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Luego de 3 meses de lucha para exigir que dueños del terreno (Muni y Juan Riesco) se hagan cargo de limpiar y cerrar el sector donde se ubica el macrobasural frente a la población El Bosque 2, la Junta de Vecinos informa los avances logrados tras las gestiones realizadas en defensa de su territorio a través de jornadas informativas a la comunidad, denuncias y fiscalización. JJVV Bosque 2, Rene Schneider. A pesar de que  Riesco y la Municipalidad de Huechuraba no acataron el sumario de la Seremi de Salud RM y decidieron apelarlo (el sumario de Seremi de Salud dice que Riesco y la Municipalidad de Huechuraba deben limpiar el basural en 7 días, hacer cierre perimetral en 30 días y pagar (80 UTM) 5 millones en multas por permitir en sus terrenos un foco de infección sanitaria que atenta contra la salud de la población)  extendiendo el problema del basural, de igual manera han comenzado a sacar parte de las cientos de toneladas de basura acumulada, y junto al Cementerio, hicieron un cierre perimetral con malla de gallinero que si bien delimita el terreno, es muy precario para dar la seguridad que exige la comunidad. Cabe recordar que luego de dos reuniones con directores municipales y el concejo municipal, el Municipio dirigido por Carlos Cuadrado aún no responde formalmente a la Junta de Vecinos la información solicitada por futuros proyectos de ensanche y área verde en el sector, como tampoco de los plazos en que se resolverá el basural que se mantiene como foco de inseguridades: plaga de ratones, incendios y consumo de drogas.

Muchos saben que Max Luksic se pasea por las calles de Huechuraba comprando votos, pero muy pocos conocen su propuesta para eliminar la población y reemplazarla por proyectos inmobiliarios ABC1 y de Integración Social para quienes pueden endeudarse. En su programa, Luksic reflota un viejo anhelo de la Ciudad Empresarial: comprar terrenos de familias pobladoras, comenzando por El Barrero para avanzar hacia La Pincoya, para luego construir edificios destinados a personas de altos ingresos y con capacidad de endeudamiento. Para los pobladores, la moneda de cambio que ofrece son subsidios de arriendo, algo que ni siquiera depende de la Municipalidad, sino del SERVIU, pero que lejos de ser una solución al hacinamiento, solo traslada el problema hacia otra comuna, desarraigando a las familias sin casa y sin capacidad de endeudarse a 30 años para acceder a un techo. En otras palabras, la propuesta consiste en desplazar a las familias pobladoras y densificar la comuna con guetos verticales, tal como lo hizo su actual asesor Rodrigo Delgado en Estación central, por supuesto en beneficio del negocio inmobiliario. Más allá de las bolsas en la feria, una que otra cama clínica o la promesa de viajes al extranjero para algunos, lo cierto es que Max Luksic representa un empeoramiento no solo para la lucha de los sin casa, sino también para quienes dieron origen a nuestra comuna.

El Centro Educacional de Huechuraba es el único colegio público con educación media en la comuna. Uno de los grandes problemas en Huechuraba es el acceso a la educación media en colegios públicos, ya que solo existe el Centro Educacional Huechuraba con 410 matrículas de enseñanza media. Esto obliga a cientos de jóvenes a viajar todos los días a otras comunas para poder estudiar, generando diferentes problemas en el día a día de las familias pobladoras, que están obligadas a desembolsar más dinero para el transporte, más tiempo en sus recorridos y más preocupación en cuanto a seguridad. Lejos de avanzar en esta dirección, la comuna ha ido aumentando la matrícula de colegios particulares subvencionados y particulares pagados, misma tendencia que ocurre a nivel nacional, donde solo el 35% de la matrícula de la enseñanza básica y media se concentra en colegios públicos. Esto demuestra que en Huechuraba la educación está ausente de la planificación urbana. Los índices demográficos de la comuna muestran un aumento considerable de la población a través de los años, proceso que está lejos de detenerse. ¿Cuál es el problema? Por una parte, los colegios y liceos se encuentran hacinados dada la demanda de estudiantes, lo que provoca agobio laboral a las trabajadoras y trabajadores de la educación, que deben cargar con la responsabilidad de generar procesos de aprendizaje hasta con más de 40 estudiantes por sala. Es necesario, de manera urgente, la creación de nuevos establecimientos con enseñanza básica y media de buena calidad, para que las y los estudiantes no sean expulsados fuera de la comuna en busca de un derecho tan esencial como lo es la educación.

