Los dueños del terreno piden 10 veces el precio al que lo compraron, y no acceden al valor 5 veces superior que ofrece el MINVU, el cual se pagaría a través de un crédito hipotecario asumido por las familias vía cooperativas de vivienda. El Pincoyazo se trasladó a San Antonio para conversar con sus protagonistas, los pobladores del cerro Centinela. Principales hitos Ante la larga ausencia de soluciones habitacionales, en octubre de 2019 comenzó a poblarse el cerro Centinela ubicado en el límite entre las comunas de Cartagena y San Antonio, y su expansión hasta el presente (más de 4 mil familias), como también la distribución de las casas y calles, dan cuenta de que aquí existieron voluntades públicas y privadas que avalaron el poblamiento. En 2019, registros que circularon en prensa muestran a los dueños del terreno ofreciéndolo a los pobladores, señalando incluso que la responsabilidad de lotear recaería en el municipio, incentivándoles a seguir adelante, pero estableciendo un precio de compra en lo que hasta ese entonces era un basural. Posteriormente, en septiembre de 2020 y ante la falta de acuerdo bajo las condiciones establecidas por los dueños, estos presentan una primera demanda, y posteriormente, en 2023, un recurso de protección con el que impulsaron, paso a paso, el desalojo, que finalmente sería dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en febrero de 2025. En ese escenario, y ante la incapacidad del Estado por desalojar a cerca de 10 mil personas, y la crisis humanitaria que eso significaría, el Ministerio de Vivienda agiliza una mesa de trabajo con los dueños, proponiendo la fórmula de comprar el terreno bajo la figura de cooperativas de viviendas donde las familias cubrirían con una deuda la compra, pero la pelota sigue trabada, porque el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños. Especulación con el precio del terreno En 1997, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A compró las 260 hectáreas de suelo a 0,04 UF por metro cuadrado, pero la última oferta que presentaron al MINVU fue por 0,4 UF por metro cuadrado, lo que equivale a 10 veces el valor de compra original, sin haber invertido un solo peso en el terreno. Por su parte, la tasación que hizo el MINVU establece un precio de 0,2 UF por metro cuadrado, que pese a ser 5 veces el valor por el que los dueños lo compraron en 1997, no les deja contentos. En Chile hoy no existe una ley que regule el precio del suelo ante estas situaciones, lo que entrega más poder de negociación a quienes tienen recursos para comprar y dejar los terrenos sin uso durante varios años, lo que funciona como una barrera de acceso para los comités de vivienda, y por tanto crea un escenario de aparente ausencia de terrenos, cuando en realidad sí existen, pero están en reserva, en lo que podría definirse como un proceso de engorda de precios. Lee acá " Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas" La cooperativa de vivienda como opción de compra Durante el proceso, el MINVU propuso como vía para destrabar el conflicto la posibilidad de que las familias pobladoras compren el terreno a través de la figura de las cooperativas de viviendas, ¿pero por qué? La idea de la vía cooperativa surgió a partir de lo que permite el artículo 137 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), el cual dice que el dueño de un terreno puede venderlo sin hacerse cargo de los costos de urbanización asociados a lo que establezca el Plan Regulador Comunal, si es que el destinatario de los terrenos es una cooperativa de vivienda. Así, la responsabilidad de urbanización recae en las familias, quedando sujeto el traspaso del mismo a que se vayan concretando esas obras. Esta figura responde a cómo funcionaban las cooperativas anteriormente a la dictadura, con una fuerte capacidad de gestión y construcción, ya que el artículo 136 de la misma LGUC, prohíbe a la Inmobiliaria San Antonio vender el terreno si no se hace cargo de construir una serie de obras de urbanización. A partir de este camino posible, las familias pobladoras crearon 40 cooperativas agrupadas en una federación, para así hacer posible la compra del suelo. Según Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda del cerro Centinela , "tenemos que poner un pie para entrar a la negociación, de manera particular. Luego esperar que se apruebe esta fórmula a través del Banco Estado, y posterior a eso ver el plazo y la cuota a través de un crédito hipotecario" . "Se ha hablado en un principio de $100 mil pesos mensual, pero se ha visto también la condición de las familias, ya que algunas no van a poder pagar eso todos los meses, y se está conversando entre $50 mil y $100 mil mensual, que puede ser a 10 o 15 años, y eso depende del Banco Estado" , agregó el dirigente. Hoy la pelota sigue trabada, y como el precio no satisface la expectativa de ganancia de los dueños, estos han reactivado el desalojo , pidiendo a la Delegación Presidencial que ponga una fecha concreta al mismo, algo que de concretarse, desataría una crisis de proporciones, porque el Estado no tiene hoy la capacidad o más bien la voluntad de realizarlo a través de una solución alternativa para las familias. Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria"

Tras cuatro años del Plan de Emergencia Habitacional, la crisis continúa e incluso se ha intensificado : el nivel de los salarios está lejos de crecer al nivel que aumenta el precio de la vivienda en propiedad y en arriendo, forzando a más familias a vivir en un campamento.  Ninguna de las medidas que contempló el Plan de Emergencia pusieron un freno a la especulación sobre el precio del suelo, principal causa de la crisis.  En vez de equilibrar la balanza, el gobierno siguió el legado neoliberal traspasando los costos a las familias sin casa a través de exigir más ahorro como condición para entregar más recursos públicos vía subsidios a los especuladores, lo cual es insostenible en un contexto donde el costo de la vida aumenta de forma permanente (luz, agua, gas y comida). Un segundo problema de fondo es que, en vez de priorizar la construcción de vivienda social,   se profundizan las garantías que el Estado entrega a las constructoras en cada una de sus fases para asegurar el lucro: 1) Se aumentó el traspaso de recursos vía subsidios. De esta forma, la certeza de venta incluyó una garantía de precios más altos como incentivo para producir. 2) Se incrementó el traspaso de recursos vía préstamos a un 0% de interés como anticipos de obras, donde se va cerca de un tercio del presupuesto anual del MINVU. 3) Se ampliaron las garantías para que las constructoras accedan a créditos y se creó un nuevo subsidio para que más personas accedan a créditos hipotecarios, todo esto, porque las empresas tenían decenas de miles de viviendas sin vender y los bancos no estaban dispuestos a bajar su tasa de interés. En el Congreso, tanto el gobierno como la oposición y los empresarios de la construcción han dejado claro que esta política tiene un acuerdo transversal y no cabe duda de que será extendida por cuatro años más.  Como Movimiento Solidario Vida Digna tenemos muy claro que, si la extensión del Plan de Emergencia no incluye nuevas facultades que apunten a la raíz del problema, la crisis de acceso a la vivienda en Chile solo empeorará.   Por eso, para que se construyan más viviendas, de forma oportuna y de mejor calidad para las familias sin casa, proponemos las siguientes medidas, entre otras posibles: 1) Poner un freno a la especulación inmobiliaria: - Facultar a los SERVIU para obligar a que las empresas que posean terrenos por más de 3 hectáreas los vendan a precio de avalúo fiscal con el fin de destinar únicamente a la construcción de vivienda social.  Porque sin medidas que intervengan la captura y concentración de la propiedad del suelo, no hay aumento de presupuesto que aguante. - Establecer un porcentaje de recuperación de plusvalías a la venta de terrenos, entendida como una obligación que tendrán las empresas de entregar al Estado parte de sus ganancias por venta de suelo cuando esta se generó por efecto de la inversión pública , como podría ser la urbanización del entorno, la construcción de un metro o de otro tipo de bienes y servicios públicos que agregan valor al terreno.  - Establecer un impuesto a la tenencia de terrenos sobre 3 hectáreas que, estando dentro de la ciudad, sus dueños dejan sin uso por largo tiempo, solo esperando que su valor aumente  para así, en el futuro, vender o construir un proyecto después de que aumentó la necesidad de viviendas o de que el Estado invirtió en construir calles y servicios, porque este mecanismo también bloquea el acceso a terrenos y los encarece. 2) Poner fin a la glosa 10, por la que se traspasa el aumento del precio del suelo a las familias   sin casa  al imponerles ahorrar varios millones adicionales como exigencia para aumentar el monto de los subsidios. Esta medida, de la mano con el freno de la especulación, es fundamental para que los sectores más pobres no sigan quedando fuera de los proyectos cuando el SERVIU pide aumentar el ahorro. 3) Crear una empresa constructora de gestión pública-comunitaria para el desarrollo de vivienda y servicios públicos , en la cual las instancias de planificación, administración y ejecución cuenten con la participación e incidencia  de las comunidades y sus organizaciones para que su actividad no esté orientada por el lucro, sino para atender la necesidad de la población, permitiendo reorientar recursos que hoy cubren la ganancia privada para, de esta manera, construir más y mejores viviendas, disminuir los niveles de endeudamiento familiar, además de generar trabajo directo para las mismas familias y comunidades. En esta vuelta en que se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y también el Presupuesto del MINVU 2026 que le seguirá dando soporte, es importante que los comités de vivienda y distintos movimientos populares del país seamos capaces de aunar posturas, articularnos y defender a través de distintas acciones el bienestar de nuestras familias por tener un techo donde vivir. BASTA DE LUCRAR CON NUESTRA NECESIDAD ¡LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA! Lee acá " 4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria" Lee acá " Las empresas de la construcción ante la crisis habitacional: más recursos públicos y desregular normas urbanas"

