Análisis del paro camionero y el alza del costo de la vida

El acuerdo del gobierno que ahora debe ser aprobado en el Congreso aumenta el gasto público para oxigenar sobre todo a las grandes empresas del transporte de carga, y no resuelve las alzas que se cargan aguas abajo al resto de la población, donde seguirá gestándose el conflicto, mientras los grandes capitales que se benefician de las alzas, como COPEC, ENEX, ARAMCO y las concesionarias de las carreteras siguen pasando piola.
Fuerza del Norte y Confederación Centro-Sur son las agrupaciones que impulsaron el paro camionero que comenzó la madrugada de este martes 10 de noviembre, y que también integró a pequeños camioneros descolgados de las grandes confederaciones que hasta hoy han decidido no movilizarse.
A ellas se plegaron otros actores, como el movimiento No + TAG, dueños de buses interurbanos, pequeños camioneros independientes, colectiveros y algunos pescadores artesanales, entre otros.
Las demandas de los actores movilizados:
- Congelar el precio del diésel (cambios al MEPCO).
- Eliminar el impuesto específico.
- Revisar los contratos con las concesionarias por cobros de TAG y peajes.
El relato de la movilización buscó poner el foco en el aumento del costo de la vida de toda la población por efecto de las alzas de los combustibles, lo cual generó una amplia simpatía popular con la movilización de un gremio que, históricamente, no goza de mayor adhesión.
La fragmentación del gremio: el rol de las grandes confederaciones
En un punto de prensa durante la tarde del miércoles, las dos mayores organizaciones gremiales de camioneros, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), anunciaron que evaluarán sumarse a la movilización luego de consultar a sus bases y anunciaron que serán recibidos por el gobierno el jueves 12 a plantear sus demandas. Al día siguiente asumirían que ya habían decidido no movilizarse. Priorizaron la negociación a puertas cerradas con el gobierno.
Durante el punto de prensa, Juan Araya (CNDC) buscó quitar el piso a las agrupaciones de camioneros más chicos que impulsaron la movilización, señalando que no estarían organizados de manera formal. El mismo dirigente anunció que pedirán un congelamiento del precio del petróleo por seis meses, señalando que ese es el foco central, bajándole el perfil a las demás demandas que se han anunciado, como aquellas relativas a los cobros del TAG y peajes por parte de las concesionarias.
Por su parte, Sergio Pérez (CNTC) dijo que “desde marzo que ambas confederaciones (…) hemos estado trabajando para buscar soluciones definitivas, que pedimos para el pequeños y mediano transportista (…) porque los que tienen más camiones, opera el polinomio de variabilidad o reajustabilidad”, agregando que su demanda es que se apruebe la ley que modifica el Código de Comercio donde se establece que la variación del diésel se traspase directo a la factura, que las horas de espera serán de responsabilidad del mandante y que las multas por exceso de peso será responsabilidad de quienes cargan los camiones.
La respuesta del gobierno: Ley Frenazo que el propio gobierno frenó
El martes, durante el primer día de paro, el gobierno ingresó un proyecto de ley que tildó como Ley Frenazo, que buscaba contener el valor máximo de cada futura alza del diésel a un máximo de $20 por un periodo de 90 días. Nada muy distinto a lo que ya existe con el MEPCO, donde es el Estado quien asume parte de las alzas para que estas no se traspasen por completo y de forma inmediata al consumidor final, sea empresa o trabajadores.
Los actores movilizados calificaron la propuesta del gobierno como una burla, y expresión de la desconexión del gobierno con la realidad de la mayoría del país. Acto seguido, durante la mañana del miércoles, el gobierno retiró el proyecto de ley ingresado hace menos de 24 horas, luego de ver que no tuvo acogida en los camioneros ni mucho menos en el resto de la población.
La segunda respuesta del gobierno: congelar el precio hasta febrero no bastó
Esa misma noche del miércoles, el gobierno anunció nuevas medidas, como el congelamiento del precio de los combustibles hasta febrero de 2027 y revertir el alza que vendría al día siguiente del diésel y la bencina, estimando estas medidas en $500 millones de dólares.
La mañana siguiente, el jueves, habían más actores desplegados en las carreteras de distintas regiones del país. La movilización crecía. Durante esa tarde, el gobierno se reunió con los principales gremios camioneros movilizados, luego de hacerlo con las confederaciones más grandes, alcanzando un acuerdo que anunciarían esa misma noche en cadena nacional.
El acuerdo que destrabó el conflicto
1) Se revierte el alza aplicada esta semana de $42 por litro al diésel y de $39 a las bencinas y se suma una rebaja adicional de $100 por litro al diésel (no a la bencina), con lo cual el descuento para ese combustible llega a $142, todo con cargo a recursos públicos. La medida se materializa a través de un proyecto de ley que el Ejecutivo ya ingresó al Congreso y deberá ser aprobado.
2) Se congela el precio de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, con cargo a recursos públicos. Hasta esa fecha, el precio solo puede mantenerse o bajar. Si el valor disminuye y luego repunta, el incremento se permite, pero el precio nunca podrá superar el techo resultante de las bajas anunciadas.
3) En materia tributaria, se amplían los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel para el transporte de carga por carretera, conforme a la Ley 19.764:
- Ventas anuales de hasta 2.400 UF, sube la devolución de 80% a 90%.
- Ventas anuales de 2.400 a 6.000 UF, sube la devolución de 70% a 90%.
- Ventas anuales de 6.000 a 20.000 UF, sube la devolución de 52,5% a 65%.
- Ventas anuales mayores a 20.000 UF, sube la devolución de 31% a 50%.
