Declaración pública de los Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana
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Como Centros de Estudiantes de liceos públicos de la Región Metropolitana, manifestamos mediante el presente escrito nuestra postura frente al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, así como nuestra profunda preocupación ante las medidas de ajuste presupuestario que afectan al Ministerio de Educación.
Este posicionamiento ha sido construido a partir de procesos participativos amplios: Consejos de Delegados de Curso, asambleas y comisiones internas. En estos espacios se han recogido diversas visiones del estudiantado, considerando la pluralidad de contextos, experiencias y proyectos educativos presentes en la educación pública.
Desde esta construcción colectiva, reconocemos que las problemáticas de violencia en los espacios educativos son reales y requieren atención urgente. Sin embargo, consideramos que el enfoque del proyecto de ley resulta insuficiente y contraproducente, al centrarse principalmente en medidas de control, vigilancia y sanción, sin abordar de manera integral las causas estructurales que originan estas problemáticas, tales como la salud mental, las condiciones sociales, las tensiones en la convivencia escolar y la falta de espacios efectivos de participación estudiantil.
En este sentido, existe una preocupación transversal en el estudiantado debido a que la iniciativa adopta un carácter punitivista que predomina, lo que no solo limita su efectividad, sino que puede profundizar las dinámicas de conflicto dentro de las comunidades educativas. Medidas como la revisión de mochilas, generan serios cuestionamientos respecto a su efectividad real y a sus implicancias en materia de derechos, instalando una lógica de desconfianza hacia el estudiantado y abriendo espacio a prácticas arbitrarias.
Esta preocupación se ve acentuada por la falta de definiciones claras en el proyecto, particularmente en conceptos como el de “objeto peligroso”, así como por la ausencia de protocolos detallados que regulen su aplicación. Esto podría derivar a múltiples interpretaciones entre establecimientos y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la ampliación de facultades disciplinarias, sin criterios claros ni mecanismos efectivos de supervisión, genera inquietud frente a posibles abusos de poder o aplicaciones desiguales de sanciones. A esto se suma la falta de un enfoque inclusivo que considere adecuadamente a estudiantes con necesidades educativas especiales, neurodivergencias o contextos emocionales diversos, lo que podría profundizar situaciones de exclusión o discriminación.
Por otra parte, medidas como la regulación de la vestimenta o la prohibición de interrupciones en el desarrollo de clases tensionan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la identidad personal y el derecho a la organización y manifestación estudiantil. Estas prácticas han sido históricamente formas legítimas de participación, especialmente ante la falta de canales institucionales efectivos, por lo que su restricción sin alternativas claras puede interpretarse como una forma de inhibición o criminalización de la participación.
Del mismo modo, cuestionamos el carácter sancionatorio de medidas que afectan el acceso a beneficios educativos, entendiendo que la educación no debe ser utilizada como castigo, sino como una herramienta de inclusión y movilidad social. La posible pérdida de derechos asociados a la educación superior resulta desproporcionada y afecta con mayor fuerza a estudiantes en contextos de vulnerabilidad.
En cuanto a la implementación, advertimos serias dificultades: falta de claridad en el financiamiento, sobrecarga para docentes y funcionarios, ausencia de personal especializado y limitaciones de infraestructura en numerosos establecimientos. Estas condiciones no solo dificultan la viabilidad del proyecto, sino que también pueden afectar el bienestar de las comunidades educativas.
En términos generales, sostenemos que el proyecto, en su estado actual, podría debilitar la convivencia escolar, deteriorar las relaciones de confianza y desplazar el rol formativo de la educación hacia una lógica centrada en el control y la sanción. Frente a ello, como liceos organizados, planteamos la necesidad de evaluar su eliminación y avanzar hacia políticas públicas con un enfoque integral, formativo e inclusivo, que prioricen la salud mental, la mediación de conflictos, el acompañamiento psicosocial y la participación real del estudiantado.