Mientras se discute extender el Plan de Emergencia Habitacional y el Presupuesto 2026, el empresariado de la construcción instaló su pliego de peticiones a punta de noticias falsas que condicionaron el debate. Acá te presentamos sus demandas y por qué, en caso de aplicarse, solo profundizarían la crisis de acceso a la vivienda en Chile. De izquierda a derecha: Orlando Sillano, Slaven Razmilic y Carlos Marambio. Contexto Desde hace unas semanas se instaló la idea de que el Ministerio de Vivienda debía más de $1.000 millones de dólares a empresas de la construcción. Un título alarmante que nunca fue respaldado con datos, pero que de igual manera permitió al empresariado tomar la iniciativa y acorralar al ministerio, justo cuando inicia la discusión por el Presupuesto 2026 y también la extensión del Plan de Emergencia , que caduca en diciembre de 2025. ¿Su objetivo? Pedir más dinero al Estado para iniciar obras y que se bajen las exigencias de distintas normas urbanas para poder producir más y a menores costos, pero no para bajar el precio de la vivienda. A continuación presentamos una síntesis de las exposiciones de los principales gremios empresariales vinculados a la producción de vivienda en Chile y la respuesta del MINVU, desplegadas durante tres sesiones distintas de las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados (01 oct) y del Senado (30 sept y 07 oct) durante la última semana de septiembre e inicios de octubre de 2025.   Constructoras piden más dinero para anticipo de obras En su presentación ante la Comisión de Vivienda del Senado, el representante de la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS) y ex jefe de la División de Política Habitacional del MINVU en el segundo gobierno de Piñera, Carlos Marambio , planteó que el SERVIU RM no tenía deudas por obras ejecutadas (después de que en la prensa circuló la noticia toda una semana y sin datos de respaldo), pero sí que   se necesitaba que el Ministerio de Hacienda apruebe $312 mil millones de pesos extra   para cumplir los compromisos con que quedan en el año, y que consistirían en no retrasar las transferencias de dinero por anticipos, avances de obras y entrega de viviendas, además de acceso a préstamos a 0% de interés para proyectos DS19 (subsidios con deuda). Marambio agregó que los avances de obra de los proyectos DS49 (subsidios sin deuda) en la RM se estarían pagando vía confirming (que es una fórmula financiera donde un banco anticipa un pago futuro a una cierta tasa de interés) y no directamente con recursos SERVIU, “ lo que significa para el privado que tiene que pagar el costo financiero del confirming, pero a una tasa menor que un crédito porque el riesgo lo asume el SERVIU, entonces no es lo mismo que pedir un crédito, es una tasa más barata”. Asimismo, agregó que los proyectos DS19 que no han recibido préstamos del SERVIU, no tienen la opción de aplicar el confirming, por lo que en algunos casos, las empresas han decidido adelantar dineros del banco. En resumen, “se trata de anticipos, obras en ejecución y escrituración. La línea completa.   Y es importante aclarar que los $312 mil millones que nosotros declaramos no es deuda vencida sino lo que va a faltar en el año para ejecutar los compromisos del SERVIU . ¿Se entiende eso? No es que el MINVU deba $312 mil millones, sino que es lo que se requiere que se suplemente para finalizar el año ” , lo que equivale a un 32% del presupuesto anual del SERVIU RM. Pero, ¿cómo?, ¿las constructoras no tienen la capacidad de construir por medios propios sin depender del Estado?, ¿o sea que además de la entrega de subsidios dependen de préstamos a un 0% de interés del SERVIU para iniciar obras? Sí, tal como lo leíste. Un día antes, el 30 de septiembre, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y también ex funcionario del MINVU, Slaven Razmilic, dijo que “es importante tener presente que   tanto los anticipos para proyectos DS49 como los préstamos de enlace para DS19, en sus reglamentos, dicen que se entregarán sujeto a la disponibilidad presupuestaria, por tanto, si el ministerio no tiene disponibilidad presupuestaria, es razonable que no se entreguen . Sin embargo, el DS49, en su diseño, siempre consideró que iban a existir estos anticipos, y los actores así lo entienden. Por lo tanto, si no podemos entregarlos, la industria tampoco podrá avanzar en la ejecución de los programas". Inmediatamente, Razmilic agregó que es en este punto donde debe ponerse el foco a la hora de discutir sobre si extender o no el Plan de Emergencia . “Se debe pensar cuál es la factibilidad de que una siguiente administración, del color que sea, va a poder sostener un volumen de actividad coherente con las necesidades que tenemos. Y   si hoy no tenemos la capacidad de entregar anticipos y préstamos de enlace, vamos a observar una merma en las soluciones (viviendas)  a entregar en los próximos años” . Algo similar planteó Orlando Sillano , vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción -durante la misma jornada-, aludiendo a un estudio del gremio sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda en Chile en vista del aumento de los costos de producción. “En una vivienda DS49 el tema térmico significa 50 UF, y   es cierto que es mejor tener una vivienda aislada (térmicamente) , pero si no se puede pagar, a lo mejor hay que postergar eso. Hay que ser más realistas ”. En otras palabras, si el Estado no asegura el negocio, que las familias se caguen de frío. No es problema de los empresarios.   ¿Y no que la empresa privada era más eficiente? El fondo del reclamo de las empresas es pedir que el Estado no solo les asegure la compra de su producción vía subsidios, sino también que le asegure plata fresca para producir, y no solo ante avances de obra, sino incluso antes de iniciarlas (vía préstamos sin intereses y anticipos) . Un negocio redondo y sin riesgos. Y como el SERVIU RM detuvo la entrega de préstamos y anticipos para priorizar otros gastos, las empresas reclaman para que el Ministerio de Hacienda apruebe la entrega de plata extra antes que termine el año: $312 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 30% del presupuesto 2025 del SERVIU RM.   Fuente: Datos SERVIU RM   Fuente: Datos SERVIU RM     La respuesta del gobierno: asegurar más recursos a la empresa privada Un día después de que hablara el empresariado, el 02 de octubre, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, intentó sacarse las balas cuestionando las cifras que circulaban en la prensa de que el MINVU debía $1.000 millones de dólares a las constructoras, y las bajó a $130 millones de dólares, que es también menos de la mitad de los $312 millones de dólares que reclamaba el gremio empresarial. Ese mismo día, y acto seguido de una semana con amenazas de acusación constitucional sobre el ministro, el gobierno de Boric publicó el Presupuesto 2026, dando en el gusto a las constructoras y tapando aún más el hoyo que dejan los bancos. En vivienda, el Presupuesto total del MINVU aumentó de $5,8 billones de pesos a $6,6 billones (+13%), mientras que el gasto en préstamos a las constructoras aumentó de $1,7 billones a $2,2 billones (+25%), siendo el mayor ítem de aumento.   Fuente: Datos MINVU   Acá hay que detenerse un momento, y preguntarse, ¿por qué el gobierno cedió?  Si el propio SERVIU RM debió dejar de prestar dinero a las constructoras porque, según su director, “el déficit estructural nacional, que se arrastra de años anteriores, ha obligado a este Servicio a adoptar medidas de priorización presupuestaria” . A eso se suman las críticas hechas por el ministro Montes el 07 de octubre en el Senado. “¿Por qué no recurrir (las empresas) al sistema financiero para estos préstamos? Si no tiene por qué hacerlos el Estado. Hoy tenemos casi un tercio del presupuesto total para dar préstamos. Si tenemos el Banco del Estado, lo mínimo es que cumpla esas funciones”. ¿Entonces por qué el gobierno decidió apretar el pie en el acelerador en vez de redirigir las prioridades del gasto público hacia construir más vivienda sin deuda? El gobierno tiene la facultad de tomar esta decisión, porque prestar dinero sin intereses para que las constructoras inicien obras no es una obligación, sino una facultad (posibilidad), y siempre que exista caja para eso , y la caja del MINVU, y en particular del SERVIU RM, viene asfixiada desde hace rato, y la principal causa es que, para asegurar el negocio, el Estado ha debido gastar no solo cada vez más en prestar dinero sin intereses, sino también cada vez más dinero por cada subsidio que entrega, como se detallará más adelante. El problema de fondo de todo esto es el rol del Estado, diseñado principalmente para traspasar recursos a la empresa privada , lo que en el área de la vivienda se expresa en asegurar cada fase de la producción con dinero fresco y leyes a la medida, incluyendo el traspaso de subsidios y garantías de deuda a quienes más acumulan capital, como son los bancos (vía FOGAES y vía subsidio a la tasa de interés y garantía al dividendo).   Perspectiva histórica: más ganancia privada y menos vivienda social Sobre el costo de los subsidios, Razmilic dijo que “hoy estamos gastando cinco veces más para producir del orden de 30% menos”  que en los años 90s . Agregando que, si bien “ hemos aumentado los (montos en)  subsidios en promedio por vivienda en todos los gobiernos, también hay aumentos de costos. Suelo más caro, costos laborales y materiales más altos. Entonces ahí la pregunta es si podemos aumentar la producción con esos costos promedio, y sino, ¿qué podemos hacer para contener esos costos?”. Una salida es la vieja receta de desregular (ver dos capítulos más adelante).   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Hay tener presente que la mejora de los estándares mínimos para la vivienda social no fue producto de la buena voluntad de las empresas ni de los gobiernos, sino justamente porque la mala calidad de la vivienda rápidamente generó problemas, volviéndolas inhabitables, lo que también han implicado un gasto importante de recursos públicos a través de los programas de mejoramiento de la vivienda , que desde el año 2008 comenzaron a ocupar un porcentaje importante respecto del total del gasto en subsidios habitacionales (ver gráfico anterior).   El mercado de la vivienda por segmento Algo importante a tener presente es el lugar que ocupa la vivienda que se compra con subsidios del Estado, que durante los últimos 20 años superó el 50% del total de viviendas que se compraron cada año. Esto quiere decir que el negocio de la construcción de vivienda en Chile se sostiene en gran medida por el traspaso de recursos del Estado , ya que más de la mitad de las familias y personas que acceden a una vivienda en propiedad pueden hacerlo solo con el soporte del Estado, lo que da cuenta de la gran brecha entre los salarios y el precio de las viviendas.   Fuente: Presentación de la ADI en el Congreso.   Estos datos también demuestran que sin el dinero del Estado para iniciar obras, finalizarlas y luego asegurar la compra, la empresa privada de la construcción no sería capaz de cubrir todo este nicho de negocio, que en realidad es la necesidad de millones de familias. Para usar de forma más eficientes esos recursos, el Estado podría una constructora pública-comunitaria,  que por la escala de producción y su poder de compra podría construir a menores costos que el sector privado, el que dejaría de ser competitivo, y orientar su producción para satisfacer la necesidad de las familias trabajadoras, y no para lucrar, además de generar mucho trabajo. Pero al parecer, este no es un objetivo ni para el gobierno ni la oposición.   Los objetivos de los empresarios de la construcción Ante este diagnóstico, la solución para el gremio es extender el Plan de Emergencia Habitacional, e incluso extender de forma ampliada y permanente algunas de sus facultades que hoy son acotadas a ciertos proyectos (vivienda subsidiada) y por una duración de cuatro años. La línea general que demanda la empresa de la construcción es desregular las normas urbanas, a través de: - Facilitar los cambios a los planes reguladores no solo en terrenos públicos , sino extenderlo a los privados para así aumentar la capacidad de producción sin incurrir en costos. - Extender como norma general la aprobación de permisos de edificación sin tener aprobado un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) , retrasando su exigencia al momento de la recepción final de obras. - Extender el límite de la ciudad para aumentar la superficie de suelo construible , cuando en realidad el problema no es la falta de suelo, sino su uso especulativo.     ¿Y el movimiento de pobladores? En este esquema de negocio, para los empresarios de la construcción los comités de vivienda pueden ser un instrumento útil, sobre todo si estos últimos acotan su rango de acción a pelear por su interés individual e inmediato, sin mirar a qué costo se consigue, ni cómo la forma en que se resuelve el problema afecta al conjunto de comités y, de forma más amplia, a las cientos de miles de familias sin un techo donde vivir. Ante la alarma por el retraso de los proyectos -que es una constante en el proceso con o sin Plan de Emergencia-, los comités tienen la obligación de movilizarse, pero si no identifican dónde se traba realmente la pelota, pueden terminar siendo presa de la empresa privada, como su punta de lanza para pedir más traspasos de dineros sin que se toque el modelo de acumulación, lo que a la larga permita por hacer más difícil el acceso a la vivienda. Tras cuatro años de Plan de Emergencia Habitacional, la forma en que se abordó la “crisis habitacional” fue empobreciendo aún más a las familias trabajadoras y excluyendo al sector más pobre de ellas al obligarlas a aumentar el ahorro adicional en varios millones de pesos para sostener la ganancia inmobiliaria por el aumento del precio del suelo, a través de la famosa glosa 10. En este contexto, los comités de vivienda tienen varios desafíos por delante: mejorar sus formas de organización, instruirse y unir sus demandas en espacios de articulación que les permita golpear la mesa bajo un paraguas mayor, porque la acción dispersa y reactiva está condenada a ser útil al capital.

Por Matías Rodríguez, sociólogo pincoyano. Un hallazgo que sacude Camino casi todos los días con mi hija por el casco histórico de Huechuraba. Ella está en pre-kínder y muchas veces hacemos juntos el trayecto entre el colegio, la plaza y la casa. Una tarde, mientras avanzábamos por la vereda, noté una pequeña bolsa transparente con restos blancos en su interior y la cara de Pablo Escobar estampada . Al principio pensé que era basura, pero la repetición me golpeó: no era la primera vez que veía algo así. Desde pequeño conocí casas donde se traficaba, plazas ocupadas por consumo de alcohol y drogas, adultos apropiándose de espacios que deberían ser recreativos para niñas, niños y adolescentes. Pero verlo ahora, al alcance de la mano de mi hija, lo vuelve mucho más brutal. ¿Y si ella la hubiera recogido? ¿Y si otro niño pensara que se trata de un dulce? Estas bolsas aparecen en distintas calles, plazas y paraderos de nuestra población: la Plaza Cívica, el skatepark y los accesos más transitados. Ya no es un hecho aislado. La droga ha dejado de estar oculta: hoy se muestra sin pudor en el espacio público, a plena luz del día, al alcance de cualquiera.   Riesgo inmediato y normalización El peligro físico es evidente: un niño puede tener contacto directo con restos de droga, inhalarla o incluso ingerirla accidentalmente. Pero existe otro riesgo, menos visible y más profundo: la normalización. Si estas bolsas siguen apareciendo y nadie actúa, si la comunidad y las autoridades no reaccionan, nuestra infancia terminará aprendiendo a convivir con la droga como parte natural del paisaje urbano. Que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan viendo estos residuos en plazas y veredas es un recordatorio silencioso de que el narcotráfico ya se insertó en la vida cotidiana.   La desigualdad detrás de cada bolsa En Chile, cerca del 24% de la población son menores de 18 años —unos 4,5 millones— y de ellos, dos de cada cinco vive en pobreza multidimensional, con carencias en educación, salud, vivienda y entorno (UNICEF, 2025). Estas condiciones hacen que los riesgos no se distribuyan de manera equitativa: la infancia en territorios vulnerables convive con basurales, falta de luminarias, espacios públicos deteriorados… y ahora también con la huella del narco en cada vereda. Cada bolsa abandonada es más que un desecho: es un indicio. Señala microtráfico, consumo abierto y transacciones que ocurren a metros de colegios, multicanchas y ferias libres. El narcotráfico se instala no solo en la esquina o en la casa deshabitada, sino también en la vida cotidiana de nuestras poblaciones, transformando la cultura barrial de los espacios públicos en un foco de riesgo para quienes habitamos en ella. Huechuraba no es ajena a este fenómeno. Y como en muchas otras comunas de la Región Metropolitana, el narcotráfico aprovecha vulnerabilidades estructurales para desplegarse: pasajes estrechos, calles oscuras, veredas deterioradas y por sobre todo la pobreza, expresión de la desigualdad territorial. El narcotráfico se consolidó en Chile desde la dictadura , aprovechando el acceso a precursores químicos del Ejército y la cercanía de actores ligados al poder; incluso los hijos del dictador mantuvieron vínculos con narcotraficantes. Esta inserción temprana estableció un patrón de expansión que apuntó a desarticular el tejido social de las poblaciones, dejando huellas que hoy vemos en nuestras plazas y veredas. Lee acá "Los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes" (CIPER)   La puerta de entrada hacia nuestras infancias Según el XV Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (SENDA, 2025) , 2 de cada 10 escolares reconoce haber consumido marihuana en el último año. Además, se observa un aumento en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre mujeres escolares, llegando incluso a superar a los hombres en algunas categorías. La normalización no es solo visual: es también conductual. En 2024, más de 300 adolescentes de la Región Metropolitana ingresaron a programas de tratamiento de SENDA. No hablamos de casos aislados, sino de una generación entera que necesita respuestas concretas y sostenidas.   Un llamado desde nuestras veredas Me preocupa que mi hija, y cualquier niño o niña de esta comuna, crezca normalizando la droga en todos lados. Me niego a aceptar que las bolsas con droga se vuelvan parte del paisaje urbano, como si fueran simples papeles de helado tirados en la calle. Propongo algo sencillo pero poderoso: no miremos hacia otro lado . Denunciemos. Avisemos. Conversemos en la junta de vecinos, en el colegio, en la feria. Exijamos que la Municipalidad actúe con rapidez. Involucrémonos como comunidad.