El pasado fin de semana se realizó el XV "Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares y Autónomas" (ELAOPA) en la población La Bandera de San Ramón, que aglutinó a más de 150 organizaciones de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para compartir experiencias de organización y lucha territorial, sindical, estudiantil, socioambiental y feminista, junto con discutir el actual momento político y posibilidades de unificar las luchas por una vida digna. El ELAOPA surge el año 2003 como una alternativa al Foro Social Mundial (FSM), por no ser representativa del mundo popular, sus organizaciones y sus luchas, haciendo necesaria la organización de una instancia autónoma de los sectores empresariales, partidos políticos y ONGs que se convocaron en el FSM, para potenciar los procesos de lucha bajo la autonomía de clase.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró admisible tres solicitudes de vecinos para que se invalide el permiso ambiental del centro de datos de Amazon en Huechuraba por sus efectos negativo para la población y su entorno. Hasta el jueves 07 de noviembre tienen plazo los demás vecinos que hicieron observaciones contra el proyecto para hacerse parte de este proceso de invalidación donde El Pincoyazo ha actuado como patrocinante de la comunidad facilitando el acceso a la información y a abogadas/os. Efectos negativos del proyecto: Daño a la salud respiratoria por altas emisiones de contaminantes Inseguridad ante siniestros por 412 mil litros de combustible almacenado en generadores de emergencia Mala evaluación de impactos ambientales en general al no evaluar de manera conjunta el centro de datos con las torres de alta tensión que este necesita Riesgo de remoción del cerro por excavaciones para construir un circuito de 4 km de torres de alta tensión en La Pincoya sobre el canal El Carmen Aumento de tiempos de traslados para entrar y salir de la comuna por gran cantidad de camiones durante etapa de construcción La excusa de la empresa es la generación de empleos, pero lo cierto es que el proyecto en operación no contará con más de 50 trabajadores que poco y nada ayuda a revertir el desempleo en la comuna, y que en vista de los procesos de automatización, con los años solo irán a la baja. ¡NO A AMAZON EN HUECHURABA!

Este sábado 26 de octubre las familias del Movimiento Solidario Vida Digna se reunieron a estudiar la Ley N°21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, reconociendo conceptos y contenidos en busca de anticiparse al diseño y estructura comunitaria de su futuro barrio de 800 viviendas. La jornada tiene como objetivo acercar herramientas de estudio a las familias, fortaleciendo el aprendizaje y ayudando a identificar la importancia de la responsabilidad individual y colectiva para construir una comunidad organizada y segura. Estos espacios juegan también un rol de ser instancias donde los futuros vecinos puedan compartir y conocerse, así como también proyectar y pensar en conjunto el futuro barrio dónde habitarán. La Ley de Copropiedad establece algunas obligaciones que muchas veces se vuelven una limitación para la forma organizativa que quieren darse las familias pobladoras. Por ejemplo, exige la distribución del proyecto en copropiedades de máximo 160 viviendas, lo que obliga a una distribución más fragmentada del barrio y también de la gestión de los bienes comunes, como son las áreas verdes, las sedes sociales, los ascensores y todo lo que rige la vida comunitaria. VIDEO JORNADA

