Repetir la receta de la dictadura: Reducir el gasto público, desregular el suelo urbano y bajar impuestos al gran capital
- Pincoyazo
- hace 3 días
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Acá te presentamos la vieja receta neoliberal anunciada por el arquitecto de la colusión empresarial y nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la que la ultraderecha pretende reimpulsar la acumulación de riqueza, tal como lo hicieran sus antecesores en los años 80s.
Bajo el discurso del crecimiento, la eficiencia y la libertad para emprender, el arquitecto de la colusión de los pollos y futuro ministro de Hacienda de Kast anuncia una nueva ofensiva por reorganizar el Estado para que funcione, una vez más, como garante de la rentabilidad privada.
El diagnóstico
Todo parte de una premisa clara: Chile crece poco porque el Estado “estorba”. Desde ahí se construye todo lo demás. Regulaciones, permisos, normas ambientales y planificación territorial aparecen descritas como una “maraña” que ahoga la inversión y a los privados. El problema, según esta mirada, no es la precariedad laboral, la concentración económica ni la desigualdad estructural, sino que el capital no puede reproducirse con la rapidez que quisiera.
La reforma tributaria
Quiroz anunció que en abril iniciará el trámite parlamentario para rebajar el impuesto corporativo desde el 27% al 23% (un punto por año), compensada con créditos tributarios y un ajuste del gasto público, que significa menos impuestos a las empresas hoy, con la promesa de que el crecimiento futuro, ese que nunca llega a la mayoría, permitirá cuadrar las cuentas mañana. El Estado asume el costo inmediato, mientras el beneficio lo acapara el gran capital.
El discurso del “equilibrio fiscal” y del “balance estructural” vuelve a aparecer como un imperativo moral, como en realidad ha sido con todos los gobiernos neoliberales hasta hoy.
Ajustar el gasto en USD $6.000 millones en 18 meses se presenta como una necesidad técnica, cuando en realidad es una decisión política que impacta directamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora. No se habla de quién paga ese ajuste, pero la experiencia indica que no será el gran empresariado, por supuesto.
También se insiste en la exportación de servicios y en el llamado “conocimiento” como nueva frontera de desarrollo. Se promete empleo de calidad, competitividad y modernización, mientras se omite discutir bajo qué condiciones laborales, con qué niveles de sindicalización y quién captura el valor generado. El capital se globaliza mientras los trabajadores siguen precarizados.
En el fondo, lo que se presenta como un giro “no marginal” es la profundización de un modelo conocido: desregulación, rebaja de impuestos al gran capital y un Estado reducido a facilitador de la inversión, también con un gran traspaso de recursos al sector privado vía subsidios.
Un proyecto que entiende el crecimiento como un fin en sí mismo, y no como una herramienta para garantizar bienestar. La pregunta que queda abierta no es si esta estrategia hará crecer la economía, sino a quienes le sirve realmente ese crecimiento y quién paga el costo.
Caballo bueno repite: Liberar suelo para reactivar el negocio inmobiliario
Lo que hoy se presenta como una solución audaz a la crisis habitacional tiene un nombre antiguo: liberar suelo para reactivar el negocio inmobiliario. Hacer cambios al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), luego de más de una década de intentos fallidos, responde a la urgencia del mercado por abaratar el principal taco de la industria: la disponibilidad de más suelo a bajo costo.
Según los futuros mandamases del gobierno de Kast, el suelo se ha encarecido demasiado y hoy representa hasta un 35% del valor final de una vivienda. La respuesta no es discutir el modelo de ciudad ni la lógica especulativa que termina por inflar esos precios, sino poner más tierra en circulación, flexibilizar las normas urbanas y ambientales y acelerar los proyectos inmobiliarios. El diagnóstico del futuro gobierno es claro: el problema es que se construye poco y lento, producto de la “maraña regulatoria”, repiten como loros.
