Movimiento popular boliviano: La vigencia de la Huelga General como herramienta de lucha

Bolivia cumple tres semanas de bloqueo de las principales rutas, incluidas su capital, exigiendo aumentos salariales, detener las reformas neoliberales, retomar subvenciones al combustible y la renuncia del presidente Paz. De esta forma, el movimiento popular boliviano muestra la vigencia de la huelga general como herramienta de lucha de las y los trabajadores en contra de la precarización de la vida y la injerencia de Estados Unidos en América Latina.

El contexto geopolítico

Desde que en noviembre de 2025 Rodrigo Paz asumió el gobierno en Bolivia, el país solo se ha convulsionado, luego de diversas medidas neoliberales adoptadas para achicar el Estado mediante la privatización de servicios sociales y empresas estatales, siguiendo los consejos de grandes empresarios bolivianos, trayendo aumentos en el costo de la vida brutales para la gran mayoría de la población.

Para el pueblo boliviano esto no es nuevo ni casual, sino que responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos (EEUU) en un contexto de declive de la hegemonía de ese país y el avance hacia un mundo “multipolar” con el reacomodo de las áreas de influencia de las potencias regionales (Rusia, China, Irán).

Esta agenda se expresa en distintos acuerdos con los gobiernos títeres de derecha en América Latina, con los que EEUU impulsa políticas neocoloniales para controlar los recursos naturales estratégicos y las cadenas de suministro, como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad.

En Bolivia, a través de Rodrigo Paz, EEUU busca controlar la producción agroindustrial y la explotación del gas, recursos estratégicos en un contexto global convulsionado como el actual.

Detonante del levantamiento popular

El pasado 01 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un Paro General indefinido en apoyo a campesinos e indígenas que denunciaban que la Ley 1720 que se impulsaba en realidad era una contrarreforma agraria encubierta. Concretamente, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari (FDUTCLP-TK), acusan que la Ley 1720 que buscaba reformar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) beneficiaría a empresarios agroindustriales que buscan acaparar tierras indígenas y deforestar la selva. 

Durante las últimas semanas, a estas movilizaciones se han sumado más organizaciones, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (FEJUVE), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN).

Reformas neoliberales, la causa de las protestas:

• El detonante de las protestas fue la promulgación de la Ley 1720 el pasado 8 de abril, impulsada por el senador y productor de soya, Branko Marincovic, denunciada como una contrarreforma agraria encubierta, ya que buscaba permitir que pequeños propietarios rurales reclasificaran sus tierras para acceder a créditos bancarios, utilizando sus terrenos como garantía. Esto implicaba que la tierra dejaba de ser inembargable para convertirse en un activo financiero ejecutable, facilitando el cambio del uso de suelo y la deforestación de la selva. Finalmente, la ley fue derogada el 13 de mayo, pero a esa altura las protestas habían escalado y exigían la renuncia del presidente.

• Esto se sumó al Decreto Supremo 5503 del 15 de diciembre que eliminó las subvenciones a los combustibles (aumentando el costo de la bencina un 80% y del diesel en 160%) y que también realizó una reforma tributaria para disminuir los impuestos por 15 años a las nuevas inversiones y congelar el salario mínimo. Si bien el 11 de enero de 2026 Paz llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), dos días más tarde el gobierno publicó el DS 5517 reafirmando la eliminación del subsidio a cambio de la exención del IVA para los combustibles importados.

• En febrero también estalló una polémica por la distribución de combustible en mal estado, dejando inutilizables más de cinco mil vehículos. Estos sucesos junto a las medidas del gobierno de Paz han provocado una nueva crisis económico-social, sumando la escasez de dólares y una inflación del 20% en 2025, tanto así que el mismo FMI ha proyectado una inflación que oscila entre el 14% y el 20% para el año 2026.

Las movilizaciones populares y la respuesta del gobierno

• El 1 de mayo la COB declaró un Paro General indefinido exigiendo anular la reforma al INRA en apoyo a la demanda de la CSUTCB y aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Pero con el paso de los días, la demanda principal evolucionó a exigir la renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia. 

