos, sino justamente porque la mala calidad de la vivienda rápidamente generó problemas, volviéndolas inhabitables, lo que también han implicado un gasto importante de recursos públicos a través de los programas de mejoramiento de la vivienda , que desde el año 2008 comenzaron a ocupar un porcentaje importante respecto del total del gasto en subsidios habitacionales (ver gráfico anterior).   El mercado de la vivienda por segmento Algo importante a tener presente es el lugar que ocupa la vivienda que se compra con subsidios del Estado, que durante los últimos 20 años superó el 50% del total de viviendas que se compraron cada año. Esto quiere decir que el negocio de la construcción de vivienda en Chile se sostiene en gran medida por el traspaso de recursos del Estado , ya que más de la mitad de las familias y personas que acceden a una vivienda en propiedad pueden hacerlo solo con el soporte del Estado, lo que da cuenta de la gran brecha entre los salarios y el precio de las viviendas.   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Estos datos también demuestran que sin el dinero del Estado para iniciar obras, finalizarlas y luego asegurar la compra, la empresa privada de la construcción no sería capaz de cubrir todo este nicho de negocio, que en realidad es la necesidad de millones de familias. Para usar de forma más eficientes esos recursos, el Estado podría una constructora pública-comunitaria,  que por la escala de producción y su poder de compra podría construir a menores costos que el sector privado, el que dejaría de ser competitivo, y orientar su producción para satisfacer la necesidad de las familias trabajadoras, y no para lucrar, además de generar mucho trabajo. Pero al parecer, este no es un objetivo ni para el gobierno ni la oposición.   Los objetivos de los empresarios de la construcción Ante este diagnóstico, la solución para el gremio es extender el Plan de Emergencia Habitacional, e incluso extender de forma ampliada y permanente algunas de sus facultades que hoy son acotadas a ciertos proyectos (vivienda subsidiada) y por una duración de cuatro años. La línea general que demanda la empresa de la construcción es desregular las normas urbanas, a través de: - Facilitar los cambios a los planes reguladores no solo en terrenos públicos , sino extenderlo a los privados para así aumentar la capacidad de producción sin incurrir en costos. - Extender como norma general la aprobación de permisos de edificación sin tener aprobado un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) , retrasando su exigencia al momento de la recepción final de obras. - Extender el límite de la ciudad para aumentar la superficie de suelo construible , cuando en realidad el problema no es la falta de suelo, sino su uso especulativo.     ¿Y el movimiento de pobladores? En este esquema de negocio, para los empresarios de la construcción los comités de vivienda pueden ser un instrumento útil, sobre todo si estos últimos acotan su rango de acción a pelear por su interés individual e inmediato, sin mirar a qué costo se consigue, ni cómo la forma en que se resuelve el problema afecta al conjunto de comités y, de forma más amplia, a las cientos de miles de familias sin un techo donde vivir. Ante la alarma por el retraso de los proyectos -que es una constante en el proceso con o sin Plan de Emergencia-, los comités tienen la obligación de movilizarse, pero si no identifican dónde se traba realmente la pelota, pueden terminar siendo presa de la empresa privada, como su punta de lanza para pedir más traspasos de dineros sin que se toque el modelo de acumulación, lo que a la larga permita por hacer más difícil el acceso a la vivienda. Tras cuatro años de Plan de Emergencia Habitacional, la forma en que se abordó la “crisis habitacional” fue empobreciendo aún más a las familias trabajadoras y excluyendo al sector más pobre de ellas al obligarlas a aumentar el ahorro adicional en varios millones de pesos para sostener la ganancia inmobiliaria por el aumento del precio del suelo, a través de la famosa glosa 10. En este contexto, los comités de vivienda tienen varios desafíos por delante: mejorar sus formas de organización, instruirse y unir sus demandas en espacios de articulación que les permita golpear la mesa bajo un paraguas mayor, porque la acción dispersa y reactiva está condenada a ser útil al capital.

Por Matías Rodríguez, sociólogo pincoyano. Un hallazgo que sacude Camino casi todos los días con mi hija por el casco histórico de Huechuraba. Ella está en pre-kínder y muchas veces hacemos juntos el trayecto entre el colegio, la plaza y la casa. Una tarde, mientras avanzábamos por la vereda, noté una pequeña bolsa transparente con restos blancos en su interior y la cara de Pablo Escobar estampada . Al principio pensé que era basura, pero la repetición me golpeó: no era la primera vez que veía algo así. Desde pequeño conocí casas donde se traficaba, plazas ocupadas por consumo de alcohol y drogas, adultos apropiándose de espacios que deberían ser recreativos para niñas, niños y adolescentes. Pero verlo ahora, al alcance de la mano de mi hija, lo vuelve mucho más brutal. ¿Y si ella la hubiera recogido? ¿Y si otro niño pensara que se trata de un dulce? Estas bolsas aparecen en distintas calles, plazas y paraderos de nuestra población: la Plaza Cívica, el skatepark y los accesos más transitados. Ya no es un hecho aislado. La droga ha dejado de estar oculta: hoy se muestra sin pudor en el espacio público, a plena luz del día, al alcance de cualquiera.   Riesgo inmediato y normalización El peligro físico es evidente: un niño puede tener contacto directo con restos de droga, inhalarla o incluso ingerirla accidentalmente. Pero existe otro riesgo, menos visible y más profundo: la normalización. Si estas bolsas siguen apareciendo y nadie actúa, si la comunidad y las autoridades no reaccionan, nuestra infancia terminará aprendiendo a convivir con la droga como parte natural del paisaje urbano. Que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan viendo estos residuos en plazas y veredas es un recordatorio silencioso de que el narcotráfico ya se insertó en la vida cotidiana.   La desigualdad detrás de cada bolsa En Chile, cerca del 24% de la población son menores de 18 años —unos 4,5 millones— y de ellos, dos de cada cinco vive en pobreza multidimensional, con carencias en educación, salud, vivienda y entorno (UNICEF, 2025). Estas condiciones hacen que los riesgos no se distribuyan de manera equitativa: la infancia en territorios vulnerables convive con basurales, falta de luminarias, espacios públicos deteriorados… y ahora también con la huella del narco en cada vereda. Cada bolsa abandonada es más que un desecho: es un indicio. Señala microtráfico, consumo abierto y transacciones que ocurren a metros de colegios, multicanchas y ferias libres. El narcotráfico se instala no solo en la esquina o en la casa deshabitada, sino también en la vida cotidiana de nuestras poblaciones, transformando la cultura barrial de los espacios públicos en un foco de riesgo para quienes habitamos en ella. Huechuraba no es ajena a este fenómeno. Y como en muchas otras comunas de la Región Metropolitana, el narcotráfico aprovecha vulnerabilidades estructurales para desplegarse: pasajes estrechos, calles oscuras, veredas deterioradas y por sobre todo la pobreza, expresión de la desigualdad territorial. El narcotráfico se consolidó en Chile desde la dictadura , aprovechando el acceso a precursores químicos del Ejército y la cercanía de actores ligados al poder; incluso los hijos del dictador mantuvieron vínculos con narcotraficantes. Esta inserción temprana estableció un patrón de expansión que apuntó a desarticular el tejido social de las poblaciones, dejando huellas que hoy vemos en nuestras plazas y veredas. Lee acá "Los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes" (CIPER)   La puerta de entrada hacia nuestras infancias Según el XV Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (SENDA, 2025) , 2 de cada 10 escolares reconoce haber consumido marihuana en el último año. Además, se observa un aumento en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre mujeres escolares, llegando incluso a superar a los hombres en algunas categorías. La normalización no es solo visual: es también conductual. En 2024, más de 300 adolescentes de la Región Metropolitana ingresaron a programas de tratamiento de SENDA. No hablamos de casos aislados, sino de una generación entera que necesita respuestas concretas y sostenidas.   Un llamado desde nuestras veredas Me preocupa que mi hija, y cualquier niño o niña de esta comuna, crezca normalizando la droga en todos lados. Me niego a aceptar que las bolsas con droga se vuelvan parte del paisaje urbano, como si fueran simples papeles de helado tirados en la calle. Propongo algo sencillo pero poderoso: no miremos hacia otro lado . Denunciemos. Avisemos. Conversemos en la junta de vecinos, en el colegio, en la feria. Exijamos que la Municipalidad actúe con rapidez. Involucrémonos como comunidad.

