Entrevista al SUTE Valparaíso: “Los SLEP no cambian en nada la estructura de la educación pública”

El Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso comparte su experiencia sobre el proceso de traspaso al SLEP y los problemas que enfrentaron: despidos masivos y cambios en las condiciones laborales se repiten a nivel nacional en un nuevo sistema amarrado al modelo neoliberal desde su concepción, y que hoy Kast busca frenar para conservar el sistema desigual de municipalización.

La idea de realizar una entrevista al Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaìso, nace por querer conocer las experiencias de las organizaciones en sus procesos de lucha y defensa de la educación pública, algo importante en este momento en que el gobierno de Kast busca por todos lados profundizar el sistema de mercado implementado en dictadura, desprestigiando y desmantelando la educación pública. 

Una de las preocupaciones actuales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación municipal son los próximos traspasos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de los cuales hay poca información de su implementación y los problemas asociados, pero también de las experiencias de organización que se podrían replicar en los territorios que aún no viven el traspaso de la administración, en pos de defender sus intereses.

La entrevista fue realizada en el mes de febrero de este año y participaron Michael Humaña y Catalina Schiappacasse, representantes del directorio del SUTE Valparaíso.

Contexto político de recortes

Hoy, ya instalado el gobierno de Kast, vemos cómo avanza su agenda anti pueblo. Por un lado, junto con impulsar medidas represivas que socavan el ambiente escolar, la ministra Arzola se prepara para detener la implementación de los nuevos Servicios Locales, respondiendo a las exigencias ideológicas y financieras de los municipios más ricos.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dado impulso a una criminal reforma tributaria y un plan de recortes presupuestarios anti derechos sociales, golpeando con violencia a la educación pública, disminuyendo en $198 mil millones de pesos el presupuesto anual, lo que representa cerca de $3.000 millones menos por SLEP en promedio, o que se traduce en que:

- Se suspenderán las inversiones en infraestructura escolar. 

- Se iniciarán procesos de fusión y cierre de establecimientos escolares. 

- Se instruirá a los SLEP a iniciar procesos de despidos masivos de docentes y asistentes de la Educación. 

Según las orientaciones de Hacienda, este ajuste presupuestario se pretende extender al menos hasta el 2031, tiempo suficiente para la debacle de la educación pública chilena, y posible gracias a una gestión neoliberal de Boric, que mientras contuvo al movimiento social, no hizo ningún cambio relevante en resguardo de la educación pública, como pudo ser una nueva ley de financiamiento basal y estratégico para robustecer el sistema a largo plazo. 

Hoy la agenda mercantil de los Chicago boys sigue tan vigente como antes y la posibilidad de detenerla solo depende de la fuerza que logre desarrollar el movimiento movimiento popular.

Pregunta:

¿Cómo vivieron la experiencia del traspaso al SLEP? Me refiero a si sabían cómo se venía la mano con el traspaso, ¿se prepararon con tiempo?, ¿ya venían organizados o fue más bien sobre la marcha que se organizaron?

Respuesta:

Mira, como para tratar de ordenarlo esquemáticamente, lo voy a separar en al menos dos líneas fuerza: lo político y lo técnico. Porque esto tiene un tema político y un tema técnico que muchas veces pareciera que caminan por separado. 

En lo político, nosotros como SUTE Valparaíso, venimos participando de las discusiones antes de que se aprobara la ley, cuando empezaron los debates, incluso, cuando tenían otros nombres de antes que se llamaran SLEP. 

Tuvo dos momentos: en el gobierno de Bachelet cuando comienza la discusión y luego en el gobierno de Piñera, donde se amarran las discusiones. Ahí es donde se llegan a los acuerdos políticos de lo que va a ser la transición a la desmunicipalización. 

En este proceso participaron varios de los que hoy día son personeros del Ministerio de Educación, incluyendo el ministro de Educación de Boric (Nicolás Cataldo), como parte de los equipos asesores del gobierno de Bachelet. Estuvieron los equipos de Piñera también, de la Fundación Futuro. Bueno, ahí se zanjaron los acuerdos políticos que finalmente fueron llevados al Parlamento al momento de acordar la ley, el acuerdo de desmunicipalizar. 

Pero previo a esto, se había acordado lo que era la Ley de Inclusión de Bachelet, en donde uno de los acuerdos de amarra en esa ley fue que se acababa el copago que hacían las familias de los particulares subvencionados. La amarra que hicieron los privados fue que cada peso que fuera al sistema público es un peso que también se iría al sistema privado, amarras políticas que fueron quedando en las negociaciones previas al acuerdo de la desmunicipalización (traspaso a SLEP). 

El segundo acuerdo importante es que -entre los sectores políticos- se repartieron la administración de los servicios. Eso también es un acuerdo. De hecho, crean una comisión binominal, porque finalmente todo lo trabajaron en la lógica binominal entre equipos de expertos de Bachelet y Piñera. Pero además de acordar ese equipo de expertos, que es 50/50 entre los dos bloques, acordaron la repartija de las direcciones, la dirección ejecutiva de los servicios locales. 