El PRMS 100 aparece así como carta bajo la manga, ya que cerca de 9.600 hectáreas en comunas periféricas como: Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto que llevan años esperando ser urbanizadas, y por tanto, acrecentando su valor. No por falta de interés en esos sectores, sino porque las normas, exigencias y trámites han hecho inviable el negocio para el privado, hasta ahora, ya que con el cambio de ciclo político, esas tierras vuelven a activarse como promesa de rentabilidad.
Plano del PRMS 100 y zonas de ampliación en 10.000 ha aproximadamente
El mensaje que plantea el futuro ministro de Hacienda y que baja a Vivienda es claro: menos regulación, más suelo y mayor densidad. Se anuncia así destrabar proyectos vía cambios administrativos, sin pasar por reformas legales, botando circulares, ajustando coeficientes y flexibilizando estándares.
Para ello, otra carta en la mano de los futuros ministros es la de reducir o simplificar el marco normativo en la industria de la construcción (OGUC) y algunos planes reguladores metropolitanos, para hacer carne el concepto de “Emergencia habitacional” y que los planes no se vean entorpecidos por la normativa actual.
En definitiva, nada nuevo. Se trata de repetir la receta neoliberal impulsada por la ODEPLAN durante la dictadura -dirigida por Miguel Kast, tío del nuevo presidente-. No estamos ante grandes lumbreras intelectuales, sino más bien ante impulsos conservadores que buscan volver al pasado, sin tener en cuenta que el ciclo de crecimiento económico vivido durante los años 90s e inicios del 2000 fue más bien impulsado por factores externos, por lo cual cabe preguntarse si ello es posible en el contexto internacional actual.
Operación Sitio 2.0 o el nuevo abandono estatal
El nuevo gobierno promete levantar hasta 100 mil viviendas por año, combinando subsidios, propiedad del suelo y autoconstrucción asistida, según el nuevo ministro de Vivienda, Iván Poduje, inspirada en la Operación Sitio de los años 60. Aunque el discurso apela a soluciones “más baratas” y “más rápidas”, es evidente que la táctica apunta nuevamente a cargar sobre las familias la construcción de sus viviendas, sin detallar cómo el Estado acompañará estos procesos de urbanización y construcción en los sitios urbanizados o por urbanizar.
Revisión de conjuntos armónicos o nuevos guetos verticales
La densificación aparece como otro eje central, y el nuevo gobierno plantea una revisión de los Conjuntos Armónicos, que son los conjuntos construidos bajo una misma línea de normativas, dando forma a espacios medianamente uniformes.
Se busca que las superficies predial mínimas bajen de 5.000 m2 a 2.500 m2 para así aumentar las densidades y los parámetros de habitantes por hectárea, reducir los tamaños promedio de familia y finalmente construir más unidades en los mismos terrenos. No se habla de calidad urbana, servicios, espacios públicos o integración social. Se habla de eficiencia, de aprovechar mejor la tierra, de hacer calzar la ciudad con la lógica del negocio.
Para el gran capital, el panorama es alentador. Menor costo de suelo, mayor volumen de proyectos y la posibilidad de bajar precios sin sacrificar márgenes.
Para el Estado, el rol es claro: destrabar, habilitar y permitir el correcto flujo de capital.
Para quienes necesitamos de solución habitacional o no podemos pagar arriendos usureros, la pregunta es si nos sentaremos a mirar, esperaremos migajas o haremos algo.
Detrás del relato de emergencia habitacional del futuro gobierno se consolida una idea conocida: la ciudad como lugar de reinversión de los excedentes del capital, algo que también defendió y alimentó el progresismo con nuevas garantías a los bancos. El suelo está cada vez más lejos de ser un bien común y se reafirma como activo financiero. Y la planificación urbana, lejos de ser una herramienta para equilibrar intereses entre privados y ciudadanía, volviendo a ponerse al servicio de un modelo que prioriza el crecimiento del mercado por sobre el derecho a la ciudad.