Tras su polémica aprobación en el concejo municipal, la nueva Corporación Municipal de Deporte y Cultura debe constituirse en una asamblea de socios y elegir su directorio. Pero, ¿quiénes ocuparán esos cargos?, ¿quiénes los elegirán? y ¿por qué nadie consultó a los vecinos? Acá te explicamos cómo funciona el marco legal de toda esta maraña privatizadora. Marco regulatorio y propuesta municipal En nuestro país, las corporaciones municipales se rigen por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley Nº 20.500) y por el Código Civil para personas jurídicas de derecho privado . En ellas se establece que estas asociaciones corresponden a personas jurídicas sin fines de lucro, las que se financian con recursos públicos, donaciones privadas y la generación de recursos propios. Asimismo, la ley también establece que las corporaciones son encabezadas por un Directorio , donde si bien tiene incidencia la máxima autoridad municipal, su gestión es independiente, o en lenguaje leguleyo, de derecho privado. Por lo tanto, quienes toman las decisiones dentro de la corporación es un Directorio compuesto por al menos 3 personas: un presidente, un secretario y un tesorero. Y según las necesidades, pueden incluirse uno o más directores. En el caso de Huechuraba, la propuesta que presentó el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) al Concejo Municipal, detalla que esta Corporación la conformarán al menos 5 personas. De las cuales 2 serán designados en acuerdo con el Concejo Municipal y otros 2 serán electos por la Asamblea General de la Corporación, Sin embargo, la propuesta del alcalde no especifica quiénes serán las personas que compondrán ese Directorio.  ¿Serán dirigentes sociales, funcionarios municipales, políticos profesionales o empresarios millonarios? El Concejo Municipal y el vacío de información  La creación de esta Corporación de Cultura, Deporte, Recreación y Fomento de Emprendedores, fue una de las tantas propuestas de la campaña electoral del Alcalde Luksic. Y aunque es un tema que se ha discutido en comisiones del Concejo Municipal que no son públicas, es bien poco lo que se ha dado a conocer a la población de manera abierta y solo se han difundido algunos contenidos días antes de ser aprobada la propuesta el 22 de agosto pasado. El problema no ha sido solo la falta de claridad y transparencia del alcalde, sino también la pasividad que han mantenido las y los concejales frente a este tema, todos responsables en su medida de la desinformación sobre algo que debería ser motivo de debate comunal,  más aún cuando se trata del traspaso de recintos públicos importantes y de cientos de millones cada año a una Corporación de derecho privado, los que si bien serán fiscalizados por el Concejo Municipal y la Contraloría de la República, las decisiones las tomarán por fuera de este, llevándose la pelota para la casa. La pregunta sobre los recursos públicos que se le asignan a esta Corporación de derecho privado es muy importante, sobre todo pensando en lo que ha ocurrido en otras municipalidades donde, a través de corporaciones, se han malgastado recursos en sobresueldos y financiamiento ilegal de campañas políticas. Lamentablemente, estos casos sólo se han conocido una vez cometidos los millonarios fraudes, perjudicando a cientos de miles de vecinos.  La privatización de la gestión de bienes y recursos públicos Una de las claridades sobre las corporaciones municipales, es que su creación implica que esas áreas serán gestionadas por empresarios y no por las organizaciones sociales compuestas por vecinos, con el mito de que los privados son más eficientes que el Estado. Que exista una Corporación privada, no implica necesariamente pagar por usar espacios que hoy son gratuitos, como las 7 canchas, el Centro Cultural o el Planetario. Pero sí implica que de una u otra forma se limitaría el uso por parte de la población, ya que según la propuesta que la alcaldía presentó al Concejo Municipal, estos espacios se podrían arrendar o concesionar para generar nuevos recursos. Como vemos en el cuadro anterior presentado al Concejo Municipal, durante el primer y segundo año de funcionamiento de la Corporación, la Municipalidad entregará el 100% del financiamiento. Y al tercer año se espera que al menos el 20% de su presupuesto provenga de la generación de recursos propios (arriendos y patrocinios de marcas) o donaciones de entidades privadas (empresas) , las que por supuesto, no son solo de buen cristiano. Los beneficios tributarios para las donaciones de empresarios En el complejo entramado legal vinculado con la regulación de las Corporaciones Municipales, existe una serie de leyes que entregan beneficios tributarios a las empresas que realizan distintos tipos de donaciones, lo que requiere un análisis especial, ya que el incentivo para que una empresa realice una “donación” es la reducción del pago de impuestos al fisco, que significa menos recursos públicos para cubrir necesidades. En primer lugar se encuentra la Ley Nº 20.675 sobre Donaciones con Fines Culturales , que modifica el artículo 8 de la Ley N° 18.985 sobre normas tributarias. Allí se establece que las instituciones culturales, como una Corporación, presentan proyectos a un Comité Calificador de Donaciones Culturales, y de ser aprobados, las empresas pueden escoger a cuál de ellas entregar aportes en dinero o especies. Con esto obtienen una rebaja tributaria (pago de impuestos) entre el 35% y 50% de lo que “donaron”. En caso de que ese porcentaje supere el 2% de la renta líquida imponible (ingresos brutos, menos los costos y otros ajustes) o 20.000 UTM (Unidad Tributaria Mensual), correspondiente a alrededor de $1.385.300.000 (calculado según UTM de Octubre 2025 de $69.265), la empresa podrá declarar ese excedente como un gasto. La Ley del Deporte Nº 19.712  (en los artículos del Párrafo Nº 5) también otorga franquicias tributarias similares para las donaciones a entidades deportivas sin fines de lucro, como lo será la Corporación Cultural, Deportiva, Recreativa y Fomento de Huechuraba. Una de las diferencias es que es el Instituto Nacional del Deporte el que aprueba los proyectos y organizaciones que pueden recibir donaciones deportivas. En esta circunstancia, la rebaja de impuestos no puede superar las 14.000 UTM, equivalente $969.710.000. Y en caso de que el monto sea superior, ese excedente la empresa también lo puede declarar como un gasto. Otra norma que podría utilizarse, es la Ley Nº 19.885 sobre Donaciones Sociales  que también permite a las empresas realizar aportes a asociaciones sin fines de lucro que tengan proyectos o programas sociales en las áreas de pobreza o discapacidad, como podría ocurrir con el área de desarrollo económico de la futura Corporación Municipal. Si bien las donaciones