El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés

En su máxima por incentivar la iniciativa privada, la política neoliberal de vivienda también se hace cargo de tapar el hoyo que dejan los bancos, asumiendo los riesgos que estos no quieren, dando dinero fresco a las constructoras, en vez de crear una empresa pública que sea capaz de destinar esos recursos de manera más ágil a resolver la necesidad de la población.

Desde mediados del siglo 20 el Estado chileno fue creando distintos incentivos para hacer crecer el mercado de la vivienda. En términos de política económica, más que dar soluciones a la población, el objetivo era hacer crecer la economía y generar un nicho de negocio cada vez más grande donde destinar los grandes excesos de ganancias privadas acumuladas no solo en ese mismo mercado inmobiliario, sino también en otras esferas de la economía, como la industria minera, agrícola y forestal.

Para hacer crecer este mercado de la vivienda se crearon políticas como la reducción de impuestos a los compradores, la privatización de grandes superficies de suelo público, la extensión de los límites de la ciudad y facilidades al endeudamiento de los hogares a través del crédito hipotecario.

Lee acá: "Cartilla de Formación Popular Nº2: Política Neoliberal de Vivienda Social"

PRÉSTAMOS DE ENLACE

Desde mediados del siglo 20, el Estado ha traspasado grandes cantidades de recursos públicos hacia el sector privado, no solo asegurando la compra de miles de viviendas cada año a través de distintos tipos de subsidios, sino también destinando montos similares del presupuesto del Ministerio de Vivienda a prestar dinero a las constructoras.

Tanto en los proyectos de vivienda que se construyen con subsidios destinados a los segmentos más pobres de la población (DS 49) como a los sectores medios (DS 19), el Ministerio de Vivienda asegura, para el inicio de obras, un anticipo del pago de cada subsidio de vivienda por hasta 300 UF ($12 millones), el que las empresas deberán devolver en un plazo de tres años a una tasa de interés del 0%.

Si bien el programa de gobierno de Gabriel Boric inicialmente proponía reducir el gasto público destinado a prestar dinero a las constructoras, lo cierto es que este rol donde el Estado se ha vuelto el mejor banco de las empresas se ha profundizado, tapando el hoyo que dejan los bancos privados, quienes ponen mayores exigencias para prestar dinero porque no se disponen a asumir esos riesgos.

Entre 2015 y 2025, el presupuesto del Ministerio de Vivienda aumentó de $2,9 a $5,7 billones de pesos (millones de millones) y solo entre los años 2022 y 2025 la cantidad de dinero destinada a préstamos de enlace para las constructoras se ha más que duplicado, alcanzando los $1,7 billones de pesos en 2025, lo que equivale al 30% de todo el presupuesto del MINVU para este año.

Para intentar dimensionar esas cifras, $1,7 billones de pesos equivalen a 243 mil viviendas sociales, cifra cercana a la meta total del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno, estimando en $70 millones de pesos el precio de cada vivienda, que es más o menos la cantidad de dinero que suma el subsidio del Estado y el ahorro de las familias por la vía del DS 49.

A escala de la Región Metropolitana, la mitad del presupuesto de todo el SERVIU RM del 2025 se destinó a préstamos de enlace para agilizar el inicio de obras, alcanzando los $500 mil millones de pesos.

¿CÓMO AFECTA EL ACCESO A LA VIVIENDA?

El hecho de que el Estado deba destinar cada año más dinero como anticipo para que las constructoras inicien obras, significa menos dinero destinado a aumentar la cantidad de viviendas que se producen en el corto plazo.

Si bien el dinero destinado a los préstamos de enlace luego vuelve al ministerio, o más bien, se descuenta a la hora de ejecutar el traspaso de los subsidios hacia las mismas constructoras una vez entregadas las viviendas, lo cierto es que se trata de dineros que podrían ser utilizados con una mayor agilidad y eficiencia si fuese el mismo Estado quien se hiciera cargo de producir las viviendas de forma directa, sin intermediarios privados, como entidades patrocinantes y constructoras, cuyo fin no es otro que la acumulación de ganancia privada, y no solucionar la crisis de acceso a la vivienda.

En su máxima por incentivar la iniciativa privada, la política neoliberal de vivienda también se hace cargo de tapar el hoyo que dejan los bancos, asumiendo los riesgos que estos no quieren asumir, dando dinero fresco a las constructoras, en vez de asumir la creación de una empresa pública que sea capaz de destinar esos recursos de manera más ágil a resolver la necesidad de la población.

En esta misma línea, y más recientemente, el gobierno impulsó un proyecto de ley para subsidiar el aumento de la tasa de interés que imponen los bancos para acceder al crédito hipotecario, atendiendo la demanda de la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos de Chile, quienes mantienen más de 50 mil viviendas construidas, pero sin compradores.

Lee acá "Plan de Emergencia Habitacional: ¿para las familias trabajadoras o la banca y las constructoras?"