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8 de cada 10 trabajadores de CODELCO están subcontratados, lo que se traduce en salarios más bajos y peores condiciones laborales. Esto se evidencia en el largo historial de multas de las constructoras Gardilcic y Salfa Montajes que entre 2004 y 2025 acumulan 68 y 133 multas, respectivamente, por no respetar los derechos de sus trabajadores. El pasado 31 de julio, un derrumbe ocurrido en el sector Andesita de la mina El Teniente de CODELCO, ubicada en la comuna de Machalí, provocó la muerte de seis trabajadores:  Moisés Pavez, Carlos Arancibia, Álex Araya, Gonzalo Núñez y Jean Miranda, subcontratados por la Constructora Gardilcic; y Paulo Marín, subcontratados por Salfa Montajes. El colapso se produjo en un túnel recientemente excavado como parte del proceso de expansión del yacimiento de cobre más grande del mundo. Los testimonios dicen que mientras realizaban labores de perforación, se sintieron movimientos telúricos, motivo para suspender de forma inmediata las labores, pero no. La orden fue continuar, porque en este sistema la producción está primero que la vida. Fuente: CODELCO PRODUCTIVIDAD A COSTA DE LA VIDA A pesar de la gran cantidad de riqueza que genera esta actividad extractiva, la salud y seguridad de los trabajadores no es una prioridad. En 1979 la Dictadura diseñó el Plan Laboral , el cual instaló a través de la fuerza un nuevo modelo de relaciones laborales, protegiendo el poder de las empresas en desmedro del salario y las condiciones laborales de los trabajadores. Una de las piezas claves del Plan Laboral fue generar una nueva división del trabajo a través del subcontrato, donde las empresas mandantes -como CODELCO- pudieron ampliar la externalización de servicios de forma masiva y ya no solo para labores transitorias, mientras las empresas contratistas, a su vez, pueden también subcontratar los servicios por los que son contratadas por la empresa mandante, generándose una cadena de intermediarios que se apropian de una porción de la ganancia que se genera, principalmente a costa de pagar salarios más bajos y precarizar las condiciones de trabajo. En CODELCO, la minera de cobre más grande del mundo, 8 de cada 10 trabajadores están subcontratados , al igual que los 6 trabajadores que murieron. Quienes trabajan subcontratados ganan menos y trabajan bajo condiciones más inseguras, mientras las empresas mandantes se desentienden de la seguridad social de la mano de obra que genera su riqueza, ya que esa pega la cumple la empresa intermediaria, y por eso cobra su parte. Esta fragmentación de las relaciones laborales, posteriormente consolidada durante la Concertación con la Ley 20.123 en 2006, tuvo otro objetivo aun más estratégico, que fue la desintegración del poder de los trabajadores luego de décadas de acumulación de poder sindical en Chile , y que desde mucho antes en el resto del mundo, contribuyó a diversas revoluciones sociales y políticas de los pueblos. HISTORIAL DE MULTAS DE LAS CONTRATISTAS El Pincoyazo accedió al historial de multas que entre 2004 y 2025 la Dirección del Trabajo le cursó a las dos empresas contratistas involucradas en las muertes: la Constructora Gardilcic y Salfa Montajes. Infracciones que más se repiten: - Impedir la fiscalización en la faena - No asistir a mediaciones en la Dirección del Trabajo - Distinto tipo de condiciones de inseguridad en el trabajo - No pago de las remuneraciones - No dar descansos legales - Prácticas antisindicales GARDILCIC: 68 Multas (2004-2025) La Constructora Gardilcic fue fundada en 1984 y desde 1993 presta servicios a CODELCO. Ligada a la construcción subterránea y exploración minera, suma más de 600 km de túneles, cavernas, chimeneas, rampas, piques, montajes eléctricos y pavimentaciones, entre otros. En 2024 Gardilcic facturó $221 millones de dólares, y registró en promedio 2.500 trabajadores , según informó La Tercera. SALFA MONTAJES: 133 Multas (2004-2025) Salfa Montajes es una filial del grupo Salfa Corp, y presta servicios de construcción y montaje industrial en la minería, energía, forestal, química, petroquímica e industrial. En 2024, Salfa Corp registró ganancias por $43.030 millones de pesos , y entre 2020 y 2024 acumuló un total de $166.095 millones en ganancias. En 2020, según investigaciones de CIPER, retiró $6,9 mil millones en utilidades a pesar de suspender el contrato a 1.277 trabajadores. Al año siguiente se repitió el plazo retirando $4,1 mil millones en utilidades a pesar de que una ley buscó impedirlo en casos de registrar nuevas suspensiones de los contratos. Su propiedad está distribuida en distintos accionistas, los principales son Andrés Navarro Heussler, junto a AFPs, fondos de inversión, bancos y corredores de bolsa. Andrés Navarro Heussler , empresario que forjó su fortuna en dictadura a través de Sonda, fue un amigo cercano de Sebastián Piñera, y sirvió como nexo entre el mundo empresarial y la concertación liderada por la DC durante el retorno a la democracia. EL ESTADO SUBSIDIARIO En todo este diseño político, el papel del Estado no se reduce solo a crear leyes en favor de la industria extractiva, sino también a inyectarle recursos a través de distintos instrumentos legales, como son los incentivos tributarios, los bajos niveles de impuestos en relación a otros países con los que a Chile le gusta compararse, o también por medio de subsidios directos, dirigidos principalmente a reducir el costo de la mano de obra pero que tienen nula influencia en generar más o mejor trabajo.