pueden ser mucho menores, en este caso si la rebaja de impuesto supera las 1.000 UTM, equivalentes a $69.265.0000, la diferencia se puede declarar como un gasto de la empresa. Como vemos, si bien la creación de una Corporación permitiría captar recursos por concepto de arriendos o donaciones, la normativa le entrega bastantes beneficios tributarios a las empresas que donen. Por lo tanto, la “donación” que realizan se traduce en una franquicia tributaria, es decir, un incentivo económico para que las empresas accedan a realizar donaciones a cambio de una rebaja considerable de impuestos. La privatización de la toma de decisiones Finalmente, con la creación de una Corporación lo que se privatiza no es solo la gestión de los recintos y recursos públicos, sino también la toma de decisiones , ya que estas las tomarán personas que no necesariamente velarán por las necesidades de la población. Si no que en base a criterios basados en eficiencia económica en vez de sueldos dignos, en marketing en vez de necesidades de la población y en la recaudación de nuevos recursos cuando sus gestores privados se equivoquen o afecten la probidad pública. Esto significa que las decisiones sobre el devenir de la Cultura y el Deporte comunal se le transfiere a un actor privado que no necesariamente está capacitado o basará sus acciones en base al bienestar común. Es decir, es el privado el que mediante la promoción cultural, deportiva o empresarial desarrolla toda su apuesta ideológica. De acuerdo a la información a la que se ha podido acceder hasta hoy, con esta decisión lo único que queda claro es que la población y en particular las organizaciones sociales no han participado en ninguna decisión y posiblemente tampoco la tengan en el futuro. Lo más probable es que la población siga mirando las sedes y canchas en mal estado, mientras se traspasan miles de millones a una entidad privada que posiblemente en el futuro sea muy diferente a lo que hoy nos pintan.

Mientras el Congreso discute si extenderá la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional, desde El Pincoyazo presentamos un balance a cuatro años de su aplicación. Aumentó la cantidad de viviendas producidas por el mercado, pero a costa de más recursos públicos y más gasto familiar, sin atacar las causas de la crisis, como la especulación inmobiliaria y usura de los bancos. ¿Cómo surgió el Plan de Emergencia Habitacional? ¿Sus medidas apuntaron a resolver las causas de la crisis o más bien a profundizarla? ¿Cuáles son sus resultados a cuatro años de su implementación?  En el siguiente artículo abordamos estas preguntas haciendo un balance de la Ley 21.450 que creó el Plan de Emergencia Habitacional, y ampliamos el foco para analizar también otras piezas de la política neoliberal de vivienda durante los cuatro años del gobierno de Boric.     La crisis habitacional y sus causas   Lo que se llama como “crisis habitacional” es en realidad una cara necesaria de la economía capitalista, donde la producción de vivienda no está pensada para satisfacer la necesidad, sino para reactivar permanentemente la maquinaria del lucro inmobiliario y bancario.   La acumulación de capital necesita resguardar su tasa de ganancia, de lo contrario, la empresa privada pierde capacidad de crecer, competir y monopolizar el mercado, una tendencia inevitable del sistema -y comprobable a lo largo de la historia- que no tiene que ver con que si un empresario tiene buenas o malas intenciones.   Por eso es importante entender que fenómenos   el aumento permanente del precio de la vivienda en propiedad y en arriendo, la dificultad cada vez mayor de acceder al crédito y el aumento sostenido de los campamentos, no son hechos aislados ni azarosos, sino que tienen una relación entre sí y son expresión de una causa común, que es la expectativa de acumular más ganancia por parte del capital inmobiliario y financiero.   En ese proceso de crecimiento y competencia del capital, el valor de la mano de obra se desvaloriza mientras el precio de las mercancías, como la vivienda, aumenta. Esta brecha entre los salarios y el precio de la vivienda hace que aumente el endeudamiento como requisito de acceso. Y en esa dificultad cada vez mayor de comprar una vivienda crece también el mercado del arriendo, cuyos precios no son regulados, inflando aun más el precio de la vivienda, lo cual hace que, por consecuencia, también aumenten los campamentos , como un camino inevitable para quienes no tienen la capacidad de endeudarse.   Detrás de esta fórmula de empobrecimiento permanente de la gran mayoría que vive de su trabajo está la expectativa de acumulación de capital   de inmobiliarias, constructoras y bancos a través de distintas fases, como es la reserva y venta de suelo para luego producir viviendas, junto con la expectativa de extraer parte de esas ganancias a través de préstamos a las empresas (para que construyan) y también extraer salario a las personas (para que consuman) por medio del pago del crédito.   Todo esto es justamente lo que está ocurriendo en Chile -y prácticamente en todo el mundo- desde hace varios años,   donde  el precio de la vivienda aumentó un 95% entre 2010 y 2024, mientras el nivel de los salarios formales solo lo hizo en un 30%. Fuente: Elaboración propia en base a gráfico original de la Fundación Sol basado en el Índice del Precio de la Vivienda (IPV) del Banco Central y el Índice de Remuneraciones Real (IRR) del INE. Por otro lado, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el 75% del monto total en deuda que las personas mantienen con los bancos en Chile en el 2024 corresponde a deuda hipotecaria, quienes, en promedio, destinan el 45% de su ingreso mensual al pago de esa deuda , lo que significa que no pueden permitirse perder el trabajo. Así, muchas veces la única salida que se piensa como posible es aumentar los niveles de sobreexplotación -horas extra o bien un segundo y hasta tercer trabajo-.   