Tras su polémica aprobación en el concejo municipal, la nueva Corporación Municipal de Deporte y Cultura debe constituirse en una asamblea de socios y elegir su directorio. Pero, ¿quiénes ocuparán esos cargos?, ¿quiénes los elegirán? y ¿por qué nadie consultó a los vecinos? Acá te explicamos cómo funciona el marco legal de toda esta maraña privatizadora. Marco regulatorio y propuesta municipal En nuestro país, las corporaciones municipales se rigen por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley Nº 20.500) y por el Código Civil para personas jurídicas de derecho privado . En ellas se establece que estas asociaciones corresponden a personas jurídicas sin fines de lucro, las que se financian con recursos públicos, donaciones privadas y la generación de recursos propios. Asimismo, la ley también establece que las corporaciones son encabezadas por un Directorio , donde si bien tiene incidencia la máxima autoridad municipal, su gestión es independiente, o en lenguaje leguleyo, de derecho privado. Por lo tanto, quienes toman las decisiones dentro de la corporación es un Directorio compuesto por al menos 3 personas: un presidente, un secretario y un tesorero. Y según las necesidades, pueden incluirse uno o más directores. En el caso de Huechuraba, la propuesta que presentó el alcalde Maximiliano Luksic (UDI) al Concejo Municipal, detalla que esta Corporación la conformarán al menos 5 personas. De las cuales 2 serán designados en acuerdo con el Concejo Municipal y otros 2 serán electos por la Asamblea General de la Corporación, Sin embargo, la propuesta del alcalde no especifica quiénes serán las personas que compondrán ese Directorio.  ¿Serán dirigentes sociales, funcionarios municipales, políticos profesionales o empresarios millonarios? El Concejo Municipal y el vacío de información  La creación de esta Corporación de Cultura, Deporte, Recreación y Fomento de Emprendedores, fue una de las tantas propuestas de la campaña electoral del Alcalde Luksic. Y aunque es un tema que se ha discutido en comisiones del Concejo Municipal que no son públicas, es bien poco lo que se ha dado a conocer a la población de manera abierta y solo se han difundido algunos contenidos días antes de ser aprobada la propuesta el 22 de agosto pasado. El problema no ha sido solo la falta de claridad y transparencia del alcalde, sino también la pasividad que han mantenido las y los concejales frente a este tema, todos responsables en su medida de la desinformación sobre algo que debería ser motivo de debate comunal,  más aún cuando se trata del traspaso de recintos públicos importantes y de cientos de millones cada año a una Corporación de derecho privado, los que si bien serán fiscalizados por el Concejo Municipal y la Contraloría de la República, las decisiones las tomarán por fuera de este, llevándose la pelota para la casa. La pregunta sobre los recursos públicos que se le asignan a esta Corporación de derecho privado es muy importante, sobre todo pensando en lo que ha ocurrido en otras municipalidades donde, a través de corporaciones, se han malgastado recursos en sobresueldos y financiamiento ilegal de campañas políticas. Lamentablemente, estos casos sólo se han conocido una vez cometidos los millonarios fraudes, perjudicando a cientos de miles de vecinos.  La privatización de la gestión de bienes y recursos públicos Una de las claridades sobre las corporaciones municipales, es que su creación implica que esas áreas serán gestionadas por empresarios y no por las organizaciones sociales compuestas por vecinos, con el mito de que los privados son más eficientes que el Estado. Que exista una Corporación privada, no implica necesariamente pagar por usar espacios que hoy son gratuitos, como las 7 canchas, el Centro Cultural o el Planetario. Pero sí implica que de una u otra forma se limitaría el uso por parte de la población, ya que según la propuesta que la alcaldía presentó al Concejo Municipal, estos espacios se podrían arrendar o concesionar para generar nuevos recursos. Como vemos en el cuadro anterior presentado al Concejo Municipal, durante el primer y segundo año de funcionamiento de la Corporación, la Municipalidad entregará el 100% del financiamiento. Y al tercer año se espera que al menos el 20% de su presupuesto provenga de la generación de recursos propios (arriendos y patrocinios de marcas) o donaciones de entidades privadas (empresas) , las que por supuesto, no son solo de buen cristiano. Los beneficios tributarios para las donaciones de empresarios En el complejo entramado legal vinculado con la regulación de las Corporaciones Municipales, existe una serie de leyes que entregan beneficios tributarios a las empresas que realizan distintos tipos de donaciones, lo que requiere un análisis especial, ya que el incentivo para que una empresa realice una “donación” es la reducción del pago de impuestos al fisco, que significa menos recursos públicos para cubrir necesidades. En primer lugar se encuentra la Ley Nº 20.675 sobre Donaciones con Fines Culturales , que modifica el artículo 8 de la Ley N° 18.985 sobre normas tributarias. Allí se establece que las instituciones culturales, como una Corporación, presentan proyectos a un Comité Calificador de Donaciones Culturales, y de ser aprobados, las empresas pueden escoger a cuál de ellas entregar aportes en dinero o especies. Con esto obtienen una rebaja tributaria (pago de impuestos) entre el 35% y 50% de lo que “donaron”. En caso de que ese porcentaje supere el 2% de la renta líquida imponible (ingresos brutos, menos los costos y otros ajustes) o 20.000 UTM (Unidad Tributaria Mensual), correspondiente a alrededor de $1.385.300.000 (calculado según UTM de Octubre 2025 de $69.265), la empresa podrá declarar ese excedente como un gasto. La Ley del Deporte Nº 19.712  (en los artículos del Párrafo Nº 5) también otorga franquicias tributarias similares para las donaciones a entidades deportivas sin fines de lucro, como lo será la Corporación Cultural, Deportiva, Recreativa y Fomento de Huechuraba. Una de las diferencias es que es el Instituto Nacional del Deporte el que aprueba los proyectos y organizaciones que pueden recibir donaciones deportivas. En esta circunstancia, la rebaja de impuestos no puede superar las 14.000 UTM, equivalente $969.710.000. Y en caso de que el monto sea superior, ese excedente la empresa también lo puede declarar como un gasto. Otra norma que podría utilizarse, es la Ley Nº 19.885 sobre Donaciones Sociales  que también permite a las empresas realizar aportes a asociaciones sin fines de lucro que tengan proyectos o programas sociales en las áreas de pobreza o discapacidad, como podría ocurrir con el área de desarrollo económico de la futura Corporación Municipal. Si bien las donaciones pueden ser mucho menores, en este caso si la rebaja de impuesto supera las 1.000 UTM, equivalentes a $69.265.0000, la diferencia se puede declarar como un gasto de la empresa. Como vemos, si bien la creación de una Corporación permitiría captar recursos por concepto de arriendos o donaciones, la normativa le entrega bastantes beneficios tributarios a las empresas que donen. Por lo tanto, la “donación” que realizan se traduce en una franquicia tributaria, es decir, un incentivo económico para que las empresas accedan a realizar donaciones a cambio de una rebaja considerable de impuestos. La privatización de la toma de decisiones Finalmente, con la creación de una Corporación lo que se privatiza no es solo la gestión de los recintos y recursos públicos, sino también la toma de decisiones , ya que estas las tomarán personas que no necesariamente velarán por las necesidades de la población. Si no que en base a criterios basados en eficiencia económica en vez de sueldos dignos, en marketing en vez de necesidades de la población y en la recaudación de nuevos recursos cuando sus gestores privados se equivoquen o afecten la probidad pública. Esto significa que las decisiones sobre el devenir de la Cultura y el Deporte comunal se le transfiere a un actor privado que no necesariamente está capacitado o basará sus acciones en base al bienestar común. Es decir, es el privado el que mediante la promoción cultural, deportiva o empresarial desarrolla toda su apuesta ideológica. De acuerdo a la información a la que se ha podido acceder hasta hoy, con esta decisión lo único que queda claro es que la población y en particular las organizaciones sociales no han participado en ninguna decisión y posiblemente tampoco la tengan en el futuro. Lo más probable es que la población siga mirando las sedes y canchas en mal estado, mientras se traspasan miles de millones a una entidad privada que posiblemente en el futuro sea muy diferente a lo que hoy nos pintan.