Durante la pandemia, a inicios del año 2022, una investigación del Pincoyazo denunció que el Helipuerto de Juan Riesco y los ex ministros de Piñera, Alfredo Moreno y Félix De Vicente, además de generar ruidos molestos, operaba sin papeles al día. Desde entonces, la comunidad organizada comenzó a movilizarse para clausurarlo, a través de distintas acciones, que incluyen cuatro demandas judiciales aún pendientes de ser resueltas por la Corte de Apelaciones y Corte Suprema, pero que ya han dejado constancia de que se vulneran los derechos de los vecinos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con todos los efectos que eso genera sobre la salud mental. En todo este proceso, la anterior gestión de Carlos Cuadrado (PPD), junto a su directora de Obras Municipales, Daniela Cañas, adoptó una defensa acérrima del Helipuerto, rechazando todas las solicitudes vecinales, perdonándoles las multas cursadas y que demostraban ilegalidades, junto con extender dos veces su permiso provisorio de obras, toda vez que esa zona de la comuna no permite instalar un Helipuerto, de acuerdo al Plan Regulador Comunal de la propia Municipalidad. Durante enero de 2025, mientras la SEREMI de Vivienda RM mantiene abierto un proceso para invalidar la última extensión del permiso al recinto, la Municipalidad cursó dos nuevas multas al Helipuerto, por realizar su negocio sin contar con recepción final ni patente comercial. De esta forma, el nuevo alcalde Max Luksic (UDI) busca desmarcarse del blindaje que la gestión anterior realizó sobre el Helipuerto, atendiendo el generalizado rechazo que este genera en la población. Durante años los vuelos recreativos de empresarios y familias ABC1 perturbó el descanso de miles de vecinos, generando miedo por el peligro de accidentes ante vuelos que pasaban a baja altura por encima de los hogares, provocando crisis de personas con Trastornos del Espectro Autista y de sensibilidad, cuyas denuncias nunca fueron atendidas por las autoridades, pero sí defendidas por la comunidad organizada. De acuerdo al decreto de clausura, las aeronaves deberán dejar de despegar y aterrizar en el recinto desde este viernes 24 de enero.

El pasado 10 de septiembre, la División de Desarrollo Urbano (DDU) del  Ministerio de Vivienda  emitió la Circular 461 para aclarar cómo se debe aplicar el permiso de obras provisorias por el que el Helipuerto de los ex ministros de Piñera y Juan Riesco ha podido funcionar durante 5 años, afectando la calidad de vida de familias de Huechuraba y Recoleta. La circular dice que el permiso no se puede entregar a cambio de cumplir exigencias legales en el futuro, como es el hecho de no tener una recepción final. En otras palabras, ha incumplido la Ley de Urbanismo y Construcción y aún así la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba le ha extendido dos veces la vigencia del permiso de edificación. Ha sido la propia Dirección de Obras la que ha cursado dos infracciones al Helipuerto por no tener recepción final en septiembre de 2020 y diciembre de 2021, justo después de que El Pincoyazo denunciara su funcionamiento ilegal. Infracciones que, curiosamente, luego fueron perdonadas por el Juez de Policía Local de Huechuraba. Pero, además, la circular reafirma que el permiso se puede extender por una sola vez, por lo cual no se entiende cómo la directora de Obras Municipales, Daniela Cañas, extendió el permiso por segunda vez en marzo de 2024, interpretando la ley a su antojo. Y peor aún, lo hizo a pesar de que la Corte de Apelaciones sentenció que el Helipuerto viola el derecho de los vecinos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo cual no sería un caso calificado que justifique una extensión de su permiso en vista de los ruidos molestos y el peligro que representa por su cercanía con miles de viviendas. Si el Ministerio de Vivienda ya se pronunció, ¿qué espera la directora de obras, Daniela Cañas Messen, y el alcalde Carlos Cuadrado (PPD) para clausurar el Helipuerto y mandar a demolerlo tal como dice la ley?, ¿o es que para Juan Riesco y los ex ministros de Piñera la ley es letra muerta?... Juan Riesco y Carlos Cuadrado