En la década previa al estallido, la deuda en Chile más que se duplicó, ocupando un lugar importante en ese aumento la deuda hipotecaria, motivada no solo como vía de acceso a una vivienda, sino también como medio de inversión, tanto de grandes compradores como de personas naturales que compran dos o más viviendas para destinar al arriendo, lo que contribuye a que se siga inflando el precio de la vivienda. Deuda total en Chile según tipo de deudor (saldos en miles de millones de pesos) Fuente: “Gobernanza corporativa, capital financiero y empresariado de la construcción en Chile (David Kornbluth)”   en base a datos del Banco Central. De esta manera, los grandes inversionistas (capital financiero) cada vez ocupan un lugar mayor como compradores de vivienda para destinarla al arriendo, ya que, ante la dificultad de acceder a créditos por efecto de la disminución del nivel de los salarios, este mercado se ha vuelto cada vez más lucrativo. Fuente: Elaboración en base a gráfico original de Francisco Vergara Perucich en base a datos de InCiti.com en “Cómo la vivienda se transformó en un negocio y qué costos tiene para las personas”. El aumento del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en arriendo, ha generado no solo un aumento de la deuda habitacional, sino también un aumento de las familias en campamentos: si bien entre 1996 y 2005 la cantidad de familias en campamentos disminuyó todos los años, de 105 mil a 25 mil, desde entonces, y en consonancia con el desacople del precio de la vivienda y los salarios,  la cantidad de familias en campamentos no paró de aumentar, de 25 mil en 2005 a 36 mil en 2015, para luego alcanzar las 120 mil familias en 2025. Fuente: elaboración propia en base a datos de Déficit Cero. Especulación del precio del suelo   Una máxima del Estado neoliberal dice que las personas deben resolver la salud, educación y vivienda a través del mercado, y que el Estado cubrirá vía subsidios el acceso solo de aquellos que no tienen la capacidad de consumo suficiente. Por eso es que desde hace varias décadas un pilar de la política neoliberal de vivienda consiste en subsidiar la compra de viviendas para los sectores de ingreso medio (DS 1 y DS 19) y bajo (DS 49).   Pero la posibilidad de que los subsidios se materialicen y no queden solo en el papel depende, en gran medida, del precio que imponga el dueño del terreno, quienes inflan los precios sin necesariamente agregarle ningún valor -como podría ser su urbanización-. Esta ha sido durante décadas la principal barrera para la construcción de vivienda social  y lo que ha obligado a la expulsión de miles de familias pobladoras a la periferia, lejos del acceso a servicios.   ¿Y cómo ha respondido el Estado? Durante décadas,  las políticas neoliberales han apuntado a aumentar el traspaso de recursos públicos -vía subsidios- para cubrir esa especulación del precio del suelo, y de manera más reciente, exigiendo a las familias aumentar el ahorro por varios millones de pesos  a través de glosas presupuestarias que cada año aprueba el Congreso, aun cuando sus propios datos dan cuenta de que cada vez el salario disminuye.     Principales herramientas del Plan de Emergencia Habitacional (2022-2025)   El Plan de Emergencia Habitacional surgió a fines de 2021, como un acuerdo entre el gobierno de Piñera y la oposición -encabezada por el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), cuando era senador-, sellando una forma que buscó aumentar la producción de viviendas para dar respuesta al momento de impugnación política que vivía el país (post-estallido), pero sin tocar el modelo.   A las herramientas tradicionales del Ministerio de Vivienda, como los distintos subsidios dirigidos a las familias sin casa de ingreso medio y bajo según lo que dice el Registro Social de Hogares, con la Ley Nº 21.450 el Congreso aprobó una serie de medidas orientadas a aumentar la capacidad de construcción de vivienda, tales como:   1. Banco de suelo público   Entre 2022 y julio 2025 se ha dispuesto un total de 2.490   hectáreas  de suelo para el Plan de Emergencia Habitacional: 1.583  hectáreas son de propiedad pública, tanto SERVIU como de empresas del Estado, como Desarrollo País; 291  hectáreas son de traspasos del Ministerio de Bienes Nacionales a los SERVIU y 616  hectáreas compradas a privados.   Puntualmente en el caso de los terrenos comprados a privados, las 616 hectáreas adquiridas entre 2022 y 2025 superan con creces las bajísimas 103 hectáreas compradas por el MINVU entre 2019 y 2021, según datos del ministerio expuestos en el Congreso, pero aun son insuficientes para la envergadura de la necesidad.   Si es que el Plan de Emergencia contemplara medidas que pusieran un freno a la especulación del precio del suelo, esta cantidad de suelo comprado a privados sin duda que podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta los aumentos de dineros traspasaros a privados desde 2022.   2. Diversificación de líneas programáticas   El MINVU impulsó nuevos programas (formas de acceso vía subsidios), como la construcción de vivienda municipal para el arriendo, proyectos para sindicatos, cooperativas y autoconstrucción asistida, pero todos ellos aún en pañales y con niveles muy bajos de ejecución hasta mediados de 2025, por lo que no muestran hasta hoy ser una luz de un aumento real de la capacidad de producción de vivienda, siempre en manos del mercado.   Según los datos del MINVU, todos estos nuevos programas alcanzan 2.820 viviendas  por construirse. De esa cifra, hasta julio de 2025 se han terminado solo 265 viviendas (ver tabla).     3. Industrialización con exenciones normativas   Esta es una de las áreas con mejor rendimiento en cuanto a aumento de la capacidad de producción de viviendas, donde el MINVU ha certificado a 22 empresas de construcción industrializada con 41 modelos de vivienda, cuyo modelo de producción es más rápido y con estructuras prefabricadas, lo que se traduce en menores plazos de construcción, pero también en una menor necesidad de mano de obra.   Por esta vía, el MINVU tiene en curso la gestión de 13.039 viviendas , de las cuales solo 1.494 se encuentran terminadas a julio de 2025.     4. Habilitación normativa de suelos   Otra herramienta fue la facultad de que los SERVIU puedan cambiar la norma urbana sobre terrenos que se destinarán para construir vivienda social, cambiando el uso de suelo, la densidad, alturas máximas, entre otras, para agilizar la construcción.   Un problema de esta facultad es que está sujeta a la voluntad de las empresas (entidades patrocinantes) de diseñar e impulsar estos proyectos, por lo que, si las condiciones no son atractivas para el negocio, no hay proyecto.   Estas nuevas herramientas si bien han permitido agilizar la construcción de vivienda social, está lejos de ser suficiente para la necesidad que existe. Así,  mientras no se acompañen de otras medidas que pongan un freno a la especulación con el precio del suelo y la usura bancaria vía créditos, la política de Estado seguirá reproduciendo el circulo vicioso de la crisis .       Las cifras del Plan de Emergencia Habitacional (2022-2025)   A julio de 2025, el MINVU registra 208.969 viviendas terminadas para ser entregadas en propiedad, equivalente al 80% de la meta de 260.000 viviendas prometidas por el gobierno de Boric, lo que ha significado un aumento importante de gasto público, sin tomar medidas que pongan freno a las causas de la crisis.     Tabla: Viviendas en construcción según programa con y sin deuda (2022-2025) Fuente: elaboración propia en base a datos del MINVU Pero el análisis estaría incompleto si solo pusiera el foco en las medidas adicionales y las cifras generales del Plan de Emergencia Habitacional que hoy se busca extender.   