Hace unos días, la Contraloría dijo que el pase escolar puede usarse todo el año pero solo con fines académicos, una "precisión" que ataca el bolsillo de las familias trabajadoras y abre el espacio a la violencia de choferes por el no pago de la tarifa adulta. Un dictamen emitido el pasado 11 de julio por la Contraloría desató la polémica al decir que el pase escolar que usan estudiantes de enseñanza básica, media y superior, solo debe ser usado con fines académicos, limitando su uso y abriendo la puerta a que los choferes del transporte tengan un margen para exigir el pago de tarifa adulto y por efecto, desatar su violencia contra las y los estudiantes. Todo comenzó con un reclamo presentado por un estudiante a la Contraloría luego de que la Subsecretaría de Transporte, tras una denuncia, le respondiera que el uso del pase escolar se limitaba a fines académicos. Según el dictamen de la Contraloría, " es posible informar que efectivamente el Pase Escolar y el Pase de Educación Superior pueden ser utilizados los 12 meses del año sin limitación horaria, siempre que dicho viaje sea realizado con motivos de estudio” . Ver el Dictamen completo acá ROL DE LA CONTRALORÍA La Contraloría General de la República es el organismo encargado de fiscalizar que todos los órganos del Estado (ministerios, superintendencias, municipios, etc.) cumplan la ley y hagan buen uso de los recursos públicos. En ese marco es que surge este dictamen, para dirimir si lo que respondió la Subsecretaría de Transporte es legal o no. De esa forma, el sombrero le cae también al gobierno, que en materia de demandas educacionales deja un legado negro. MOVILIZACIONES El viernes 8 de agosto, estudiantes de universidades agrupadas en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) de las regiones de Arica, Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción marcharon hacia las oficinas centrales y regionales de la Contraloría para impugnar su pronunciamiento, el cual implica un retroceso en las condiciones materiales de vida de quienes estudian y por consecuencia, de toda la clase trabajadora. En su declaración, exigen al gobierno la modificación al Decreto Supremo Nº20 de 1982, alinéandolo con las indicaciones contenidas en el Manual de JUNAEB y garantizando un pase liberado, universal y sin restricciones. LA HISTORIA DEL PASE ESCOLAR Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet el año 2006 , la restricción del uso del pase escolar a solo dos veces al día fue uno de los detonantes de lo que luego se conocería como la Revolución Pingüina, cuyo ciclo de movilizaciones no se limitó al pase escolar, sino que impugnó todo el sistema educacional de mercado. No + Lucro en la Educación fue la consigna. Pero el uso del pase escolar tiene una historia aún más larga. Comenzó en 1956 , con la primera ley referida al tema, cuando se creó con un uso limitado a los días hábiles. En adelante, se amplió y restringió su uso de acuerdo al contexto social y político del país. Así, por ejemplo, en 1964 y 1967 se amplió su rango horario, incluyendo también el día sábado, mientras que en 1974 , la dictadura limitó el uso para ir y volver al colegio o a la universidad, reflejo del contexto represivo. Posteriormente, en 1992 , con el paso a la democracia neoliberal, los administradores del modelo fijaron cantidades limitadas de pases escolares para quienes acreditaran mayores niveles de pobreza, reflejo del Estado subsidiario que instaló la dictadura y que se extiende hasta hoy, donde el Estado entrega acceso a servicios básicos solo a quienes no pueden hacerlo a través del mercado. Los años 2001 y 2005 , se aumenta a un 50% y luego se reduce al 33% el cobro de la tarifa, respectivamente. Después, en 2006 el gobierno retrasó su entrega y pretendió restringir su uso, lo que junto al aumento del precio de la PSU fue la chispa que luego se expandió para incendiar la pradera. Así, una de las conquistas de ese ciclo fue la extensión del uso del pase escolar durante todo el día, de lunes a domingo. Más adelante, en 2014 , se extendió su uso al verano a través del Decreto Nº239, pero no se cambió su criterio restrictivo, manteniendo el espacio para fiscalizaciones arbitrarias que afectan a estudiantes de todo el país, y en particular a quienes estudian en jornadas no tradicionales y en zonas rurales.