Max Luksic, candidato a alcalde de Huechuraba 2024. En Huechuraba viven más de 120 mil personas pero solo hay un colegio municipal con enseñanza media, lo que obliga a muchos jóvenes a tener que salir de la comuna todos los días para poder estudiar. Este es un problema importante en educación, y que también genera problemas en el transporte y la seguridad, pero nada de eso dice el programa de Max Luksic. Y no es solo porque recién esté conociendo la comuna, sino porque su proyecto municipal no pretende mejorar la educación. Más bien, busca asegurar mano de obra barata para la Ciudad Empresarial y seguir expandiendo el negocio con la educación a costa de los recursos públicos vía subvención. Luksic no estudió en el Centro Educacional ni en el Abelardo. Estudió en el Grange School, que pide una cuota de ingreso de $7 millones y una mensualidad de un millón. Su patrimonio de $12 mil millones no lo hizo trabajando, nació con él solo por ser hijo de Andrónico Luksic, demostrando que el mérito en este país no existe. En el programa de Luksic las protagonistas no son las familias pobladoras ni la educación pública, sino las empresas que ya están especulando cómo llegarán a repartirse la torta si sale electo.

En tiempos de elecciones nos llenan de promesas que supuestamente mejorarán nuestras vidas, omitiendo que los municipios no están hechos para cambiar la desigualdad social, sino solo para administrarla a través de la ejecución de políticas y programas que se definen a nivel nacional. La reforma municipal de la dictadura en los años ochenta generó un sistema en que los municipios solo administran la entrega de bienes y servicios en base al modelo de Estado subsidiario, que quiere decir que no hay derechos sociales, sino una focalización de los recursos que asiste solo a las personas más pobres. Ese es el verdadero rol de los alcaldes como figura política. Este asistencialismo ha creado uno de los legados más nefastos de la dictadura, el clientelismo, definido como un mecanismo donde un candidato o una autoridad electa busca generar la lealtad de sus votantes a través de la entrega de un beneficio, sea una caja de mercadería, una silla de ruedas o acceso privilegiado a una hora médica, pero en forma de favor personal, y no como un derecho o una política pública. Lo que buscaba la dictadura con este diseño de los municipios era desarticular las organizaciones con demandas programáticas nacionales, como los sindicatos o comités de vivienda, haciendo que las personas busquen resolver sus problemas de forma individual pidiendo una ayuda al alcalde para que le dé acceso privilegiado a algún servicio, desplazando la participación popular colectiva y creando un distanciamiento de las personas con las organizaciones y la política nacional.

Con este nuevo aumento en el precio de las cuentas de octubre 2024 se acumula un alza cercana al 50%. En todo este tiempo, el gobierno y el Congreso no han sido capaces de entregar una solución a las familias que solo ven reducir su capacidad de consumo a fin de mes, y que seguirá empeorando con las próximas alzas. En el Congreso se ha impuesto la posición de los gremios empresariales, quienes se niegan a reducir sus ganancias para destinar mayores recursos que permitan subsidiar a todo el 40% más pobre según el Registro Social de Hogares. EL SUBSIDIO NO ES UNA SOLUCIÓN El problema es que aún así, el subsidio está lejos de ser una salida, ya que las familias de 1 integrante recibirán $6.600 al mes, las familias de 2 a 3 integrantes $8.700 al mes y las familias de 4 o más integrantes $11.800 al mes, montos que ni siquiera alcanzan a cubrir las alzas y que hoy están llegando a menos del 20% de los hogares. LA IMPUNIDAD DE ENEL Tras los cortes masivos de luz en agosto, el gobierno amenazó con poner fin a la concesión de ENEL por su negligencia, pero hasta hoy no hay ninguna medida concreta en esa dirección. Es más, al día siguiente del anuncio, las acciones de ENEL subieron su valor en la bolsa. Nadie se compró la amenaza del gobierno. EL NEGOCIO NO SE TOCA Diego Pardow, Ministro de Energía (FA) ENEL es una de las principales distribuidoras de luz a los hogares. En 2023 generó más de $500 mil millones de pesos en ganancias, pero aún así, el gobierno ha decidido resguardar la “certeza jurídica” de los contratos en vez de renegociarlos, tal como hacen los grandes consumidores, lo que no es otra cosa que resguardar el modelo de generación de riquezas a costa del empobrecimiento de las familias trabajadoras.