• Quienes hoy apoyan a Rodrigo Paz, también han convocado movilizaciones en Santa Cruz y La Paz, alimentando la división del pueblo boliviano con actos racistas contra indígenas, obreros y campesinos.

• Los primeros días fueron bloqueadas las vías de acceso a La Paz, El Alto y Oruro, luego se sumaron Chuquisaca y Cochabamba, extendiéndose en las últimas semanas por todo el país con más de 40 puntos de bloqueo. 

• Una de las acciones más relevantes fue la “Marcha por la Vida” que comenzó en Oruro el 12 de mayo y llegó a La Paz el 18 de mayo. A esta movilización el gobierno respondió con más represión y órdenes de captura contra Argollo de la COB, Justino Apaza de la FEJUVE y del expresidente Evo Morales, a quienes Paz acusa como responsables de las acciones para desestabilizar su gobierno.

• El sábado 16 de mayo Rodrigo Paz pudo quebrar un sector del movimiento popular y anunció un acuerdo con maestros de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, acordando mayor presupuesto para educación, siendo acusados de traición. En paralelo, el gobierno desplegó cerca de 3.500 policías y militares para desbloquear los accesos a la ciudad de La Paz y El Alto, con la excusa de habilitar un “Corredor Humanitario” para el paso de alimentos, oxígeno, medicinas y detener a los protagonistas de las protestas.

• El 20 de mayo, Paz anunció un cambio de gabinete y la creación de un consejo económico-social, buscando descomprimir el conflicto a través del juego comunicacional, incluyendo a fuerzas políticas que inicialmente no formaron parte de su gobierno pero que no tendrá mayores efectos sobre el conflicto.

Neocolonialismo estadounidense y represión argentino-israelí

• Rodrigo Paz recibió asesoría durante su campaña de Nurmen-Parscale, consultora vinculada a Trump que también movió los hilos en las campañas de Milei en Argentina (2023) y Asfura en Honduras (2025), países que de forma casi calcada tomaron un giro geopolítico que incluyó emitir deuda con el FMI, retomar relaciones estrechas con Israel, permitieron la operación de Starlink y firmaron acuerdos comerciales en favor de EEUU. Parte de esta red salió a la luz recientemente a través del Hondurasgate. A ello se suma el hecho que Fernando Cerimedo, socio de Parscale y Trump, y que ya operó previamente en Argentina con Milei, es hoy uno de los principales asesores de Paz en Bolivia.

• Los gobiernos de ultraderecha títeres de EEUU e Israel también manifestaron su respaldo al gobierno de Paz, entre ellos, los de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y por supuesto, Estados Unidos.

• Aunque el gobierno descartó la privatización de empresas estratégicas, en reiteradas ocasiones ha declarado que al menos 17 empresas estatales se encuentran en quiebra, alimentando sospechas de posibles privatizaciones. De hecho, el 28 de abril se conoció un acuerdo con EEUU para atraer inversiones en servicios, energía y explotación de minerales raros como el litio y el oro para asegurar la cadena de suministro a dicho país, confirmando las sospechas.

• A la defensa de la pequeña propiedad campesina, del medio ambiente, los recursos naturales y la soberanía plurinacional, se suma la molestia por la negociación secreta de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US $3.300 millones, el que podría condicionarse a las reformas neoliberales de Paz.

• Asimismo, los movimientos populares denuncian que la ayuda humanitaria (supuestamente alimentos, medicinas y otros insumos) enviada en aviones Hércules C-130 por encargo del presidente argentino, Javier Milei, en realidad se trataría de elementos para reprimir las protestas enviadas por Israel y Argentina.

Crisis diplomática con Colombia

• Este domingo 17 de mayo el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de X declaró que “Bolivia vive una insurrección popular”, ofreciendo como mediador a su gobierno para “buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana" y mostrando su apoyo al expresidente boliviano Evo Morales.

• Justificado en los dichos de Petro, el miércoles 20 de mayo el gobierno de Paz decidió expulsar a la embajadora de Colombia, Elizabeth García.

• En reciprocidad, el gobierno de Colombia expulsó al embajador de Bolivia Ariel Percy Molina Pimentel, aplicando el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.