Mientras el Congreso discute si extenderá la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional, desde El Pincoyazo presentamos un balance a cuatro años de su aplicación. Aumentó la cantidad de viviendas producidas por el mercado, pero a costa de más recursos públicos y más gasto familiar, sin atacar las causas de la crisis, como la especulación inmobiliaria y usura de los bancos. ¿Cómo surgió el Plan de Emergencia Habitacional? ¿Sus medidas apuntaron a resolver las causas de la crisis o más bien a profundizarla? ¿Cuáles son sus resultados a cuatro años de su implementación?  En el siguiente artículo abordamos estas preguntas haciendo un balance de la Ley 21.450 que creó el Plan de Emergencia Habitacional, y ampliamos el foco para analizar también otras piezas de la política neoliberal de vivienda durante los cuatro años del gobierno de Boric.     La crisis habitacional y sus causas   Lo que se llama como “crisis habitacional” es en realidad una cara necesaria de la economía capitalista, donde la producción de vivienda no está pensada para satisfacer la necesidad, sino para reactivar permanentemente la maquinaria del lucro inmobiliario y bancario.   La acumulación de capital necesita resguardar su tasa de ganancia, de lo contrario, la empresa privada pierde capacidad de crecer, competir y monopolizar el mercado, una tendencia inevitable del sistema -y comprobable a lo largo de la historia- que no tiene que ver con que si un empresario tiene buenas o malas intenciones.   Por eso es importante entender que fenómenos   el aumento permanente del precio de la vivienda en propiedad y en arriendo, la dificultad cada vez mayor de acceder al crédito y el aumento sostenido de los campamentos, no son hechos aislados ni azarosos, sino que tienen una relación entre sí y son expresión de una causa común, que es la expectativa de acumular más ganancia por parte del capital inmobiliario y financiero.   En ese proceso de crecimiento y competencia del capital, el valor de la mano de obra se desvaloriza mientras el precio de las mercancías, como la vivienda, aumenta. Esta brecha entre los salarios y el precio de la vivienda hace que aumente el endeudamiento como requisito de acceso. Y en esa dificultad cada vez mayor de comprar una vivienda crece también el mercado del arriendo, cuyos precios no son regulados, inflando aun más el precio de la vivienda, lo cual hace que, por consecuencia, también aumenten los campamentos , como un camino inevitable para quienes no tienen la capacidad de endeudarse.   Detrás de esta fórmula de empobrecimiento permanente de la gran mayoría que vive de su trabajo está la expectativa de acumulación de capital   de inmobiliarias, constructoras y bancos a través de distintas fases, como es la reserva y venta de suelo para luego producir viviendas, junto con la expectativa de extraer parte de esas ganancias a través de préstamos a las empresas (para que construyan) y también extraer salario a las personas (para que consuman) por medio del pago del crédito.   Todo esto es justamente lo que está ocurriendo en Chile -y prácticamente en todo el mundo- desde hace varios años,   donde  el precio de la vivienda aumentó un 95% entre 2010 y 2024, mientras el nivel de los salarios formales solo lo hizo en un 30%. Fuente: Elaboración propia en base a gráfico original de la Fundación Sol basado en el Índice del Precio de la Vivienda (IPV) del Banco Central y el Índice de Remuneraciones Real (IRR) del INE. Por otro lado, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el 75% del monto total en deuda que las personas mantienen con los bancos en Chile en el 2024 corresponde a deuda hipotecaria, quienes, en promedio, destinan el 45% de su ingreso mensual al pago de esa deuda , lo que significa que no pueden permitirse perder el trabajo. Así, muchas veces la única salida que se piensa como posible es aumentar los niveles de sobreexplotación -horas extra o bien un segundo y hasta tercer trabajo-.   En la década previa al estallido, la deuda en Chile más que se duplicó, ocupando un lugar importante en ese aumento la deuda hipotecaria, motivada no solo como vía de acceso a una vivienda, sino también como medio de inversión, tanto de grandes compradores como de personas naturales que compran dos o más viviendas para destinar al arriendo, lo que contribuye a que se siga inflando el precio de la vivienda. Deuda total en Chile según tipo de deudor (saldos en miles de millones de pesos) Fuente: “Gobernanza corporativa, capital financiero y empresariado de la construcción en Chile (David Kornbluth)”   en base a datos del Banco Central. De esta manera, los grandes inversionistas (capital financiero) cada vez ocupan un lugar mayor como compradores de vivienda para destinarla al arriendo, ya que, ante la dificultad de acceder a créditos por efecto de la disminución del nivel de los salarios, este mercado se ha vuelto cada vez más lucrativo. Fuente: Elaboración en base a gráfico original de Francisco Vergara Perucich en base a datos de InCiti.com en “Cómo la vivienda se transformó en un negocio y qué costos tiene para las personas”. El aumento del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en arriendo, ha generado no solo un aumento de la deuda habitacional, sino también un aumento de las familias en campamentos: si bien entre 1996 y 2005 la cantidad de familias en campamentos disminuyó todos los años, de 105 mil a 25 mil, desde entonces, y en consonancia con el desacople del precio de la vivienda y los salarios,  la cantidad de familias en campamentos no paró de aumentar, de 25 mil en 2005 a 36 mil en 2015, para luego alcanzar las 120 mil familias en 2025. Fuente: elaboración propia en base a datos de Déficit Cero. Especulación del precio del suelo   Una máxima del Estado neoliberal dice que las personas deben resolver la salud, educación y vivienda a través del mercado, y que el Estado cubrirá vía subsidios el acceso solo de aquellos que no tienen la capacidad de consumo suficiente. Por eso es que desde hace varias décadas un pilar de la política neoliberal de vivienda consiste en subsidiar la compra de viviendas para los sectores de ingreso medio (DS 1 y DS 19) y bajo (DS 49).   Pero la posibilidad de que los subsidios se materialicen y no queden solo en el papel depende, en gran medida, del precio que imponga el dueño del terreno, quienes inflan los precios sin necesariamente agregarle ningún valor -como podría ser su urbanización-. Esta ha sido durante décadas la principal barrera para la construcción de vivienda social  y lo que ha obligado a la expulsión de miles de familias pobladoras a la periferia, lejos del acceso a servicios.   ¿Y cómo ha respondido el Estado? Durante décadas,  las políticas neoliberales han apuntado a aumentar el traspaso de recursos públicos -vía subsidios- para cubrir esa especulación del precio del suelo, y de manera más reciente, exigiendo a las familias aumentar el ahorro por varios millones de pesos  a través de glosas presupuestarias que cada año aprueba el Congreso, aun cuando sus propios datos dan cuenta de que cada vez el salario disminuye.     Principales herramientas del Plan de Emergencia Habitacional (2022-2025)   El Plan de Emergencia Habitacional surgió a fines de 2021, como un acuerdo entre el gobierno de Piñera y la oposición -encabezada por el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), cuando era senador-, sellando una forma que buscó aumentar la producción de viviendas para dar respuesta al momento de impugnación política que vivía el país (post-estallido), pero sin tocar el modelo.   A las herramientas tradicionales del Ministerio de Vivienda, como los distintos subsidios dirigidos a las familias sin casa de ingreso medio y bajo según lo que dice el Registro Social de Hogares, con la Ley Nº 21.450 el Congreso aprobó una serie de medidas orientadas a aumentar la capacidad de construcción de vivienda, tales como:   1. Banco de suelo público   Entre 2022 y julio 2025 se ha dispuesto un total de 2.490   hectáreas  de suelo para el Plan de Emergencia Habitacional: 1.583  hectáreas son de propiedad pública, tanto SERVIU como de empresas del Estado, como Desarrollo País; 291  hectáreas son de traspasos del Ministerio de Bienes Nacionales a los SERVIU y 616  hectáreas compradas a privados.   Puntualmente en el caso de los terrenos comprados a privados, las 616 hectáreas adquiridas entre 2022 y 2025 superan con creces las bajísimas 103 hectáreas compradas por el MINVU entre 2019 y 2021, según datos del ministerio expuestos en el Congreso, pero aun son insuficientes para la envergadura de la necesidad.   Si es que el Plan de Emergencia contemplara medidas que pusieran un freno a la especulación del precio del suelo, esta cantidad de suelo comprado a privados sin duda que podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta los aumentos de dineros traspasaros a privados desde 2022.   2. Diversificación de líneas programáticas   El MINVU impulsó nuevos programas (formas de acceso vía subsidios), como la construcción de vivienda municipal para el arriendo, proyectos para sindicatos, cooperativas y autoconstrucción asistida, pero todos ellos aún en pañales y con niveles muy bajos de ejecución hasta mediados de 2025, por lo que no muestran hasta hoy ser una luz de un aumento real de la capacidad de producción de vivienda, siempre en manos del mercado.   Según los datos del MINVU, todos estos nuevos programas alcanzan 2.820 viviendas  por construirse. De esa cifra, hasta julio de 2025 se han terminado solo 265 viviendas (ver tabla).     3. Industrialización con exenciones normativas   Esta es una de las áreas con mejor rendimiento en cuanto a aumento de la capacidad de producción de viviendas, donde el MINVU ha certificado a 22 empresas de construcción industrializada con 41 modelos de vivienda, cuyo modelo de producción es más rápido y con estructuras prefabricadas, lo que se traduce en menores plazos de construcción, pero también en una menor necesidad de mano de obra.   Por esta vía, el MINVU tiene en curso la gestión de 13.039 viviendas , de las cuales solo 1.494 se encuentran terminadas a julio de 2025.     4. Habilitación normativa de suelos   Otra herramienta fue la facultad de que los SERVIU puedan cambiar la norma urbana sobre terrenos que se destinarán para construir vivienda social, cambiando el uso de suelo, la densidad, alturas máximas, entre otras, para agilizar la construcción.   Un problema de esta facultad es que está sujeta a la voluntad de las empresas (entidades patrocinantes) de diseñar e impulsar estos proyectos, por lo que, si las condiciones no son atractivas para el negocio, no hay proyecto.   Estas nuevas herramientas si bien han permitido agilizar la construcción de vivienda social, está lejos de ser suficiente para la necesidad que existe. Así,  mientras no se acompañen de otras medidas que pongan un freno a la especulación con el precio del suelo y la usura bancaria vía créditos, la política de Estado seguirá reproduciendo el circulo vicioso de la crisis .       Las cifras del Plan de Emergencia Habitacional (2022-2025)   A julio de 2025, el MINVU registra 208.969 viviendas terminadas para ser entregadas en propiedad, equivalente al 80% de la meta de 260.000 viviendas prometidas por el gobierno de Boric, lo que ha significado un aumento importante de gasto público, sin tomar medidas que pongan freno a las causas de la crisis.     Tabla: Viviendas en construcción según programa con y sin deuda (2022-2025) Fuente: elaboración propia en base a datos del MINVU Pero el análisis estaría incompleto si solo pusiera el foco en las medidas adicionales y las cifras generales del Plan de Emergencia Habitacional que hoy se busca extender.   Para identificar los alcances, los costos y efectos reales del Plan de Emergencia es necesario mirar cómo sus medidas se acoplan a un conjunto de otras políticas, creadas antes y durante el actual gobierno, algunas de las cuales exponemos a continuación, y que dan cuenta de manera más global la forma neoliberal de enfrentar la crisis de acceso a la vivienda:   a) Préstamos a constructoras (sin interés)   Tanto en los proyectos de vivienda que se construyen con subsidios destinados a los segmentos más pobres de la población (DS 49) como a los sectores medios (DS 19), el Ministerio de Vivienda asegura, para el inicio de obras, un anticipo del pago de cada subsidio de vivienda por hasta 300 UF ($12 millones), el que las empresas deberán devolver en un plazo de tres años a una tasa de interés del 0%.   Entre 2015 y 2025, el presupuesto del MINVU aumentó de $2,9 a $5,7 billones de pesos (millones de millones) y  solo entre los años 2022 y 2025 la cantidad de dinero destinada a préstamos para las constructoras se ha más que duplicado, alcanzando los $1,7 billones de pesos en 2025, lo que equivale al 30% de todo el presupuesto del MINVU para este año.   Si bien el dinero destinado a los préstamos de enlace luego vuelve al ministerio, o más bien, se descuenta a la hora de ejecutar el traspaso de los subsidios hacia las mismas constructoras una vez entregadas las viviendas, lo cierto es que se trata de dineros que podrían ser utilizados con una mayor agilidad y eficiencia si fuese el mismo Estado quien se hiciera cargo de producir las viviendas de forma directa, sin intermediarios privados , como entidades patrocinantes y constructoras, cuyo fin no es otro que la acumulación de ganancia privada, y no solucionar la crisis de acceso a la vivienda.   Lee acá “El Negocio de la crisis habitacional: MINVU presta $1,7 billones a constructoras en 2025 a 0% de interés”     b) Subsidio al dividendo de la deuda habitacional   De forma paralela, el gobierno de Boric impulsó otras medidas que buscaron complementar el Plan de Emergencia Habitacional, como la Ley que subsidia el dividendo, con la que respondieron al llamado de constructoras -que mantenían más de 50 mil viviendas en stock sin compradores- y a los bancos -que imponen un limitado acceso al crédito para no correr riesgos que sí le piden al Estado asumir-.   De esa forma, el Estado asume la diferencia de lo que les falta a las personas para acceder a un crédito hipotecario, cuidando la salud del sistema financiero  a través de esta herramienta (crédito) que, a largo plazo, solo hace que las familias deban pagar hasta el doble del valor inicial de la vivienda, si es que no la pierden por completo.   Lee acá   “Plan de Emergencia Habitacional: ¿Para las familias sin casa o la banca y las constructoras?”     c) Glosa presupuestaria para cubrir aumento del precio del suelo   Desde el segundo gobierno de Piñera se creó vía glosa en el presupuesto la facultad de los SERVIU para aumentar los montos de los subsidios DS49 destinado a cubrir el aumento del precio del suelo, a condición de que las familias aumenten también su ahorro, de forma proporcional al valor que no cubre el subsidio, lo que se traduce en ahorros de varios millones de pesos.   En la práctica, el costo de hacer viable el acceso, además de la deuda muchas veces con prestamistas informales, es también la desintegración de las comunidades y comités o incluso el desarraigo territorial.     d) Extensión del Crédito Especial a Empresas Constructoras   Esta herramienta permite a las constructoras recuperar un porcentaje del IVA por gasto en materiales de construcción para viviendas sociales, buscando incentivar su construcción bajo la excusa de que este tipo de proyectos tiene una menor tasa de ganancia. De esa forma, el resguardo de su tasa de ganancia se hace a costa de una menor recaudación pública.   ¿Crece la capacidad productiva del Estado o solo de la empresa privada?   Lo primero que hay que tener claro es que el Estado no ha aumentado en nada su capacidad de producción de vivienda, porque esta no existe , a diferencia de lo que suele decir el ministro Carlos Montes (PS) al referirse a los objetivos estratégicos del Plan de Emergencia. En rigor, lo único que ha aumentado es el traspaso de recursos públicos hacia la empresa privada para que sea esta quien aumente su capacidad de producción, respetando la máxima neoliberal de fomentar la iniciativa privada.   La diferencia cada vez mayor entre el precio de la vivienda y el nivel de los ingresos no ha sido enfrentada con medidas que acorten esa brecha, sino por el contrario, aumentando el empobrecimiento  a través de mayores exigencias de ahorro (por varios millones de pesos en los sectores más pobres) y también por la vía de aumentar el volumen de familias endeudadas que, de no ser capaz de sostener el pago, perderán su casa, como ya ha ocurrido en el pasado.     Extender el Plan de Emergencia Habitacional, pero con nuevas herramientas   Ante la falta de herramientas del Estado, desde El Pincoyazo creemos que sí se debe extender el Plan de Emergencia Habitacional, pero sumando nuevas facultades , ya que, de lo contrario, los comités quedarán en un peor pie para impulsar sus demandas.   Si el Congreso pretende estar 4 años más con las mismas herramientas actuales, la crisis de acceso a la vivienda se seguirá profundizando , porque, tal como se ha expuesto en este balance, al no poner un freno a las causas de la misma, como son la especulación inmobiliaria y a la usura bancaria, la distancia entre los ingresos y el precio de la vivienda solo aumentará, mientras la expectativa de ganancia seguirá inflando el precio del suelo y de los créditos, y esa brecha se seguirá cubriendo con más recursos públicos y gasto de bolsillo -vía préstamo informal-, tal como se ha hecho hasta ahora, lo que a la larga terminará por dejar a más familias en la calle.   Poner un freno a la especulación de inmobiliarias y bancos se puede hacer a través de muchas formas, pero en términos generales:   - Se deben establecer límites a la ganancia inmobiliaria , en particular la relacionada por venta de suelo, estableciendo la obligación de compra preferente y a precio de avalúo fiscal por parte de los SERVIU en terrenos ubicados en zonas con mayor urgencia habitacional, como también fijar recuperación de plusvalías (ganancia) en suelos que se benefician de la inversión pública (urbanización o nuevos servicios como metro, hospitales u otros), o incluso crear mayores impuestos sobre los suelos sin uso cuya propiedad se concentra cada vez más en empresas financieras.   - El Estado debe dejar de tapar el hoyo de los bancos  y dejar de destinar un tercio del presupuesto del MINVU en préstamos a las constructoras a 0% de interés para que inicien obras, como también dejar de cubrir el diferencial para que más personas acceden a un crédito, porque eso solo resguarda la ganancia bancaria. En reemplazo, debiesen imponerse exigencias a estos que son los llamados a asumir mayores riesgos, en particular cuando se trata de iniciativas privadas.   - Se debe crear una empresa pública para la construcción de vivienda y servicios públicos , cuya actividad no esté orientada por el lucro, sino por la necesidad de la población, permitiendo reorientar recursos que hoy cubren la ganancia privada (bancos e inmobiliarias) para construir más y mejor vivienda (en propiedad y pública), y disminuir los niveles de endeudamiento.   Hoy, cuando se discute extender la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional, las organizaciones que luchan por la vivienda tienen el desafío de estudiar estos temas y proponer soluciones que vayan más allá de los marcos que impone el actual modelo neoliberal  que solo reproduce la pobreza y desigualdad.

Denuncian la especulación con el precio del suelo como una de las causas de la crisis habitacional. “Actualmente, existen mecanismos de radicación, como la ley de regularización 20.234, que, en vez de aplicar, la han truncado. ¿La razón? No hay lucro detrás de la aplicación de esta ley”, dicen en su Declaración. La cantidad de familias en campamentos aumentó de 25 mil en 2005 a 36 mil en 2015, para luego alcanzar las 120 mil familias en 2025. Fuente: Déficit Cero. DECLARACIÓN PÚBLICA septiembre 2025, Chile ¡La Vivienda digna es un derecho, luchar por ella es un deber! Nos reafirmamos en que la vivienda digna es un derecho. La casa, el techo, es una necesidad humana básica, conquistar condiciones de vida digna incide en combatir la violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas y niños, violencia entre pobladores. Y problemas tan graves que arrastramos como pueblo, como el alcoholismo o la drogadicción. En espacios dignos y de calidad podemos cuidar a nuestros ancianos y enfermos, podemos criar en el juego y el apañe a nuestros pequeñitos y pequeñitas. Por eso y más, ¡es irrenunciable luchar por una vivienda digna! Y debemos luchar, porque se nos niega. ¿Por qué se nos niega? Porque en nuestro país, se privilegia el lucro, la ambición de unos pocos que se forran, sobre nuestras espaldas sobre nuestros derechos. Son los “dueños” de la tierra y el capital que históricamente han acaparado el suelo, que especulan con el valor de los terrenos, exigen condiciones tributarias y legales para asegurar altas ganancias. ¿Cuántos pequeños negocios tienen asegurada altas ganancias por ley? La terrible cara de la crisis habitacional tiene en su otro aspecto, el negociado de constructoras, inmobiliarias, latifundistas y bancos extranjeros. Lee acá "4 años del Plan de Emergencia Habitacional: Más producción de vivienda pero sin frenar la especulación inmobiliaria" Hoy en comités y cooperativas nos exigen cada vez más ahorro para postular o endeudamiento. El fin de la deuda habitacional, fue una lucha ganada por importantes movimientos de pobladores, que debemos defender. En tomas y campamentos, nos criminalizan, nos persiguen, nos desalojan, como ha sido recientemente en Curanilahue y muchas otras. Las Tomas históricamente han resuelto en los hechos, con recursos propios y con ayuda mutua, el problema de la vivienda. Actualmente, existen mecanismos de radicación, como la ley de regularización 20.234, que, en vez de aplicar, la han truncado. ¿La razón? No hay lucro detrás de la aplicación de esta ley. El pueblo mapuche en su histórica lucha por la recuperación de su territorio es un ejemplo que debemos seguir. El pueblo Palestino en su heroica lucha por resistir la ocupación de su territorio es un gran ejemplo a seguir. ¡No a los desalojos! ¡No a la Ley Maldita Antitomas! ¡Viva la lucha por vivienda digna! TOMAS Y CAMPAMENTOS CONTRA LOS DESALOJOS POR LA VIVIENDA DIGNA