Durante la tarde del 8 de noviembre, decenas de familias comenzaron a tomarse un terreno a lo largo del Cerro Las Canteras, a la altura de la población El Barrero, la cual se expande principalmente a través de familias allegadas de la misma población, que han visto empeorar sus condiciones de vida producto de la pandemia.   Se ha visto también la llegada de familias migrantes a las tomas, principalmente haitianas, quienes durante los días siguientes fueron masivamente expulsadas por vecinos de la propia población, particularmente en El Bosque 2, luego que iniciaran la delimitación de terrenos sobre el consultorio El Barrero.  Los días siguientes la oleada se extendió hacia el poniente, por todo el cordón de la ladera, surgiendo tomas de decenas de familias en los sectores de La Pincoya al oriente y poniente de la Avenida Recoleta, también en su mayoría compuesta principalmente por las generaciones jóvenes que viven de allegados, nietos de quienes se tomaron un lugar a mediados del siglo veinte para dar origen a la población y comuna. Estas tomas de terreno generan una presión sobre la biodiversidad de los cerros, que además han sido históricamente el lugar de recreación y actividades deportivas de los pobladores, abriendo así también una grieta al interior de la población sobre si es válido o no tomarse un terreno ante la necesidad habitacional. En contraste, a pocos metros de las mismas, se encuentran decenas de hectáreas de suelo sin uso, en manos de empresas inmobiliarias, bancos y compañías de seguro, quienes acaparan terrenos para buscar un momento futuro donde extraer mayor ganancia de acuerdo a las condiciones del mercado. En plena oleada de las tomas, el 10 de noviembre, desde la Agrupación de Allegados de Huechuraba, parte del Movimiento Solidario Vida Digna, presentaron una carta con 685 firmas reunidas en un solo día al Municipio, donde exigieron a las autoridades locales y nacionales la gestión de suelo para canalizar la necesidad de vivienda de forma regular y en buenas condiciones, usando los terrenos sin uso para las familias sin casa, y poner un freno a la especulación del precio de los suelos que hacen las empresas. La carta presenta un listado de 10 terrenos en torno al eje de Avenida El Salto, los cuales se mantienen sin uso y en el que la normativa urbana permite construir vivienda.

Según un índice de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que mide la relación entre el precio de la vivienda y el ingreso de los hogares, una familia necesitaría ahorrar todos sus ingresos durante 11 años para poder acceder a una casa en el mercado. A partir de eso, el gremio del gran empresariado de la construcción plantea una serie de propuestas que lejos de dar una solución, solo profundizan el problema, ya que se centran en aumentar el traspaso de recursos públicos hacia las empresas y en disminuir las exigencias legales para construir. Nada dice de poner un freno a la especulación del precio del suelo ni a aumentar los salarios. El índice de la CChC no explica las causas de esa distancia cada vez más amplia entre el precio de la vivienda y el ingreso de los trabajadores del país. Una de estas causas es que las viviendas cada vez se construyen más para ser compradas por grandes inversionistas, quienes luego la destinan al arriendo a precios usureros que absorben fácilmente un tercio o la mitad de un salario, haciendo imposible el ahorro. Esta realidad ha ido generando un alza permanente de los precios, porque como cada vez menos familias pueden comprar una vivienda, la propiedad de estas se va concentrando cada vez en menos manos (en 2010, el 65% de las familias en Chile tenía una vivienda en propiedad, hoy esa cifra bajó al 57%). ¿Y qué hace el Estado? Todas sus medidas se han dirigido a traspasar cada vez más recursos públicos para posibilitar el acceso a la vivienda (subsidios, préstamos sin intereses, bajos impuestos, etc.), pero no a tomar medidas para poner un freno al aumento de los precios del suelo y los materiales de la construcción. Esto solo ha aumentado la distancia entre el precio de la vivienda y lo que se puede comprar con los ingresos. Esto, sumado al aumento del costo de la vida en general, ha obligado a miles de familias a tener que irse a vivir a una toma. Para aumentar sus ganancias, las empresas necesitan mantener a raya los salarios. Y una forma de hacerlo durante siglos ha sido mantener un porcentaje de la población cesante, dispuesta a trabajar por bajos salarios.