Mientras la prensa hegemónica repite como loro las frases que criminalizan la protesta secundaria, El Pincoyazo decidió hacer un poco de memoria y recordar las principales medidas que desde la dictadura se implantaron a la fuerza y que son la causa de la actual crisis de la educación pública. La respuesta que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), tuvo a las movilizaciones secundarias fue ordenar el inmediato desalojo de los recintos tomados y tildar a los estudiantes de ser “los sicarios de la educación pública”. En ese ataque los medios hegemónicos pusieron la tribuna y repitieron como loros el mensaje, pero ninguno puso sobre la mesa antecedentes históricos para ponderar las palabras del ex oficial de carabineros devenido en alcalde. El ataque y criminalización de la lucha estudiantil se dio antes de siquiera sentarse a recibir los petitorios, traspasando la responsabilidad de la crisis de la educación pública a quienes demandan mejores condiciones para sus colegios, desconociendo décadas de política neoliberal, diseñada para desmantelar el sistema público en beneficio del traspaso de recursos hacia el sector privado, luego de desarticular cualquier posibilidad de resistencia. DESARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR (1973-1975) Hasta el golpe de Estado, las comunidades educativas desarrollaron altos niveles de participación política, sobre todo en la gestión de los establecimientos, por lo que la primera tarea que se impuso la dictadura fue desarticular a esta expresión del movimiento popular. - Los colegios  pasaron a estar bajo el control del Ministerio del Interior y los mandos militares, porque se consideró que la educación era un posible foco de infiltración marxista. - Los profesores  pasaron a organizarse bajo una única organización gremial, el Colegio de Profesores, cuyos cargos fueron designados por los militares. - En las universidades , se prohibieron todas las federaciones de estudiantes y solo se salvó la de la Universidad Católica, controlada por el gremialismo, cuna de la UDI. PRIVATIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN (1979-1987) Luego de desarticular cualquier capacidad de resistencia, la dictadura inició el desmantelamiento del Estado Desarrollista, donde la educación ocupó un lugar importante en el modelo económico de industrialización orientada al consumo interno que hasta 1973 tenía el país, y que requería de trabajadores calificados para la producción industrial.  En ese proceso de desmantelamiento, una medida clave de la dictadura fue reducir el gasto público de manera drástica, donde la educación ocupaba un lugar importante, representando cerca del 20% del presupuesto total del país.  Principales medidas: - Se descentralizó la administración de la educación pública (municipalización) , traspasando las escuelas desde el Ministerio de Educación hacia los municipios, lo que dificultó aún más cualquier posibilidad de reorganización de los profesores. - Se creó un sistema de financiamiento de la educación básica y secundaria municipal en base a una subvención estatal por estudiante  aplicando una lógica de mercado. - Paralelamente se incentivó la creación de colegios privados , haciéndolos competir en condiciones desiguales, con los colegios públicos ya desfinanciados, lo que generó un traspaso masivo de matrícula pública hacia el sistema privado. - Se creó un sistema de mediciones estandarizadas, como el SIMCE, para todos los colegios del país , sin considerar contextos sociales, económicos ni culturales. - La posibilidad de acceder a educación superior fue traspasada por completo a la capacidad económica de las familias , profundizando la desigualdad de oportunidades que ya existía en el país. - Se creó un sistema de créditos para la educación universitaria y técnico profesional , orientado a ampliar el mercado a través del endeudamiento de las familias.  - Se incentivó la creación de universidades privadas y se desarticuló la red de universidades públicas existentes hasta ese momento, regionalizándolas y dividiéndolas en unidades sin mayor vinculación entre sí. LAS DEMANDAS ACTUALES Las principales demandas de los últimos ciclos de movilizaciones secundarias tienen un elemento común: la falta de financiamiento de la educación pública, fruto del largo proceso de desmantelamiento en beneficio del negocio privado, anteriormente descrito. Los distintos problemas de infraestructura de los colegios, la falta de profesionales y de materiales básicos para llevar adelante los procesos educativos, entre otras demandas, son efecto de ese desmantelamiento, que no se da simplemente porque no existan recursos, sino porque el diseño de la política neoliberal dirige esos recursos hacia la empresa privada a través de distintos mecanismos, como es toda la red de subvenciones estatales a los colegios subvencionados. TRASPASO DE RECURSOS A LA EMPRESA PRIVADA Solo en 2025, $6,4 billones de pesos (millones de millones) fueron traspasados a colegios subvencionados por alguna de las subvenciones que entrega el Mineduc .  De ese total, las principales vías de traspaso de recursos son la subvención de escolaridad ($4,5 billones); subvención escolar preferencial ($1 billón) y el aporte por gratuidad ($359 mil millones). Estas cifras dan cuenta del volumen de recursos que cada año dejan de llegar al sistema público para ser traspasados a la empresa privada -con la iglesia incluida-.

Para contener el estallido del 2019, el gobierno de Piñera congeló el precio de la luz que hoy las familias asumen como un alza en las cuentas, y con intereses. Ante eso, El Movimiento Solidario Vida Digna decidió levantar la voz, llamando a un cacerolazo contra las alzas en distintos puntos de la ciudad. El Pincoyazo recopiló parte del proceso desarrollado por las familias. EL ORIGEN DE LAS ALZAS Durante el estallido del 2019 se congeló el precio de la luz para evitar alzas que metieran más leña al fuego. Para eso, el gobierno de Piñera pateó el problema al futuro generando una deuda con las empresas generadoras de energía que hoy alcanza los $6.000 millones de dólares. ¿Y quién la pagará? todas las familias trabajadoras . O sea, el precio nunca se congeló, sino que se traslado al futuro como deuda y por supuesto, con jugosos intereses para las empresas. Enel es responsable de gran parte de la generación y distribución final de la energía de la Región Metropolitana. Entre 2019 y 2023 vio crecer sus ganancias en un 99% . O sea, muy asfixiada no parece estar. El alza de la energía hará aumentar el precio de todos los productos que consumimos , ya que la energía es un insumo clave en la producción, distribución y venta de todos los productos, por lo que su alza se traspasará al precio final de venta. JORNADA INFORMATIVA EN LA FERIA La jornada identificó que gran parte de la población no conoce en detalle las alzas (+60% en seis meses) y cómo golpearán la economía familiar, no solo a través de la cuenta de luz, sino de las alzas que vendrán con ella, como la alimentación. Muchos vecinos no postularon al subsidio, aun estando dentro del 40% más pobre del Registro Social de Hogares , lo que anticipa un golpe que muchas familias no son capaces de soportar económicamente, incluso estando sobre el 40% más pobre, ya que un sector importante paga más de $45.000 al mes en luz. Al conocer en detalle las alzas, si bien algunos vecinos no creen que sea posible ponerle freno, una parte importante de la población sí manifiesta la necesidad de movilizarse para manifestar el descontento , y también para poner presión al gobierno a que estas sean asumidas por las empresas que cada año solo acumulan millonarias ganancias a costa nuestra. SUBSIDIO DEL GOBIERNO PARA TAPAR EL SOL CON UN DEDO El subsidio eléctrico anunciado por el gobierno llegará solo al 15% de los hogares del país, no alcanzará a cubrir toda el alza y su principal fuente de financiamiento es el IVA de las propias alzas. Raya para la suma, lo financian las mismas familias. Así, el modelo neoliberal no se toca. LOS COMITÉS DEL MOVIMIENTO Luego de conocer de las alzas, las asambleas del Movimiento Solidario Vida Digna de Huechuraba discutieron cómo les impactarían en la economía familiar y decidieron salir a protestar, junto con invitar a organizaciones de otras zonas de Santiago a manifestarse. Las alzas de la luz se traducen en el encarecimiento de la comida y por ende, en la capacidad de ahorro que se exige para acceder a una vivienda a través de un comité de allegados. Este punto fue decisivo para que las familias decidieran salir a la calle. Petitorio del Movimiento Solidario Vida Digna • Que deje de imponernos alzas y se renegocien los contratos con las empresas de energía para que baje el precio de la luz (lo mismo que hacen las mineras). • Que hayan compensaciones acordes a los daños generados por los cortes de luz y de forma oportuna. • Que ENEL se vaya del país y el control de la energía vuelva a una empresa pública para priorizar la seguridad y calidad del servicio y no la ganancia privada. JORNADAS DE PROPAGANDA Los comités de allegados de la zona norte de Santiago del Movimiento Solidario Vida Digna desplegaron propaganda en Huechuraba, Conchalí, Recoleta e Independencia llamando a protestar contra las alzas el jueves 22 a las 20 horas. CACEROLAZO La noche del 22 de agosto fue una jornada de protesta contra las alzas en las comunas de Huechuraba, Conchalí, Independencia, San Joaquín y San Ramón. En el casco antiguo de Huechuraba, luego de iniciarse tres puntos de protesta en La Pincoya, El Bosque 2 y la Villa Conchalí, los tres convergieron en la plaza de la Villa, donde el Movimiento Solidario Vida Digna leyó un comunicado. NACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS La nacionalización de los recursos bajo control del Estado es una alternativa para resguardar que las necesidades básicas como la luz y el agua sean un derecho y no un medio para lucrar a costa de la mala calidad de vida y el empobrecimiento de las familias trabajadoras del país. Lee aquí "¿Por qué es necesario nacionalizar la energía en Chile?