Para identificar los alcances, los costos y efectos reales del Plan de Emergencia es necesario mirar cómo sus medidas se acoplan a un conjunto de otras políticas, creadas antes y durante el actual gobierno, algunas de las cuales exponemos a continuación, y que dan cuenta de manera más global la forma neoliberal de enfrentar la crisis de acceso a la vivienda:   a) Préstamos a constructoras (sin interés)   Tanto en los proyectos de vivienda que se construyen con subsidios destinados a los segmentos más pobres de la población (DS 49) como a los sectores medios (DS 19), el Ministerio de Vivienda asegura, para el inicio de obras, un anticipo del pago de cada subsidio de vivienda por hasta 300 UF ($12 millones), el que las empresas deberán devolver en un plazo de tres años a una tasa de interés del 0%.   Entre 2015 y 2025, el presupuesto del MINVU aumentó de $2,9 a $5,7 billones de pesos (millones de millones) y  solo entre los años 2022 y 2025 la cantidad de dinero destinada a préstamos para las constructoras se ha más que duplicado, alcanzando los $1,7 billones de pesos en 2025, lo que equivale al 30% de todo el presupuesto del MINVU para este año.   Si bien el dinero destinado a los préstamos de enlace luego vuelve al ministerio, o más bien, se descuenta a la hora de ejecutar el traspaso de los subsidios hacia las mismas constructoras una vez entregadas las viviendas, lo cierto es que se trata de dineros que podrían ser utilizados con una mayor agilidad y eficiencia si fuese el mismo Estado quien se hiciera cargo de producir las viviendas de forma directa, sin intermediarios privados , como entidades patrocinantes y constructoras, cuyo fin no es otro que la acumulación de ganancia privada, y no solucionar la crisis de acceso a la vivienda.   Lee acá “El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés”     b) Subsidio al dividendo de la deuda habitacional   De forma paralela, el gobierno de Boric impulsó otras medidas que buscaron complementar el Plan de Emergencia Habitacional, como la Ley que subsidia el dividendo, con la que respondieron al llamado de constructoras -que mantenían más de 50 mil viviendas en stock sin compradores- y a los bancos -que imponen un limitado acceso al crédito para no correr riesgos que sí le piden al Estado asumir-.   De esa forma, el Estado asume la diferencia de lo que les falta a las personas para acceder a un crédito hipotecario, cuidando la salud del sistema financiero  a través de esta herramienta (crédito) que, a largo plazo, solo hace que las familias deban pagar hasta el doble del valor inicial de la vivienda, si es que no la pierden por completo.   Lee acá   “Plan de Emergencia Habitacional: ¿Para las familias sin casa o la banca y las constructoras?”     c) Glosa presupuestaria para cubrir aumento del precio del suelo   Desde el segundo gobierno de Piñera se creó vía glosa en el presupuesto la facultad de los SERVIU para aumentar los montos de los subsidios DS49 destinado a cubrir el aumento del precio del suelo, a condición de que las familias aumenten también su ahorro, de forma proporcional al valor que no cubre el subsidio, lo que se traduce en ahorros de varios millones de pesos.   En la práctica, el costo de hacer viable el acceso, además de la deuda muchas veces con prestamistas informales, es también la desintegración de las comunidades y comités o incluso el desarraigo territorial.     d) Extensión del Crédito Especial a Empresas Constructoras   Esta herramienta permite a las constructoras recuperar un porcentaje del IVA por gasto en materiales de construcción para viviendas sociales, buscando incentivar su construcción bajo la excusa de que este tipo de proyectos tiene una menor tasa de ganancia. De esa forma, el resguardo de su tasa de ganancia se hace a costa de una menor recaudación pública.   ¿Crece la capacidad productiva del Estado o solo de la empresa privada?   Lo primero que hay que tener claro es que el Estado no ha aumentado en nada su capacidad de producción de vivienda, porque esta no existe , a diferencia de lo que suele decir el ministro Carlos Montes (PS) al referirse a los objetivos estratégicos del Plan de Emergencia. En rigor, lo único que ha aumentado es el traspaso de recursos públicos hacia la empresa privada para que sea esta quien aumente su capacidad de producción, respetando la máxima neoliberal de fomentar la iniciativa privada.   La diferencia cada vez mayor entre el precio de la vivienda y el nivel de los ingresos no ha sido enfrentada con medidas que acorten esa brecha, sino por el contrario, aumentando el empobrecimiento  a través de mayores exigencias de ahorro (por varios millones de pesos en los sectores más pobres) y también por la vía de aumentar el volumen de familias endeudadas que, de no ser capaz de sostener el pago, perderán su casa, como ya ha ocurrido en el pasado.     Extender el Plan de Emergencia Habitacional, pero con nuevas herramientas   Ante la falta de herramientas del Estado, desde El Pincoyazo creemos que sí se debe extender el Plan de Emergencia Habitacional, pero sumando nuevas facultades , ya que, de lo contrario, los comités quedarán en un peor pie para impulsar sus demandas.   Si el Congreso pretende estar 4 años más con las mismas herramientas actuales, la crisis de acceso a la vivienda se seguirá profundizando , porque, tal como se ha expuesto en este balance, al no poner un freno a las causas de la misma, como son la especulación inmobiliaria y a la usura bancaria, la distancia entre los ingresos y el precio de la vivienda solo aumentará, mientras la expectativa de ganancia seguirá inflando el precio del suelo y de los créditos, y esa brecha se seguirá cubriendo con más recursos públicos y gasto de bolsillo -vía préstamo informal-, tal como se ha hecho hasta ahora, lo que a la larga terminará por dejar a más familias en la calle.   Poner un freno a la especulación de inmobiliarias y bancos se puede hacer a través de muchas formas, pero en términos generales:   - Se deben establecer límites a la ganancia inmobiliaria , en particular la relacionada por venta de suelo, estableciendo la obligación de compra preferente y a precio de avalúo fiscal por parte de los SERVIU en terrenos ubicados en zonas con mayor urgencia habitacional, como también fijar recuperación de plusvalías (ganancia) en suelos que se benefician de la inversión pública (urbanización o nuevos servicios como metro, hospitales u otros), o incluso crear mayores impuestos sobre los suelos sin uso cuya propiedad se concentra cada vez más en empresas financieras.   - El Estado debe dejar de tapar el hoyo de los bancos  y dejar de destinar un tercio del presupuesto del MINVU en préstamos a las constructoras a 0% de interés para que inicien obras, como también dejar de cubrir el diferencial para que más personas acceden a un crédito, porque eso solo resguarda la ganancia bancaria. En reemplazo, debiesen imponerse exigencias a estos que son los llamados a asumir mayores riesgos, en particular cuando se trata de iniciativas privadas.   - Se debe crear una empresa pública para la construcción de vivienda y servicios públicos , cuya actividad no esté orientada por el lucro, sino por la necesidad de la población, permitiendo reorientar recursos que hoy cubren la ganancia privada (bancos e inmobiliarias) para construir más y mejor vivienda (en propiedad y pública), y disminuir los niveles de endeudamiento.   Hoy, cuando se discute extender la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional, las organizaciones que luchan por la vivienda tienen el desafío de estudiar estos temas y proponer soluciones que vayan más allá de los marcos que impone el actual modelo neoliberal  que solo reproduce la pobreza y desigualdad.

Denuncian la especulación con el precio del suelo como una de las causas de la crisis habitacional. “Actualmente, existen mecanismos de radicación, como la ley de regularización 20.234, que, en vez de aplicar, la han truncado. ¿La razón? No hay lucro detrás de la aplicación de esta ley”, dicen en su Declaración. La cantidad de familias en campamentos aumentó de 25 mil en 2005 a 36 mil en 2015, para luego alcanzar las 120 mil familias en 2025. Fuente: Déficit Cero. DECLARACIÓN PÚBLICA septiembre 2025, Chile ¡La Vivienda digna es un derecho, luchar por ella es un deber! Nos reafirmamos en que la vivienda digna es un derecho. La casa, el techo, es una necesidad humana básica, conquistar condiciones de vida digna incide en combatir la violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas y niños, violencia entre pobladores. Y problemas tan graves que arrastramos como pueblo, como el alcoholismo o la drogadicción. En espacios dignos y de calidad podemos cuidar a nuestros ancianos y enfermos, podemos criar en el juego y el apañe a nuestros pequeñitos y pequeñitas. Por eso y más, ¡es irrenunciable luchar por una vivienda digna! Y debemos luchar, porque se nos niega. ¿Por qué se nos niega? Porque en nuestro país, se privilegia el lucro, la ambición de unos pocos que se forran, sobre nuestras espaldas sobre nuestros derechos. Son los “dueños” de la tierra y el capital que históricamente han acaparado el suelo, que especulan con el valor de los terrenos, exigen condiciones tributarias y legales para asegurar altas ganancias. ¿Cuántos pequeños negocios tienen asegurada altas ganancias por ley? La terrible cara de la crisis habitacional tiene en su otro aspecto, el negociado de constructoras, inmobiliarias, latifundistas y bancos extranjeros. Lee acá "4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria" Hoy en comités y cooperativas nos exigen cada vez más ahorro para postular o endeudamiento. El fin de la deuda habitacional, fue una lucha ganada por importantes movimientos de pobladores, que debemos defender. En tomas y campamentos, nos criminalizan, nos persiguen, nos desalojan, como ha sido recientemente en Curanilahue y muchas otras. Las Tomas históricamente han resuelto en los hechos, con recursos propios y con ayuda mutua, el problema de la vivienda. Actualmente, existen mecanismos de radicación, como la ley de regularización 20.234, que, en vez de aplicar, la han truncado. ¿La razón? No hay lucro detrás de la aplicación de esta ley. El pueblo mapuche en su histórica lucha por la recuperación de su territorio es un ejemplo que debemos seguir. El pueblo Palestino en su heroica lucha por resistir la ocupación de su territorio es un gran ejemplo a seguir. ¡No a los desalojos! ¡No a la Ley Maldita Antitomas! ¡Viva la lucha por vivienda digna! TOMAS Y CAMPAMENTOS CONTRA LOS DESALOJOS POR LA VIVIENDA DIGNA

Aisén Etcheberry ocupó un cargo gerencial en Amazon en 2018 y al mes siguiente fue contratada por el gobierno (Piñera 2) en un puesto donde debía gestionar temas en los que la industria tecnológica tenía intereses. En 2023 fue ministra de Ciencias (Boric), elaborando el Plan Nacional de Data Centers, con el que se facilitó aún más la instalación de estas empresas en Chile. Luego de trabajar para Amazon en 2018, Aisén Etcheberry llegó al Ministerio de Economía (Piñera 2) para impulsar la agenda de inteligencia artificial. Hasta hace poco fue la ministra de Ciencias del gobierno de Boric, encargada de crear el Plan Nacional de Data Centers, el cual busca facilitar la instalación de estas infraestructuras en Chile, y que involucra a nueve ministerios en ese compromiso.   ¿El problema? Para funcionar, los centros de datos involucran toda una cadena de recursos como agua y energía que son usados de forma intensiva, lo que afecta la vida de quienes viven en torno a ellos. Por eso es que, para fomentar la instalación de estas obras, el Plan Nacional de Data Centers en realidad lo que hace es bajar los estándares ambientales que deben cumplir empresas como Amazon para instalarse.   A continuación, compartimos partes de los antecedentes publicados en un reportaje del medio LaBot ,  que da cuenta de la meteórica carrera pública-privada de Aisén Etcheberry, lo cual pone sobre la mesa la influencia de las grandes empresas tecnológicas en la creación de políticas públicas que benefician sus intereses.     La puerta giratoria de Aisén Etcheberry   - Febrero a junio de 2018: Amazon Trabajó cinco meses como gerenta de Políticas Públicas para América AWS, la filial de la tecnológica del gigante estadounidense Amazon.   Labores: “ facilitar reuniones de alto nivel entre los ejecutivos de AWS y actores clave, incluidos el estado y los responsables políticos locales y ejecutivos, asociaciones de la industria, y socios de alianza para promover y defender las políticas de la compañía sobre políticas públicas” , según dice su contrato.         - Julio de 2018 a julio de 2019: Ministerio de Economía Asesora del entonces ministro de Economía, José Ramón Valente. Un certificado emitido por esa cartera señala que su rol era “asesorar al ministro en materias económicas vinculadas a economía digital, ciencia y otras relacionadas a la cuarta revolución industrial”.     - Abril de 2019: Fundación Data Observatory     Como funcionaria del Ministerio de Economía, Aisén Etcheberry participa en la creación de la fundación Data Observatory, la cual fue promovida por Amazon y cuyos miembros fundadores terminaron siendo el mismo Amazon y la Universidad Adolfo Ibañez.   Según el reportaje de LaBot, los documentos de adjudicación muestran que la UAI ofreció $1.740 millones (US$2,6 millones de la época) en dinero y una suma equivalente en capacidades, mientras que AWS ofertó $8.457 millones (US$12,7 millones) en capacidades —es decir, en créditos de uso de servicios computacionales, como procesamiento o almacenamiento— y sólo $672 en dinero.   - Agosto de 2019: directora de Conicyt y ANID   En 2019 fue directora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), y cuando esa organización se convirtió en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) fue también su primera directora.   Más adelante, fue jefa de la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), luego fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y, desde marzo de 2023 ministra de Ciencia y Tecnología.   Cuestionamientos de la Contraloría   2020: legalidad de Fundación Data Observatory   En un pronunciamiento de 2020, la Contraloría dijo que la elección de los socios fundadores (Amazon y la UAI) de la Fundación Data Observatory no se ajustaba a derecho y que el proceso requería de una convocatoria pública.   La Contraloría cuestionó que los miembros del Consejo de Aportantes Estratégicos (Amazon y la UAI) tienen el derecho a acceder a los datos procesados y bases de datos generados por la Fundación, “sin que se señale el fundamento de un privilegio adicional de esa naturaleza”, por lo que “teniendo en consideración el volumen de información y la amplitud de operaciones que pueden tener lugar al amparo del objeto de la Fundación, no se advierten garantías suficientes que resguarden la correcta utilización (…) de los datos de los entes públicos y que impidan su comercialización en desmedro del patrimonio público y la igualdad de oportunidades que el Estado debe asegurar a los integrantes de la comunidad”. Revisa acá el expediente completo del Dictamen de la Contraloría   2023: conflicto de interés de ex ministra Etcheberry al aprobar creación de nueva Fundación Data Observatory   Tras una denuncia, la Contraloría cuestionó que Aisén Etcheberry, como funcionaria del Ministerio de Economía, haya sido evaluadora de las propuestas de constitución de la Fundación Data Observatory, después de haber trabajado para la filial en América Latina de Amazon (AWS), debiendo haberse abstenido de participar en el proceso.   A pesar de esto, como la ley en Chile es blanda y como ya no prestaba servicios en la cartera de Economía, no hubo sumario administrativo, aun cuando en ese entonces era ministra de Ciencias.     Agenda política en favor de las grandes empresas tecnológicas   2024: Plan Nacional de Data Centers   En diciembre de 2024, el gobierno publicó el Plan Nacional de Data Centers, impulsado por el Ministerio de Ciencias que encabezaba Etcheberry.   2025: Amazon anuncia US $4.000 millones en inversión en Chile   Cinco meses después, en mayo de 2025, Amazon anunció una inversión US$ 4.000 millones para construir centros de datos en Chile, proyecto en el que dijeron haber estado trabajando desde hace años.   2025: Cambios a la normativa ambiental pro centros de datos   Dos meses después, en julio de 2025, se difundieron los cambios que el gobierno de Boric realizaba al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde, entre otros cambios, se bajó el estándar de evaluación para centros de datos.   La modificación normativa permite almacenar  12 veces más diésel  (hasta 1 millón de litros)  sin necesidad de evaluar el impacto ambiental  del proyecto. Esto significa que, de los 17 data centers que se han evaluado y aprobado en Chile, 15 habrían quedado sin evaluación si este criterio hubiera operado antes.     Fuente: La Mano Invisible de las Big Tech (investigación transfronteriza)

El Golpe de Estado abrió la puerta para hacer de la ciudad un negocio a costa de desplazar a más de 170 mil familias pobladoras  la fuerza a hacia la periferia. Se extendió el límite urbano para construir y se crearon subsidios para traspasar grandes volúmenes de recursos públicos la empresa privada, además de impedir constitucionalmente que el Estado pueda construir viviendas. El golpe de Estado del 73 y las violaciones a los derechos humanos fueron un medio utilizado por la CIA y la clase dominante de este país para refundar el país a través de la instauración de un modelo económico diseñado en Estados Unidos y aplicado acá por jóvenes becados de la Universidad Católica, más conocidos como los Chicago Boys. A mediados del siglo 20 el Estado ya había creado incentivos tributarios para hacer crecer el mercado de vivienda privada (DFL 2 de 1959). Luego, la dictadura implementa la Política Nacional de Desarrollo Urbano (1979) para profundizar ese camino con una serie de medidas que apuntan a hacer crecer el espacio de inversión (la ciudad): Algunas políticas relevantes en este marco son:  Eliminación del límite urbano : a las 38 mil hectáreas urbanizadas de la Región Metropolitana, se suman 64 mil hectáreas declaradas “urbanizables” (la ciudad crecerá un 160%). Se declara que el suelo es un bien no escaso, lo que legalizó la venta a bajo precio de gran parte de los bancos de tierra de propiedad estatal . Unos años más tarde, se dirá que el suelo sí es un bien escaso, por lo que los mismos terrenos suben de precio (ahora en manos privadas). Se entrega al capital inmobiliario el protagonismo en la construcción de vivienda e infraestructura pública con el traspaso de recursos vía de subsidios . Se realiza un proceso de erradicación masivas de pobladores , trasladando campamentos hacia la nueva periferia urbana. Esta medida buscó limpiar de pobres las comunas cuyos terrenos podían venderse más caro. Muchas familias de un mismo campamento fueron desplazadas a distintas comunas, desarticulando su capacidad organizativa. Política de erradicación de campamentos Lee acá " Cartilla de Formación Popular Nº2: Política Neoliberal de Vivienda Social" Todas estas políticas apuntaron a reorganizar la ciudad bajo un criterio de segregación de clase social, generando las condiciones para la expansión del capital inmobiliario , a través de la apropiación de suelo urbano para reinvertir en él los excedentes del capital, especular y así reproducir el ciclo de acumulación. Este modelo fue luego heredado y profundizado por la Concertación, tras un proceso de renovación política en el exilio y la comodidad. Hoy, a 52 años del golpe, una nueva generación, los hijos de esos herederos, asumen el mando para seguir administrando la miseria que enriquece a unos pocos al replicar las mismas políticas que mientras buscan tapar los hoyos, solo profundizan el modelo, a través del aumento de traspasos cada vez mayores de recursos públicos hacia la empresa privada. La tarea de las organizaciones populares es no olvidar, analizar críticamente la historia, larga y reciente, y con ello volver a crear estrategias para reconstruir el poder de quienes vivimos del trabajo y aspiramos a una vida digna.