Durante esta tarde, dos denuncias vecinales llegaron al Pincoyazo, las cuales registraron un vuelo que salió del Helipuerto Santiago pasadas las 20 horas, a pesar de haber sido clausurado el pasado 23 de enero por la Municipalidad de Huechuraba, luego de cursar dos multas por no tener recepción final y patente comercial vencida en agosto de 2024. Este acto demuestra que quienes están detrás de estos vuelos que ocasionan ruidos molestos a la población y que generan un peligro constante de accidentes, no les interesa cumplir con las leyes que sí se le exige al resto de la población.El Helipuerto Santiago es propiedad de Juan Riesco y dos ex ministros de Piñera, Alfredo Moreno y Félix De Vicente, y lleva más de cuatro años generando ruidos molestos a miles de familias, particularmente a vecinos con Trastorno del Espectro Autista y de sensibilidad, ocasionando crisis de forma reiterada. Desde el Municipio no se han pronunciado sobre la legalidad de estos vuelos, señalando si hubo algún levantamiento temporal de la clausura o si efectivamente son clandestinos y deberán ser sancionados. Paralelo a la clausura temporal, la SEREMI de Vivienda RM mantiene en curso un proceso de invalidación al segundo permiso extendido de forma ilegal, según determinó una circular de la División de Desarrollo Urbano del propio Ministerio de Vivienda.

Vivienda que extendió por 18 meses más la vida útil del Helipuerto Santiago. ¿El Problema? Están aburridos de comer ruidos molestos. En enero de 2018, sin consultar a nadie, la Dirección de Obras de Huechuraba aprobó un permiso provisorio para que a pocos metros de estas tres poblaciones de Huechuraba despeguen y aterricen helicópteros a cualquier hora del día.  La extensión del permiso al helipuerto, que los vecinos denuncian que es ilegal, se aprobó pese a que en tres años funcionó sin recepción final, motivo por el cual la propia municipalidad le cursó dos multas en 2020 y 2021. Recientemente, una investigación del Pincoyazo identificó que los helicópteros superan los límites de ruido que establece la propia ordenanza municipal, y que a pesar de eso, la Municipalidad nunca fiscalizó los niveles de ruido, haciendo oídos sordos a las denuncias vecinales. Te puede interesar: "Helipuerto de los empresarios: en 4 años el municipio nunca fiscalizó ruidos molestos" VISITAR El prontuario del helipuerto suma otra infracción: en la solicitud original en 2018 no informó las obras para almacenar y cargar altas cantidades de sustancias inflamables (combustible para aeronaves), tal como señalan los 2 partes que cursó el propio municipio. Esto representa un peligro en sí mismo, al estar ubicado a 400 metros de miles de viviendas.

Hace una semana el Campamento Dignidad sufrió un incendio que arrasó los hogares de más de 40 familias. Registro de incendio en Toma Dignidad, La Florida. Ante eso, las asambleas de Huechuraba y Conchalí del Movimiento Solidario Vida Digna decidieron recolectar víveres para ir en apoyo de familias que no conocen pero con las que se identifican. Eso es la solidaridad entre pobladores. El Campamento Dignidad surgió como una respuesta popular al abandono del Estado, al no tener dónde vivir por hogares reventados por el hacinamiento o porque el cobro de arriendos usureros dejaron a familias en la calle. La demanda con la que se encuentran es la misma que en todo Chile: que los terrenos sin uso se destinen a las familias sin casa y no a la especulación inmobiliaria y de bancos. Unidad entre pobladores por una vida digna.