En pandemia, a inicios del año 2021, una investigación del Pincoyazo denunció que el Helipuerto de Juan Riesco y los ex ministros de Piñera, Alfredo Moreno y Félix De Vicente, además de generar ruidos molestos, operaba sin papeles al día. Desde entonces, la comunidad organizada comenzó a movilizarse para clausurarlo, a través de distintas acciones, que incluyen cuatro demandas judiciales aún pendientes de ser resueltas por la Corte de Apelaciones y Corte Suprema, pero que ya han dejado constancia de que se vulneran los derechos de los vecinos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con todos los efectos que genera sobre la salud mental. En todo este proceso, la anterior gestión de Carlos Cuadrado junto a su directora de Obras Municipales, Daniela Cañas, adoptó una defensa acérrima del Helipuerto, rechazando todas las solicitudes vecinales, perdonándoles las multas cursadas y que demostraban ilegalidades, junto con extender dos veces su permiso provisorio de obras, toda vez que esa zona de la comuna no permite instalar un Helipuerto, de acuerdo al Plan Regulador Comunal de la propia Municipalidad. Durante enero de 2025, mientras la seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene abierto un proceso para invalidar la última extensión del permiso al recinto, la Municipalidad de Huechuraba cursó dos multas al Helipuerto, por realizar sus negocios sin contar con recepción final ni patente comercial. De esta forma, el nuevo alcalde Max Luksic busca desmarcarse de la defensa acérrima que la gestión anterior realizó del Helipuerto, atendiendo el generalizado rechazo que este genera en la población. Las aeronaves deberán dejar de funcionar desde este viernes 24 de enero, de acuerdo al decreto firmado ayer jueves 23, según informaron desde el municipio.

La Mesa Dirigencial del Movimiento Solidario Vida Digna que representa a las 800 familias del Proyecto Guanaco en Huechuraba visitó el Proyecto La Platina para conocer referencias recientes de megaproyectos de vivienda que sirvan de insumo para elaborar su diseño habitacional y barrial. Los ojos estuvieron puestos en cómo el diseño de las calles y los espacios comunes facilitan o dificultan la vida en comunidad, en la ubicación de los blocks y su relación con la luz solar, en la distribución del espacio de los departamentos y las ventilaciones, entre otros aspectos que serán analizados junto al resto de las dirigencias para que luego las asambleas puedan revisar y tomar las mejores decisiones en pro de la vida digna. La visita se realizó junto a la entidad patrocinante y constructora Concrecasa, a cargo de las obras de La Platina y también quién tiene un acuerdo con el SERVIU RM y Vida Digna para construir el proyecto de las 800 familias, y que considera departamentos de 65 M2, ascensores y estacionamientos subterráneos, apuntando a mejorar el estándar de la vivienda social para las familias que pese a contribuir con toda una vida de trabajo, siguen viviendo en el hacinamiento o pagando arriendos que se llevan gran parte del sueldo.

La Municipalidad de Huechuraba  justificó a la Contraloría el pago por áreas verdes que desde hace años son peladeros, que jamás se han mantenido, otras cuya superficie ya se había disminuido, y por zonas que luego fueron sacadas del contrato de mantención de áreas verdes. RECAPITULEMOS: En julio de 2022, una auditoría de   Contraloría confirmó que la Municipalidad de Huechuraba pagó por mantener una serie de áreas verdes fantasmas entre 2017 y 2020, exigiendo justificar el gasto. Una de las observaciones del Informe de Auditoría exigió rendir cuentas por 14 áreas verdes por más de 17.000 m2 de diferencia, y de ser necesario, exigir a la empresa externa la devolución de los dineros, equivalente a $216 millones de pesos. En respuesta, el Municipio envió un Informe Aéreo donde se justifica la superficie de áreas verdes que en la realidad nunca han sido tal, ya que muchas de ellas jamás fueron mantenidas por la empresa (Alto Jardín entre 2017 y 2021, y luego Ecogreen vía trato directo). En sus conclusiones, el informe dice que la Contraloría habría incurrido en un error en su cálculo, posiblemente por haberse basado en información referencial, pese a que fue entregada por el propio municipio, además de levantar información en base a google earth, herramienta que sería imprecisa. Así, todo estaría en orden. Cabe tener presente que la inconsistencia de la superficie detectada por la Contraloría se acotó a un universo de 14 áreas verdes, y no al total del contrato, que en ese entonces eran más de 200 áreas verdes. De haber sido así, la solicitud de restitución de dineros hubiera sido muy superior. ¿Cómo es que la Contraloría y los concejales, llamados a fiscalizar los actos del municipio, no se dieron cuenta de todo esto?...