4) Se eleva el porcentaje de recuperación del peaje para buses interurbanos de 35% a 70%, con cargo a recursos públicos. La medida se suma a la mesa de trabajo que el Gobierno prometió crear con el sector para atender requerimientos de carácter puntual.
5) Se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el Formulario 29 (F29) por el impuesto específico cuando este resulta negativo. En su lugar, se genera una cuenta de compensación que se aplica una vez que se produzca impuesto específico positivo.
Los camioneros amplían sus beneficios tributarios
Con el acuerdo alcanzado, y que deberá primero ser aprobado en el Congreso, se benefician mayormente los camioneros más grandes, quienes además del congelamiento de precios y menor pago de impuesto al combustible, mantienen contratos con grandes empresas que reajustan precios de acuerdo a distintas variables, resguardando en alguna medida sus costos, lo cual no ocurre con los camioneros más chicos, quienes impulsaron la movilización.
- Se reduce el impuesto específico al combustible: las empresas transportistas que usan diésel pagan un impuesto específico que es solo una cuarta parte de lo que paga cualquier persona que usa combustible, y además, luego el Estado le devuelve hasta un 80% de ese impuesto, de manera gradual, luego de una serie de paros realizados los años 2000, 2008, 2011 y 2022. Ahora, se les devolverá hasta un 90% del impuesto, dependiendo del tramo de ventas, luego de este paro.
- Los camioneros también tienen el beneficio de tributar por renta presunta, por lo que finalmente pagan la mitad de los impuestos que deben pagar en relación a lo que paga cualquier otra pequeña y mediana empresa.
- Desde una perspectiva política, más allá de cierto grado de fragmentación expuesta, el gremio de los camioneros sigue fortaleciendo su poder, siendo capaz de que el gobierno de pie atrás con sus medidas desreguladoras, volviendo a aumentar el traspaso de recursos públicos para su funcionamiento.
La táctica del gobierno: dividir y desmovilizar
El gobierno se sentó primero con los grandes gremios que no formaban parte de la movilización (CNDC y CNTC), quienes explícitamente han respaldado al gobierno, sin ejercer ninguna presión desde el bencinazo hasta hoy.
De esa forma, el gobierno interpuso su propio interlocutor buscando debilitar la movilización, presionando a un pronto acuerdo para evitar que esta siguiera escalando al involucrar a otros sectores sociales, como los estudiantes.
Tras el acuerdo informado en cadena nacional con los dirigentes en primer plano, se difundió que el presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte, Cristian Sandoval, presentó su renuncia al cargo tras firmar el acuerdo con el Gobierno por los costos de los combustibles sin que consenso previo de las bases, quienes de igual manera decidieron no aceptar la renuncia.
La ausencia de represión
Entre el martes 10 y jueves 12 de noviembre, durante los tres días en que se extendió la movilización, el gobierno no reprimió a los transportistas que cortaban parcialmente las carreteras, tampoco al cuarto día, donde recién amenazó con hacerlo si no se bajaban las movilizaciones luego de alcanzar un acuerdo con los principales gremios de camioneros, tanto movilizados como no movilizados, dejando fuera de la mesa a otros actores (buses interurbanos, colectiveros, transportistas escolares y pescadores artesanales).
Este trato privilegiado respecto de cómo se actúa ante las movilizaciones de otros sectores sociales no es casualidad. Responde a que en este caso quien se movilizó forma parte de la propia base social del gobierno.
Las empresas que se llevan la torta y que no salieron al baile
El acuerdo significa mayor gasto público sin tocar el negocio de las grandes empresas distribuidoras de combustible ni de las concesionarias de carreteras de las que nadie habla, ni mucho menos resuelven las alzas acumuladas de la bencina, la luz y los alimentos.
El mercado de distribución del combustible está concentrado en tres grandes empresas: Copec, Enex y Aramco.
Copec: pertenece al grupo Angelini a través de Empresas Copec, controla cerca del 59% del mercado, posee 700 estaciones de servicio en el país. Solo en 2025 tuvo ganancias por $780.000 millones de pesos.
Enex (licencias de Shell): pertenece al grupo Luksic a través de Quiñenco, controla cerca del 25% del mercado, posee 450 estaciones de servicio en el país, y solo en 2025 tuvo ganancias por $500.000 millones de pesos.
Aramco: es la empresa petrolera más grande del mundo que pertenece a Arabia Saudita (monarquía). Llegó a Chile en 2023, comprando las estaciones de Petrobras, controlando el 14% del mercado con 180 estaciones de servicio a lo largo del país, y solo en 2025 tuvo ganancias por $84 billones de pesos (a nivel mundial).
Que la prensa hegemónica no siga la pista de hacia dónde se van las ganancias de las industrias del combustible y las carreteras es la clara expresión del rol que juega en la sociedad, impidiendo que la población conozca el tablero completo para identificar con claridad quiénes se benefician de las alzas.
Una muestra de esto, es que durante la semana, se dispusieron a hablar de las ganancias de la estatal ENAP como posible fuente de financiamiento de las medidas, sin referirse a las empresas privadas que acumulan un volumen mayor de ganancias, y que no terminan en las arcas fiscales.
Cuando sube el precio de los combustibles, los grandes capitales solo traspasan esas alzas al siguiente actor de la cadena productiva. En esta coyuntura, la movilización de los camioneros expresa una contradicción importante: por más ideología de mercado que guíe a los gremios camioneros, las políticas de shock neoliberal les terminan afectando igual, llevándoles incluso a la quiebra, lo cual abre el espacio para una mayor concentración de la propiedad.
No hay que olvidar que el origen de estas alzas se hizo mientras se rebaja el impuesto al gran capital a través de la megarreforma.





