Para salir del foco de los recortes: Kast usa tragedia en Calama para impulsar agenda represiva en educación
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De aprobarse los dos proyectos ingresados al Congreso, las policías podrán revisar la ropa de los estudiantes y los colegios sus mochilas, junto con prohibir el uso de objetos que oculten el rostro y de cualquier vestimenta que a juicio de ellos promuevan conductas contrarias a la ley. También se castigará la interrupción de las clases y se impedirá el acceso a la gratuidad a quienes sean condenados por algún delito.
El detonante: una tragedia para manipular
El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama a manos de un estudiante adherente a ideas fascistas, fue el hecho que usó el gobierno de Kast para dar un punto de giro en la agenda comunicacional que lo mantenía ahogado de críticas por el anuncio de un recorte del 3% al presupuesto en todos los ministerios del país, y que en Educación equivale a $524.000 millones de pesos.
Tras ese asesinato, los medios hegemónicos comenzaron a difundir de manera irresponsable anuncios de nuevos ataques en distintos colegios del país, amplificando el miedo dentro de las comunidades educativas, incluyendo los sostenedores, que en algunos casos anunciaron la suspensión de clases.
Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para el gobierno, quien aún no ha explicado las áreas que se verán afectadas por el millonario recorte, permitiéndole cambiar el foco de atención del debate, y llevárselo donde más le gusta a la ultraderecha, como es generar miedo y la necesidad de más represión, sin atender el problema de fondo, que es la salud mental deteriorada de las comunidades educativas.
La noticia: una agenda represiva
La mañana de este martes 7 de abril, el gobierno de Kast envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan impulsar una serie de medidas represivas sobre las y los estudiantes del país, luego de una serie de eventos de violencia escolar que se han relevado en los medios de comunicación durante los últimos días.
1) Proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales
- Establece nuevas agravantes con mayores penas a quienes cometan delitos sobre cualquier persona que integre la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento, incluyendo actividades extracurriculares y el transporte público, incluyendo delitos contra la propiedad en el interior del establecimiento educacional.
2) Proyecto de Ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa
- Permitir la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personal de los estudiantes. Esta facultad deberá primero ser incorporada en el reglamento interno del establecimiento educacional, junto con el procedimiento que se seguirá para su ejecución.
- Permitir a la policía revisar las vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes, a través de un cambio al Código Procesal Penal, para lo cual bastará que el personal del establecimiento lo pida a partir de la simple sospecha de que se podría cometer algún delito.
- Obligar a los sostenedores a prohibir el uso de vestimentas que impidan la identificación facial y prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
- Castigar la interrupción total o parcial de las clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar.
- Impide el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
- Permitir a los profesores tomar más medidas disciplinarias, sin detallar qué tipo de medidas, las cuales dependerán del reglamento interno del establecimiento.
Trámite de los proyectos de ley
Los proyectos de ley en Chile deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado (poder legislativo). Para eso, pueden ingresar si trámite por cualquiera de las dos cámaras, donde son debatidos en las comisiones relacionadas al tema, y luego sometidas a votación en la sala (donde votan todos los diputados o senadores, dependiendo).
En el caso de estos proyectos, el primero se comenzará a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y el segundo en la Comisión de Educación de la misma cámara.
En el caso de que alguna de las dos cámaras apruebe algo distinto de lo aprobado inicialmente en la otra cámara, se constituye una comisión mixta con parlamentarios de ambas cámaras, quienes deben resolver diferencias.
Por otro lado, es el presidente (Kast) quien define qué proyectos se tramitan en cada cámara, en base a los grados de urgencia que define para cada proyecto. En el caso de estos proyectos descritos, ambos tienen suma urgencia, por lo cual deberían ser resueltos en las próximas semanas si no existieran grandes diferencias, en un contexto de una oposición que es minoría, que está dividida y que, peor aún, hace años que se vistió de su oponente para defender las medidas represivas.
Posibles efectos de las leyes represivas
En caso de ser aprobada, esta ley podría generar efectos en distintas direcciones. Por un lado, y de manera inmediata, transforma a los colegios en establecimientos carcelarios, donde se presume que las y los estudiantes son delincuentes, construyendo un ambiente hostil que no es acorde al desarrollo de procesos educativos.
Por otro lado, es muy posible que genere una alta derivación de conflictos hacia la Superintendencia de Educación (a través de denuncias) y su posterior judicialización, por el hecho de que ante cada caso donde no exista acuerdo entre las partes ante cualquier controversia, el conflicto será derivado a la superintendencia y, en caso de no surgir acuerdo, a tribunales, generando una mayor carga sobre estas instituciones.
En otras palabras, lejos de buscar resolver el problema de fondo como es la deteriorada salud mental de las comunidades educativas y del conjunto de la población, la mano dura generará más conflicto y desconfianza, extendiendo el problema en el tiempo, volviéndose ineficiente para el clima educacional -como ya lo demostró Aula Segura-, pero muy útil para el gobierno que busca concentrar la atención en un marco de seguridad, donde todo se enfrenta con represión.