Aniversario 10 Fuerza Pobladora, Maipú. La Fuerza Pobladora agrupa a un conjunto de organizaciones sociales de distintas poblaciones del país, como comités de vivienda, comités de salud, juntas de vecinos y organizaciones de niños. Actualmente, como muchos otros movimientos populares, sus principales luchas se enfocan en alcanzar una vivienda digna, atención oportuna en el sistema de salud, como también en generar participación vecinal de todas las edades para abordar problemas como contaminación por basurales o falta de áreas verdes. Según su Manifiesto, la organización apunta a que sus espacios tengan unidad de propósito, lo que quiere decir que las acciones se definen en base a lo que discuten y zanja la propia comunidad, donde prevalece la voluntad colectiva y no el interés individual. A lo largo de estos 10 años de trabajo, la Fuerza Pobladora ha mantenido la postura de trabajar de forma autónoma, sin dejarse instrumentalizar por autoridades ni candidatos, poniendo por delante el interés de la población, apuntando a un horizonte de vida digna.

El pasado 6 de enero la senadora Campillai pidió al Ministro de Vivienda, Carlos Montes, que informe sobre el estado legal del Helipuerto Santiago, propiedad de los ex ministros de Piñera, Alfredo Moreno y Félix De Vicente, y del empresario Juan Riesco. Esto, luego de años de denuncias y acciones vecinales para pedir su clausura por ruidos molestos que afectan la salud mental de la población, en particular de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En septiembre de 2024, la División de Desarrollo Urbano (DDU) de dicho Ministerio, emitió la Circular 506, donde aclara que no es posible emitir una segunda ampliación del permiso provisorio en este tipo de casos, toda vez que el Plan Regulador Comunal no autoriza ese uso de suelo. De esta forma, la Seremi de Vivienda RM debe emitir una invalidación, que mantiene en curso desde hace varios meses. Otro oficio de la senadora fue enviado al Municipio de Huechuraba, dirigido por Max Luksic (UDI), solicitando informar su visión al respecto y la situación legal del mismo, lo que motivó que el pasado 9 de enero la Dirección de Obras cursara por tercera vez una multa a dicho Helipuerto (antes en 2020 y 2021), por no tener recepción final, dando cuenta de la ilegalidad de sus operaciones. La misma Dirección de Obras, a cargo de Daniela Cañas Messen, es quien ha defendido en Tribunales las operaciones del Helipuerto ante reclamos de ilegalidad y recursos de protección de los vecinos, conflicto heredado desde la gestión anterior de Carlos Cuadrado, quien durante años nunca dio declaraciones públicas al respecto. Según el medio Interferencia desde la Municipalidad de Huechuraba señalaron que "una vez que se termine el respectivo procedimiento (de invalidación del permiso), la Municipalidad actuará conforme a lo que en derecho corresponda (...) y exigirá que el Helipuerto obtenga todos los permisos y autorizaciones necesarias para funcionar o de lo contrario no podrá seguir operando”.

Juan Francisco García Mac-Vicar De acuerdo a un informe de la Contraloría de 2021, durante su cargo como administrador de la Municipalidad de Santiago en el periodo de Felipe Alessandri (RN), Juan Francisco García Mac-Vicar recibió dineros por horas extras cuyas labores no fueron acreditadas, como tampoco las de otros 80 funcionarios. Por este motivo, la Contraloría dictaminó que el municipio debía realizar un sumario administrativo y recuperar las horas extras mal pagadas. Además, puso en conocimiento al Ministerio Público de las diversas irregularidades detectadas. Luego de no haber resultados en las devoluciones, en noviembre de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago designó una ministra de fuero para cobrar las horas extras mal justificadas al nuevo administrador de Luksic, García Mac-Vicar, al ex jefe jurídico del municipio y hoy diputado republicano, Agustín Romero, y a José Ignacio Labbé, exjefe de gabinete de Alessandri. Según el medio fastcheckcl , desde la Municipalidad de Huechuraba ratificaron “estar al tanto del proceso judicial que ha enfrentado Juan Francisco García, y a la espera de que esto pueda solucionarse prontamente en sede judicial, dado que hasta ahora, no ha podido ejercer su defensa, y más aún, no ha sido siquiera notificado de la demanda civil”.

Luís Ramírez es conductor de SUBUS desde hace 13 años, cuando empezó el Transantiago. La promesa de mil dólares de sueldo (600 mil) que en 2007 circuló por la prensa nunca llegó, como tampoco llegaron los baños ni los espacios para descansar o almorzar en las cabeceras de los recorridos (terminales intermedios). Los trayectos muchas veces cruzan toda la ciudad, en un sistema de transporte donde los conductores son la cara visible, recibiendo a nombre de otros. Todas estas malas condiciones laborales generan una serie de enfermedades de salud mental (estrés, depresión, entre muchas otras), que las mutuales muchas veces no reconocen, y que incluso cuando los conductores deciden acudir a una consulta privada, la empresa muchas veces no las reconoce, obligándolos a salir a trabajar empastillados, lo que representa un peligro a su salud y a la integridad de todos los pasajeros del sistema. DURACIÓN: 4 minutos, 19 segundos