Más de 400 pobladores del Movimiento Solidario Vida Digna debieron interrumpir sus trabajos, labores de cuidados y estudio para responder con movilización a los retrasos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha tenido con sus proyectos. La marcha se desarrolló por la Alameda hacia el Ministerio de Vivienda para exigir al ministro Carlos Montes solución a sus demandas luego de reiterados retrasos. “No es justo que quienes entregamos toda una vida de trabajo y cuidados, base sobre la que se sostiene la riqueza de este país, no tengamos un lugar digno donde vivir”,  señalaron desde el movimiento. “El Estado de Chile, en vez de asegurar la vivienda como un derecho, asegura el negocio inmobiliario a través de subsidios y préstamos por más de mil millones de dólares al año y sin ningún interés a las mismas empresas constructoras que pagan bajos salarios en comparación a las millonarias ganancias que se embolsan”, agregaron en las afueras del MINVU. PETITORIO : 1. PROYECTO VIDA DIGNA EN CERRO LAS CANTERAS – HUECHURABA Emitir circular DDU que valide la carta de resguardo SERVIU para subdividir terreno comprometido en 2020, luego de dos rechazos de un municipio de su propio gobierno, cuyo alcalde Carlos Cuadrado (PPD) decidió trabar, pasando por encima de una facultad ministerial recién aprobada en el Congreso. No estamos dispuestos a perder un año completo por el sesgo de autoridades que tienen 3 casas y ganan 10 millones de pesos al mes. 2. PROYECTO VIDA DIGNA EN GUANACO – HUECHURABA Firmar de una vez por todas la promesa de compra del terreno para nuestras 800 familias luego de cambio en las condiciones del proyecto y de reiterados retrasos de una mesa de trabajo que ya cumple tres años. 3. COMUNIDAD ORGANIZADA LA BANDERA – SAN RAMÓN Soluciones definitivas para nuestros departamentos por mala calidad de las obras y ausencia de fiscalización del SERVIU; agilizar la entrega de las escrituras públicas e iniciar el Plan de Habilitación Social para la constitución del nuevo barrio. A través de un comunicado, señalaron que “la organización es la única garantía que las familias trabajadoras de este país tenemos para defender nuestros intereses y mejorar nuestras condiciones de vida, y así lo demuestra la historia, cada vez que una autoridad electa no cumple sus promesas o cada vez que el Estado corre a resguardar el negocio privado, destinando nuevos recursos para comprar el stock de viviendas que las inmobiliarias no logran vender por inflar precios sin base real”.

A casi dos meses de iniciada la difusión sobre la plaga de ratones que afecta a la población del Bosque 2, este 12 de abril, el acta tras la fiscalización de la Seremi de Salud RM constata que:  “Se realiza inspección a recinto señalado, verificando la existencia de gran cantidad de residuos diversos a nivel de la calle y en terraplén de más altura ubicado al sur del canal de regadío. Al momento de levantar esta acta se observa trabajos de retiro de residuos por parte de trabajadores municipales, trabajos que habrían iniciado el día martes recién pasado y que se traducen en aproximadamente 10 camiones de 10 metros cúbicos c/u y aún queda gran cantidad de residuos por retirar. Sin perjuicio de lo informado, la situación que presenta el recinto en comento, constituye un foco de insalubridad y de atracción de vectores de interés sanitario por la disposición ilegal de residuos, favorecido por la falta de mantención del cierre perimetral que ha sido vulnerado frente a la calle Los Retamos.” ACTA N°2 FISCALIZACIÓN SEREMI DE SALUD RM  12 ABRIL 13:05 HRS Al incurrir en infracciones de artículos de la Ordenanza Municipal Nº14 de Medio Ambiente y Nº 16 sobre Normas Sanitarias Básicas, el sumario de Seremi de Salud dice que Riesco y la Municipalidad de Huechuraba deben limpiar el basural en 7 días, hacer cierre perimetral en 30 días y pagar (80 UTM) 5 millones en multas por permitir en sus terrenos un foco de infección sanitaria que atenta contra la salud de la población. Juan Riesco y Carlos Cuadrado El Municipio destina millones a una empresa externa a mantener áreas verdes que no existen en la realidad. Una de ellas es este basural. ¿Por qué hay dinero para eso y no para limpiar, cerrar y hacer un parque para una población que no tiene ninguna área verde? ¿Quién define las prioridades del gasto público en Huechuraba? Los plazos comienzan a correr desde este martes 14 de mayo. ¿Será que esta vez el alcalde Carlos Cuadrado y Juan Riesco cumplan la ley?