Entonces parte importante de las negociaciones que se hacen previo a cada gobierno es cuántos servicios va a traspasar cada gobierno, porque finalmente es el presidente el que elige a los directores ejecutivos, independiente de que se tramiten por alta dirección pública (ADP). Pero además, los concursos de ADP sabemos que en Chile no son transparentes. Así, todo, todo, todo tiene que ver con la administración de las lucas, que finalmente van a administrar los servicios y está todo acordado binomialmente. 

Esto demuestra que se trata de un acuerdo totalmente antidemocrático, a espaldas de las demandas estudiantiles, ¿cierto?, de la vuelta de la educación al Estado y todo lo que significó el 2006, porque estas amarras vienen desde las peleas de los pingüinos en 2006, y finalmente con la desmunicipalización la escuela no vuelve al Estado, porque los servicios locales crean una tercerización similar a la de las corporaciones municipales.

Por lo tanto se sigue tercerizando el servicio, no se cambia nada de la estructura de la educación pública, particularmente el financiamiento, que es lo que permite que la educación pública sea un fracaso y no salga adelante. 

En este caso, como se mantiene la lógica del voucher y la precarización financiera, sabemos que es una extensión del fracaso e incluso peor aún, porque en el caso de las municipalidades, los municipios por ley pueden todavía y podían inyectar los recursos propios. El servicio local no tiene recursos propios. Por lo tanto, si no tiene plata, no hay dónde sacar, así de simple. Los municipios sí lo podían hacer, generando deuda, con todo lo que hemos visto también que ha sido parte de la precarización, pero sí lo podían hacer. Hoy día no se puede. 

Esta precarización se sabía que vendría. Fue parte de las negociaciones de no tocar el sistema de financiamiento.Y cómo se nota esas negociaciones que este gobierno (Boric) teniendo la posibilidad de levantar y cambiar el sistema de financiamiento, no lo hizo. Entonces, todo eso es parte de los acuerdos políticos que fueron previos a la aprobación de la ley 21.040 como tal. 

Luego  viene la bajada técnica, que es donde finalmente se terminan dando los delegados, cómo se instala el proceso de traspaso, que siempre es complejo porque finalmente la mayoría de los municipios tienen deuda. 

Por lo tanto, al momento de traspasar al sistema, nos encontramos primero con las deudas de los trabajadores, que vienen desde las deudas previsionales, Y un montón de otros ítems que se arrastran en negociaciones colectivas, que los alcaldes le inflan meses o un año antes del traspaso. Entonces, inflan negociaciones colectivas para ganar votos y después el sistema no es capaz de sostener esas negociaciones y, por lo tanto, cuando tú eres traspasado, después no te reconocen nada y ahí se cae, ¿cierto? Todo el trabajo de las peleas sindicales, porque los alcaldes han utilizado esto también como un caballito de batalla para negociar, sobre todo cuando se acercan los procesos electorales. 

Pregunta:

Y ustedes como organización, ¿estuvieron haciendo un seguimiento? Por ejemplo, de lo que nos cuentas ahora del pago de las remuneraciones ¿Cómo participaban dentro de toda esta problemática que había? 

Respuesta:

Nosotros, cuando nos tocó traspasar en Valpo, tuvimos seis meses para hacerlo, todo en seis meses. El municipio y el equipo de servicio local tuvieron que armarse e instalarse antes de recibir todo, más de 3.000 trabajadores, y más de 50 establecimientos de educación. Todo fue en seis meses. Hoy en día, ese plazo es de un año. Por lo tanto, permite hacer un poco mejor el proceso.

Quedó instalado en un año y, de hecho, casi todos los servicios que se están instalando ahora, por ejemplo, se instalan un año previo, o sea, en enero del año anterior. En el caso del SLEP Mapocho por ejemplo (Huechuraba, Recoleta e Independencia), que se cambia en el 2028, en enero del 2027 ya deberían instalar la oficina ejecutiva, el director, el director ejecutivo y al menos un equipo base del SLEP.

Y con los municipios, lo que se da es que el Estado no interviene mucho, por lo tanto, los municipios han traspasado lo que han querido. Y dentro de eso, por ejemplo, han traspasado sobredotación. O sea, funcionarios que son municipales, los han metido a educación, A los RBD de la escuela, los traspasan amarrados al nuevo sistema, lo que hace que el sistema se reviente y después haya excedente permanente de funcionarios. Eso es como parte de las malas prácticas de los alcaldes. 

En ese proceso no hay nadie que fiscalice. De hecho, durante el proceso de traspaso te encuentras con cambios en las condiciones laborales, o también mucha gente metida con sobresueldo. Todo eso es parte del proceso mafioso que se viene dando entre los alcaldes y el Estado y en donde nadie, nadie interviene. No hay un ente controlador que permita que eso no ocurra.