En los últimos años, las y los pobladores de Huechuraba hemos levantado una crítica a la visión y proyección del desarrollo comunal orientado por el Municipio que encabeza Carlos Cuadrado (PPD). Junto a la histórica demanda por viviendas para las familias sin casa, hemos impulsado acciones contra el Centro de Eventos Espacio Riesco y el Helipuerto Santiago, debido a los fuertes ruidos molestos que producen de lunes a domingo, pero también sobre distintas obras públicas, como el teleférico, edificios ABC1 ubicados en zonas de alto valor natural, ensanches de calles y nuevas rutas con TAG, todas hechas a la medida de las inmobiliarias y concesionarias transnacionales. Es así como algunas organizaciones sociales hemos impulsado un camino para que las y los pobladores influyamos en la planificación territorial, pero no de manera pasiva o simbólica, sino por medio de la participación política vinculante, para lo cual se requiere desarrollar fuerza social, ya que ningún proceso normado hoy asegura un espacio para nosotros. En gran parte de las comunas del país, los proyectos de desarrollo comunal establecidos durante la dictadura han cambiado muy poco. Desde la creación de Huechuraba en base al DFL 1-3260 de marzo de 1981, el gobierno central estableció un tipo desarrollo comunal orientado a potenciar la industria y el turismo. Por un lado, se potenciaron zonas industriales en las parcelas del sector El Rosal y el Camino La Pirámide, que en los noventa se convirtió en la Ciudad Empresarial, y por otro lado, se buscó potenciar el turismo para aprovechar los cerros que rodean la comuna y el Santiago Paperchase Club, surgiendo más tarde el Espacio Riesco, el Speed Park Karting y el Helipuerto Santiago, a lo que se agrega el impulso que la ex alcaldesa Sofía Prats Cuthbert -designada en 1991 y reelecta en 1992 y 1996, y madre del actual alcalde- le dio al negocio inmobiliario, facilitando la construcción de condominios en el eje de Avenida Pedro Fontova, donde existe escasa infraestructura pública de educación y salud, entre otros servicios. Durante los tres mandatos de Carlos Cuadrado (2013-2024) la comuna no ha superado los problemas de segregación, derivados de la deficiente planificación. Por ejemplo, se tardó años en generar una conectividad básica para el sector oriente, provocando enormes cuellos de botella producto del crecimiento inmobiliario desregulado , sumado a que durante las últimas semanas la empresa concesionaria Américo Vespucio Oriente (AVO) ha comenzado a cobrar el TAG para viajar hacia el sector oriente de la ciudad, dejando sin una ruta accesible a miles de personas que no pueden darse el lujo de pagar enormes sumas en peaje para ir a trabajar. Asimismo, a mediados del año 2021 se aprobó la Modificación N°6 al Plan Regulador Comunal, habilitando el uso de suelo habitacional para un área de aproximadamente 30 hectáreas en el sector central de Ciudad Empresarial, donde hasta ese entonces sólo se permitía un uso de equipamiento comercial, cuyo efecto no es otro que aumentar la rentabilidad de suelos privatizados ante el estancamiento del arriendo de oficinas producto de la pandemia, pero sin ningún beneficio para las familias sin casa. Esta misma zona de Ciudad Empresarial es la que se beneficiará con la construcción del Teleférico de Santiago, proyecto reactivado en julio por el actual gobierno de Boric, cuyo pago no está asociado al sistema público de transporte, pero que sí se financia con recursos públicos. Esta obra unirá a Ciudad Empresarial con el sector oriente de la capital, dejando fuera de esta red de conectividad a poblaciones como El Barrero y La Pincoya, pero también al sector de Pedro Fontova y Los Libertadores. Así, ante cada nueva inversión pública o privada, muchos pobladores y pobladoras nos preguntamos ¿para quién crece la comuna? ¿Para las empresas o para los pobladores? Más recientemente, a inicios de noviembre de este año, más de 160 vecinas y vecinos de la comuna, representado por el Movimiento Solidario Vida Digna, ingresamos un reclamo de ilegalidad contra la Resolución N°314/2022 de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Huechuraba, el que permitió ampliar el permiso de edificación provisorio del Helipuerto Santiago (propiedad de Juan Riesco, y de los ex ministros de Piñera, Alfredo Moreno y Félix de Vicente), cuyos ruidos molestos impiden el descanso, y peor aún, afectan la salud mental de muchos niños y niñas que tienen TEA y trastornos de sensibilidad, provocándoles continuas crisis, como hemos podido constatar. Por si fuera poco, las aeronaves de la entretención empresarial también superan el límite de ruido establecido en la ordenanza comunal, pese a lo cual nadie fiscaliza ni mucho menos sanciona. De esta forma, el movimiento popular que se ha construido en la zona norte de Santiago no sólo se ha preocupado de pensar en lo que nos gustaría hacer, sino que también de lo que se puede hacer en este momento de la historia. Y en este sentido, nos encontramos en un momento donde a través de la protesta social es posible habilitar la participación popular en la toma de decisiones, donde las y los pobladores pueden y deben organizar sus problemáticas, convertirlas en demandas y estar en donde sea necesario para exigir que se hagan las cosas como nuestras vidas lo necesitan. *Revisa la publicación en Diario Universidad de Chile VISITAR

Según un estudio de la OCDE, el 44% de la población no tiene las competencias básicas en comprensión de textos, matemáticas y en resolución dinámica de problemas. El peor resultado con mucha diferencia en los 31 países evaluados, reflejo de décadas de deterioro de la educación pública del país a través de su mercantilización. Está educación de mercado ha generado una serie de problemas, como la mala infraestructura de los establecimientos y hacinamiento en el aula, lo que provoca agobio laboral a las y los trabajadores de la educación y bajo personal docente para atender la diversidad de estudiantes. Por otro lado, los actuales traspasos de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública carecen de buena gestión, manteniendo la falta de recursos para su funcionamiento, sin cambiar el modelo de educación de mercado. A nivel local, este abandono se expresa en que en Huechuraba solo existe un colegio público con enseñanza media, el Centro Educacional Huechuraba, con una matrícula de 411 estudiantes para 118 mil habitantes que tiene la comuna. Esto obliga a muchos jóvenes a salir a otras comunas, aumentando gastos y tiempos por traslados, además de problemas en cuanto a seguridad. Chile necesita aumentar los recursos para la educación y ponerle freno al negocio detrás de ella para poder atender las diferentes problemáticas en las que se encuentran hoy en día los establecimientos educacionales, creando nuevos colegios públicos, mejorando su infraestructura y aumentando las capacidades docentes.