Aisén Etcheberry ocupó un cargo gerencial en Amazon en 2018 y al mes siguiente fue contratada por el gobierno (Piñera 2) en un puesto donde debía gestionar temas en los que la industria tecnológica tenía intereses. En 2023 fue ministra de Ciencias (Boric), elaborando el Plan Nacional de Data Centers, con el que se facilitó aún más la instalación de estas empresas en Chile. Luego de trabajar para Amazon en 2018, Aisén Etcheberry llegó al Ministerio de Economía (Piñera 2) para impulsar la agenda de inteligencia artificial. Hasta hace poco fue la ministra de Ciencias del gobierno de Boric, encargada de crear el Plan Nacional de Data Centers, el cual busca facilitar la instalación de estas infraestructuras en Chile, y que involucra a nueve ministerios en ese compromiso.   ¿El problema? Para funcionar, los centros de datos involucran toda una cadena de recursos como agua y energía que son usados de forma intensiva, lo que afecta la vida de quienes viven en torno a ellos. Por eso es que, para fomentar la instalación de estas obras, el Plan Nacional de Data Centers en realidad lo que hace es bajar los estándares ambientales que deben cumplir empresas como Amazon para instalarse.   A continuación, compartimos partes de los antecedentes publicados en un reportaje del medio LaBot ,  que da cuenta de la meteórica carrera pública-privada de Aisén Etcheberry, lo cual pone sobre la mesa la influencia de las grandes empresas tecnológicas en la creación de políticas públicas que benefician sus intereses.     La puerta giratoria de Aisén Etcheberry   - Febrero a junio de 2018: Amazon Trabajó cinco meses como gerenta de Políticas Públicas para América AWS, la filial de la tecnológica del gigante estadounidense Amazon.   Labores: “ facilitar reuniones de alto nivel entre los ejecutivos de AWS y actores clave, incluidos el estado y los responsables políticos locales y ejecutivos, asociaciones de la industria, y socios de alianza para promover y defender las políticas de la compañía sobre políticas públicas” , según dice su contrato.         - Julio de 2018 a julio de 2019: Ministerio de Economía Asesora del entonces ministro de Economía, José Ramón Valente. Un certificado emitido por esa cartera señala que su rol era “asesorar al ministro en materias económicas vinculadas a economía digital, ciencia y otras relacionadas a la cuarta revolución industrial”.     - Abril de 2019: Fundación Data Observatory     Como funcionaria del Ministerio de Economía, Aisén Etcheberry participa en la creación de la fundación Data Observatory, la cual fue promovida por Amazon y cuyos miembros fundadores terminaron siendo el mismo Amazon y la Universidad Adolfo Ibañez.   Según el reportaje de LaBot, los documentos de adjudicación muestran que la UAI ofreció $1.740 millones (US$2,6 millones de la época) en dinero y una suma equivalente en capacidades, mientras que AWS ofertó $8.457 millones (US$12,7 millones) en capacidades —es decir, en créditos de uso de servicios computacionales, como procesamiento o almacenamiento— y sólo $672 en dinero.   - Agosto de 2019: directora de Conicyt y ANID   En 2019 fue directora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), y cuando esa organización se convirtió en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) fue también su primera directora.   Más adelante, fue jefa de la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), luego fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y, desde marzo de 2023 ministra de Ciencia y Tecnología.   Cuestionamientos de la Contraloría   2020: legalidad de Fundación Data Observatory   En un pronunciamiento de 2020, la Contraloría dijo que la elección de los socios fundadores (Amazon y la UAI) de la Fundación Data Observatory no se ajustaba a derecho y que el proceso requería de una convocatoria pública.   La Contraloría cuestionó que los miembros del Consejo de Aportantes Estratégicos (Amazon y la UAI) tienen el derecho a acceder a los datos procesados y bases de datos generados por la Fundación, “sin que se señale el fundamento de un privilegio adicional de esa naturaleza”, por lo que “teniendo en consideración el volumen de información y la amplitud de operaciones que pueden tener lugar al amparo del objeto de la Fundación, no se advierten garantías suficientes que resguarden la correcta utilización (…) de los datos de los entes públicos y que impidan su comercialización en desmedro del patrimonio público y la igualdad de oportunidades que el Estado debe asegurar a los integrantes de la comunidad”. Revisa acá el expediente completo del Dictamen de la Contraloría   2023: conflicto de interés de ex ministra Etcheberry al aprobar creación de nueva Fundación Data Observatory   Tras una denuncia, la Contraloría cuestionó que Aisén Etcheberry, como funcionaria del Ministerio de Economía, haya sido evaluadora de las propuestas de constitución de la Fundación Data Observatory, después de haber trabajado para la filial en América Latina de Amazon (AWS), debiendo haberse abstenido de participar en el proceso.   A pesar de esto, como la ley en Chile es blanda y como ya no prestaba servicios en la cartera de Economía, no hubo sumario administrativo, aun cuando en ese entonces era ministra de Ciencias.     Agenda política en favor de las grandes empresas tecnológicas   2024: Plan Nacional de Data Centers   En diciembre de 2024, el gobierno publicó el Plan Nacional de Data Centers, impulsado por el Ministerio de Ciencias que encabezaba Etcheberry.   2025: Amazon anuncia US $4.000 millones en inversión en Chile   Cinco meses después, en mayo de 2025, Amazon anunció una inversión US$ 4.000 millones para construir centros de datos en Chile, proyecto en el que dijeron haber estado trabajando desde hace años.   2025: Cambios a la normativa ambiental pro centros de datos   Dos meses después, en julio de 2025, se difundieron los cambios que el gobierno de Boric realizaba al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde, entre otros cambios, se bajó el estándar de evaluación para centros de datos.   La modificación normativa permite almacenar  12 veces más diésel  (hasta 1 millón de litros)  sin necesidad de evaluar el impacto ambiental  del proyecto. Esto significa que, de los 17 data centers que se han evaluado y aprobado en Chile, 15 habrían quedado sin evaluación si este criterio hubiera operado antes.     Fuente: La Mano Invisible de las Big Tech (investigación transfronteriza)

El Golpe de Estado abrió la puerta para hacer de la ciudad un negocio a costa de desplazar a más de 170 mil familias pobladoras  la fuerza a hacia la periferia. Se extendió el límite urbano para construir y se crearon subsidios para traspasar grandes volúmenes de recursos públicos la empresa privada, además de impedir constitucionalmente que el Estado pueda construir viviendas. El golpe de Estado del 73 y las violaciones a los derechos humanos fueron un medio utilizado por la CIA y la clase dominante de este país para refundar el país a través de la instauración de un modelo económico diseñado en Estados Unidos y aplicado acá por jóvenes becados de la Universidad Católica, más conocidos como los Chicago Boys. A mediados del siglo 20 el Estado ya había creado incentivos tributarios para hacer crecer el mercado de vivienda privada (DFL 2 de 1959). Luego, la dictadura implementa la Política Nacional de Desarrollo Urbano (1979) para profundizar ese camino con una serie de medidas que apuntan a hacer crecer el espacio de inversión (la ciudad): Algunas políticas relevantes en este marco son:  Eliminación del límite urbano : a las 38 mil hectáreas urbanizadas de la Región Metropolitana, se suman 64 mil hectáreas declaradas “urbanizables” (la ciudad crecerá un 160%). Se declara que el suelo es un bien no escaso, lo que legalizó la venta a bajo precio de gran parte de los bancos de tierra de propiedad estatal . Unos años más tarde, se dirá que el suelo sí es un bien escaso, por lo que los mismos terrenos suben de precio (ahora en manos privadas). Se entrega al capital inmobiliario el protagonismo en la construcción de vivienda e infraestructura pública con el traspaso de recursos vía de subsidios . Se realiza un proceso de erradicación masivas de pobladores , trasladando campamentos hacia la nueva periferia urbana. Esta medida buscó limpiar de pobres las comunas cuyos terrenos podían venderse más caro. Muchas familias de un mismo campamento fueron desplazadas a distintas comunas, desarticulando su capacidad organizativa. Política de erradicación de campamentos Lee acá " Cartilla de Formación Popular Nº2: Política Neoliberal de Vivienda Social" Todas estas políticas apuntaron a reorganizar la ciudad bajo un criterio de segregación de clase social, generando las condiciones para la expansión del capital inmobiliario , a través de la apropiación de suelo urbano para reinvertir en él los excedentes del capital, especular y así reproducir el ciclo de acumulación. Este modelo fue luego heredado y profundizado por la Concertación, tras un proceso de renovación política en el exilio y la comodidad. Hoy, a 52 años del golpe, una nueva generación, los hijos de esos herederos, asumen el mando para seguir administrando la miseria que enriquece a unos pocos al replicar las mismas políticas que mientras buscan tapar los hoyos, solo profundizan el modelo, a través del aumento de traspasos cada vez mayores de recursos públicos hacia la empresa privada. La tarea de las organizaciones populares es no olvidar, analizar críticamente la historia, larga y reciente, y con ello volver a crear estrategias para reconstruir el poder de quienes vivimos del trabajo y aspiramos a una vida digna.

Por Jorge Molina, Director Historia de la Población La Pincoya. Gondwana en Las 7 Canchas (2001) El mes de agosto de 2025 quedará marcado en la historia de la joven comuna de Huechuraba, por la pérdida patrimonial que significa la privatización del centro cultural y las emblemáticas 7 canchas. El alcalde Max Luksic, antes de cumplir su primer año de gobierno y con solo 3 de los 8 votos del concejo municipal, logró aprobar la creación de una corporación privada que administrará estos dos emblemáticos lugares de la comuna. Esta decisión del gobierno local de Luksic demuestra su desconfianza que atenta contra nuestro patrimonio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desconfianza?, ¿de qué desconfía Max Luksic? La celeridad con la cual decidió crear la corporación privada, responde -a nuestro juicio- a dos aspectos que no podemos soslayar: una desconfianza ideológica y otra desconfianza experiencial. En relación a la primera, la desconfianza ideológica, es sabido que  la derecha chilena adhiere al liberalismo económico, promoviendo la iniciativa privada en desmedro de lo público-estatal, pues desconfían del Estado y lo comunitario, por ello, cuando han estado en el poder han actuado ideológicamente reduciendo el Estado a su mínima expresión y posibilitando que las empresas privadas copen la economía y la vida social.   Así lo hicieron en dictadura privatizando las empresas del Estado, como SOQUIMICH, Celulosa Arauco, IANSA, ENTEL, ENDESA, entre otras, y hoy lo hacen con el Centro Cultural y las 7 canchas, quedándose muchos de sus aliados (empresarios de derecha) a cargo de las empresas que algún día fueron de todos los chilenos, y pronto veremos a quienes pondrán a la cabeza de la corporación privada que administrará nuestros espacios. La segunda desconfianza está vinculada a la experiencia de gestión de Max Luksic. Entre los años 2019 y 2024 Luksic fue director ejecutivo de Canal 13, propiedad de su padre Andrónico Luksic, pasando su administración a la historia por su paupérrima gestión, que lo llevó a informar a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) perdidas en tres de sus cinco años como director ejecutivo, dejando además relegada a la estación televisiva en un tercer lugar en el rating. Posiblemente esa mala experiencia dirigiendo Canal 13 lo haya hecho dudar de sus capacidades administrativas, privilegiando privatizar en una corporación en vez de demostrar capacidad de gestión de espacios públicos municipales.   Aquí confluye la desconfianza ideológica y la desconfianza experiencial en favor de la privatización, haciendo perder a los habitantes de Huechuraba y especialmente a los pobladores de lugares patrimoniales donde se han desarrollado miles de iniciativas populares. Las 7 canchas o estadio Raúl Inostroza no es sólo un espacio deportivo y recreativo utilizado por familias pobladoras, ¡es parte de nuestro patrimonio!,  donde generación tras generación los vecinos han practicado fútbol, pero también se han desarrollado otras iniciativas que no podemos olvidar. Ahí llevaron a miles de pobladores detenidos tras el golpe de 1973, constituyéndose en un verdadero campo de concentración donde tristemente desaparecieron decenas de vecinos. Acá integrantes del FPMR se prepararon físicamente para ajusticiar al tirano Pinochet el año 1986, acá jugó el primer equipo de Colo Colo contra la Universidad de Chile el año 1987, acá tocó Gondwana en un recordado concierto el año 2001, desde acá se han lanzado fuegos artificiales a fin de año, etc. por ello afirmamos que este lugar es parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Colo-Colo en Las 7 Canchas (1987) De igual manera, el centro cultural levantado a principios de la década del 90, con una recordada presentación del grupo Los Tres, dio inicio a un lugar que día a día utilizan cientos de jóvenes y decenas de organizaciones. Recordados campeonatos de baby futbol y masivas fiestas para fin de año. El año 1997 estuvo el ex presidente Frei promulgando la Ley SENCE, acá el centro cultural La Ventana iniciaba a cientos de niños en el folclore. En este lugar el grupo El Trauko por más de dos décadas ha presentado la obra Jesucristo Superstar, acá se han desarrollado masivos campeonatos de cueca, veladas culturales, las 7 vidas del Tony Caluga, decenas de musicales, acá por cerca de 25 años Batería La Pincoya  ha finalizado su carnaval, en este lugar tuvieron cita las Charlas TEDx La Pincoya 2016 y 2017 trasmitidas por TVN, acá lanzamos nuestro primer libro con el gran folclorista Pincoyano Bigote Villalobos, entre otras iniciativas.   Lanzamiento del primer libro de Historia de la Población La Pincoya en el Centro Cultural (2017) Por estas razones defendemos que estos lugares guardan miles de historias de familias pobladoras, las cuales no debemos permitir que se pierdan en manos de una corporación privada que, a través de un modelo de gestión empresarial, buscará desvincular a la municipalidad de la administración de los bienes públicos, perdiendo los pobladores parte de nuestro patrimonio . Esperamos que Max Luksic recapacite, abandone su desconfianza en lo público y junto al concejo municipal de pie atrás en la privatización de nuestros patrimonios.