Bajo la consigna de “Los terrenos sin uso para las familias sin casa”, más de 500 pobladoras y pobladores marcharon desde el Centro Cultural La Pincoya hasta la Plaza Cívica de Huechuraba en lo que fue la Marcha Comunal por la Vivienda Digna, convocada por el Movimiento Solidario Vida Digna. La larga marcha se detuvo en distintos puntos para leer declaraciones realizadas por las vocerías del movimiento, que pusieron el foco en las causas de la crisis habitacional, asociada a la especulación con el precio del suelo, y en la nula respuesta que entrega el Estado subsidiario, que prioriza el negocio privado por sobre el bienestar de las familias trabajadoras. De la marcha participaron las seis asambleas del proyecto de Guanaco que convoca a más de 600 familias, también la Agrupación de Allegados de Huechuraba, todos parte del MSVD Huechuraba, y a la que se plegó también la Agrupación por la Vivienda Al Pie del Cerro, de la misma comuna. ¿POR QUÉ MARCHÓ EL MOVIMIENTO DE POBLADORES? Entre 2013 y 2023 en Huechuraba no se ha entregado ningún proyecto de vivienda social pese a haber decenas de hectáreas de suelo sin uso y más de 4 mil familias sin casa. Para acceder a una vivienda, los gobiernos piden a las familias ponerse a la fila y esperar 15 o 20 años por una solución. En Chile son miles las familias que luego de trabajar toda una vida aún no pueden acceder a una casa. Un tercio del presupuesto anual del Ministerio de Vivienda de Chile se destina a prestar dinero a las constructoras a una tasa de 0% de interés, quienes además tienen la seguridad de vender su producción con subsidios garantizados por el Estado. Esto, en desmedro de destinar esos recursos a construir vivienda de forma directa y sin intermediarios. Propaganda difusión marcha comunal. ¿CÓMO LO RECIBIÓ LA POBLACIÓN? El despliegue del movimiento popular, además de ser bien recibido por los vecinos que fueron testigos de la marcha, demostró que la vivienda es una de las necesidades más sentidas de la población, porque vivir como allegadas o en una toma, genera otros problemas en las familias, asociados a tener que callar ante distintas situaciones por no tener otro lugar donde vivir, o también la exposición a situaciones de inseguridad para las niñas y niños, como por ejemplo el abuso sexual intrafamiliar.

Corte de Av. Américo Vespucio con Recoleta, 18 de abril 2022. Durante la mañana del 18 de abril, cerca de 300 pobladores de cuatro comités de la comuna de Huechuraba pertenecientes al Movimiento Solidario Vida Digna se manifestaron por la aprobación de la norma popular por el Derecho a la vivienda digna en la nueva Constitución que actualmente se discute, y dan hincapié al artículo de expropiación a terrenos privados donde piden pagar un precio justo por ello y no el precio de mercado que favorece a los bancos e inmobiliarias. La acción involucró también a organizaciones federadas al movimiento de las comunas de San Ramón y Lo Espejo. PRINCIPALES PROPUESTAS: Expropiación de terrenos sin usos para destinarlo a vivienda social sin deuda. Creación de una constructora pública para eliminar a intermediarios privados para destinar recursos orientados a la ganancia privada hacia viviendas de mejor calidad. Participación política vinculante de las comunidades en sus proyectos de vivienda y en los cambios a los planes reguladores comunales y regionales. Previamente, el movimiento hizo un despliegue de propaganda con el contenido de la iniciativa popular de norma constituyente el pasado 15 de abril por el sector norte de la ciudad, con una comitiva de 40 vecinas y vecinos de los 4 comités de vivienda que forman parte del Movimiento Solidario Vida Digna – Huechuraba. Anteriormente, la organización se desplegó durante las semanas previas por las ferias de la comuna informando de las propuestas del bloque de pobladores, compuesto por diversos movimientos sociales, para reunir la adhesión de otros vecinos.