Una de las aeronaves que más vuelos registra desde 2019 es propiedad de la Inmobiliaria El Refugio, que pertenece al matrimonio de Óscar Lería y Paola Luksic, tía del candidato de la UDI a la alcaldía. Ambos, empresarios inmobiliarios, dueños del proyecto Maratué que destruirá toda una zona de alto valor ambiental en Puchuncaví para construir 14 mil viviendas. En su campaña, Luksic dice que trabajará por los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero más allá de sus promesas, la verdad es que su familia y socios de ella, como los Jalaff, involucrados en el Caso Hermosilla, desde hace años provocan estados de crisis por efecto de los ruidos molestos de sus aeronaves. El Helipuerto Santiago fue declarado ilegal por el Ministerio de Vivienda en septiembre de este año, y está a la espera de que la Seremi de Salud y la Dirección de Obras de Huechuraba invaliden los permisos que le dieron para ser clausurado de una vez por todas.

Infraestructura Helipuerto al lado de Ciudad Empresarial en contraste con poblaciones El Bosque 2 y el Barrero El 10 de septiembre la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda sacó la Circular 461 para aclarar cómo se debe aplicar el permiso de obras provisorias por el que el Helipuerto de los ex ministros de Piñera y Juan Riesco ha podido funcionar durante 5 años, afectando la calidad de vida de familias de Huechuraba y Recoleta. La circular dice que el permiso no se puede entregar a cambio de cumplir exigencias legales en el futuro, como es el hecho de no tener una recepción final (helipuerto nunca ha tenido). En otras palabras, ha incumplido la Ley de Urbanismo y Construcción y aún así la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba le ha extendido dos veces la vigencia del permiso de edificación. Ha sido la propia Dirección de Obras la que ha cursado dos infracciones al Helipuerto por no tener recepción final en septiembre de 2020 y diciembre de 2021, justo después de que El Pincoyazo denunciara su funcionamiento ilegal. Infracciones que, curiosamente, luego fueron perdonadas por el Juez de Policía Local. Pero, además, la circular reafirma que el permiso se puede extender por una sola vez, por lo cual no se entiende cómo la directora de Obras Municipales, Daniela Cañas, extendió el permiso por segunda vez en marzo de 2024, entendiendo la ley a su antojo. Y peor aún, lo hizo a pesar de que la Corte de Apelaciones sentenció que el Helipuerto viola el derecho de los vecinos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo cual no sería un caso calificado que justifique una extensión de su permiso en vista de los ruidos molestos y el peligro que representa por su cercanía con miles de viviendas. Si el Ministerio de Vivienda ya se pronunció, ¿qué espera la directora de obras y el alcalde Carlos Cuadrado para clausurar el Helipuerto y mandar a demolerlo tal como dice la ley?... ¿O es que para Juan Riesco y los ex ministros de Piñera la ley es letra muerta?

En julio de 2023 el grupo Cencosud, propiedad de la familia Paulmann, ingresó a evaluación ambiental un proyecto para construir un Mall a pasos del Mirador de La Pirámide, a los pies del cerro El Carbón y el Parque Metropolitano, principal pulmón verde de Santiago. Solo un mes después decidió retirarlo, supuestamente, para ampliar el área de influencia del proyecto, incorporando las comunas de Huechuraba y Providencia, a las que no se hace mención en su declaración de impacto ambiental original. El Pincoyazo revisó esa declaración de Cencosud y constató que no se evaluaron los impactos que está megaobra del consumo a crédito tendrá sobre la congestión vehicular de nuestra comuna, ya saturada en hora punta. Actualmente, el Camino La Pirámide es la única alternativa gratuita al TAG de AVO (solo de subida), generando una mayor presión vehicular sobre el sector, la que empeorará con este mall, aumentando los tiempos de viaje para salir y entrar a la comuna. Toda esta presión inmobiliaria, sumado a los edificios ABC1 que se construyen y tramitan en el sector, aumentarán la presión sobre todo el cordón de cerros que además de albergar una gran biodiversidad, es el principal pulmón verde de Santiago.

En esta sección del Archivo El Pincoyazo, ponemos a disposición en formato digital una parte de las ediciones impresas entre los años 2011 y 2020, con lo que buscamos resguardar nuestra memoria histórica como organización y medio de comunicación popular. Si tienes alguna edición impresa, folleto, afiche u otro documento con valor histórico de El Pincoyazo y quieres aportar en la recuperación de estos documentos, puedes contactarte con nosotros en cualquier momento. REGISTRO DIGITAL DE EDICIONES IMPRESAS: Pincoyazo N°7, junio-julio 2012 Pincoyazo N°9, enero-febrero 2013 Pincoyazo N°10, abril-mayo 2013 Pincoyazo N°11, agosto-septiembre 2013 Pincoyazo N°12, noviembre-diciembre 2013 Pincoyazo N°13, junio-julio 2014 Pincoyazo N°15, abril-mayo 2015 Pincoyazo N°16, julio-agosto 2015 Pincoyazo N°17, otoño 2016 Pincoyazo N°19, otoño 2017 Pincoyazo N°20, invierno 2017 Pincoyazo N°21, verano 2018 Pincoyazo N°22, verano 2020 14 AÑOS CONSTRUYENDO INFORMACIÓN DESDE LA POBLACIÓN