Por Jorge Molina, Director Historia de la Población La Pincoya. Gondwana en Las 7 Canchas (2001) El mes de agosto de 2025 quedará marcado en la historia de la joven comuna de Huechuraba, por la pérdida patrimonial que significa la privatización del centro cultural y las emblemáticas 7 canchas. El alcalde Max Luksic, antes de cumplir su primer año de gobierno y con solo 3 de los 8 votos del concejo municipal, logró aprobar la creación de una corporación privada que administrará estos dos emblemáticos lugares de la comuna. Esta decisión del gobierno local de Luksic demuestra su desconfianza que atenta contra nuestro patrimonio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desconfianza?, ¿de qué desconfía Max Luksic? La celeridad con la cual decidió crear la corporación privada, responde -a nuestro juicio- a dos aspectos que no podemos soslayar: una desconfianza ideológica y otra desconfianza experiencial. En relación a la primera, la desconfianza ideológica, es sabido que  la derecha chilena adhiere al liberalismo económico, promoviendo la iniciativa privada en desmedro de lo público-estatal, pues desconfían del Estado y lo comunitario, por ello, cuando han estado en el poder han actuado ideológicamente reduciendo el Estado a su mínima expresión y posibilitando que las empresas privadas copen la economía y la vida social.   Así lo hicieron en dictadura privatizando las empresas del Estado, como SOQUIMICH, Celulosa Arauco, IANSA, ENTEL, ENDESA, entre otras, y hoy lo hacen con el Centro Cultural y las 7 canchas, quedándose muchos de sus aliados (empresarios de derecha) a cargo de las empresas que algún día fueron de todos los chilenos, y pronto veremos a quienes pondrán a la cabeza de la corporación privada que administrará nuestros espacios. La segunda desconfianza está vinculada a la experiencia de gestión de Max Luksic. Entre los años 2019 y 2024 Luksic fue director ejecutivo de Canal 13, propiedad de su padre Andrónico Luksic, pasando su administración a la historia por su paupérrima gestión, que lo llevó a informar a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) perdidas en tres de sus cinco años como director ejecutivo, dejando además relegada a la estación televisiva en un tercer lugar en el rating. Posiblemente esa mala experiencia dirigiendo Canal 13 lo haya hecho dudar de sus capacidades administrativas, privilegiando privatizar en una corporación en vez de demostrar capacidad de gestión de espacios públicos municipales.   Aquí confluye la desconfianza ideológica y la desconfianza experiencial en favor de la privatización, haciendo perder a los habitantes de Huechuraba y especialmente a los pobladores de lugares patrimoniales donde se han desarrollado miles de iniciativas populares. Las 7 canchas o estadio Raúl Inostroza no es sólo un espacio deportivo y recreativo utilizado por familias pobladoras, ¡es parte de nuestro patrimonio!,  donde generación tras generación los vecinos han practicado fútbol, pero también se han desarrollado otras iniciativas que no podemos olvidar. Ahí llevaron a miles de pobladores detenidos tras el golpe de 1973, constituyéndose en un verdadero campo de concentración donde tristemente desaparecieron decenas de vecinos. Acá integrantes del FPMR se prepararon físicamente para ajusticiar al tirano Pinochet el año 1986, acá jugó el primer equipo de Colo Colo contra la Universidad de Chile el año 1987, acá tocó Gondwana en un recordado concierto el año 2001, desde acá se han lanzado fuegos artificiales a fin de año, etc. por ello afirmamos que este lugar es parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Colo-Colo en Las 7 Canchas (1987) De igual manera, el centro cultural levantado a principios de la década del 90, con una recordada presentación del grupo Los Tres, dio inicio a un lugar que día a día utilizan cientos de jóvenes y decenas de organizaciones. Recordados campeonatos de baby futbol y masivas fiestas para fin de año. El año 1997 estuvo el ex presidente Frei promulgando la Ley SENCE, acá el centro cultural La Ventana iniciaba a cientos de niños en el folclore. En este lugar el grupo El Trauko por más de dos décadas ha presentado la obra Jesucristo Superstar, acá se han desarrollado masivos campeonatos de cueca, veladas culturales, las 7 vidas del Tony Caluga, decenas de musicales, acá por cerca de 25 años Batería La Pincoya  ha finalizado su carnaval, en este lugar tuvieron cita las Charlas TEDx La Pincoya 2016 y 2017 trasmitidas por TVN, acá lanzamos nuestro primer libro con el gran folclorista Pincoyano Bigote Villalobos, entre otras iniciativas.   Lanzamiento del primer libro de Historia de la Población La Pincoya en el Centro Cultural (2017) Por estas razones defendemos que estos lugares guardan miles de historias de familias pobladoras, las cuales no debemos permitir que se pierdan en manos de una corporación privada que, a través de un modelo de gestión empresarial, buscará desvincular a la municipalidad de la administración de los bienes públicos, perdiendo los pobladores parte de nuestro patrimonio . Esperamos que Max Luksic recapacite, abandone su desconfianza en lo público y junto al concejo municipal de pie atrás en la privatización de nuestros patrimonios.