Pregunta:

Sería bueno si pudieras profundizar un poco en eso. ¿Qué pasa con la dotación? ¿Hay despidos? ¿Cómo se dan estos despidos? 

Respuesta:

Dentro de la creación de la ley, está considerado la disminución de funcionarios. La ley 21.040 cuando se crea, se hace para administrar un sistema que represente menos del 30% de la educación del país, que es más o menos lo que hoy día representa la educación pública. 

De hecho, una de las bases de los acuerdos políticos de la creación de la ley, es el equilibrio financiero, y en la educación pública solo se puede dar cortando funcionarios o cerrando escuelas. 

No tenemos alternativa para hacer equilibrio financiero. Entonces ahí, de hecho hay una fórmula de cálculo que se presentó en la ley que todavía está vigente, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento de hoy en los jardines, esto puede ser cuando se calcula la cantidad de técnicos por educadora. 

Este es un modelo que no se entiende, que dice que por cada treinta y cinco estudiantes tiene que haber un profesor, y por cada dos profesores, un asistente de la educación.  Eso no se sostiene con ningún criterio pedagógico. O sea, porque un profe, no le hace clase a treinta y cinco estudiantes. Son varios profes, distintas asignaturas, etc. Los asistentes no son asistentes de aula, sino que hay profesionales, técnicos y un montón de otros funcionarios. Entonces, ese criterio no se sostiene de ninguna manera, pero con ese criterio es que te dicen que hay sobredotación. Entonces, siempre va a haber sobredotación en la lógica técnica con la que ellos nominan. 

Además, hay otro elemento que utilizan de un cálculo que hizo la Universidad Católica hace ya como quince años, que decía que una escuela con menos de 200 estudiantes no se sostiene financieramente, Y como seguimos con la lógica del voucher, eso revienta. O sea, con escuelas de menos de 200 estudiantes, lo que hay que hacer es sacarle plata a otra escuela para poder sostener, ¿cierto?, pagando sueldos y hacer el equilibrio financiero. Entonces, en esa lógica siempre va a haber sobredotación.

Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Boric durante todo el proceso, en los distintos procesos de traspaso, fue intentar presionar a los alcaldes para despidos masivos. Finalmente los alcaldes, la mayoría, no lo ejecutaron, exceptuando este último año, en donde sí intentaron hacer despidos masivos en Curicó, en Talca, y en otras comunas. Pero anteriormente eso no había ocurrido de manera masiva. 

También lo intentaron hacer cuando se recibieron los primeros SLEP. De hecho, en Barrancas, fue uno de los que intentaron sacar a más de 200 funcionarios. En Colchagua, el año 2020 fueron 200 funcionarios. En Barrancas, las movilizaciones lograron frenarlo. En Colchagua lo hicieron mal técnicamente y tuvieron que devolver a los 200 funcionarios. 

Y, entonces ha habido una presión constante, pero que no ha sido tajante.Y eso ha permitido que en algunos lugares se retracten, y en otros, avancen. 

Creemos que ahora, y lo ha dicho el presidente electo, van a apretar mucho más el tema de la salida de gente o el excedente. Pero también han planteado que van a suspender el proceso. 

Ahora hay que ver, hay que ver bien desde dónde se van a agarrar, porque tampoco es llegar y por decreto, o sea, es una ley. Entonces tampoco el presidente puede por decreto suspender una instalación de una ley. Si hay herramientas que están dentro de la misma ley, que te dan momentos para revisiones o detener procesos que, por ejemplo, están viciados. 

El gobierno de Kast seguramente va a utilizar la artimaña de revisiones de los traspasos para detener los procesos, porque a ellos les interesa mantener la municipalización, por lo tanto, van a tratar de que esto no avance. Y como viene lleno de pifias, también tienen argumentos como para justificar suspensiones varias veces. 

En el caso de los jardines VTF, no ha sido drástico porque es una necesidad muy notoria a nivel del país. O sea, los jardines VTF reciben al 80% de los niños que requieren atención de esa edad, entonces no hay una alternativa fuera de los VTF. Y además se da que los VTF no dejan de ser VTF, por más que han intentado instaurar el lenguaje de que ya no existen los VTF en centros pasados, es mentira porque siguen siendo guías de referencia.Y siguen dependiendo de JUNJI, y no del servicio. 

Entonces, finalmente siguen dependiendo exclusivamente del mismo sostenedor, que en este caso es el ministerio, pero a través de JUNJI, ¿cierto?, que va determinando los coeficientes, y en donde podrían poner algún tipo de pero es con respecto al tema de la infraestructura, porque por ley se supone que los jardines debieran tener un reconocimiento oficial y en Chile serán el 20% o 30% de jardines que tendrán reconocimiento oficial, por tanto ahí se genera el choque entre lo que dice la ley y la realidad. Y la realidad significaría cerrar jardines infantiles y dejar sin atención a varios, miles de niños y niñas. Entonces, ahí se genera esa contradicción que, finalmente ha significado que no han tocado los VTF.