Escuelas Protegidas: Millones para control, cero para educación
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Ricardo Camejo, Estudiante del Liceo 7 de Providencia.
El Liceo N°7 Providencia Luisa Saavedra es un destacado establecimiento educacional mixto que ofrece una educación de excelencia académica, considerándose un liceo "emblemático" con más de 80 años de trayectoria. Sin embargo, hoy la realidad interna es sumamente compleja porque el recinto sigue arrastrando una deuda operacional de $37.421.053, según la Cuenta Pública (página 15).
Al existir un déficit de tal magnitud, el sostenedor reduce al mínimo los gastos esenciales, afectando el dinero destinado a reparar las salas, los baños y mantener los espacios mínimos donde nos educamos a diario.
Esta crisis de recursos se vuelve todavía más crítica con las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, específicamente con el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” y las exigencias del oficio N°16 del Ministerio de Hacienda. En vez de inyectar el financiamiento que falta, se busca imponer una agenda que desvía los escasos fondos públicos para meterlos a la fuerza en la implementación de tecnologías de vigilancia.
Esto genera una contradicción enorme dentro de la comunidad, porque a lo largo de distintas generaciones los estudiantes hemos presentado solicitudes formales por las deficiencias estructurales de nuestro liceo. La respuesta de la dirección y de las autoridades siempre es la misma: nos dicen básicamente que no hay fondos disponibles para solucionar los problemas reales.
La verdad es que esta normativa no trae soluciones: se enfoca solo en medidas policiales, y eso nos afecta directamente en el día a día y en cómo nos relacionamos dentro del liceo. Si este proyecto de ley se aprueba, lo que vamos a vivir es una lógica de control parecida a la de una cárcel. Esto rompe la convivencia entre todos nosotros, estudiantes, funcionarios y profesores por igual.
La ley quiere reforzar cosas como revisar nuestras mochilas obligatoriamente o poner detectores de metales a la entrada. Con esto, nos tratan como si ya fuéramos delincuentes o sospechosos, antes de vernos como personas con derechos. Y así es imposible tener un diálogo sano y democrático, justo en el lugar donde pasamos gran parte de nuestra vida.
Esta forma de basarlo todo en la sospecha termina separándonos mucho y perjudicando al liceo entero. En vez de cuidar espacios donde nos encontramos, nos apoyamos y confiamos entre todos, el sistema nos obliga a mirarnos con desconfianza. Al final, la vida escolar se convierte en algo marcado por la duda.
Desde mi punto de vista, que se elija poner toda la atención en vigilarnos, controlarnos y revisarnos antes de ocuparse de lo que realmente urge para arreglar la educación pública demuestra de sobra que a los legisladores que aprobaron este proyecto no les importa nada la ética ni tienen empatía real por nadie.
Es simplemente inaceptable que se estén gastando cantidades gigantescas de dinero solo para perseguirnos y tenernos vigilados dentro de nuestras propias salas de clases mientras nosotros tenemos que estudiar en condiciones que son realmente precarias y muy lejos de ser dignas, porque con esto queda más que claro que para el gobierno es mucho más fácil y preferible gastar recursos en vigilarnos que en asegurarnos una educación de verdad como corresponde.
Y claro que esta forma de actuar basada nada más que en la represión no es ninguna coincidencia ni algo que haya pasado por casualidad ni mucho menos es algo nuevo de estas autoridades, porque en el fondo lo que realmente buscan al meter este tipo de control tan estricto parecido al de una cárcel es intentar callar y frenar al movimiento estudiantil, además de debilitar esa capacidad que siempre hemos tenido de organizarnos entre todos para salir a pelear y exigir lo que es justo, que es una educación pública digna y de calidad para todos.
Ellos saben cómo funciona todo esto y saben perfectamente que si logran tener a todo el estudiantado controlado, vigilado y reprendido en su propio espacio de estudio vamos a tener muchas menos fuerzas y herramientas para unirnos entre nosotros y salir a reclamar por nuestros derechos, así que no es nada extraño que usen el miedo y la vigilancia como si fueran herramientas políticas para intentar frenar todas esas demandas que salen de la base y que son totalmente legítimas y necesarias para cambiar las cosas.
Ante tanto control y las condiciones tan precarias que vivimos en los liceos, la comunidad educativa ha salido a manifestarse. Hemos visto movilizaciones, tomas de sala, empapelamientos en todo el recinto, asambleas continuas y faltazos masivos. Todo surge porque quienes formamos parte de esta comunidad no estamos dispuestos a aceptar una normativa que solo daña la convivencia y rompe lo que hemos construido con el paso del tiempo.
Lo que corresponde hacer ahora frente a la presión que viene desde el Congreso es defender nuestra autonomía y trabajar de inmediato para fortalecer la organización estudiantil. Tenemos que reactivar todos los espacios de participación y construir desde la base, dejando atrás cualquier diferencia para centrarnos en proteger nuestro liceo por sobre cualquier otra cosa. Resulta fundamental avanzar junto a los docentes, tanto en las reuniones oficiales como en el trato cotidiano dentro del establecimiento.
Ninguna autoridad actual o futura va a impedir que sigamos organizados y luchemos por lo que realmente nos corresponde. No tiene ningún sentido gastar recursos enormes en vigilancia y medidas de control mientras la infraestructura se deteriora, faltan materiales y no contamos con lo mínimo para estudiar con dignidad.
A medida que crece el rechazo a este tipo de políticas, los estudiantes vamos a responder con más unión, mejor organización y defensa estricta de cada derecho que hemos logrado conseguir capacidad que siempre hemos tenido de organizarnos entre todos para salir a pelear y exigir lo que es justo, que es una educación pública digna y de calidad para todos.