El Movimiento Solidario Vida Digna ha denunciado el fracaso del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric. Nancy Huenul, dirigenta del movimiento, plantea que una constructora pública permitiría construir más y mejor vivienda, reorientando recursos que hoy se traspasan como ganancias a intermediarios privados. En el marco de un conversatorio sobre organización pobladora realizado por la Escuela de Trabajo Social y Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Nancy Huenul, dirigenta del Movimiento Solidario Vida Digna de Huechuraba, plantea la necesidad de que, para enfrentar la crisis habitacional, el Estado cree una empresa pública destinada a construir directamente vivienda e infraestructura. “Las constructoras son empresarios que invierten y tienen que sacar una ganancia. ¿Por qué no puede existir una constructora estatal? ¿Por qué el Estado no puede tener su propia constructora para construir viviendas sociales? Nosotros nos preguntamos eso. Y no se entiende, porque al final el negocio de las inmobiliarias siempre está favorecido por el Estado. Al construir un privado las viviendas sociales, eso significa un empobrecimiento de la calidad de la misma vivienda social” , dice Nancy, en alusión a que un porcentaje importante del total del presupuesto de los proyectos terminan acumulados como ganancias de las empresas que juegan el rol de entidad patrocinante y de constructoras de los proyectos, financiados con recursos públicos y con el ahorro de las familias. “Si existiera una constructora estatal, si el Estado se hiciera más cargo del inicio y del proceso y del término de la construcción de la vivienda social, eso permitiría una mejora en la calidad de la vivienda y también en la participación de las familias en el diseño del barrio donde van a vivir” , algo que hoy se encuentra en manos de las entidades patrocinantes, asegurado por un Estado subsidiario. “En este camino de lucha una se pregunta, pero ¿qué pasa con el Estado? Y llegamos a la conclusión de que es el sistema capitalista que nos gobierna, es lo que produce, e impide que sea de otra forma, porque nuestras familias tienen ingresos de $500 mil pesos mensuales, sin capacidad de ahorro, y se exige que las familias se endeuden cuando no tienen cómo acceder a un crédito hipotecario”. Ante este escenario, Nancy plantea que  “la clave de esto es la organización. Es sacar del individualismo, del encierro y el ostracismo a la comunidad para que empiece a empoderarse y a decir no po´, no podemos sentarnos a esperar a que el Estado nos resuelva los problemas cuando quiera y tenga las ganas. Aquí hay que organizarse, hay que investigar y movilizar a la gente, ¿y cómo lo hacemos? en este caso formando comités de allegados”.

400 pobladores marcharon hacia La Moneda a exigir soluciones ante un Plan de Emergencia Habitacional pro-empresarial. Nancy Huenul, dirigenta del Movimiento Solidario Vida Digna, interpela al gobierno exigiendo soluciones ante el estancamiento de los proyectos de vivienda. El pasado 6 de noviembre, cerca de 400 pobladores del Movimiento Solidario Vida Digna marcharon por la Alameda hasta llegar a La Moneda para protestar por la falta de avance de sus proyectos de vivienda luego de años de mesas de trabajo.  En ese momento, previo a emprender rumbo al SERVIU para dar cobertura masiva a la toma del edificio que realiza otra comitiva del mismo movimiento, una de sus dirigentas, Nancy Huenul, interpelaba al presidente por el carácter pro-empresarial del Plan de Emergencia Habitacional de su gobierno. ¿Y ustedes consideran que ese plan de emergencia habitacional se ha notado durante este periodo?  ¡No!  -dicen cientos de personas frente a La Moneda- ¿Han visto? ¿Han visto cambios en las políticas de acceso a la vivienda?  ¡No! -repiten con más fuerza- ¿Tienen posibilidades ustedes de comprarse una casa con sus propios medios? ¿Nosotros estamos en la condición de pedir un crédito hipotecario?  ¡No!  Sí, ese es el gran problema de este país. El negocio de las inmobiliarias. Un Congreso y gobierno tras gobierno solo favorecen el negocio inmobiliario en desmedro de todas las familias pobres que viven con un sueldo que no le alcanza para comprarse una vivienda. ¿Sí o no?  ¡Sí!  Ya, entonces nosotros queremos respuestas. No queremos que nos sigan tramitando. Trajimos un terreno dentro de la comuna para ser adquirido. Si el gobierno dice que tiene un plan de emergencia habitacional, ¿por qué no compran los terrenos que están a disposición de ser adquiridos?. Entonces, ¿mienten o dicen la verdad?  ¡Mienten! Luego de esta intervención, el movimiento informó que en ese instante otra comitiva se acababa de tomar el edificio del SERVIU, ubicado a tres cuadras de La Moneda, instante en que las cerca de 400 personas se reordenan rápidamente tras los lienzos y comienzan a marchar hacia el SERVIU para dar cobertura masiva a la ocupación. Posteriormente, el movimiento logró una reunión con el director, quien decidió retomar los compromisos dejados a medio camino por el servicio público, como la entrega de un proyecto y agilizar la promesa de compra de suelo para 800 familias en Huechuraba.

Registro de movilización en transmisión de canal TVN, 24 horas. Discurso de Marta, vocera del Movimiento Solidario Vida Digna durante el cacerolazo contra las alzas de las cuentas de luz realizado en la comuna de Huechuraba el 22 de agosto. “A una a veces  le cuesta más poder ahorrar, ¿cierto? Hay muchas veces que nosotras, hablando poblacionalmente, nos paquiamos, ¿cierto? No podemos comprarnos cosas porque tenemos que alimentar a nuestros hijos.  Muchas de nosotras tenemos los papás demandados ¿por qué?, porque tampoco recibimos la pensión, tenemos que sacarnos la cresta para poder pagar un arriendo, pa´ poder pagar el agua, pa´ poder pagar luz. Y más encima todo sube, pero los sueldos no suben y cada día somos más pobres y nos quedamos sentados en la casa esperando que nos sigan subiendo las cosas sin hacer ninguna cosa, ¿cierto?  Pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar que nos sigan pasando a llevar?  ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que los demás sigan pasándonos por arriba? Ya no podemos, ya no podemos seguir aguantando más eso. Ahora tenemos que despertar, tenemos que vivir luchando, tenemos que organizarnos, hoy tenemos que ser unidos, para que así ya no nos sigan pasando más a llevar.  Que nuestros hijos no sigan más paqueándose porque no podemos comprarles un par de zapatillas, que muchas veces cuando lleguen a tomar once solamente tengamos para darle un pan con mantequilla, porque no hay más. Que nuestros hijos, muchas veces quieran comprarse algo y nosotras como madres no se lo podamos dar, porque teníamos muchas cuentas que pagar y no nos alcanza. Porque el estado no nos apoya, y en vez de apoyarnos, nos hacen más pobres cada día. Ya no más, ya no podemos seguir aguantando más. Yo las invito como mamá, como vecina y como pobladora, a que ya no nos sigamos dejando pasar a llevar ni por el Estado ni por la luz ni por el agua. Que ya no nos sigan subiendo más las cosas, porque esto ya no puede seguir así”.