Por Santiago Castillo, dirigente de la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida. Protesta en Peñalolén, 07 de septiembre de 2023. La próxima semana celebramos el aniversario número 55º de la población Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén. Nuestra historia está profundamente marcada por el déficit de vivienda: nuestro barrio nació de una mezcla entre operaciones sitio y ocupaciones de terrenos durante el gobierno de la Unidad Popular, pero la dictadura trajo nuevamente, junto con la represión y el terror, el hambre, el allegamiento y el hacinamiento. Desde pequeños nos acostumbramos a vivir apretados: somos familias que hemos buscado nuestro espacio en una pieza prestada o en un arriendo. En esa lucha, muchos de nuestros padres lograron acceder a una vivienda propia, aunque muchas veces precaria. Hoy, en esta población donde viven cerca de 55 mil personas, existen alrededor de 5 mil familias sin casa, y probablemente el doble vive en departamentos o casas con graves problemas estructurales. Con esto queremos decir que, en Lo Hermida, nuestras trayectorias de vida han estado atravesadas por un constante problema de vivienda. Pero no nos hemos quedado de brazos cruzados: hemos resistido, nuestras familias han hecho sacrificios enormes para que todos quepamos bajo un mismo techo y hemos trabajado duro. También nos hemos organizado y levantado cientos de comités de allegados a lo largo de décadas, reclamando lo que siempre hemos considerado un derecho. Algunas decenas llegaron más lejos y levantaron tomas de terreno en los años noventa, en el 2000 y en los últimos años. Aunque casi siempre desalojadas y reprimidas, estas luchas nos enseñaron cómo presionar al Estado. Nuestra Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida representa a la nueva generación de familias sin casa: somos cerca de 650 familias, mayoritariamente encabezadas por mujeres entre 30 y 50 años que no tienen un hogar propio. Desde el 2018 hemos generado innumerables propuestas a las autoridades para enfrentar la crisis habitacional, hemos realizado protestas radicales, nos hemos unido a otros movimientos e incluso intentamos cambiar la Constitución, creyendo que aquello podía favorecer nuestra lucha por acceder a la vivienda. Protesta en Providencia, 19 de diciembre de 2023. Gracias al esfuerzo de nuestras dirigentas y de los vecinos organizados en asambleas, hemos logrado avances significativos: hoy trabajamos en tres proyectos habitacionales que contemplan más de 1.200 nuevas viviendas sociales y hemos implementado el Plan Habitar Lo Hermida, una estrategia de recuperación del barrio. Sin embargo, buena parte de estos logros están hoy amenazados por el alza del valor del suelo en Santiago y por los intentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de trasladar el peso del problema a las familias, aumentando las exigencias de ahorro a los sectores más vulnerables. El Fondo Solidario para la Vivienda destinado a las familias más pobres del país, se encuentra en grave riesgo. Nos parece inaceptable que se exija a quienes menos tienen ahorrar seis o siete millones de pesos, porque con ello se margina a las familias de la única opción real de acceder a la vivienda que tienen. Y el problema es aún mayor: se ha instalado -desde representantes del gran empresariado hasta militantes de partidos de Gobierno- la idea mentirosa de que en el país “se reparten casas gratis a los pobres” . Esta afirmación es una blasfemia: a nadie le regalan casas en Chile, todas las familias cumplen con un ahorro mínimo para postular a subsidios. Esa mentira tiene dos objetivos de fondo que debemos denunciar con claridad: primero, busca destruir la noción de la vivienda como un derecho social y reducirla a un bien de consumo; segundo, intenta reinstalar la deuda habitacional.   El Fondo Solidario de Vivienda, creado en 2011, representó una victoria histórica para los sectores populares: tras décadas de lucha de los deudores habitacionales y de los comités de allegados, se dejó de exigir un crédito bancario para acceder a la vivienda. Hoy, cuando los empresarios de la construcción buscan aumentar sus tasas de ganancia a toda costa, quieren que el Estado empuje a las familias más pobres hacia los mecanismos sabidamente perversos del sistema financiero. En este aniversario de Lo Hermida, nuestra memoria y nuestra organización nos recuerdan que nada se nos ha regalado: todo lo hemos conquistado con lucha, unidad y sacrificio. Frente a las amenazas actuales, reafirmamos nuestra convicción de que la vivienda es un derecho social irrenunciable. No permitiremos que se nos condene nuevamente a la deuda, al hacinamiento o a la exclusión . Lo Hermida seguirá siendo un territorio de resistencia y esperanza, de construcción colectiva de un futuro más justo. Protesta en el Río Mapocho, 16 de mayo de 2024.

En esta entrevista para El Pincoyazo, Cristian Vivar, vocero del SINTEC, releva la importancia de castigar penalmente las prácticas que atentan contra la vida de los trabajadores y, por sobre todo, avanzar en una mayor unidad desde el campo organizativo a través de la acción directa en defensa de la vida. El pasado 31 de julio alrededor de las 17 horas se produjo un derrumbe en el sector “Andesita” de la mina El Teniente de CODELCO, tras un sismo de magnitud 4,2º registrado a unos 37 km al noreste de Rancagua. El accidente dejó seis trabajadores muertos y nueve lesionados, junto con más de 3.700 metros de túneles dañados, en lo que las autoridades calificaron como un “accidente minero de gran alcance”. Y como es recurrente, los medios hegemónicos no dieron voz a los trabajadores y trabajadoras de la minería. Es por esto que El Pincoyazo entrevistó a Cristian Vivar, vocero del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y Afines (SINTEC-Chile), que agrupa a cerca de 18 mil trabajadores, con presencia en la minería, entre otros sectores productivos, y también con voz respecto de lo ocurrido en esta tragedia. A continuación, compartimos sus planteamientos sobre cómo entienden el problema del subcontrato y cuáles son sus propuestas para garantizar la seguridad de las y los trabajadores del sector. SUBCONTRATO EN LA MINERÍA “Este tema nos toca por el hecho de estar en varios yacimientos mineros, en más de tres divisiones de CODELCO con el tema de los subcontratos y efectivamente nos damos cuenta que en todas las cosas que han ido sucediendo durante varias décadas ya, guardan relación principalmente con la forma económica en la cual está diseñada la matriz productiva” , dice Cristian, aludiendo a la matriz de producción basada en extraer y exportar recursos naturales con bajos niveles de procesamiento. ¿Sabías que en Chile 8 de cada 10 trabajadores de la minería lo hacen a través de la figura del subcontrato? Esto quiere decir que la empresa mandante deriva la responsabilidad de la seguridad y salud en una empresa intermediaria, empeorando las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores. Ver “ Historial negro de las empresas contratistas involucradas en el derrumbe ” En torno a esta realidad, Cristian plantea que “la vida o la salud de los trabajadores no es un tema importante para el capital, ni tampoco para el yacimiento, ni para Codelco, ni para mineras privadas . Para nadie, en realidad, porque uno de los principales elementos que se desarrolla guarda relación con la producción. Por tanto, cuando tienes esa discrepancia entre la producción y la vida, se generan este tipo de accidentes que son fatales”.  ¿QUÉ DEBE OCURRIR? “ El año 2006, aquí en Santiago, murieron siete trabajadores cuando se desplomó un montacarga. Eso hizo que de una u otra manera se discutiera la ley de subcontratación , en donde se metieron elementos que guardaban relación principalmente con la higiene y seguridad de los trabajadores que eran subcontratados con una mandante, ya sea por cualquier tipo de proyecto, privado o estatal.”   “Acá estamos hablando de un sinfín de medidas que no se tomaron , desde el control de los riesgos, desde el tener la capacidad de poder entender de que hay gente trabajando, que en El Teniente son muchos entre turno y turno y por tanto siempre hay gente que puede estar expuesta más de lo debido a este tipo de decisiones que se toman solo y exclusivamente por lo productivo.” “Entonces ahora que tenemos seis muertos lamentablemente por esta negligencia, ¿qué es lo que debería suceder en una sociedad como ésta?  Con elementos que son de una otra manera atentatorios, por un lado te dicen que tienes que hacer tu la pega,  y se supone que tú vas y vuelves y no puedes morir, no debes morir, tienes que volver a tu casa y cuando eso no sucede, ¿qué reacción tenemos nosotros como sociedad? Ahí es donde como organización hemos estado, desarrollando algún par de ideas, pero eso es un tema mucho más colectivo y no guarda relación solo y exclusivamente con el SINTEC." En su declaración, el SINTEC plantea la necesidad de “ avanzar en una legislación que castigue y penalice las malas prácticas en la adaptación de medidas preventivas en el lugar de trabajo y no tan solo acentuar la preocupación por una mayor producción, sino, valorar por sobre todo la vida de quienes salimos todas las mañanas de madrugada a trabajar por el futuro de nuestras familias.” Ver “ Declaración pública SINTEC frente a tragedia en mina El Teniente ” DESAFÍOS DEL MUNDO SINDICAL Respecto a las posibles soluciones, Cristian plantea que esto no se acota a un sindicato, sino más bien  “con varios elementos que hay que ir desarrollando tanto en lo político, en lo programático pero también en los desarrollos de la unidad entendida desde un punto de vista no utilitarista, sino entender cómo podemos cambiar una relación social de una manera distinta.  Y ahí es donde hay un deber súper importante desde el mundo de los trabajadores, desde los sindicatos, desde el sistema en sí, en su totalidad, en donde se desprecia la vida por sobre la plata, así de simple”.  “Entonces, claro, hay muchos detalles técnicos con respecto al accidente de El Teniente que todavía se están estudiando, cuáles fueron las problemáticas técnicas que se dieron ahí, pero de una u otra manera, independiente de cuál sea la culpabilidad o lo técnico, no podemos seguir permitiendo que la gente muera, que nuestros compañeros mueran en función del trabajo”. “Desde ahí nuestro llamado a la unidad, desde ahí nuestro llamado a fortalecer el mundo sindical, a darle cuerpo, darle musculatura y también a darle presencia, o sea, la organización sindical tiene que hacerse parte en todo lo que eso significa, no solamente emulando las leyes o tratando de que hayan leyes nuevas, sino que con un ejercicio de acción directa, que logre que la gente no muera en el trabajo” .  Ver Canal de Youtube SINTEC

Por Observadores de Derechos Humanos Cascos Azules Todas y cada una de nosotras y de nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer y evidenciar los dolorosos hechos ocurridos en aquel tiempo de oscuridad y horror que significó la dictadura cívico-militar. El Estado implementó una política de genocidio sistemático y prolongado que se tradujo en persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y, en última instancia, el exterminio de opositores políticos.   Han pasado 52 años y la falta de voluntad política, sumada a malas decisiones del Estado, han sido obstáculos graves para alcanzar una democracia plena. Aunque en los últimos días hemos visto ciertos avances, estos resultan insuficientes después de tantas décadas de espera.   Nuestro país ha aprendido muy poco de su historia. En los últimos años hemos presenciado el crecimiento del fascismo y, lo que es aún más preocupante, la ausencia de políticas sólidas de protección en materia de derechos humanos.   Hoy, Chile sigue siendo un país que ha perpetuado la injusticia, la impunidad y el sufrimiento, tanto de las víctimas de la dictadura como de aquellas del Estallido Social.  Un país que ha disfrazado su democracia y que ha avanzado muy poco en materia de reparación.   Un país donde 3.227 personas fueron ejecutadas y 1.201 permanecen en condición de detenidos desaparecidos.  No olvidemos a los 307 niños y niñas que fueron asesinados, dónde el menor era un lactante, las 200.000 personas que sufrieron el exilio, y un número indeterminado de  torturados y de prisioneros políticos.   En cuanto a justicia, las cifras son elocuentes: de 1.400 procesados, apenas 117 cumplen sentencia en Punta Peuco, y ninguno de ellos ha entregado información sobre el destino de las víctimas. La impunidad ha permitido que miles de victimarios caminen libremente por las calles, algunos incluso ocupando cargos políticos . Esto ha alimentado a grupos negacionistas que relativizan el golpe de Estado y justifican la tortura y el asesinato.   Como ciudadanía tenemos la obligación de comprometernos con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, de contribuir a una memoria social que rescate el valor de la vida, del diálogo y de la convivencia democrática. Valores que hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad.   Solo con memoria, verdad, justicia y dignidad podremos avanzar hacia la reparación y, quizás, hacia una verdadera reconciliación.   Rebelarse frente a la injusticia dignifica a las personas. Es la mejor manera de honrar a las víctimas y de honrar la vida.

