Cobro a deudores del CAE: una amenaza para disciplinar a la población
- hace 2 días
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El CAE es todo lo contrario a un derecho social, porque es un mecanismo para que los bancos se apropien del sueldo de los futuros trabajadores, en lo que sea que trabajen, y también para apropiarse de recursos públicos a través del pago de las garantías. Hoy los medios hablan mucho de los deudores y del famoso déficit fiscal, pero no dicen nada de quienes se benefician realmente.
El garrote del gobierno
Según datos de la Tesorería General de la República (TGR), hay 550.000 deudores del CAE que se encuentran morosos (no pagaron cuando debían).
De ese total, 1.800 personas (0,3%) tienen un sueldo bruto mensual superior a $5 millones, y otras 70.000 (12%) un sueldo mayor a $1,5 millones. Sobre este universo es que el gobierno decidió concentrar su ofensiva para exigir los cobros vía judicial.
Sobre la gran mayoría de deudores (88% del total), el gobierno anunció que serían notificados vía correo electrónico con una medida prejudicial para pedir que regularicen sus pagos, pero sin una definición de judicializar aún, por lo que no existirá una obligación de pago hoy, pero no porque legalmente no puedan hacerlo, sino por el costo político que eso podría involucrar (conflicto social).
Para quienes tienen un sueldo mayor a $5 millones, se inicia una acción judicial inmediata para ejecutar el pago de la deuda, y para quienes reciben un sueldo mayor a $1,5 millones y menor a $5 millones, una notificación para firmar un convenio de pago bajo condiciones que incluyen un pie de un 10%, 15% o 20% del total de la deuda, más una cuota mensual por el 10% del saldo, dependiendo de la cantidad de cuotas que se definan.
Los efectos de la medida: ¿recaudar o disciplinar?
El ministro Quiroz ha dicho que la medida busca recaudar dinero, pero, ¿de qué depende cuánto logre recaudar?
De lograr los pagos de los 70.000 deudores que tienen un sueldo mayor a $1,5 millones (que son un 12% del total), se recaudarían hasta $738.000 millones, pero recién en decenas de años, por tanto, no es una vía que de forma directa esté ni cerca de resolver el problema del gasto público destinado a pagar el CAE, que es el principal argumento del gobierno para impulsar la ofensiva de cobros.
Este dato no es algo que se le escape al ministro neoliberal, más bien da luces de que los efectos que se buscan no son solo de recaudación sobre ese segmento, sino más importante aún, el disciplinamiento del resto de los deudores a través de la amenaza de que les caiga encima una demanda del Estado que pueda involucrar descuentos por planilla o embargos.
Esta lógica fue la que expuso Quiroz hace unos días en un foro de la SOFOFA, resaltando que solo con el anuncio de cobros a los deudores, sin que todavía se concretaran, habían aumentado las personas que cada día firmaban un convenio de pago de su deuda.
El diseño político del CAE a la medida de los bancos
El principal problema del CAE es que al Estado le sale cada vez más caro pagar las garantías de las deudas, y no solo porque un gran porcentaje no paga, por los motivos que sean, sino también porque las condiciones de pago (recompra, intereses, etc.) son absurdamente favorables a los bancos, inflando el valor total de la deuda.
Cuando alguien no paga la deuda, el banco cobra la garantía al Estado, quien paga a través de una recompra de la deuda, traspasando más dinero, además de pagar a la banca un subsidio a la tasa de interés que es del 6% respecto del total de la deuda, para que esta quede en 2% para los deudores que sí pagan. Junto a esto, el Estado cubre también el diferencial de la cuota de pago cuando esta supera el 10% del salario.
Según datos de la Fundación Sol, entre 2006 y 2023 el Estado ha pagado a los bancos $1,4 billones de pesos solo por sobreprecio de las deudas, por efecto de haber recomprado el 59% de los créditos emitidos. En ese periodo el Estado traspasó a los bancos un total de $5,8 billones de pesos por concepto de CAE.
Estas cifras demuestran que el problema de fondo con el CAE es haber metido a la banca en el financiamiento de la educación superior, porque amarra a las personas a una deuda por décadas, sin necesariamente existir condiciones materiales para sostenerla, porque la liberalización de la oferta educativa (carreras) no conversa con los tipos de trabajos que requiere la economía chilena, de baja calificación y bajos salarios, que es el problema mayor.