En paralelo, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a las medidas de ajuste fiscal impulsadas por el Presidente, particularmente aquellas que impactan directamente al Ministerio de Educación. Si bien reconocemos que la administración de los recursos públicos constituye un desafío relevante, consideramos que el enfoque adoptado resulta preocupante, al trasladar el costo del ajuste hacia un sistema educativo que ya enfrenta una crisis estructural sostenida en el tiempo.
El recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación, en el marco de la Circular N°0012 del Ministerio de Hacienda, constituye una medida regresiva que no considera las condiciones actuales de la educación pública. La magnitud de esta reducción genera incertidumbre respecto a su impacto real, especialmente en áreas críticas como infraestructura, financiamiento de establecimientos, programas educativos y condiciones laborales de las comunidades escolares.
Existe una preocupación transversal en el estudiantado respecto a la falta de información clara sobre la implementación de estos recortes, lo que abre espacio a decisiones discrecionales y potencialmente desiguales entre territorios y establecimientos. Esta falta de transparencia debilita la confianza en las instituciones y dificulta la planificación educativa.
Esta situación se ve profundizada por la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, enmarcada en la elaboración del Presupuesto 2027, donde se plantea la evaluación, ajuste o eventual descontinuación de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación. Si bien estas medidas se presentan como procesos técnicos, advertimos que pueden traducirse en la disminución de derechos y oportunidades para miles de estudiantes, afectando directamente su acceso, permanencia y proyección educativa.
Observamos una tensión entre estas políticas de ajuste y el principio de la educación como derecho social, desplazando el rol del Estado desde una lógica de garantía de derechos hacia una de administración restrictiva de recursos.
En términos generales, sostenemos que estas medidas podrían profundizar la crisis de la educación pública, debilitando su capacidad de respuesta y afectando directamente a quienes dependen de ella como principal herramienta de desarrollo y movilidad social.
Frente a este escenario, como liceos organizados planteamos la necesidad de avanzar hacia una política presupuestaria que sitúe a la educación pública como una prioridad estratégica del Estado, resguardando su financiamiento y fortaleciendo sus capacidades.
En este sentido, consideramos fundamental manifestar una postura de rechazo ante la posibilidad de nuevos recortes al Ministerio de Educación, así como exigir transparencia respecto al impacto del ajuste ya implementado, particularmente en la distribución de recursos y los criterios utilizados.
Asimismo, se vuelve necesario avanzar en mecanismos que permitan resguardar el financiamiento de la educación pública mediante herramientas presupuestarias específicas, asegurando recursos para establecimientos, especialmente aquellos en proceso de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública.
Desde esta perspectiva, proponemos también la revisión de la estructura del gasto público, orientando una reasignación eficiente de recursos que no afecte directamente a los estudiantes, reduciendo gastos administrativos prescindibles y redirigiéndolos hacia áreas críticas del sistema educativo.
Del mismo modo, resulta pertinente fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto, identificando programas con baja ejecución presupuestaria para redistribuir esos recursos hacia necesidades urgentes.
Por otra parte, consideramos fundamental resguardar la continuidad de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación, entendiendo que estos son clave para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En este marco, se vuelve necesario que el Ministerio de Educación y el Presidente adopten una posición firme frente a medidas que impliquen su debilitamiento.
Como estudiantes de la educación pública, reafirmamos que los desafíos del sistema educativo no se resuelven mediante el aumento de la vigilancia o la reducción de recursos, sino a través de más educación, más participación y mayor apoyo a las comunidades educativas.
Hacemos un llamado a las autoridades a considerar de manera activa y vinculante la voz del estudiantado en la construcción de políticas públicas, entendiendo que somos parte fundamental de los espacios que estas buscan regular, y que cualquier transformación significativa debe construirse desde el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de realidades presentes en la educación pública.
FIRMAN:
● Liceo 1 Javiera Carrera
● Instituto Nacional
● Liceo 4 Isaura Dinator
● Liceo Manuel Barros Borgoño
● Liceo Carmela Carvajal
● Liceo 7 José Toribio Medina
● Liceo Experimental Artístico
● Liceo Confederación Suiza
● Liceo de Aplicación
● Liceo José Victorino Lastarria
