Avanza ley que facilita crear nuevos colegios subvencionados para seguir privatizando la educación escolar

El diseño del gobierno es cerrar colegios públicos mal evaluados y transferir esa matrícula a nuevos colegios subvencionados que podrán crearse con menos exigencias. También vuelve a permitir mecanismos para lucrar vía arriendo de recintos, como se hizo en el pasado, e incluso que los SLEP deleguen la administración de sus colegios en entidades privadas.

El proyecto que busca profundizar la privatización del sistema educacional está en la puerta del horno. Luego de una primera versión aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó con algunos cambios, que ahora deberán ser aprobados por el Senado. Si se rechazan, solo esos puntos van a una Comisión Mixta compuesta con parlamentarios de ambas cámaras, que deberá zanjar las diferencias. Con eso resuelto, se publica la ley.

Contenido del proyecto de ley

• Permite que dueños de un colegio no tengan que ser dueños del inmueble y puedan arrendarlo, reabriendo un mecanismo que durante muchos años se usó para lucrar con recursos públicos.

• Se elimina el criterio de demanda insatisfecha para recibir subvención estatal, abriendo la puerta a cualquier empresa que quiera crear un colegio, sin que tenga que existir una falta de matrícula, además de un “territorio” que no está definido como comuna ni zona ni región, desregulando aún más el sistema.

• Se permite que colegios con desempeño “medio” o “alto” durante tres años consecutivos puedan tomar la administración de otros colegios con desempeño “medio-bajo” o “insuficiente” a través de un convenio que, si es bien evaluado luego de dos periodos, se pueda transferir la calidad de sostenedor (control del colegio) a título gratuito, permitiendo absorber y fusionar colegios.

• Se permite a los SLEP delegar la administración de sus establecimientos a una institución pública o privada a través de un convenio de forma temporal, lo cual hoy está acotado a entidades públicas como universidades, pero ahora ampliarlo a entes privados como fundaciones o gremios empresariales.

• Permite que colegios particulares pagados (10% de la matrícula total) puedan transferir la calidad de sostenedor a título gratuito, argumentando facilitar la profesionalización del servicio de congregaciones religiosas que buscan transferir el control de colegios a fundaciones relacionadas.

• Fija un beneficio tributario vía CORFO para que colegios compren el terreno donde operen sus establecimientos hasta diciembre de 2031, lo cual podría abrir la puerta a la compra de recintos públicos.

Revisa acá el expediente del proyecto de ley

El análisis: una ofensiva privatizadora

Quienes defienden retomar abiertamente el lucro en la educación y, de forma más amplia, el sistema de mercado basado en la competencia desigual, desde hace años buscan que se facilite la creación de nuevos colegios subvencionados.

La Ley de Inclusión de 2015 -post movilizaciones estudiantiles- prohibió el lucro (al menos abiertamente) y puso algunas exigencias a quienes buscan crear nuevos colegios subvencionados con recursos públicos, como es que primero exista una necesidad de cupos o matrículas que no está siendo cubierta y, por otro lado, que el sostenedor del colegio sea dueño del inmueble y no simple arrendatario, ya que este mecanismo se usó durante años para lucrar a través del pago inflado de arriendo con recursos públicos (subvenciones).

De esta forma, para el gobierno la forma de “mejorar la calidad” es facilitar que haya más colegios privados que funcionan con recursos públicos, en vez de mejorar las condiciones en que funciona la educación pública.

Este proyecto de ley se complementa con otras iniciativas, como es el cierre de colegios mal evaluados por bajo puntaje SIMCE, buscando traspasar la matrícula pública hacia el sistema privado.

Esto queda muy claro cuando el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez -ex director de la fundación neoliberal Acción Educar-, dice que “existe una matrícula importante en establecimientos con desempeño “insuficiente” o “medio-bajo” en contextos en que no se pueden crear nuevos cupos. De esta forma, en estas comunas estamos condenando o forzando de manera innecesaria a los estudiantes a no poder acceder a establecimientos de mayor rendimiento, porque estos tienen restricciones para crecer”.

Así, se obliga al Estado a tener que traspasar más recursos a privados que creen nuevos colegios pese a no haber falta de cobertura, en un contexto donde el mismo gobierno está reduciendo de forma brutal los ingresos públicos a través de su megarreforma en favor de las grandes empresas.

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