Desde El Pincoyazo compartimos una lectura histórica del golpe de Estado, el papel de las violaciones a los derechos humanos, las principales transformaciones económicas de la dictadura y una reflexión sobre la importancia de fortalecer los circuitos de comunicación popular y la formación política dentro de las organizaciones sociales para aportar en la lucha por una vida digna para quienes creamos la riqueza del país.   El golpe de Estado del 73 dio inicio a una revolución capitalista que hasta el día de hoy define cómo se vive en Chile. El trabajo, la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, entre otras áreas de la vida, siguen ancladas a la forma de sociedad que se diseñó a partir de ese hecho , orientadas a hacer de todas las cosas un nicho de negocio a costa del empobrecimiento masivo.     Violaciones a los derechos humanos: un instrumento   La represión dictatorial se orientó, selectivamente, a perseguir y desaparecer a los opositores políticos y a las dirigencias del movimiento popular. Pero también a generar miedo en la población para impedir cualquier tipo de resistencia a la instalación de políticas empobrecedoras, necesarias para privatizar las empresas públicas y recursos naturales, ampliar los nichos de negocio en la vivienda, salud y educación, incentivar la inversión extranjera y asegurar la acumulación de riqueza a largo plazo.   Esta acción fue clave durante los primeros años de la dictadura. En ese sentido, las detenciones, torturas, desapariciones, fusilamientos y operaciones de guerra psicológica a través de los medios de comunicación deben entenderse como un instrumento que buscó generar las condiciones necesarias para instalar un nuevo modelo de sociedad, y no como un fin en sí mismo.   Algunas políticas empobrecedoras de la dictadura que siguen vigentes:     Privatización de empresas del Estado   Hasta 1982 la dictadura había privatizado cerca de 500 empresas del Estado de los distintos sectores de la economía (financiero, productivo y comercial). Pero cuando llegó la crisis de 1982, volvieron a refugiarse en el Estado, usándolo para salvar a los bancos y con ello a todo el sistema, para luego ser reprivatizados junto a otra serie de empresas públicas, como las de telecomunicaciones (CTC y ENTEL), energía (ENDESA), producción de acero (CAP) y transporte aéreo (LAN-Chile). Entre las pocas que se salvaron están CODELCO, ENAP y el Banco del Estado.   Con esto, se desmanteló casi por completo el rol activo del Estado en la economía surgido desde la crisis de 1930, para dar paso al Estado subsidiario, entregando el protagonismo de todas las esferas de la vida a la empresa privada, en un modelo que hasta hoy define la vida social y es causa de una desigualdad cada vez mayor.     Creación del Sistema de AFP   Se puso fin al sistema solidario de pensiones donde los trabajadores activos sostienen a los jubilados, cargando la promesa de futura pensión por completo a la capacidad de ahorro forzoso de cada trabajador a lo largo de su vida laboral, pero con el fin de traspasar esos recursos (10% del salario) hacia el sistema financiero, sirviendo de dinero fresco para inyectar a las grandes empresas, entre ellas, las recién privatizadas.     Subcontrato y debilitamiento sindical   En 1975 se abrió la puerta a la subcontratación y luego en 1979, con el Plan laboral, se permitió su uso en todas las áreas productivas, lo que apuntó a bajar el costo de la mano de obra pero también limitar la posibilidad de resistencia y, a largo plazo, de recomposición del movimiento sindical, acotando también el alcance de la negociación colectiva, de la huelga legal, que junto a la figura de libertad sindical, que solo fomenta la división entre los trabajadores para desintegrar a los sindicatos, sellaron el debilitamiento del poder de los trabajadores.     Privatización de la Educación   En educación escolar se creó un sistema de financiamiento en base a una subvención estatal por estudiante, que podrían recibir colegios municipales y privados, haciéndolos competir en condiciones desiguales, lo que inició un traspaso masivo de matrícula pública -y con ello de recursos- hacia el sistema privado.   Junto a esto, se traspasó la administración de los colegios desde el Estado central hacia los municipios y, en muchos casos, hacia corporaciones municipales, una forma de privatización encubierta que creó la misma dictadura, como también ocurrió con la salud.   En educación superior, se desarticuló la red de universidades públicas y se orientó a un funcionamiento mercantil, fomentando el negocio de las privadas, junto con crear un sistema de créditos para la educación universitaria y técnico profesional, dirigido a ampliar el mercado a través del endeudamiento de las familias.    Privatización de la Salud   Desde 1979 la dictadura puso fin al sistema público de salud, abriendo paso a un gran mercado de salud privada a través de la creación de las Isapres (seguros) y clínicas (prestadores), que absorberían una gran cantidad de usuarios con capacidad de pago y endeudamiento, y cuyo negocio es alimentado a través de distintas formas de derivaciones desde el sistema público a las clínicas, que son mucho más caras, pero financiadas con recursos públicos.     El análisis a 52 años   Durante las últimas décadas han habido muchos procesos de lucha locales y nacionales por salud, trabajo, vivienda, educación y pensiones, y es importante mirarlas con ojo crítico para identificar sus aciertos y limitaciones.   En muchos ámbitos, las organizaciones populares han logrado alcanzar objetivos, pero principalmente respecto de sus demandas inmediatas y de forma parcial, como es acceder a una vivienda, a una carrera universitaria, a aumentar la cobertura de salud, los salarios y la pensión básica, aspectos que si bien son importantes, no son suficientes para vivir dignamente. En prácticamente todos estos casos, esos objetivos inmediatos no han sido acompañados de avances que realmente fisuren el modelo.   Aunque pueda sonar contradictorio, gran parte de las salidas que ha entregado el sistema político a los conflictos sociales desde entonces ha sido profundizando el modelo heredado de la dictadura , en el sentido de otorgar más recursos y garantías a la empresa privada para atender distintas demandas. Eso ha caracterizado al trabajo del Congreso a lo largo de todo el retorno a la democracia a la hora crear o cambiar leyes en temas como vivienda, salud, educación, trabajo y pensiones.   Esa continuidad histórica, más allá de qué sector político ha conseguido llegar a La Moneda o la mayoría parlamentaria, da cuenta de un   acuerdo transversal por resguardar la salud del sistema político, pero sobre todo del modelo neoliberal , lo que luego fue reafirmado con el acuerdo del 15 de noviembre post estallido social, en particular con el rol jugado por el Frente Amplio.   Con esta reflexión no pretendemos cuestionar esos procesos de lucha, sino mirarlos desde una visión crítica para contribuir al fortalecimiento de los procesos actuales y futuros. Por eso es que, algo que nos parece importante evaluar es si a través de estos distintos procesos de lucha se ha logrado crear y fortalecer movimientos populares que trasciendan a un determinado conflicto .   Si bien abundan experiencias de diverso tipo, el panorama no es muy alentador visto en una perspectiva histórica más amplia, porque muchas veces esos movimientos han terminado siendo instrumentalizados, desviando el foco de su acción hacia distintos fines, y no solo electorales, lo que ha limitado sus alcances y, en muchos casos, los ha llevado a desaparecer de la historia.   Para avanzar hacia una vida digna es necesario fortalecer las distintas organizaciones que surgen desde el mundo popular. Y en ese trabajo, es fundamental mirar hacia atrás, entender cómo se diseñaron las políticas que hoy nos amarran a la pobreza material y a la exclusión política para contribuir a pensar en distintas formas que nos permitan transformarlas . Para esto es fundamental que los movimientos populares tengan larga vida, trasciendan a una determinada lucha y puedan madurar.   Junto a esto, es fundamental entender que la participación popular se da mediante la organización, el estudio, la planificación y la movilización, entre otras acciones que van mucho más allá de votar cada cuatro años . En ese sentido, es importante tomar el peso que tiene el modelo neoliberal en cuanto a que aún mantiene en el sentido común de la población la idea de que el voto es la principal herramienta para hacer cambios, y no el protagonismo de la misma mayoría organizada, pese a que tras cada elección la realidad material indica lo contrario, cambian los gobiernos y lo único que cambia realmente es la hora de invierno.   Para fortalecer el campo de las organizaciones populares hoy, también urge trabajar de manera más intensa en la formación política de ellas y en ampliar los canales y espacios de discusión honesta y fraterna de estas, un ejercicio en el que creemos hoy estamos al debe como pueblo, aislados en nuestras peleas inmediatas, pero sin mirar y pensar más allá lejos.   En esta tarea buscamos contribuir desde El Pincoyazo, alimentando el circuito de comunicación popular , dando tribuna a las voces que luchan, entregando herramientas para la formación dirigencial y poniendo sobre la mesa información y reflexiones que no siempre están a la mano, para así contribuir al debate informado en nuestras poblaciones y territorios.

Un reportaje de CHV reveló que Patricio Góngora, director de Canal 13, encabeza cuentas falsas en redes sociales diseñadas para difundir masivamente mentiras en favor de José Antonio Kast. En 2024 registra publicaciones en favor de Max Luksic (UDI) cuando era candidato a alcalde por Huechuraba, tras dejar su cargo en Canal 13. Un reportaje de CHV reveló una red de cuentas de redes sociales ligadas al Partido Repúblicano de José Antonio Kast, articuladas para difundir mentiras y atacar a adversarios políticos, las cuales estarían dirigidas por Patricio Góngora, periodista de profesión y hasta hoy parte del directorio de Canal 13. Patricio Góngora es un hombre de confianza de Andrónico Luksic -dueño de Canal 13 y padre del alcalde de Huechuraba, este último, quien presidió el directorio del canal hasta unos meses antes de postularse a alcalde-. Un artículo del medio Reportea expone que durante las elecciones municipales de 2024, la cuenta de Góngora, "Patito Verde", dedicó varios posteos a atacar la administración del entonces alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD) , utilizando información obtenida por transparencia para denunciar supuestos hechos de corrupción. En el pasado, Góngora fue editor general de Mega , trabajó en Radio Agricultura, fue encargado de comunicaciones del Ministerio de Vivienda durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y ejerció como Gerente de Comunicaciones en la Asociación de AFP . Desde abril de 2023 hasta hoy formaba parte del directorio de Canal 13 , cargo al que renunció tras la divulgación de estos hechos. LA ORQUESTA DE BOTS En la plataforma X (ex twitter), Góngora se hacía llamar " Patitoo_verde", registrando más de 92 mil publicaciones. Según la denunciante, luego de obtener distinto tipo de información, "esta cuenta de Patito Verde les devuelve la información (a las otras cuentas) dándoles la minuta de lo que se va a hablar en el día”, lo cual daría cuenta del rol de director de orquesta de las mentiras y ataques difundidos por redes sociales. Perfil de "Patitoo_verde" en la plataforma X (ex Twitter) Junto a "Patito Verde" -imagen de un pato musculoso-, trabaja también Ricardo Inaiman Barrios a través de la cuenta "Neuroc" -imagen robótica con sombrero negro-, quien además de tener una condena por golpear en el suelo a su propia madre, durante el reportaje no desmiente las acusaciones luego de ser interpelado, mientras en su perfil en X asume su vínculo con el proyecto Republicano. Perfil de Neuroc en plataforma X (ex Twitter) A estos se suma la cuenta "Dress", cuya identidad real aún no se conoce y que usa de imagen a Cell, personaje de Dragon Ball. Los tres personajes, aparecen en la foto de perfil de la cuenta de "Patito Verde", lo que reforzaría el rol de este personaje planteado por la denunciante, cuya fuente, a su vez, sería el propio Ricardo Inaiman (Neuroc). VÍNCULOS CON TODA LA DERECHA En el mismo artículo de Reportea se expone que tras la publicación del reportaje de CHV, “Dress” publicó el pantallazo de un chat, llamado “Voces x Evelyn”, donde se lee que Karla Rubilar —exministra del segundo gobierno de Sebastián Piñera— escribe sobre las reacciones luego de su emisión. La misma cuenta anónima agregó otro pantallazo: un mensaje que le envió Christian Pino, pareja de Rubilar, al mismo “Dress” por el chat interno de X: “ Quedo en deuda contigo para lo que necesites, cuando requieras me lo puedes pedir con confianza ”. Pantallazo de un chat entre «Dress» y Christian Pino, pareja de Karla Rubilar. Previamente, en una transmisión realizada en redes cuando desde el comando de Matthei habían declinado la presentación de una querella, el mismo “Dress” comentó: “Yo sabía que no se iban a atrever a denunciar ni a querellarse, no tenían ninguna posibilidad de hacerlo (…) lo único que hice fue poner un tuit, así medio camuflado (…) si presentan una denuncia, yo voy a liberar mi DM, voy a mostrar todos los DM que me mandan todos los diputados de RN y de la UDI”. La exposición de esta red de bots para difundir mentiras y mensajes de odio que buscan imponer agendas políticas y ganar elecciones, como ya se comprobó que ocurrió en Estados Unidos y Brasil, es una tendencia que va al alza y que representa serios riesgos para el debate público en base a información veraz, porque en definitiva, para quienes impulsan estas agendas, la verdad no solo no tiene valor, sino que distorsionarla es una necesidad para reproducir su poder.

El Pincoyazo publica la presentación que el Municipio expuso al concejo municipal sobre la nueva Corporación Municipal que administrará los recintos deportivos y culturales y que podría significar una limitación en el libre acceso que hoy tiene la población. El pasado viernes 22 de agosto el concejo municipal de Huechuraba aprobó la creación de una nueva corporación municipal para administrar las áreas de cultura y deporte municipal, figura que opera legalmente como una empresa privada, pero que administra recursos públicos que son traspasados desde el presupuesto municipal.   Esta decisión se tomó de forma rápida, sin ser informada ni consultada a la comunidad, y una vez que se esparció la noticia, rápidamente generó una indignación masiva producto de las decenas de casos de corrupción que se han conocido en corporaciones municipales de todo el país, ya que sus niveles de transparencia y rendición de cuentas siguen siendo menores a las que tiene un municipio, además de que sus decisiones no pasan por el concejo municipal.   Ver Avanza la privatización: concejala PS dio quorum a Luksic para aprobar la Corporación Municipal de Cultura y Deporte en Huechuraba     Tras el rechazo popular a la nueva corporación, el alcalde Max Luksic (UDI) decidió salir a desmentir la noticia:   “Hay personas que maliciosamente están difundiendo noticias falsas. Ningún vecino va a tener que pagar para usar lo que hoy es gratuito. Las 7 canchas, el planetario y el centro cultural seguirán siendo gratuitos para nuestros vecinos. La nueva corporación no es privatización, es más estabilidad laboral para nuestros trabajadores” , dijo el alcalde Max Luksic en un video difundido en sus redes sociales.   Pero el propio documento expuesto por el Municipio a los concejales a la hora de presentar la nueva corporación dice que parte de los ingresos de la gestión futura provendrán del “arriendo de recintos y equipos”  y de la “venta de entradas y posible merchandising” de eventos y ferias, entre otras actividades a realizarse en los recintos deportivos y culturales, que son los bienes que administrará la corporación municipal (ver imagen Nº1).     Imagen Nº1   En otra de sus láminas, el documento también expone que, como parte de sus estatutos, la corporación podrá “concesionar los espacios físicos y/o de servicios” , como también “establecer derechos y cuotas de uso en todo o parte de la infraestructura” , lo que deja en evidencia que, por una u otra vía, sí se verá afectado el libre acceso a espacios como las siete canchas que hasta hoy tiene la población (ver imagen 2).     Imagen Nº2 Revisa acá el documento completo:

Los vecinos de la Comunidad Jorge Luis Borges de Huechuraba denuncian el actuar negligente de la Constructora OVAL, que levanta un proyecto de viviendas al costado de las suyas y cuyas obras ha generado serios daños a sus viviendas. “No estamos en contra del proyecto ni las familias que llegarán, sino manifestándonos por la falta de respuesta de la constructora”, aclaran. Proyecto de constructora OVAL y Comunidad Jorge Luis Borges en Huechuraba. “ Desde abril de 2024, cuando iniciaron las obras, con las vibraciones se dañaron mucho las viviendas, en Alberto Undurraga y Los Franciscanos, generando caídas de cerámicas, desprendimiento de fragües, rotura de cañerías, que se llegaban a reventar, y a la fecha ninguna casa ha sido reparada a pesar de las mesas de trabajo, correos y actas de compromisos de la constructora” , dice Glenda, una de las vecinas afectadas.   Al costado de sus casas se levanta un proyecto de vivienda a cargo de la Constructora OVAL, una empresa que tiene también otros proyectos en Huechuraba y en varias otras comunas de Santiago.   “Nosotros en ningún caso estamos manifestándose contra el proyecto de vivienda ni las familias que van a llegar, sino netamente por la falta de respuesta de la constructora por los daños que han sufrido nuestros hogares”   producto de las obras, aclaran los vecinos que acudieron al Pincoyazo para hacer visible su problema.     COMPROMISOS NO CUMPLIDOS POR OVAL   Los vecinos de la Comunidad Jorge Luis Borges, denuncian que se han reunido varias veces con la empresa, y que esta ha comprometido distintas acciones, pero que en su gran mayoría no se han materializado.   “De los plazos que ellos establecieron no se cumplió nada, la desratización ha sido parcelada y finalmente está quedando bajo criterio de ellos lo que reconocen como daño por la obra. De los plazos comprometidos en sus correos no se cumplió ninguno”,  agregan los vecinos.   Correos de OVAL hacia los vecinos afectados La urgencia de las familias responde a que, una vez entregadas las obras, la constructora se lavará las manos, dejando el problema a quienes lleguen a habitar el proyecto. Por eso es que la negligencia de la empresa, además de dañar sus viviendas, podría condicionar negativamente la relación entre los futuros vecinos, que desde ambos lados se verán afectados por la disminución de costos que decidió priorizar la constructora OVAL.

