Gobierno sigue entregando el país en bandeja: Data center no tendrán que ser evaluados ambientalmente

Un cambio en el Reglamento del SEIA hará que los proyectos no necesiten ser evaluado ambientalmente si almacenan menos de un millón de litros de material inflamable, muy por encima de los 80 mil litros que se exigen hoy como mínimo. Un traje a la medida de los data center que el gobierno de Boric quiere recibir masivamente en Chile.

¿QUÉ SE EVALÚA AMBIENTALMENTE DE LOS DATA CENTER?

Hasta hoy los data center solo son evaluados ambientalmente por los cientos de miles de litros de combustible que requieren almacenar para sus generadores de emergencia, en caso de cortes de energía eléctrica, para asegurar el enfriamiento de sus computadores. Pero gracias a un cambio que cocina el gobierno, el umbral de 80 mil litros que se exigen hoy para ingresar a evaluación ambiental aumentará a un millón de litros, dando un cheque en blanco a estas infraestructuras.

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Con este cambio al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), data center como los de Amazon en Huechuraba (412 mil litros de diesel) y Padre Hurtado (178 mil litros de diesel) ni siquiera hubieran tenido que presentar información de sus impactos ambientales, por lo cual nadie podría conocer ningún aspecto de sus proyectos, como los millones de litros de agua que consumen, ni la contaminación del aire que generarán, como tampoco del daño a la vegetación nativa o la cantidad de combustible almacenado a pocos metros de las viviendas, pese a todos los peligros que eso involucra.

Este cambio normativo hasta hoy no ha sido publicado por el gobierno, también involucra otros cambios en la evaluación ambiental que requieren los proyectos que beneficiarán a las empresas de generación, transmisión y almacenamiento de energía, además de la gran minería.

Esta medida en favor de las empresas y que atenta contra la salud del medio ambiente y las comunidades forma parte de una agenda más amplia del gobierno de Boric, también expresada en proyectos de ley, que consiste en bajar las exigencias ambientales para agilizar los proyectos de inversión, y que bajo el discurso de una crítica empresarial a la “permisología” busca mejorar las condiciones para nuevos ciclos de acumulación de riqueza de unos pocos, profundizando la desigualdad y la crisis climática que vive el planeta.

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