En entrevista para El Pincoyazo, la secretaria general de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), se refiere a los riesgos que implica el traspaso de Cultura y Deporte municipal hacia la nueva Corporación Municipal aprobada, y cómo podría afectar tanto a trabajadores como a toda la comunidad. Lorena Menares, Secretaria ASEMUCH El alcalde Max Luksic (UDI) pretende privatizar las áreas de deporte y cultural de Huechuraba, traspasándolas desde la administración municipal hacia una privada, a través de la creación de una Corporación Municipal. Esta misma mañana de viernes está citada una segunda votación del Concejo Municipal para zanjarla. Ver acá “ Nueva Corporación Municipal en Huechuraba permitirá la concesión de recintos como Las 7 Canchas y Centro Cultural La Pincoya” El Pincoyazo entrevistó a Lorena Menares, secretaria general de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) , para saber cómo la corporación afectaría a la comunidad y también a los trabajadores municipales que serían traspasados, y sobre los cuales el municipio prometió solo mejoras en sus derechos laborales. ¿Cuántos trabajadores y con qué tipo de relación contractual serían traspasados hacia la Corporación Municipal? “La cantidad de trabajadores que van a ser traspasados eventualmente a la corporación son cerca de 75 personas y hoy día desarrolla labores en calidad de honorario en la Municipalidad de Huechuraba, específicamente en el área de deporte, cultura y fomento productivo”. El alcalde Luksic (UDI)  ha dicho que este traspaso solo traería mejoras en derechos laborales para los trabajadores por el hecho de pasar al Código del Trabajo.   ¿Es así? ¿Cómo ves tú ese traspaso? ¿Existe alguna obligación del municipio de generar un contrato de trabajo o podrían mantenerse bajo la figura de honorarios? “Lo primero que hay que señalar es que cualquier cambio de contrato para cualquier trabajador es un riesgo , primero porque los honorarios que hoy día desarrollan labores en la municipalidad ante un eventual despido pueden reclamar en tribunales por confianza legítima, sobre todo porque la mayoría de ellos tiene más de 5 años en el municipio.  Sin duda alguna, el Código del Trabajo es una muy buena figura laboral porque tiene otras garantías que el honorario no tiene. Pero la dificultad mayor está en la confianza que pudieran tener estos trabajadores respecto de que la corporación les va a respetar la permanencia . Entonces hay bastante temor en un gran grupo de trabajadores de que pueden ser traspasados a la corporación y eventualmente se le pueda poner término a su contrato, con un rut distinto”. ¿El traspaso de cultura y deporte municipal hacia una gestión privada podría abrir espacio a la corrupción? “Mira, sigue siendo una corporación de carácter municipal, o sea, va a administrar recursos públicos con la figura privada, por lo tanto los peligros son evidentes. Desde el año 2017 a la fecha hay más de 35 casos de corrupción que involucran a corporaciones municipales , una de las más recientes ocurre en Rancagua con la Corporación de Educación, Salud, Deporte y Recreación.  ¿Y qué se produce en la mayoría de estas corporaciones? Sobreprecio en los contratos de servicios o licitaciones a la medida, por ejemplo . Ese tipo de situaciones se produce. Y evidentemente el recurso público que es administrado por una corporación siempre tiende a tener un uso que no está al 100% fiscalizado por el servicio público que lo transfiere”. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como trabajadores y trabajadoras públicos? ¿Qué visión tienen en torno a las corporaciones más allá de este caso particular?  “La visión nuestra es la defensa del servicio público, porque el servicio público tiene un objetivo final que es llegar a las familias más necesitadas. Entonces, si yo transfiero ciertos servicios a una corporación, al final del día voy a tener que cobrar por ciertos servicios y bajo la lógica nuestra como servidores públicos, creemos que la gente debe acceder a beneficios de estas áreas de manera gratuita”. En su presentación el alcalde dijo que inversiones como el café literario o el planetario representaban sólo un costo y ellos, como nueva administración, vienen a generar un modelo de negocio para toda esta infraestructura. Y para eso, se habla de la posibilidad de concesionar algunos bienes y servicios en estas áreas de deporte y cultura. Entonces, ¿abriría espacio la corporación municipal a que recintos municipales puedan ser concesionados y en algún momento exigirse un cobro y no tener un uso gratuito como lo tienen hoy?   “Eso es factible. Ahora, no está dentro de lo que ellos presentaron como parte del proyecto, porque lo único que nosotros hemos conocido es el proyecto de creación de la Corporación. No se ha llegado a ese detalle aún. Sin embargo, y si el alcalde lo mencionó, es porque probablemente ellos ya lo tienen en su plan de gestión, pero el resto no lo conocemos a ese nivel de detalle. Si se puede producir eso. Yo (como municipio)  puedo, a través de una Corporación Municipal, concesionar servicios. No estoy diciendo que necesariamente en esta corporación pueda ocurrir, pero sí se habilita esa posibilidad con la creación de una Corporación. O sea, eso es posible que ocurra ”. La creación de la Corporación sí habilita la concesión de servicios. Por ejemplo, yo creo una corporación con un rut distinto al municipal y esa corporación tiene un directorio que va a administrar los recursos que van a ser transferidos desde la municipalidad y desde otras organizaciones privadas ¿cierto? Aportes de empresas y fundaciones para colaborar en el desarrollo de la gestión que va a hacer esta corporación. Bajo esa lógica la Corporación debe generar ingresos y claramente puede concesionar las 7 canchas, el gimnasio, el café literario, el centro cultural para obtener ingresos, para seguir haciendo gestión en la misma área. Eso se puede producir y eso va a significar que al final del día va a tener un costo para las vecinas y los vecinos”.   Para nosotros lo más importante en esto de la creación de una corporación, es que la decisión que van a adoptar las autoridades políticas siempre está pensada en el beneficio de la comunidad. No podemos hoy día a priori decir, ¿sabes qué? Esta corporación va a ser un fracaso, porque todavía no se resuelve, pero sí podemos decir que deben entregarse garantías a las vecinas y los vecinos respecto de los beneficios y derechos que hoy día tienen, y que no deberían ser limitados a través de corporaciones, concesiones y estos temores propios que aparecen cuando se generan estas figuras nuevas que hoy día van a la baja. Porque hoy en día las corporaciones están en retroceso, no se están creando.   Pero además porque Huechuraba tiene una historia de avanzar en derechos sociales en beneficio de la población. Y pongo un ejemplo: se compró un colegio. Entonces,  esto de   crear la corporación es traspasar elementos del ámbito público al privado, y no estamos acostumbrados como comuna a trabajar bajo esa figura. Al final del día, lo que a nosotros nos importa como funcionarios del área pública es que las vecinas y los vecinos no retrocedan en derechos ni en beneficios”. Bajo las condiciones actuales, si se aprueba crear la corporación, ¿crees que están aseguradas esas condiciones para los vecinos y vecinas? ¿Y qué opinas del hecho de que esto no se haya sometido a algún tipo de consulta pública?  “Lo primero que les tengo que comentar es que lo que nosotros conocemos de la estructura de la corporación, tiene que ver con la presentación de un marco legal, en la que se habla sobre esta estructura legal en la que se va a sostener, el cómo se va a fiscalizar. Si bien hoy en día las corporaciones tienen una regulación que es distinta, que es más amplia que la que tenían las corporaciones anteriormente, que no ha evitado todos los escándalos de fraude ni nada de eso, y además la estructura de gestión. Pero no tenemos otro detalle, no hay informes técnicos, no hay informes financieros y desconozco si el consejo los tiene, pero por lo menos nosotros como representantes de los trabajadores nunca los tuvimos a la vista y por lo tanto no tenemos el detalle y no podemos emitir opiniones en ese sentido.  Sí, nos siguen quedando dudas respecto del financiamiento, respecto de la estructura, respecto de todo lo que se nos ha consultado, porque no está a la vista y eso evidentemente a nosotros como del servicio público nos genera dudas,  nos quedan dudas respecto de las decisiones que puedan adoptar las autoridades sin tener antecedentes, que al menos nosotros como trabajadores consideramos que son importantes”.

La única vía para que hoy no se aprobara la corporación era que los 4 concejales que habían rechazado no asistieran al concejo, pero para sorpresa del FA, PC y PPD, la concejala del PS, Javiera Jiménez, llegó a dar el quorum para sesionar. Si bien votó rechazo, permitió que se apruebe la corporación con 4 de los 9 votos del concejo. Sesión del Concejo Municipal donde se aprobó la Corporación Municipal de Cultura, Deporte y Fomento Productivo de Huechuraba. Luego del empate de 4 votos a favor y 4 en contra ocurrido el pasado miércoles 20 de agosto, el alcalde Max Luksic (UDI) citó a una segunda votación para buscar zanjar la disputa. La oposición a él, compuesta por las concejalías del PS, PPD, FA y PC, debían esperar que la concejala Kaelin (PL) rechazara para así alcanzar la mayoría, o bien no presentarse a dar el quorum para sesionar, y así extender la discusión, por ejemplo, exigiendo mayores antecedentes en temas que según han declarado, no tienen claridades, como ocurre con la ausencia de informes financieros de la nueva corporación. Según fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato, habría existido un acuerdo de estos partidos (PS, PPD, FA y PC) para no dar el quorum, y de esa forma evitar la aprobación hoy, pero para la sorpresa de los comunales de la alianza de partidos que gobierna La Moneda, la concejala Javiera Jiménez (PS) llegó a sesionar, permitiendo dar el quorum mínimo de 5 concejales más el alcalde, y así entregar a Max Luksic su primera victoria como alcalde en una sesión que duró solo 12 minutos. Ver acá C oncejo Sesión Extraordinaria N°14 del dia Viernes 22 de Agosto del 2025 Con esta aprobación, los recintos de Cultura y Deporte pasarán a ser administrados por la Corporación Municipal dirigida por el alcalde, pudiendo ser concesionados con el fin de generar ingresos, lo cual puede ocurrir en el mediano o largo plazo, pero lo importante es que la puerta ya se abrió. Ver Nueva Corporación Municipal en Huechuraba permitirá la concesión de recintos como Las 7 Canchas y Centro Cultural La Pincoya INCONSISTENCIAS DEL PROCESO Uno de los argumentos que señalaron las concejalías que rechazaron el miércoles, es que durante las comisiones donde se expuso el proyecto de corporación municipal no se habrían presentado informes financieros que detallaran de forma más clara el traspaso de recursos y el plan de negocios para los distintos recintos al que aludió el alcalde en el concejo municipal. Por otro lado, si bien el alcalde ha dicho que el traspaso de los trabajadores a honorarios de estos departamentos hacia la corporación solo traería mejoras en derechos laborales al regirse por el Código del Trabajo, lo cierto es que no hay ninguna obligación ni garantía, más que la palabra empeñada, de que todos los trabajadores de estos departamentos serían traspasados bajo una relación de contrato estable, lo cual sería motivo de dudas y reparos en parte de los trabajadores. Mapa de Las 7 Canchas y Gimnasio Municipal, dos de los recintos que podrán ser concesionados y cobrar por su uso en el futuro si así lo decide la Corporación Municipal como parte de su plan de financiamiento.

Para este viernes 22 a las 9:30 AM está citada una nueva votación del concejo municipal luego de un empate. De acuerdo a la presentación del municipio, si se aprueba la Corporación Municipal se podrán concesionar recintos públicos de cultura y deporte para generar ingresos, lo cual afectaría a toda la población, limitando su libre acceso. Complejo Raúl Inostroza de Huechuraba, más conocido como Las 7 Canchas. El pasado miércoles 19 de agosto, el Concejo Municipal de Huechuraba votó la propuesta del alcalde Max Luksic (UDI) de crear una Corporación Municipal de Cultura, Deporte y Fomento Productivo, resultando un empate de 4 votos a favor (oficialismo) y 4 en contra (oposición), y una inhabilitación de la concejala Elisa Kaelin, quien se justificó señalando estar a la espera de una asesoría legal. Lo que ocurre en Huechuraba es una particularidad a nivel nacional, porque las corporaciones municipales son figuras que lejos de ir en auge, van de retirada, luego de decenas de casos de corrupción asociados a ellas , por el hecho de que no están sujetas a las mismas obligaciones de rendición de cuentas y fiscalización que tienen los municipios, ya que son personas jurídicas de derecho privado, equivalente a una empresa privada. LA AMENAZA DE LA CONCESIÓN DE RECINTOS PÚBLICOS La propuesta de la corporación municipal contempla la posibilidad de concesionar los espacios físicos y servicios asociados a estas áreas en las áreas de deporte y cultura , tales como Las 7 Canchas, el Centro Cultural La Pincoya, el Planetario, el Café Literario, la Biblioteca Municipal, entre muchos otros recintos bajo la tutela de los departamentos de cultura y deporte, hoy bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del Municipio. Mapa de Las 7 Canchas y el Gimnasio Municipal, dos recintos que podrían concesionarse si el concejo municipal aprueba la nueva Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento Productivo. Concesionar un espacio que es público quiere decir que se entrega su administración y gestión a una empresa privada, con el objetivo de generar ingresos a través de los servicios que entrega ese espacio . Concretamente, esto significaría que para acceder a ellos habría que pagar una entrada o un arriendo, dependiendo del uso que estos tengan. En otras palabras, lo que hoy es de uso común y gratuito, al ser concesionado pasa a ser presa del negocio , y en este caso, para una corporación que no se rige bajo las mismas exigencias de rendición de cuentas que un municipio, abriendo un espacio amplio para servirse de ella no solo para generar negocios, sino también para usarla con fines políticos. CORPORACIÓN: SIN TRANSPARENCIA NI PARTICIPACIÓN El traspaso a un ente privado de áreas tan importantes como la cultura y el deporte no es una decisión menor, pero entonces ¿por qué no se le preguntó a los vecinos de la comuna si quieren que se cree una corporación municipal? Si una corporación solo trae cosas positivas para la comunidad y los trabajadores y trabajadoras, como dice el alcalde UDI y los concejales de RN, Evópoli y del Partido Republicano, entonces, ¿por qué no se ha informado en sus redes sociales de forma clara y transparente?, ¿por qué no se han realizado actividades informativas donde se abra la participación a quienes se verán afectados por esta decisión? IDENTIDAD POPULAR Los recintos deportivos y culturales no solo son infraestructura pública, sino que también forman parte de la historia e identidad de quienes habitamos en nuestras poblaciones y en toda Huechuraba, porque por estos espacios han pasado generaciones, se han aprendido habilidades, se han recreado miles de infancias y juventudes, han sido también tribuna de la expresión artística y la competencia deportiva. Todo esto es patrimonio popular, y abrir la puerta a su privatización es un acto cruel y que demuestra un desconocimiento profundo de la población y sus habitantes.